Delegados de UGT, CSIF, USICAM USAE y CCOO han aprovechado hoy la visita de Emiliano García-Page a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para protestar de nuevo por la paralización de las negociaciones sobre la carrera profesional sanitaria, “paralizadas” desde hace dos años. Esto ha llevado a Page a referirse a esta cuestión, dejando la puerta abierta a un “nuevo modelo” para este mismo año.

Recuperar la carrera profesional sanitaria fue también una de las motivaciones para la convocatoria de la huelga de médicos a nivel regional del pasado mes de febrero. Una vez finalizado el paro, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, declaró a los medios que “llega el momento” de recuperar la carrera.

Hace una semana, el director gerente del Sescam, Alberto Jara, aseguró en Guadalajara, también ante una protesta de los sindicatos, que la administración regional prevé abrir “en breve” un espacio de diálogo “más intenso” con los representantes de los trabajadores para abordar esta reivindicación histórica del personal sanitario, ya que el objetivo es “avanzar”.

Hoy, en Alcázar de San Juan, los cinco sindicatos concentrados han vuelto a exigir una “verdadera disposición y voluntad” del Ejecutivo regional a recuperar este derecho suspendido hace 14 años.

Es hora de que dejen a un lado las buenas intenciones y pasen a la acción

Recuerdan que Castilla-La Mancha es la única región que lo mantiene paralizado y que -a pesar de las últimas declaraciones de los responsables de la sanidad en la comunidad autónoma- hace dos años (desde marzo de 2024) que no se produce ninguna reunión con el Sescam para abordar esta reivindicación.

“Dicen que prevén intensificar las conversaciones con los sindicatos para avanzar en la negociación de la carrera profesional. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que esta negociación está tan paralizada como la propia carrera rofesional. Es hora de que dejen a un lado las buenas intenciones y pasen a la acción ya que, son tantas las promesas que nos han hecho, que solo a través de los hechos nos creeremos que realmente quieren dar pasos en el reconocimiento de este derecho”, han manifestado.

En paralelo, Page ha dicho que su Gobierno está en disposición de dar “un salto más” para que este mismo 2026 la región cuente con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional para los sanitarios, por lo que ha apelado a la “sensatez de todos” para llegar a un acuerdo.

“Todo va a depender de que usemos la cabeza todos los afectados y todos los sectores y tengamos sentido de la medida y de la proporción”, ha señalado en la inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan.

No obstante, se ha mostrado optimista para alcanzar “un buen acuerdo” que, ha añadido, su Gobierno “pensó” que se podría abordar una vez que se hubieran “recompuesto muchas otras cosas” del sistema sanitario castellanomanchego.

“Hoy hay mucha gente más afectada por la carrera que cuando empezamos, porque hay muchísimos más profesionales contratados”, ha dicho, para afirmar que la Junta quiere cumplir y hacerlo “con cabeza, con sentido común y con sensatez. ”Y es a la que apelo, a la sensatez de todos para poder conseguir ese acuerdo que de no ser, no será porque es algo que tiene que ir o por consenso o no puede ir“, ha concluido.

El debate sobre la carrera profesional de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) vuelve a situarse en el centro de la agenda sanitaria.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha asegurado en Guadalajara que la administración regional prevé abrir “en breve” un espacio de diálogo “más intenso” con los representantes de los trabajadores para abordar esta reivindicación histórica del personal sanitario ya que el objetivo es “avanzar”.

Jara ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, donde ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el calendario de reuniones con los sindicatos y el estado de las negociaciones.

La intervención se ha producido apenas un día después de que la Junta de Personal de los Profesionales del Sescam reclamaran de nuevo avances en la carrera profesional en una concentración celebrada a las puertas del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo, donde exigieron a la Consejería de Sanidad que concrete plazos para su recuperación.

Ante estas demandas, el gerente del Sescam ha defendido que el Gobierno regional mantiene “contacto continuo” con los representantes sindicales y ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha priorizado en los últimos años la recuperación de derechos laborales y la estabilización del empleo en el sistema sanitario público.

“Nosotros estamos en contacto continuo con los representantes de los trabajadores. Siempre ha sido así desde el principio”, ha señalado.

Jara ha advertido de dificultades técnicas para recuperarla

“Es muy fácil destruir, es muy fácil paralizar, pero luego es difícil recuperar”, ha dicho en referencia a la paralización de este sistema en etapas anteriores y tras insistir en que la administración está realizando un trabajo interno previo para abordar la cuestión, debido a la “complejidad jurídica y financiera” que implica el modelo.

Así, pese a estas dificultades, el gerente del Sescam ha anunciado que el Ejecutivo autonómico prevé intensificar las conversaciones con los sindicatos en un plazo próximo.

“En breve podremos abrir un espacio de diálogo un poquito más intenso para trabajar en esto”, ha asegurado.

En todo caso, ha querido precisar también que este proceso deberá desarrollarse con la participación de todas las partes implicadas.

“Tenemos que poner un poco todos de nuestra parte”, ha incidido.

Por último, el responsable sanitario ha defendido además que el Gobierno regional quiere abordar este asunto con cautela, aunque manteniendo una comunicación clara tanto con los trabajadores como con la ciudadanía.

“En esto es muy importante ser prudente, pero también ser transparente”, ha señalado tras reiterar que el que el objetivo del Ejecutivo es seguir avanzando en la recuperación de derechos laborales dentro del sistema sanitario público.

Preguntado directamente por si el objetivo es progresar en la carrera profesional, Jara respondió de forma tajante: “Siempre”.

En este sentido, ha matizado que desde 2015 la estrategia del Ejecutivo autonómico se ha centrado en reforzar las plantillas, recuperar condiciones laborales y estabilizar el empleo y ha subrayado el incremento de profesionales en el sistema sanitario regional.

“Priorizamos cosas tan importantes como que hubiera más trabajadores. Somos más de 12.000 trabajadores más que en 2015”, ha dicho.

A ello ha sumado la recuperación de la jornada laboral de 35 horas y los procesos de consolidación de empleo que actualmente se están desarrollando mediante las ofertas públicas de empleo.

“Eran las nueve de la mañana y la agenda ya estaba llena”. Así comienza el testimonio de una médica de atención primaria de 35 años que pensaba que aquel día el mayor desafío sería terminar la consulta a tiempo. La paciente entró alterada. Tenía 55 años y exigía una receta que la doctora consideraba inapropiada. El diálogo se tensó rápidamente. Primero llegaron las quejas, luego los insultos y, finalmente, la amenaza: “No sabes con quién estás hablando… te vas a arrepentir”.

Cuando la paciente se marchó, el silencio volvió a la consulta, pero las palabras quedaron flotando en el aire. No hubo golpes ni empujones. Solo amenazas, insultos y coacciones que dejaron una huella invisible. El miedo empezó a instalarse en la vida profesional de la médica como una sombra persistente. Aquella experiencia terminó provocando una baja laboral de varios meses. No hubo heridas visibles, pero sí una cicatriz psicológica profunda, de esas que muchos profesionales sanitarios reconocen demasiado bien.

Este relato basado en episodios reales no es un caso aislado. Es el reflejo de un fenómeno creciente que atraviesa el sistema sanitario español y que también afecta a Castilla-La Mancha. En 2025 se registraron 879 agresiones a médicos comunicadas en España, confirmando una tendencia ascendente que se mantiene desde hace más de una década. Desde 2010 se han acumulado cerca de 9.000 agresiones, con una tasa media de 2,71 por cada mil colegiados.

En Castilla-La Mancha, con 10.782 médicos, se notificaron 28 agresiones durante 2025. Y detrás de cada dato hay una historia intima: un profesional que ha sentido miedo en el lugar donde debería dedicarse exclusivamente a cuidar a otros.

El análisis del fenómeno muestra un perfil cada vez más definido. En la región, el 42,3% de los médicos agredidos tiene menos de 35 años, lo que revela la vulnerabilidad de los profesionales más jóvenes, especialmente aquellos con mayor exposición clínica. Además, la violencia tiene un marcado rostro femenino: el 82% de los profesionales agredidos son médicas.

El ámbito donde se producen más incidentes es la atención primaria, que concentra aproximadamente el 57% de las agresiones, muchas de ellas en consultas ordinarias y durante el horario laboral. Las urgencias hospitalarias también constituyen un escenario frecuente, con aproximadamente una de cada cuatro agresiones.

El 42,3% de los médicos agredidos tiene menos de 35 años, lo que revela la vulnerabilidad de los profesionales más jóvenes, especialmente aquellos con mayor exposición clínica. Además, la violencia tiene un marcado rostro femenino: el 82% de los profesionales agredidos son médicas

Especialmente llamativo resulta el perfil de quienes protagonizan estos episodios. En Castilla-La Mancha, todos los agresores son pacientes entre 40 y 60 años, y en el 85,7% de los casos se trata de mujeres. Este dato rompe con el estereotipo tradicional de violencia sanitaria y evidencia que el conflicto puede surgir en cualquier contexto asistencial.

Cuando el sistema sanitario se encuentra con la impaciencia, la angustia o la frustración de los pacientes, la tensión puede escalar con facilidad. Las causas de las agresiones son, en su mayoría, asistenciales. El 82% de los incidentes se relaciona con discrepancias con el criterio médico, desacuerdos sobre informes o desacuerdos con decisiones clínicas. En el fondo, se trata de una ruptura del diálogo entre médico y paciente, agravada por expectativas irreales y por un sistema sometido a una presión creciente.

Sin embargo, hay un dato aún más inquietante: solo el 48,8% de las agresiones se denuncian formalmente. El miedo, la resignación o la sensación de escasa protección institucional alimentan lo que algunos expertos describen como “el iceberg del silencio”. Lo que se ve es apenas una parte del problema.

Ante esta situación, la resignación no puede ser una opción. La violencia contra los profesionales sanitarios exige una respuesta firme y coordinada. Resulta del todo imprescindible aplicar una tolerancia cero frente a cualquier agresión, garantizando que cada caso sea denunciado y tenga una respuesta judicial clara. Se debe reforzar la protección institucional, con protocolos automáticos de actuación, asesoramiento jurídico inmediato y apoyo psicológico a los profesionales que sufren estos episodios. Es fundamental impulsar campañas sociales que recuperen el respeto hacia la relación médico-paciente, recordando que la consulta es un espacio de cuidado y confianza, no de confrontación.

Y, por último, también es necesario abordar los factores organizativos del sistema: agendas saturadas, tiempos de consulta insuficientes y estructuras asistenciales que generan tensión en una relación que debería basarse en la escucha y la empatía.

El Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios se celebra cada año el 12 de marzo. La iniciativa nació en 2019, impulsada por la Organización Médica Colegial de España junto con otras Órdenes médicas europeas, con el objetivo de visibilizar la violencia que sufren los profesionales sanitarios y promover medidas de prevención y protección.

