El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa) a devolver de forma parcial peajes que usuarios de la AP-9 pagaron durante la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande y de los accesos a O Morrazo y a Teis, en Vigo, entre 2015 y 2018.

La sala concluye que la empresa tendrá que devolver el precio de los peajes cobrados en aquellos casos en los que inclumplió sus obligaciones. “Esto es, cuando la ejecución de las obras afectó a la fluidez del tráfico y, a pesar de ello, no informó debidamente a los usuarios”, recoge la sentencia, según informa Europa Press.

Así, ordena que abone a los demandantes -empresas y particulares- la mitad del peaje correspondiente a los días en los que, según un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), el nivel de servicio fue catalogado como negro, rojo o amarillo, “siempre que se justifique a través de las facturas aportadas a los autos el trayecto realizado, determinación que, a falta de acuerdo, deberá realizarse en fase de ejecución de sentencia”.

De esta forma, el tribunal resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de A Coruña, confirmando su decisión en cuanto a la condena a Audasa a indemnizar a los demandantes. Sin embargo, estima parcialmente el recurso de la compañía, pues establece que la devolución solo procederá en aquellos días en que se demuestre que las obras afectaron la fluidez del tráfico.

“No compartimos el criterio de los demandantes, acogido en la sentencia de instancia, de que el mero hecho de la existencia de las obras justifique el incumplimiento contractual y, en consecuencia, se pueda considerar que el incumplimiento abarcó todo el periodo de realización de las obras, con independencia de que se hubiese realizado el trayecto sin incidencia alguna o con retenciones que afectaban a la fluidez”, explica la sala en la sentencia.

En la misma añade que entiende que el incumplimiento se produjo “cuando las obras afectaron a la fluidez y prestaciones propias de la autopista y, a pesar de ello, no se informó de esta circunstancia a los usuarios con la antelación suficiente para evitar el atasco o poder escoger una ruta o vía alternativa”. En atención a la prueba practicada, los jueces indican en la resolución que está demostrada que estas circunstancias se dieron cuando el nivel de servicio de la vía era negro, rojo o amarillo.

Además, la Audiencia destaca que Audasa, “pese al conocimiento de un hecho cierto y seguro como era la realización de las obras y de su larga duración, y de otro cierto y seguro como que el servicio, en ocasiones, lo iba a prestar de modo deficitario, no adoptó ninguna medida”.

“Durante las obras, y a pesar de los atascos, retrasos, incidencias graves y menos graves, quejas de los usuarios, repercusión en la sociedad, en los medios de comunicación y en las instituciones, mantuvo exactamente la misma conducta ajena a la debida diligencia y no trató ni siquiera entonces de corregir la situación existente, ni rebajó el precio del peaje ante esa merma en el servicio, compensando a los usuarios por la defectuosa prestación que éstos iban a tener que soportar”, subrayan. Los magistrados afirman que “no es admisible que la contraprestación del usuario sea la misma que cuando el servicio se presta en condiciones de normalidad y que no se informe, con la debida antelación, sobre la repercusión efectiva de las obras en la circulación”.

Asimismo, recalcan que, cobrar todo el importe del peaje, “cuando el servicio era deficiente, incluso en ocasiones caótico, con largas retenciones de vehículos”, afecta “al equilibrio en el contrato, haciendo que resulte más gravoso para el usuario que debe cumplir en su totalidad su prestación, mientras que no recibe en iguales términos la prestación contraria”.

En el fallo, la Audiencia concluye que Audasa, durante la realización de las obras, “cumplió defectuosamente sus obligaciones, al no prestar los servicios propios e inherentes al concepto de autopista con la normalidad que era de esperar y le era exigible”. Tal actuación, según la sentencia, “causó un desequilibrio en las prestaciones entre los contratantes, y con ello un evidente perjuicio a los demandantes, menoscabando sus derechos”. Pese a todo, el fallo no es firme, pues puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

Precisamente el Supremo condenó a Audasa el pasado mes de octubre a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras de ampliación de Rande, estimando el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Audasa ha vuelto a registrar, un año más, unos beneficios de récord: 90,3 millones de euros en 2024. Es un 9,3% más que el año anterior, en el que ya se había anotado un máximo en sus ganancias. La empresa concesionaria de la AP-9, la principal autopista gallega, que recorre todo el eje atlántico, tuvo el ejercicio pasado otros récord. Nunca antes había ingresado tanto por peajes: 210 millones de euros, de los que 61,9 proceden de la administración pública y 148,2 por los pagos que hacen directamente quienes circulan por la vía.

La empresa ha remitido un resumen de sus resultados de 2024, en el que detalla que sus ingresos se componen de 157,1 millones cobrados a usuarios, a los que descuenta 8,9 millones porque aplica una rebaja del 25% a quienes hacen viajes de ida y vuelta en vehículos ligeros, pagando con telepeaje y en los días laborales o sábados. Los 148,2 millones que resultan de esta cuenta son un 10,7% más que en 2023.

Por la parte de los fondos públicos que se entregan cada año a Audasa, los 61,9 millones de euros representan un incremento del 5,8% con respecto al ejercicio anterior. Dentro de ese global, 42,2 millones corresponden a las bonificaciones aplicadas por el Estado; mientras que 13 millones derivan del peaje en sombra que se paga en algunos tramos y los 6,7 restantes son por la limitación de los aumentos de tarifas aprobada por el Gobierno central a través del real decreto ley de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

En 2024 el tráfico aumentó en la AP-9. Según los datos que publica Audasa, hubo una intensidad media diaria de 26.505 vehículos, lo que supone una subida del 4,1% que en 2023. La empresa indica también que el 74,6% de los usuarios pagan con dispositivos de telepeaje. Un 24% usa las vías automáticas y solo el 1,5% elige las manuales.

La plantilla está compuesta por 327 personas. Los salarios suponen en total 11,8 millones de euros, una cifra que se eleva ligeramente (un 2,6%) con respecto a la de 2023, cuando este concepto representaba 11,2 millones.

El año 2025 arranca con cambios de precios, actualizaciones y revalorizaciones de carácter estatal. Las pensiones se incrementan: las contributivas, un 2,8%; las mínimas, casi un 6%; las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 9%. El salario mínimo sigue, de inicio, fijado en 1.134 euros, pero está a la espera de que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se sienten a negociar un nuevo ascenso. En lo que afecta a los precios, los consumidores van a notar el fin completo de las rebajas que se aplicaban a los impuestos en alimentos y energía.

Uno de los capítulos de obligada consulta cada 1 de enero es el del encarecimiento de los peajes de la AP-9, la autopista que une en 215 kilómetros Ferrol y Tui y que proporciona millonarios beneficios anuales a su concesionaria, Audasa. En 2025 el trayecto sube un 5,3%. La infraestructura tendría que haber pasado a ser pública en 2023, pero el gobierno presidido por José María Aznar en el año 2000 aprobó una prolongación hasta 2048, en una decisión que Bruselas investiga si vulneró las normas de competencia de la UE. Pero la Autopista do Atlántico no es la única que sube su precio y el cambio de año se nota en otros aspectos en Galicia. Estos son los principales:

Subida de precio y bonificaciones en la AP-9 y la AP-53

Los peajes en la AP-9 suben este 1 de enero por encima del 5%. El incremento, expone el Ministerio de Transportes, se debe al crecimiento del IPC y a la compensación de las medidas extraordinarias que se aplicaron para 2023 para evitar que los precios subieran al mismo ritmo que el IPC de entonces -se limitó el incremento al 4%-.

Con el nuevo año, recuerda el Ministerio, entran en vigor también las nuevas bonificaciones en la AP-9. Forman parte del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el BNG para la investidura de Sánchez y van a suponer que la rebaja podría alcanzar el 75%. Por una parte, se mantiene la vuelta gratuita cuando se realiza el mismo recorrido -con el mismo punto de entrada y de salida- en un intervalo de 24 horas. Para los usuarios recurrentes, que son los que hacen 20 o más viajes al mes, se aplicará un descuento del 50% en los vehículos ligeros, frente al 20% actual. En este caso, se requiere el pago con telepeaje. En cuanto a los vehículos pesados, se sube también del 20% al 50% el descuento por recurrencia, que se aplicará desde el primer viaje y sea cual sea la forma de pago.

