Esta semana han comenzado los trámites para que las personas migrantes sin papeles puedan regularizar su situación en España. De la mano de las periodistas de elDiario.es Laura Martínez y Gabriela Sánchez escuchamos las historias de algunas de estas personas y nos traen sonidos de la calle y oficinas de Correos en estos primeros días de trámites. 

Mientras tanto, en una dimensión paralela: PP y Vox han llegado a un acuerdo de Gobierno en Extremadura que se compromete a darle “prioridad nacional” a los servicios públicos, a las ayudas sociales, a las viviendas sociales. ¿Qué es eso de la prioridad nacional y qué implica hasta el momento? ¿Tiene un sentido, además, de calado político en un contexto en el que el Gobierno regulariza a alrededor de medio millón de migrantes? Lo analizamos con el subdirector de elDiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte.

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El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. a una multa de 18.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de emplear o dar ocupación, de forma “reiterada”, a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo. Además de la pena de multa, el tribunal ha condenado al acusado al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 2.500 euros para cada uno de los tres trabajadores que han ejercido la acusación particular en esta causa por los daños morales causados. No entrará en prisión, eso sí. Y su hija, también responsable de la empresa, queda totalmente absuelta.

El tribunal declara probado que el acusado se dedicó al menos entre diciembre de 2018 y mayo de 2021 a “la contratación reiterada” de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, sin permiso de trabajo, sin ser dados de alta en la Seguridad Social y sin poner en conocimiento de las autoridades españolas su condición de trabajadores de su empresa. También considera probado que advertía a los empleados que en caso de inspección tenían que esconderse en las instalaciones de la empresa, algo que los propios trabajadores y testigos, así como agentes de la Policía Nacional y subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social sostuvieron durante el juicio.

“Se acredita con base a dicha prueba que el acusado de forma asidua o reiterada ocupaba a ciudadanos en situación irregular en España sin permiso de trabajo”, quienes “debido a ello y a la necesidad de subsistencia, se veían abocados a asumir las condiciones laborales” que este les ofrecía, “aprovechándose de que estos ciudadanos se encontraban en posición de debilidad por la amenaza de poder ser expulsados” del territorio nacional, afirma la Audiencia vizcaína.

Sin embargo, el tribunal ha absuelto a la hija del propietario P.G., de los delitos de los que venía siendo acusada como cómplice por las acusaciones particulares -la Fiscalía no formuló acusación en su contra- al estimar que no ha quedado acreditado que ella participara “de alguna manera en la contratación de trabajadores ilegales en la empresa de su padre”, ni que actuara “en calidad de gerente de dicha mercantil”.

Durante el juicio celebrado a finales de marzo, tres de los trabajadores denunciaron trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, sostuvo una de las denunciantes. Los demandantes, dos mujeres y un hombre, argumentaron que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También declararon tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según reconoció una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también lamentó que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, reconoció una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, aseguró una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes denunció que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica'. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte. El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo”, manifestó una de las denunciantes.

En este sentido, tras conocer la sentencia las denunciantes aseguran estar “satisfechas” porque “se ha reconocido la relación laboral de la trabajadora embarazada, a la que se le reconoce una indemnización por responsabilidad civil, y porque se han podido acreditar los hechos”. “Esto es una satisfacción para las trabajadoras y los trabajadores que han sufrido muchísimo estos años”, explican a este periódico, aunque lamentan no estar de acuerdo con la cuantía de la responsabilidad civil y tampoco con que hayan absuelto a la hija del propietario.

Una de las cuestiones que ha dificultado el proceso es que pese a que durante el juicio testificaron cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021, ninguno de ellos supo confirmar cuántas personas en total se encontraban sin permiso de trabajo en las instalaciones, pese a las preguntas de Fiscalía y la acusación particular. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones sí que constataron que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no supieron determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, confesó que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo consideró que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular.

El testimonio más claro con relación al caso fue el de una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, que reconoció que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, detalló la subinspectora, que indicó que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, las denunciantes lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las trabajadoras, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.

El Partido Popular ha subido el listón de su discurso antiinmigración con la última propuesta de su líder Alberto Núñez Feijóo: negar la residencia en España a un extranjero aunque, tras ser detenido por la Policía, no haya sido ni siquiera juzgado o condenado. La idea del presidente del partido va más allá de sus últimas iniciativas de octubre y choca frontalmente con la ley de Extranjería, el Código Penal y varias sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en la última década. Los jueces han establecido que una condena debe ser firme y superior a un año de cárcel para poder acarrear como consecuencia la expulsión del país.