Detrás de cada agresión hay una historia personal, alguien que movido por una vocación inquebrantable decidió de joven caminar por la senda del servicio al más vulnerable y necesitado. Alguien que ha dedicado los mejores años de su vida a formarse en conocimientos y habilidades. Y familias que han apoyado incondicionalmente a sus hijos e hijas, primero 6 años en la Facultad, después preparando el examen MIR y por último 4 o 5 años de especialización.

Y tras todo ese recorrido lleno de esfuerzo y dedicación, cuando un médico siente miedo al abrir la puerta de su consulta, algo esencial se quiebra en el corazón del sistema sanitario. Y una sociedad que no protege a quienes cuidan de su salud corre el riesgo de enfermar, lentamente, de indiferencia.

El personal sanitari de l’Hospital Clínic de València està repartint un escrit entre els pacients que acudeixen al centre sanitari per a “informar” la ciutadania i “defensar” una atenció sanitària “segura i de qualitat”. En aquest document expliquen el dèficit de personal mèdic que pateixen i el “risc” per a l’atenció al pacient que això suposa.

Així doncs, manifesten que l’augment de l’activitat assistencial que s’ha produït en els últims anys no ha anat acompanyat d’un reforç proporcional de la plantilla: “La no substitució de contractes quan un facultatiu deixa l’hospital provoca una reducció progressiva del personal, amb impacte directe en l’atenció dels pacients”.

Tal com expliquen els facultatius, la direcció de l’hospital va recorrent “des de fa anys” als denominats contractes d’‘atenció continuada’ per a fer front a l’increment progressiu de l’activitat assistencial. Des del punt de vista administratiu, ressenyen, aquests contractes “són més senzills de crear” que les places estructurals ajustades a la legalitat vigent, les conegudes com a places vacants.

No obstant això, abunden, quan un contracte d’atenció continuada desapareix —per exemple, per un canvi d’hospital del facultatiu—, la direcció i la gerència “es neguen a substituir-lo”, cosa que provoca una “disminució progressiva de la plantilla mèdica, amb la sobrecàrrega assistencial consegüent”.

Aquesta situació, alerten, és coneguda per la direcció i la gerència de l’hospital, “que fins i tot han plantejat retardar o cancel·lar procediments d’alta complexitat, en què el temps és un factor clau per a la supervivència”.

Problema transversal en diversos serveis

Diferents professionals han relatat a elDiario.es aquesta situació i com s’ha pal·liat l’augment d’aquesta activitat assistencial gràcies a aquests “contractes de guàrdies” o d’“atenció continuada”, és a dir, contractes de metges que “es dediquen principalment a fer guàrdies, però a qui s’ha permés que facen assistència ‘normal’ als matins, com estar en la planta d’hospitalització, passar consulta, fer proves complementàries... En definitiva, dedicar-se a totes les tasques que permeten que cada servei de l’hospital mantinga el funcionament normal”.

No obstant això, subratlla aquest facultatiu, la direcció de l’hospital “ha donat ordre de no permetre als que tenen un contracte de guàrdies que facen activitat assistencial al matí, fet que suposa una expulsió dels professionals, que no estarien disposats a acceptar aquestes condicions, i la pèrdua d’una part significativa de metges en cada servei, empitjorant l’assistència clínica i sobrecarregant encara més les plantilles, ja escasses de professionals”.

El problema, explica, és transversal i afecta a tots els serveis de l’hospital: en alguns casos s’elimina l’únic professional que desenvolupa determinades tasques, com és el cas del pediatre de la Unitat d’Hospitalització a domicili pediàtrica, o una quantitat important de personal —el 33% de la plantilla de cardiòlegs d’hospitalització, el 50% de cardiopediatres, el 40% en la unitat d’oncohematologia infantil, el 33% en neonatologia, el 33% en neuropediatria, el 33% de cardiòlegs dedicats a fer ecografies de cor, reducció d’intensivistes...— Es tracta, adverteix, de “retallades encobertes de personal mèdic que poden afectar molt greument l’atenció als ciutadans”. “Des del punt de vista pràctic, suposarà el tancament de consultes, la cancel·lació de proves, l’augment de les llistes d’espera...”.

En total, detallen que hi ha més de seixanta contractes d’aquestes característiques i que es veuran afectats per aquesta mesura: set en Hematologia, un en Maxil·lofacial, tres en Oncologia, tres en Cirurgia Pediàtrica, cinc en la Unitat de Vigilància Intensiva, cinc en Neurologia, huit en Pediatria, tres en Nefrologia, quatre anestesistes, quatre en Medicina Interna, dos en Ginecologia, quatre en Cirurgia General, cinc en Pneumologia, quatre en Neurocirurgia, tres en Medicina Digestiva, quatre en Cardiologia i un en Farmàcia.

Davant aquesta situació, el 15 de gener passat uns quaranta caps de servei van remetre un escrit a la gerència de l’hospital, encara que “de moment no han obtingut resposta”.

“Queixa formal”

En l’escrit, els facultatius insten els pacients a presentar una queixa formal, siga de manera telemàtica amb certificat digital a través del web de la Conselleria de Sanitat, o en el Servei d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP), sol·licitant que no es retalle personal mèdic, que es mantinga el nombre de facultatius en plantilla i que es creen places estructurals (vacants) quan desapareguen els contractes d’atenció continuada; al mateix temps que se’ls demana que donen visibilitat a aquesta situació entre els coneguts i els pròxims.

“Reordenar” les plantilles

La Conselleria de Sanitat explica que està fent-se un estudi detallat de plantilles per a, amb això, “establir la necessitat de creació de places estructurals tant en l’hospital com en l’agrupació sanitària interdepartamental”. Així doncs, sostenen que no es tracta de rescindir contractes, sinó de “reordenar plantilles”. El que es pretén, indiquen, és “dotar de més estabilitat les plantilles, recorrent als contractes d’atenció continuada únicament per a atendre la finalitat per a la qual s’han concebut, que és estrictament per a la realització de guàrdies”.

Per això, incideixen en el fet que està previst anar creant noves places estructurals de manera progressiva, “sobre la base de ràtios, activitat i quantitat de serveis”: “Està estudiant-se el dimensionament de les plantilles per a donar seguretat jurídica als professionals i, a més, complir la normativa europea de reduir la inestabilitat laboral, la temporalitat”.

Tal com detallen des del departament que dirigeix Marciano Gómez, la secretaria autonòmica de Sanitat, Asunción Perales, es va reunir dilluns passat amb representants del Servei de Pediatria del Departament de Salut de l’Hospital Clínic per a abordar aquest tema. En aquesta trobada se’ls va traslladar que, de moment, “continuaran treballant com fins ara fins que es regularitze la situació, per a la qual cosa està fent-se estudi de les plantilles actuals i les necessitats de creació de places estructurals”.

Sanitat incideix en el fet que no es faran nous contractes d’atenció continuada “que no siguen estrictament per a aquesta finalitat. ”Es tracta de regularitzar i fer les coses bé, donant seguretat jurídica“, conclouen.

El personal sanitario del Hospital Clínico de València está repartiendo un escrito entre los pacientes que acuden al centro sanitario para “informar” a la ciudadanía y “defender” una atención sanitaria “segura y de calidad”. En este documento explican el déficit de personal médico que padecen y el “riesgo” para la atención al paciente que ello supone.

Así, manifiestan que el aumento de la actividad asistencial que se ha producido en los últimos años no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional de la plantilla: “La no sustitución de contratos cuando un facultativo deja el hospital está provocando una reducción progresiva del personal, con impacto directo en la atención de los pacientes”.

Tal y como explican los facultativos, la dirección del hospital viene recurriendo “desde hace años” a los denominados contratos de 'atención continuada' para hacer frente al incremento progresivo de la actividad asistencial. Desde el punto de vista administrativo, reseñan, estos contratos “son más sencillos de crear” que las plazas estructurales ajustadas a la legalidad vigente; las conocidas como plazas vacantes.

Sin embargo, abundan, cuando un contrato de atención continuada desaparece -por ejemplo, por un cambio de hospital del facultativo-, la dirección y la gerencia “se niegan a su sustitución”, lo que provoca una “disminución progresiva de la plantilla médica, con la consiguiente sobrecarga asistencial”.

Esta situación, alertan, es conocida por la dirección y la gerencia del Hospital, “que incluso han planteado retrasar o cancelar procedimientos de alta complejidad, en los cuales el tiempo es un factor clave para la supervivencia”.

Problema transversal en diversos servicios

Diferentes profesionales han relatado a elDiario.es esta situación, y cómo se ha paliado el aumento de esta actividad asistencial gracias a estos “contratos de guardias” o de “atención continuada”, es decir, contratos de médicos que “se dedican principalmente a hacer guardias, pero a quienes se les ha permitido que realicen asistencia 'normal' por las mañanas, como estar en la planta de hospitalización, pasar consulta, hacer pruebas complementarias... En definitiva, dedicarse a todas aquellas tareas que permiten que cada servicio del Hospital mantenga su funcionamiento normal”.

Sin embargo, subraya este facultativo, la dirección del Hospital “ha dado orden de no permitir a quienes tienen un contrato de guardias que realicen actividad asistencial por la mañana, lo que supone una expulsión de los profesionales, que no estarían dispuestos a aceptar esas condiciones, y la pérdida de una parte significativa de médicos en cada servicio, empeorando la asistencia clínica y sobrecargando todavía más las plantillas, ya escasas de profesionales”.

El problema, explica, es transversal y afecta a todos los servicios del Hospital: en algunos casos se elimina el único profesional que desarrolla determinadas labores, como es el caso del pediatra de la Unidad de Hospitalización a Domicilio pediátrica, o una cantidad importante de personal -el 33% de la plantilla de cardiólogos de hospitalización, el 50% de cardiopediatras, el 40% en la unidad de oncohematología infantil, el 33% en neonatología, el 33% en neuropediatría, el 33% de cardiólogos dedicados a realizar ecografías de corazón, reducción de intensivistas...- Se trata, advierte, de “recortes encubiertos de personal médico que pueden afectar muy seriamente a la atención a los ciudadanos”. “A nivel práctico supondrá el cierre de consultas, la cancelación de pruebas, el aumento de las listas de espera...”.

En total, detallan que hay más de sesenta contratos de estas características y que se van a ver afectados por esta medida: siete en Hematología, uno en maxilofacial, tres en oncología, tres en cirugía pediátrica, cinco en la Unidad de Cuidados Intensivos, cinco en Neurología, ocho en pediatría, tres en nefrología, cuatro anestesistas, cuatro en Medicina Interna, dos en Ginecología, cuatro en Cirugía General, cinco en Neumología, cuatro en Neurocirugía, tres en Medicina Digestiva, cuatro en Cardiología y una en Farmacia.

Ante esta situación, el pasado 15 de enero unos cuarenta jefes de servicio le remitieron un escrito a la gerencia del Hospital, aunque “de momento no han obtenido respuesta”.

