El presidente de EEUU, Donald Trump, ha puesto en marcha, otra vez, la salida de su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. De esta forma, la máxima autoridad de uno de los países más poderosos del mundo, que tomó posesión este lunes, volverá —ya lo hizo en su anterior mandato— a darle la espalda a sus objetivos climáticos. Una vez comunicado el abandono del acuerdo, la salida efectiva tarda un año, según establece el propio texto.

La cuestión es que, hasta que el abandono se haga efectivo, la administración Trump podría seguir enviando delegaciones a las reuniones climáticas en las que, por ejemplo, se preparan las Cumbre del Clima. De hecho, de acuerdo a este calendario, EEUU podría participar en las negociaciones de la siguiente COP que tendrá lugar en Brasil y en la que los estados deben presentar su siguiente ronda de planes climáticos.

El Acuerdo de París, que se aprobó oficialmente en diciembre de 2015, surgió para abordar la necesidad de trabajar globalmente para luchar contra el cambio climático. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante por el que los países firmantes —casi 200 en 2015— se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para impedir que la temperatura global del planeta al final del siglo XXI suba más de 2ºC respecto a la que era antes de la era industrial y “preferiblemente” que ese límite sea 1,5ºC.

El gigante americano es, precisamente, el país que más ha contribuido históricamente a las emisiones de gases de efecto invernadero que se han lanzado a la atmósfera. Se baja del carro en un contexto en el que, desde julio de 2023 hasta diciembre de 2024, todos los meses menos julio del año pasado superaron el umbral de 1,5 ºC, aunque eso no significa que se haya incumplido ya con el objetivo de París. Para ello tendría que sobrepasarse la temperatura de 1850-1900 al menos durante una década. Sin embargo, supone un punto de inflexión a partir del cual todas las naciones deberían estar apretando el acelerador de sus medidas de mitigación y adaptación climáticas.

China aprovecha para reafirmar su compromiso

China, el país que ha estado a la cabeza en emisiones durante estos últimos años, ha expresado este martes su preocupación por la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo. “El cambio climático es un reto común para toda la humanidad, y ningún país puede actuar solo en su propio beneficio”, ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, quien ha aprovechado para reiterar el compromiso de su país para continuar enfrentando este desafío de manera activa.

La 'arquitecta' del tratado internacional y CEO de la European Climate Foundation, Laurence Tubiana, ha animado a que este paso sirva como “llamada de atención para reformar el sistema” y ha señalado a Europa. “La retirada de EE.UU. del Acuerdo de París es desafortunada, pero la acción climática multilateral ha demostrado su resistencia y es más fuerte que la política y las políticas de un solo país. Europa —junto con otros socios— tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de dar un paso al frente y liderar. Impulsando una transición justa y equilibrada, puede demostrar que una acción climática ambiciosa que protege a las personas, fortalece las economías y aumenta la resiliencia”.

“Al abandonar el Acuerdo de París, esta Administración está abdicando de su responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense y nuestra seguridad nacional”, ha lamentado Gina McCarty, ex asesora nacional sobre el clima de la Casa Blanca. Y ha proseguido: “Pero tengan por seguro que nuestros Estados, ciudades, empresas e instituciones locales están dispuestos a recoger el testigo del liderazgo climático de Estados Unidos y hacer todo lo que puedan —a pesar de la complacencia federal— para continuar el cambio hacia una economía de energía limpia”.

Dos octogenarias armadas con un cincel y un martillo entraron una mañana del pasado mes de mayo en la Biblioteca Británica de Londres. Sin levantar sospechas se dirigieron a la sala donde se encuentra una de las cuatro únicas copias de la Carta Magna, documento que data del año 1215, y procedieron a astillar la vitrina que guarda el pliego medieval, considerado un texto fundacional de la democracia moderna y que establece que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley. Se trataba de una acción de protesta ante la inacción contra el cambio climático.

Una de las activistas era Sue Parfitt, de 82 años y ataviada con su alzacuellos de sacerdote de la Iglesia anglicana, que sujetaba el cincel cerca de una de las esquinas del expositor. Su compañera se llama Judy Bruce, de 85 años y profesora de Biología jubilada, quien articulaba el martillo. Tras varios golpes, Parfitt desplegó una pancarta con el mensaje: “El Gobierno ha violado la ley”, antes de pegarse a la vitrina para finalizar la protesta. Ambas fueron arrestadas y posteriormente puestas en libertad en espera de juicio.

La declaración de ambas mujeres tenía un base jurídica. La semana anterior, el Tribunal Superior de Justicia había dictaminado que el Gobierno conservador británico no estaba haciendo lo suficiente para alcanzar su objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero para el año 2030 y le obligaba a modificar las políticas ambientales que han permitido, por ejemplo, otorgar nuevas licencias de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte.

“Esto tiene una importancia enorme, el Gobierno estaba violando sus propias leyes, incumpliendo el Acuerdo de París y todas nuestras obligaciones internacionales. ¿Se informó de ello en la prensa? Apenas fue mencionado”, se lamenta Parfitt. Lo que sí recibió atención mediática internacional fue el “ataque” al tesoro histórico nacional, que permaneció intacto. Un éxito de publicidad que sin embargo se centraba en el pequeño daño ocasionado al vidrio y no en la denuncia de la actuación del gobierno. “Vivimos tan inmersos en esta cultura consumista que a la gente le molesta más los daños causados a la propiedad que los trastornos a las vidas humanas”, reflexiona la religiosa.

Vivimos tan inmersos en esta cultura consumista que a la gente le molesta más los daños causados a la propiedad que los trastornos a las vidas humanas

Parfitt vive desde hace más de 20 años a las afueras de Bristol en una casa del siglo XVIII. Ocupa un modesto piso en la planta baja de la vivienda que comparte, además de un coche eléctrico, con su casero, mujer y niños. En el salón y frente a una taza de café con leche de avena, la activista explica: “El objetivo de todas las acciones es destacar la catástrofe climática. Estamos contando la gravedad de la emergencia en la que nos encontramos. De lo contrario, nadie habla de ello. Cómo lo hagamos no es lo importante. Tenemos que conseguir que el Gobierno detenga a la industria de los combustibles fósiles. Es una tarea enorme”, reconoce.

Nacida en otra ciudad del suroeste de Inglaterra, Hereford, siempre ha vivido entre Gales y Bristol, donde estudió Historia antes de formarse como terapeuta de familia en Cardiff. Se considera “cristiana de cuna”, sus padres eran muy devotos, y tan pronto como terminó la universidad se hizo monja, aunque a los dos años tuvo que colgar los hábitos para cuidar a sus progenitores hasta su fallecimiento. Después se interesó por la psicoterapia, que ejerció durante diez años, hasta que de nuevo sintió la llamada de Dios y decidió estudiar Teología.

Militancia en el ADN

Se podría decir que esta pequeña mujer lleva grabado el gen de la militancia en su ADN. Un antepasado materno fue acusado de sedición en el siglo XVIII por incitar a la clase trabajadora a luchar por sus derechos laborales y el abuelo paterno, también sacerdote anglicano, se enfrentó a su obispo por querer enterrar en el cementerio a alguien que se había suicidado, algo no permitido en la época, y acabó marchándose a otra doctrina.

El amor por la naturaleza se lo inculcaron su madre y tías paternas, excelentes jardineras, y su padre, ávido pajarero. Ha perdido la cuenta del número de protestas en las que ha participado, pero alguien le recordó hace poco que ha sido arrestada 27 veces desde que se sumó a la acción organizada por Extinction Rebellion que cortó el tráfico en el centro de Londres durante casi dos semanas en 2019. También ha bloqueado el acceso a instalaciones del Ministerio de Defensa, se ha subido a un vagón del metro para paralizar el servicio y ha interrumpido el tráfico durante varios días en la carretera de circunvalación de Londres M25, la autopista más transitada de Europa. “Seguramente ahora haya que sumar algún arresto más”, añade sonriendo.

La nueva legislación (la Ley de Delitos, Policía y Sentencias de 2022 y la Ley de Orden Público de 2023), que amplía los poderes de la policía para practicar arrestos en protestas pacíficas, prohíbe a los activistas utilizar la crisis climática como parte de su defensa legal y aumenta las multas y las penas de cárcel por desobediencia civil, que puede llegar a los diez años de cárcel por perturbar el orden público. Ya son al menos 33 los miembros de la organización Just Stop Oil enviados a prisión por protestas no violentas. El cofundador de Extinction Rebellion, Roger Hallam, recibió el pasado verano la pena más larga en Reino Unido por planear el bloqueo de la carretera M25: cinco años de cárcel.

“Por un lado tienes a estos jóvenes, que por lanzar sopa contra cuadros son condenados a dos años de cárcel y, por otro, a agitadores que deliberadamente están tratando de herir y matar a inmigrantes quemando los hoteles en los que se alojan, recibiendo sentencias patéticamente cortas… Es una desgracia. Creo que en este país hemos perdido la razón”, valora Parfitt.

Por un lado tienes a estos jóvenes, que por lanzar sopa contra cuadros son condenados a dos años de cárcel y, por otro, a agitadores que deliberadamente están tratando de herir y matar a inmigrantes quemando los hoteles en los que se alojan, recibiendo sentencias patéticamente cortas… Es una desgracia. Creo que en este país hemos perdido la razón

Sue Parfitt — Sacerdote de la Inglesia anglicana en Bristol

Parfitt tiene varios juicios pendientes. Nunca se declara culpable ante el juez porque considera que quien está actuando de forma ilegal es el Gobierno. “Yo estoy aquí para contar la verdad”, afirma con rotundidad. La posibilidad de acabar entre rejas es cada vez más real, pero ella lo afronta con estoicismo.

No puede oficiar ceremonias

De forma reciente, este prolífico activismo ha tenido un inesperado coste personal. La obispa de Bristol, Vivienne Faull, que venía apoyando las acciones, ha decidido no renovarle la licencia para oficiar ceremonias que otorga la iglesia a sacerdotes y diáconos jubilados hasta que se resuelvan sus juicios pendientes.

“Me entristece perder mi licencia, especialmente este año, pero lo más significativo es que, al quitármela, la obispa está metiendo a la Iglesia en un grupo –junto con jueces, prensa, médicos… y el Gobierno–, que no habla de la catástrofe climática. Esto es silenciar la verdad”, afirma con voz clara y pausada.

Con un total de activos valorados en unos 12.300 millones de euros, la Iglesia anglicana anunció en 2023 su intención de desinvertir en empresas relacionadas con la exploración y producción de petróleo y gas, una decisión que Parfitt considera acertada. Sin embargo, le decepciona que no vaya más lejos con sus acciones. “Si toda la Iglesia se hubiera sentado a bloquear la autopista M25 hace dos años, habríamos conseguido hacer el aislamiento térmico de toda Gran Bretaña de un día para otro”.

Considera que sus acciones no son violentas sino “extremadamente pacíficas” por lo general y defiende que reciben extensa formación y planifican las acciones con el objetivo de minimizar los riesgos. Así, cuando cortan carreteras siempre hay una vía libre para vehículos de emergencia, se atacan pinturas protegidas bajo cristal y, en el caso de la Carta Magna, ella misma comprobó en una visita previa a la acción que en caso de romper el expositor el documento no sería dañado, pues está protegido por una segunda vitrina. “Nunca habría dañado la Carta Magna, soy historiadora”.

