El Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia en la que avala la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero introduce correcciones en asuntos como la protección de menores. Considera que es contrario al interés del menor que se le impida el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de estar ta casado porque entiende que esa restricción podía perjudicar a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como las víctimas de matrimonios forzados.

El Alto Tribunal introduce, además, correcciones en cuestiones relacionadas con la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Confirma, por otro lado, las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

La resolución, con ponencia del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, llega después de que en enero de 2025 la Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes; la Asociación Pro Derechos Humanos de España; y Extranjeristas en Red recurrieran por esta vía la norma sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En materia de protección de menores extranjeros, anula varios extremos de la norma, además del que puntualizaba que debieran ser 'solteros'. Así, anula restricciones que podían perjudicar a menores nacidos en España cuando hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional, reforzando una interpretación más favorable a la protección de la infancia. Para el Supremo, el principio del interés superior del menor impone que las restricciones al acceso a la regularización de su situación migratoria “sean lo menos gravosas posible y respondan a razones objetivas”. Y entiende que la ausencia del territorio “puede deberse a causas tan diversas y justificadas como un viaje médico de urgencia, una visita a familiares directos, o el retorno temporal al país de origen para obtener documentación necesaria para el propio procedimiento de regularización”. Para el Alto Tribunal, ese punto del reglamento vulneraba el principio de proporcionalidad e iba en contra de los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal también declara ilegal la previsión del reglamento, que entró en vigor en mayo de 2025, de suavizar la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados que estén en territorio español. Advierte de que dicha atención constituye una obligación legal incondicionada. En este sentido, explica que esa obligación de los servicios autonómicos de protección de menores de prestar la atención inmediata “opera con carácter imperativo e incondicionado” desde el momento en que las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen “la localización del extranjero de minoría de edad incierta, sin posibilidad de condicionamiento, diferimiento ni valoración discrecional previa”.

Por otro lado, la sentencia también anula la norma que exigía que determinadas relaciones de tutela o protección de menores hubieran sido constituidas conforme al Derecho español. Cabe recordar que los recurrentes calificaron este punto “colonialismo jurídico injustificado e ilegal”. El Supremo recuerda que España está obligada a reconocer las medidas de protección de menores acordadas por las autoridades de otros estados cuando así lo establecen los convenios internacionales.

De hecho, indica que aprecia en ese asunto en concreto “una vulneración del principio de jerarquía normativa” porque el artículo 23.1del Convenio de La Haya (ratificado por España) establece que “las medidas tomadas por las autoridades de un Estado contratante serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados contratantes”. De esta forma, la decisión del Supremo facilitará el reconocimiento de determinadas situaciones familiares creadas en el extranjero a efectos de residencia en España.

La sentencia también corrige uno de los aspectos más restrictivos del Reglamento. La Sala anula los preceptos del reglamento que permitían una denegación automática de determinadas autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales. A partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso cuando estén en juego derechos familiares especialmente protegidos o situaciones relacionadas con la ciudadanía europea.

“La existencia de antecedentes penales no puede operar como causa automática de denegación, sino que la autoridad competente está obligada a verificar si esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, ponderando la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos, el tiempo transcurrido, la conducta ulterior del interesado, la solidez de los vínculos con el Estado miembro y el interés superior de los hijos menores”, resalta el Supremo.

Asimismo, anula la prohibición que impedía a las empresas de trabajo temporal participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada. El Alto Tribunal considera que el Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general que la sustentaban.

El arraigo de los solicitantes de asilo

Más allá de anular varios hitos del reglamento, el Supremo sí respalda la decisión del Gobierno de impedir que los solicitantes de protección internacional accedan simultáneamente a las autorizaciones de arraigo mientras su solicitud de asilo siga pendiente. Confirma que el tiempo transcurrido en España como solicitante de asilo no puede computarse para acreditar el período exigido para determinadas modalidades de arraigo. “El Derecho de la Unión ha establecido con carácter general: que la condición de solicitante de protección internacional, mientras el procedimiento esté pendiente, no puede servir de vehículo para obtener un estatuto de residencia al margen del sistema de asilo”, abunda.

La Sala valida en líneas generales el nuevo sistema creado por el reglamento para los familiares de ciudadanos españoles. El Tribunal rechaza que exista una obligación de equiparar completamente este régimen al de los familiares de ciudadanos comunitarios que han ejercido la libre circulación. También considera ajustadas a Derecho la exigencia de visado para algunos familiares que se encuentren en el extranjero y determinadas reglas sobre acceso a la residencia.

Por último, el Supremo declara ilegal la obligación impuesta a determinados extranjeros de relacionarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración. La sentencia entiende que el reglamento no justificó suficientemente que todos los afectados dispusieran de los medios y capacidades necesarios para utilizar obligatoriamente los procedimientos telemáticos.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con un total 8.767 solicitudes registradas en Cantabria.

