Ana Isabel Fernández Samper ha cesado como directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía Empresas y Empleo, según el decreto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El cese se produjo tras el acuerdo de Consejo de Gobierno en su reunión de esta semana y el decreto se hace efectivo este mismo miércoles.

Pérez Samper ha estado vinculada a la gestión turística desde que fuera concejala en el Ayuntamiento de Toledo durante el mandato de Emiliano García-Page como alcalde de la capital de Castilla-La Mancha.

Aránzazu Pérez ocupará el puesto: llega desde Sigüenza

En paralelo, también se publica mediante un nuevo decreto, el nombramiento de Aránzazu Pérez Gil que ocupará el cargo desde ahora. Es diplomada en Turismo y licenciada en Antropología Social y Cultural. En la presente legislatura ha estado ocupando los cargos de concejala de Turismo, Desarrollo Sostenible, Comunicación y Agenda Urbana en el Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara) así como de diputada delegada de Turismo, Ferias y relaciones con medios de Comunicación en la Diputación provincial de Guadalajara, donde también ha sido la portavoz del equipo de gobierno.

Con amplia trayectoria profesional en el sector turístico, ha sido Gerente del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, ya ejecutado, y ha ejercido de manera profesional como consultora y formadora, especializada en turismo sostenible y Agenda 2030. También ha sido la fundadora de Sigüenza Tours, enfocada al turismo internacional y MICE.

Fuera del sector turístico tiene amplia experiencia en áreas de gestión y dirección de empresas de distinto ámbito, particularmente en el educativo. Ha vivido y trabajado en el extranjero (Irlanda, Reino Unido y China), habla seis idiomas y ha viajado por más de 45 países. También cuenta con un Máster en Dirección y Administración de Empresas y un Máster en Liderazgo y Habilidades directivas.

Esta semana ha concluido el periodo de consulta pública previa al proyecto de Decreto de Intermediación Turística, Viajes Combinados y Viajes Vinculados en Castilla-La Mancha. Un texto vinculado a la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras aprobada recientemente por unanimidad en las Cortes regionales en marzo de 2019.

Sus objetivos pasan por “ampliar el espectro de los intermediarios turísticos y dar mayores garantías a consumidores y usuarios”, explica la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper.

Podría entrar en vigor en unos seis meses para “responder a los cambios en las reglas del juego en cuanto a la intermediación turística”. Por un lado, porque “las garantías exigidas en España eran bajas” y desde Europa se pidió un cambio “a raíz de importantes quiebras en agencias de viajes que dejaron sin cubrir indemnizaciones a muchos consumidores”.

Por otro lado, explica, se trata de dar respuesta a la irrupción de “otras figuras jurídicas o situaciones que se están produciendo de facto”. Fernández Samper pone como ejemplo el hecho de que “hoy en día los hoteles vendan servicios sueltos que, hasta ahora, eran solo competencia de las agencias de viajes. La realidad es que hay otros agentes que quieren hacerlo y todo eso lo incluiremos en el nuevo decreto”.

Afrontar situaciones de “insolvencia” con garantías mínimas

De entrada, la norma para la que ahora se deberá redactar un borrador, buscará establecer una garantía mínima de 100.000 euros y del 5 por cierto de la facturación de la agencia de viajes en lo que se refiere a los viajes combinados. Eso permitiría “afrontar las situaciones de insolvencia” de cara a cubrir gastos de los depósitos de los clientes o acciones de repatriación en caso de viajes al extranjero.

Y por otro lado se persigue incrementar la protección de los derechos de los consumidores mediante la eliminación de la exigencia de resolución judicial o de laudo de Junta Arbitral de Consumo para la ejecución de la misma.

La normativa incidirá en la “exclusividad de la actividad de comercialización de viajes combinados para las agencias de viajes” y potenciarán las actividades online de las agencias de viajes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha dice ser “consciente” de que las formas de mediación turística en los últimos años han evolucionado cada vez más hacia el entorno digital, ya sea a través de internet en el ordenador o en dispositivos móviles.

Con la futura norma también se pretende garantizar una mayor competencia entre las agencias de viajes, la creación de productos y servicios innovadores, el desarrollo de mayores servicios de turismo receptivo, un incremento de la calidad y un aumento del número de empleos en este subsector en Castilla-La Mancha.

Sigue la polémica en torno al nuevo decreto de guías turísticos que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere sacar adelante, previsiblemente en el Consejo de Gobierno que se celebrará en dos semanas.

Si este miércoles la patronal castellanomanchega se posicionó en contra de la normativa apoyando así la postura de FEDETO, su delegación en Toledo, y la de los colectivos de guías APIT y Alficen, este jueves es CEAT, la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha la que pide a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que frene la tramitación de la normativa para seguir negociando. 

El decreto lleva en el aire desde que comenzase la elaboración del borrador en el año 2018 y la comunidad autónoma lleva doce años sin realizar exámenes que permitan habilitación profesional para este colectivo.

En Castilla-La Mancha hay 400 guías de turismo, según los datos facilitados por la propia Consejería del ramo. CEAT cuenta entre sus afiliados con 253 guías autónomos que ejercen en la región.

Este colectivo de autónomos cree “que la profesión de guía debe dignificarse” y que el decreto debe recoger sus consideraciones. Para ello insta al Gobierno regional “a recuperar el diálogo en un tema tan importante y que afecta a los autónomos y a sus empleados”.

El argumento que maneja CEAT es idéntico al de la patronal castellanomanchega y al los de dos colectivos de guías de Toledo: “la calidad en el turismo debe ser la seña de identidad de un decreto regulador del turismo, que evite la competencia desleal, el intrusismo y la turismofobia”. Unas peticiones que la propia directora general de Turismo, Ana Fernández Samper, sostiene que ya se cumplen.

Para CEAT, el de guías de turismo es un sector de empresarios autónomos “que merece ser escuchado, sobre todo cuando se comprueba que el resto de comunidades autónomas están estudiando volver a regular en la forma que piden los guías de Castilla-La Mancha”. De hecho, aseguran, “en varias regiones ya se ha reestablecido el sistema de pruebas de aptitud y ahora se tiende a no regalar las habilitaciones”. 