Tampoco cree que sus actos legitimen a otros grupos a usar métodos violentos para reivindicar sus ideas. “No pienso ni por un momento que yo tenga alguna influencia sobre esa gente horrible de extrema derecha que ha participado en disturbios contra inmigrantes”, sostiene. Sí lamenta especialmente los problemas causados por el corte de carreteras, pero lo justifica como “desgraciadamente necesario. No es nada comparado con las perturbaciones que vamos a sufrir por la catástrofe climática”. Tampoco ve contradicción entre sus acciones y sus valores religiosos. “Es un dolor necesario para intentar disminuir las alteraciones mucho más dolorosas hacia las que caminamos rápidamente. Los científicos están alarmados porque la velocidad a la que avanza la crisis es mucho más rápida de lo que habían proyectado”.

Habla de la sexta extinción masiva de especies, la primera ocasionada por la actividad humana, que asegura está en marcha y sin vuelta atrás. “Solo podemos retrasar lo inevitable, predice. ”Yo quiero pasar mis últimos años haciendo todo lo que pueda para detener las emisiones nocivas“, explica. ”¿Cuál es la alternativa, quedarme en casa cuidando de mi gato? No he sido llamada para hacer eso“.

El año 2015 se alcanzó en la capital de Francia el Acuerdo de París contra el cambio climático. Este lunes, los países se reúnen en Azerbaiyán para seguir desarrollándo esta herramienta global que trata de aplacar la crisis del clima y sus impactos.

El acuerdo es un tratado internacional jurídicamente vinculante por el que los países firmantes se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para impedir que la temperatura global del planeta al final del siglo XXI suba más de 2ºC respecto a la que era antes de la era industrial y “preferiblemente” que ese límite sea 1,5ºC. Para esa era preindustrial se toma como referencia aproximada el año 1850.

Se trata, como explica el texto, de un objetivo a largo plazo. Porque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implica un cambio gigantesco del modelo de producción y consumo en el planeta hasta ahora basado en la quema de combustibles fósiles (que provocan esas emisiones). “La aplicación del acuerdo requiere una transformación económica y social basada en la mejor ciencia disponible”, describe la propia ONU.

También porque la inercia climática se mide en décadas: la vida activa de gases como el CO2 en la atmósfera es tan larga que, aunque ahora mismo se cortaran las emisiones completamente, su efecto se prolongará muchos años, como ha explicado recientemente la Organización Meteorológica Mundial en su análisis sobre cuánto CO2 hay actualmente acumulado en la atmósfera.

El acuerdo incluye que los países ricos van a ayudar económicamente a los países en desarrollo para cumplir el acuerdo

Lo más novedoso de este acuerdo es que los países que se adhieren se comprometen a hacer todo lo que está en su mano para conseguir ese objetivo y se admite que el origen de ese calentamiento global que provoca el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los seres humanos.

La COP29 y el horizonte 2050

También se comprometen a conseguir que las emisiones de gases a nivel mundial alcancen cuanto antes un máximo para poder desde entonces comenzar a bajar. El acuerdo reconoce que los países empobrecidos tendrán más tiempo para llegar a su punto máximo. La idea es que, a partir de 2050, la cantidad de gases que sigan bombeándose a la atmósfera y la cantidad que se absorba en los bosques, los suelos y los océanos, sea equivalente (una especie de resta a cero) para llegar a lo que denomina: “neutralidad climática”.

Ese compromiso, según exige el acuerdo, tiene que plasmarse en Planes Nacionales Climáticos de cada país (NDC) en los que han de detallarse, básicamente, cuánto van a recortar sus emisiones y cómo. Esos planes se renuevan cada cinco años. La próxima ronda de planes NDC debe hacerse en 2025 y tienen que ser “más ambiciosos” que los anteriores, como establece el tratado.

El acuerdo incluye que los países ricos van a ayudar económicamente a los países en desarrollo para cumplir el acuerdo. Que van a poner dinero para recortar sus emisiones, proteger bosques que absorben CO2 o implantar energías limpias.

El año que viene, la COP debería tener encima de la mesa los nuevos planes nacionales climáticos

Este modelo de tratado ha hecho que 195 de los 198 países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático hayan ratificado este acuerdo que entró en vigor un año después de alcanzarse; en 2016. El Protocolo de Kioto, por ejemplo, se acordó en 1997 y no entró en vigor hasta 2005. Estados Unidos no lo ratificó y Canadá lo abondonó.

La marcha y progreso del acuerdo se revisa cada año en la Conferencia de la Partes de la Convención (Conference of the Parties en inglés. o COP). Este año se celebra en Bakú (Azerbaiyán) en lo que se conoce como COP29.

Cada COP, también esta, tiene una agenda para desarrollar y acordar las tareas que implica aplicar el acuerdo. Por ejemplo, este año, en teoría, toca revisar la cantidad de dinero que los países ricos han de poner cada año para asistir a los países en desarrollo. El año que viene, la COP debería tener encima de la mesa los nuevos planes nacionales climáticos.  

La gran banca mundial aceleró en el último año la financiación a la industria y a los operadores que focalizan su negocio en los combustibles fósiles. En concreto, las 60 mayores entidades financieras globales destinaron a ese propósito más de 705.000 millones de dólares a lo largo de 2023, un 4,7% más que un año antes. Es el equivalente a 650.000 millones de euros, según el estudio 'Banking on climate chaos' que realiza anualmente un consorcio de organizaciones ecologistas. 

La financiación es significativa no solo por el volumen en sí, sino porque también supone un cambio de tendencia respecto a 2022, cuando los fondos destinados a estos combustibles se redujeron en un 16%.

Además, el crecimiento del último ejercicio eleva hasta los 6,9 billones de dólares el volumen total de financiación que los grandes bancos han dedicado a las empresas y firmas energéticas más contaminantes desde que entró en vigor el acuerdo de París, que limitó las emisiones, según el citado informe. En él, han participado entidades medioambientales como Rainforest Action Network, Banktrack o Reclaim Finance y tiene en cuenta diferentes tipos de financiación, como líneas de crédito, por ejemplo. 

En el siguiente gráfico, se comprueba cómo han evolucionado estos fondos desde el año 2016, tras la entrada en vigor del compromiso para mitigar el calentamiento global. 

Lo que rastrean estas organizaciones climáticas es la relación de los mayores bancos internacionales con las compañías cuyo principal negocio es el petróleo, el gas o el carbón. Entre ellos están tres españoles, Santander, BBVA y CaixaBank. 

Los primeros puestos están ocupados, sobre todo, por bancos estadounidenses, japoneses, británicos y canadienses. El mayor financiador es JPMorgan, que elevó el volumen de fondos desde los 38.700 millones de dólares de 2022 a los 40.800 millones de 2023. También sube el segundo en este pódium, el japonés Mizuho, que en un año ha pasado del sexto al segundo puesto y superó los 37.000 millones de dólares. El tercero es Bank of America, que también avanza un puesto y alcanzó en 2023 los 33.680 millones en este tipo de financiación ligada a emisiones contaminantes.

Este es el ranking de las 10 entidades que más financiaron a la industria de los combustibles fósiles durante el pasado ejercicio.

Más fondos en el año más cálido

Las organizaciones medioambientales ponen el foco en cómo “la industria de los combustibles fósiles sigue haciendo todo lo posible” por acelerar su actividad a pesar de que las emisiones de gases con efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles siguen aumentando y 2023 fue el “año más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de la superficie terrestre 1,4 grados centígrados por encima de las medias del siglo XIX”, cita el informe.

“Los impactos climáticos se están intensificando: en 2023 se produjeron olas de calor, sequías, tormentas más fuertes, inundaciones, ciclones tropicales y una crisis mundial de incendios forestales”, enumera. Una combinación de factores que amenaza a dos motores económicos de España, como son el turismo y la producción agrícola.

Los coautores del informe también señalan una situación dual. Mientras 33 bancos redujeron la financiación que prestan a las empresas ligadas a los combustibles fósiles, otros 27 la aumentaron y lo hicieron en tal medida que crece la exposición global del sector financiero. Entre estos últimos, además de los tres primeros del ranking, citan a Morgan Stanley, Barclays, Goldman Sachs e ING Group.

El informe también destaca que, en muchas de estas entidades, lo que más aumenta es la financiación ligada al gas natural licuado. Entre ellas menciona al Banco Santander, aunque el informe no aporta una cifra en concreto al respecto. Tampoco sobre BBVA o Caixabank.

Por tipo de financiación, el texto apunta que los 60 bancos analizados suscribieron más de 276.100 millones de dólares en bonos corporativos destinados a la financiación de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, 29.500 millones más que un año antes. En cambio, se redujo en más de 97.000 millones la actividad ligada a otro tipo de préstamos, aunque es la principal cifra ya que superó los 411.000 millones. En cambio, aumentó la financiación ligada a acciones o títulos de empresas que subió de 17.900 a 23.200 millones de dólares. 

El trasfondo, recalca el informe, es que aunque se estén haciendo avances en energías renovables, en un contexto donde se exige una reducción de emisiones, el petróleo, el gas y el carbón siguen formando parte de la combinación energética y, por ello, de la financiación por parte de las entidades bancarias. Así, en lado de las empresas a las que se han financiado nuevos proyectos en combustibles fósiles, el análisis de 'Banking on climate chaos' cita a compañías como la italiana Eni (más de 11.000 millones de dólares) o la canadiense Enbridge (más de 35.000 millones). En cambio, señala que hay grandes petroleras, como Total o Exxon que no aumentaron su endeudamiento durante el pasado ejercicio.

Si se ven los datos de los ocho últimos años, desde que se aprobó el acuerdo de París, tres entidades estadounidenses son las que más financiación han prestado a las empresas energéticas que generan más emisiones: JPMorgan, que supera los 420.000 millones de dólares desde 2016; Citigroup, con casi 400.000 millones; y Bank of America, alrededor de 330.000 millones.

Francisco es el Papa de la 'Laudato Si', la primera encíclica verde de la historia. Un Papa ecologista, que convocó un histórico Sínodo sobre la Amazonía, comprometido con el cuidado de la Casa común y uno de los primeros líderes en reivindicar el concepto de ecología integral y reclamar a los líderes políticos un cambio en las dinámicas productivas para tener en cuenta los pulmones de la Tierra y a los más pobres, los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Y, sin embargo, hasta este mes de julio la Santa Sede no se ha adherido oficialmente a la Convención de Naciones Unidas sobre el Clima y al Acuerdo de París. Más tarde, incluso, que la Rusia de Putin.