Además, se han asignado 3.077 citas y una de cada cuatro solicitudes se han presentado en oficinas, según datos del balance provisional del proceso de solicitud de regularización extraordinaria que ha hecho público el Ministerio este jueves.

A nivel nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

“Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha concluido la ministra.

El procés de regularització extraordinària posat en marxa pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions el passat 16 d'abril i finalitzat el 30 de juny, ha conclòs a les Balears amb 34.166 sol·licituds i 6.639 cites assignades.

A tot Espanya, el procés de regularització extraordinària ha conclòs amb un total d'1,17 milions de sol·licituds registrades, de les quals, 609.737 ja han estat tramitades.

Del total de sol·licituds rebudes, el 79,6% correspon a autoritzacions per circumstàncies excepcionals per raó d'arrelament extraordinari, mentre que el 20,4% restant es refereix a autoritzacions per a sol·licitants de protecció internacional.

La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament les dades d'aquesta fase inicial del procés. “Les xifres evidencien l'esforç històric realitzat per les institucions i societat civil, que han empès perquè ningú es quedi fora d'aquest procés i aconseguir una societat d'acollida efectiva, amb drets i obligacions per a tothom”, ha assenyalat.

Acompanyament professional

La implicació de professionals i entitats col·laboradores ha resultat determinant per a l'elevada xifra de sol·licituds. Segons les dades, el 58% de les sol·licituds telemàtiques van ser presentades per advocats, seguits per funcionaris habilitats (16,8%), gestors administratius (8,4%), les mateixes persones interessades mitjançant certificat digital (7,3%), entitats del Registre de Col·laboradors d'Estrangeria (5,1%) i graduats socials (3,6%).

Així mateix, la participació de les entitats del Registre de Col·laboradors d'Estrangeria ha constituït una de les principals novetats en aquest procediment.

Un total de 495 entitats del Tercer Sector i organitzacions sindicals col·laboren durant tot el procés en tasques d'assessorament, acompanyament i orientació a les persones sol·licitants.

Prop de 200.000 sol·licituds presencials  

Del total de sol·licituds presentades, el 83,2% s'ha tramitat per via telemàtica, xifra similar a altres processos d'estrangeria, mentre que el 16,8% restant s'ha registrat de forma presencial.

En aquest últim cas, s'han comptabilitzat prop de 200.000 sol·licituds a les 448 oficines de Correus, Seguretat Social i Estrangeria habilitades per tot el territori nacional. Les oficines seleccionades de Correus romandran ara disponibles en els horaris establerts per a la subsanació presencial de sol·licituds, que s'allargarà fins al 30 de setembre.

Quant al perfil de les persones sol·licitants, el 87% es troba en edat laboral (entre 16 i 64 anys), mentre que la distribució per gènere situa els homes en el 57% i les dones en el 43% del total de sol·licituds, si bé en el cas dels menors d'edat i en la franja de 45 a 54 anys la distribució és paritària.

Per edats, el grup més nombrós és el de persones entre 25 i 34 anys, que representa el 31,3% del total, seguit per aquells que tenen entre 35 i 44 anys (21,6%) i entre 16 i 24 anys (17%). Sis de cada deu sol·licitants (59,4%) tenen menys de 34 anys. “La majoria dels sol·licitants s'incorporaran al nostre mercat laboral en sectors estratègics i essencials, contribuint a la prosperitat compartida del nostre país”, ha assenyalat Cancela.

Per nacionalitats, Colòmbia concentra el nombre més gran de sol·licituds, amb el 25,9% del total, seguida del Marroc (13,3%), Veneçuela (11,8%), Perú (8,8%) i Hondures (4,9%).

Dos de cada tres sol·licitants procedeixen d'Amèrica Central i del Sud, mentre que el 22,9% és d'origen africà i un 8,3% d'Àsia. Catalunya és la comunitat autònoma amb volum més alt de sol·licituds (257.602), seguida de la Comunitat de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) i Andalusia (161.557).

A continuació, se situen Castella-la Manxa, Euskadi, Regió de Múrcia, Castella i Lleó, Galícia i Canàries, consolidant una presència significativa del procés en totes les comunitats autònomes.

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido en Balears con 34.166 solicitudes y 6.639 citas asignadas.

En toda España, el proceso de regularización extraordinaria ha concluido con un total de 1,17 millones de solicitudes registradas, de las cuales, 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado.

Acompañamiento profesional

La implicación de profesionales y entidades colaboradoras ha resultado determinante para la elevada cifra de solicitudes. Según los datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Asimismo, la participación de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería ha constituido una de las principales novedades en este procedimiento.

Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

Cerca de 200.000 solicitudes presenciales

Del total de solicitudes presentadas, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial.

En este último caso, se han contabilizado cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional. Las oficinas seleccionadas de Correos permanecerán ahora disponibles en los horarios establecidos para la subsanación presencial de solicitudes, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. “La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado Cancela.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).

Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia. Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).

