El Ayuntamiento de Fontanar, en Guadalajara, tiene previsto llevar a cabo la renovación integral de un espacio de ocio infantil ubicado en el parque Virgen de la Soledad del municipio. Y el equipo de Gobierno municipal, gobernado por la agrupación ‘Entre Todos Fontanar’ (ETF), ha decidido darle una “original temática taurina”, en homenaje, afirma, a una de las tradiciones “más arraigadas” del pueblo.

Este proyecto, del que el propio Consistorio ha informado en su web y a través de las redes sociales, busca ser un espacio de ocio. De hecho, subraya que quiere convertirlo en una zona “más segura, accesible y atractiva” para los niños y niñas.

Señala el equipo de Gobierno municipal que con este proyecto continúa su apuesta por la mejora de los espacios públicos y la creación de “áreas de juego” renovadas para el “disfrute de las familias”. “La actuación dotará al parque de nuevos elementos infantiles inspirados en el mundo del toro, ofreciendo un espacio moderno, divertido y adaptado a las necesidades de los niños y niñas de Fontanar”, remarca.

Un pequeño burladero entre columpios

Según la maqueta que el Ayuntamiento ha publicado, el espacio contaría con un columpio, una instalación o casita con escaleras y pasarelas con forma de toro y un pequeño ‘coso’ o burladero rodeado de palos de madera simulando un encierro taurino o una pequeña plaza de toros.

La polémica no se ha hecho esperar. La publicación de su proyecto en Instagram a principios de julio ya provocó una oleada de reacciones de rechazo hacia el proyecto, casi todas haciendo hincapié en que con un proyecto así, el Ayuntamiento “adoctrina” a los más pequeños sobre “cómo odiar y asesinar a animales”.

Y de este revuelo se ha hecho eco el Partido Animalista (PACMA). Su coordinadora provincial en Guadalajara, Eva Asenjo, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento la cancelación del proyecto de renovación, porque “supone trasladar a la infancia la normalización de una práctica dolorosa, nociva y abiertamente violenta hacia los animales”.

Recuerda esta formación que diversos especialistas han advertido de los “efectos negativos” que puede tener la exposición de los menores a manifestaciones violentas y que los festejos taurinos “siguen provocando cada año numerosos heridos e incluso fallecidos”.

En su escrito, PACMA señala que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia frente a cualquier forma de violencia y recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas reiteró recientemente, en enero de 2026, su recomendación de impedir la participación de menores en cualquier actividad taurina, además de instar a las administraciones a sensibilizar sobre el impacto de esta violencia en niños y niñas.

Por ello, PACMA pide públicamente al Ayuntamiento de Fontanar que rectifique y sustituya la temática taurina por un proyecto que promueva “una cultura apta para todos los públicos y respetuosa con los animales y la naturaleza”.

Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia

Eva Asenjo — Coordinadora provincial de PACMA en Guadalajara

“Los espacios públicos destinados a niños y niñas deben ser lugares seguros y educativos, alejados de cualquier forma de violencia o de representaciones infantilizadas y aparentemente inocentes de la misma. El Ayuntamiento todavía está a tiempo de apostar por un parque que represente esos valores», concluye la coordinadora.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Alcaldía para conocer más detalles sobre el proyecto, sus plazos y su presupuesto, así como su valoración del escrito que le ha dirigido PACMA, sin que por el momento haya habido respuesta.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Fontanar se ve envuelto en la polémica. Su actual alcalde, Jesús Caballero del Castillo, se encuentra en funciones desde hace más de dos años, después de que el anterior regidor municipal, Víctor San Vidal, de la misma agrupación, tuviera que dimitir por la polémica generada tras la publicación de una grabación en vídeo en el que insultaba gritos a una trabajadora municipal.

Estos hechos desataron también una oleada de indignación el municipio, de unos 2.600 habitantes. En las últimas elecciones municipales, la de mayo de 2023, ‘Entre Todos Fontanar’ se hizo con seis de los once concejales en liza. El resto de ediles son tres del PSOE, uno del PP y otro de Unidas Podemos.

Actualmente, en España hay varios ejemplos de parques infantiles con temática taurina. El pionero en España fue el 'Tauroparque' ubicado en Esparragosa de Lares (Badajoz) e inaugurado en 2019, y hay otros en Onda (Castellón) o en Alba de Tormes (Salamanca). Algunos de sus promotores han destacado la necesidad de impulsar este tipo de espacios para promover el “relevo generacional” en la tauromaquia.

Al igual que el proyectado en Fontanar, suelen incluir zonas de juego seguras inspiradas en la tauromaquia: burladeros y troneras (muros de madera o plástico para que los niños se escondan), toriles como pequeñas casitas de juego, muelles, toboganes y balancines con forma de toros y vacas; o incluso pequeñas plazas de toros acotadas para el juego.

En Fontanar, como en muchos pueblos de esta zona de Guadalajara, la tradición taurina es efectivamente muy intensa. Según el Ayuntamiento, la afición del pueblo se organiza en torno a sus fiestas anuales, donde el toro es el gran protagonista: desde las Fiestas de San Matías, en mayo, hasta las Fiestas de San Roque, en agosto; y las de San Blas, en febrero, donde incluso se realiza una suelta de reses por las calles acompañada de un encierro infantil con carretones (bueyada) “para los más pequeños”.

Precisamente, una bueyada fue objeto de polémica a medios del pasado mes de junio en el municipio toledano de Yeles. Se trataba de un encierro similar al habitual, pero adaptado para niños y adolescentes: corren, guían o interactúan con bueyes y novillos pequeños, por lo general mansos y domados.

En esa ocasión fue la Fudación Franz Weber quien reclamó al Ayuntamiento la suspensión de esta actividad taurina, puesto que a ello se suma el acceso de menores como espectadores a las sueltas de reses previas. Esta ONG recordó que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.

“Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia”, afirma el documento.

En general, en Castilla-La Mancha, el debate sobre la tauromaquia es continuo. Las asociaciones antitaurinas, así como la mencionada Fundación Franz Weber y PACMA denuncian de manera continua que muchos ayuntamientos permitan la entrada de los más pequeños, en ocasiones incluso de forma gratuita, en las corridas de toros.

Además, desde la llegada de los gobiernos de coalición de PP y Vox a diversos ayuntamientos y diputaciones provinciales de la región, la promoción de la tauromaquia se ha disparado. El caso más mediático ha sido el de la Diputación de Ciudad Real, que ha destinado 100.000 euros a la recuperación de su escuela taurina.

Page defiende la tauromaquia

Pero también el Gobierno socialista de Emiliano García-Page es un firme defensor de este sector. El presidente autonómico no se ha pronunciado al respecto del acceso de menores a las corridas de toros, pero sí ha apostado de manera continua por la pervivencia de los festejos, llegando incluso a promover, junto a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, un Premio Nacional de Tauromaquia para sustituir el que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, eliminó en mayo de 2024.

El pasado mes de enero, el Ministerio de Juventud e Infancia remitió al Consejo de Ministros una propuesta para impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, como las corridas del toros, dentro de la ampliación prevista de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

La propuesta contempla que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en este tipo de actividades, eventos o espectáculos. El objetivo es cumplir con mencionada recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España.

“Estamos aquí para levantar la voz por Sevilla, por su patrimonio monumental y natural, por los sevillanos y sevillanas y, muy especialmente, por quienes no tienen voz para defenderse: los miles de animales que habitan en este entorno declarado Bien de Interés Cultural”. Con estas palabras comenzaba en la tarde de este jueves su alocución la portavoz de Pacma en Sevilla, Clara Márquez.