CEAT solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha que “retome el diálogo” y se posiciona con CECAM al afirmar que en la reunión del día 21 de febrero, a la que su presidente Ángel López Vallejo también estaba convocado, tuvo que suspenderse al conocerse la incomparecencia de la consejera, Patricia Franco, a quien el presidente de CECAM había solicitado esa reunión.

CEAT dice lamentar las declaraciones del Gobierno regional realizadas a eldiarioclm.es en el sentido de que el Decreto se publicará en dos semanas sin que exista más diálogo con el sector, espera que esta reunión pueda retomarse y que el diálogo sobre el decreto “no se cierre unilateralmente, por los graves perjuicios que la regulación que el Gobierno regional plantea podría acarrear a la profesión de guías de turismo de la región”.

El Consejo de Gobierno aprobará, previsiblemente dentro de dos semanas, el Decreto regulador de las Profesiones Turísticas y del Inicio de Actividad de las Empresas de Información Turística en Castilla-La Mancha, según ha confirmado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, en una entrevista con eldiarioclm.es

El texto ya cuenta con el visto bueno del Gabinete Jurídico del Gobierno regional y se espera el inminente dictamen favorable del Consejo Consultivo Castilla-La Mancha.

El decreto entrará así en vigor después de dos años de duras negociaciones con el sector y sin que el texto guste a la totalidad del colectivo, en concreto en Toledo. El escollo para algunas asociaciones de guías de turismo está en el sistema de habilitación para ejercer que se pondrá en marcha Castilla-La Mancha y que es prerrogativa de cada región.

Esta habilitación requerirá de un examen que se convocará cada dos años y no disponer de ella será considerado como “intrusismo” profesional, según reza el decreto, que ya va desde que en 2018 iniciase su andadura por el borrador número seis.

Pero además de esta vía, la normativa incluye una disposición transitoria única destinada a aquellos guías de turismo habilitados por otras comunidades autónomas que hayan prestado sus servicios en Castilla-La Mancha.

Estos profesionales no tendrán que examinarse, sino que deberán acreditar mediante un certificado de vida laboral haber prestado este tipo de servicios, de forma ininterrumpida, en los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del decreto o en tres años de forma ininterrumpida en los últimos diez. Deberá acreditarse, además, uno de los idiomas que tengan en su habilitación expedida por otras comunidades autónomas.

Ana Isabel Fernández Samper explica que los primeros exámenes que Castilla-La Mancha llevará a cabo desde 2008 (el último año que se celebraron) tendrán lugar dentro de seis meses. Lo dice la propia normativa.

Discrepancias entre los guías de turismo

La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha (APIT) y la Asociación de Guías Toledanos (Alficen) critican el último y definitivo borrador del decreto de guías turísticos y sostienen que las habilitaciones “no se regalan”. 

La presidenta de APIT Castilla-La Mancha, Sonia Gómez, cree que “se deberían convocar pruebas de conocimientos mínimos, que consigan que todos, entre los que nos incluimos, con igualdad de condiciones, podamos superarlas y poder obtener la habilitación, y así ir a favor de la calidad, la defensa del patrimonio y a favor del consumidor”.

También ha lamentado que no haya habido exámenes en Castilla-La Mancha desde hace 12 años “debido a una dejación de funciones por parte de la Dirección General de Turismo y ante una insistencia reiterada”, según recoge Europa Press.

En su opinión, desde la aprobación de la Ley de Libre Mercado a nivel europeo el sector sufre “un vacío legal”. “Sin exámenes tuvimos que habilitarnos por otras comunidades autónomas, algunas con exámenes y otras de forma directas. Ahora no se conoce el dato concreto de guías que ejercen la profesión en la región, por ello tampoco se puede valorar la calidad y la profesionalidad de los guías”, ha señalado.

“Entendemos que muchos compañeros con estas pruebas pueden salir perjudicados o puedan tener miedo a perder el trabajo, por ello queremos plantear a la Junta la opción de tener un periodo transitorio de tres o cuatros años para poder hacer el examen y mientras trabajar con las habilitaciones de otras comunidades”, ha destacado la presidenta de APIT. No se trata, añade de “dejar a nadie fuera”, pero sí de pueda demostrar los conocimientos básicos que se precisan.

La presidenta de APIT ha remarcado que en un escenario donde se ha acusado a estas dos asociaciones de ejercer presiones y de querer dejar fuera “a mucha gente”, lo que pretenden es que este trabajo en busca de regulación en el sector consiga proteger la profesión.

Por su parte, la presidenta de Alficen, Ana Belen Ruiz, cree que “la Junta se está confundiendo, pues parece que en este sector todo vale y este decreto podría estar vigente durante muchos años”. También ha indicado que es necesario mirar al futuro para evitar que se puedan producir monopolios que den a los guías malas condiciones. “No siempre el camino más fácil es el correcto”, ha indicado.

CECAM apoya a FEDETO: el decreto no garantiza la calidad

Junto a estas dos asociaciones se ha pronunciado el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga. El colectivo empresarial ha advertido que recurrirá el decreto si llega a aprobarse al estar en desacuerdo “en lo importante”. Madruga ha señalado que el problema principal parte de la falta de regulación y ha recordado que se solicitó en una carta conjunta una reunión con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, desde el pasado mes de junio. Un encuentro que, ha dicho, no se ha llegado a producir.

Además, Madruga ha indicado que para mostrar la oposición de los grupos y asociaciones que se ven afectados, se presentó un escrito de cerca de 90 páginas para poder acercar posturas, “del que no hemos recibido respuesta desde la Junta”. 

Su postura ha sido apoyada en las últimas hora por la Confederación de Empresarios de Castilla-la Mancha (CECAM). El decreto dice la patronal regional “no va a apostar por la calidad turística de los guías de Castilla-La Mancha”. 