La firma tuvo lugar el pasado 8 de julio, pero no ha sido hasta ahora, coincidiendo con su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, cuando Francisco lo ha anunciado oficialmente. “Recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, con la esperanza de que la humanidad del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades”, glosa el Papa en su escrito, en el que sostiene que la cumbre COP27 sobre el clima, que se celebrará en Egipto en noviembre de 2022, “representa la próxima oportunidad para impulsar juntos una aplicación efectiva del Acuerdo de París”

“Alcanzar el objetivo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C es todo un reto y requiere la cooperación responsable de todas las naciones para presentar planes climáticos o contribuciones determinadas a nivel nacional, más ambiciosas, para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero con la mayor urgencia posible”, reclama Francisco, quien denuncia el “antropocentrismo despótico” de los países industrializados, que logra que sean “los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes”. Por eso, reclama al mundo “arrepentirnos y cambiar los estilos de vida y los sistemas perjudiciales”.

“Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, forestales, inmobiliarias, agro negocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”, insiste el Papa, quien recuerda la existencia de una “deuda ecológica” que obliga a las naciones más ricas a “tomar medidas más ambiciosas tanto en la COP27 como en la COP15”, concluye Francisco.

Toda la información en www.religiondigital.org

Laurence Tubiana (Orán, 1951) fue la arquitecta del Acuerdo de París contra el cambio climático. El Gobierno francés de François Hollande le puso a diseñar una fórmula para convencer a todos los Estados de que había que hacer algo para detener el funesto calentamiento acelerado del planeta que causan las emisiones de gases humanas. Sobre el proyecto planeaba el fracaso de la cumbre de Copenhague. Cuando el ministro de Exteriores Laurent Fabius dio el martillazo en diciembre de 2015, pudo decir: “misión cumplida”.

Tras aquello, ahora es la responsable de la Fundación Europea por el Clima. Ha venido a Madrid a hablar sobre cómo impedir que los combustibles fósiles secuestren la necesaria descarbonización de la economía. En conversación con elDiario.es, es evidente que ya no actúa en el plano diplomático. La última decisión europea de considerar el gas y la nuclear como energías verdes le tiene indignada. Ya no debe morderse la lengua. Y se nota.

¿Cuánto le ha decepcionado que el Europarlamento haya etiquetado como verdes el gas y la energía nuclear?

Me puse furiosa porque me parece que no es el momento de hacerlo y no da la señal necesaria para las inversiones. Rusia debe haberse puesto muy feliz. Pienso que esta guerra no es solo un ataque contra Ucrania, sino también contra el modelo europeo que incluye el Nuevo Pacto Verde y dejar de utilizar los combustibles fósiles.

Socava el discurso europeo de que somos un 'Climate Champion'...

Es una señal muy delicada cuando en Glasgow [la COP26 de noviembre de 2021] se ha firmado un acuerdo para no financiar inversiones en fósiles en otros países. Imagina los estados africanos que quieren desarrollar más la explotación de petróleo y gas pues ahora pueden decir: “Cómo ustedes, ¿no?”

Hay que poner el foco en los impactos del cambio climático porque eso lo ve todo el mundo. Y sobre la solidaridad para ayudar a los países a confrontar los problemas porque, si no, va a haber una migración masiva

¿Y cuál es el mensaje hacia la ciudadanía?

Un muy mal mensaje. El Green New Deal y la reducción de 55% de emisiones son planes ambiciosos y se están haciendo cosas, por lo que esta decisión es un mensaje estúpido, ciertamente. Claro que hace falta usar el gas durante un tiempo y buscar fuentes diferentes para dejar de dar este dinero que se está dando a Rusia todos los días, pero no tiene sentido.

Y hace poco tiempo llegó el fallo de Supremo de Estados Unidos que minaba la acción contra el cambio climático...

Es un fallo muy ideológico, como otras decisiones sobre el aborto y las armas. Un asunto de identidad cultural de “estamos en contra de las renovables” cuando, en realidad, en Estados Unidos las inversiones en renovables son muy altas. Texas, que es el estado icónico de petróleo, es el primer exportador de energía eólica de Estados Unidos.

¿Ve riesgo de que se replique esa polarización en Europa a cuenta de la lucha contra la crisis climática?

Espero que en Europa no se polarice tanto, aunque haya gente en eso. La población americana está preocupada por el clima, pero tan involucrada y depende mucho de donde vivan dentro del país. Pero en Europa todas las encuestas, cada vez que hacemos estudios, dicen que la sensibilidad de las sociedades europeas es muy alta.

¿Cómo va afectar esos movimientos al esfuerzo para contener el calentamiento del planeta?

Tenemos reveses en el corto plazo por la guerra y eso es normal, por eso la vigilancia de los ciudadanos es lo que puede presionar para ir dónde hemos dicho que vamos a ir: a recortar un 55% las emisiones en 2030 y eso hay que hacerlo.

¿El miedo a la inflación, a la escasez, está siendo una herramienta para retrasar los pasos que exigen ese plan?

Ese es el riesgo. En el periodo de COVID la población pensaba en términos de salud, pero no hubo presión contra el Green New Deal. Ahora eso es más complicado porque la inflación hace que la gente tenga pánico, no se sabe qué impacto tendrá en el empleo o el consumo. Por eso hay que diseñar políticas de corto plazo que amortigüen en golpe, pero no comprometer la dirección que es inversiones y reformas del sistema del mercado eléctrico Y, por eso, calificar como verde el gas y la nuclear es un paso atrás. Y además hay que solventar las necesidades de las personas con un precio máximo para la electricidad.

¿Se ha disuelto un poco el momento que impulsaba la acción climática?

Los problemas en casa son muy urgentes. Y el mayor problema es la tensión geopolítica. Aunque Estados Unidos y China están hablando no creo que vayan a acordar una mayor ambición climática. Hay fuerzas contradictorias y como el orden internacional está derrumbándose, es muy difícil...

¿Qué hay que hacer para devolver esta crisis al primer plano?

Hay que poner el foco en los impactos del cambio climático porque eso lo ve todo el mundo. Y sobre la adaptación al cambio y la solidaridad para ayudar a los países a confrontar los problemas porque, si no, va a haber una migración masiva. El control de las fronteras no va a funcionar. Son millones de personas que quieren irse por la crisis climática. En Chad o en Siria se van por la sequía.  

Porque los efectos son cada vez más palpables en todos los sitios...

Mostrar que el impacto del cambio climático está costando mucho dinero y mucha miseria. Incluso una crisis de alimentos: en Etiopía, Sudán o Niger es tan grande que va a haber una hambruna terrible y no se habla porque todo el mundo está con cosas domésticas.

¿Ve peligrar el Acuerdo de París?

Se ha mostrado más fuerte de lo que pensaba cuando lo diseñaba. Es un acuerdo no solo de gobiernos sino que implica a las comunidades locales, las empresas o las entidades financieras. Eso ha hecho que cuando Donald Trump se marchó, mucho Estados dijeran: “Nosotros nos quedamos”. Y cuando Bolsonaro en Brasil o Australia no hacían nada, sus sectores empresariales les impidieron salirse. Bolsonaro habría estado feliz de sacar al país del Acuerdo, pero no le dejaron.

Tenemos muy poco tiempo y ya estamos en 1,2 ºC de incremento de temperatura. Ya nadie puede ignorar el impacto climático, pero, la verdad, parece que cada uno lo hace lo más lento posible...

Laurence Tubiana

¿Cuál es, entonces, la preocupación?

Que el cambio climático se acelera. Entré en estas negociaciones en 1997 y entonces se pensaba que el límite sería una concentración de 500 ppm de CO2 en la atmósfera. Se consideraba que había margen. Pero en realidad los científicos del IPCC ha visto que hay que estar por debajo de 400 ppm. La ciencia ha demostrado que vamos demasiado lentos.  

El problema está, pues, en ir arrastrando los pies?

Tenemos muy poco tiempo y ya estamos en 1,2 ºC de incremento de temperatura. El marco que es el Acuerdo funciona. Se ha entendido la situación. Ya nadie puede ignorar el impacto climático, pero, la verdad, parece que cada uno lo hace lo más lento posible...

Qué receta utiliza para desarticular la ecoanisedad, esa angustia al ver que la situación empeora y la solución no llega?

Mi solución para la ecoansiedad es la acción. Si eres fatalista, es horrible porque, ¿qué esperas? Como en la película Don´t look up, si esperas a morir ¿qué va a hacer? Convertirse en agente activo cambia la perspectiva. Ya no eres la víctima y eso es la mejor respuesta. Por eso cuando me preguntan si soy optimista o pesimista, digo: no me preocupo. Soy activista.  

El Parlamento Europeo y la presidencia portuguesa rotatoria del Consejo de la UE han allanado el camino esta madrugada para alcanzar la neutralidad climática en 2050 en la Unión Europea. Las dos partes han finalizado los trilogos –las negociaciones entre Parlamento, gobiernos y Comisión Europea– al fijar el objetivo vinculante de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones después de deducir las absorciones) de al menos el 55% para 2030 en comparación con 1990. El acuerdo tiene que ser ratificado ahora por el pleno de la Eurocámara y los 27 Gobiernos de la UE.

“La Ley del Clima coloca a la UE en el camino verde para una generación. Es nuestro compromiso vinculante con nuestros hijos y nietos”, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Europa está liderando el camino para el cambio en políticas climáticas”, ha afirmado la presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García: “La UE ha fijado un objetivo ambicioso de reducción de emisiones para 2030 y allanar el camino para una economía negativa en carbono para 2050”.

Sin embargo, los Verdes son críticos con el acuerdo. El eurodiputado de En Comú Podem y videpresidente del grupo Verdes/ALE, Ernest Urtasun, ha comentado: “Con este objetivo climático para el 2030, la UE no hará lo necesario y suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, lo que amenaza el destino de las generaciones actuales y futuras a un mundo de caos climático y desastres económicos. La Comisión y el Consejo, junto con sus partidarios en los grupos conservadores, han tenido prisa en aprobar una débil Ley Climático para tener una foto con el presidente Joe Biden, perdiendo la oportunidad de que la UE sea líder mundial en la acción climática”.

La copresidenta de La Izquierda en el Parlamento Europeo, Manon Aubry, también ha criticado el pacto por falta de ambición en los recortes de emisiones.

Consejo consultivo

Para lograr los objetivos para 2030, los negociadores han pactado un límite de 225 megatones de CO2, equivalente a la contribución de las absorciones al objetivo neto, y acordaron que la Unión Europea tendrá como objetivo un mayor volumen de sumidero neto de carbono para 2030.

Otros elementos del acuerdo provisional incluyen el establecimiento de un Consejo Consultivo Científico Europeo sobre Cambio Climático, compuesto por 15 expertos de diferentes nacionalidades con no más de dos miembros del mismo Estado miembro, por un mandato de cuatro años. Esta junta independiente se encargará, entre otras cosas, de proporcionar asesoramiento científico e informar sobre las medidas de la UE, los objetivos climáticos y los presupuestos indicativos de gases de efecto invernadero y su coherencia con la legislación climática europea y los compromisos internacionales de la UE en virtud del Acuerdo de París.

Los negociadores, además, acordaron que la Comisión Europea propondría un objetivo climático intermedio para 2040, si fuera necesario, seis meses después del primer balance del Acuerdo de París. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario publicará una previsión indicativa de la UE sobre gases de efecto invernadero para el período 2030-2050, junto con su metodología.

La previsión se define como el volumen total indicativo de emisiones netas de gases de efecto invernadero (expresadas como CO2 equivalente y proporcionando información separada sobre emisiones y absorciones) que se espera que se emitan en ese período sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París.