El líder de la oposición hizo el anuncio este jueves en una entrevista en Antena 3. Su propuesta es una “regularización individual condicionada”, entre otras cosas, a que una persona no tenga “ningún tipo de antecedente”. Pero “no solo de antecedentes penales, que requiere una sentencia”, especificó Feijóo, sino también “antecedentes policiales”. “Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces. Son delitos que están en su ficha policial. No están todavía bajo sentencia porque no hay juicio”, explicó, para mostrar su oposición al anuncio del Gobierno de regularizar a miles de migrantes de forma extraordinaria.

La iniciativa del PP supone dar un paso más en la escalada de propuestas para restringir la migración. Ya el pasado mes de julio abrió la puerta a aumentar los delitos que pueden acarrear la expulsión de un extranjero aunque tenga residencia legal en España. Y en octubre presentó su programa sobre la materia con medidas que, esencialmente, ya están en la normativa española: la expulsión cuando hay una condena por delitos graves como asesinato, agresión sexual, terrorismo o trata de seres humanos. En plena pugna con Vox para abanderar y controlar el discurso sobre la “inmigración ordenada y mutuamente beneficiosa”, el PP ha propuesto medidas que chocan frontalmente con lo establecido por los tribunales españoles.

Las leyes recogen varios caminos por los que una persona extranjera puede ser expulsada de España. Un juez de lo penal tiene en su mano, por ejemplo, sustituir parte de una condena de cárcel por la expulsión. Las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno pueden firmar la expulsión de una persona si consideran que sus antecedentes, falta de arraigo y situación irregular. Pero en todos los casos un proceso de expulsión puede llevar años y la última palabra, a través de los recursos, siempre la tiene un juez. Y en la última década los tribunales han dejado claro que ni la administración ni la Justicia tienen carta blanca para enviar fuera del país a cualquier persona extranjera en cualquier circunstancia.

Dos salas distintas del Tribunal Supremo, por ejemplo, han establecido que no cualquier condena de prisión puede acarrear una expulsión del territorio nacional. La Sala de lo Contencioso-administrativo explicó ya en 2018 que una persona extranjera solo puede ser expulsada por delitos cuya condena mínima establecida en el Código Penal supere el año de prisión. Lo dijo al estudiar el caso de un hombre acusado de agredir a agentes de la autoridad en Sevilla y que había sido expulsado durante siete años del país. Ese filtro fue completado en 2020 por la Sala de lo Penal cuando, haciéndose eco de esa primera sentencia de la sala vecina, prohibió que los jueces sustituyeran por expulsión condenas de cárcel de menos de un año de presidio.

Esas decisiones interpretaron dos artículos legales que condicionan las promesas que ha hecho Alberto Núñez Feijóo en materia migratoria. Por un lado, el artículo 57 de la norma de Extranjería y, por otro, el 89 del Código Penal. No seguir ese criterio, dijo el Tribunal Supremo, “vulneraría el principio de legalidad de las penas proclamado en el artículo 25 de la Constitución”. Los hurtos, los quebrantamientos de condena, las lesiones o los atentados contra la autoridad tienen una pena mínima de un año de presidio. Más de la mitad de las condenas impuestas por delitos sexuales en España, según los últimos datos del Poder Judicial relativos al año 2024, son inferiores a los dos años de prisión.

Negar la residencia sin condena

En líneas generales tanto el Constitucional como el Supremo han restringido la capacidad de la administración para expulsar a gente después de una condena o de constatarse que se encontraban en situación administrativa irregular. El año pasado la sala tercera del Supremo, por ejemplo, frenó la expulsión de un ciudadano de Paraguay durante cinco años dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid porque había cometido una infracción grave: no tenía ningún documento que acreditara su residencia legal en España y le constaba una detención por malos tratos. Un “comportamiento antisocial” que según la Delegación del Gobierno no podía zanjarse con una multa.