Estas posturas discrepan de las de otras asociaciones profesionales en Toledo. La Plataforma Abierta de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha ha felicitado al Gobierno Regional por “la valentía y el acierto” que están demostrando a la hora de legislar “de acuerdo con los intereses de una mayoría” y no siguiendo los dictados de la asociación de guías integrada en CEFAPIT (la asociación nacional de la que forma parte APIT) cuyo único objetivo “no es la calidad del turismo, sino seguir manteniendo en sus manos el poder sobre su coto privado de caza”.

Unas duras declaraciones en las que sostienen que la norma permitirá “garantizar los puestos de trabajo de decenas de guías oficiales de Toledo cuyos carnets han sido obtenidos en otras comunidades autónomas” ante la “dejación administrativa tras más de diez años sin convocar un examen de guías que ha abocado a los profesionales castellano-manchegos a buscar dicha habilitación en otras regiones, además de equiparar nuestra legislación a la directiva europea y a la línea que han seguido otros gobiernos regionales”.

“No hay que olvidar que estos guías disponen de los títulos oficiales e idiomas necesarios para ser guías oficiales en toda la Unión Europea y así ha sido reconocido por otras comunidades autónomas, algo que quieren tirar por tierra desde FEDETO poniendo en peligro decenas de trabajos consolidados y dudando sobre la calidad de un servicio que se está demostrando no sólo que es de calidad, sino que es de los mejores de toda España, dados los comentarios recibidos por parte de los propios turistas en las redes sociales especializadas en turismo y viajes”.

La Plataforma Abierta de Guías llama, además, la atención sobre “la ilegalidad” que supone que la Federación de Empresarios de Toledo, FEDETO, sólo admita a una asociación por sector, cuando, dicen, “lo lógico es que en la federación estén representados todos los intereses y no solo los de una asociación que, además, en este caso, coincide que es la asociación que apuesta por el inmovilismo del sector, la falta de conciliación con la vida vecinal en el Casco Histórico y aquellos que están menos implicados con el desarrollo social y cultural de la ciudad”.

La plataforma hace un llamamiento a todos los guías con carné de otras comunidades autónomas integrados en CEFAPIT - que preside la toledana Almudena Cencerrado- para que exijan a sus dirigentes “que dejen de acusarles de escasa profesionalidad por no tener un carné de Castilla-La Mancha, que nunca hasta ahora han podido obtener”. También reclaman que “en sus asambleas, si se lo permiten, se opongan a las intenciones de su presidenta nacional de obligarles a realizar un futuro examen de unos conocimientos que a diario ya están narrando por las calles y monumentos de la región, poseyendo títulos y carnés totalmente legales y por no ofrecer suficiente calidad según sus propias declaraciones”.

En su opinión, “estas nuevas amenazas de la asociación de guías integrados en CEFAPIT y FEDETO lo único que pretenden es retrasar aún más la aprobación de un decreto suficientemente consensuado y aprobado por todos los sectores, que cuenta con aprobación casi unánime, y conseguir así, que sigamos unos meses o años más, sin la posibilidad de obtener habilitación en nuestra propia comunidad, reduciendo de esta manera la competencia de calidad que tanto teme el rancio sector inmovilista del turismo castellanomanchego representado por CEFAPIT”.

También la Asociación ‘El Greco y Toledo’ de guías de turismo ha mostrado su apoyo al borrador definitivo de decreto regulador de la actividad de estos profesionales. En opinión de este colectivo “el futuro decreto otorga seguridad jurídica al sector, fomenta el empleo y se adecua al marco normativo europeo y nacional”.

Por este motivo muestran su “satisfacción” con la norma que esperan que vea la luz “muy pronto” porque es “un decreto muy esperado, ya que son muchos los guías turísticos que han tenido que irse a otras comunidades autónomas para obtener sus habilitaciones oficiales”.

Además, lamentan que “una parte del sector” no comparta el contenido del decreto. “La no publicación del decreto en los términos anunciados supondría perpetuar el monopolio existente en el sector desde hace décadas, lo que perjudicaría directa y enormemente al consumidor”.

La Asociación de Guías Oficiales el Greco y Toledo dice abogar “por la defensa del consumidor y la formación continuada como forma de adecuarse a un mercado de servicios tan exigente como el actual, especialmente motivado por la facilidad de acceso del usuario a las redes”.

El decreto es “impecable” en lo jurídico, asegura Fernández Samper

La directora general de Turismo recuerda que las comunidades autónomas “están obligadas a trasponer las directivas europeas que ya piden reconocer habilitaciones de otras comunidades autónomas. Es más, todas las que han legislado ya lo han hecho. Si Castilla-La Mancha no lo hace, sería la primera y la única en cerrar la puerta”. Se trata dice de “principios constitucionales” tales como la reciprocidad y la lealtad institucional.  

Cree que el recurso anunciado por Fedeto no tendrá recorrido jurídico. “El decreto es impecable. Podrán no estar de acuerdo, pero es impecable”, aunque se hubiese optado por otra forma de habilitación, incluida la liberalización total.

 “Nos hemos sentado ya muchas veces, hasta 23. La audiencia pública ha sido amplia con muchos colectivos”, responde a las críticas de Fedeto y de otros colectivos de guías de turismo que, detalla, “no se presentaron” a una reunión a la que fueron convocados el pasado viernes. En este aspecto, CECAM lo justificaba porque “minutos antes de la reunión, se tuvo conocimiento de que la consejera no tenía previsto comparecer a la misma, lo que imposibilitó que dicha reunión tuviera lugar”.

“Hemos intentado llegar a una posición que fuera lo más aproximada posible a todas las sensibilidades y circunstancias del sector”. Algo que, reconoce, “ha venido provocado por la falta de exámenes en la región durante muchos años”, concluye Fernández Samper.

Hace un par de semanas estaba previsto que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha diera el visto bueno al esperado decreto mediante el cual se regulariza la profesión de guía turístico en esta comunidad autónoma. Se trata de una medida muy esperada en la profesión, pero las peculiaridades de la región en este sentido, con diferentes tipos de cultura turística en según qué zonas, también han convertido a la normativa en un texto ampliamente debatido. Solo en su consulta previa y posterior periodo de alegaciones recibió más de un centenar de propuestas. Es “complicado”, admite el Gobierno regional, aunar todas, pero en aras de ese consenso ha decidido retrasar su aprobación.