Están anunciadas pero no concretadas medidas similares de descuento para la AP-53, que va de Santiago a Dozón (Pontevedra). El Gobierno central ha indicado que el compromiso es que las rebajas en este caso entren en vigor en el primer trimestre de 2025 y que las bonificaciones, con un esquema que imitará al de la AP-9, alcancen también el 75% el supuesto más favorable. En esta autiopista los peajes suben un 3,9% en 2025.

Las autopistas autonómicas

Las autopistas con peaje que dependen de la Xunta de Galicia se encarecen en 2025. En la AG-57, que conecta Vigo con los municipios del Val Miñor (Nigrán, Gondomar y Baiona) las subidas que se aplican son de 0,5 céntimos para los trayectos entre la ciudad, Nigrán y Baiona y entre estas dos localidades. Es decir, ir de Vigo a Nigrán pasará a costar 1,2 euros para los vehículos ligeros. Si se llega hasta Baiona serán 1,75 y entre Nigrán y Baiona el coste llegará a los 1,2 euros.

En la AG-55, la subida para vehículos ligeros se aplica en el tramo Arteixo - A Laracha, pero no al resto del trazado, y es de cinco céntimos también, lo que eleva el precio hasta los 1,3 euros en vehículos ligeros. La Xunta señala que el encarecimiento corresponde a la actualización del IPC -en concreto, el resultado de aplicar el 95% del IPC interanual de octubre-. Como consecuencia, el incremento es del 1,7% a partir del 1 de enero. Se mantienen los descuentos que aplica la administración autonómica a estas dos vías: una rebaja del 25% en el recorrido de vuelta si se hace en un plazo de 24 horas. En el caso de que sea la segunda vuelta que se hace en ese intervalo, el descuento es del 50%. También pagan la mitad quienes circulan entre la medianoche y las 6.00. Las familias numerosas hacen gratis el recorrido de vuelta. Para todos los casos es necesario pagar con un dispositivo Via-T.

En cuanto a los vehículos pesados, las subidas se aplican a más tramos que las que afectan a los ligeros. Todos los incrementos son de cinco céntimos, salvo en el tramo Arteixo Carballo de la AG-55, en el que el encarecimiento es de 0,10 euros para los vehículos pesados de tipo dos.

Transporte público

El Gobierno central ha anunciado que prorroga seis meses, hasta julio de 2025, los descuentos que aplica en el transporte público desde 2022. Esto se traduce en que los abonos para los servicios ferroviarios de media distancia seguirán haciendo que los viajes sean gratuitos, al igual que en los servicios de autobús dependientes del Estado y la conexión con tren Avant entre A Coruña y Ourense.

La Xunta, por su parte, anunció que va a mantener la aportación autonómica para que se sigan aplicando descuentos en el transporte interurbano. La rebaja es del 50%, de la que el Gobierno central asume un 30% y el autonómico, el otro 20%. El Gobierno gallego extiende a 2025 también los viajes gratis -con límite de 60 al mes- para los menores de 21 años y los mayores de 65 en autobuses interurbanos, el transporte marítimo en la ría de Vigo y el ferrocarrol de proximidad en el entorno de Ferrol.

Cambios en materia fiscal

Los presupuestos de la Xunta para 2025 vuelven a aplicar rebajas de impuestos sobre el patrimonio obtenido a través de una herencia: no se pagará nada por los primeros 25.000 euros cuando las herencias sean entre hermanos, tíos, sobrinos, cuñados, yernos y nueras. Cuando los bienes pasan de padres a hijos o entre cónyuges, no se tributa por el primer millón de euros.

Además, quienes compren o construyan un edificio para destinarlo al alquiler tendrán una bonificación del 75% del impuestos de actos jurídicos documentados, una medida que la Xunta justifica con el objetivo de aumentar la disponibilidad de viviendas para arrendar. Si lo que se adquiere es un local comercial para transformarlo en vivienda, se aplicarán los tipos reducidos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que hasta ahora se aplicaban a colectivos prioritarios.

Otra novedad para 2025 es que los propietarios que tengan viviendas vacías en Galicia se van a poder deducir 500 euros por cada una en el tramo autonómico del IRPF, con la condición de que la pongan en alquiler con un precio de hasta 700 euros mensuales.

Audasa, la concesionaria de la principal autopista gallega, la AP-9, obtuvo un beneficio neto de 39,54 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un 9,5% más que los 36,12 millones contabilizados en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord de ganancias.

Según los datos difundidos este viernes por la compañía, este incremento de su resultado se explica por un crecimiento de sus ingresos, tanto por el pago de peajes de los ciudadanos como las aportaciones de la Administración, recoge Europa Press.

Audasa facturó entre enero y junio 96,6 millones de euros, un 7,7% más. De este total, 67,1 millones provienen de los usuarios, un 9,3% más. Por su parte, los ingresos aportados por la Administración alcanzaron los 29,5 millones, un 4,2% más. Los peajes en sombra supusieron 6,2 millones de euros públicos para la concesionaria de la autopista, mientras que las bonificaciones fueron de 20,2 millones y la limitación de tarifa 3,1 millones entre enero y junio de este año.

La empresa registró un resultado de explotación de 57,6 millones, un 4,3% más, así como un resultado antes de impuestos de 52,7 millones, un 9,5% más.

En el primer semestre del año, la AP-9 contabilizó unos 54,3 millones de viajes, de los cuales 19,5 millones fueron de pago, mientras que 7,2 millones fueron bonificados y 19,9 millones libres de peajes, además de 7,7 millones con peajes en sombra (gratis para el usuario y pagados por la Administración en función del número de viajes).

Así, la intensidad media diaria entre enero y junio fue de 24.713 vehículos, un 2,6% más que hace un año. La intensidad media de peaje, incluyendo aquellos que están en sombra, fue de 21.909 automóviles. Por su parte, la plantilla de Audasa creció en cuatro personas, hasta 227 empleados.

El Tribunal Supremo rechaza que Audasa, concesionaria de la AP-9, principal autopista de Galicia, tenga derecho a una compensación -que la empresa cifraba en 46,1 millones de euros- por la caída de ingresos derivada del confinamiento y las restricciones a la movilidad durante la pandemia de COVID-19. La compañía, pese a la bajada del tráfico, no llegó a registrar pérdidas. El alto tribunal ha desestimado el recurso contencioso-administrativo de la compañía contra el acuerdo de Consejo de Ministros que descartaba la indemnización.

La sentencia, que adelantó Praza.gal y recoge Europa Press, expone que la empresa rebajó la cantidad de manera subsidiaria en su recurso hasta los 28,5 millones, en caso de que no se aceptasen diversas cantidades superiores. Audasa argumentó ante el Supremo con la presunta inconstitucionalidad de varias medidas y normas adoptadas por el Gobierno, una discriminación o la supuesta pérdida de derechos consolidados. Asimismo, sostenía que la normativa que reguló las compensaciones por pérdidas durante la pandemia hacía una interpretación muy restrictiva sobre las condiciones que debían cumplirse para acceder al reequilibrio económico de las concesiones.

El alto tribunal cita diversa jurisprudencia y rechaza en una sentencia del 15 de marzo que las normas aplicadas incurrieran en inconstitucionalidad. Señala que la concesión de Audasa no puede acogerse a los mecanismos de reequilibrio invocados por la recurrente, ya que ni el pliego ni la ley de autopistas reconocen ese reequilibrio “de un modo general”.

En todo caso, tras apuntar que los perjuicios sufridos son atribuibles al legislador y no a la Administración del Estado, el Supremo también señala que “no es posible considerar que la momentánea pérdida de ingresos durante un breve período” vaya a alterar sustancialmente la economía de la concesión o a impedir la continuidad de la misma.

La crisis afectó a toda la actividad económica

Al respecto, ha recordado que las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la pandemia iban encaminadas, en el caso de las concesiones como las de autopistas, a garantizar la continuidad de los contratos (por eso se condicionaron las compensaciones a que las empresas tuvieran margen de explotación negativo). “El fundamento de ese reequilibrio no consiste en que el concesionario gane siempre lo que él quiere”, ha explicado en su sentencia.