A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado este jueves que convocará a Canarias para evaluar el momento en el que decretar el fin de la contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.

Esto se debe, según ha indicado en declaraciones al programa Buenos Días Canarias de RTVC, recogidas por Europa Press, a que el sistema de acogida de Canarias “se ha descongestionado de manera significativa” tras la aplicación del proceso de acogida solidaria y vinculante de infancia migrante no acompañada, que calificó de “todo un éxito”.

Rego ha considerado que la tendencia apunta a la distensión del sistema de acogida, subrayando la “eficacia” del proceso de acogida de infancia migrante no acompañada que su Ministerio puso en marcha hace un año tras la reforma de la Ley de Extranjería.

Cabe recordar que ese cambio en el modelo de acogida (modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería) fue solicitado por el propio Gobierno de Canarias y aprobado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Vox. Desde entonces, las comunidades gobernadas por el PP han intentado boicotear la acogida de menores no acompañados y algunas han recurrido a los tribunales.

La situación ha cambiado tanto que los centros de menores migrantes empiezan ya a quedarse vacíos en Canarias. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoció este mismo miércoles que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

Rego ha resaltado los más de 2.000 expedientes que se han tramitado, ya que ha subrayado que “son niños, niñas y adolescentes que ya están en la península”.

Canarias recibirá este año cuatro millones de euros más para la acogida de infancia migrante no acompañada, según avanzó Rego este miércoles, al tiempo que ha recordado que en el año 2025 el archipiélago ha recibido 140 millones (más de la mitad del presupuesto total del Gobierno para este fin).

Rego también se ha referido al Pacto Europeo de Migración y Asilo, señalando que la propuesta de Juventud e Infancia es que la figura del representante legal que debe acompañar a la infancia migrante no acompañada sea un abogado del turno de oficio específico de infancia.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.

El Partido Popular ha subido el listón de su discurso antiinmigración con la última propuesta de su líder Alberto Núñez Feijóo: negar la residencia en España a un extranjero aunque, tras ser detenido por la Policía, no haya sido ni siquiera juzgado o condenado. La idea del presidente del partido va más allá de sus últimas iniciativas de octubre y choca frontalmente con la ley de Extranjería, el Código Penal y varias sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en la última década. Los jueces han establecido que una condena debe ser firme y superior a un año de cárcel para poder acarrear como consecuencia la expulsión del país.

El líder de la oposición hizo el anuncio este jueves en una entrevista en Antena 3. Su propuesta es una “regularización individual condicionada”, entre otras cosas, a que una persona no tenga “ningún tipo de antecedente”. Pero “no solo de antecedentes penales, que requiere una sentencia”, especificó Feijóo, sino también “antecedentes policiales”. “Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces. Son delitos que están en su ficha policial. No están todavía bajo sentencia porque no hay juicio”, explicó, para mostrar su oposición al anuncio del Gobierno de regularizar a miles de migrantes de forma extraordinaria.

La iniciativa del PP supone dar un paso más en la escalada de propuestas para restringir la migración. Ya el pasado mes de julio abrió la puerta a aumentar los delitos que pueden acarrear la expulsión de un extranjero aunque tenga residencia legal en España. Y en octubre presentó su programa sobre la materia con medidas que, esencialmente, ya están en la normativa española: la expulsión cuando hay una condena por delitos graves como asesinato, agresión sexual, terrorismo o trata de seres humanos. En plena pugna con Vox para abanderar y controlar el discurso sobre la “inmigración ordenada y mutuamente beneficiosa”, el PP ha propuesto medidas que chocan frontalmente con lo establecido por los tribunales españoles.

Las leyes recogen varios caminos por los que una persona extranjera puede ser expulsada de España. Un juez de lo penal tiene en su mano, por ejemplo, sustituir parte de una condena de cárcel por la expulsión. Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno pueden firmar la expulsión de una persona si consideran que sus antecedentes, falta de arraigo y situación irregular. Pero en todos los casos un proceso de expulsión puede llevar años y la última palabra, a través de los recursos, siempre la tiene un juez. Y en la última década los tribunales han dejado claro que ni la administración ni la Justicia tienen carta blanca para enviar fuera del país a cualquier persona extranjera en cualquier circunstancia.

Dos salas distintas del Tribunal Supremo, por ejemplo, han establecido que no cualquier condena de prisión puede acarrear una expulsión del territorio nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo explicó ya en 2018 que una persona extranjera solo puede ser expulsada por delitos cuya condena mínima establecida en el Código Penal supere el año de prisión. Lo dijo al estudiar el caso de un hombre acusado de agredir a agentes de la autoridad en Sevilla y que había sido expulsado durante siete años del país. Ese filtro fue completado en 2020 por la Sala de lo Penal cuando, haciéndose eco de esa primera sentencia de la sala vecina, prohibió que los jueces sustituyeran por expulsión condenas de cárcel de menos de un año de presidio.