Según explica la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, desde que se conoció el primer borrador a mediados del año pasado, se han introducido una serie de “cambios sustanciales” que después han sido abordados en el Consejo Regional de Turismo, el órgano encargado de asesorar sobre las disposiciones y medidas en este sector.

¿Cuáles han sido esas modificaciones? En primer lugar, se ha rebajado de dos idiomas a uno, en nivel B2, la exigencia para la habilitación de aquellas personas que quieran ser guía turístico sin poseer el Grado universitario (que con la nueva norma otorgará habilitación directa), es decir, para aquellos que acceden a la licencia mediante un examen a través de otras titulaciones. Se trata de una petición que, entre otros, han realizado tanto la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) como el IES Universidad Laboral de Toledo, donde actualmente se imparte FP de Grado Superior de Turismo.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha decidido aceptar muchas de las propuestas de los colectivos profesionales y finalmente la habilitación para ser guía turístico será solamente válida en Castilla-La Mancha, y no en todo el territorio nacional como inicialmente estaba previsto. Este último cambio responde a un complicado proceso jurídico al que apeló la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha. Pidió que se revisara el texto a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo regional ha accedido.

“El procedimiento no podía terminar”

Fernández Samper explica que, introducidos estos cambios, ahora las asociaciones y colectivos implicados quieren volver a estudiar el decreto y por eso han decidido esperar. “Este gobierno siempre está atento al diálogo, siempre escucha a las partes afectadas. Por lo tanto, hemos decidido que el procedimiento no podía terminar, porque queremos que el decreto salga cuando esté listo y consensuado”, destaca.

Otro de los cambios ha sido mantener la figura de los “informadores turísticos locales”. En el primer borrador se planteaba la posibilidad de regularizar este sector, que abarca a más de 300 profesionales en Castilla-La Mancha, y que accedieran a las licencias ‘oficiales’ conforme al nuevo decreto. Pero la contestación por parte de muchos ayuntamientos de pequeña población ha sido muy amplia. Esta figura está muy asentada en estos núcleos poblacionales, “funciona muy bien” y se puede “mantener como tal”.

Finalmente, Fernández Samper también ha aprovechado para aclarar que en ninguna parte del decreto, “ni del futuro, ni del vigente, ni del anterior”, se permite a los guías turísticos alcanzar acuerdos con determinados comercios. “Siempre ha estado prohibido, es una práctica contraria al código ético de la profesión, y así seguirá”, ha afirmado en relación a las quejas realizadas por estos profesionales sobre todo en ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo y Cuenca. Concluye la directora general de Turismo que, por tanto, “no hay ninguna polémica” y que en el Ejecutivo están “encantados” con el proceso de diálogo que se está llevando a cabo.

Pero hay un “escollo” que destacan por su parte desde la Confederación Nacional de Guías de Turismo de España (Cefapit), perteneciente a la Federación Europea y a la Organización Mundial de Guías. Su presidenta, la toledana Almudena Cencerrado es también miembro de la asociación castellano-manchega, donde tienen representación las empresas agrupadas en la patronal regional (CECAM) y toledana (FEDETO). Cencerrado explica que su petición más importante ha sido siempre exigir una prueba de conocimientos específicos de la zona o municipio donde se va a ejercer la profesión.

Pruebas específicas por zonas

“Lo lógico para ser un guía oficial es que tenga que pasar pruebas específicas, como lo recogen otros decretos autonómicos como los de Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana o Murcia, y este decreto castellano-manchego no lo incluye. Habilita al guía con determinados estudios y un idioma, que está bien, pero no es suficiente para garantizar la calidad del servicio, sobre todo en sitios como Cuenca o Toledo”.

La presidenta de Cefapit celebra los cambios en cuanto a la reducción de dos idiomas a uno y a la habilitación únicamente regional, pero insiste en que es “insuficiente”. Es “imprescindible” tener más conocimientos específicos por zonas para “no encontrarnos una situación de precariedad laboral, donde muchas empresas están contratando guías a bajo precio y/o como falsos autónomos, con carencias tanto en conocimientos como en la forma de expresarlos”. Dice haber trasladado ya esta propuesta a la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha y añade que es “uno de los puntos por los que el decreto está paralizado”. “Es indudable que debe hacerse con el consenso del sector. Y nuestro deber es defender y proteger la profesión”.

Tampoco gusta en la Confederación Estatal ni en la Asociación Regional que no se regule finalmente la situación de los informadores turísticos locales. “A veces no están debidamente preparados y surgen conflictos con guías oficiales en determinados municipios. Entendemos que habiendo una demanda tiene que haber una oferta, por lo que abogamos por trabajar conjuntamente para encontrar soluciones que garanticen la calidad y la defensa tanto de la profesión como del consumidor, menoscabadas en muchas ocasiones”.

El decreto mediante el que se regulará la profesión de guía turístico en Castilla-La Mancha es una normativa muy esperada después de que en 2011 se traspusiera la directiva europea y el Gobierno español aprobara la conocida como Ley Ómnibus: permitía que todas las habilitaciones profesionales en este sector expedidas por cada comunidad fueran válidas en todo el territorio nacional. La situación se complicó cuando en comunidades como Canarias se eliminaron trabas para los graduados en Turismo que siguen existiendo en otras autonomías. O lo que es lo mismo, un guía podía trabajar en Castilla-La Mancha con un carné de Canarias. Ahora el Gobierno castellano-manchego quiere “proteger” a sus profesionales con la habilitación directa para graduados en Turismo, y además regula una vía de acceso alternativa para otras licenciaturas.