Por otra parte, el Supremo ha apuntado que la pandemia y la crisis económica afectaron a toda la población y a la actividad económica, sin que las pérdidas hayan sido reparadas para el resto de contratos. De hecho, en su resolución advierte de que Audasa “confunde el interés público con el interés de su empresa y sus empleados”.

Con respecto a la explotación de la concesión, subraya que “no se puede confundir la imposibilidad con la dificultad de ejecutar el contrato”, especialmente teniendo en cuenta que “la duración de la concesión se prolonga durante años” y los problemas a los que alude la recurrente fueron “en unos pocos meses”.

Siempre en beneficios

Así, el tribunal concluye que “el reequilibrio ha de ser valorado en el conjunto de la prestación” de la concesión, y recuerda que la eventual reducción de ganancias (que no siempre se traduce en reducción de beneficios) entraría dentro del riesgo que asume el concesionario.

En 2020, Audasa registró una bajada de sus beneficios, pero se mantuvo en positivo, con unas ganancias de 33,7 millones de euros, tras una bajada del 28 % en el tráfico. Al año siguiente repuntó y tuvo un beneficio de 50,7 millones de euros, incluso por encima de los 42,3 millones obtenidos en 2019. En el ejercicio 2022, las ganancias se elevaron hasta los 66,1 millones de euros y, en el de 2023, alcanzó su cifra récord, con 82,6 millones de euros.

Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, obtuvo un beneficio neto de 82,57 millones de euros en 2023, lo que supone un crecimiento del 24,9% en comparación con los 66,1 millones que ganó un año antes, según los datos presentados este miércoles por la compañía y remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La firma ingresó gracias a los peajes más de 192,56 millones de euros, un 12% más que en 2022, por lo que su resultado de explotación creció un 19%, hasta 121,51 millones, informa Europa Press.

Con estas cifras, el resultado antes de impuestos de Audasa ascendió a los 110,14 millones, un 25,1% más. Después el pago de unos 27,5 millones de euros en el impuesto sobre beneficios, su resultado neto fue de 82,57 millones de euros.

Todo ello tras registrar un aumento del tráfico en la AP-9 del 3,6% el año pasado, con 25.458 vehículos de media al día. Esta cifra es superior a los datos previos a la pandemia, ya que en 2019 circulaban por la autopista unos 24.405 coches cada día. Ya en 2022, Audasa consiguió recuperar el tráfico anterior a la crisis de la COVID, con 24.561 automóviles diarios.

Asimismo, el número de coches que pasaron por sus peajes cada día el año pasado fue de 22.697 de media, incluyendo los peajes en sombra (aquellos pagados por las administraciones).

Los ingresos por los usuarios subieron hasta los 133,9 millones de euros, un 6,6% más, mientras que los procedentes de las administraciones se incrementaron un 26,6%, hasta 58,5 millones. De estos, 12,6 millones corresponden a los peajes en sombra (+9,5%), mientras que las bonificaciones crecieron hasta los 36,7 millones (+5,7%) y la limitación de tarifa supuso para Audasa unos ingresos de 9,2 millones.

Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, obtuvo un beneficio neto de 36,12 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un 68,35% más que en el mismo periodo de 2022, según datos no auditados remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este resultado se explica, en parte, por el crecimiento del número de viajes registrados, ya que la firma contabilizó 24.076 vehículos al día por la autopista, un 3,75% más. Dicho incremento le permitió aumentar sus ingresos por peajes un 12,08%, hasta los 89,73 millones de euros entre enero y junio de este año.

El resultado de explotación fue de 55,2 millones de euros, mientras que el beneficio antes de impuestos se quedó en los 48,1 millones, situándose el beneficio neto en los 36,1 millones de euros.

El telepeaje se sitúa como el principal método de pago de los clientes de Audasa, con tres de cada cuatro vehículos que lo utilizan, ingresando a través de ellos 44,1 millones de euros, un 11% más que en el primer semestre de 2022. El pago con tarjeta creció un 4,8%, hasta 15,1 millones, mientras que el efectivo bajó un 11,7%, hasta 6 millones.

Audasa también ingresó por las bonificaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 17,9 millones, un 5,3% más, mientras que las limitaciones de tarifas impulsadas también por el Gobierno supusieron un ingreso de 4,3 millones. El peaje en sombra supuso 6,1 millones de ingresos, un 8,9% más, aunque los descuentos de Audasa representaron 3,8 millones menos en ingresos.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la solicitud del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que la Xunta le abonase la indemnización que el Gobierno le debe pagar a la concesionaria de la AP-9, Audasa, por las cantidades que dejó de percibir por los peajes en sombra del Puente de Rande, que cruza la Ría de Vigo, y del tramo de la comarca coruñesa de A Barcala durante los años 2017, 2018 y 2019.

Tal como explica la sentencia del alto tribunal gallego, la Administración central basó su solicitud a su vez en una sentencia del Tribunal Supremo, que la condenó a pagar a la concesionaria las cantidades acordadas en 2006 para que los tramos A Coruña-A Barcala y Rande-O Morrazo pasasen a ser gratuitos. En ese año el pago fue asumido por el Estado, es decir, pasaron a ser peajes en sombra. De esta manera, la gratuidad de estos tramos provocó un notable incremento del número de usuarios, por lo que en 2017 el Gobierno modificó, a través de un real decreto, el sistema de cálculo del peaje que le correspondía pagar a Audasa.

Sin embargo, en 2020 el Tribunal Supremo declaró el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por los perjuicios causados por la implantación del nuevo sistema de retribución de ese real decreto y ordenó al Estado a pagar la diferencia entre lo que hubiera percibido con arreglo al sistema anterior fijado en 2006. Esa cantidad es de unos 15,6 millones de euros, la cual el Ejecutivo reclama a la Xunta.

No obstante, el TSXG ha rechazado esa petición, subrayando que “no es procedente” condenar al Gobierno gallego a abonar directamente a Audasa la mitad o la totalidad de los pagos anuales que se devenguen de los años 2017, 2018 y 2019, y hasta el final del plazo de la concesión de la AP-9.

“La sentencia del Tribunal Supremo no impone condena alguna a la Xunta y, por ello, la propia ejecutante, Audasa, insta la ejecución frente a la Administración del Estado, por así disponerlo la sentencia”, explica el tribunal gallego en su resolución. “Estamos ante un requerimiento que efectúa la Administración General del Estado a la Xunta para que ejecute la sentencia del Supremo en la que la Xunta no ha resultado condenada”, incide el TSXG. En este sentido, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG recalca que el Estado reclama ese dinero cuando “todavía no ha pagado a Audasa”, tal como ordenó el Supremo.

“La Administración General del Estado justifica su incumplimiento en que parte de las cantidades reclamadas eran debidas por la Xunta, causa obstativa de pago que fue rechazada por el Tribunal Supremo en un auto de 14 de octubre de 2021”, recoge la sentencia del TSXG.

Al tiempo, el tribunal gallego indica que, “en ningún caso”, podría atenderse a la cantidad reclamada por el Estado, recordando que la cifra que le tenga que abonar a Audasa es “la que determine el Tribunal Supremo en ejecución de la sentencia, sin proceder que la Xunta abone intereses de las cantidades debidas, al no tener responsabilidad en la demora”.

La sentencia no es firme, ya que contra ella cabe presentar recurso de casación.

Audasa, la empresa concesionaria de la Autopista do Atlántico, la AP-9, cerró 2021 con un beneficio de 50,7 millones de euros, un 20% más que antes de la pandemia, pese a que el número de coches que han transitado por esta vía en ese mismo periodo se redujo. En el ejercicio pasado recibió 14 millones de euros del Gobierno central para que aplicase los descuentos aprobados el pasado verano para los conductores. La compañía, propiedad del grupo Itínere, publicó este lunes sus cifras de tráfico, que muestran una recuperación con respecto a 2020, el año en el que irrumpió el coronavirus (un 27,5% más), pero una caída del 8,3% en relación a 2019.