“Queja formal”

En el escrito, los facultativos instan a los pacientes a presentar una queja formal, ya sea de forma telemática con certificado digital a través de la web de la Conselleria de Sanidad, o en el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP), solicitando que no se recorte personal médico, que se mantenga el número de facultativos en plantilla y que se creen plazas estructurales (vacantes) cuando desaparezcan los contratos de atención continuada; al tiempo que se les pide que den visibilidad a esta situación entre sus conocidos y allegados.

“Reordenar” las plantillas

La Conselleria de Sanidad explica que se está haciendo un estudio detallado de plantillas para, con ello, “establecer la necesidad de creación de plazas estructurales tanto en el hospital como en la agrupación sanitaria interdepartamental”. Así, sostienen que no se trata de rescindir contratos, sino de “reordenar plantillas”. Lo que se pretende, indican, es “dotar de más estabilidad a las plantillas, recurriendo a los contratos de Atención Continuada únicamente para atender a la finalidad para la que han sido concebidos, que es estrictamente para la realización de guardias”.

Por ello, inciden en que está previsto ir creando nuevas plazas estructurales de manera progresiva, “en base a ratios, actividad y cantidad de servicios”: “Se está estudiando el dimensionamiento de las plantillas para dar seguridad jurídica a los profesionales y, además, cumplir con la normativa europea de reducir la inestabilidad laboral, la temporalidad”.

Tal y como detallan desde el departamento que dirige Marciano Gómez, la secretaría autonómica de Sanidad, Asunción Perales, se reunió el pasado lunes con representantes del servicio de Pediatría del Departamento de Salud del Hospital Clínico para abordar este tema. En este encuentro se les trasladó que, por el momento, “seguirán trabajando como hasta ahora hasta que se regularice la situación, para lo que se está haciendo estudio de las plantillas actuales y las necesidades de creación de plazas estructurales”.

Sanidad incide en que no se van a realizar nuevos contratos de atención continuada “que no sean estrictamente para esa finalidad. ”Se trata de regularizar y hacer las cosas bien, dando seguridad jurídica“, concluyen.

Los trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo han recogido 8.000 firmas en contra de su cierre y posterior traslado al Hospital Universitario de la capital regional y han enviado sendas misivas al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y al presidente regional, Emiliano García-Page, sin recibir respuesta por su parte.

Así lo indicado el manifiesto que ha leído a las puertas de este centro sanitario, acompañada de otros trabajadores, la médico especialista en geriatría, Esperanza Martín, quien ha dicho el Hospital Virgen del Valle es un centro “con gran experiencia en la atención a pacientes geriátricos” que desde 1987 se ha ido adaptando a las características de los mismo.

“Debido al progresivo envejecimiento de la población, en los últimos años las 160 camas del Valle siempre están ocupadas, quedando a diario pacientes en urgencias pendientes de ingreso, y con periodos de unos 4-5 meses cada año en los que hay que abrir camas en el Hospital Provincial y en los que el servicio de geriatría tiene asignados entre 190-200 pacientes”, apunta el comunicado.

Por eso, los trabajadores piensan que es necesario instaurar más camas de geriatría en el Hospital Universitario de Toledo pero añaden que cerrar el Hospital del Valle “supone una pérdida de camas irreparable, más teniendo en cuenta las previsiones de aumento de población mayor de 65 años, que puede llegar al 30,5% en 2055”.

A ello añaden que el Virgen del Valle es un centro “accesible, amable, seguro, en un entorno tranquilo y centrado en el paciente geriátrico, que no necesita por lo general de alta tecnología ni numerosas pruebas complementarias sino personal especializado en el cuidado de estos pacientes y un entorno adecuado”. “Además, en caso de necesitar pruebas adicionales no se les priva de ellas, sino que un equipo de traslados se encarga de su gestión y realización”.

Los hospitales de crónicos y mayores han mostrado ser eficientes económicamente, proporcionando una atención más humanizada y centrada en el paciente

En el manifiesto leído por la doctora Martín, los trabajadores apuntan que los hospitales de crónicos y mayores han mostrado “ser eficientes económicamente, proporcionando una atención más humanizada y centrada en el paciente, por lo que otras comunidades autónomas están promoviendo este tipo de centros”. “No entendemos cómo, disponiendo de este recurso, se quiere acabar con él”.

“Tanto los profesionales que trabajan en el Hospital, como los pacientes y familiares, están mayoritariamente en contra del cierre al pensar que con su traslado se perdería su esencia, al pasar a un hospital de características muy diferentes, mucho más estresante para estos pacientes, y ya de por sí bastante saturado”, reza el manifiesto.

Con todo, se han mostrado decepcionados “enormemente” ante la ausencia de respuesta del presidente regional y el consejero. “Pensamos que los pacientes y los profesionales merecemos al menos una explicación, porque no entendemos cuáles pueden ser los motivos que les llevan a tomar una decisión tan tajante, en contra de la opinión de los ciudadanos, y en contra de las evidencias demográficas, que harán necesario el aumento de número de camas de geriatría”.

“Las razones que expresó García-Page sobre la gran cantidad de ambulancias y traslados no se acercan a la realidad y razones económicas tampoco nos lo explican, teniendo en cuenta que tienen que hacer una obra considerable para incluir el valle en el Hospital Universitario, presupuestada en 61.000.000 euros”, argumenta el escrito.

Para finalizar, reconocen los trabajadores que el Hospital del Valle experimenta en los últimos años un deterioro “derivado de la ausencia del más mínimo mantenimiento”. “Pero adecentarlo no supondría una gran inversión, sino un gasto que en años anteriores se hacía periódicamente”, por lo que piden que se reconsidere el cierre del hospital al suponer “un error histórico irreversible que pondrá en peligro la atención a los pacientes mayores”.

Todavía no hay fecha para el traslado

Tras la lectura del manifiesto y a preguntas de los medios, a doctora Martín ha señalado que la Administración regional aún no les han trasladado cuándo se hará efectivo el traslado pero ha apuntado que, como hay que habilitar una zona del Hospital Universitario que está sin hacer, los trabajadores piensan que sería “por lo menos” en más de cuatro o cinco años.

Ha defendido que en el Virgen del Valle los pacientes tienen un entorno más tranquilo y no está tan saturado como el Universitario. “Aquí es mucho más tranquilo, tienen vistas en todo momento a la naturaleza, pasillos para pasear y es otro entorno. Y todo el personal está especializado en el cuidado del paciente geriátrico”.

Por ello ha apuntado que los trabajadores están intentando solicitar que el Gobierno regional les reciba para intentar explicarle sus razones y que desde la Junta les expliquen sus motivos para el cierre. “A lo mejor si nos lo explican de otra manera lo entendemos porque con las razones que nos han dado no entendemos el cambio”.

Finalmente, ha lamentado que no se esté haciendo ningún tipo de mantenimiento en el Hospital de Valle. “Aquí, en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, no se ha pintado una planta y no se han cambiado ni los muebles”. “Que tengan intención de cerrarlo no quita para que tengan que hacer una mínima inversión en este hospital, que porque son mayores tienen derecho a tener un entorno digno”.

Ante las agresiones que sufren los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elaborado una guía con recomendaciones específicas sobre cómo actuar en el momento del incidente violento.

La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, explica que “esta guía trata de ayudar a los trabajadores, ya que no saben cómo actuar ante esta terrible lacra que no para de aumentar, es absolutamente terrible, una realidad que cada año va en aumento. Estamos hablando de agresiones físicas, pero también de insultos, de menosprecios, de amenazas o coacciones que dejan una herida muy profunda en los profesionales. Hay que acabar con esta lacra. No podemos normalizar la violencia. Hay que prevenir, denunciar y proteger”.

Recomendaciones específicas sobre cómo actuar

El documento recoge recomendaciones específicas sobre cómo actuar en el momento del incidente violento, “priorizando siempre la seguridad personal y la de los pacientes”. En este sentido, CSIF aconseja buscar apoyo inmediato de otros compañeros o del personal de seguridad, y en caso necesario, solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez que ha sucedido el incidente, el profesional agredido tiene que hacer frente a un proceso administrativo que, en la mayoría de los casos, es desconocido por todos los profesionales, desde poner una denuncia y advertir de lo sucedido al coordinador hasta comunicar a la Gerencia y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, acudir a Salud Laboral y avisar a los colegios oficiales

En este sentido, CSIF propone la creación de la figura del profesional designado para casos de violencia, con funciones de acompañamiento del trabajador agredido y que facilite la realización de trámites administrativos y, si es preciso, presentar denuncias. “Es importante que el trabajador esté acompañado por alguien que sepa qué hacer”, asegura la responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez.

Sobre la incorporación de un director de seguridad, tal y como anunció la semana pasada el Sescam, Gutiérrez celebra esta iniciativa que “llevamos más de 10 años reclamando. Nos alegra que por fin se cree, pero pedimos que el puesto se cubra con personal cualificado del propio Sescam, no con empresas externas”.

Por último, además de reivindicar la presencia de personal de seguridad en todos los centros de salud y puntos de atención continuada en todo el horario de apertura, CSIF reclama también alarmas individuales (dispositivos de pequeño tamaño que emiten señales acústicas y luminosas de gran potencia que son disuasorias); la adaptación del espacio de atención asistencial como recurso para prevenir agresiones, con múltiples puntos de acceso y salida; instalación y revisión del botón del pánico y cámaras de seguridad; sistemas informáticos de alerta; acompañamiento en visitas domiciliarias; coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y desarrollo del régimen disciplinario respecto a aquellos pacientes que han realizado acciones de violencia y que reinciden.

La guía puede consultarse en este enlace.

687 agresiones a sanitarios el año pasado

El director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, ofreció la semana pasada los datos de agresiones que sufrieron los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha durante los años 2023 y 2024.

Así, el año pasado se registraron 687 agresiones, por las 646 que hubo en 2023. Son 41 incidentes más en términos absolutos, que para Cortázar indican “una mayor concienciación y cultura de notificación entre nuestros profesionales, pero también una persistencia del problema a la que no somos ajenos”.

No obstante, la tasa de incidencia se ha reducido, pasando de 16,48 incidentes por cada mil sanitarios en 2023 a 16,13 por cada mil durante el año pasado. Esto se justifica, en palabras del directivo, porque, si bien han crecido de manera absoluta los incidentes registrados, “también han aumentado de una manera más significativa los profesionales sanitarios”.

En cuanto al tipo de agresión, la inmensa mayoría de las agresiones registradas fueron de tipo verbal, mientras que solo 19 fueron físicas.

En comparación con las cifras nacionales, el director de Recursos Humanos del Sescam ha presumido de que en Castilla-La Mancha en el año 2024 muestra una tasa de agresiones “un 34% inferior a la media nacional”. “Las cifras no son motivo de celebración”, ha matizado, concluyendo que solo festejarán un dato: “cero agresiones”.

Sanciones para aquellas personas que agredan a los profesionales sanitarios, mediante un proceso administrativo propio, independiente de la vía judicial. Es una de las medidas que quiere implementar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para llegar al objetivo “irrenunciable” de “agresiones cero”.