Ya ha salido a información pública el proyecto de decreto mediante el que se regulará la profesión de guía turístico en Castilla-La Mancha. Se trata de una normativa muy demandada en la región después de que en 2011 se traspusiera la directiva europea y el Gobierno español aprobara la conocida como Ley Ómnibus: permitía que todas las habilitaciones profesionales en este sector expedidas por cada comunidad fueran válidas en todo el territorio nacional. La situación se complicó cuando en comunidades como Canarias se eliminaron trabas para los graduados en Turismo que siguen existiendo en otras autonomías. O lo que es lo mismo, un guía podía trabajar en Castilla-La Mancha con un carné de Canarias. Ahora el Gobierno castellano-manchego quiere “flexibilizar” el sector mediante la habilitación directa para los graduados en Turismo y además regula una vía de acceso alternativa para otras licenciaturas.

Actualmente la profesión de guía turístico en Castilla-La Mancha se regula por un decreto del año 2006 que prevé que para ejercer esta profesión es obligatorio realizar servicios de información, de acompañamiento o de asesoramiento en los bienes declarados de Interés Cultural (BIC) de toda la región o en los cascos históricos de las ciudades patrimonio: Toledo y Cuenca. Con esta normativa en vigor, un guía castellano-manchego que quisiera, por ejemplo, ejercer en Madrid, debía realizar los exámenes correspondientes a esa comunidad.

Los problemas comenzaron a partir de 2011, cuando se traspuso la Directiva Europea de organización de estos servicios y como respuesta el Gobierno español aprobó la Ley Ómnibus, que dio la vuelta a todo el sector: introdujo que todas las habilitaciones profesionales expedidas por una administración autonómica eran válidas para todo el territorio nacional. A partir de ese momento, un guía castellano-manchego que tuviera su Grado de Turismo y realizara los exámenes de acceso en una región determinada, tenía habilitación para trabajar en toda España, ya no había limitación territorial. De igual forma, los guías de Madrid o de Andalucía podían trabajar en Castilla-La Mancha. Fue una liberalización total del sector.

Pero ese mismo año, el Gobierno de Canarias rompió la baraja: aprobó un decreto en el que establecía una “habilitación directa” y eliminaba los exámenes. De esta forma, quien tenga la titulación de Turismo ya dispone de la cualificación suficiente para ser guía, sin ningún tipo de examen. El Ejecutivo canario regresó con ello a la vía directa de los años 90, cuando las comunidades autónomas se regían por la normativa del Estado, antes de las transferencias autonómicas.

La 'rebelión' del sector

La iniciativa de Canarias hizo que mucha gente acudiera allí a sacarse el carné de guía turístico y, en base a la Ley Omnibus, comenzaron a ejercer en Castilla-La Mancha una gran cantidad de profesionales con el carné canario. Legalmente era correcto, aunque se produjo una contestación sobre todo desde el sector de los guías toledanos. Además, con ello se abrió la veda y comenzaron a promulgarse decretos similares en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Comunidad Valenciana, siguiendo el modelo de “habilitación directa” de Canarias.

La realidad hoy en día es que todas estas comunidades han optado por una doble vía de acceso para ser guía turístico: una habilitación directa con una serie licenciaturas y otra indirecta por exámenes para quien no tenga esa titulación de turismo, pero sí licenciatura en otras carreras, acreditando o bien unas unidades competencia, o bien los exámenes que convoque la Administración.

Según explica la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, esta comunidad no ha sido ajena a lo que sucedido en otras regiones: “Si ponemos exámenes para los licenciados en Turismo, la gente buscará la vía fácil y trabajará aquí con un carné de Andalucía, de Canarias o de Aragón. Corríamos el riesgo de poner más trabas a los guías turísticos”

Por eso finalmente ha optado por la vía del doble acceso. ¿Qué significa? En primer lugar, a los graduados en Turismo y a los titulados superiores de Formación Superior en esta disciplina, se les dará la habilitación directa como guía. En segundo lugar, para el resto de licenciaturas, o bien se realizarán los exámenes de acceso, o se deberán acreditar tres tipos de competencias: conocimiento del patrimonio, acompañamiento turístico en bienes de patrimonio y dos idiomas como mínimo con nivel B2. Ocurre que licenciaturas como Historia, Historia del arte, Humanidades o Bellas Artes ya incorporan dos de estas competencias. En estos casos, solo haría falta acreditar los dos idiomas. Pero por ejemplo, un licenciado en Periodismo tendría que acceder a la habilitación, o bien con el examen de acceso, o bien acreditando estas tres competencias mediante cursos o un máster.

En realidad, explica la directora general, con este nuevo decreto se eliminarán las trabas para los graduados en Turismo y al mismo tiempo, se establecen requisitos “adecuados” para quienes no lo son. “El buen guía siempre se tiene que estar formando. Es una profesión que requiere de mucho estudio y formación. De hecho, creo que requiere tanta especialización que al final el mal guía no trabaja”, subraya.

La principal prioridad, destaca, es buscar la equiparación de Castilla-La Mancha con otras comunidades autónomas y “dar los mismos derechos y oportunidades a nuestros licenciados en Turismo” porque “nos parecería injusto y absurdo que para empezar a trabajar no les demos esa facilidad”. “Lo hemos flexibilizado porque otros ya lo han hecho, pero tampoco queríamos que con ello fuera fácil para quienes no tienen esa formación. Estamos generando oportunidades de desarrollo profesional a los titulados, para que así puedan incorporarse a un mercado laboral creciente”.

Actualmente, un alto porcentaje de los guías turísticos castellano-manchegos ejercen en Toledo, muchos más que en Cuenca. Con el nuevo decreto, consideran desde el Gobierno regional, también se abre la puerta a que los graduados que vivan en otros sitios ya no tengan que hacer exámenes y puedan ejercer allí su profesión, “generando la actividad económica en toda la región”.

El proyecto de decreto cuenta con 20 días hábiles para la presentación de alegaciones. Ana Isabel Fernández Samper prevé que habrá muchas de ellas puesto que ya en la consulta previa, antes de redactar el primer borrador, hubo multitud de propuestas, al tratarse de un sector muy numeroso y en constante crecimiento.