Esas decisiones interpretaron dos artículos legales que condicionan las promesas que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Por un lado, el artículo 57 de la norma de Extranjería y, por otro, el 89 del Código Penal. No seguir ese criterio, dijo el Tribunal Supremo, “vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamado en el artículo 25 de la Constitución”. Los hurtos, los quebrantamientos de condena, las lesiones o los atentados contra la autoridad tienen una pena mínima de un año de presidio. Más de la mitad de las condenas impuestas por delitos sexuales en España, según los últimos datos del Poder Judicial relativos al año 2024, son inferiores a los dos años de prisión.

Negar la residencia sin condena

En líneas generales tanto el Constitucional como el Supremo han restringido la capacidad de la administración para expulsar a gente después de una condena o de constatarse que se encontraban en situación administrativa irregular. El año pasado la sala tercera del Supremo, por ejemplo, frenó la expulsión de un ciudadano de Paraguay durante cinco años dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid porque había cometido una infracción grave: no tenía ningún documento que acreditara su residencia legal en España y le constaba una detención por malos tratos. Un “comportamiento antisocial” que según la Delegación del Gobierno no podía zanjarse con una multa.

Los jueces del Supremo cuestionaron la idea que ahora ha expuesto Alberto Núñez Feijóo: “La mera mención de un antecedente policial sobre una detención cuando no se concreta cuál haya sido el resultado de aquella detención”. El Constitucional había dicho algo similar dos años antes al dar la razón a una mujer dominicana que se enfrentó a la expulsión por no tener los papeles en regla y haber sido detenida por pegarse con su pareja y en una segunda ocasión por atentado contra la autoridad sin explicar cómo acabaron esos procesos y si fue juzgada y condenada. “Se ignora cuál ha podido ser el recorrido judicial de los hechos ni desde luego consta que haya sido condenada penalmente”, destacó el Constitucional.

La conclusión que sacó entonces el tribunal de garantías por unanimidad de conservadores y progresistas contradice frontalmente la última propuesta de facilitar la expulsión de alguien por tener antecedentes policiales: “Mal puede la simple noticia de esas detenciones (con valor equivalente a una denuncia) erigirse en causa proporcional de su expulsión de España”. Por norma general, además, los tribunales esperan a que una condena sea firme para empezar su ejecución o poner en marcha las consecuencias administrativas, como puede ser la expulsión. Muy lejos de justificar consecuencias negativas para alguien por tener una o varias detenciones policiales en su expediente.

Cambiar las leyes para facilitar esto implicaría modificar a fondo el Código Penal y la ley de Extranjería, además de enfrentarse a la interpretación que los tribunales españoles han hecho de la normativa comunitaria sobre el retorno de personas en “situación irregular”. La reincidencia penal ya es un elemento tenido en cuenta a la hora de decretar una expulsión, tanto administrativa como penal, por parte de los jueces o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Lo que nunca sucede es que una parte de una condena penal o sus consecuencias se ejecute antes incluso de que exista la condena en sí misma y sea firme como ha propuesto ahora Alberto Núñez Feijóo.

Unes 10.800 persones podrien acollir-se a les Balears, almenys en una primera fase, al procés de regularització extraordinària de migrants pactat per Podem i PSOE i aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. Es tracta dels expedients que actualment es troben oberts a Estrangeria per arrelament sociolaboral, un procediment que exigeix acreditar dos anys de permanència a l'Estat.

Així ho ha explicat el delegat del Govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, qui ha assenyalat que aquesta xifra no inclou les persones sol·licitants de protecció internacional, que es regeixen per altres vies administratives. “Caldrà veure l'abast real i això ens ho aniran donant les dades. A finals de juny tindrem la totalitat de les demandes”, ha indicat en roda de premsa.

Rodríguez ha defensat la regularització extraordinària com una eina d'abast social i econòmic, en considerar que permet aflorar situacions laborals precàries i dotar d'estabilitat sectors amb alta dependència de mà d'obra estrangera. En aquest sentit, ha subratllat que la mesura “és bona per a tota la societat” atès que reforça els drets i les obligacions dels treballadors, ofereix seguretat jurídica a les empreses i contribueix a reduir l'economia submergida, un fenomen especialment rellevant en territoris amb forta activitat estacional com les Balears. “Beneficia els treballadors, que guanyen en drets i obligacions, beneficia les empreses, que guanyen en seguretat jurídica, i serveix en la lluita contra l'economia submergida”, ha subratllat.

El representant de l'Executiu central a les illes ha qualificat a més la iniciativa com a “valent” i ha subratllat l'impacte que pot tenir en sectors clau de l'economia balear que arrosseguen des de fa anys problemes estructurals de manca de mà d'obra. Entre ells, ha citat les cures, l'hoteleria i el sector primari, àmbits en els quals la regularització pot contribuir a estabilitzar plantilles i reduir la precarització laboral.