Así lo ha anuncio este miércoles el director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, coincidiendo con una comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Se trata de una “modificación legislativa para que las infracciones que constituyen delitos también puedan ser perseguidos en vía administrativa”. Y es que, actualmente, si un juez o un tribunal considera que una infracción es delito, el Sescam no puede introducir sanciones desde su posición de administración sanitaria a través de un procedimiento administrativo sancionador.

Cortázar ha puntualizado que querría que esta medida fuera una realidad en 2026 introduciéndola en la ley de acompañamiento a los presupuestos regionales.

Esta modificación se plantea tras el intento de homicidio que se produjo en Camarena (Toledo) en 2018 y que por las eximentes que el juez consideró, el agresor fue absuelto y no se le puede “perseguir en vía administrativa”, ha explicado Cortázar.

Habrá una directora o director de Seguridad en el SESCAM

Otra de las medidas que el directivo ha avanzado para reducir este tipo de agresiones es la creación de la figura del director o directora de Seguridad del Sescam, figura que estará encargada de coordinar las políticas de protección de los profesionales, “en línea con los estándares establecidos por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional”.

Además, Cortázar también ha anunciado que se reforzarán las medidas tecnológicas y de alertas (como el botón de alarma o la implantación de aplicaciones con sistemas de alarma en zonas conflictivas), se diseñarán programas obligatorios de formación continuada en gestión de la hostilidad y se proporcionará “de forma inmediata” el apoyo psicológico y de rehabilitación a los profesionales agredidos.

687 agresiones a sanitarios el año pasado

El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud regional también ha ofrecido en su comparecencia los datos de agresiones que sufrieron los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha durante los años 2023 y 2024.

Así, el año pasado se registraron 687 agresiones, por las 646 que hubo en 2023. Son 41 incidentes más en términos absolutos, que para Cortázar indican “una mayor concienciación y cultura de notificación entre nuestros profesionales, pero también una persistencia del problema a la que no somos ajenos”.

No obstante, la tasa de incidencia se ha reducido, pasando de 16,48 incidentes por cada mil sanitarios en 2023 a 16,13 por cada mil durante el año pasado. Esto se justifica, en palabras del directivo, porque, si bien han crecido de manera absoluta los incidentes registrados, “también han aumentado de una manera más significativa los profesionales sanitarios”.

En cuanto al tipo de agresión, la inmensa mayoría de las agresiones registradas fueron de tipo verbal, mientras que solo 19 fueron físicas.

En comparación con las cifras nacionales, el director de Recursos Humanos del Sescam ha presumido de que en Castilla-La Mancha en el año 2024 muestra una tasa de agresiones “un 34% inferior a la media nacional”. “Las cifras no son motivo de celebración”, ha matizado, concluyendo que solo festejarán un dato: “cero agresiones”.

Réplicas de los grupos parlamentarios

Tras la intervención de Íñigo Cortázar ha sido el turno de palabra para los portavoces de los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Todos ellos han condenado durante su discurso las agresiones a los profesionales sanitarios.

El turno de Vox ha sido tomado por su diputado David Moreno, quien tras criticar que este tipo de agresiones han aumentado un 64% desde 2019, ha trasladado la que para él es una conclusión “inequívoca”: “Las medidas actuales no están funcionando”.

Además, Moreno ha reclamado que se incorpore personal de seguridad privada en los centros de salud “para garantizar la integridad y seguridad de todos los médicos, enfermeros y personal administrativo”.

Por su parte, Juan Antonio Moreno Moya, diputado del Partido Popular, ha reprochado que el Sescam no tenga por norma personarse judicialmente ante las agresiones.

“Ustedes animan al médico a denunciar, pero no tienen como norma la protección jurídica. Ustedes no se personan de entrada”, ha reprochado, asegurando que, de los 696 incidentes producidos el año pasado, solo en 50 se ha personado el Sescam.

El último en tomar la palabra ha sido el diputado socialista Ángel Tomás Godoy, que ha afirmado que las agresiones contra el personal sanitario “no son algo puntual”, añadiendo que estos sucesos “no solo minan la seguridad de los profesionales, sino que minan el crédito de las instituciones y la calidad del sistema sanitario”.

Godoy también ha afirmado que, en comparación con otras regiones, “estamos mucho mejor, pero eso no significa que tengamos que ser autocomplacientes”.

Si cualquier persona acude a un hospital a realizarse una radiografía, no le será extraño encontrarse con un trabajador que le indique cómo colocarse bajo la máquina de rayos. Ese profesional es técnico superior sanitario, y como él se calcula que existen más de 40.000 en España, de numerosas especialidades. Ese profesional lleva desde 2008 sin ver reconocida su categoría profesional en la nómina y sufre de una falta de formación, que ellos mismos catalogan de “deficiente”, equivalente a sus homólogas del resto del mundo. También critican la proliferación de escuelas de FP que gradúan a alumnos cuyas prácticas, a las que tildan de insuficientes para el cometido laboral posterior, realizan hasta en clínicas odontólogas y veterinarias.

Esos son los motivos principales por los que el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietess) ha convocado huelga este 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre tras no ver satisfechas sus demandas en la negociación del estatuto marco emprendida desde hace meses por el Ministerio de Sanidad. A día de hoy, el Sindicato afirma que el salario medio del colectivo está en torno a los 1.800 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y la antigüedad del empleado.

Paco Montero, técnico de radiodiagnóstico en el hospital de Getafe (Madrid) y secretario general de Sietess, cifra una pérdida de entre 200 y 400 euros al mes desde 2008 en sus nóminas. “Somos grupo B en la Administración, pero eso no se materializa en nuestros salarios”, explica. Sin embargo, la principal preocupación del colectivo está ligada a la formación. “España está dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y debería armonizar las titulaciones con los demás países, pero en nuestro sector no lo ha hecho, pese a las recomendaciones que en 2018 ya le hizo el Consejo de Europa”, desarrolla.

Esto les impide trabajar fuera de España con su titulación. Además, al no tratarse de un grado universitario, tampoco pueden acceder a ningún máster. “Queremos que mejoren la formación para que se pueda armonizar a los demás países, ya no solo europeos, sino de la OCDE, porque somos el único que sigue impartiendo una formación de dos años para obtener el título”, reitera el sindicalista. 

Un negocio “grotesco” en la formación

Montero señala a la proliferación de escuelas de formación profesional como parte responsable de la devaluación en la enseñanza de los contenidos imprescindibles para ejercer en el futuro: “Ahora se da un nuevo campo de negocio, el de las escuelas online. Eso puede ser maravilloso para otras enseñanzas, pero para la nuestra debería estar completamente prohibido. Es más, no existe un profesorado capacitado para ello. Incluso los docentes vienen a buscarnos en verano para que les enseñemos las técnicas”, desarrolla.

La gran afluencia de alumnado a estas escuelas hace que las prácticas obligatorias para alcanzar el título de técnico superior sanitario escaseen. “Como es un negocio, hay empresas que admiten hasta 400 estudiantes por curso, lo que produce situaciones grotescas”, asevera. “No hay planificación alguna de los recursos por parte del Ministerio ni de Educación ni de Sanidad, porque no hay capacidad alguna de absorber esa masa laboral”, incide Montero.

También se pregunta “cómo es posible que en un país como España, aquellos que se forman para ser técnicos de imagen para el diagnóstico o medicina nuclear hagan sus prácticas en clínicas dentales o incluso clínicas veterinarias”. Desde el Sietess recalcan que algunos de estos centros, con enseñanza presencial, llegan a cobrar hasta 15.000 euros por los dos años de formación.  

Además, señalan que estos estudios cada vez más son cursados como puente para el acceso a la titulación superior de grado. “Llegan a la universidad por el cupo de la FP y no por haber superado un bachillerato de ciencias, y estudian carreras como enfermería, podología, fisioterapia o trabajo social mientras corrompen realmente los estudios de técnico superior sanitario”, sostiene el secretario general del sindicato, quien considera esta dinámica como “fraude”.

Sin cifras exactas de cuántos son

Juan Felipe Rodríguez es técnico superior sanitario de laboratorio clínico y biomédico en el Hospital San Juan de Alicante y también el presidente del Colegio Profesional de este colectivo en la Comunidad Valenciana: “El único país del Espacio Europeo de Educación Superior que mantiene a esta profesión en el ámbito de la FP de dos años. Hay estudios del propio Ministerio de Sanidad que indican desde 2006 que aquí la enseñanza de los contenidos es deficitaria”, introduce.

El representante del colectivo valenciano recalca que el Congreso de los Diputados ya aprobó por unanimidad dos proposiciones no de ley que recogían que los estudios de técnico superior sanitario debían pasar al ámbito universitario. “Todas las sociedades médicas dicen que nuestra formación no es de una calidad contrastada y que debemos pasar a la universidad. Son nuestros jefes de patología, radiología, hematología, radioterapia y farmacia quienes nos avalan”, esgrime. “Solamente para poder saber bien de resonancia magnética o ecografía, un técnico debe tener una formación de unos siete meses. Solo para ese área. Si le añades todas las demás, los dos años de formación son totalmente escasos”, ejemplifica.

Aunque pudiera parecer un colectivo algo oculto en la sanidad, los técnicos superiores pueblan los hospitales de toda España. El Sietess afirma que son más de 40.000 en todo el país, una cifra que, aseguran, el Ministerio de Sanidad no les proporciona. Preguntado por ello, Sanidad ha confirmado que a día de hoy desconocen la cifra concreta. 

Sin estos profesionales, el sistema no funcionaría. Son quienes están presentes en las sesiones de radioterapia, en radiología, en las resonancias magnéticas y los TAC, y en los laboratorios realizando las analíticas de sangre y los análisis de microbiología, por ejemplo.

Un estatuto marco que no les contempla

Similar es lo que opina José Joaquín Durán, presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios. Este técnico de laboratorio clínico en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona focaliza en la negociación del estatuto marco emprendida por el Ministerio de Sanidad como la gota que ha colmado el conflicto y que ahora se materializa en una huelga de cuatro días. “Lo que hace el Ministerio en el borrador del estatuto es catalogar profesiones de primera y de segunda. Por ley, deberíamos estar encuadrados en la formación superior, aunque no universitaria, y deberían trasponer de manera adecuada la ley de ordenación de profesiones sanitarias”, denuncia.

El presidente de la Sociedad profesional incide en la desprotección a la que les somete el Ministerio, porque “no nos tiene en cuenta para nada”, en sus propios términos. Así lo ejemplifica: “Cuando llegó la pandemia, nosotros no estábamos incluidos en el reparto de mascarillas, las teníamos que conseguir por nuestra cuenta, y eso que nos encargábamos de realizar las PCR”.

Plantearon sus demandas a Mónica García, titular de la cartera de Sanidad, durante la negociación del mencionado estatuto marco. “En junio se comprometió a incluirlas, por lo que pospusimos dos convocatorias de paros que habíamos planteado. No ha cumplido con su palabra, así que no nos queda otra salida que la huelga”, defiende Durán. Además, destaca que también se han puesto en contacto con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas “y ninguna ha hecho nada por nosotros”.