La empresa informa también de su recaudación. En 2021 ingresó en total 150 millones en concepto de peajes, un 29,1% más que en 2020 y solo un 2,1% menos que en 2019, último año sin restricciones de movilidad por la COVID. Dentro de esos peajes incluye la cantidad del Ministerio de Transportes para las bonificaciones a los conductores y el peaje en sombra que recibe a cambio de que los tramos A Coruña-A Barcala y Vigo-O Morrazo sean gratuitos para los usuarios. En 2021 recibió por este último motivo 10,8 millones de euros.

El incremento de los beneficios con respecto a antes de la pandemia es atribuido por Audasa a la reducción del coste financiero de la deuda en el pasado ejercicio. Hace dos años este apartado suponía casi 30 millones de euros, mientras que en 2021 representó 16,1 millones.

El balance de Audasa también incluye cifras de plantilla media, compuesta por 229 empleados (nueve más que en 2021), de los que un 90,2% son indefinidos y solo el 40%, mujeres.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado que Audasa, la concesionaria de la Autopista do Atlántico, “siempre gana”. Lo ha dicho después de considerar que el de la AP9 es un asunto “complejo” y de remontarse hasta el gobierno de la UCD en busca de los responsables. Citó también las prórrogas aprobadas por el PSOE y “el PP en Madrid”. La Comisión Europea abrió un expediente a España por haber acordado prórrogas sin licitación pública. Las que han retrasado la concesión de la AP9 hasta dentro de 27 años son la aprobada por uno de los gobiernos de Felipe González, que extendió el plazo hasta 2023, y una más, durante el mandato de Aznar, que lo llevó hasta 2048.

Ahora, Audasa avisa de que, si no se respeta el periodo hasta 2048, va a reclamar más de 1.000 millones de euros y esto motivó una pregunta al respecto este jueves dirigida a Feijóo. En su comparecencia tras la reunión semanal del Consello, el presidente gallego se refirió a los pronunciamientos que se han conocido en los últimos meses sobre la autopista y las prórrogas de la concesión. Ha protestado porque, a su juicio, uno “pasó desapercibido” y fue el del Consello Consultivo -un órgano asesor de la Xunta-, que decía que aumentar el peaje por la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago era “incorrecto”. Lo era porque llevaba a un “enriquecimiento injusto” de la empresa, ha agregado el presidente gallego. Ha señalado que varios “contratos” entre Gobierno central y Audasa fueron criticados por la Xunta y todos iban “en el mismo sentido”: el de que “gana la concesionaria y pierden los consumidores”. Feijóo cree que Audasa no se somente nunca “a ningún riesgo” en los acuerdos sobre la AP9.

El jefe del Ejecutivo gallego ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare qué estrategia va a seguir en Europa ahora que Audasa ha manifestado que reclamará una cantidad millonaria si no se mantiene la concesión. También ha aprovechado para pedir la titularidad de la autopista para Galicia. Hay contratos que, ha asegurado, su equipo no habría firmado, como el que se comprometía a que la Xunta asumiese el 50% de la compensación para la empresa a cambio de suprimir los peajes de Rande y A Barcala.

Hai dez anos escribín un artigo, “Absurdos galaicos”, que comezaba así: “Ir a Madrid por autovía é gratis, pero para ir de Ferrol a Vigo hai que desembolsar unha cantidade de euros considerable que vai parar aos petos da concesionaria da autopista, unha das máis rendibles de España. Non existe alternativa a ese percorrido que non implique horas de ardua peregrinaxe polas entrañas de Galicia”.

Naquel tempo, estrañamente, a cuestión apenas si merecía atención salvo por un par de individuos da cáscara amarga. Os xornais non parecían considerar que o asunto merecese unha ollada e só de tanto en tanto lle dedicaban unhas liñas desamañadas. Non formaba parte da axenda política ou económica do país. Mentres, a explotación da autopista daba beneficios astronómicos aos investidores. A saber que complicidades explicaban o fenómeno.

Por fortuna, dez anos despois a conciencia dese absurdo é hoxe maior en Galicia. Maior, pero aínda non opera na mente dos galegos a magnitude do absurdo, nin as dimensións do escándalo. Para medilo faría ben o Parlamento galego en crear unha comisión que investigara as circunstancias nas que no seu momento se produciu a ampliación da concesión que fará que ata 2048 non retorne ao dominio público. De paso, alguén podería reflexionar sobre o porqué de que no seu momento unha cuestión tan decisiva non merecese ser posta entre os temas centrais do país.

Non debemos esquecer que Galicia é un arquipélago urbano que está intercomunicado pola AP-9. É na franxa atlántica de Galicia onde está o peso demográfico, o dinamismo económico, o cambio cultural e social máis intenso. Non hai dúbida de que as cidades son o laboratorio do futuro, nin de que é na espiña dorsal que constitúe a Autopista do Atlántico onde está o porvir do país.

Non ten sentido que existan autovías gratuitas a Madrid e que en Galicia o transporte por estrada signifique custes tan enormes. Pero non se trata só de mercadorías ou servizos. Son moitas as persoas que cada día están obrigadas a traballar nunha cidade distinta daquela na que residen -cada vez máis, todas esas cidades forman parte dun único organismo urbano- e teñen a autopista como única alternativa real. A AP- 9 é unha especie de muro que divide Galicia.

As economías de aglomeración favorecen ás grandes capitais ou o espazos nos que as interaccións de todo tipo se multiplican. Nos ámbitos conexos a Galicia, Porto e Madrid están dando pasos de xigante para aproveitar tanto a súa dimensión como a súa capacidade de conexión a unha escala global. A Galicia interésalle tamén unha mellor conexión exterior, en especial co Norte de Portugal -abonda con ver un mapa coa distribución da poboación na franxa costeira- pero resulta ridículo ou estúpido que cargue cun peso coma o da AP-9 nas súas costas.

España é o terceiro país do mundo con maior número de quilómetros de autovías e autopistas ( só por detrás de China e EE.UU.). Pero tanto o AVE como a rede de autopistas responden a criterios políticos centralistas, máis ben que a lóxicas de mercado. Todos os estudos de rendibilidade indican que é Madrid quen se beneficia deses investimentos. Mentres, en Galicia, para dicilo rápido e claro, facemos o parvo, neste asunto coma noutros.

Arredor do AVE hai moita barafunda pero o AVE non sirve para facer Galicia máis competitiva, nin para articulala internamente. Son máis ben os trens de velocidade alta -a distinguir do AVE- os que están chamados a facer ese papel. En todo caso, liberar a AP-9 ten moito máis sentido e significado para Galicia que o AVE. Se as contas non enganan, con corenta quilómetros de AVE podería financiarse a recuperación para Galicia da autopista que une a maior parte da poboación de Galicia por estrada.

Non creo, en definitiva, que poida caber dúbida de que a AP-9 é un obstáculo para a articulación interna de Galicia nin de que grava de modo inxustificado a economía e a sociedade galegas. Repito: de modo inxustificado. Foi no ano 2000 cando o ministro Arias Salgado ampliou o prazo de concesión da autopista ata 2048. A pregunta obvia é: por que? Ata Ana Pastor, cando era ministra de Fomento en 2014, cuestionou a prórroga do goberno Aznar.

Se pode poñerse entre nós algún exemplo de simpático capitalismo extractivo ligado á concesións do Estado a través do BOE -antes denominado Gaceta de Madrid- a AP-9 tal vez merece estar na parte de enriba da lista. (Por certo, nun exemplo máis de portas xiratorias, Arias-Salgado foi designado en 2005 membro do consello de administración de Itinere, a matriz de Audasa, a proposta de Sacyr).

Existía ou existe algunha xustificación económica consistente para unha ampliación do prazo tan desmedida? Segundo o previsto ao inicio, a AP-9, iniciada en 1973, tiña que eliminar as peaxes en 2012. De feito, tres autopistas coetáneas da AP-9 (AP-1, AP-4 e AP-7) finalizaron a súa concesión en 2019, o que sitúa a AP-9 como a autopista de peaxe máis vella de España.