Davant les crítiques de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), qui ha asseverat que la mesura contribuiria a un “nou efecte crida” a les Balears, Rodríguez ha rebutjat aquest extrem, acusant la líder balear de mantenir un discurs contradictori: “No és un efecte crida, és una resposta a persones que ja són aquí. No crides a ningú. Vincular-ho a un suposat efecte crida és desenfocar el tema i no atendre la realitat”.

En aquest sentit, ha recordat que el procés té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va ser admesa a tràmit amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris excepte Vox. Rodríguez ha retret al Partit Popular que ara es distanciï d'aquella posició favorable adoptada el 2024 i assumeixi, al seu parer, un discurs condicionat per l'extrema dreta.

Per últim, el delegat del Govern ha recordat que les Balears van tancar l'últim any amb més de 100.000 persones estrangeres afiliades a la Seguretat Social, de les quals més de 60.000 són de fora de la Unió Europea.

Unas 10.800 personas podrían acogerse en Balears, al menos en una primera fase, al proceso de regularización extraordinaria de migrantes pactado con Podemos y aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Se trata de los expedientes que actualmente se encuentran abiertos en Extranjería por arraigo sociolaboral, un procedimiento que exige acreditar dos años de permanencia en el Estado.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, quien ha señalado que esta cifra no incluye a las personas solicitantes de protección internacional, que se rigen por otros cauces administrativos. “Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas”, ha indicado en rueda de prensa.

Rodríguez ha defendido la regularización extraordinaria como una herramienta de alcance social y económico, al considerar que permite aflorar situaciones laborales precarias y dotar de estabilidad a sectores con alta dependencia de mano de obra extranjera. En este sentido, ha subrayado que la medida “es buena para toda la sociedad” dado que refuerza los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ofrece seguridad jurídica a las empresas y contribuye a reducir la economía sumergida, un fenómeno especialmente relevante en territorios con fuerte actividad estacional como Balears. “Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones, beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica, y sirve en la lucha contra la economía sumergida”, ha subrayado.

El representante del Ejecutivo central en las islas ha calificado además la iniciativa como “valiente” y ha subrayado el impacto que puede tener en sectores clave de la economía balear que arrastran desde hace años problemas estructurales de falta de mano de obra. Entre ellos, ha citado los cuidados, la hostelería y el sector primario, ámbitos en los que la regularización puede contribuir a estabilizar plantillas y reducir la precarización laboral.

Frente a las críticas de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien ha aseverado que la medida contribuiría a un “nuevo efecto llamada”en Balears, Rodríguez ha rechazado tal extremo, acusando a la líder balear de mantener un discurso contradictorio: “No es un efecto llamada, es una respuesta a personas que ya están aquí. No llamas a nadie. Vincularlo a un supuesto efecto llamada es desenfocar el tema y no atender a la realidad”.

En este sentido, ha recordado que el proceso tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Rodríguez ha reprochado al Partido Popular que ahora se distancie de aquella posición favorable adoptada en 2024 y asuma, a su juicio, un discurso condicionado por la extrema derecha.

Por último, el delegado del Gobierno ha recordado que Balears cerró el último año con más de 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales más de 60.000 son de fuera de la Unión Europea.

Colectivos sociales han advertido de que entre 150 y 200 personas viven en la calle en Pamplona, sin techo ni comida. Por este motivo, estos colectivos, (El Hadji, PIM-MIG, Matalaz Kontrabotere espazioa, Oxfam Intermón, Comedor Popular, Dar Etxea, Negu Gorriak Derecho a Techo y Haritu), han organizado una concentración y un reparto de comida este martes en la plaza Consistorial de Pamplona.

Según han señalado, resulta difícil saber exactamente cuántas personas viven en la calle, “porque los organismos públicos ni siquiera les reciben”. “Cada día decenas de personas pasan hambre en una comunidad que presume de riqueza. Son en su mayor parte jóvenes que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque la ley de Extranjería se lo impide (de media tardan cuatro años en conseguir la documentación que les permita trabajar)”, han apuntado.

Estos colectivos han afirmado que “los servicios sociales del actual Ayuntamiento de Pamplona no están recibiendo a quien no tiene padrón y, aunque la normativa obliga a empadronar a toda persona que resida en un municipio, el derecho a padrón raramente se cumple con quien no tiene vivienda en propiedad o alquilada con contrato”. “Tampoco en el Gobierno de Navarra encuentran una ventanilla que les dé alguna respuesta”, han apuntado.

Así, los colectivos sociales han afirmado que, “para la burocracia, quienes no tienen padrón no existen, así que quienes gestionan el Gobierno y el Ayuntamiento no ven -o no quieren ver- a quienes malviven sin techo, ducha o comida”.

En este contexto, los colectivos sociales y vecinos, “dado lo dramático de la situación, nos hemos organizado para dar una comida digna algunos días de la semana”. “Desde hace un año y medio estamos dando comidas los lunes, martes y jueves, en los barrios de Milagrosa/Arrosadia, Rotxapea y Casco Viejo. Los comedores se autogestionan con la colaboración de, en su mayoría, personas mayores, jóvenes y el propio colectivo migrante”, han explicado.