Los negociadores también acordaron que la Comisión Europea colaboraría con los sectores económicos que opten por preparar hojas de ruta para lograr el objetivo de neutralidad climática para 2050.

El acuerdo provisional también establece que la UE “se esfuerce por lograr emisiones negativas después de 2050”.

Este pacto político está sujeto a la aprobación del Consejo (los Gobiernos) y el Parlamento Europeo, antes de pasar por las etapas formales del procedimiento de adopción. El acuerdo provisional ha sido alcanzado por la presidencia rotatoria portuguesa del Consejo de la UE y los representantes del Parlamento Europeo, sobre la base de mandatos de sus respectivas instituciones.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene preparados decenas de decretos que planea firmar en sus diez primeros días en el poder, incluida una decena de órdenes que rubricará este miércoles, el día de su investidura, según afirma uno de sus asesores.

Además de enviar el día de su investidura al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos e instar al Congreso a que apruebe su plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares, Biden tomará varias medidas de forma unilateral.

Esas medidas incluyen un decreto para devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima y otro que acabará con el veto emitido por el mandatario Donald Trump a la entrada de viajeros procedentes de varios países de mayoría musulmana.

También ordenará una extensión de la moratoria a los pagos de los préstamos estudiantiles en el país, prorrogará las restricciones a los desahucios y ejecuciones hipotecarias, y declarará el uso obligatorio de mascarillas contra la covid-19 en propiedades federales y transportes que crucen líneas estatales. Así lo anunció este sábado el que será el jefe de gabinete de Biden en la Casa Blanca, Ron Klain, en una carta distribuida por el equipo de transición.

El día siguiente de la investidura, el jueves 21, Biden firmará una serie de decretos relacionados con la pandemia de la covid-19, y centrados en reabrir de forma segura escuelas y negocios, mitigar los contagios mediante una expansión de las pruebas de coronavirus y establecer estándares claros de salud pública, explicó Klain.

El viernes 22, el ahora presidente electo pedirá a su gabinete que tomen “medidas inmediatas para dar alivio económico a las familias trabajadoras que se han llevado la peor parte de esta crisis”, añadió. Entre el lunes 25 y el 1 de febrero, Biden firmará más decretos, entre ellos algunos centrados en “restaurar la dignidad del sistema migratorio y las políticas fronterizas”, y “comenzar el proceso difícil pero crucial de reunir a las familias separadas en la frontera”, indicó Klain.

A principios de diciembre, un grupo de abogados que trabaja para reunir a las familias migrantes afectadas por la política de “tolerancia cero” de Trump aseguraron que aún no habían encontrado a los padres de unos 628 niños separados de ellos en la frontera en 2017 y 2018, según NBC News.

En esa primera semana entera en el poder, Biden también tomará medidas para “afrontar la crisis climática con la urgencia que demanda la ciencia”, para “expandir el acceso a cuidados de salud” de personas de bajos ingresos y para “reformar el sistema de justicia criminal”, adelantó Klain. Se espera que Biden también converse por teléfono con varios líderes de otros países y “tome medidas para restaurar el lugar en el mundo de Estados Unidos”, concluyó.

La carta de Klain llegó poco después de que Biden presentara a quienes integrarán su equipo científico, incluido un asesor presidencial sobre ciencia que, si es confirmado por el Senado, formará parte del gabinete, algo que nunca había ocurrido y con lo que el presidente electo quiere subrayar la importancia que tiene ese tema para él.

El nominado para convertirse en ese asesor es el geneticista Eric Lander, el principal líder del Proyecto Genoma Humano, que entre 1990 y 2003 logró el mapeo de todos los genes humanos. También designó a Alondra Nelson como “número dos” de Lander, y a Frances Arnold y Maria Zuber -la primera mujer estadounidense en ganar un premio Nobel de Química, y la primera mujer que lideró una misión con nave espacial de la NASA, respectivamente- como copresidentas del Consejo de Asesores Presidenciales sobre Ciencia y Tecnología.

En un acto en Wilmington (Delaware), Biden dijo que quiso que esos asesores fueran los últimos que designa antes de llegar a la Casa Blanca porque son “los que más impacto tendrán” en el futuro de los niños del país.

La asociación ecologista Extinction Rebellion Murcia ha anunciado el apoyo a la Acción Mundial contra el Fracking que tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre. De acuerdo con la asociación la manifestación radicará en “una performance que consistirá en la representación en silencio de las Víctimas del Fracking y los Responsables del daño personificados en las principales empresas multinacionales españolas”.

A la acción murciana se unirán “diversos movimientos ambientales, asambleas, y grupos locales que padecen el avance de esta técnica altamente contaminante en Argentina, Colombia, México”, asegura la asociación.

La protesta tendrá lugar en la Plaza de Europa de la ciudad de Murcia y será a las 16:30 horas.

La asociación ecologista denuncia que España es el mayor exportador de gas esquisto de Europa, y el tercero a nivel mundial detrás de Corea del Sur y Japón, lo que da al país un “papel protagónico” en el avance del fracking y el calentamiento global.

El Parlamento de Nueva Zelanda ha declarado este miércoles la emergencia climática para “colocarse en el lado correcto de la historia” y la primera ministra, Jacinda Ardern, ha reafirmado su compromiso para transformar las organizaciones gubernamentales y alcanzar la neutralidad de carbono para 2025.

“Esta declaración es un reconocimiento a la siguiente generación, del lastre que arrastrará si no hacemos esto bien y si no actuamos ahora (...) Esta declaración es sobre nuestras responsabilidades globales”, ha declarado Ardern en el Parlamento.

La moción presentada por Ardern, que gobierna con mayoría absoluta desde el pasado 17 de octubre, fue aprobada con el apoyo del Partido Laborista –el suyo–, los verdes y el partido Pati Maori e incluye el compromiso de reducir emisiones y residuos.

En este sentido, la primera ministra ha reafirmado su compromiso de que el sector público alcance la neutralidad de carbono en 2025 y liderar así desde el gobierno la transición energética a largo plazo, hasta 2050. “Demostraremos nuestro liderazgo y demostraremos a otros sectores de la economía de Nueva Zelanda que es posible reducir las emisiones del sector público y alcanzar la neutralidad de carbono en el gobierno en 2025”, ha declarado.

Descarbonización y reducción de emisiones

Ardern ha recalcado que la lucha contra el cambio climático es una prioridad para su gobierno y es una parte fundamental de su plan para la recuperación económica después de la pandemia de COVID-19.

El programa de descarbonización de su gobierno, dotado de un presupuesto de 200 millones de dólares, incluye la eliminación de las centrales de carbón, la obligación de que las agencias gubernamentales adquieran vehículos eléctricos y el cumplimiento de requisitos energéticos para edificios públicos.

Por su parte, el ministro del clima, James Shaw, ha recalcado que Nueva Zelanda pondrá en marcha uno de los planes más ambiciosos del mundo en reducción de emisiones con el objetivo de que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados con respecto a la época preindustrial.

La ley trata de mantener la emisión de gases por debajo de 1,5 grados, como establece el Acuerdo de París, y supone un paso importante en la lucha contra la emergencia climática en la que está sumido el planeta, aunque excluye a la agricultura.

Esta ley tiene como objetivo reducir para 2030 en un 10 por ciento las emisiones de metano biológico procedentes de la agricultura y prevé una reducción provisional en un rango del 24 al 47 por ciento para 2050.

España, Argentina, Reino Unido, Canadá, Francia, Irlanda, Corea del Sur y Japón, entre otros países, así como la Unión Europea y otras ciudades y regiones, han declarado la emergencia climática desde 2019.

Países como Reino Unido buscan implementar planes para impulsar los vehículos eléctricos y las energías renovables para relanzar sus economías tras la pandemia, mientras que 126 gobiernos, incluyendo Japón, China y Corea del Sur, se han comprometido a llegar a emisiones cero en las próximas décadas.

¿Cómo conseguir un 100% de energías renovables para 2050 si las inversiones a los combustibles fósiles se encuentran protegidas? Es la paradoja en la que se encuentra la UE y el resto de países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía.

¿Y qué es el Tratado de la Carta de la Energía? Es un acuerdo comercial y de inversión plurilateral aplicable al sector energético. Fue firmado por la Unión Europea (UE) en diciembre de 1994 y entró en vigor en 1998. Hasta la fecha, 52 Estados, así como la UE y EURATOM se han adherido al TCE.

Una de las principales funciones del tratado, que no establece como objetivo la lucha contra la crisis climática ni la consecución de ningún objetivo de sostenibilidad, es su mecanismo de solución de conflictos: protege a los inversores contra cambios regulatorios repentinos que podrían cancelar los proyectos de energía en los que han invertido. ¿Y cómo alcanzar los objetivos en renovables si no se producen cambios regulatorios en el sector energético?

Según publica Forbes, el 67% de las demandas de los inversores gracias al tratado son presentadas por un inversor de un país de la Unión Europea contra el gobierno de otro país de la UE. Los inversores en Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido representan el 60% de los 150 inversores involucrados en reclamaciones. La tasa de demandas que utilizan el TCE también se ha disparado en la última década. Se presentaron 75 demandas de inversores en los últimos cinco años, en comparación con solo 19 durante los primeros diez años del acuerdo (1998-2008).

Y el récord de demandas contra un país se registra en España, con más de cuatro decenas, con la particularidad de que muchas de ellas han venido tras el hachazo a las renovables de los gobiernos de Mariano Rajoy.

“Pero, paradójicamente”, explica Yamina Saheb, exdirectiva del Tratado y redactora del informe publicado por OpenExp y presentado en Bruselas por Friends of the Earth Europe, TNI, CNCD 11.11.11 y Corporate Europe Observatory, “lejos de impulsar las renovables en España, lo que hace es poner en guardia a todos los actores ante cambios legislativos, los desincentiva y protege el statu quo, que es incompatible con los objetivos climáticos”.

Anulación de laudos en España por 7.600 millones

Los 28 Estados miembros dieron el visto bueno en julio a la propuesta de la Comisión Europea de negociar la reforma de la protección a las inversiones del TCE, en la línea de alinearlo con objetivos medioambientales y considerar inaplicables los arbitrajes en tratados bilaterales entre países o inversores de la UE. El Ejecutivo comunitario sostiene que “los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esta base y a renunciar a aplicarlo”. En el caso de España, supondría la anulación de los laudos emitidos contra el país por estos tribunales de arbitraje por el recorte de la retribución a las energías renovables, que reclaman 7.600 millones.

Sin embargo, esas decisiones no se aplican automáticamente, y en todo caso no aplica a las inversiones de empresas de fuera de la UE, por ejemplo.

Además, la UE apoya que un TCE reformado sea más tajante sobre el desarrollo sostenible, incluido el cambio climático y la transición energética, y que el Tratado contribuya a la promoción de los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo, incluso a través de disposiciones sobre transparencia y conducta empresarial responsable.

El ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, que cargó duramente contra la gestión “neoliberal y anti renovables” del exministro Álvaro Nadal, denunciaba en Bruselas en la presentación del informe la incompatibilidad de la Carta con la lucha contra la crisis climática: “El Gobierno de Luxemburgo está intentando crear una coalición de países responsables climáticamente para reformar el tratado y alinearlo con los objetivos del Acuerdo de París”.

Pero esto es muy complicado mientras mantenga su razón de ser originaria: proteger legalmente a las empresas de petróleo y gas que invierten en el antiguo bloque soviético –y, por ende, de toda Europa–. Empresas que pueden reclamar reparaciones sin límites a gobiernos que frustren las inversiones en proyectos de combustibles fósiles.

Carlo Pettinato, jefe de la Unidad de Políticas de Inversión de la Comisión Europea, replicaba a las acusaciones de tibieza del ministro luxemburgués: “Tenemos que asegurarnos no solo de que la reforma refleje nuestro enfoque sobre la protección de la inversión y la solución de controversias, sino también de que sea totalmente compatible con el Acuerdo Climático de París”.

Es decir, la Comisión Europea reconoce que, en la actualidad, no es “totalmente compatible”.

Países dependientes de las inversiones

Pero Saheb, ex miembro del secretariado de la Carta de la Energía, es escéptica con la reforma: “Hay países dependientes de las inversiones en combustibles fósiles que no van a apoyar ese tipo de reformas”. Cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 55 países firmantes, incluidos exportadores de gas y petróleo como Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán. “Lo normal es que estos países no voten a favor de acabar con la protección a las inversiones”, insiste Saheb, “porque no querrán ver reducidos sus beneficios”.

“La reforma puede durar años”, decía Nathalie Bernasconi-Osterwalder, del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, “lo correcto sería salirse del tratado”. El ministro de Energía luxemburgués terció: “Es una opción que hay que sopesar seriamente, si bien le daría unos meses a la posibilidad de la reforma”.

Una ventaja de la reforma es esquivar la “cláusula de supervivencia”, que mantiene vigente el tratado durante 20 años tras la retirada de un miembro.

“Es importante que cualquier acuerdo sobre la energía tuviera como objetivo el cumplimiento de los acuerdos de París, y que dejara las disputas en manos de los tribunales europeos”, insiste Saheb: “Son más predecibles y responden más al interés público que los arbitrajes privados”.

Cuatrecasas, el bufete que fichó en marzo pasado a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, es la firma española que más casos ha logrado captar hasta ahora en estos procedimientos de arbitraje, planteados siempre por inversores extranjeros y vinculados a los recortes realizados por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 a las renovables, con José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese aluvión ha situado a España en los primeros puestos del ránking de denuncias ante el Ciadi, junto a países como Venezuela o Argentina.

Según un recuento realizado en diciembre pasado por la publicación especializada CIAR Global, Cuatrecasas tenía a esa fecha en cartera siete casos relacionados con este asunto ante el CIADI: el de NextEra –ganado en marzo– y los de las firmas Itochu, OperaFund, JGC Corporation, BayWa, Renergy e InfraRed. Cuatrecasas es segunda en ese ranking, empatada con la estadounidense King & Spalding y solo por detrás de la estadounidense Allen & Overy (diez casos).

El hachazo a las renovables es, junto a la creación del Banco Malo, una de las decisiones del Gobierno de Rajoy de las que más se ha beneficiado en los últimos años Cuatrecasas, el despacho de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta pasada semana, Esther Samper firmaba en eldiario.es un nuevo artículo donde hablaba sobre el empeño del ecologismo en sembrar “la desinformación y el miedo irracional” en temas como los transgénicos y las nuevas técnicas de modificación genética como CRISPR/Cas9. Dicha técnica consiste, resumidamente, en manipular el ADN de una especie (añadir, quitar o sustituir fragmentos) usando su propia información genética. Existen muchos argumentos científicos para asegurar que esto sigue siendo una modificación genética y así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al garantizar que esté bajo la misma legislación europea de evaluación que los cultivos transgénicos.

No es la primera vez, ni será la última, que se tacha al ecologismo de alarmista. En cierto modo, va en nuestra misión alertar sobre los impactos que generamos los humanos en el devenir del planeta. Sin ir más lejos, el cambio climático fue usado durante años por los negacionistas para desprestigiar al ecologismo y hoy las evidencias científicas les han obligado a admitirlo o incluso elevarlo a 'emergencia climática'. 

El ritmo del deterioro ambiental nos ha enseñado una y otra vez que la máxima “más vale prevenir que curar” sigue vigente. Incluyendo el ámbito de los cultivos transgénicos en la agricultura, a los que nos oponemos siguiendo el principio de precaución. Los OMG (organismos modificados genéticamente) son organismos vivos y sus interacciones pueden generar daños irreversibles en la biodiversidad y los ecosistemas, lo que ha sido extensamente argumentado en el ámbito de la ciencia. Las organizaciones ecologistas no nos oponemos a la biotecnología ni a la investigación y el uso de transgénicos, pero siempre y cuando se haga en ambientes confinados y sin interacción con el medioambiente. Tampoco nos oponemos a las aplicaciones médicas de los transgénicos (como la insulina transgénica, por ejemplo). En el caso de la agricultura, no nos la podemos jugar con un uso no confinado: los avances en biotecnología de los últimos años no solo han descubierto nuevas formas de transformar los sistemas vivos, sino también nuevos mecanismos de regulación y aún sabemos poco. Esta gran complejidad, que se hace también evidente a la hora de estudiar el funcionamiento de los ecosistemas, hace que resulte imposible prever las consecuencias a largo plazo de las modificaciones genéticas introducidas por el ser humano en la naturaleza, independientemente de las técnicas utilizadas.

La situación del planeta es demasiado frágil como para ponerla al servicio de multinacionales que ven en algunas aventuras genéticas una vía rápida para multiplicar beneficios. Lo hemos visto antes en miles de empresas que han contaminado tierra, mar y aire en aras de su propio crecimiento. 

Cerca del 80% de los cultivos transgénicos comercializados actualmente se destinan a piensos para animales y biocombustibles, no para combatir el hambre en el mundo mediante una agricultura sana y sostenible. La ganadería industrial es ya responsable del 14% de los gases de efecto invernadero y, si no deja de crecer -ligada al uso de piensos transgénicos-, impedirá cumplir el Acuerdo de París, posiblemente la última posibilidad que tenemos de revertir los efectos devastadores del cambio climático. 

Dice Samper en su artículo que la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de EEUU no ha detectado que el consumo de alimentos transgénicos haya provocado daños en la salud humana. Lo que no dice es que también ha reconocido que los mecanismos de evaluación de esos efectos son inadecuados, que es alarmante la escasez de estudios a largo plazo y que, posiblemente, no están detectando nuevos alérgenos. Tampoco menciona Samper que dicha Academia sí ha alertado del incremento del uso de glifosato, un potente herbicida asociado a los cultivos transgénicos tolerantes a este producto, porque propicia la resistencia en las plantas adventicias por su uso masivo, lo que según la Academia “presenta un grave problema agronómico”. 

Interesante hubiera sido mencionar también que en la UE, tras más de dos décadas desde la introducción de los cultivos transgénicos, solo se cultivan en cuatro países y es solo en España donde se hace a una escala importante. En estos países, además, se adoptó legislación para evitar la demostrada contaminación genética y en 19 países de la UE está prohibido su cultivo.

Se puede opinar, solo faltaría, que las organizaciones ecologistas son pesimistas al analizar el futuro. Pero lo que se debería tener claro es que ese análisis lo realizan científicos. Insinuar lo contrario es desconocer el tema sobre el que se escribe.

La opinión pública, especialmente ONG y muchos medios de comunicación, fueron muy críticos con el resultado de la Conferencia del Cambio Climático COP24 que se celebró el pasado diciembre en Katowice (Polonia), y se hicieron eco, en especial, del veto impuesto por cuatro países [EE UU, Rusia, Kuwait y Arabia Saudí] al informe del panel internacional de expertos sobre el cambio climático (IPCC), que llamaba a una mayor ambición. Nadie dijo que esta batalla fuera a ser sencilla, y menos cuando las decisiones se toman por aclamación. En mi opinión y experiencia —he tenido la suerte de asistir a las últimas 10 cumbres del clima—, creo que los avances fueron importantes, sobre todo en lo que concierne a las normas de aplicación del futuro Acuerdo de París, así como en materia de transparencia y en financiación. A continuación, expongo los puntos más relevantes de la COP24.

¿De dónde veníamos? Hace dos años, en la COP22 de 2016, cerca de 200 países firmaron el Acuerdo de París contra el cambio climático, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Hay que tener en cuenta que, mientras que para desarrollar el articulado y las herramientas del Protocolo de Kioto hicieron falta ocho años, en el caso del Acuerdo de París nos comprometimos a hacer lo mismo en tan solo dos años (antes del fin de 2018). La urgencia por los efectos del cambio climático así lo ha requerido.

Otra cosa es qué se esperaba de Katowice. Desde el primer día de la conferencia, se delimitaron dos ejes fundamentales de negociación: por un lado, avanzar en un rulebook, o una hoja de ruta con las normas de aplicación para cumplir el acuerdo, que tienen fecha de inicio, pero no de final y que deben cumplir todos los países; por el otro, dar una respuesta en la lucha contra el cambio climático “ambiciosa, ambiciosa, ambiciosa”, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. Y esa ambición iba muy ligada al compromiso de ser lo bastante audaces para actuar para que la temperatura no supere 1,5 grados en las próximas décadas, como planteaba el citado último informe del IPCC.

En cuanto al rulebook, el reglamento ha tenido un progreso muy importante durante esta conferencia, y países clave como China se han puesto a la cabeza en su cumplimento y, más aún, se han comprometido a cumplir las reglas comunes en su reducción de emisiones, así como a reportar sobre ellas de forma transparente. Todos los países participaron activamente en las negociaciones para avanzar en ello. Incluso EE UU, pese a ser contrario al informe del panel de expertos.

Tranparencia

Otro de los hitos de Katowice fue que se establece por primera vez un sistema común de seguimiento para que podamos medir de una forma transparente todos los avances en mitigación, adaptación y financiación del cambio climático de todos los países. Gracias al reglamento del Acuerdo de París, este marco de transparencia permite a todos los países informar de sus progresos mediante unas directrices comunes a todos, pero con alguna tolerancia para los países en desarrollo que lo necesiten en función de sus capacidades.

La información deberá incluir un inventario de emisiones y de absorciones de gases con efecto invernadero (siguiendo una métrica común y las guías del panel de expertos); un seguimiento de los avances en mitigación según las contribuciones, Determinadas Nacionales (NDC), y cada país las deberá remitir a Naciones Unidas mediante un sistema de indicadores y contabilidad, y en tercer lugar, información también de los impactos del cambio climático, de las vulnerabilidades de cada país, de las medidas de adaptación implementadas, de la información sobre los riesgos asociados a las pérdidas y daños que ser producidos por el cambio climático.

Es importante el hecho de que por primera vez todos los países deberán informar de las donaciones que hayan dado o recibido, según sean países donantes o receptores de financiación, con independencia de su grado de desarrollo. Todo este marco de transparencia tendrá revisiones técnicas periódicas para mejorar y fortalecer las capacidades de los países en desarrollo, también sobre el proceso multilateral, de manera que todos los países deberán presentar públicamente cada dos años un informe de transparencia.