Castilla-La Mancha ya cuenta con su primera regulación de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto en el que el Ejecutivo ha trabajado durante dos años y que responde al crecimiento exponencial del alquiler residencial de la segunda modalidad, coincidiendo con la derogación en 2010 de toda la normativa estatal. Los detalles de esta nueva iniciativa, que ya adelantó eldiarioclm.es, los ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto a la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, destacando que se trata de un decreto “muy esperado”.

En primer lugar, ha precisado las diferencias entre los apartamentos, que son establecimientos turísticos, y las viviendas, inmuebles residenciales que se alquilan con uso turístico, conocidos como VUT. Ha recordado que en el primer caso se regularán por categorías (llaves) y contarán con dos años de plazo para su registro, mientras que en la segunda modalidad se establecen requisitos mínimos de habitabilidad y contarán con un año de moratoria. En esta última forma, ha explicado que el Ejecutivo castellano-manchego está pendiente del pronunciamiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por haber “excedido” algunas comunidades autónomas su capacidad regulatoria.

A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), todas ellas podrán inscribirse en el registro de empresas turísticas con un epígrafe concreto. Precisamente, sobre las viviendas de uso turístico, la consejera ha señalado que es difícil cuantificarlas por la falta de regulación hasta ahora, pero que “buceando” en las páginas comercializadoras, el Ejecutivo las ha cuantificado en unas 2.000, con una oferta de hasta 15.000 plazas. Confía en que alrededor de 1.200 o 1.500 de estos pisos se registren en un año y el resto hasta 2020. 

Lucha contra el “intrusismo” y por la unidad de mercado

El decreto, ha dicho, también es una forma de “luchar contra el instrusismo” ante la ausencia de normativa, permitiendo que “aflore una actividad económica y garantizando la prestación de los servicios con unos mínimos de calidad”. Con ello también se protegerá los derechos de usuarios y propietarios, teniendo como base la la libertad empresarial y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.  

Otras novedades que ha detallado la consejera de Economía es que los apartamentos turísticos deberán tributar el 10% de IVA, mientras que las VUT estarán exentas de este impuesto y sus propietarios solo deben declararlas como rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF. La excepción en este último caso es que los propietarios de las viviendas turísticas tengan personas contratadas a jornada completa o que el propietario preste también algún servicio adicional como limpieza o restaurante. En ese caso, tributarían el IVA al igual que los apartamentos.

Las sanciones en caso de incumplimiento de este nuevo decreto serían las establecidas en la Ley castellano-manchega de Ordenación del Turismo. Por ejemplo, se consideraría como infracción muy grave  no presentar la exigida declaración de inicio de actividad o no registrar la vivienda turística, con multas de entre 6.000 y 60.000 euros o la suspensión del ejercicio de la empresa turística en cuestión. 

En cuanto a los posibles problemas de convivencia, ha recordado que el decreto no exige una autorización expresa de los vecinos de un edificio con VUT, pero sí pide que los estatutos de las comunidades de propietarios no contengan esa prohibición. De hecho, sobre los casos especiales del alquiler de viviendas residenciales en Toledo y Cuenca, y las posibles competencias de los ayuntamientos, ha referido que las administraciones locales pueden regular en materia de urbanismo con el amparo legal del decreto, “para casos concretos y muy atentos a cómo evoluciona el sector”. De las 2.000 viviendas localizadas, Patricia Franco ha precisado que la mayoría pertenecen sobre todo a Toledo, a Cuenca, al resto de capitales de provincia, pero también a municipios con gran atractivo turístico como Sigüenza y Almagro. 

“Este es un fenómeno en auge, ahora estamos regulando las bases necesarias, es un punto de inicio y a lo mejor dentro un tiempo sería posible una modificación de esta iniciativa y convenios con las comercializadoras. Lo que no podíamos hacer ahora era dejar esta situación sin normativa, cuando apenas supone un coste. Es un punto de partida, un marco regulatorio que irá evolucionando en aras de la estabilidad y del turismo sostenible, como agente dinamizador fundamental” ha concluido.

Han pasado dos años desde que comenzó la redacción del decreto por el que se regularán los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico (conocidas como VUT) en Castilla-La Mancha, que finalmente recibirá luz verde del Consejo de Gobierno esta semana. En eldiarioclm.es, ya adelantamos los requisitos que se exigirían a los apartamentos y en esta ocasión nos hemos centrado en la figura de las viviendas turísticas. Esta última es una modalidad diferente, de carácter residencial, aupada por sistemas colaborativos como Airbnb y de gran importancia para ciudades como Toledo y Cuenca. En general, el inminente decreto regional pone fin al problema de legalidad que existía desde 2011 cuando se derogó la normativa estatal. Es la primera vez que Castilla-La Mancha regula esta materia ante el aumento exponencial de las viviendas alquiladas para turistas, que se han regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En su momento, cuando en la región no existía esta modalidad de alquiler, se aplicaba la normativa estatal con carácter subsidiario, si bien no se habían dado problemas al existir tan solo la modalidad de apartamentos turísticos y no las VUT. Ahora, la urgencia para aprobar este decreto no ha venido solo determinada por el crecimiento de la segunda fórmula, el alquiler de viviendas residenciales, sino por la necesidad de regular un sector que ha crecido coincidiendo con la derogación de la normativa estatal: el de los particulares que han puesto sus viviendas a disposición del mercado de alquiler turístico.

Mediante el nuevo decreto se establecen unos requisitos mínimos para establecer qué es una vivienda de uso turístico y que obligará también a su registro para conocer qué pisos se están utilizando para esa finalidad. Según la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, con ello se conocerán nuevos datos de pernoctaciones, “más reales de los que tenemos ahora” porque se han configurado a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyendo solamente, por un lado, alojamientos hoteleros, y por otro, cifras extrahoteleras sobre campings, casas rurales y apartamentos turísticos.

Los propietarios de las VUT deberán ahora inscribirse en un registro y darse de alta como empresarios turísticos, es decir, declarar el uso de esa vivienda. Recuerda el Gobierno castellano-manchega que se trata de un sector que ya cuenta con asociaciones de empresas y colectivos debido a su proliferación, quienes además han participado en la elaboración del decreto.