Sin embargo, han señalado que esto es “a todas luces insuficiente y la intención es cubrir toda la semana, o que Ayuntamiento y/o Gobierno de Navarra cumplan con sus obligaciones y amplíen el comedor social público municipal”.

Los colectivos han criticado que “desde las instituciones navarras se potencia la inversión en macro-infraestructuras (de 3.000 a 4.000 millones para el tramo del TAV Castejón-Pamplona, según Comptos) o la oferta de alojamiento para el turismo, que redunda en el encarecimiento de la vivienda, mientras nos dicen que están desbordadas y que no tienen fondos para cubrir las necesidades básicas de unas decenas de personas”. “Una Comunidad que presume de ser líder del Estado en calidad de vida no puede permitir que estas personas que migraron con la esperanza de trabajar y forjarse un futuro mejor se deterioren entre montañas de basura y escombros”, han afirmado.

Por ello, han exigido a las instituciones navarras que “garanticen urgentemente a todas las personas que viven en Navarra el cumplimiento del derecho a techo, a comedor y a unas condiciones de vida mínimamente dignas”.

Más de ocho de cada diez personas, concretamente un 85,8% de la población vasca, se posicionan a favor de la regularización de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular en Euskadi. El 44,3% de ellas se muestra a favor con la condición de que cuenten con un contrato de trabajo, mientras que el 41,5% apuesta por regularizar a todas las personas en situación administrativa irregular sin condiciones. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el 81,6% de la población vasca considera que deberían ser atendidos, pero un 46,3% del total pide que sea dentro de un sistema de cupos que permita repartirles entre las distintas comunidades autónomas. Estas son algunas de las conclusiones del 'Barómetro 2025: percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la CAE', presentado este viernes por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, la Universidad del País Vasco (EHU) e Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración.

El documento, que lleva elaborándose de forma anual desde 2007 a través de encuestas presenciales a 600 personas, aclara en su edición de este 2025 que “el aumento de la extrema derecha en la esfera política tanto europea como estatal ha supuesto también para la sociedad vasca una exposición frecuente a discursos antiinmigración, racistas y xenófobos por parte de representantes políticos legitimados por su posición electa, de los cuales se hacen eco los medios de comunicación y las redes sociales”. “Así, en línea con la teoría de la ventana de Overton —que describe el proceso en el que aquello que se percibía socialmente impensable se convierte aceptable progresivamente —, ciertas declaraciones de corte discriminatorio que anteriormente resultaban inadmisibles se escuchan con asiduidad hoy en día”, señala el documento, que sostiene que pese a ello Euskadi se ha conseguido mantener más moderada que otros territorios con respecto a las opiniones y creencias sobre las personas migrantes.

De hecho, al preguntar a la sociedad vasca sobre las políticas de entrada y permanencia de las personas de origen extranjero, un 34,2% considera que debería permitirse la entrada sin ningún obstáculo legal, es decir, un tercio de la población apoya la libre entrada; mientras que la opción mayoritaria, respaldada por un 40,8%, aboga por permitir la entrada únicamente a quienes dispongan de un contrato laboral, vinculando la inmigración con la actividad laboral. Por su parte, un 17,8% se inclina por permitir la entrada a las personas que cumplan otros requisitos legales, como el reagrupamiento familiar, los permisos de estudio o la solicitud de asilo. Las posiciones más restrictivas son minoritarias: sólo un 2,7% opina que habría que prohibir por completo la entrada de personas de origen extranjero con trayectorias migratorias.

En el caso de los menores no acompañados, desde 2019 hasta 2025, se trata de un fenómeno que se ha enfrentado a cambios significativos. “En los primeros años de la serie (2019‑2021) predominaba de forma clara la opción de atenderlos bajo un sistema de cupos (46,9% en 2019), mientras que la alternativa de proporcionarles pisos o residencias tuteladas también contaba con un respaldo importante (34,7%), alcanzado un 81,6% el grado de acuerdo sobre que la sociedad vasca debería atenderles. En ese mismo periodo, la devolución al país de origen era una opción claramente minoritaria (12,5% en 2019). ”Así, la sociedad vasca mantiene una predisposición mayoritaria hacia la atención y protección de los niños y las niñas de origen extranjero en situación de desamparo, así como los y las jóvenes menores sin referentes familiares, aunque en los últimos años se aprecia una creciente preferencia por fórmulas de gestión compartida y limitación del número de menores a cargo mediante cupos, al tiempo que la posición más restrictiva se mantiene minoritaria en los últimos años“, apunta el documento.