Como en toda COP, la financiación es otro tema crítico. La hoja de ruta especifica todas las obligaciones de información sobre financiación climática de los países desarrollados para con los países en desarrollo. Esta información debe ser cualitativa y cuantitativa y se deberá comunicar cada dos años a partir del 2020 teniendo como base una serie de elementos sobre los que informar (programas, sectores, países, regiones, cómo evitar la doble contabilidad, acciones de capacitación y de transferencia de tecnología y los planes para aumentar y movilizar la financiación, siempre al alza).

Países vulnerables

La COP24 ha prometido un Fondo de Adaptación de 129 millones de dólares, mientras el llamado Fondo para los Países Menos Adelantados contará con 28,2 millones de dólares más. Por su parte, el Fondo Verde para el Clima acumula ya 10.300 millones de dólares.

No obstante, los países más vulnerables solicitaron una partida de ayudas exclusivas para cubrir los daños provocados por el cambio climático. El Acuerdo de París sí especifica una categoría concreta a este respecto, cosa que no hace de forma específica el nuevo texto aprobado en Katowice. El Banco Mundial ha anunciado una inversión de 200.000 millones de dólares para combatir el cambio climático entre los años 2021 y 2025, cifra que duplica la cantidad del periodo anterior.

La COP celebrada en Polonia se alargó 36 horas más por un motivo: el bloqueo de dos países. Brasil se mostró disconforme sobre cómo computaba la ayuda del pulmón verde brasileño, la Amazonia, para reducir las emisiones globales de CO2. Turquía, por su parte, pidió pasar a ser considerado un país en desarrollo y receptor de ayudas, en lugar de donante. Sobre la primera cuestión, o cómo se miden las emisiones de carbono, el mecanismo encierra diversas trampas. El balance final no es el real, y ello se ha intentado regular con un estándar que evite duplicidades y dobles contabilidades. Este tema se retomará en la próxima COP25, que se celebrará en Chile.

Por lo que respecta a los aspectos negativos, hay que señalar por lo menos dos elementos. Uno, el que acabamos de comentar: la contabilidad no resuelta para el carbono; el otro, la falta de un acuerdo sobre el último informe del panel de internacional de científicos, según el cual si se quiere limitar el incremento de la temperatura del planeta a 1,5 grados, se deben reducir a la mitad las emisiones mundiales para 2030. Cuatro países —EE UU, Rusia, Arabia Saudí y Kuwait—, “tomaron nota” del resultado de informe, frente a la “satisfacción” del resto. De momento, estos cuatro países no van a dejar de lado su apuesta por los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Este es un tema pendiente que se negociará más adelante.

Como conclusión, quisiera señalar que se ha avanzado mucho en el reglamento para desarrollar el Acuerdo de París. Y esto es muy importante. Como muestra de que hemos progresado, recordemos la valoración final de Xie Zhenhua, jefe de la delegación china, responsable de la lucha de su país contra el cambio climático y uno de los arquitectos del Acuerdo de París. Xie consideró los avances como “una victoria del multilateralismo” ya que “el cambio climático es el reto más importante al que se enfrenta la humanidad, del que ningún país queda exento ya que es un destino compartido”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El auge del populismo desde Europa a América Latina y Asia ha hecho que el Acuerdo de París, construido sobre un consenso de mínimos comunes, parezca frágil. Además, la propuesta de Estados Unidos de retirarse del acuerdo ha venido animando a otros a ser más críticos y descafeinar el nivel de ambición.

El ensalzamiento de sentimientos anti-élite, anti-globalización y anti-compromiso multilateral están en la base de las propuestas populistas de los ultraconservadores. Son por ello, el mejor caldo de cultivo para utilizar la negación del cambio climático. La extrema derecha usa la propuesta nacionalista que limita la colaboración con otros, y el clima implica colaboración.

En el fondo, el Acuerdo de París es un acuerdo de buena fe que se basa en la cooperación multilateral para ser eficaz. Cada país establece sus propios objetivos de emisiones para que a partir de 2020, cuando el pacto entre en vigor, los objetivos de reducciones se restablezcan cada cinco años. Esto ya plantea ciertos problemas para la salvaguarda de los objetivos comunes de cualquier acuerdo multilateral.

La reacción política contra el acuerdo de París coincide con un aumento en las emisiones globales de dióxido de carbono, debido principalmente al creciente consumo de carbón. Si bien los firmantes del Acuerdo de París prometen limitar el calentamiento global a “muy por debajo” de 2ºC, los acuerdos de Katowice de hace dos semanas dentro de la COP están lejos de ser suficientes para lograrlo. Los científicos dicen que el mundo se encamina a más de 3ºC de calentamiento para finales de siglo, si persisten las políticas actuales.

Además del peligro de estos populismos de extrema derecha y del debilitamiento que provocan sobre la ambición global ante un problema global, añadiría que algunos líderes no parecen tener ninguna intención de orientar sus políticas para cumplir con sus compromisos de París.

Por no hablar siempre de Trump o de las posiciones del recién llegado Bolsonaro, durante el 2018 hemos comprobado cómo en un número cada vez mayor de países se está produciendo un rechazo a la idea de coordinar acciones sobre el cambio climático global. En agosto, el exprimer ministro australiano, Malcolm Turnbull, fue derrocado después de intentar introducir un plan de reducción de emisiones. En Alemania, podría avecinarse un enfrentamiento por el carbón que se complica más por el poder creciente de la AfD, un partido de extrema derecha que cree que el cambio climático es un engaño.

En Canadá, se espera que el impuesto al carbono introducido por Justin Trudeau sea un tema importante en las elecciones del próximo año. Entretanto, en Filipinas, el presidente Duterte calificó el Acuerdo de París de “absurdo”.

2018 también ha batido récords de desastres naturales e incendios forestales, poniendo de manifiesto el impacto de un planeta más cálido: el mundo se ha calentado a 1ºC desde tiempos preindustriales. Un informe de la ONU en octubre encontró que incluso 2ºC de calentamiento tendría consecuencias devastadoras para la Tierra.

Los próximos 12 años son los más importantes que cualquier otro periodo de la historia porque los Estados establecerán sus fórmulas de progreso, y éstas o algunas pueden ser irreversibles para el clima y la supervivencia del planeta.

El argumento de que el cambio climático inducido por el hombre debe ser una preocupación fundamental de cualquier estado, y que en un sentido importante es un problema de seguridad nacional, regional y global debe de entrar en las agendas de forma diferente a cómo el mundo se blinda. Esto significa que la comunidad internacional y los líderes mundiales deberían apostar por una rápida descarbonización económica y que ésa lidere la acción gubernamental. Ese no es el caso en este momento y hay buenas razones para pensar que el incremento del gasto militar no contempla estos argumentos.

Durante 2018 hemos visto respuestas partidistas y muy estatocéntricas a un problema que es político y debería estar por encima de éstos movimientos. 2019 será el momento para que las grandes transformaciones sociales, industriales y de modelo de progreso abracen la transición ecológica y pongan fin a los combustibles fósiles.

Se está dando una potente paradoja sobre el carbón. Por un lado, se sabe que es la fuente de energía más contaminante, y que su sustitución por otras fuentes de energía es imprescindible para evitar un aumento de la temperatura del planeta en 1,5 °C, tal y como aspira el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015. Sin embargo, en los tres años desde la firma del tratado, “la capacidad instalada de carbón ha crecido en más de 92.000 megavatios”, ha advertido Heffa Shuecking, director de la ONG alemana Urgewald. Esta organización ha analizado en este tiempo no solo las plantas operativas en el mundo, sino toda la cadena de producción y de valor de esta industria, incluido quién le presta dinero, en un proyecto de investigación conjunta con otras 26 organizaciones no gubernamentales y el proyecto Banktrack.

En un nuevo estudio presentado esta semana en la ciudad polaca de Katowice, donde hasta el 14 de diciembre se celebra la Cumbre del Clima de Polonia, Urgewald señala los bancos que han financiado a los 120 mayores proyectos de carbón en el mundo desde enero de 2016, un mes después de que se adoptara el Acuerdo de París, hasta septiembre de 2018, y que representan el 68% de la nueva capacidad. “Lo sorprendente es que los bancos europeos, muchos de los cuales han adoptado políticas restrictivas sobre el carbón, todavía representen un 25% de la financiación global a las mayores plantas”, ha comentado Shuecking.

De los 72.000 millones de dólares en préstamos directos identificados de las 30 entidades financieras que más dinero prestaron al carbón en ese periodo, de Europa figuran HSBC con 2.260 millones, Standard Chartered (2.215 millones), ING (1.940), Societé Genérale (1.890), BNP Paribas (1.641), Deutsche Bank (1.209), Barclays (1.165), BayernLB (1.082), UniCredit (1.071), Commerzbank (960), Crédit Agricole (952), Santander (917) y Ladesbank Hessen-Thüringen (914).

La otra sorpresa es el papel de Japón, pues el gigante financiero nipón Mizuho encabezó la lista de estos bancos, con 12.800 millones de dólares en préstamos directos. El resultado no sorprende tanto si se hace memoria hasta el accidente de la central nuclear de Fukushima, en 2011. Tras la catástrofe, las instalaciones pararon y los operadores decidieron contar con las centrales térmicas, en concreto de gas natural licuado y de carbón. Como ha explicado Kimiko Hirata, de la ONG Kiko Network: “Japón tiene el mayor desarrollo de plantas de carbón de cualquier país industrializado, así que muchas compañías también son campeonas del carbón fuera; por consiguiente, los bancos son claves para la expansión del carbón en el mundo”.

Según los datos de la ONG alemana, la industria financiera invirtió más de 478.000 millones de dólares en los 120 mayores proyectos de carbón en el mundo entre préstamos directos, emisiones de bonos y compra de acciones entre enero de 2016 y septiembre de 2018.

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Estos días, las naciones signatarias del Acuerdo de París (AP) enfrentan en Katowice una cita clave para el futuro del mismo y, por tanto, del planeta: en la COP 24 debe acordarse la implementación técnica para dar cumplimiento a todas las demandas del Acuerdo. En París se marcaron los objetivos. En Katowice, deben marcarse las reglas para su consecución.

Pero, como el secretario general de Naciones Unidas decía en la cumbre One Planet, “todavía no estamos ganando la guerra contra el cambio climático, el desafío definitorio de nuestro tiempo”. Y no lo estamos haciendo porque las naciones signatarias siguen sin transformar las palabras en hechos.

A pesar del hito que constituyó el acuerdo alcanzado en París, no dejan de acumularse noticias e informes que apelan a la necesidad de ir más allá.

No se trata únicamente de que se sucedan datos que no invitan al optimismo, como que los últimos cinco años hayan sido el período más caluroso desde que existen registros o que 2017 haya registrado el primer aumento de las emisiones de CO2 en tres años. El reciente informe especial sobre el calentamiento global presentado por el IPCC pone de manifiesto que existe un alto riesgo de que con las trayectorias de emisiones actuales y las contribuciones realizadas el calentamiento global exceda los 2 grados. No obstante, e incluso si el aumento se limitara a 1,5 grados, los patrones climáticos y los eventos extremos en océanos y tierra firme implicarán riesgos para los ecosistemas y las sociedades más extensos que en la actualidad. Si no se limita el ascenso de las temperaturas a 1,5 grados, se registrará un 10% más de días con temperaturas extremas, un 25% más de ecosistemas afectados o un incremento del 50% del estrés hídrico mundial, con millones de seres humanos desplazados por su causa.