Los jueces del Supremo cuestionaron la idea que ahora ha expuesto Alberto Núñez Feijóo: “La mera mención de un antecedente policial sobre una detención cuando no se concreta cuál haya sido el resultado de aquella detención”. El Constitucional había dicho algo similar dos años antes al dar la razón a una mujer dominicana que se enfrentó a la expulsión por no tener los papeles en regla y haber sido detenida por pegarse con su pareja y en una segunda ocasión por atentado contra la autoridad sin explicar cómo acabaron esos procesos y si fue juzgada y condenada. “Se ignora cuál ha podido ser el recorrido judicial de los hechos ni desde luego consta que haya sido condenada penalmente”, destacó el Constitucional.

La conclusión que sacó entonces el tribunal de garantías por unanimidad de conservadores y progresistas contradice frontalmente la última propuesta de facilitar la expulsión de alguien por tener antecedentes policiales: “Mal puede la simple noticia de esas detenciones (con valor equivalente a una denuncia) erigirse en causa proporcional de su expulsión de España”. Por norma general, además, los tribunales esperan a que una condena sea firme para empezar su ejecución o poner en marcha las consecuencias administrativas, como puede ser la expulsión. Muy lejos de justificar consecuencias negativas para alguien por tener una o varias detenciones policiales en su expediente.

Cambiar las leyes para facilitar esto implicaría modificar a fondo el Código Penal y la ley de Extranjería, además de enfrentarse a la interpretación que los tribunales españoles han hecho de la normativa comunitaria sobre el retorno de personas en “situación irregular”. La reincidencia penal ya es un elemento tenido en cuenta a la hora de decretar una expulsión, tanto administrativa como penal, por parte de los jueces o las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Lo que nunca sucede es que una parte de una condena penal o sus consecuencias se ejecute antes incluso de que exista la condena en sí misma y sea firme como ha propuesto ahora Alberto Núñez Feijóo.

Unes 10.800 persones podrien acollir-se a les Balears, almenys en una primera fase, al procés de regularització extraordinària de migrants pactat per Podem i PSOE i aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres. Es tracta dels expedients que actualment es troben oberts a Estrangeria per arrelament sociolaboral, un procediment que exigeix acreditar dos anys de permanència a l'Estat.

Així ho ha explicat el delegat del Govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, qui ha assenyalat que aquesta xifra no inclou les persones sol·licitants de protecció internacional, que es regeixen per altres vies administratives. “Caldrà veure l'abast real i això ens ho aniran donant les dades. A finals de juny tindrem la totalitat de les demandes”, ha indicat en roda de premsa.

Rodríguez ha defensat la regularització extraordinària com una eina d'abast social i econòmic, en considerar que permet aflorar situacions laborals precàries i dotar d'estabilitat sectors amb alta dependència de mà d'obra estrangera. En aquest sentit, ha subratllat que la mesura “és bona per a tota la societat” atès que reforça els drets i les obligacions dels treballadors, ofereix seguretat jurídica a les empreses i contribueix a reduir l'economia submergida, un fenomen especialment rellevant en territoris amb forta activitat estacional com les Balears. “Beneficia els treballadors, que guanyen en drets i obligacions, beneficia les empreses, que guanyen en seguretat jurídica, i serveix en la lluita contra l'economia submergida”, ha subratllat.

El representant de l'Executiu central a les illes ha qualificat a més la iniciativa com a “valent” i ha subratllat l'impacte que pot tenir en sectors clau de l'economia balear que arrosseguen des de fa anys problemes estructurals de manca de mà d'obra. Entre ells, ha citat les cures, l'hoteleria i el sector primari, àmbits en els quals la regularització pot contribuir a estabilitzar plantilles i reduir la precarització laboral.

Davant les crítiques de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), qui ha asseverat que la mesura contribuiria a un “nou efecte crida” a les Balears, Rodríguez ha rebutjat aquest extrem, acusant la líder balear de mantenir un discurs contradictori: “No és un efecte crida, és una resposta a persones que ja són aquí. No crides a ningú. Vincular-ho a un suposat efecte crida és desenfocar el tema i no atendre la realitat”.

En aquest sentit, ha recordat que el procés té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va ser admesa a tràmit amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris excepte Vox. Rodríguez ha retret al Partit Popular que ara es distanciï d'aquella posició favorable adoptada el 2024 i assumeixi, al seu parer, un discurs condicionat per l'extrema dreta.

Per últim, el delegat del Govern ha recordat que les Balears van tancar l'últim any amb més de 100.000 persones estrangeres afiliades a la Seguretat Social, de les quals més de 60.000 són de fora de la Unió Europea.