¿Por qué solamente unos requisitos mínimos para esas viviendas de uso turístico? La directora general explica que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado permite ordenar el sector como actividad económica para darle seguridad jurídica, pero no restringirlo ni intervenirlo con medidas prohibitivas. De hecho, esta modalidad no requerirá de las categorías por llaves (como las estrellas de un hotel) que sí se exigirán a los apartamentos turísticos. En el decreto simplemente se requiere que reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad y que dispongan de garantías de confort, como en casas rurales y hoteles. Eso sí, los vecinos podrán saber si hay una VUT en su edificio porque se obligará a poner una placa identificativa.

El papel de las comunidades de vecinos

Más allá de esta medida, un dato importante es el papel de las comunidades de vecinos. En el decreto no se requiere que haya una autorización expresa, pero sí exige que en sus estatutos vecinales no exista una prohibición al alquiler turístico.

Precisamente, una de las alegaciones presentadas cuando la iniciativa salió a información pública incidía en que las VUT puedan afectar a la vida comunitaria. La Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios puso el acento en que esta modalidad se aleja como actividad del alquiler tradicional de carácter residencial, y que cuando se superan determinadas proporciones respecto a las viviendas en zonas urbanas “se producen efectos negativos en el entramado socio-vecinal, y se disuelve el carácter residencial de los barrios”.

Argumentaba este colectivo que en el texto no se han planteado los “problemas de convivencia” que se pueden generar entre los vecinos de los municipios de residencia habitual y los establecimientos con la actividad turística. Son efectos negativos, añaden, que pueden darse en los procesos de despoblación de los cascos históricos de ciudades como Cuenca o Toledo. Para evitarlo proponían incluir un número máximo de viviendas turísticas por zonas, por barrios y por edificios para garantizar la naturaleza residencial.

En su respuesta a esta propuesta, el Gobierno recuerda que el decreto no establece medidas en materia de planificación urbanística, ya que que corresponde a los ayuntamientos. Recuerda además la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2017 que establece la “ilegalidad de las medidas prohibicionistas de la actividad de las viviendas de uso turístico en zonas establecidas como zonas urbanístcas turísticas o mixtas”.

La directora general de Turismo confirma que establecer medidas más prohibitivas chocaría de lleno con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que ha pedido que se unifique la regulación de estas viviendas, es decir, “que se armonice la normativa entre las comunidades autónomas”. “Este órgano rechaza cualquier tipo de regulación restrictiva, como se ha planteado en Mallorca, Canarias y Madrid, y nuestros propios servicios jurídicos nos han aconsejado cumplir con ello”, ya que además la Ley de Garantía y Unidad de Mercado procede a su vez de directivas europeas. “Si incluyéramos medidas más prohibitivas, nos impugnarían el decreto y tendríamos que volver a empezar. Debemos velar por los derechos de los usuarios y los arrendatarios, y que la Administración tenga un control, pero no prohibir”.

Y es que la urgencia del decreto es evidente. Desde el Ayuntamiento de Toledo, su concejal de Urbanismo, Teo García, nos subraya que “sin regulación regional no tenemos instrumentos y sí dificultades para asentar algunas cuestiones” en cuanto a las VUT. Todo lo que se pueda llevar a cabo desde el punto de vista urbanístico (que es competencia municipal) necesitaría el amparo legal autonómico que ahora dará este decreto, con la intención de mantener un equilibrio entre la eclosión de las VUT, las demandas del sector hotelero y los residentes del casco histórico.

Solo en la capital castellano-manchega, el número de estas viviendas turísticas que se pueden identificar en el portal de Airbnb alcanza ya las 426 (datos del mes de mayo), con una capacidad de 1.878 plazas. Una cifra que supone el 42% del total de las plazas hoteleras que hay en la ciudad: 4.433 plazas y 2.226 habitaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de abril de 2018.

El Consistorio municipal, de hecho, ya ha sopesado alguna iniciativa: de cara a la modificación del Plan Especial del Casco Histórico, que saldrá esta semana a información pública, se contempla la posibilidad de que las comunidades de propietarios autoricen expresamente que se puedan establecer apartamentos turísticos, pero no habla de las VUT. “Es una forma de dar prioridad a los residentes, de velar por la mayoría y el alquiler residencial”, destaca el concejal. También estudian que, al igual que en los comercios, estos inmuebles se ubiquen en la planta baja y primera. Sin embargo, recuerda que Canarias ya impuso este tipo de limitaciones y fueron tumbadas judicialmente.

Entre el ámbito turístico y el residencial

Es decir, “más allá de ese ámbito, de poder establecer alguna medida, al ser pisos urbanísticamente residenciales, no tenemos instrumentos para tomar ninguna decisión sin regulación que lo ampare”. “Lo importante es que cumplan todos los requisitos de densidad y habitabilidad y que no se puedan trocear”, afirma el concejal, en relación al alquiler por habitaciones, prohibido en el decreto pero difícil de supervisar en sistemas colaborativos.

Preguntada al respecto, la directora general de Turismo señala que no se han contemplado casos singulares por el mismo motivo mencionado: se debe cumplir la normativa sectorial y la competencia es autonómica: “No podemos entrar en competencias de otras administraciones públicas y debemos regular con requisitos mínimos”.

A partir de que el decreto de apruebe, todas las viviendas de uso turístico de Castilla-La Mancha dispondrán de un año de plazo para adaptarse a la nueva regulación. En las alegaciones presentadas, diferentes colectivos pidieron su modificación tanto por exceso como por defecto, pero finalmente se ha mantenido el mismo plazo. Ahora queda por saber si la normativa autonómica dará o no amparo legal a los ayuntamientos para incluir más requisitos o si tendrán que atenerse exclusivamente al texto del decreto.

La edición de Primavera de FARCAMA, la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, llegará hasta Guadalajara del 3 al 6 de mayo con 51 expositores artesanos, talleres demostrativos y actividades familiares. Así lo ha señalado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, sobre este evento, itinerante y complementario al que anualmente se celebra en Toledo, “fruto del compromiso del presidente Emiliano García-Page con el sector artesano”.