Lo hacía ante uno de los monumentos más visitados de España, la Plaza de España, ante unas 150 personas que se concentraron para denunciar el impacto que, a juicio de la formación política, provoca la celebración del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest en uno de los espacios patrimoniales y ambientales más importantes de la ciudad.

Bajo el lema Con la música, ¡a otra parte!, a la protesta se han unido integrantes de entidades como Hispania Nostra, la Asociación de vecinos Puerto de Sevilla, la Federación de Asociaciones contra el Ruido, vecinos de la barriada de Los Remedios, Sevilla Se Muere y el recién creado partido político Sevilla se Levanta, reclamando que este tipo de espectáculos se trasladen a recintos específicamente preparados para grandes conciertos y donde no se produzcan afecciones al patrimonio natural o la biodiversidad.

“Ejemplares de aves muertos”

Los participantes denuncian que la celebración del festival en este lugar genera contaminación acústica y lumínica, “además de contribuir a la privatización temporal del espacio público”, y Márquez sostiene que llevan años documentando “las consecuencias directas que este evento ha tenido sobre la fauna urbana, especialmente las aves que habitan el Parque de María Luisa (habiendo encontrado ejemplares muertos en años anteriores), así como sobre la vegetación y el propio conjunto monumental de la plaza de España”.

“Desde hace más de seis años, la plaza de España y el parque de María Luisa se transforman. Pero no se transforman para el disfrute de la ciudadanía. Se transforman en un negocio privado. Se blindan con vallas, se invaden con toneladas de hierro y se someten a muy altos niveles de ruido, insoportables sobre todo para las personas que viven en los barrios residenciales colindantes y para los animales que habitan en el parque. Todo bajo el nombre de un festival que, de 'icónico', solo tiene el destrozo que deja a su paso”, ha dicho Márquez.

Y es que, los convocantes entienden que es un festival que incide “en el derecho al descanso de vecinos y vecinas de la zona”. “Son muchas las personas afectadas, por los ruidos durante el concierto y, también, por la suciedad y gentío en las horas previas y posteriores. Hay muchos barrios residenciales pegados a la zona, como El Porvenir, Los Remedios y el Barrio de Santa Cruz e incluso Bermejales que se ven afectados”, ha subrayado.

“No estamos en contra del festival, sino de su ubicación, eso creo que todo el mundo lo tiene claro”, ha enfatizado.

“Se han reforzado las medidas preventivas”

Desde el festival no ha habido pronunciamiento oficial sobre esta protesta, aunque el pasado junio, antes de comenzar la edición de este año, señaló en un comunicado que ha reforzado las medidas preventivas destinadas a garantizar la conservación y protección de la plaza de España y del parque de María Luisa mediante la incorporación de profesionales especializados en la conservación patrimonial, la ingeniería acústica, así como en la vigilancia y control veterinario de la fauna urbana, además de que documentará fotográficamente los procesos de montaje y desmontaje.

El evento, según sus organizadores, se ha dotado en su dimensión patrimonial de un “riguroso modelo de implantación”, sustentado en medidas de conservación preventiva, que ha combinado una auditoría externa especializada y un “estricto protocolo técnico” en el entorno BIC que ha sido desarrollado por la organización y ha incorporado todas las indicaciones de las instituciones competentes.

De esta manera, la compañía sostiene que ha incorporado medidas como la documentación fotográfica de todo el proceso cada edición, tanto antes como después del montaje, archivo que “se pone a disposición de las administraciones implicadas en su autorización” para permitir la recopilación de datos técnicos y científicos sobre la huella del festival, y se ha incrementado el equipo encargado de la supervisión y protección patrimonial del recinto, incorporando a personal interno titulado en conservación y restauración de bienes culturales, con el objetivo de “garantizar un sistema de supervisión” reforzado durante las fases de actividad de los proveedores responsables del montaje y desmontaje de las infraestructuras.

La formació animalista Pacma ha reclamat aquest dimarts la construcció d'un crematori públic a Eivissa. En un comunicat, ha lamentat que actualment els cossos dels animals romanguin congelats fins a ser traslladats fora de l'illa per a la seva incineració.

El coordinador insular de Pacma, Olivier Hassler, ha assenyalat que els animals “no són residus” i per a moltes famílies són un membre més de la llar. “Considerem que el tractament que reben després de la seva defunció també ha de respondre a criteris de dignitat, per la qual cosa no ens sembla ètic que es cobri als propietaris per una incineració i cendres individuals si han de rebre restes de diverses desenes d'animals sense tenir ni tan sols coneixement d'això”, ha explicat.

Pacma ha recordat que fa anys que reclamen la creació d'un crematori públic per a animals que garanteixi la traçabilitat dels serveis i ofereixi cremacions individuals amb totes les garanties, evitant el trasllat dels cossos fora de l'illa.

Segons Hassler, les administracions “tenen la responsabilitat d'oferir un servei d'acord amb una societat que reconeix els animals com a éssers que senten i part de moltes famílies”. Per això, han instat el Consell i els ajuntaments a impulsar de forma urgent aquest projecte, responent a una demanda històrica que atén no només una necessitat, “sinó un compromís ètic amb els animals i les famílies que conviuen amb ells”.

La formación animalista Pacma ha reclamado este martes la construcción de un crematorio público en Eivissa. En un comunicado, ha lamentado que actualmente los cuerpos de los animales permanezcan congelados hasta ser trasladados fuera de la isla para su incineración.

El coordinador insular de Pacma, Olivier Hassler, ha señalado que los animales “no son residuos” y para muchas familias son un miembro más del hogar. “Consideramos que el tratamiento que reciben tras su fallecimiento también debe responder a criterios de dignidad, por lo que no nos parece ético que se cobre a los propietarios por una incineración y cenizas individuales si van a recibir restos de varias decenas de animales sin tener siquiera conocimiento de ello”, ha explicado.

Pacma ha recordado que llevan años reclamando la creación de un crematorio público para animales que garantice la trazabilidad de los servicios y ofrezca cremaciones individuales con todas las garantías, evitando el traslado de los cuerpos fuera de la isla.

Según Hassler, las administraciones “tienen la responsabilidad de ofrecer un servicio acorde a una sociedad que reconoce a los animales como seres sintientes y parte de muchas familias”.Por ello, han instado al Consell y a los ayuntamientos a impulsar de forma urgente este proyecto, respondiendo a una demanda histórica que atiende no sólo a una necesidad, “sino a un compromiso ético con los animales y las familias que conviven con ellos”.

Después de que el pasado mes de abril la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Soria admitiera a trámite un nuevo recurso del Partido Animalista Pacma contra el Toro Jubilo de Medinaceli, esta formación ha comunicado ahora la presentación de la demanda en la que fundamentaría la ilegalidad de este festejo, único toro de fuego que se celebra actualmente en Castilla y León.

Cabe recordar que no se trata del primer contencioso de Pacma contra el Toro Jubilo ya que el partido ya logró una sentencia favorable en septiembre de 2024 y, dos meses más tarde, la suspensión de la celebración del festejo ese año.

Sin embargo, la referida sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia y, según ha explicado la formación política, no fue por considerar que la celebración del festejo no es ilegal, sino por considerar “que el acto recurrido entonces (el acuerdo de celebración aprobado por el Ayuntamiento) no era recurrible en vía judicial”.

En esta ocasión, el equipo jurídico de Pacma habría desarrollado otra estrategia legal recurriendo el acuerdo ante el alcalde y la autorización ante la Junta de Castilla y León.