El Ministerio de Sanidad se defiende

Por su parte, el Ministerio de Sanidad explica a elDiario.es que el estatuto marco está orientado, entre otras muchas cosas, a actualizar los salarios de los técnicos superiores sanitarios acorde a su categoría profesional. Asimismo, sobre la denuncia de “deficiencias” en la formación, el Ministerio incide en que todos estos aspectos dependen de las comunidades autónomas.

“En cuanto al Reconocimiento oficial del carácter de Profesión Sanitaria Titulada y Regulada para todas y cada una de las titulaciones de Técnico Superior Sanitario, este no es un procedimiento automático y está sometido a regulación comunitaria”, han añadido desde Sanidad.

Sobre la calidad del sistema de formación, la cartera liderada por Mónica García asegura que “el mantenimiento del actual sistema de formación responde al principio de proporcionalidad, ya que el nivel de cualificación exigido para el ejercicio de la profesión es adecuado para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad asistencia”. Y añaden: “La formación técnica superior, complementada con programas de actualización y especialización, permite el desarrollo de las competencias necesarias sin generar una sobrerregulación ni encarecer la formación”.

Desde su perspectiva, “aunque en otros países europeos esta formación se imparte a nivel de grado universitario, en España la estructura de FP ha demostrado ser eficaz y proporcional a las necesidades del sistema”, y defienden que “cambiar el modelo podría introducir desajustes sin aportar mejoras sustanciales en la calidad asistencial”.

Pese a estas respuestas, el Sietess continúa con la convocatoria de la huelga. Así, los técnicos superiores sanitarios están convocados a parar las jornadas del 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre, una huelga que apoyan las organizaciones que componen las llamadas comisiones por el grado, en donde se integran colegios profesionales, asociaciones profesionales y diversos sindicatos.

La vacunación ha llegado este lunes al Hopsital de San Pedro de Logroño. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha inviado este lunes a estos profesionales a vacunarse porque “es imprescindible que los profesionales de los ámbitos sanitario y sociosanitario se inmunicen porque ”forman parte de los grupos diana objeto de vacunación para prevenir la transmisión y el contagio de otros compañeros, de los pacientes, especialmente a aquellos de alto riesgo, y para mantenerea la máxima operatividad de la infraestructura sanitaria“.

En las tres primeras semanas de la Campaña de Vacunación Antigripal, y siendo los profesionales de los centros sanitarios un colectivo priorizado en esta acción, con los datos disponibles, hasta el 23 de octubre, se han administrado un total de 1.566 vacunas de gripe. Esto supone, por el momento, un porcentaje de vacunación que se aproxima al 30 por ciento de los profesionales que trabajan en los centros sanitarios. De este total de vacunación, el 77 por ciento corresponde a menores de 59 años, y un 23 por ciento, a personas de 60 años o superior. En total, e incluyendo estas cifras, ya se ha vacunado en La Rioja a 37.234 personas en las tres primeras semanas de la Campaña, registro superior al alcanzado en el mismo periodo de tiempo en 2024.

Por su parte, la directora general de Salud Pública, Eva Martínez, ha destacado que las recomendaciones oficiales sugieren la vacuna antigripal, además de a las personas mayores de 60 años, a enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personas que trabajan en granjas, además de los trabajadores de los centros sociosanitarios.

El jefe de Servicio de Medicina Intensiva del SERIS, Adolfo Calvo, ha subrayado que “la vacunación tiene una prevención individual, tienes menos probabilidad de tener una enfermedad y si la tienes la sintomatología va a ser menos grave y, por otro lado, supone una prevención comunitaria”. En cuanto a la vacunación de profesionales del ámbito sanitario ha destacado que es la mejor manera “para proteger a nuestros pacientes, que tendrán menos sintomatología y los pacientes tendrán menos necesidad de acudir a las urgencias, de ser hospitalizadas en planta o en una UCI, ayudando a descongestionar el sistema sanitario”, ha dicho.

Para llevar a cabo la inmunización, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SERIS se ha habilitado un punto fijo de vacunación y también inmunizan a sus compañeros mediante el equipo itinerante que se desplaza, siguiendo un cronograma de vacunación, a las diferentes unidades y servicios favoreciendo esta medida entre los profesionales a los que les resulta más complicado acudir al punto fijo como son los de urgencias, UCI, servicios quirúrgicos, etc. En el caso del Hospital de Calahorra, han habilitado agendas exclusivas para la vacunación de la gripe en una consulta especifica. Por su parte, el personal de Atención Primaria se vacuna en su centro de trabajo, según la organización interna del centro.

La inmunización, que se lleva a cabo a cabo de forma escalonada y concluye el 30 de diciembre, comenzó en la segunda semana de octubre entre los profesionales del ámbito sanitario.

Campaña 2025-2026

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, puso en marcha la campaña de vacunación frente a la gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial (VRS), bajo el lema ‘Más vale vacunar que curar’. La campaña 2025-2026 incluye importantes novedades dirigidas a proteger de forma más eficaz a la población más vulnerable: la infancia, las personas mayores y los grupos de riesgo. Por primera vez en La Rioja, todos los niños y niñas de 3 a 11 años se vacunan frente a la gripe en su propio colegio, de forma gratuita y con una vacuna intranasal sin pinchazo y tiene como objetivo reducir contagios, evitar complicaciones y disminuir las ausencias escolares y laborales de las familias.

Las fechas de la campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 de esta temporada 2025-2026 son:

-Escolares en centros educativos: en marcha la primera semana de octubre (solo gripe)

-Personas institucionalizadas en residencias de personas mayores: en marcha la primera semana de octubre

-Población de 6 meses a 11 años: en marcha la primera semana de octubre (solo gripe)

-Personas de 85 años en adelante: a partir de la segunda semana de octubre.

-Profesionales sanitarios y sociosanitarios: a partir de la segunda semana de octubre.

Resto de grupos de riesgo, a partir de la tercera semana de octubre.

Recomendaciones para la prevención de la gripe 

1.- ¿Cómo se contagia?

El virus de la gripe es muy contagioso ya que se transmite muy fácilmente de una persona a otra a través de las gotitas de saliva o secreciones que expulsamos al hablar, toser o estornudar.

Si estas gotitas y los gérmenes que contienen quedan en las manos, pueden propagarse a cualquier superficie que se toque. Los objetos de la vida diaria, como los pomos de las puertas, ratones y teclados de ordenador, teléfonos, mandos a distancia, interruptores, timbres, barandillas, juguetes y otros objetos de uso frecuente son superficies habituales en las que puede quedar depositado el virus de la gripe.  

Si otras personas tocan nuestras manos o estas superficies y a continuación se tocan la cara (ojos, boca y nariz) pueden contagiarse de la gripe.

2.- ¿Cuál es el periodo de transmisión?

Se considera periodo de transmisión al comprendido entre las 24 horas antes del inicio de síntomas del caso hasta 24 horas después de finalizados los síntomas.

3.- ¿Cómo se previene?

3.1.- LAVADO DE MANOS Y USO DE MASCARILLA

El lavado de manos es la medida de higiene, junto al uso de la mascarilla, más importante para reducir la transmisión indirecta del virus de la gripe.

3.1.1.- Cuando lavarse las manos:

3.1.2.-Cómo lavarse las manos:

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESMCLM) ha condenado “enérgicamente” la agresión física y verbal sufrida este lunes a las 11.30 horas a un médico de Atención Primaria en el consultorio médico de Poblete, dependiente del Centro de Salud I de Ciudad Real.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, los hechos ya han sido denunciados por el profesional ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde CESMCLM han expresado su solidaridad con el compañero agredido y han exigido al Sescam medidas “inmediatas y eficaces” para frenar unas agresiones que no pueden normalizarse.

Han reclamado “mayor seguridad” en los centros sanitarios, protocolos de actuación rápidos y apoyo psicológico a los profesionales.

“Los sanitarios deben poder ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad”, asegura el sindicato.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, también el Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento han denunciado una nueva agresión a una facultativa en el Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Pío XII de Ciudad Real.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron de madrugada, cuando varias mujeres se presentaron en el centro exigiendo la realización inmediata de una prueba diagnóstica. La doctora, relata el colegio profesional, “cumpliendo con su responsabilidad profesional”, les indicó que, antes de solicitar dicha prueba, debía reconocer al paciente y valorar su idoneidad médica.

En ese momento, una de las mujeres le propinó una fuerte bofetada, le arañó la cara y la agarró violentamente del cabello, arrastrándola hasta el pasillo del centro. Las tres instituciones han manifestado su más “firme y absoluta condena” y además se ha trasladado todo su “apoyo, solidaridad y disposición” a la sanitaria agredida, a quien ya se le ha ofrecido asistencia legal inmediata.

Desde el Colegio de Médicos creen que este nuevo acto de violencia vuelve a evidenciar la necesidad de seguir reforzando las medidas de protección a los profesionales sanitarios, incluso en centros que ya cuentan con recursos de vigilancia, como el PAC Pío XII. “Resulta inadmisible que quienes velan por la salud de todos continúen siendo vulnerables ante este tipo de agresiones, que atentan contra su integridad física y emocional”, subrayan.

El presidente del colegio profesional, el doctor Manuel Rayo Gutiérrez asegura que “no podemos permitir que se normalicen las agresiones contra nuestros médicos. Esta lacra debe erradicarse con el respaldo unánime de las instituciones, la justicia y la sociedad. Esperamos que este caso reciba la máxima condena posible y reiteramos nuestro llamamiento a la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario”.

Desde el Colegio se recuerda que las agresiones a personal sanitario están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad, por lo que “animamos a todos los profesionales a denunciar cualquier tipo de ataque, físico o verbal, que sufran durante el ejercicio de su trabajo”.

El Colegio de Enfermería: “Urge reforzar las medidas de protección”

También el Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real ha reiterado hoy su “absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia ejercida contra profesionales sanitarios, que no solo atenta contra su integridad física y psicológica, sino que socava gravemente la dignidad del ejercicio profesional en contextos de servicio público”, manifiesta.

Recuenda la organización colegial que las agresiones a personal sanitario están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad, e insta a todos los profesionales a denunciar “de inmediato” cualquier agresión, física o verbal, sufrida en el desempeño de su trabajo.

“Este nuevo caso, que se suma a otros episodios recientes en la provincia, evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección en los centros de atención sanitaria, y exige una respuesta decidida y unánime de las autoridades públicas y la sociedad civil”, subraya.

“Ciudad Real debe ser ciudad segura también para quienes nos cuidan”

El Ayuntamiento de Ciudad Real considera que los hechos constituyen “una intolerable agresión física y verbal” contra una profesional sanitaria que, cumpliendo con su deber se limitaba a seguir los protocolos médicos establecidos.

En un comunicado recuerda que la violencia contra el personal médico y sanitario “no solo es un delito, sino también un atentado contra uno de los pilares fundamentales del sistema público: la atención sanitaria”.