Recientemente, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) acaba de publicar un nuevo informe –basado en el del IPCC– que reporta la brecha existente entre las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) y el objetivo del AP. El informe coincide en las mismas conclusiones y las mismas alertas que el IPCC: la reducción de emisiones programada para 2030 no es suficiente para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. Es más, advierte de que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura mundial de al menos 3 grados, incluso si llegaran a cumplirse las contribuciones actuales. Para no alcanzar los 2 grados es necesario triplicar los esfuerzos (y quintuplicarlos para el objetivo de 1,5 grados).

A estas advertencias han venido a sumarse las contenidas en los informes sobre cambio climático presentados recientemente tanto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) como por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA). El informe de la AEMA muestra que el aumento del uso de energía renovable y la mejora de la eficiencia energética se está desacelerando en la Unión Europea, poniendo en cuestión poder alcanzar los objetivos marcados. Por su parte, el informe de la EPA detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y la biodiversidad, aunque la administración Trump no quiera verlo.

El único aspecto positivo de estos informes es que constatan que aún es técnicamente posible lograr el objetivo de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados.

Esa es la realidad que enfrentamos en Katowice. Y ello exige una reacción a la altura porque no puede dilatarse más la adopción de las líneas directrices que hagan posible el cumplimiento de lo acordado en París: de ello depende que puedan monitorearse los compromisos nacionales, que puedan compararse los esfuerzos y atajarse las brechas tanto en la ambición de partida como en el cumplimiento, que puedan adoptarse medidas correctivas y acciones políticas concretas e inmediatas.

Pero no se trata solo de monitorización. Crucial es canalizar la financiación necesaria a los países más vulnerables, la transferencia de tecnología prevista, el fortalecimiento de sus capacidades para mitigar, adaptarse y combatir los efectos más extremos, la inversión para crear empleos y facilitar una transición justa en las zonas afectadas.

En todo ello, los europeos tenemos un relevante papel que jugar. Si algo se ha demostrado la Unión Europea a sí misma es que un compromiso político firme y un marco normativo adecuado pueden derribar dogmas profundamente asentados como que crecimiento económico e intensidad energética caminan juntos: tal y como ha constatado la AEMA, desde 1990 hasta 2017, la UE ha reducido sus emisiones un 22%, sobrepasando su objetivo del 20% para 2020, mientras aumentaba su PIB más de un 58%. Hoy, la economía europea usa menos energía, de forma más eficiente y con menos emisiones, mientras sustituye carbón (y también nuclear) por energías renovables, cuyos costes se han desplomado.

Y ese es el camino a seguir.

Tal y como Parlamento Europeo y Consejo hemos acordado recientemente, no es tiempo de conformarse y de limitar nuestra capacidad para anticipar esfuerzos. He ahí los acuerdos en las Directivas de energías renovables y eficiencia energética, donde la presión ejercida por el Parlamento ha logrado elevar los objetivos hasta el 32% y 32,5% respectivamente, incluyendo cláusulas de revisión al alza en 2023, todo lo cual va a permitir incrementar desde ya nuestros objetivos de reducción de emisiones del 40% a más del 45% en 2030, allanando el camino para alcanzar los más altos objetivos para mediados de siglo.

Partiendo de esta base para 2030, la Comisión Europea acaba de presentar sus propuestas para establecer la estrategia europea de descarbonización a largo plazo. Ahora se abre un debate para que los europeos establezcamos el camino hacia una economía neutra en carbono en la segunda mitad de siglo. La Comisión indica en su propia propuesta que este objetivo es factible y rentable (con beneficios estimados de hasta el 2% del PIB para 2050 en comparación con la línea de base). No hay excusa posible para no llevarlo a cabo.

Europa está dando un paso al frente. Pero Europa representa menos del 10% de las emisiones mundiales. Es necesario, por tanto, un compromiso global. Como decía Antonio Guterres, “estamos en guerra por la existencia misma de la vida en nuestro planeta tal como la conocemos”. No podemos fallar. No habrá una segunda oportunidad.

Alrededor de 1.200 millones de puestos de trabajo –el 40% del empleo mundial total– dependen directamente de los servicios ecosistémicos y del medio ambiente. La frecuencia de los desastres naturales relacionados con la actividad humana ya han mermado la productividad, entre 2000 y 2015 provocaron una pérdida de 23 millones de empleos y se prevé que de aquí a 2030 se destruyan 72 millones de empleos a tiempo completo debido al estrés por el calor, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo.

Los aumentos de temperatura habrán reducido en el año 2030 el número total de horas de trabajo en un 2% a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo y sectores agrícolas. El estudio considera la contaminación atmosférica, del agua y del suelo los principales factores que perjudicarán directamente a los trabajadores en términos de salud, productividad, ingresos, alimentos y seguridad del suministro combustible e incide en la mejora de resultados del mercado de trabajo de algunos países, como Uruguay y Filipinas, que ya han puesto en marcha políticas de bajas emisiones de dióxido de carbono.

Ante esta situación, la OIT subraya la importancia de cumplir el Acuerdo de París de 2015, además de poner en marcha medidas de transición energética para limitar el calentamiento global a 2ºC que contribuirán a crear alrededor de 24 millones de empleos –sobre todo en el sector energético, eléctrico, automóvil y construcción– sin embargo, los sectores de la refinación y extracción de petróleo podrían experimentar pérdidas de más de 1 millón de empleados.

España se podría ver más beneficiada que la media mundial si se aplica la transición energética “debido a la importancia de las energías renovables” sostiene Joaquín Nieto, director de la OIT en España. “El cambio aun no se ha hecho pero los agentes sociales junto con la Administración estamos realizando informes sobre esta transición. Es necesario un marco de diálogo social”, destaca.

En este contexto, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin mover ficha sobre cómo se va a llevar a cabo la transición energética, pese a las crecientes peticiones de varias empresas españolas. El Ejecutivo sigue sin aclarar los plazos de tramitación de esta norma que el Congreso le reclama desde 2011. La Ley de Cambio Climático fue anunciada por primera vez por el presidente del Gobierno tras el Acuerdo de París en 2015 –en precampaña electoral– y a día de hoy no se conoce el texto que debe detallar por escrito la estrategia de España para luchar contra el cambio climático.

Protección social para asegurar la sostenibilidad

El informe pone el foco en las políticas de protección social para combatir los efectos adversos en el empleo derivados del cambio climático. Recomienda instaurar sistemas de protección contra el desempleo mediante “medidas de reubicación laboral” y programas de transferencias monetarias que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de desempleo.

Por otro lado, propone programas de obras públicas “con un componente ambiental orientados a generar empleo”, además de limitar el uso de combustibles fósiles, medida que “podría propiciar un crecimiento económico más rápido y una distribución más justa de los ingresos así como una menor emisión de gases de efecto invernadero”.

La transición energética acompañada de políticas de protección social puede ser “una oportunidad para impulsar el empleo femenino y redistribuirlo en estos sectores mayoritariamente masculinos”, señala Nieto, se llevarían a cabo “mediante políticas de igualdad en las empresas para reducir la brecha de género”.

Noruega no es para nada ecologista como muchos dicen. Las noticias que nos llegan del país escandinavo desmienten su falso compromiso con el cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. La última prueba de esta hipocresía se ha conocido esta misma semana y tiene que ver con esa obsesión por seguir cazando ballenas.

El ministro de pesca noruego acaba de conceder a su potente flota pesquera el permiso estatal para capturar 1.278 ballenas: casi un 30% más que el año pasado. De ese modo Noruega vuelve a decirle al resto del mundo que se pasa las prohibiciones de la Comisión Ballenera Internacional por los fiordos.

No importa si la mayoría de las especies de cetáceos siguen en peligro. De nada sirven las moratorias decretadas para salvarlas de la extinción. Los noruegos siguen yendo a su bola y mantienen su desafío apelando a “derechos históricos”,  a su tradición vikinga para seguir cazando ballenas al margen de los tratados internacionales.

Menos mal que se conforman con las pobres ballenas pues, por la misma regla de tres, podrían echarse otra vez a la mar a bordo de sus famosos drakkars para sembrar de nuevo el terror por medio mundo.

Hay que decir que en este claro desafío a la comunidad internacional no están solos, les acompañan Japón e Islandia. Si fueran países pobres los habríamos machacado a sanciones, pero claro, con éstos no nos atrevemos. Los japoneses por lo menos disfrazan sus capturas alegando falsos motivos científicos. Los noruegos ni eso. Ellos van de vikingos. Los partidos que defienden la caza de ballenas ganan las elecciones por goleada, mientras la presencia de los verdes en su parlamento es simbólica, con un solo escaño. 

Pero si lo que hacen con las ballenas es indecente, lo que se disponen a perpetrar con el lobo es repugnante. Y es que Noruega está decidida a exterminar a sus lobos. 

Las organizaciones conservacionistas, con WWF a la cabeza, lanzaron el pasado año una campaña internacional para dar a conocer al resto del mundo el plan noruego para exterminar a esta especie protegida por la Unión Europea. La situación del carnívoro en aquel país es extremadamente delicada. Según los últimos censos quedan menos de setenta ejemplares en libertad.

Sin embargo el gobierno de Oslo ha decidido conceder permisos de caza para abatir a casi medio centenar: un 70% de los últimos lobos que quedan en el país. Pero lo más fuerte de todo es que cuando las federaciones de caza del país conocieron los planes de las autoridades tardaron nada en enviarles 11.000 solicitudes para matar al lobo. Así de ecologistas son los noruegos, así se las gastan con la naturaleza. Para que luego nos intenten dar lecciones sobre movilidad sostenible alardeando de ser el país del mundo donde se venden más coches eléctricos. Un apunte al respecto.        

Hace un par de años Noruega, uno de los principales países productores de petróleo, decidió conceder permisos a las compañías nacionales y extranjeras para prospectar una nueva área del mar de Barents, en el Océano Ártico. De ese modo, y en plena campaña internacional para salvar la región más amenazada del planeta por el cambio climático, las autoridades noruegas se pasaron esta vez por los fiordos el Acuerdo de París para aumentar su producción de petróleo mientras, eso sí: nosotros en casa vamos en coche eléctrico.

Esta nueva lección de hipocresía provocó el hartazgo y la protesta de todas las organizaciones ecologistas internacionales, con Greenpeace a la cabeza, que llevaron al gobierno noruego ante los tribunales por desacatar el mandato constitucional de proteger el medio ambiente y contravenir los compromisos firmados en París.

La sentencia hecha pública hace unas semanas niega la razón a los ecologistas, a los que condena al pago de más de medio millón de coronas en costas, y dicta que Noruega no es responsable de las emisiones de CO2 causadas por los hidrocarburos que produce y exporta a otros países. Por cierto, la exportación de gas y petróleo supone casi la mitad del total de exportaciones del país: cerca de 40.000 millones de euros anuales.