A investigación sobre as circunstancias da ampliación da concesión tal vez axudaría a fundamentar a reversión ao sector público da AP-9. Certamente, a autopista ampliou o seu trazado nunha cuarta parte, chegando ata Ferrol e Tui e ademais liberou diversos tramos da peaxe. Pero parece moi dubidoso que os investimentos realizados pola concesionaria xustifiquen os prazos da concesión, ou os exorbitados prezos que cobra polo uso da vía, por non falar do mal servizo que presta. Ademais, eses cambios implicaron sempre o pago por parte de diversas administracións -Xunta, Fomento, etcétera- de subvencións á concesionaria. Para máis inri, a AP-9 segue sen pagar o IBI aos concellos polos que pasa.

Pero non só o prazo de concesión foi extendido. A autopista foi privatizada en 2003, sendo ministro Álvarez Cascos. Hoxe, Audasa ten no seu capital a dous fondos de investimento -Globalvía e Corsair- que disputan por seren os accionistas maioritarios. En 2019, antes da pandemia, os beneficios netos foron de 43 millóns de euros continuando unha liña pertinaz. Sempre o resultado da explotación deulle aos propietarios de Audasa beneficios magníficos, sensacionais: 216 millóns entre 2015 e 2019.

En todo caso, trátase dun asunto que non é conflitivo, ou que non debera selo, dado que non respecta a ningunha diferenza substantiva entre dereita e esquerda, ou entre nacionalismo e españolismo, salvo que se considere que regalarlle o diñeiro aos propietarios da concesionaria é unha opción política.

Por fortuna para os fondos de investimento e por desgraza para os seus usuarios, a AP-9, que é a columna vertebral do sistema de comunicacións do país, configura unha especie de monopolio que lle permite á empresa impoñer os prezos que lle dá a gaña aos seus clientes. Hoxe a AP-9 ten a dubidosa honra de ser a autopista de peaxe que máis subíu as tarifas en España os últimos tres anos.

Pero, árdelle o eixo, árdelle o carro!, parece que, finalmente, o Parlamento e os partidos políticos o entenden, e, por fin, o martes día 2 de Febreiro de 2021 acudirán ao Congreso a defender a transferencia á Comunidade Autónoma da autopista. Tanto o BNG coma o PSdeG desprazarán a Madrid aos seus respectivos líderes, Ana Pontón e Gonzalo Caballero. O PPdeG, no entanto, enviará a Diego Calvo, portavoz de infraestruturas.

É un paso adiante, pero debería ser o propio presidente Feijóo o que encabezase a delegación popular. A súa presenza axudaría a impulsar non só unha resolución favorable, senón unha rápida e efectiva transferencia da AP-9. Esa capacidade de decisión sobre a autopista, como mínimo, cambiaría os términos nos que está formulada a ecuación e non hai por que dubidar de que significaría un grande paso adiante, como mínimo para poder negociar o prezo das peaxes, evitar subidas abusivas e garantir un mellor servizo e renovación da vía.

Sexa coma for, hai que felicitarse por esa unanimidade pero tamén preocuparse para que non resulte outra cortina de fume máis. No pasado Rajoy vetou a transferencia en dúas ocasións. Ese veto foi levantado polo goberno do PSOE pero hai que recoñecerlle tamén ao BNG a insistencia en defendela. Agardemos que nesta ocasión a transferencia sexa efectiva e que, ao tempo, abra un debate en Galicia sobre a conveniencia de restituíla ao dominio público. Aínda que houbera que pagar peaxe polo menos que os beneficios serviran para mellorar as comunicacións e financiar os servizos públicos.

La Xunta recurrirá a la vía jurídica en caso de que Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9 que vertebra la costa atlántica de Galicia, solicite al Estado una compensación por la caída del tráfico que se ha producido como consecuencia del parón de actividad y desplazamientos por el coronavirus.

El jefe del Ejecutivo gallego explicó esta mañana que no le parece “ni proporcional ni razonable” que las concesionarias de vías de pago reciban ningún tipo de pago por la disminución del tráfico cuando “todo el mundo está teniendo dificultades”. “Estamos en desacuerdo con la decisión de indemnizar a las concesionarias por la bajada en los tráficos. Lo hemos dicho al Ministerio. No nos parece justificado”, indicó Alberto Núñez Feijóo en las preguntas al término de la reunión del Gobierno gallego.

“En Galicia, veremos desde el punto de vista jurídico si es posible no atender a esa reclamación”, afirmó. Audasa indicó el pasado martes que, hasta ese día, no había solicitado ningún tipo de compensación ni tampoco un expediente de regulación temporal de empleo.

Un día después de divulgarse la condena de un juzgado de Pontevedra a Audasa, concesionaria de la AP-9, principal autopista gallega, a devolver a los usuarios los peajes cobrados durante los atascos, el Poder Judicial hizo pública otra sentencia, del Tribunal Supremo, que anula la decisión tomada en julio de 2017 por el Gobierno de Rajoy de reducir a la mitad, de alrededor de 12 a 6 millones de euros, la compensación que paga cada año a la concesionaria por liberar de peaje los tramos de Rande y A Barcala de acceso a Vigo y A Coruña respectivamente. El alto tribunal condena al Estado a indemnizar a Audasa por el dinero que ha dejado de recibir en este tiempo más los intereses.

En julio de 2017 el Ministerio de Fomento, entonces encabezado por Íñigo de la Serna, redujo a la mitad de manera unilateral la compensación que a medias con la Xunta venía pagando a Audasa por la supresión de los peajes en los tramos Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala decidida en 2006 por el PSOE. Uno de los argumentos que esgrimía el ministerio era que esa supresión había provocado un efecto llamada, un aumento del tráfico en esos tramos muy superior al experimentado en el resto de la AP-9, y que eso, aplicado al pago por parte de las administraciones por cada vehículo que circula por esos tramos, le estaba suponiendo a la concesionaria un “enriquecimiento injusto” a cargo de las arcas públicas que habían asumido esos peajes liberados.

El Supremo reconoce a la Administración la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de una concesión, pero sólo si no altera las “condiciones esenciales” de ésta. El alto tribunal reprocha en este caso a Fomento que “se haga depender la retribución compensatoria de elementos extraños al sistema inicialmente determinado”, que era el del pago de una tarifa por cada vehículo que circulase por los tramos en cuestión, con independencia del aumento o no del tráfico en otros tramos de la autopista.

Aquella decisión de Fomento de variar la fórmula de cálculo de la compensación permitió no solo reducir a la mitad ese coste sino también que el ministerio decidiese pasar a asumir en solitario el pago, eximiendo de su mitad a la Xunta, cuestión que fue presentada como un logro por el presidente Feijóo. Ahora la sentencia del Supremo anula aquella decisión de Fomento y obliga a la Administración General del Estado a compensar a Audasa por lo que dejó de cobrar “sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006”, cuando las dos administraciones decidieron pagar a medias esa supresión de los peajes. Un pago a medias para el que la Xunta consignó durante años 200 millones menos de lo necesario para asumir su parte del compromiso hasta el final de la concesión en 2048.

La decisión de reducir la compensación a Audasa tomada en 2017 por Fomento contó con el aval del Consejo de Estado, presidido por José Manuel Romay Beccaría. En su informe, esa institución reflejó que durante las negociaciones previas entre Fomento y Audasa la concesionaria propuso, ante las quejas del ministerio, “que se restableciera el peaje”.

“Audasa actuó con negligencia en sus actuaciones” y “la vía se encontraba en condiciones pésimas”. Esas son algunas de las duras consideraciones que incluye la sentencia emitida con fecha del pasado jueves 18 de octubre el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos (A Coruña) en la que condena a Audasa, concesionaria de la principal autopista gallega, la AP-9, a abonar a la aseguradora de un conductor siniestrado en un accidente múltiple los 334.000 euros que costó la atención sanitaria de la lesión medular que sufrió, que lo dejó tetrapléjico.