En su opinión, “Ciudad Real debe ser una ciudad segura también para quienes nos cuidan. No hay excusas. No hay justificación. Tolerancia cero ante las agresiones a sanitarios”.

La Rioja necesita más de 500 enfermeras para alcanzar la media europea. Así lo han calculado en el Colegio de Enfermería de La Rioja en función del Informe de Ratios 2024 publicado este jueves por el Colegio General de Enfermería de España. Para hacer la comparativa, el informe ha extraído la media de distintas fuentes (Eurostat, OMS y OCDE) según las cuales tanto España como La Rioja mantienen un déficit constante de personal de Enfermería. Concretamente, las recomendaciones que dan para La Rioja son las siguientes: para Eurostat faltan 511; para la OCDE, 491 y para la OMS, 648, lo que da una media de 550 enfermeras.

Según este informe, La Rioja no es de las peores comunidades porque cuenta con una ratio de 6,51 y se sitúa en el duodécimo puesto, superando por poco la media de España (6,36), pero lejos de la media europea (8,19).

El Informe Ratios 2024 constata, una vez más, que la situación sigue prácticamente igual que años anteriores. Por eso, desde el COER se suman a la reivindicación del Consejo General de Enfermería y reclaman conciencia política para afrontar esta situación.

Cifras desglosadas

El desglose por comunidades arroja “enormes desigualdades”. Navarra sigue liderando el ranking de enfermeras con relación a la población que deben atender, con 8,92 enfermeras por cada mil habitantes, y de hecho, se convierte en la única que supera la media europea. La Rioja (6,51) -junto con el País Vasco (8,09), Canarias (7,55), Castilla y León (7,49), Aragón (7,4), Asturias (7,34), Melilla (7,24), Extremadura (7,15), Ceuta (7,10), Cantabria (6,77), Madrid (6,54), y Cataluña (6,5)- se incluye entre las CCAA que también superan la media nacional. Mientras que las comunidades con peores ratios en el año 2024 son Castilla-La Mancha (6,26), Islas Baleares (6,13), Andalucía (5,56), Comunidad Valenciana (5,56), Galicia (5,16) y Murcia (4,99).

La Media Luna Roja Palestina ha hecho público el desgarrador relato del paramédico Asaad al Nasasra, uno de los dos supervivientes del ataque del pasado 15 de marzo contra un convoy de vehículos en Gaza, en el que las tropas israelíes mataron a 15 médicos y socorristas.

Al Nasasra, de 47 años, ha relatado a la Media Luna Roja Palestina que escuchó a los soldados israelíes rematar a sus compañeros con disparos cuando aún se aferraban a la vida. El paramédico también ha denunciado que las fuerzas israelíes lo tuvieron 37 días detenido después del ataque y que lo torturaron.

Empleados de la ONU y de la Media Luna Roja Palestina encontraron los cadáveres de los 15 paramédicos y socorristas enterrados en una fosa común. Según varias personas que descubrieron los cuerpos, seguían con los uniformes de trabajo puestos y a algunos les habían atado las manos, una afirmación que han desmentido las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). De acuerdo con el relato que Al Nasasra ha hecho a sus colegas de la Media Luna Roja Palestina, algunos de los paramédicos que sobrevivieron al asalto inicial estaban pidiendo ayuda cuando los remataron a tiros.

Al Nasasra conducía una de las dos ambulancias de la Media Luna Roja Palestina que salieron de Rafah, en el sur de Gaza, después de que otro convoy compuesto por ambulancias, un camión de bomberos, vehículos del Ministerio de Sanidad y de la ONU las precediera para intentar recuperar los cadáveres de dos paramédicos y de otras víctimas de un bombardeo israelí precedente.

“Nuestro colega Al Nasasra iba en la misma ambulancia que su compañero Rifat Radwan, que grabó el vídeo recuperado en su teléfono donde se ve cómo el vehículo en el que viajan es atacado por los soldados israelíes”, declara la portavoz de la Media Luna Roja Palestina, Nebal Farsakh.

De casi siete minutos de duración, el vídeo se hizo público en abril. En la grabación se ven ambulancias claramente señalizadas y un camión de bomberos circulando de noche, con los faros encendidos y las luces de emergencia intermitentes, contradiciendo así la primera versión que dieron las FDI, negando que los vehículos llevaran las luces encendidas y las señales de emergencia.

“Al Nasasra y Radwan recibieron los fuertes disparos que todo el mundo ha escuchado en la grabación, y de los muy fuertes disparos que continuaron incluso después del fin de la grabación, ya que los soldados israelíes siguieron disparando durante mucho tiempo contra ellos”, según la portavoz de la Media Luna Roja Palestina. “Al Nasasra buscó refugio en el suelo, en la parte de atrás de la ambulancia. Intentó esconderse y protegerse todo lo que pudo con su cuerpo contra el suelo. Encima de él tenía el cuerpo de Mohammed al Heila, otro trabajador asesinado”, detalla Farsakh.

En presencia de un coordinador de derecho humanitario internacional –tal y como establecen los protocolos de la organización–, Al Nasasra ha contado a la Media Luna Roja Palestina que Al Heila estaba gravemente herido y que le abrazó antes de morir.

Tras el intenso tiroteo, el superviviente escuchó cómo los soldados israelíes se acercaban a los vehículos. Algunos de los paramédicos heridos, aún vivos, gritaban pidiendo ayuda. “Al Nasasra dijo que los soldados llegaron muy cerca y que luego los escuchó disparar contra todos los que seguían con vida”, afirma Farsakh.

La Media Luna Roja Palestina cree que los soldados israelíes no dispararon en un principio contra Al Nasasra porque creyeron que estaba muerto. Cuando se dieron cuenta de que seguía vivo, un soldado le apuntó con un rifle a la cabeza. Al Nasasra suplicó en hebreo por su vida, diciéndoles que su madre era ciudadana palestina de Israel. “No disparéis, soy israelí”, fueron sus palabras, según la organización. “El soldado se quedó un poco confundido, la madre de Al Nasasra era ciudadana palestina de Israel...”.

Los soldados decidieron perdonarle la vida, dice Farsakh. Después le obligaron a desnudarse y lo arrojaron a una zanja. Según la Media Luna Roja Palestina, el paramédico creyó que iban a matarlo. Tenía los ojos vendados pero a través de la tela podía ver los vehículos destrozados del convoy; no podía ver los demás cadáveres.

Detenido y torturado durante 37 días

Otro paramédico que sobrevivió a la masacre y fue liberado unas horas después ha dicho que presenció la detención de Al Nasasra por los soldados israelíes. Hasta que fue puesto en libertad el pasado 29 de abril, este último permaneció durante más de dos semanas en paradero desconocido. Todavía no ha hablado en público sobre su terrible experiencia. Según sus compañeros, sigue traumatizado.

De acuerdo con la Media Luna Roja Palestina, fue golpeado, humillado y torturado en los 37 días que pasó bajo custodia israelí. “Lo maltrataron, lo agredieron físicamente, lo ataron, lo golpearon, también lo mataron de hambre y lo sometieron a [tortura] psicológica”, dice Farsakh. “Durante tres días lo aislaron y lo metieron en una habitación con música muy alta, que los israelíes llamaban la sala de la discoteca; en su descripción, un lugar en el que te volvías literalmente loco, con la música tan alta que sentías que te sangraban la nariz y los oídos''.

Al Nasasra fue liberado el 29 de abril tras la creciente presión internacional después de conocerse que seguía con vida y detenido por Israel. Preguntadas por el periódico The Guardian, las FDI enviaron el siguiente comunicado: “El individuo fue detenido basándose en información de los servicios de espionaje que apuntaban a su implicación en actividades terroristas y durante su detención fue interrogado en relación con este asunto. (...) Al término del interrogatorio y teniendo en cuenta la información obtenida, se decidió no emitir una orden permanente de detención y fue puesto en libertad en la Franja de Gaza de acuerdo con la ley (...) Las FDI operan de acuerdo con la ley”.

La Media Luna Roja Palestina sostiene que Al Nasasra carga con la culpa de haber sobrevivido a sus compañeros médicos masacrados y que al paramédico le siguen atormentando “el sonido de los disparos, la visión de sus colegas heridos y sus brutales asesinatos”.

En el ataque murieron ocho paramédicos, seis trabajadores de la protección civil de Gaza y un empleado de la ONU. Aunque en un principio negaron las acusaciones, las FDI llevaron a cabo una investigación posterior y admitieron que hubo un “malentendido operativo” y un “incumplimiento de las órdenes”, entre otros errores. El subcomandante responsable de la unidad implicada de las FDI ha sido destituido “por proporcionar un informe incompleto e inexacto durante el interrogatorio”.

Junto a los médicos de la Media Luna Roja Palestina murió Kamal, un cooperante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). “Una ejecución sumaria”, la calificó entonces el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini.

“El cadáver de Kamal fue descubierto cerca de una fosa común, junto a los cadáveres de los trabajadores humanitarios de la Media Luna Roja Palestina asesinados por las fuerzas israelíes”, dijo Lazzarini en un comunicado. “Lo asesinaron con uno o muchos golpes en la parte posterior del cráneo (...) Pese a las varias peticiones presentadas por la UNRWA al Gobierno de Israel, no se ha recibido ninguna respuesta directa sobre la muerte de Kamal (...) La impunidad abre la puerta a más atrocidades”, añadió.

“Nuestro análisis forense desmiente la versión israelí de que Kamal recibió un disparo y por eso murió”, dijo la portavoz de la UNRWA, Juliette Touma. “No dispararon contra él, dispararon contra su coche, pero la razón de su muerte está en los fuertes impactos, uno o varios, que recibió en la parte posterior de su cráneo con un objeto pesado (...) Puede haber sido la parte de atrás de un arma o cualquier otro objeto pesado”.

El Servicio Extremeño de Salud invertirá más de 14,5 millones en al menos 9.600 contratos que permitirán formalizar unos 7.000 horas de sustituciones entre los meses de julio y septiembre, lo que supone garantizar más del 83% de cobertura de las ausencias motivadas por las vacaciones de los profesionales sanitarios.

Sonn datos del director gerente del SES, Jesús Vilés, en la Asamblea ante una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, al que ha reprochado su relato “catastrofista” y “falsedades” a este respecto, que desmontan los hechos “fehacientes”.

Tras recordar el problema de falta de profesionales que afecta a todo el ámbito nacional, ha remarcado la gestión del Ejecutivo para “retener y contratar al mayor número de profesionales” en aras de garantizar una cobertura sanitaria efectiva en verano, algo que ya se logró en el pasado período estival cuando hubo más atención tanto en Atención Primaria como hospitalaria.

También se ha referido al esfuerzo especial que se realiza en aquellas zonas en las que aumenta de forma notable la demanda asistencial ante la llegada de turistas y visitantes.