En este sentido la formación política tuvo que esperar tres meses, que es el plazo que la Ley da a las administraciones para resolver y, al no hacerlo, los recursos pueden entenderse desestimados y se abre la vía judicial.

La formación política ha presentado múltiples motivos de impugnación destacando que el espectáculo carecería de la declaración de “espectáculo taurino tradicional” desde el año 2015, cuando el Ayuntamiento de Medinaceli aprobó una modificación de las bases reguladoras sin seguir el procedimiento legalmente previsto.

“El festejo se ha venido celebrando de manera ilegal desde entonces y así lo apreció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria”, han asegurado desde Pacma recalcando que, el Tribunal Superior de Justicia, al considerar que el acuerdo del Ayuntamiento no era recurrible, “no llegó a entrar a valorar esta cuestión”.

Declaración BIC

Sobre la declaración del Toro Jubilo como Bien de Interés Cultural, Pacma ha asegurado que se trata de otra “argucia” con la finalidad de impedir o entorpecer cualquier recurso contra el festejo.

“No es la primera muestra de la mala fe en el proceder de estas administraciones”, ha insistido la formación lamentando que “actúan como si estuvieran por encima de las normas y de las sentencias”.

Poco después de que el Partido Animalista y con el Medio Ambiente Ambiente lanzase una campaña reclamando que se evite el maltrato animal en romerías como El Rocío, ocho mulas morían en el traslado a la aldea almonteña.

Es cierto que no ha sido fruto del agotamiento o causas similares, como ha ocurrido en otras ocasiones, sino en un incendio, pero Pacma ha vuelto a poner el foco en la necesidad de evitar el uso de animales en fiestas como la romería onubense.

Los mulos, según el 112, han muerto al arder un camión de transporte de animales este jueves en el municipio onubense de Almonte. El incendio se ha producido a las 19:28 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación por un camión en llamas en la carretera A-483 en el kilómetro 8 sentido Huelva.

En el lugar intervenieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con Guardia Civil, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y EMA Infoca. Ocho équidos han fallecido en el siniestro y otro mulo ha resultado herido.

La información sobre este suceso la ha comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta en su balance diario sobre la romería almonteña. A pesar de que en años anteriores se informaba a diario del número de caballos que mueren en el camino, certificado por los servicios veterinarios, este año no se aporta esa cifra en su nota de prensa diaria (emite dos cada día).

Fuentes de Emergencias indican a esta redacción que no hay constancia hasta el momento de informaciones oficiales en este sentido, a la espera de saber si llegando el fin de semana habrá novedades.

Problemas en el camino

Sí se han producido algunos problemas con caballos, como el difundido por Pacma de un caballo sufriendo convulsiones que fue atendido por una joven. Asegura esta formación que avisaron a la persona responsable del animal, que afirmó que no podía ir a donde estaba, y que “lo dejaran allí”. El animal se recuperó aparentemente poco después.

Las muertes de animales relacionados con El Rocío tuvieron un prólogo en Huelva la pasada semana. Dos caballos murieron en el incendio originado en una nave de un picadero de la capital onubense. Estaban allí preparados para irse a la romería.

Con todo, Pacma denuncia que más de 200 animales han muerto en las últimas dos décadas vinculados a la romería de El Rocío, una cifra que consideran “inasumible e incompatible con cualquier sociedad que aspire a avanzar en materia de protección animal”.

La propia Junta de Andalucía, señala, reconoció oficialmente la muerte de 164 équidos entre 2007 y 2016 durante la celebración. Sin embargo, Pacma advierte de que el problema sigue estando muy presente: en 2022 murieron seis animales; en 2023, ocho; en 2024, al menos nueve; y en 2025 se registraron otras nueve muertes más.

Problemas de todo tipo

La formación política denuncia que detrás de estas cifras hay “caballos exhaustos, mulas geriátricas y bueyes obligados a arrastrar grandes cargas bajo temperaturas extremas”. También alertan sobre heridas provocadas por serretas y arneses, así como lesiones derivadas del sobreesfuerzo físico. Solo en 2016, más de 50 animales tuvieron que ser atendidos por diferentes lesiones durante la romería.

Desde PACMA recuerdan que el sufrimiento comienza “mucho antes de llegar a la aldea”, con miles de animales recorriendo kilómetros de asfalto entre ruido, tráfico y altas temperaturas. Solo la Hermandad de Triana moviliza cada año alrededor de 5.000 peregrinos.

Según explican, las causas de muerte y colapso se repiten año tras año: cólicos digestivos, fallos cardiovasculares, fracturas, deshidratación, carros excesivamente pesados y animales alquilados en condiciones deplorables. En 2019, ocho animales tuvieron que ser inmovilizados debido a su grave estado físico, y en 2020 cuatro hombres fueron condenados por maltratar a dos mulas utilizadas para la romería.

“El problema no son accidentes aislados, sino un sistema descontrolado y sostenido durante años por la falta de voluntad política”, señala el Partido Animalista, que critica la “cobardía de los responsables políticos andaluces” por negarse a plantear la exclusión de animales en este tipo de eventos por miedo a perder apoyo electoral.

La formación política insiste en que “ningún acto religioso debería costar vidas” y hace un llamamiento a todas las personas que acudan este año a El Rocío para que documenten y denuncien cualquier posible caso de maltrato animal a través del correo electrónico sevilla@pacma.net.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha opuesto a suspender cautelarmente el nuevo plan de gestión del lobo en esta comunidad autónoma tal y como solicitaba el Partido Animalista con el Medio Ambiente.

Lo ha resuelto así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto, consultado por Europa Press, por el que deniega la medida cautelar interesada por PACMA contra la orden de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería por la que el plan recibió luz verde en marzo de este año.

El nuevo documento mantiene el control de ejemplares con cupos anuales limitados a un máximo del 20% de la población, como el anterior, mientras se reducen de tres a dos las zonas con presencia del cánido en la región.

El tribunal considera que la suspensión de dicha orden es “completamente desproporcionada” y “nada apunta a que sirviera para las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies”. Y asegura que “la ejecutividad de la orden no genera el daño irreparable e irreversible” al lobo que alega PACMA.

Contra la resolución del tribunal, fechada el pasado 14 de mayo y que impone las costas al partido animalista hasta un límite de 300 euros, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación. El Gobierno regional ha valorado positivamente la resolución del TSJC.

Un año más, y ya son once, el Partido Animalista y con el Medio Ambiente (Pacma) ha salido a las calles de Sevilla para su manifestación antitaurina. Es la segunda más importante que organiza en España esta formación tras la de Madrid, y este año ha vuelto a recorrer las calles de la capital andaluza bajo el lema 'No matarás'.

Pretendía denunciar “la contradición” que supone para los toreros y sus seguidores confesarse creyentes y, al mismo tiempo, apoyar el maltrato animal.

Han sido más de dos horas de recorrido desde los Jardines de Murillo, en el inicio de la calle San Fernando, hasta las mismas puertas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la plaza de toros. Aunque ha llegado a ese punto sensible, no ha habido que contar en el recorrido incidente alguno, más allá de algún grito de apoyo al torero Morante de la Puebla por un joven en la calle Arfe, y la recriminación de un aficionado a los toros en la puerta del coso sevillano, que se enfrentó a voces con una de las manifestantes recriminándole su presunto consumo de cordero mientras protesta contra la tauromaquia.

A su lado, un hombre con un abanico de Vox en las manos mandaba “a trabajar” a los manifestantes. Precisamente, una veintena de componentes de este partido ha querido “contraprogramar” la manifestación con una gran pancarta a las puertas de la Maestranza, mientras que algunos hombres más portaban pancartas en defensa de las corridas.