La feria se desarrollará en el entorno del Palacio del Infantado, que durante el pasado fin de semana ha mantenido jornadas de puertas abiertas para facilitar que sea visitado por todas las personas que se acerquen a la ciudad con motivo de esta feria. En este sentido, Fernández Samper ha destacado que el Gobierno regional ha puesto en marcha una campaña promocional de FARCAMA dirigida al público de Guadalajara y de la provincia, “pero también al de Madrid”, ya que la vecina comunidad es una fuente muy importante de potenciales visitantes.

Los sectores artesanos que se darán cita en esta feria van desde la cerámica, al vidrio, pasando por el diseño textil, la marroquinería o el diseño de joyas, entre otros oficios tradicionales. Además, habrá siete expositores de agroalimentación, “ya que los productos gourmets, los productos de Castilla-La Mancha, complementan muy bien las ferias de artesanía”.

Además de los expositores de artesanía y alimentación, el Gobierno regional ha previsto la realización de cuentacuentos, pasacalles y otras actividades familiares. También se entregarán los premios de artesanía otorgados por el Gobierno regional el último año. “Queremos que esta feria no sólo sea una oportunidad de promoción, un escaparate y un punto de venta para los artesanos, sino que también sea una fiesta para toda Guadalajara”, ha afirmado Fernández Samper, que ha destacado que FARCAMA Primavera será también una oportunidad de promocionar Guadalajara en Castilla-La Mancha y Madrid y conseguir así que más personas conozcan y visiten la ciudad.

Apoyo del Gobierno regional al sector artesano

La responsable regional de Artesanía ha hecho hincapié en el apoyo del Gobierno de Emiliano García-Page al sector artesano. “Nos encontramos un sector hundido después de la eliminación de todas las ayudas en la anterior legislatura”, ha señalado Fernández Samper, que ha recordado que desde el inicio del mandato se ha trabajo en la recuperación del diálogo con el sector y también de las ayudas destinadas al mismo.

En este sentido, ha anticipado que el Gobierno regional publicará “próximamente” las ayudas a la artesanía que, tal y como ha explicado, “se centran sobre todo en la participación en ferias, en la promoción, en la comercialización, en la creación de marca y de páginas web”, aunque también se financian a través de esta orden “pequeñas inversiones en talleres artesanos” para la renovación de la maquinaria y útiles necesarios para el desarrollo de estos oficios.

Del mismo modo, Fernández Samper ha indicado que “de forma inminente” el Gobierno regional publicará una orden de ayudas para la organización de eventos feriales, entre ellos, ferias de artesanía, a la que van a poder acogerse tanto entidades locales como asociaciones.

La directora general de Turismo, Comercio y Artesanía ha destacado la importancia del sector artesano en Castilla-La Mancha, “donde hay más de 2.000 empresas artesanas” y ha reivindicado el valor de las piezas artesanas como “únicas, exclusivas e irrepetibles”. Del mismo modo, ha valorado la celebración de ferias como FARCAMA Primavera ya que, según ha afirmado, este tipo de eventos suponen para el sector una oportunidad de venta presencial, pero también el cierre de próximos negocios.

Una vivienda, una empresa, un espacio natural o un enclave urbano pueden ser escenario de una película, una serie o un spot publicitario y su rodaje generará un fuerte impacto económico directo y de promoción sobre la zona. Es la premisa bajo la que se ha puesto en marcha el proyecto ‘Film Commission’, que se ha presentado a representantes municipales de la provincia de Guadalajara, con la intención de que se sumen a esta iniciativa, que es totalmente gratuita y puede aportar grandes beneficios.

La directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, junto al delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, y el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, ha sido la encargada de presentar en Guadalajara el proyecto, que ha calificado como “muy integrador” y en el que ha añadido “confiamos mucho”, ya que no existen requisitos previos para formar parte del mismo, y por tanto, “en él pueden participar todos los municipios de Castilla-la Mancha”.

Además, junto a la promoción se produce un efecto inmediato ya que, cuando un rodaje va a un lugar determinado genera un impacto económico importante, ya que los equipos de profesionales que se desplazan consumen bienes y servicios y generan riqueza directa en la zona, donde en ocasiones se llevan a cabo incluso contrataciones.

Otra de las virtudes de la industria cinematográfica es que puede generar nuevas oportunidades para la gente joven o cualquier persona que quiera desarrollar una carrera profesional vinculada a este mundo. En este sentido, la responsable regional de Turismo se ha referido al interés del de ir generando nuevos nichos de empleo, para lo que ha anunciado la voluntad del Gobierno regional de impulsar de forma paralela a este proyecto programas formativos ligados a los muchos servicios que requiere la industria del cine.

La puesta en marcha del proyecto ‘Film Commissión’ tiene detrás de sí un equipo de profesionales que están desarrollando un plan anual de captación en los festivales y foros en los que se da cita la industria cinematográfica y se deciden emplazamientos. Dichos profesionales ya han estado presentes en festivales como el de Berlín o el de Málaga y estarán en San Sebastián o Cannes.

Objetivos y facilidades

El proyecto tiene por tanto un doble objetivo: por un lado promocionar y posicionar la región dentro de la industria audiovisual, y por otro lado, facilitar a las empresas y profesionales del ámbito audiovisual todo lo necesario para que su rodaje sea factible y rentable en nuestra región.

Para ello a través de esta plataforma cualquier productor, desde cualquier lugar del mundo puede tener acceso a un catálogo de posibles escenarios de Castilla-La Mancha. La intención es alcanzar los 1.000 escenarios de cine y para ello han de ser los municipios o particulares quienes ofrezcan esas posibles localizaciones, sin coste alguno.

Esta plataforma web también realiza una tarea de interlocución con los destinos, ya que cualquier productor interesado en una localización puede contactar con ‘Film Commission’, desde donde se les agilizarán los trámites para llevar a cabo el rodaje. El proyecto está dando sus primeros resultados y ya se han llevado a cabo algunos rodajes en localizaciones de Castilla-La Mancha y se está trabajando en otros futuros.