Vilés ha situado en más del 83% la cobertura media de las vacaciones de los sanitarios y ha concretado, por ejemplo, que en Mérida aumentará del 80 a más del 82% la cobertura de sustitución por las vacaciones, lo que implica un gasto de 200.000 euros.

Por su parte, en la de Cáceres se invertirán más de 2,6 millones para cubrir más del 82% de estas ausencias; o en las áreas de Coria y Navalmoral, en las que es difícil atraer profesionales, este año se llegará a más del 86%.

El director gerente ha incidido en la mejora de los recursos humanos llevada a cabo por el actual Gobierno, con un incremento de casi el 4% de los contratos de personal sanitario hasta un total de 14.977, lo que supone 396 profesionales sanitarios más en plantilla del SES.

Además, desde julio de 2023 se ha producido, en el ámbito del SES, el nombramiento como personal estatutario fijo de 980 personas; en diciembre de 2024 se convocaron las oposiciones para 2.037 plazas, de ellas 1.540 para personal sanitario; y el proceso de estabilización contempló 1.886 plazas, ha destacado.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha justificado esta pregunta de “medicina preventiva” en que, a su juicio, “no hay planificación en el SES, hay sobresaltos e improvisación” en la gestión de la Junta. 

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha reconocido a un sanitario su derecho al permiso parental retribuido de ocho semanas, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En concreto, la sentencia, del 30 de abril de 2025, que puede ser apelada ante la misma instancia, reconoce el permiso parental retribuido para un facultativo del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca al que le fue denegada la concesión de este derecho y señala que “la Directiva [Europea] está por encima de las normas nacionales”, al tiempo que afea que la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Cuenca denegara el permiso amparándose en la “falta de desarrollo reglamentario” de la norma europea en la legislación española.

En este sentido, señala que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debería haber concedido el permiso y fija una retribución de dos semanas más una indemnización de otras dos semanas por daños y perjuicios. La sentencia también señala que este derecho debe estar “suficientemente bien remunerado para poder mantener un nivel de vida digno”.

Según el sindicato el Gobierno debe regular el permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años con su retribución de ocho semanas, tal y como marca la normativa europea y lamenta que tenga que ser la Justicia la que marque el camino en lugar de que el Gobierno regule “de manera definitiva” este derecho.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, ha anunciado que su departamento invertirá  más de 1,7 millones de euros en medidas para mejorar las cifras de incidentes por agresiones a sanitarios, entre las que se encuentran cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial o la posibilidad de nombrar a un director de seguridad en el Sescam.

Jara presentaba las medidas en el marco del pleno del Observatorio de la Violencia donde se dan a conocer algunos datos. Los incidentes en 2024 por agresiones a sanitarios fueron 696, 39 más que en 2023. Del número total, hubo 19 agresiones físicas, lo que representa un 2,7 por ciento, un dato que ha descendido ligeramente respecto a 2023.

Las agresiones más graves, en la provincia de Toledo

Jara ha situado las agresiones más graves en Añover de Tajo y en la zona de la Sagra en la provincia de Toledo.

Profundizando en las medidas para mejorar los datos expuestos, la videovigilancia se llevará a cabo con cámaras digitales inteligentes, con capacidad para controlar accesos, discriminar eventos y lanzar avisos a los vigilantes, con luz sorpresiva y mensaje programado al saltar la alarma.

Asimismo, incluirá pulsadores antipánico inalámbricos para que el profesional los pueda portar y otros fijos en ubicaciones estratégicas. Igualmente, incorporará alarmas con sirenas con capacidad de emitir mensajes programados, sonidos fuertes y estímulos visuales, para disuadir y alertar de que se está produciendo una agresión.

Tras un primer contacto con empresas de seguridad se calcula que van a ser más de 1.500 dispositivos sobre todo de videovigilancia y alrededor de 3.000 dispositivos en relación con botones antipánico inalámbricos, además de las alarmas. De momento, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no tiene decidida la distribución, un aspecto que “se verá en función de los sitios de riesgo y de las incidencias”.

La gestión de estos equipos se sustenta en un software que se alojará en los tres centros de procesos de datos del Sescam. La operación de todo el sistema se realizará desde el Centro Operativo de Seguridad de los hospitales, donde se instalarán puestos de operación, desde donde se contactará con el centro sanitario afectado para dar las pautas oportunas de actuación.

Estas medidas buscan “detectar precozmente” el incidente y “poder actuar con rapidez”. También seguirá trabajando el Sescam en el procedimiento del expediente sancionador administrativo y “en esa vía paralela a la vía judicial para dar apoyo a los profesionales”.

Cuando hay una agresión, se comunica mediante un procedimiento, luego hay un estudio y una investigación a través de la delegación provincial y, a partir de ahí, si es oportuno y si así se resuelve, se emite una sanción económica cuya horquilla varía en función de la gravedad, de 600 a 3.000 euros, de los casos más leves a los más graves.

El aumento de los incidentes es “multifactorial”

Así, según los datos del Registro de Evaluación de Conflictos, durante el año pasado se registraron 696 incidentes, 39 más que en 2023.

El aumento de este tipo de incidentes, ha asegurado Jara, “es multifactorial y se ha visto en crecimiento de forma muy llamativa después de la pandemia” y aunque ha señalado que la principal razón residen en el aumento en el número de atenciones y procesos, ha destacado que la incidencia se mantiene y es importante que haya menos agresiones físicas.

El mayor número de registros proceden de Atención Primaria; las consultas siguen siendo como en años anteriores, el área donde más incidentes se producen; el 74 por ciento de las declarantes son mujeres; y casi dos terceras partes de los registros corresponden a profesionales médicos y de enfermería.

En cuanto al tipo de agresión, la gran mayoría de los episodios conflictivos responden a incidentes de tipo verbal, casi el 94 por ciento; mientras que las agresiones físicas supusieron el 2,7 por ciento del total, bajando ligeramente con respecto al año anterior.

Sobre las críticas de CSIF acerca de estos datos, el director del Sescam ha señalado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que está “muy por debajo de la media” en cuanto al número de incidencias en profesionales sanitarios.

En cuanto a las asistencias letradas, el año pasado fueron 57 los trabajadores que hicieron uso de la asistencia letrada que ofrece el Sescam, un 32,5 por ciento más que en 2023, “lo que refleja un mayor conocimiento y confianza por parte de los profesionales en el auxilio jurídico que les presta el Gobierno regional”.

Vamos a seguir apostando por la prevención, la protección, la concienciación ciudadana a través de campañas de información y con el recurso de la sanción económica

A este respecto, ha apuntado que entre el 15 de marzo de 2024 y el 15 de mayo de 2025 se han dictado por los jueces y tribunales de Castilla-La Mancha un total de 45 sentencias o resoluciones judiciales, de las cuales, el 64 por ciento han sido condenatorias, siendo nueve de ellas por atentado a la autoridad.

“En el SESCAM vamos a seguir haciendo esfuerzos desde todos los ámbitos, porque cualquier agresión es inaceptable y hasta que no lleguemos a agresiones cero no vamos a parar. Y vamos a seguir apostando por la prevención, la protección, la concienciación ciudadana a través de campañas de información y con el recurso de la sanción económica”, ha indicado Jara, quien ha insistido en la importancia de denunciar cada vez que se produzca una conducta agresiva.

Desde 1987, el Hospital Virgen del Valle funciona como un centro de referencia en la atención a pacientes de Geriatría en Castilla-La Mancha. Forma parte del Complejo Hospitalario de Toledo desde el año 1995. A pesar de toda la historia y arraigo que tiene el centro en el edificio actual -situado en un punto estratégico entre Toledo capital y otras localidades de los alrededores-, el Gobierno regional planea su traslado a las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo.

Así lo anunció Emiliano García-Page durante la apertura de la Mezquita de Tornerías en Toledo, cuando puntualizó que la intención era licitar el proyecto de traslado antes de verano de 2025. Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha confirman que este proceso no se ha iniciado. El traslado incluye también lo que resta de los servicios que se mantienen en el Hospital Provincial.

García-Page señalaba entonces que el edificio del Hospital del Valle tiene “pocos años de vida útil”, y que transferir los servicios será en “beneficio de los usuarios y los trabajadores”. 

“No saben lo cómodo, caro y difícil que es trasladar de un hospital a otro porque no hay quirófanos, o por realizar pruebas. Hay días en los que se han llegado a mover 100 ambulancias para prestar el servicio”, detallaba entonces. A pesar de todos los beneficios que señalaba García-Page entonces, el personal sanitario ha reunido, junto a pacientes y familiares, unas 2.880 firmas para mostrar su rechazo al traslado y que se han presentado ante las administraciones competentes.

El sindicato CSIF ha mostrado la “necesidad” de mantener el centro, al resaltar que es el “único” centro de referencia y especializado en tratamientos geriátricos de la región, junto al del Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete. Esto, señalan, es “fundamental” para la formación de personal que se especialice en estos tratamientos. Otros sindicatos como CCOO han declinado hacer declaraciones al respecto, al no conocerse de forma firme el traslado del servicio.

Desde CSIF resaltan que su “inserción” en el nuevo Hospital Universitario “iría en detrimento de la cada vez más numerosa población geriátrica del área sanitaria” de Toledo. “El Sescam vuelve a no tener en cuenta el interés de la cada vez más numerosa población geriátrica dependiente (que se beneficia más de cuidados específicos que de alta tecnología) con el proyectado cierre de un hospital geriátrico”, lamentan. 

Miguel Ángel González, médico en Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y sindicalista de CSIF explica que la organización se opone a este traslado porque el Hospital Universitario toledano está ya “colapsado” y que esto solo haría que dicha saturación aumente. 

Tampoco consideran que esta medida redundaría en beneficio de los pacientes, sino todo lo contrario. “Son pacientes que necesitan de estos centros”, explica González, no solo en relación a Geriatría, sino también a los servicios psiquiátricos que se ofertan en el Hospital Provincial.  En cuanto a la falta de vida útil de los edificios a la que alude García-Page, el profesional lo tiene claro: “Si no inviertes en las instalaciones, si no se mantienen, se estropean”. 

Los pacientes de Geriatría, explica González, no son “al uso”, sino que requieren de una atención especializada y un seguimiento también específico. Una atención que, resalta, no se ofrece en el Hospital Universitario. 

González insiste en que el Hospital está “colapsado” y que ese colapso se vive “todos los días”. “No hay camas de hospitalización suficientes, tenemos más de 40 pacientes pendientes de ingreso todos los días; las consultas y pruebas diagnósticas siguen por el mismo camino y no va a mejorar, por lo que vemos de falta de profesionales”, describe el profesional. 

El traslado de los servicios del Hospital del Valle supondría más de 100 camas, más los profesionales que atienden que son más de 700. “Imagínate el movimiento de personas que significará para estas infraestructuras. Y la demanda de pacientes geriátricos es cada vez mayor. Antes encontrar un paciente con 90 años era algo muy raro, pero ahora lo normal es tener pacientes de 100 años”, concluye el profesional.  