La Policía, “por seguridad”, ha impedido a Pacma montar el escenario preparado para el acto final de la manifestación, a pesar de que algo antes de las 19.00 horas las pancartas han sido recogidas y quienes las portaban se han ido a ver la corrida. La acera, entonces, ha quedado despejada tras una concentración que, al ser de más de 20 personas y cortar el tránsito de una vía pública precisaba de permiso de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Esta redacción ha intentado, sin éxito, conocer por parte de la Subdelegación si el partido de ultraderecha tenía permiso para realizar este acto.

Ante esta situación, Pacma ha anunciado que protestará ante la Subdelegación por el trato recibido. Ya en la salida han tenido dificultades para que el vehículo que abría el acto ocupase su sitio, y han tenido que mostrar los permisos oficiales que han gestionado para que la Policía se lo permitiese.

Lemas en varios idiomas

Por lo demás, el recorrido no ha tenido mayores incidencias. En los carteles se han mostrado lemas contra la tauromaquia en español, japonés o francés, que han sido grabados por centenares de turistas en su recorrido. Algunos se lo han tomado como una actividad festiva más en la tarde de sábado sevillana, sobre todo por la batucada que abría el camino.

Entre los manifestantes, el presidente de Pacma y candidato a la Junta de Andalucía, Javier Luna, ha reclamado el fin de la tauromaquia una vez más en esta manifestación, que se celebra en Sevilla desde hace años, y ha expuesto que, según algunas encuestas, un 80 por ciento de la población la rechaza, para añadir que “se está avanzando muchísimo” en concienciación social, pero a nivel político ve “un poco de retroceso”, porque PP, PSOE o Vox apuestan por sostener y apoyar las corridas de toros.

La coordinadora de Pacma en Sevilla, Clara Márquez, ha asegurado que la tauromaquia está en declive “cada vez más”, aunque en Sevilla existe la “controversia” de ver la plaza de la Real Maestranza llena, aunque considera que “eso no representa a la sociedad sevillana en absoluto”, y enfatiza: “Cada vez somos más gente gritando en redes sociales y en la calle”.

Ha recordado que el aforo de la Maestranza no llega a los 13.000 espectadores, mientras que más de 1.000 personas han protestado en la calle.

Y ha dicho, además, que la próxima semana habrá una nueva protesta de Pacma, en esta ocasión contra los coches de caballos que recorren la capital andaluza, para los que reclaman alternativas con vehículos eléctricos, como se ha planteado en Málaga o se hace desde hace tiempo en Santo Domingo.

Tres cachorros de perro de apenas unos días de vida han sido abandonados en contenedores de basura de Huesca en dos episodios ocurridos este mes de diciembre. Uno de ellos fue localizado el día 15 en un contenedor subterráneo de la calle Moya, mientras que los otros dos aparecieron el día 21 en otro contenedor de la calle Coso Alto, en las inmediaciones de Correos.

El primer cachorro, de menos de diez días de vida, fue encontrado el pasado 15 de diciembre y su caso fue denunciado ante la Policía Nacional por la coordinadora provincial de PACMA en Huesca, Rocío Castillo, el día 22. El animal se recupera actualmente bajo supervisión veterinaria y ha sido acogido por la asociación Salvando Huellas Huesca.

Según han informado desde PACMA, se está a la espera de confirmar si alguna de las cámaras de seguridad de la zona pudo captar imágenes que permitan identificar a la persona responsable del abandono, por lo que se ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

El segundo episodio se produjo el 21 de diciembre, cuando fueron hallados otros dos cachorros de características similares en un contenedor de la calle Coso Alto. La denuncia en este caso fue interpuesta por la asociación Adopciones Patitas de Huesca, que se ha hecho cargo de ambos animales, que se recuperan en una casa de acogida.

Desde PACMA advierten de la especial gravedad de estos abandonos, que podrían evidenciar una reiteración por parte de las mismas personas, y reclaman que se investiguen los hechos para identificar al responsable, además de reforzar las medidas de prevención del abandono y de protección de los animales.

Han passat tres dècades des de l’obertura del 'refugi' d'animals d'Eivissa Can Dog. Trenta anys de calamitats i insalubritat, amb gossos mal cuidats, envoltats de rosegadors, excrements i escombraries. Unes negligències que, no obstant això, no havien estat suficients per a instar la seva clausura, fins ara. El Consell Insular va confirmar la setmana passada que el centre Can Dog ja no exerceix com a residència canina ni com a nucli zoològic, en constatar reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades en els últims dos mesos. No sols dels tècnics de la institució, sinó també per part del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil.

Representants del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) han reclamat durant molt de temps el tancament del centre, sobre el que pesen a més acusacions de maltractament animal, com van declarar els voluntaris a elDiario.es el novembre passat. Les denúncies del partit venien recolzades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que emboliquen al gestor del ranxo, P.A. L'empresari acumulava, a més, impagaments als seus treballadors i va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint, tan sols, el servei de recollida d'animals amb l'Ajuntament de Sant Antoni.

Ara, segons ha declarat a aquest diari el seu propi fill, qui treballava en el refugi on després de denunciar el cas té prohibida l'entrada, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Però no és a l'única cosa a la que haurà de fer front, sinó que el Consell ha tramitat un expedient sancionador que de moment continua obert, pel que es desconeix encara l'import de la multa que haurà d'abonar.

Segons ha declarat a aquest diari el fill del propietari, qui treballava en el refugi -al qual té prohibida l'entrada després de denunciar el cas-, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Per part seva, el Consell ha obert un expedient sancionador contra ell

Prohibició de nous animals i gossos abandonats

La institució insular va ordenar el passat 17 d'octubre la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l'entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que estaven allà allotjats. Malgrat això, inspeccions posteriors van revelar la presència d'entre 21 i 41 cans, molts d'ells pertanyents a persones alienes al centre. Després que la Policia Local localitzés als seus amos, quatre dels animals que seguien a l'interior de Can Dog van ser retirats per l'Ajuntament de Sant Joan i traslladats al centre municipal de protecció animal.

Així mateix, el Consell va remetre al Consistori altres set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració. Olivier Hassler, representant de Pacma, va denunciar en aquest moment que la situació era “lamentable” i va retratar la injustícia que els animals acabessin pagant els problemes del ranxo.

El Consell d'Eivissa va notificar set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració

La cadena d'inspeccions va començar, no obstant això, molt abans. Al juny, després de l'obertura d'un expedient per presumptes incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal, els serveis veterinaris del Consell es van dirigir al problemàtic centre d'acolliment. La vigilància es va intensificar durant els mesos d'octubre i novembre, revelant un escenari sostingut d'irregularitats.

En un dels primers reconeixements, realitzat el 15 d'octubre, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Les inspeccions posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: el 28 d'octubre encara hi havia 38 cans en el recinte, 28 d'ells allotjats en règim de residència. El responsable del centre va assegurar llavors que necessitaria uns vint dies per a completar les devolucions, excepte en els casos en que els propietaris no acudissin a recollir-los.

En una de les primeres inspeccions, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Els reconeixements posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: encara quedaven 38 cans en el recinte, 28 d'ells en règim de residència

Un abandó múltiple

El 21 de novembre, una altra visita va constatar la presència de 21 gossos, 11 d'ells pertanyents a persones sense relació amb l'establiment, que seguien allà cinc dies després, quan van tornar els inspectors. En l'última inspecció, a finals de novembre, es va verificar que set gossos del mateix titular seguien encara en el refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple, de competència municipal.