Los hechos se remontan al accidente múltiple registrado a primera hora de la mañana del 3 de diciembre de 2010 en las proximidades del peaje de Guísamo, en el comienzo del ramal de la autopista que comunica con Ferrol. El choque en cadena de una quincena de vehículos fue provocado, según ratifica esta nueva condena y ya habían establecido otras sentencias previas citadas en ella, por el hielo acumulado en la carretera, que dificultaba que incluso los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar se pudiesen mantener en pie. Audasa, por el contrario, intentó culpar a la “conducción negligente” de los propios accidentados, algo que no pudo probar en el juicio.

Según la sentencia, estaba activa una alerta amarilla climatológica, por lo que se descarta el argumento de la concesionaria de que la aparición de hielo era imprevisible. Igualmente, la empresa argumentó que había hecho todo lo posible y había activado su dispositivo para esas situaciones, pero la sentencia dice que Audasa “se limitó, en principio, a conectar los paneles luminosos de la vía así como las señales acústicas establecidas en los túneles, únicas medidas adoptadas para paliar la situación”, advertencias a los conductores que tampoco tuvieron relevancia para el accidente en cuestión ya que en el ramal en el que se produjo “no existía pórtico luminoso”.

La sentencia recuerda que sobre aquel accidente múltiple ya se pronunciaron en similar sentido, culpando a Audasa, otras dos resoluciones previas de otros dos juzgados distintos, avaladas posteriormente por la Audiencia Provincial de A Coruña, que “atribuyen la culpa exclusiva del accidente a la ahora demandada bajo la premisa de falta de previsión y mantenimiento de la vía el día de autos”.

En aquellas sentencias, repasadas por Praza.gal en el marco de un amplio análisis sobre cómo Audasa culpa a los conductores para intentar eximirse de sus propios descuidos en la AP-9, los juzgados rechazaron el intento de la concesionaria de evitar su propia responsabilidad poniendo en entredicho que los conductores tuvieran derecho a reclamar porque no habían acreditado el pago del peaje. Sin embargo, la Audiencia de A Coruña le respondió diciendo que “el hecho de que el vehículo circulaba por la autopista acredita” por sí solo la relación contractual entre el usuario y Audasa, añadiendo que ésta no había presentado “denuncia o reclamación alguna contra alguno de los conductores de los vehículos afectados por impago del peaje”. La Audiencia fue clara al sentenciar que “en la calzada no había restos de sal ni de la aplicación de cualquier otra sustancia fundente” y estableció que “la responsabilidad en la causación del siniestro que nos ocupa corresponde única y exclusivamente a la actuación negligente de la concesionaria”.

Por otra parte, en la nueva sentencia ahora conocida el juez, Roberto Barba, del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos, también incluye una valoración sobre el comportamiento de los abogados: “La excelente labor llevada a cabo por los letrados en el acto de la vista, ambas con excelentes planteamientos y fundamentos muy logrados, así como con una corrección y educación exquisita a la hora de hacer valer sus teorías, no solamente frente al Tribunal, sino a su vez entre ellos, actuación impoluta que desgraciadamente escasea cada vez más en los tribunales de nuestro país”.

Desbloqueada por partida triple. La transferencia de las competencias sobre la autopista AP-9 a Galicia está en marcha en el Congreso de los Diputados por tres vías distintas tras el cambio de signo del Gobierno de España. Tras el reinicio del trámite de las proposiciones de ley formuladas por En Marea, que el Ejecutivo del PSOE evitó paralizar apenas dos semanas después de llegar al poder, el pasado 19 de julio el Ministerio de la Presidencia hizo oficial ante el Congreso un giro de ciento ochenta grados sobre la petición en el mismo sentido que, por unanimidad, aprobó el Parlamento de Galicia: no hay veto.

En un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara Baja el nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ratificó entonces la “conformidad” del Gobierno de Pedro Sánchez con la tramitación de la ley propuesta desde el Parlamento de Galicia para ejecutar ese traspaso de competencias a la Xunta. El cambio es absoluto porque el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó este trámite para bloquear hasta en tres ocasiones la transferencia.

Ese bloqueo del gabinete del PP estaba basado en cálculos económicos erróneos y, además, suponía emplear de manera inadecuada el precepto constitucional que permite al Gobierno central paralizar el trámite de una ley si esta afecta a los Presupuestos del año en curso. Estas maniobras impidieron que la ley pudiera llegar a debatirse y, así, convirtieron en imposible de hecho su eventual aprobación.

El Parlamento de Galicia ha tomado formalmente esta semana conocimiento del cambio, que se hizo oficial en la Mesa del Congreso el pasado 4 de septiembre. Ante la ausencia de un veto gubernamental no fue posible que PP y Ciudadanos, que suman mayoría en este órgano, pudieran repetir su anterior estrategia para frenar la ley gallega. Así, Ana Pastor ha tenido que tener en cuenta el “nuevo criterio del Gobierno con respecto a la tramitación” de la ley para transferir la AP-9 y “tomar conocimiento” de él para “su inclusión en una próxima sesión plenaria”. En ese siguiente trámite, no obstante, PP y Ciudadanos sí pueden maniobrar para dilatar plazos.

La constatación por escrito de que el veto a la transferencia en la AP-9 ha generado reacciones en Galicia, comenzando por los propios socialistas. Así, el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, “aplaude la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de desbloquear el debate de la transferencia de la AP-9”. A juicio de Leiceaga, la “actitud” del Ejecutivo de Sánchez evidencia que “abre la puerta a la transferencia” y “contrasta” con el “obstruccionismo” de Rajoy. Insta además a Feijóo a “hacer un esfuerzo para convencer a los diputados de su partido en Madrid para cambiar la oposición radical a esta transferencia” y demostrar así que “pinta algo en su partido”.

Desde En Marea y BNG se aplaude el desbloqueo por “democrático”, si bien ambas formaciones instan al PSOE a demostrar su apoyo a la medida cuando esta llegue al pleno del Congreso. El PP gallego, por su parte, reitera que “siempre” ha apoyado el traspaso e insta a los de Sánchez a culminarlo. Los populares, no obstante, han torpedeado la transferencia hasta su salida del Gobierno de España.

El pasado 30 de diciembre, coincidiendo con sus días de descanso en Pontevedra por Navidad, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraron la ampliación del puente de Rande, viaducto emblemático de la principal autopista gallega, la AP-9, que da acceso a Vigo. Ocho meses después la concesionaria, Audasa, continúa con trabajos en él con aficiones puntuales al tráfico que siguen incumpliendo las sucesivas promesas en sentido contrario del Ministerio de Fomento. Los atascos reiterados que durante la pasada primavera causaron esos trabajos no finalizados tras la inauguración provocaron que la Fiscalía abriese una investigación por el “deficiente funcionamiento” de la autopista.

La ampliación de carriles de la AP-9 en Vigo a su paso por el puente de Rande y en su tramo de circunvalación de Santiago fue inaugurada por duplicado por Rajoy y Feijóo los días 30 de diciembre en el primero caso y 3 de enero en el segundo. Ya entonces Fomento admitía que, a pesar de esa inauguración para las cámaras, en el tramo de ampliación del puente de Rande y acceso a Vigo quedaban aún obras pendientes de ejecutar por importe de unos 11 millones de euros, entre ellas el traslado de un colegio en el que no se había previsto el riesgo que supone para el alumnado la cercanía del nuevo carril de circulación.

Según admitía el propio ministerio, la inauguración se aceleraba, entre otros motivos, por el interés de la concesionaria en poder subir lo antes posible el peaje y recuperar así la inversión que había realizado en las obras, algo que finalmente aún no ha ocurrido. El argumento que ofrecía Fomento era el de que la ampliación del puente de Rande propiamente dicha, los dos carriles exteriores que se le añadieron, estaban ya finalizados, a pesar de que quedasen pendientes obras de renovación en el viejo tablero central del viaducto.

En sucesivas ocasiones Fomento ha venido reiterando que los trabajos pendientes tendrían menos afección al tráfico de la que acabaron teniendo. A los diez días de la inauguración de Vigo el ministerio cerraba al tráfico el nuevo carril más próximo al colegio que ponía en peligro. Previamente, el entonces ministro, Íñigo de la Serna, había avanzado que las obras pendientes en el tablero central del puente de Rande se realizarían sólo en horario nocturno para minimizar su efecto sobre el tráfico, pero finalmente, dos meses después de la inauguración, se cortaron varios carriles de manera ininterrumpida durante varios días, también en horario diurno. Y, por las noches, llegó a haber un solo carril de circulación disponible por sentido de los tres ahora existentes, cerrándose los nuevos añadidos en el exterior del puente e invalidando así el argumento de Fomento de que la ampliación propiamente dicha estaba finalizada a pesar de que no lo estuviese la renovación del tablero central.