Unas 10.800 personas podrían acogerse en Balears, al menos en una primera fase, al proceso de regularización extraordinaria de migrantes pactado con Podemos y aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Se trata de los expedientes que actualmente se encuentran abiertos en Extranjería por arraigo sociolaboral, un procedimiento que exige acreditar dos años de permanencia en el Estado.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, quien ha señalado que esta cifra no incluye a las personas solicitantes de protección internacional, que se rigen por otros cauces administrativos. “Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas”, ha indicado en rueda de prensa.

Rodríguez ha defendido la regularización extraordinaria como una herramienta de alcance social y económico, al considerar que permite aflorar situaciones laborales precarias y dotar de estabilidad a sectores con alta dependencia de mano de obra extranjera. En este sentido, ha subrayado que la medida “es buena para toda la sociedad” dado que refuerza los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ofrece seguridad jurídica a las empresas y contribuye a reducir la economía sumergida, un fenómeno especialmente relevante en territorios con fuerte actividad estacional como Balears. “Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones, beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica, y sirve en la lucha contra la economía sumergida”, ha subrayado.

El representante del Ejecutivo central en las islas ha calificado además la iniciativa como “valiente” y ha subrayado el impacto que puede tener en sectores clave de la economía balear que arrastran desde hace años problemas estructurales de falta de mano de obra. Entre ellos, ha citado los cuidados, la hostelería y el sector primario, ámbitos en los que la regularización puede contribuir a estabilizar plantillas y reducir la precarización laboral.

Frente a las críticas de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien ha aseverado que la medida contribuiría a un “nuevo efecto llamada”en Balears, Rodríguez ha rechazado tal extremo, acusando a la líder balear de mantener un discurso contradictorio: “No es un efecto llamada, es una respuesta a personas que ya están aquí. No llamas a nadie. Vincularlo a un supuesto efecto llamada es desenfocar el tema y no atender a la realidad”.

En este sentido, ha recordado que el proceso tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. Rodríguez ha reprochado al Partido Popular que ahora se distancie de aquella posición favorable adoptada en 2024 y asuma, a su juicio, un discurso condicionado por la extrema derecha.

Por último, el delegado del Gobierno ha recordado que Balears cerró el último año con más de 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales más de 60.000 son de fuera de la Unión Europea.

Colectivos sociales han advertido de que entre 150 y 200 personas viven en la calle en Pamplona, sin techo ni comida. Por este motivo, estos colectivos, (El Hadji, PIM-MIG, Matalaz Kontrabotere espazioa, Oxfam Intermón, Comedor Popular, Dar Etxea, Negu Gorriak Derecho a Techo y Haritu), han organizado una concentración y un reparto de comida este martes en la plaza Consistorial de Pamplona.

Según han señalado, resulta difícil saber exactamente cuántas personas viven en la calle, “porque los organismos públicos ni siquiera les reciben”. “Cada día decenas de personas pasan hambre en una comunidad que presume de riqueza. Son en su mayor parte jóvenes que queriendo trabajar no pueden hacerlo porque la ley de Extranjería se lo impide (de media tardan cuatro años en conseguir la documentación que les permita trabajar)”, han apuntado.

Estos colectivos han afirmado que “los servicios sociales del actual Ayuntamiento de Pamplona no están recibiendo a quien no tiene padrón y, aunque la normativa obliga a empadronar a toda persona que resida en un municipio, el derecho a padrón raramente se cumple con quien no tiene vivienda en propiedad o alquilada con contrato”. “Tampoco en el Gobierno de Navarra encuentran una ventanilla que les dé alguna respuesta”, han apuntado.

Así, los colectivos sociales han afirmado que, “para la burocracia, quienes no tienen padrón no existen, así que quienes gestionan el Gobierno y el Ayuntamiento no ven -o no quieren ver- a quienes malviven sin techo, ducha o comida”.

En este contexto, los colectivos sociales y vecinos, “dado lo dramático de la situación, nos hemos organizado para dar una comida digna algunos días de la semana”. “Desde hace un año y medio estamos dando comidas los lunes, martes y jueves, en los barrios de Milagrosa/Arrosadia, Rotxapea y Casco Viejo. Los comedores se autogestionan con la colaboración de, en su mayoría, personas mayores, jóvenes y el propio colectivo migrante”, han explicado.