A la parcel·la, finalment, tan sols van romandre sis gossos, els de P.A., que han estat cedits a l'Ajuntament de Sant Joan -tal com segons va assenyalar en un recent fòrum el regidor de Medi Ambient, Andreu Roig- i altres quatre d'un treballador resident. Des del Consistori han detallat a elDiario.es que, en la seva obligació de complir la llei de benestar animal, han signat un contracte amb Natura Parc perquè s'encarregui dels mateixos serveis que oferia el ranxo extint de Sant Llorenç.

Amb tot, el tancament definitiu de Can Dog podria no estar encara jurídicament blindat. El propietari sosté que no ha rebut el decret d'inici del procediment, datat el 16 d'octubre, ja que va ser remès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exerceix com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza. D'acord amb la mateixa informació -i com han requerit fonts de Pacma a elDiario.es-, el lletrat ha remès un escrit al Consell on explica que la resolució va ser lliurada en el seu despatx malgrat no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel que ha rebutjat la notificació.

El tancament de Can Dog podria ser anul·lat si es confirma que l'expedient sancionador va ser notificat de manera incorrecta. El propietari afirma no haver rebut el decret d'inici del procediment, que el Consell va remetre a un advocat que el va representar en el passat

Un abans i un després

Per part seva, Pacma ha celebrat la clausura del centre. Un fet que posa fi, asseveren els animalistas, a tres dècades marcades per denúncies i condicions insalubres que, malgrat tot, no havien derivat en la seva clausura definitiva fins ara. Hassler ha agraït l'actuació coordinada entre les institucions, que ha permès recuperar i reubicar als gossos que romanien en el recinte malgrat no estar vinculats a la titularitat del centre. Per al partit, el tancament suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog.

Pacma celebra el tancament i agraeix l'actuació coordinada entre les institucions. Per al partit, la clausura suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog

La formació reclama ara que aquest episodi serveixi per a reforçar el control públic sobre tots els nuclis zoològics i residències canines d'Eivissa mitjançant inspeccions més freqüents, transparència en les dades sobre sancions i reubicacions i un servei operatiu les 24 hores per a atendre els animals abandonats o decomissats. A més, insta a mantenir la col·laboració amb les entitats de protecció animal per a evitar nous episodis d'amuntegament i garantir adopcions responsables. “No estem contents que tanqui una empresa, però els animals estaven maltractats i són 30 anys d'aquesta història. Volíem passar pàgina”, sentencia Hassler.

Han pasado tres décadas desde que abriera el 'refugio' de animales de Eivissa Can Dog. Treinta años de calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura. Unas negligencias que, sin embargo, no habían sido suficientes para instar su clausura, hasta ahora. El Consell Insular confirmó la semana pasada que el centro Can Dog ya no ejerce como residencia canina ni como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas en los últimos dos meses. No solo de los técnicos de la institución, sino también por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Representantes del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) han reclamado durante mucho tiempo el cierre del centro, sobre el que además pesan acusaciones de maltrato animal, como declararon los voluntarios el pasado mes de noviembre a elDiario.es. Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envuelven al gestor del rancho, P.A. El empresario acumulaba, además, impagos a sus trabajadores y fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ahora, según ha declarado a este diario su propio hijo, quien trabajaba en el refugio donde tras denunciar el caso tiene prohibida la entrada, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Pero no es a lo único a lo que tendrá que hacer frente, sino que el Consell ha tramitado un expediente sancionador que de momento sigue abierto, por lo que se desconoce todavía el importe de la multa que deberá abonar.

Según ha declarado a este diario el hijo del propietario, quien trabajaba en el refugio -al que tiene prohibida la entrada tras denunciar el caso-, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Por su parte, el Consell ha abierto un expediente sancionador contra él

Prohibición de nuevos animales y perros abandonados

La institución insular ordenó el pasado 17 de octubre la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron la presencia de entre 21 y 41 canes, muchos de ellos pertenecientes a personas ajenas al centro. Después de que la Policía Local localizase a sus dueños, cuatro de los animales que seguían en el interior de Can Dog fueron retirados por el Ayuntamiento de Sant Joan y trasladados al centro municipal de protección animal. 

Asimismo, el Consell remitió al Consistorio otros siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración. Olivier Hassler, representante de Pacma, denunció en ese momento que la situación era “lamentable” y retrató la injusticia de que los animales terminaran pagando los problemas del rancho.

El Consell de Eivissa notificó siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración

La cadena de inspecciones comenzó, sin embargo, mucho antes. En junio, tras la apertura de un expediente por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal, los servicios veterinarios del Consell se dirigieron al problemático centro de acogida. La vigilancia se intensificó durante los meses de octubre y noviembre, revelando un escenario sostenido de irregularidades.

En uno de los primeros reconocimientos, realizado el 15 de octubre, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Las inspecciones posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: el 28 de octubre aún había 38 canes en el recinto, 28 de ellos alojados en régimen de residencia. El responsable del centro aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones, salvo en los casos en los que los propietarios no acudieran a recogerlos. 

En una de las primeras inspecciones, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Los reconocimientos posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: aún quedaban 38 canes en el recinto, 28 de ellos en régimen de residencia

Un abandono múltiple

El 21 de noviembre, otra visita constató la presencia de 21 perros, 11 de ellos pertenecientes a personas sin relación con el establecimiento, que seguían allí cinco días después, cuando volvieron los inspectores. En la última inspección, a finales de noviembre, se verificó que siete perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple, de competencia municipal. 

En la parcela, finalmente, únicamente permanecieron seis perros, los de P.A., que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sant Joan -tal como según señaló en un reciente foro el concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig- y otros cuatro de un trabajador residente. Desde el Consistorio han detallado a elDiario.es que, en su obligación de cumplir la ley de bienestar animal, han firmado un contrato con Natura Parc para que se encargue de los mismos servicios que ofrecía el rancho extinto de Sant Llorenç. 

Con todo, el cierre definitivo de Can Dog podría no estar aún jurídicamente blindado. El propietario sostiene que no ha recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejerce como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. De acuerdo a la misma información -y como han precisado fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado ha remitido un escrito al Consell en el que explica que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que ha rechazado la notificación.

El cierre de Can Dog podría ser anulado si se confirma que el expediente sancionador fue notificado de forma incorrecta. El propietario afirma no haber recibido el decreto de inicio del procedimiento, que el Consell remitió a un abogado que lo representó en el pasado

“Un antes y un después”

Por su parte, Pacma ha celebrado la clausura del centro. Un hecho que pone fin, aseveran los animalistas, a tres décadas marcadas por denuncias y condiciones insalubres que, pese a todo, no habían derivado en su clausura definitiva hasta ahora. Hassler ha agradecido la actuación coordinada entre las instituciones, que ha permitido recuperar y reubicar a los perros que permanecían en el recinto pese a no estar vinculados a la titularidad del centro. Para el partido, el cierre supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog.

Pacma celebra el cierre y agradece la actuación coordinada entre las instituciones. Para el partido, la clausura supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog

La formación reclama ahora que este episodio sirva para reforzar el control público sobre todos los núcleos zoológicos y residencias caninas de Eivissa mediante inspecciones más frecuentes, transparencia en los datos sobre sanciones y reubicaciones y un servicio operativo las 24 horas para atender a los animales abandonados o decomisados. Además, insta a mantener la colaboración con las entidades de protección animal para evitar nuevos episodios de hacinamiento y garantizar adopciones responsables. “No estamos contentos de que cierre una empresa, pero los animales estaban maltratados y son 30 años de esta historia. Queríamos pasar página”, sentencia Hassler.