“Atendemos a una población de unas 300.000 personas, pero nos tratan como un hospital de tercera categoría”. Ese es el grito de auxilio generalizado entre los profesionales y los sindicatos que trabajan en el Hospital de Poniente de El Ejido en Almería. Vienen denunciando su situación que, si no muy distinta en algunos puntos, presenta algunas características particulares dentro del sistema público de salud de Andalucía que, precisamente contra su “desmantelamiento”, protagonizó una reciente manifestación en Sevilla con 20.000 asistentes. De acuerdo a los testimonios recogidos por este periódico, este centro hospitalario podría ser un buen ejemplo.

En el último año, el Hospital de Poniente ha pasado de ser un referente en cuanto a Medicina Tropical, que vela por el control y solución de enfermedades que tienen origen tropical o importadas y que no están en nuestro país, a no tener la unidad que se encargaba de ello por falta de plantilla. Es, según sus profesionales, uno de los ejemplos más claros para dibujar cuál es el panorama que atraviesa el hospital.

La situación en el de Poniente se agrava en muchos aspectos desde que dejó de ser agencia sanitaria el 1 de enero de 2022 para integrarse en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Era el principal de una agencia sanitaria que englobaba a los hospitales de Guadix y Loja en Granada y El Toyo en Almería. Desde su integración, “hemos perdido profesionales porque quienes planifican lo hacen desde Sevilla, perdiendo la noción de lo que aquí pasa”, denuncian los trabajadores.

Mientras la Junta de Andalucía, a través de Salud, se justifica argumentando que no han dejado de lado a este hospital, la realidad que viven los sanitarios desmiente el triunfalismo con el que el Ejecutivo regional trata de acallar las críticas.

De agencia a hospital público

Al ser agencia, la principal característica era que el personal estaba contratado laboralmente y no como personal estatutario o funcionario, como ocurre con el personal del SAS. De este modo, la agencia se organizaba según sus propios criterios y objetivos asistenciales, con financiación pública, pero gestión privada. Algo que cambió cuando en 2022 se integró en el propio SAS y entre ese año y 2024 se culminó la incorporación del personal al Servicio Andaluz de Salud, dejando ser plantilla laboral para ser estatutaria.

Un proceso en el que, según explican fuentes de personal, el hospital no ha podido retener a parte de sus trabajadores por estar en plena estabilización mientras se auditaba la plantilla y que, una vez culminado, está provocando la salida de sanitarios que consideran que no tienen las mejores condiciones salariales y laborales para aguantar la presión sanitaria de un centro que además se ha quedado pequeño.

Por ejemplo, faltan quirófanos, lamenta. Hay nueve en total, pero necesitaría 15 para atender a toda la población. Lo mismo con las camas, que actualmente hay 300, pero tendrían que ser alrededor de 500. Tampoco hay espacio para albergarlo todo, por lo que se necesitaría de una remodelación del hospital que nunca llega. Por eso, la situación de desasosiego y cansancio que sufren a diario los trabajadores ha llevado a los sindicatos a pedir a la Consejería de Salud que tome cartas en el asunto para no “desmantelar”, dicen ellos, aún más los servicios del centro. De hecho, el Sindicato Médico de Almería llegó a pedir la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para afear al SAS la reorganización que ha hecho desde que asumió la gerencia tras el final de las agencias sanitarias.

Otro de los datos que ilustra la presión asistencial es que las urgencias de Poniente son las que más pacientes atienden al año en Andalucía con más de 140.000 personas, según datos de la propia Consejería de Salud. Dicha presión asistencial hace que, demasiadas veces, se produzcan agresiones verbales y hasta físicas contra los trabajadores por parte de usuarios que quieren recibir una atención rápida, según vienen denunciando.

“Hay menos medios, menos personal y más sobrecarga de trabajo”, denuncia María Plaza, una enfermera que lleva dos décadas en el hospital. De hecho, señala que hay en algunas unidades hay “un 30% menos de enfermeras de las que debería haber”. La situación se agrava con la falta de especialistas y el cierre de unidades clave como la de Medicina Tropical, mientras la Junta de Andalucía insiste en que “la asistencia se garantiza con la máxima calidad” y que la plantilla “ha crecido un 21% desde 2020”.

Osorio Rodríguez, médico del Hospital de Poniente que lleva más de 20 años trabajando en el centro, es uno de los profesionales que más ha reivindicado mejoras en los últimos tiempos: “Se olvidan de que tenemos una población diana similar a la del hospital de referencia de Almería que es el Torrecárdenas y nos tratan como si fuésemos un centro menor”. Así, remarca, es imposible que haya profesionales que quieran aceptar los contratos que se ofrecen porque la presión asistencial que tiene el centro, unido a que la infraestructura se ha quedado pequeña para atender a tanta población, lleva a la extenuación a los sanitarios. “Atendemos a unos 300.000 ciudadanos, pero hay una parte de la población que no está censada porque esta zona tiene mucha migración sin papeles a la que también hay que darle recursos”, denuncia.

Falta de personal y cierre de unidades

Los datos internos reflejan una situación crítica. La Unidad de Medicina Tropical ha sido desactivada y se ha eliminado la jefatura de Medicina Preventiva, dos servicios esenciales en una zona que tiene una alta población migrante y de temporeros, algunos de ellos sin documentación en regla, pero que pueden acceder a la atención primaria y a las urgencias. Además, se han cerrado consultas especializadas y hay un déficit estructural de profesionales que afecta a la calidad asistencial. “Las urgencias están colapsadas todos los días y no hay suficiente personal para atender a los pacientes en condiciones dignas”, explica Osorio Rodríguez.

La situación de la plantilla es otro de los puntos conflictivos. Según apuntan los sindicatos, “se están perdiendo profesionales porque las condiciones laborales no son competitivas y los contratos son precarios”. Además, recuerdan que, en el último año, se han perdido más de 60 contratos eventuales que no se han renovado, ahogando aún más a la plantilla. Mientras la Junta argumenta que el paso de personal laboral a estatutario “mantiene las mismas condiciones y mejora la movilidad intercentros”, los sanitarios aseguran que esto ha generado inestabilidad y descontento en el hospital. “Los cambios han sido a peor: hay menos incentivos, más burocracia y no se están reponiendo todas las bajas”, insiste Plaza.

El déficit de médicos es otra de las grandes preocupaciones. “No se están cubriendo las plazas, las condiciones son poco atractivas y los que pueden se marchan a otras provincias o a la privada”, señala Rodríguez. La Junta reconoce que hay “un déficit general de médicos en el mercado laboral, especialmente en determinadas especialidades”, pero insiste en que “se ofertan contratos de larga duración para atraer profesionales”. Sin embargo, los datos apuntan a que la falta de personal sigue en aumento.

A esto se suma la reducción de la oferta asistencial: la eliminación de unidades, la sobrecarga en consultas y el aumento de listas de espera. “El hospital está perdiendo servicios esenciales y cada vez tenemos menos recursos para atender a la población”, advierte Plaza. Los profesionales temen que la tendencia continúe y que el hospital acabe derivando más pacientes a la sanidad privada. “Cuando un hospital empieza a perder tantos servicios, acaba siendo muy difícil que pueda remontar porque al final nadie quiere trabajar en él”, denuncia Osorio Rodríguez.

“Es un problema de gestión”

Desde la gerencia del hospital insisten en que “la presión asistencial crece de manera progresiva, en la línea del crecimiento de la población de la comarca”, y que se está invirtiendo en ampliar la formación de residentes para garantizar el relevo generacional. Pero los profesionales discrepan: “La población crece, pero los recursos no. No es que falten pacientes, es que falta gestión y voluntad política para reforzar la sanidad pública”, subraya Osorio Rodríguez. “La Junta busca favorecer la sanidad privada”.

De este modo, la incertidumbre sobre el futuro del Hospital de Poniente sigue aumentando entre los trabajadores y la población, al tiempo que planean movilizaciones que sirvan para visibilizar su hartazgo. “Nos están desmantelando poco a poco. Si no lo frenamos, esto será otro hospital público en caída libre”, advierte Plaza. Mientras, la Junta mantiene que “se están consolidando las plantillas” y que la asistencia sanitaria está garantizada. Pero la realidad que denuncian los sanitarios en el día a día del hospital cuenta una historia muy distinta.

La violencia de género es una lacra que se extiende a las mujeres de toda la sociedad, por lo que las personas con discapacidad no son una excepción. Se ha detectado que la prevalencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual es del 40% y la violencia más común en este colectivo es la física/sexual. En el caso de las mujeres con trastorno mental grave, la prevalencia se eleva a 3 de cada 4 y la violencia más común es la psicológica, además se suele ejercer en el núcleo familiar y/o de pareja.

Existe una clara relación ya que la violencia contra las mujeres es la primera causa de tener un problema de Salud Mental, según indica la Organización Mundial de la Salud. Es muy común que mujeres que acaban desencadenando un trastorno mental grave, hayan experimentado en algún momento de su vida, sobre todo de la infancia, algún tipo de trauma o abuso infantil (un 26%), lo que también se relaciona en la edad adulta a ser más susceptible de acabar repitiendo patrones de relaciones abusivas.

Cuando una mujer con trastorno mental grave entra en una relación de abuso, lo que puede ocurrir es que éste empeore los síntomas de trastorno y a la vez esos síntomas la hagan más vulnerable a la violencia psicológica, por lo que cada vez resulta más difícil romper esa dinámica y cortar la situación que se ha creado.

Además, las personas con trastorno mental grave, y en este caso, las mujeres, sufren normalmente un gran estigma que implica mayor vulnerabilidad social. Como consecuencia, suelen ser mujeres que sufren aislamiento, un hecho que las puede hacer más susceptibles a la manipulación y el control. De la misma manera, al tener menos recursos económicos, la relación de dependencia de sus parejas se vuelve aún mayor. Esto puede llevar a una mayor inseguridad emocional y una autoestima más baja, otro punto clave que puede llevar a convertirlas en víctimas de abuso y maltrato. 

La violencia de la que son objeto es física, sexual, psicológica y económica, incluyendo situaciones de abandono, aislamiento, denegación de cuidados, confinamiento, esterilizaciones forzosas o sobre medicalización, entre otras. 

Trastorno mental grave

Tal como lo define el Ministerio de Derechos Sociales, el término Trastorno Mental Grave (TMG) se refiere a alteraciones psiquiátricas de duración prolongada que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social. Las personas con este trastorno han de ser atendidas en diversos recursos asistenciales de la red de atención sanitaria y social.

Las personas que sufren TMG presentan características comunes como son: una mayor vulnerabilidad al estrés, déficit en las destrezas y capacidades y la manera de ponerlas en juego para manejarse autónomamente, dependencia elevada de otras personas y de servicios sanitarios y/o sociales, dificultad de acceder al mundo laboral, alteración conductual grave, entre otras.

Estos elementos definitorios del trastorno, muestran que las necesidades y problemas intrínsecos de la población con trastorno mental grave, son múltiples y complejos e incluyen tanto aspectos psiquiátricos o sanitarios como psicosociales.