Podría dar muchos más ejemplos de la supuesta conciencia ecológica de Noruega, como el impacto de sus granjas de salmón o las falsedades del modelo de gestión de residuos que intentan exportar al mundo, pero de eso ya les hablaré otro día. En todo caso créanme: lecciones de responsabilidad ambiental de los noruegos, las justas.  

El pasado miércoles se votó en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo el Paquete de invierno de la Comisión Europea, que incluye la nueva Directiva de Energías Renovables (RED II). La mayoría de las declaraciones y análisis realizados han hecho referencia a la gran satisfacción por los resultados obtenidos, pero detrás de dicha satisfacción se ocultan sombras que obligan a moderar ese optimismo inicial y que llevó a la delegación de a Izquierda Unida a la abstención en la votación final.

Vayamos por partes. Lo primero es explicar el papel que ha jugado la Comisión Europea torpedeando la actual directiva (RED) a base de fortalecer el papel de las políticas de competencia frente a la política energética. El ejemplo más contundente de esta afirmación es, cómo no, el amparo legal que se dio a la retirada retroactiva de apoyos a las renovables en varios países, entre ellos España, incluso frente a tribunales internacionales. Esta situación de partida causa ahora una nube de ambigüedades sobre cómo se deberían interpretar las previsiones de la RED II, que en apariencia buscan –y esto es un elemento positivo- garantizar a los inversores en energías renovables un marco estable y predecible.

Del mismo modo que el desplazamiento de los aspectos de la gestión y la integración en los mercados de las energías renovables a diferentes directivas relacionadas con el mercado eléctrico europeo, redujo la coherencia de la directiva original, ahora ha sucedido lo contrario con algunas de las medidas contenidas en la directiva RED II, como el énfasis en las Garantías en Origen o la interconexión entre mercados eléctricos, que tienen más que ver con la Unión Energética que con la normativa específica de renovables.

Con ello, no negamos la existencia de puntos positivos en la RED II. Celebramos la apuesta para que los mecanismos de apoyo a las renovables puedan modularse para favorecer el desarrollo tecnológico y el impulso a las distintas fuentes de generación renovables o que los productores individuales y comunidades de autoconsumo -cruciales a la hora de obtener una participación colectiva en la transición energética- puedan participar sin que se impongan tasas a la producción para su propio uso. Por cierto, los diputados españoles del PP votaron en contra de la eliminación del “impuesto al sol”, al margen incluso de su propio grupo europeo. Esperemos que esto no anticipe la posición que mantendrá España en el Consejo. Pero si hay algo que hizo triunfar la RED original en su lucha contra el cambio climático fue establecer objetivos nacionales vinculantes.

Llegar al 35% de generación de energía renovable en el consumo total ha supuesto un éxito importante que deberemos defender en las negociaciones interinstitucionales, especialmente cuando la Comisión, desoyendo la posición del Parlamento de Junio de 2016, optó por mantener un ridículo 27% como meta global y, lo que es más grave -como decía anteriormente-, eliminar las ligaduras con los objetivos nacionales.

Ya hemos comprobado cómo los países más atrasados en el desarrollo en energías renovables tienen dificultades incluso para alcanzar sus objetivos de cara a 2020 y, lamentablemente, sin obligaciones nacionales habrá países que no contribuyan en la consecución del objetivo global para el año 2030. Peor aún. Sin una base consolidada de producción de renovables en todos los Estados miembros, como habría permitido el mantenimiento de objetivos vinculantes, parece imposible fijar una trayectoria congruente con los Acuerdos de París, que exigen un 100% de renovables en 2050.

Nuestro grupo (GUE/NGL) podría -a pesar de haber propuesto como objetivo global el 45%- haber aceptado el 35% si se hubiesen mantenido los objetivos nacionales vinculantes. Ahora tendremos que esperar a que el mercado energético europeo se autorregule para liderar la transición climática y, sinceramente, no tenemos ninguna duda de que eso no sucederá. Además, en el último momento se incluyó en la RED II un objetivo del 12% de uso de renovables para el transporte. Con este objetivo se impulsará la producción de biocombustibles sin control, manteniendo los problemas que ya señalamos en su día de acaparación de tierras y deforestación, además del aumento de emisiones de carbono.

Por último, la mayoría de derechas del Parlamento ha impedido que todas las referencias a la pobreza energética se abrieran camino en el texto de la directiva, al igual que cualquier referencia a la calidad del empleo y una transición socialmente justa en el sector energético.

En resumen, a pesar de las innegables mejoras, lo que ha pasado con la normativa RED II muestra lo limitado de la apuesta por las renovables en el contexto de la política energética de la Unión Europea, que es demasiado cercana a los grandes lobbies que dominan el mercado energético. En los próximos días comenzaremos los trílogos –negociaciones interinstitucionales entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión- y esperamos que los avances se mantengan y que tanto la Comisión como el Consejo muestren ambición, compromiso y voluntad en la lucha contra el cambio climático, cosa que a la hora de la verdad no han demostrado.

Reivindicar el riesgo que corren las islas del mundo debido a la subida de la temperatura global e impulsar un proyecto de cohesión de los archipiélagos del mundo contra el cambio climático, esos fueron dos de los objetivos que se marcó el Cabildo de Gran Canaria en la última Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), que concluyó la semana pasada en la ciudad alemana de Bonn aunque bajo la presidencia del país oceánico de Fiyi, y que contó con la presencia de Ezequiel Navío, coordinador del proyecto Diagnóstico de riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la Isla de Gran Canaria.

Navío mantuvo encuentros para potenciar acciones de cooperación con el Gobierno de España, con la propia Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático –organizadora de las Cumbres mundiales- así como con otros archipiélagos del mundo unidos contra el calentamiento global. De hecho, en las últimas cumbres celebradas por la comunidad internacional se asume sin fisuras que las islas, litorales costeros y archipiélagos de todo el mundo son territorios especialmente vulnerables a la subida de las temperaturas, con algunos países que podrían llegar a desaparecer por la subida del nivel del mar en las próximas décadas, como es el caso de Vanuatu, entre otros.

En la cita alemana el delegado grancanario se reunió con la diputada Maina Page, parlamentaria de la Polinesia Francesa en la Asamblea Nacional de Francia. Con esta política ya ha mantenido cuatro encuentros en los últimos años y entiende que su experiencia como representante de un territorio altamente amenazado por el cambio climático es interesante para los intereses de Gran Canaria. De hecho, avanza la iniciativa de crear una estructura internacional que refuerce las demandas de todos los archipiélagos e islas del planeta en términos de adaptación a los impactos derivados del cambio climático, acordando organizar una visita de Page a Canarias para celebrar diversos actos públicos y preparatorios para futuras convenciones de cambio climático donde la voz de los territorios insulares desempeñe una relevancia mayor en las políticas internacionales.

“Tenemos muy buena conexión. Coincidimos desde territorios insulares diferentes y situados en las antípodas unos de otros en que los archipiélagos de todo el mundo deben incrementar su capacidad de reivindicación en los foros decisorios para lograr una mayor protección de sus intereses más vitales y apoyos más sólidos además de los aportes del Fondo Verde del Clima. Muchos problemas no se resuelven con dinero sino con sensibilidad y empatía”, agrega Navío.

Desde su percepción, “los archipiélagos son los grandes olvidados, las gran mayoría no son responsables de la contaminación producida en el últimos siglo, pero son sin duda una de sus más destacadas víctimas. Se reclama a los países más contaminantes que reduzcan de forma comprometida y vinculante las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir en lo posible los daños que sufran”.

Por otra parte, en Bonn el Cabildo prosiguió reforzando e innovando acciones dentro de su estrategia insular de lucha contra el cambio climático y, sobre todo, para proseguir con el desarrollo de iniciativas gestadas en la última Cumbre celebrada en Marruecos en 2016, entre ellas el Observatorio Internacional del Cambio Climático de la Macaronesia que busca impulsar medidas de adaptación para proteger las poblaciones más vulnerables de esta región del Atlántico de los efectos del calentamiento global en el ámbito oceanográfico y en fenómenos meteorológicos extremos.

“Estamos trabajando desde hace ya dos años para impulsar un imprescindible tejido científico y social, pero sobre todo científico entre meteorólogos y oceanógrafos, para evaluar los impactos del calentamiento global en toda la región y trasladar los diagnósticos a acciones concretas en defensa de las poblaciones humanas más expuestas. El Cabildo lleva año y medio trabajando en esta iniciativa y en esta cumbre se ha buscado consolidar alianzas establecidas. Ahora, para el año que viene, le daremos el impulso definitivo para formalizar la iniciativa y empezar a trabajar”, sostiene Navío.

Así mismo, señala que en la cumbre se promovió la firma del acuerdo The Ocean Pathway Partnership con el fin de potenciar la relevancia de los territorios costeros e insulares en todo el planeta. El tratado ha sido suscrito por más de 30 países y está previsto que en los próximos años lo suscriban más estados. Según aclara Navío, Canarias podría adherirse a este acuerdo aún no tratándose de un estado, pero esta decisión le compete al Gobierno de Fernando Clavijo. En la cumbre estuvo presente también el diputado de Coalición Canaria David de la Hoz y, según Navío, trabaja ya para que el Ejecutivo se involucre en este tipo de acciones.

En cuanto a la percepción de Navío sobre este encuentro, que concluyó la madrugada del viernes para el sábado, el representante grancanario cree que la COP23 “ha supuesto un avance muy insuficiente en el camino hacia la imprescindible descarbonización del planeta que choca frontalmente con el espíritu alcanzado en París y a pesar de la constatación de que las emisiones de CO2 se han incrementado en 2017”. De hecho, en la COP21 de París se estableció en el acuerdo que se debía luchar para evitar que la temperatura media global del planeta no superase los 2º C en el año 2100. Sin embargo, dos años después de lo concertado, de seguir con el nivel actual de emisiones en el mundo la temperatura media a finales de siglo XXI se situaría en torno a 3,4º C.

Navío también añade que “no se ha avanzado en la obligación de los estados para cumplir compromisos de reducción de emisiones, no se ha avanzado en los compromisos de transparencia, y se ha llegado a un acuerdo de mínimos sobre financiación a países vulnerables muy por debajo de las expectativas que presentaba esta Cumbre”. Una de las esperanzas que se tenían en esta COP23 era la de poner en marcha el Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020 cuando se extinga el Protocolo de Kioto, pero se han postergado los puntos más destacados para la COP24 que se celebrará en diciembre de 2018 en la ciudad polaca de Katowice.

Precisamente el próximo lunes el Cabildo de Gran Canaria organiza en el Gabinete Literario a partir de las 12:00 horas la presentación del Centro Documental de Cambio Climático Centro Unesco Gran Canaria, un acto que contará con la presencia de, entre otros, del exdirector del Jardín Canario David Bramwell, del Doctor Ingeniero Industrial y Experto en Tecnologías del Medio Ambiente José Jaime Sadhwani, el técnico del Departamento de Computación Científica y Tecnológica ITC Antonio Ortegón o el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid Guillermo Morales.