El Partido Animalista PACMA ha recurrido el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander por el que se rechazan las medidas cautelares que había solicitado para frenar la resolución del Gobierno de Cantabria que autoriza las extracciones de lobos en la comunidad autónoma.

En un comunicado, PACMA ha denunciado “obstrucción” en la investigación penal por la autorización de “matanzas” de lobos en Cantabria y ha criticado que el rechazo a las cautelares se ha adoptado “sin entrar en el fondo del asunto” y por “motivos infundados” en los que se alega una “supuesta falta de competencia y de jurisdicción”.

“El partido ya ha recurrido al considerar que la vía penal es la única competente y que cualquier resolución que lo niegue puede incurrir en la vulneración de derechos”, ha afirmado esta formación política, que ha indicado que las recurrirán “hasta las instancias que sean necesarias”.

Además de querellarse contra la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, a quienes acusa de delitos de falsedad en informes periciales, falsedad documental, prevaricación y maltrato animal, Pacma pedía suspender la resolución del 2 de abril de esta Dirección General por la que se estableció el cupo de extracción de ejemplares de lobo en la comunidad autónoma para la temporada 2025-2026, extremo que ha descartado la jueza en un auto fechado el 6 de noviembre.

Pacma ha presentado recurso de reforma y subsidiaria apelación ante la misma jueza, que ahora debe resolverlo. Si lo deniega, pasará a la Audiencia Provincial, han explicado fuentes de PACMA a Europa Press.

La investigación penal “sigue avanzando”

El partido ha indicado que, pese a este rechazo a las cautelares, la investigación penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander contra estos altos cargos del Gobierno regional (PP) por presunta prevaricación, falsedad documental y maltrato animal “sigue avanzando pese a los intentos de archivo por parte de los investigados”.

Ha añadido que los informes que autorizaban las matanzas requeridos por el juzgado “han sido finalmente aportados tras la insistencia” de Pacma y ha afirmado que, en dicha documentación recientemente remitida, Serdio “señala expresamente como autores de los informes empleados para fijar el cupo de extracción 2025/2026 al jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y firmante del informe técnico, y en el ámbito jurídico, a dos responsables de la asesoría jurídica”.

Pacma sostiene que los informes utilizados para autorizar la extracción de lobos “pudieron ocultar el estado de conservación desfavorable de la especie, reconocido oficialmente por España ante la UE, lo que invalidaría cualquier autorización de caza y podría constituir delito de prevaricación”.

Además, la formación política ha manifestado que, de revocarse las autorizaciones administrativas para cazar lobos en las comunidades autónomas donde se han querellado, procederá a interponer denuncia por presuntos delitos de maltrato de animales protegidos, con agravante de muerte, previstos y sancionados con hasta tres años de prisión por cada animal abatido, con las accesorias de inhabilitación para tenencia de armas de hasta cuatro años.

Auto de rechazo a las cautelares

En el auto dictado, la jueza sostiene que “no ha lugar a las medidas cautelares interesadas” por el partido porque no se dan los requisitos para aplicarlas, además de que “ni contamos con indicios suficientes sobre la criminalidad ni la urgencia resulta acreditada”.

Como explica, “se solicita una medida cautelar cuya adopción no es posible en el seno de un procedimiento penal, ya que se está pidiendo la suspensión cautelar de una resolución administrativa, no siendo esta la jurisdicción apropiada para tal finalidad”. Así, señala que las partes deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa: “Se pretende suspender la actuación de la Administración pública de la comunidad autónoma de Cantabria y esta actuación no puede ser llevada a cabo por esta juzgadora por carecer de jurisdicción para ello”.

Además, añade que “ni resulta proporcional” ni existe 'periculum in mora' (peligro en la demora), “siendo un tema recurrente que ha sido ya cuestionado en diversos procedimientos, por lo que en este momento en que nos encontramos, ni contamos con indicios suficientes sobre la criminalidad ni la urgencia”. La Fiscalía también había emitido informe por el que se oponía a las medidas interesadas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha admitido a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre el Partido Animalista PACMA contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por las extracciones para el control poblacional de lobo que se ejecutan en la comunidad.

En un auto dado a conocer por PACMA, el Juzgado acuerda incoar diligencias previas y cita el 12 de noviembre a declarar como investigados a Susinos y Serdio, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.

Asimismo, el auto judicial -contra el que cabe recurso de reforma o de apelación- requiere al Gobierno de Cantabria que remita el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.

PACMA ha celebrado esta resolución ya que destaca que es la primera vez que un tribunal abre diligencias penales por estos controles de lobos en España, de modo que Susinos y Serdio serán “los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente” por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno regional.

Para el Partido Animalista, el auto representa un “avance sin precedentes” en la defensa de la especie, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo.

La formación acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo “pese a conocer que su estado de conservación es desfavorable/inadecuado” según “informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea”, lo que a su juicio “podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción”.

El partido denuncia además presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar dichas batidas.

Por otro lado, subraya la “gravedad” de que los tribunales del orden contencioso-administrativo estén denegando medidas cautelares basándose en informes elaborados por la propia administración denunciada, “sin que exista un control judicial efectivo sobre su legalidad o veracidad”. Esta práctica, advierten, “consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja indefenso al patrimonio natural y a las especies protegidas”.

Así, desde PACMA esperan que la reciente resolución establezca jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas que han autorizado batidas “alegando motivos económicos y relativos a los intereses de la ganadería y la caza”.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha elevado su exigencia al Gobierno de España para que se reforme “urgentemente” el Código Penal con el fin de aumentar las penas de prisión por maltrato animal, pasando del máximo actual de dos años a un tope de diez años en los casos más graves.

Esta petición llega tras el “escalofriante” caso de un cazador investigado este pasado agosto por la muerte por inanición y sed de 32 perros de caza en una finca de la localidad pacense de Azuaga.

PACMA ha denunciado que, bajo la legislación actual, y a pesar de la “extrema crueldad” del suceso, es muy probable que el responsable no ingrese en prisión, ya que el delito de maltrato animal nunca supera los dos años, aplicándose la suspensión de la pena.

“El caso de El Patilla -como se conoce al cazador-, que mató a 32 perros de la forma más cruel que existe, es el ejemplo más repugnante de la impunidad que sigue existiendo en España”, ha declarado el presidente de PACMA, Javier Luna. “Es inaceptable que alguien pueda cometer una barbaridad así y se vaya de rositas porque la ley lo permite. Esto no es justicia, es una burla a las víctimas y un mensaje claro a los maltratadores: matar animales sale prácticamente gratis”, ha añadido.

El partido ha subrayado que penas de prisión “reales y disuasorias”, como la que exige —un máximo de hasta diez años—, son la única medida efectiva para evitar que los agresores continúen pensando que no enfrentarán consecuencias graves por sus actos. “Necesitamos que quienes matan o torturan a los animales sepan que van a pisar la cárcel y que se les inhabilitará de por vida para tener cualquier animal o trabajar con ellos”, ha aseverado.

Según ha indicado, “solo endureciendo las penas podremos empezar a proteger realmente a los animales”.

Por ello, PACMA ha reiterado su compromiso de impulsar estas reformas de manera prioritaria en el Congreso y ha instado al Ministerio de Justicia que acometa “el cambio legislativo que ponga a España al nivel de protección animal de otros países europeos”.

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación relativo al Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) al considerar que su postura contraria al animalismo compromete la objetividad en el proceso judicial.

Así lo han trasladado este miércoles los ecologistas a través de un comunicado en el que explican que la recusación se fundamenta en las causas previstas en los artículos 219.9ª y 10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que concurren “enemistad manifiesta” hacia Pacma e “interés en la causa”.