Así, las posiciones más restrictivas, como enviarlas a su país de procedencia si no estudian ni trabajan, se han mantenido en niveles reducidos, entre el 11% y el 14% en los primeros años de la serie, aunque en 2024 experimentó un repunte significativo (18,7%) y en 2025 vuelve a valores sobre el 14,2%. “Este aumento puntual en 2024 puede estar relacionado con el contexto mediático del momento, que, como se ha podido ver en el primer apartado, se ha centrado en gran parte en este colectivo”, sostiene el informe.

“Año tras año vemos cómo el contexto social, económico y político influye en la percepción del fenómeno migratorio. Es por ello importante seguir trabajando desde diferentes ámbitos en la lucha contra la xenofobia y el discurso de odio, ya sea desde el ámbito académico, político o comunitario. Es importante también no perder de vista las factores estructurales y estructurantes que afectan a la inserción social y laboral de las personas migradas, ofreciendo una contra narrativa a las lecturas simplistas. Aunque los datos que presentamos hoy pueden parecen tranquilizadores, no podemos bajar la guardia”, detalla Julia Shershneva, directora de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración.

La encuesta mide también lo que denominan como Índice de Apertura hacia la inmigración, que sintetiza el posicionamiento general de la ciudadanía en una escala de 0 a 100, y en el caso del año 2025 se sitúa en 65,86 puntos, lo que supone una subida de más de dos puntos respecto a los 63,54 puntos registrados en 2024, aunque por debajo de las cifras de años anteriores en los que la COVID-19 o la guerra de Ucrania despertaron “una ola de solidaridad excepcional”. “En cualquier caso, las actitudes de la sociedad vasca hacia la inmigración extranjera se mantienen en posiciones moderadas, lejos de los extremismos y polarización creciente en las narrativas y discursos de la derecha y la extrema derecha que muestran sin tapujos su rechazo a la llegada de personas inmigrantes y a las ya residentes en nuestras comunidades. Si bien es cierto que la sociedad vasca sigue teniendo margen de mejora en la aceptación de la inmigración extranjera, sostiene y mantiene posturas, actitudes y predisposición hacia comportamientos, más bien inclusivos y abiertos ante la llegada de personas de origen extranjero”, concluye el informe.

A Marta la expulsaron de España el ocho de abril de este 2025 que está terminando. Había llegado desde Colombia en 2002. Hace 23 años. Marta llevaba una vida normal en Zaragoza. Vivía con su familia. Su madre, su padre, sus hijos. Uno de ellos nació ya en España. Trabajó de camarera, trabajó limpiando, en un almacén de ropa, trabajó cuidando ancianos… Muchas veces, sin contrato. Trabajó para familias, para empresas, para empresarios. Pagó sus impuestos, al comprar o al pagar la factura de la luz. Pero sin contrato, no hay papeles.

Marta tuvo un problema con la persona propietaria de su vivienda de alquiler. Fue denunciada. Y Marta fue detenida y enviada a un CIE. Marta pasó internada en el CIE de Barcelona 40 días, hasta que ese 8 de abril sin previo aviso, el abismo. Expulsada a su país del que salió hace 23 años, en el que no vivía, en el que no trabajaba, en el que no pagaba impuestos, en el que no tenía una madre, un padre, varios hijos. La mandaron prácticamente con lo puesto, sin equipaje, sin dinero, sin contactos, sin nada.

Hablamos con Josep París, periodista, que ha contado esta historia, la historia de Marta, que forma parte de una investigación becada por los Premios Montserrat Roig de Barcelona.

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Marta, deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España: “No pude despedirme de mis hijos”

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Más de cien personas sin hogar han vuelto a las calles tras ser desalojadas de antiguo instituto de los Agustinos del barrio de Martutene de Donostia. Vivían allí desde hace meses y, en algunos casos, hasta más de dos años. La orden de desalojo se producía este jueves a primera hora, pero la mayoría de las personas que dormían en el edificio, tomaron todas sus pertenencias y lo abandonaron durante la tarde del miércoles al ver que no había vuelta atrás.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, ha explicado en Euskadi Irratia que alrededor de medio centenar de estas personas serán realojadas en el albergue La Sirena, que permanece cerrado y solo se abre para personas sin hogar cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas y cuando hay temperaturas extremas. El pasado martes, a la vista de que las más de cien personas volverían a las calles, desde el Ayuntamiento pusieron en marcha a través de los servicios sociales un programa individualizado de ayuda para su inserción “social y laboral”. Sin embargo, esta versión ha sido negada por el colectivo social Harrera Sarea, quien ha seguido de cerca la situación de las personas que vivían hasta ahora en el antiguo instituto y asegura que la ayuda no ha sido individualizada y ha llegado “demasiado tarde”.