Fomento también dijo que los cortes de carriles finalizarían antes de la llegada del verano, período de mayor tráfico, pero en las últimas semanas se han vuelto a repetir los cierres en horario nocturno. Y a finales de la pasada semana la última novedad de las obras aún no finalizadas en Rande y con efecto sobre el tráfico fue la instalación, sobre varias juntas del tablero del viaducto, de unas franjas de caucho o plástico cuya semejanza con badenes reductores de velocidad provocaron frenazos bruscos de numerosos vehículos en un tramo en el que la limitación de velocidad habitual es de 80 kilómetros por hora. Esos supuestos badenes fueron retirados el sábado sin que ni la concesionaria Audasa, que hace años que se niega a facilitar cualquier tipo de información a los medios de comunicación, ni el Ministerio de Fomento hayan informado aún de cuándo estará finalizada por completo una obra supuestamente inaugurada hace ya ocho meses.

Novedades empresariales

A la espera de que finalicen los trabajos y la concesionaria sea autorizada por Fomento a subir nuevamente los peajes, las restricciones al tráfico no están suponiendo grandes perjuicios a la empresa, que sigue mejorando semestre tras semestre sus resultados. Sólo en el primer semestre de este año, según hizo público hace dos semanas, los ingresos de Audasa por peajes ascendieron a 66 millones de euros y los beneficios antes de impuestos a 21,3 millones.

Este verano, además, la concesionaria ha perdido su último vínculo con el capital gallego. Abanca, heredero de las antiguas cajas gallegas, se deshizo de su participación del 23,8% en Itínere Infraestructuras, socio mayoritario de la concesionaria Audasa, que ahora pasa a estar controlado en un 55,6% por Globalvía, una transnacional formada por tres fondos de pensiones internacionales.

El cambio en la propiedad de la AP-9 se produce mientras sigue sobre la mesa la petición de que las competencias sobre la autopista sean transferidas por el Gobierno central a la Xunta. Esta reclamación está actualmente viva en, por lo menos, tres frentes diferentes. En el Congreso de los Diputados están en marcha dos proposiciones de ley de En Marea después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez decidiese levantar el veto con el que Rajoy las había bloqueado. En el Parlamento gallego los grupos acordaron por tercera vez una proposición de ley -redactada inicialmente por el BNG- para formular la misma reclamación ante el Congreso. Además, la transferencia está en la agenda de negociaciones políticas de la Xunta con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dice tener la “puerta abierta” a aprobarlo.

Unos 722,8 millones de euros. Es el montante de la operación económica por el que la Autopista del Atlántico (AP-9) está abocada a quedarse sin lo más parecido a un vínculo gallego que quedaba en su propiedad. La pasada semana el que fuera uno de los gigantes de la construcción en España, Sacyr, hizo oficial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que acababa de acordar con Abanca y Kutxabank, las entidades herederas de las antiguas grandes cajas de ahorros gallegas y vascas, la venta de sus respectivas partes en Itínere Infraestructuras, el grupo empresarial propietario de Autopistas del Atlántico (Audasa). Juntas suman el 55,6% del capital de Itínere y, en el caso de Abanca, administra las acciones que habían sido de Novacaixagalicia y antes, de Caixanova y Caixa Galicia.

La parte compradora de estos más de 251 millones de acciones de Itínere Infraestructuras es Globalvia, una trasnacional especializada en concesiones de todo tipo de infraestructuras controlada desde hace algo más de dos años por tres fondos de pensiones internacionales: OPTrust, de Canadá, PGGM, de Holanda, y USS, del Reino Unido. Estos fondos se quedaron en 2015 con la compañía creada por Bankia y FCC y bloquearon la operación de venta a otro fondo, propiedad del Gobierno de Malasia. Al convertirse en accionista mayoritaria de Itínere esta corporación será la que controle la AP-9, pero también otras autopistas gallegas: la AG-55 de A Coruña a Carballo y la AG-57 de Puxeiros al Val Miñor. Esto ya sucedía desde 2015 con la autopista Santiago-Dozón, la AP-53.

Cuando culmine la operación -Sacyr prevé que “esté formalizada en el último trimestre de 2018”- Globalvia sustituirá como principal accionista de Itínere la otro fondo multinacional, Corsair Capital, que participaba de la compañía junto a Kutkabank a través de la empresa Arecibo Servicios y Gestiones. Corsair es contraria a esta operación de venta, como también lo es Liberbank -entidad resultante de la unión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria en el marco del rescate financiero-.

Un negocio millonario basado en los peajes gallegos

El principal atractivo económico de Itínere Infraestructuras para los fondos internacionales implicados en su gestión son los peajes gallegos. No en vano, de los casi 275 millones de euros facturados por Itínere durante el pasado 2017, unos 150 procedían de sus filiales gallegas (Audasa y Autoestradas de Galicia), fundamentalmente de los ingresos por peajes de la AP-9. En apenas media década estos ingresos de la principal autopista gallega han aumentado un 13%, hasta superar los 140 millones de euros. Como informó Praza.gal, este volumen de ingresos de la AP-9 fue el mayor de la última década y permitió a Audasa apuntarse unos beneficios de más de 40 millones de euros por tercero año consecutivo.

Esperando el traspaso a la Xunta

El cambio en la propiedad de la AP-9 se produce mientras sigue sobre la mesa ña petición de que las competencias sobre la autopista sean transferidas por el Gobierno de España a la Xunta de Galicia. Esta reclamación está actualmente viva en, al menos, tres frentes diferentes. En el Congreso de los Diputados están en marcha dos proposiciones de ley de En Marea después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido levantar veto con el que las había bloqueado el PP. En el Parlamento gallego los grupos acordaron por tercera vez una proposición de ley -redactada inicialmente por el BNG- para formular la misma reclamación ante el Congreso -las dos anteriores las vetó el Gobierno de Rajoy-. Además, la transferencia está en la agenda de negociaciones políticas de la Xunta con el Gobierno del PSOE, que dice tener la “puerta abierta” a aprobarlo.

Tras hacerse pública la operación de venta a Globalvia la Xunta ha asegurado, a través de la conselleira de Infraestructuras, que su reclamación de traspaso tendrá “aún más convicción, si cabe”, ha afirmado Ethel Vázquez, si bien no aclara si el PP cambiará su postura en las Cortes Generales o si, por el contrario, seguirá siendo negativa y contraria a la mantenida en Galicia.

Desde En Marea reiteran también la necesidad del traspaso y además la formación cree que “el coste de la operación, por debajo de los 1.000 millones” demuestra que sería posible el rescate de la concesión por un importe muy inferior a los 4.000 millones estimados por el gabinete de Rajoy a través de cálculos erróneos. El BNG, por su parte, reclama “luz y taquígrafos” sobre esta operación de compra-venta y subraya, por medio de su viceportavoz, Olalla Rodil, la necesidad de acelerar la transferencia con una negociación bilateral Xunta-Estado.

El puente de Rande que da acceso a Vigo sobre su ría a través de la principal autopista gallega, la AP-9, se amplió a tres carriles por sentido para agilizar el tráfico y evitar los atascos que de manera recurrente se producían en ella por accidentes o por la elevada afluencia de tráfico procedente de la primera ciudad de Galicia en días no laborables, especialmente cuando hace buen tiempo. Esa ampliación se inauguró por todo lo alto el pasado 30 de diciembre con la presencia del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero cinco meses después el puente sigue registrando atascos por accidentes y elevada afluencia de tráfico. Sobre todo porque las obras aún no están terminadas a pesar de la decisión política de inaugurar la ampliación en diciembre. Pero esa no es la única decisión que explica los atascos.