El partido argumenta que el magistrado ha expresado públicamente en distintos medios y redes sociales una firme defensa de la tauromaquia, así como críticas explícitas contra el movimiento animalista y las leyes de protección animal.

El procedimiento judicial abordado tiene como origen la impugnación del acuerdo del Ayuntamiento de Medinaceli que autorizaba la celebración del festejo taurino conocido como Toro Jubilo.

Por eso, para la formación, aunque lo que se va a discutir ante el Tribunal Supremo es una cuestión puramente formal, a su juicio la imparcialidad en este proceso sigue siendo “crucial”, ya que una eventual estimación del recurso podría devolver la firmeza a la sentencia que declaró ilegal el festejo.

El partido animalista subraya que “no sólo es necesario que la justicia sea imparcial, sino también que lo parezca”, y considera que las manifestaciones reiteradas del magistrado en defensa de la tauromaquia, así como sus posicionamientos contra el animalismo, “comprometen la confianza ciudadana en la resolución del caso”.

Por ello, han solicitado que se aparte al magistrado del conocimiento del recurso de casación, en defensa del derecho a un proceso justo, con todas las garantías e independencia judicial.

El TSJCYL revocó la suspensión del festejo como medida cautelarísima

El pasado 16 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León falló en contra del auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria y anulaba la suspensión del Toro Jubilo de Medinaceli.

En la sentencia emitida por el alto tribunal, se confirmó la estimación, por parte de la sala de lo Contencioso Administrativo, del recurso presentado por el Ayuntamiento de Medinaceli y la Junta de Castilla y León; y revocó la suspensión del festejo como medida cautelarísima por el auto dictado el pasado 12 de noviembre de 2024, cuya celebración estaba prevista para el 16 de noviembre de 2024.

La Junta de Castilla y León autorizará el toro de Jubilo de Medinaceli (Soria) si cumple las condiciones de la normativa vigente y de la reciente sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Así lo ha planteado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, tras conocerse ayer que el TSJ ha anulado el auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que impidió en noviembre de 2024 la celebración del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) al conceder la medida cautelarísima solicitada por el Partido Animalista (PACMA).

“Siempre tenemos respeto hacia las decisiones judiciales y hubiéramos respetado la decisión judicial, aunque hubiera sido contraria a aquello que defendíamos desde la Junta de Castilla y León, pero en este caso es una sensación de satisfacción porque los tribunales han dado la razón a aquello que venimos defendiendo, a aquello que veníamos planteando que creíamos que se correspondía con el interés general”, ha analizado Carriedo.

El portavoz del Ejecutivo entiende que PACMA está en su derecho de seguir con la vía legal que considere, como ha anunciado y ha incidido en que “el ayuntamiento tiene capacidad, en aplicación de esa tendencia, de llevar a cabo este festejo y naturalmente, pues la Junta de Castilla y León, si cumple las condiciones de la normativa vigente y de la sentencia, pues procederá a su autorización”.

El TSJCyL ha avalado los argumentos dados por el Ayuntamiento de Medinaceli en su recurso, con el que trató de responder a la anulación que implicó la medida cautelarísima, dictada cuatro días antes del 16 de noviembre, cuanto estaba previsto el festejo taurino en el municipio.

PACMA recurrió ante el Juzgado las autorizaciones administrativas del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y solicitó una medida cautelarísima que impidiera el desarrollo del Toro Jubilo antes de dirimir el fondo de la cuestión, lo que aceptó el juez de primera instancia.

En la sentencia conocida este miércoles, el TSJCyL reconoce que había premura en los plazos para resolver esta cuestión, ya que la Delegación Territorial autorizó el evento el día 9 de noviembre de 2024, cuando la celebración del festejo estaba previsto para las once y media de la noche del día 11 de noviembre.

Pero, continúa la sentencia, pese a esta premura en los plazos la entidad recurrente PACMA, “al igual que acudió rápidamente a recurrir y solicitar medidas cautelares en vía jurisdiccional, nada le impedía haber utilizado la vía administrativa para recurrir en alzada la citada resolución” de 9 de noviembre y para solicitar su suspensión.

El TSJCyL, que no impone el pago de costas judiciales, mantiene abierta la posibilidad del recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o ante la Sección de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en el TSJCyL, en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia.

El Partido Animalista PACMA ha presentado alegaciones al Plan de Gestión del Lobo de Cantabria, una de ellas contra una disposición que, según asegura esta formación, prevé que los agentes del Medio Natural puedan abatir, además de cánidos, “perros asilvestrados”, extremo este último que sería constitutivo de delito.

Lo advierte así PACMA en un comunicado en el que informa de las “55 páginas” de alegaciones que ha presentado al documento del Gobierno regional para controlar la especie con extracciones, una vez rebajada su protección al salir del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Para el partido político animalista y medioambiental, modelos basados en la eliminación de lobos “no sólo no son efectivos para reducir los daños a la ganadería, sino que son contraproducentes”.

El Ejecutivo autonómico ha establecido un cupo de 41 extracciones (el 20% de la población lobera en la región) de las que van ya más de la mitad: 24, según la última actualización de datos, facilitada este jueves por la Consejería de Desarrollo Rural a Europa Press. En concreto, se han llevado a cabo 21 eliminaciones a las que hay que sumar tres ejemplares más que han muerto por atropello o enfermedad, y que también computan.

En un balance anterior, el departamento que dirige María Jesús Susinos indicó que eran cinco los cánidos fallecidos por estas últimas causas, aunque tras las pertinentes pruebas biológicas se comprobó que dos de ellos eran perros.

Inconstitucional

En relación al lobo, PACMA ha advertido en sus alegaciones al Gobierno cántabro que todo el plan de gestión se sostiene sobre una disposición “inconstitucional”: la que aprobó el Congreso el pasado mes de marzo al sacar adelante la Ley contra el desperdicio alimentario y por la que las poblaciones loberas al norte del Duero salieron del LESPRE.

Este precepto ha sido recurrido por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, procedimiento en el que se va a personar el Gobierno de Cantabria mediante un recurso para defender su plan de gestión.

En sus alegaciones, el partido animalista censura también la “desfachatez” del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga, que prevé en el documento un pago a los ganaderos por “servicios ambientales”. Y es que además de las indemnizaciones por los “supuestos” -dice PACMA- daños del lobo, el plan contempla la concesión directa de subvenciones a los titulares de explotaciones por su contribución “a la conservación de la biodiversidad”.

En el partido ven “tan hilarante como indignante” considerar que la ganadería contribuye a la conservación de la biodiversidad en un texto que también prevé la eliminación de lobos, “parte fundamental de la biodiversidad, por estar en conflicto con esa misma actividad”.

Por lo demás, la formación cuestiona las cifras ofrecidas por la administración autonómica, y califican de “barbaridad” los cerca de 200 lobos que hay en Cantabria -entre 184 y 207, a razón de 8 ó 9 ejemplares en cada una de las 23 manadas que estarían confirmadas-. Frente a ello, sostienen que los expertos establecen una media de 3,7 cánidos por grupo.

Cuestionan también que en la última década la población lobera haya aumentado un 12% en España y un 92% en Cantabria. Y si ponen en relación las incidencias (560 en los ejercicios 2019-20) y las extracciones (67 en ese periodo), señalan que el número de daños se “incrementó”, mientras que en comunidades en las que no se abatieron lobos se “redujo”.

“Cuantos más lobos se eliminan, más depredaciones se producen”, avisan al respecto, para considerar además “ineficaces” o incluso “inexistentes” las medidas del adoptadas por el Gobierno cántabro y los ganaderos de la región para prevenir los ataques.