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, Insausti señaló que con este caso “no hay que caer ni en el buenismo, ni en el populismo”. “Ni en un extremo, ni en el otro. Hay que mirar de frente y mantener una posición centrada, mientras se buscan soluciones concretas”, manifestó. Según detalló el alcalde, los servicios sociales han visitado en varias ocasiones las instalaciones del edificio cerrado y han evaluado a las personas que dormían allí. “En esas visitas los educadores sociales se han encontrado diversos perfiles, personas que están estudiando la EPA, que están en una Formación Profesional, que quieren empezar un itinerario con la red de servicios sociales de este Ayuntamiento, pero también con quienes no quieren saber nada de nosotros, no quiere entrar en el sistema y que además también delinquen. Esa es la foto que tenemos, sin ningún tipo de complejos eso es lo que nos hemos encontrado y nosotros por supuesto vamos a poner recursos y vamos a hacer todo el esfuerzo para la inclusión social y laboral de las personas que quieren entrar en el itinerario siempre que se comprometan a tener una convivencia sana también con el resto de personas de su entorno y de su comunidad”, afirmó.

No obstante, desde Harrera Sarea Donostia, la red de acogida, niegan que haya habido “visitas individualizadas y una salida escalonada como aseguró el alcalde” y han convocado una manifestación a las 19.00 horas en el centro de Donostia para denunciar lo ocurrido. Según sostienen, el recurso habitacional de La Sirena se abrió este miércoles “muy tarde” pese a que sabían que el desalojo masivo se iba a producir el jueves por la mañana y que el traslado se hizo “gracias a los movimientos sociales”. Además alertan de que no todas las personas que acudieron a La Sirena pudieron dormir en el albergue. “Hemos confirmado que son 111 personas, cuatro de ellas mujeres. Muchas llevan meses en el edificio, otras más de dos años. Esto no es un caso aislado, son una parte de las más de 500 personas que tienen que sobrevivir en Donostia en situación de calle a día de hoy”, lamentan.

“Estas 111 personas no son un simple número: son personas con nombre y apellidos de entre 20 y 40 años, provenientes de diferentes países del norte de África. Cada quien con su historia y con la esperanza de poder llevar a cabo proyectos de vida y futuro en Donostia. Estas personas viven en la escuela de Martutene, ante todo porque se han encontrado con los obstáculos que supone la ley de Extranjería. Esta ley les obliga a vivir de forma irregular durante mínimo dos años, sin las condiciones de vida básicas aseguradas, sin acceso a la vivienda, sin permiso de trabajo, y por tanto, sin fuentes de ingreso. Durante mucho tiempo, tanto los medios de comunicación, las redes sociales, como muchos de los debates públicos han presentado la escuela de Martutene como un epicentro de inseguridad, buscando criminalizar a las personas que residen aquí y señalándolo como un espacio a desalojar con urgencia. Siempre son señaladas las personas migradas y, en este sentido, el foco mediático se aleja de la problemática real y de sus responsables”, critican desde Harrera Sarea.

El desalojo se ha producido después de que en 2024 y, tras dos décadas cerrado, el Centro Educativo Ortzadar comprara el edificio al Gobierno vasco con el proyecto de crear un instituto de Formación Profesional. Ortzadar es un centro privado que ofrece ciclos formativos con el objetivo de “normalizar la situación de personas en riesgo de exclusión social”. “Se acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje orientándolo hacia la iniciación profesional, ya sea en un ámbito protegido o en una empresa para culminar el proceso de integración”, informan desde el centro.

Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.

La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.

Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.

Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.

El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.

Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.

Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita. 

Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista. 

Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta. 

A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?

A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE. 

Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.

La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro. 

En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura. 

Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más...”

Denuncias que nunca llegan a los juzgados

“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.

Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.

Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.

La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.

La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.

Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista. 

En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.

Falta de atención psicológica en el CIE

“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia... Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica. 

Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.

González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.

Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.

Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia. 

El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.

Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan

Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.

Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte. 

Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?

Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.

La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar. 

Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.

Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Plan de Inmigración de su partido incluye la modificación de la Ley de Extranjería y del Código Penal para expulsar a los migrantes ilegales que se hayan declarado menores de edad sin serlo. “Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos”, aseguró durante su intervención en el Foro La Toja que se celebra en la isla pontevedresa de A Toxa.

Feijóo centró su discurso en la “necesidad” de una alternativa política frenta a la “situación límite” en la que, según dice, vive España. “Creo que la oposición también está para solucionar problemas, sobre todo cuando el Gobierno no los soluciona sino que los crea”, aseguró antes de poner como ejemplo de esa situación la política migratoria. “Si creemos que ha fracasado, tenemos que tener un modelo para arreglarlo”.

Ese modelo popular incluye introducir cambios en la Ley de Extranjería para “poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor siendo mayor de edad” —aquí, Feijóo no diferenció entre legales e ilegales—, pero también en el Código Penal para incluir “expresamente” la tipificación del fraude “en la edad o en la nacionalidad del inmigrante”.

Su plan también “fijará un máximo de tiempo” para comprobar la edad de las personas migrantes “y evitar situaciones de desprotección”. Para Fejióo, es “evidente” que, si ese proceso no se hace “rápido”, y “esa persona que entra ilegalmente convive con menores durante meses”, quien quedan desprotegidos son “esos menores que el gobierno dice querer proteger”.