Inauguración anticipada

La ampliación del puente de Rande corre por cuenta de la concesionaria de la autopista, Audasa, que según el acuerdo que firmó con el Ministerio de Fomento podría comenzar a recuperar la inversión a través de una subida de los peajes en toda la autopista “a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que finalicen las obras de ampliación”. Para garantizarse cobrar lo antes posible, Audasa aceleró las obras de los carriles exteriores que se añadieron al puente original, terminados con la inauguración oficial de diciembre, pero dejó pendientes otras actuaciones en su tablero principal que son las que se vienen realizando en los últimos cinco meses y que han motivado el corte de los carriles centrales del viaducto y el aumento de los atascos. Sin embargo, Fomento aún no ha autorizado a Audasa la subida de peajes. De hecho, el acuerdo con la concesionaria contempla que ese incremento “se aplicará simultáneamente con las revisión comunes de tarifas”, algo que se produce en enero, por lo que la subida no se debería aplicar hasta el próximo año.

Obras pendientes en horario diurno

Cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, avanzó el pasado 20 de diciembre en Santiago que, a pesar de la inauguración que se produciría diez días después, las obras continuarían en el puente de Rande, dijo que esos trabajos pendientes se realizarían “en período nocturno”. Pero no ha sido así y el 12 de febrero, mes y medio después de la inauguración, Fomento anunció que las obras pendientes implicarían cortes de carriles durante varios meses, hasta el verano, y que estos serían permanentes y no sólo en horario nocturno, como había anunciado el ministro.

Ampliación mal planificada en Chapela

Las obras en la plataforma central del puente de Rande no fueron las únicas que quedaron pendientes tras la inauguración. La autopista se amplió también a lo largo de varios kilómetros de acceso a Vigo, a su paso por el barrio de Chapela, en el vecino municipio de Redondela, donde el nuevo carril de circulación se aproximó tanto a un colegio que obligó a Fomento a admitir que no había planificado bien la obra, debiendo añadir un muro de contención que protegiera el centro escolar del posible choque de un vehículo pesado. La medida no fue suficiente y la presión de las familias obligó al ministerio a una segunda rectificación de sus planes iniciales y a trasladar el centro educativo a otro emplazamiento. Pero mientras no se construye el nuevo colegio, Fomento ha decidido restringir el tráfico del carril añadido en las cercanías del centro escolar, donde además hay restricciones de velocidad. Otro obstáculo que sumar para dificultar la supuesta mayor fluidez del tráfico que iba a lograr la ampliación de la AP-9.

Fomento culpa a las obras de la Xunta en la Autovía del Morrazo

De manera simultánea a las obras de ampliación del puente de Rande, al otro lado de la ría de Vigo la Xunta estuvo realizando las obras de conversión en autovía del Corredor del Morrazo, con el que enlaza la AP-9. Unas obras que, para facilitar los trabajos de las constructoras y a pesar de la promesa inicial del Gobierno gallego de que se mantendría la circulación, han supuesto el corte al tráfico del Corredor durante varios meses y el desvío a la antigua carretera convencional. A raíz de los atascos producidos en las últimas semanas, el Ministerio de Fomento aprovechó, en declaraciones divulgadas por la agencia Europa Press en su web, para cargar contra la Xunta y decir que “la principal restricción en estos últimos meses ha sido la que generaba el corte de tráfico en el corredor del Morrazo para su conversión en autovía”. El ministerio evidenciaba así de manera implícita que el Gobierno gallego no había cumplido con su compromiso de mantener abierto al tráfico el Corredor mientras se desdoblaba en autovía, lo que evitaría ese tercer embudo consecutivo, tras el de Chapela y el de los carriles cortados en el propio puente, que están detrás de los atascos de los últimos meses. La apertura de la Autovía del Morrazo la pasada semana debería contribuir a mejorar ese punto.

A pesar de que estos elementos que condicionan la circulación por la AP-9 son conocidos por Fomento desde hace meses e incluso años, no fue hasta este miércoles que el ministerio puso sobre la mesa de Audasa la posibilidad, muy remota tal y como se planteó, de no cobrar peaje cuando se produzcan atascos motivados por las obras aún en marcha. Lo hizo al mismo tiempo que la Defensora del Pueblo acaba de iniciar una nueva queja por esa cuestión ante Fomento y Audasa. Y lo hace también cuando las obras, ahora sí, según sus últimas previsiones, están ya a punto de terminar después de más de tres años y cinco meses después de su inauguración por Rajoy.

El pasado sábado día 30 de diciembre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró su habitual descanso de Navidad en Pontevedra, su ciudad, con un acto de puesta en servicio de la ampliación de la autopista AP-9, la principal de Galicia, a su paso por el puente de Rande que sirve de entrada a Vigo. Este miércoles, cuatro días después, el presidente inauguró otra ampliación de la misma autopista, esta vez en su tramo de circunvalación de Santiago, empleando en su intervención buena parte de los mismos elementos que ya había empleado en el acto previo.

Los dos actos, celebrados a pocos kilómetros de distancia del lugar de descanso de Rajoy, sirvieron para que el presidente emitiese dos discursos en clave estatal, el del sábado enfocado en la política y el de este miércoles en la economía. Si el sábado el presidente apeló a tender puentes en abierta referencia a Catalunya, este miércoles elogió la caída del paro y la recuperación económica. En el resto de sus intervenciones, el presidente destacó tanto en una como en otra las mismas actuaciones en Galicia en materia de obras viarias o ferroviarias, información que ya había desgranado en detalle el 20 de diciembre en otro acto también en Santiago el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que este miércoles, igual que el sábado, actuó de convidado de piedra. También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, repitió tanto el sábado como este miércoles buena parte del contenido de sus discursos, evidenciando que las dos obras inauguradas por separado con cuatro días de diferencia siempre han estado ligadas una a la otra.

Por otra parte, la inauguración de la ampliación del puente de Rande del pasado sábado coincidió en el tiempo con la celebración en Santiago de la ceremonia religiosa que recuerda el traslado legendario de los restos del Apóstol a Compostela. A pesar de que la ausencia de esa misa del alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, de Compostela Aberta, provocó hace dos años duras críticas por parte del PP, las inauguraciones fueron programadas de manera que la de Rande fuese el sábado y la de Santiago este miércoles. Así, el sábado, al tiempo que se celebraba esa anteriormente polémica misa, Rajoy y Feijóo inauguraban el puente de Rande. Su ausencia de la misa del sábado no impidió que este miércoles, ahora en la inauguración de la AP-9 en Santiago, tanto el vídeo introductorio del acto como Feijóo hayan hecho referencia al papel en la ciudad del culto al Apóstol, el Camino y el Jacobeo.

Mientras, entre la inauguración del sábado y la de este miércoles Rajoy ha evidenciado a través de su cuenta de Twitter su descanso de Navidad en la localidad de Sanxenxo (Sanjenjo, segundo escribió) y sus habituales paseos matinales por el entorno (con una foto con el presidente del PP pontevedrés y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su amigo José Benito Suárez, presidente del puerto de Marín y marido de Ana Pastor).

La ampliación de la autopista AP-9 a su paso por Rande y Santiago por parte de su concesionaria, Audasa, fue acelerada en los últimos meses para poder abrir los nuevos carriles lo antes posible y comenzar así a cobrar el incremento de los peajes en un 1% cada año durante los próximos 20 años con el que el Gobierno autorizó que se paguen las obras, que costaron unos 200 millones en el caso de Rande y 85 en Santiago. Esa prisa de la concesionaria está detrás, según el sindicato CIG, de la siniestralidad registrada en las obras, en las que murió un obrero y se produjeron otros dos accidentes graves. Este miércoles, como el sábado pasado en Rande, representantes del BNG protestaron a unos metros de la inauguración por lo que consideran mala gestión de la autopista por parte del Gobierno central.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santiago el alcalde, Martiño Noriega, destacó que “cualquier infraestructura es positiva” pero alertó de que la ciudad sigue reclamando una nueva conexión con la AP-9, el denominado enlace orbital, más al norte de los actuales y que conectaría con los polígonos empresariales. Un enlace que pidió que no se vea recortado por parte del Gobierno central con respecto a las previsiones iniciales.