Una oleada de incendios forestales, en particular en las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura, está devorando buena parte del país durante todo este mes de agosto. Bomberos jugándose la vida, familias desalojadas de sus casas, pueblos calcinados y miles de hectáreas condenadas al negro carbón. Y entre todo el caos, ¿qué es de los animales que viven en estos lugares?

Natalia y Gonzalo, un matrimonio afincado en el municipio toledano de San Martín de Pusa, ha decidido “liarse la manta a la cabeza” y no han dudado en prestar su ayuda. A través de las redes sociales de su negocio están ofreciendo las instalaciones de su finca rural para acoger “animales de campo afectados por los incendios”. Aseguran que su intención es “tender la mano es estos momentos tan difíciles”.

La pareja dispone de un terreno de casi 400 hectáreas en una finca rural dedicada a eventos, Complejo Valdepusa, que ahora se ha convertido también en refugio para los animales de cualquier punto del país que esté sufriendo la voracidad del fuego.

“Durante estos días hemos visto vídeos en redes sociales de animales huyendo del fuego. Y mi marido, amante de los animales me dijo: hay que hacer algo. Y ofrecer nuestro espacio era lo mínimo que teníamos que hacer ”, explica Natalia durante una entrevista a este medio.

Después de la 'acción y reacción' de Gonzalo y de hacerlo público a través de las plataformas digitales, reciben “muchas llamadas” de ganaderos y dueños de esos animales. No solo han contactado con ellos personas afectadas por incendios en Castilla-La Mancha, también lo han hecho desde Extremadura, una de las más asoladas en los últimos días por los incendios.

“Estamos esperando una yeguada con bebés que está cerquita de Arenas de San Pedro, en Ávila y que corría peligro. Los están trayendo entre hoy y mañana”, cuenta Natalia, quien junto a su marido dice que estarán “encantados de dar más visibilidad” a su iniciativa para poder ayudar a más gente. “Esto es una rueda. Todo el mundo come de la agricultura o de la ganadería”, afirma rotunda Natalia que, junto a Gonzalo, trata de poner algo de luz frente al humo de la catástrofe.

La logística y sus “dificultades”

Pero salvar a los animales domésticos o silvestres que se encuentran en peligro en un incendio se convierte en un reto. El acceso hasta ellos, los trámites pertinentes y la logística de movilización... No es nada sencillo.

“No todo el mundo quiere entrar en las zonas afectadas”, reconocen. En otras ocasiones, los bomberos son los que no permiten pasar a ciertos lugares por seguridad. “Hay que evitar que la persona que entre corra peligro y tampoco puede hacerlo en solitario. El proceso lleva tiempo y medios humanos y materiales”.

Tras conseguir rescatar a los animales en las zonas críticas - y no siempre se consigue- llega el momento del traslado a un lugar seguro. En ocasiones, cuenta esta empresaria, y aunque “la gente realmente que tiene vacas sabe ya a quién tiene que llamar”, el proceso puede llegar a complicarse y alargarse.

A veces, lamenta, se llega tarde. Muchos terminan falleciendo. “Es lo que tenemos que evitar”, sentencia la toledana, que fija el objetivo en animales domésticos. Les han contactado para acoger animales pesados como vacas, caballos y en ocasiones, ganado ovino.

De forma puntual, dice, “han contactado con nosotros para acoger burritos” y, claro, este tipo de animales necesita además desplazamiento en camiones habilitados hacia las zonas de refugio.

Al complejo de Natalia y Gonzalo ya han llamado numerosas personas, con “preocupación y miedo” a perderlo todo. “La mayoría no solo tienen miedo por ellos, sino por perder lo que es su día a día”.

“Ya es catastrófico que esto esté pasando en el campo pero lo es más si pierdes tu medio de vida, que son los animales en este caso”, empatiza el matrimonio.

Estos días reciben también la ayuda de muchas personas solidarias. “No solo nuestros trabajadores se están implicando en esta iniciativa. Muchos agricultores de la zona y otros voluntarios se ofrecen a ayudar”.

Sin protocolos para evacuar animales de los incendios

Durante estos días en los que los incendios arrasan buena parte del país, el partido animalista PACMA está reclamando poner en marcha “protocolos” para evacuar a los animales en caso de incendio.

Hace unos días un hombre murió en el incendio de Tres Cantos, en Madrid, al intentar salvar unos caballos. Su mensaje para buscar medidas no es nuevo.

En 2019, durante otra oleada de incendios forestales como los que afectaron a Toledo capital o a la población de Almorox ya se puso sobre la mesa el debate de si los animales, domésticos o no, eran los grandes olvidados de los incendios. Diversas protectoras de Castilla-La Mancha se ofrecieron entonces para acoger a los procedentes de estos incendios o del que se originó en Cadalso de los Vidrios (Madrid), durante aquel verano.

En 2022, la Fundación Franz Weber estimó que unos 70.000 animales habían muerto en Castilla-La Mancha a consecuencia del fuego. Ese año, en el mes de julio ya se habían quemado unas 6.000 hectáreas en esta comunidad autónoma.

El Plan INFOCAM, o Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales en esta región, no contempla protocolos que incluyan a los animales domésticos o silvestres, ni directrices operativas para la evacuación o protección animal en caso de incendio forestal. Algo habitual en el conjunto del país, con alguna excepción como la de Canarias que en 2022 incluyó a los animales en su Plan Territorial de Emergencias.

El Partido Animalista (PACMA) ha convocado una concentración de urgencia en la Puerta del Sol de Madrid para el domingo, 10 de agosto, a las 11 de la mañana. El motivo de la convocatoria es la muerte de 32 perros de caza por inanición en la población pacense de Azuaga, un suceso que ha provocado una gran indignación y ha motivado la reacción del partido.

La convocatoria, que se ha difundido a través de redes sociales con el lema ‘¡Justicia para los perros de caza!’, hace un llamamiento a la movilización para denunciar el maltrato animal y el abandono. En la imagen de la convocatoria, se puede leer “STOP CAZA, BASTA YA DE MALTRATO ANIMAL”, lo que refleja la postura del partido ante este tipo de sucesos.

El hallazgo de los perros, que ha sido objeto de una investigación judicial, ha puesto de manifiesto una vez más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos animales utilizados para la caza. El caso de Azuaga ha impulsado a PACMA a organizar esta protesta para exigir que se tomen medidas más contundentes contra el maltrato animal y que se haga justicia por las muertes de estos 32 perros.

Pacma ha sol·licitat que Ikram, la cadella que va arribar en pastera a Eivissa, no sigui sacrificada i romangui en quarantena al Centre de Protecció Animal de Sa Coma, com ja ha proposat el mateix Ajuntament d'Eivissa.

El partit animalista ha presentat formalment la petició davant del director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal del Govern central, Valentín Almansa.

En un comunicat, l'entitat ha explicat que la gossa de tres mesos va ser rescatada per Salvament Marítim amb diverses persones el 19 de juny passat. Com que no ha estat vacunada contra la ràbia, la seva entrada en territori espanyol queda en un buit legal que podria derivar en el seu sacrifici.

Aquest dimarts l'animal farà tres mesos, per la qual cosa podrà rebre la vacuna antiràbica. Pacma considera que hi ha alternatives “segures i ètiques” en relació amb la gossa, com establir una quarantena controlada amb seguiment veterinari i proves diagnòstiques.

“El sacrifici d'un animal aparentment sa no pot ser la resposta que donem com a societat en ple segle XXI”, han subratllat fonts del partit.