Sin embargo, han señalado que esto es “a todas luces insuficiente y la intención es cubrir toda la semana, o que Ayuntamiento y/o Gobierno de Navarra cumplan con sus obligaciones y amplíen el comedor social público municipal”.

Los colectivos han criticado que “desde las instituciones navarras se potencia la inversión en macro-infraestructuras (de 3.000 a 4.000 millones para el tramo del TAV Castejón-Pamplona, según Comptos) o la oferta de alojamiento para el turismo, que redunda en el encarecimiento de la vivienda, mientras nos dicen que están desbordadas y que no tienen fondos para cubrir las necesidades básicas de unas decenas de personas”. “Una Comunidad que presume de ser líder del Estado en calidad de vida no puede permitir que estas personas que migraron con la esperanza de trabajar y forjarse un futuro mejor se deterioren entre montañas de basura y escombros”, han afirmado.

Por ello, han exigido a las instituciones navarras que “garanticen urgentemente a todas las personas que viven en Navarra el cumplimiento del derecho a techo, a comedor y a unas condiciones de vida mínimamente dignas”.

Más de ocho de cada diez personas, concretamente un 85,8% de la población vasca, se posicionan a favor de la regularización de las personas migrantes que se encuentran en situación irregular en Euskadi. El 44,3% de ellas se muestra a favor con la condición de que cuenten con un contrato de trabajo, mientras que el 41,5% apuesta por regularizar a todas las personas en situación administrativa irregular sin condiciones. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el 81,6% de la población vasca considera que deberían ser atendidos, pero un 46,3% del total pide que sea dentro de un sistema de cupos que permita repartirles entre las distintas comunidades autónomas. Estas son algunas de las conclusiones del 'Barómetro 2025: percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la CAE', presentado este viernes por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, la Universidad del País Vasco (EHU) e Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración.

El documento, que lleva elaborándose de forma anual desde 2007 a través de encuestas presenciales a 600 personas, aclara en su edición de este 2025 que “el aumento de la extrema derecha en la esfera política tanto europea como estatal ha supuesto también para la sociedad vasca una exposición frecuente a discursos antiinmigración, racistas y xenófobos por parte de representantes políticos legitimados por su posición electa, de los cuales se hacen eco los medios de comunicación y las redes sociales”. “Así, en línea con la teoría de la ventana de Overton —que describe el proceso en el que aquello que se percibía socialmente impensable se convierte aceptable progresivamente —, ciertas declaraciones de corte discriminatorio que anteriormente resultaban inadmisibles se escuchan con asiduidad hoy en día”, señala el documento, que sostiene que pese a ello Euskadi se ha conseguido mantener más moderada que otros territorios con respecto a las opiniones y creencias sobre las personas migrantes.

De hecho, al preguntar a la sociedad vasca sobre las políticas de entrada y permanencia de las personas de origen extranjero, un 34,2% considera que debería permitirse la entrada sin ningún obstáculo legal, es decir, un tercio de la población apoya la libre entrada; mientras que la opción mayoritaria, respaldada por un 40,8%, aboga por permitir la entrada únicamente a quienes dispongan de un contrato laboral, vinculando la inmigración con la actividad laboral. Por su parte, un 17,8% se inclina por permitir la entrada a las personas que cumplan otros requisitos legales, como el reagrupamiento familiar, los permisos de estudio o la solicitud de asilo. Las posiciones más restrictivas son minoritarias: sólo un 2,7% opina que habría que prohibir por completo la entrada de personas de origen extranjero con trayectorias migratorias.

En el caso de los menores no acompañados, desde 2019 hasta 2025, se trata de un fenómeno que se ha enfrentado a cambios significativos. “En los primeros años de la serie (2019‑2021) predominaba de forma clara la opción de atenderlos bajo un sistema de cupos (46,9% en 2019), mientras que la alternativa de proporcionarles pisos o residencias tuteladas también contaba con un respaldo importante (34,7%), alcanzado un 81,6% el grado de acuerdo sobre que la sociedad vasca debería atenderles. En ese mismo periodo, la devolución al país de origen era una opción claramente minoritaria (12,5% en 2019). ”Así, la sociedad vasca mantiene una predisposición mayoritaria hacia la atención y protección de los niños y las niñas de origen extranjero en situación de desamparo, así como los y las jóvenes menores sin referentes familiares, aunque en los últimos años se aprecia una creciente preferencia por fórmulas de gestión compartida y limitación del número de menores a cargo mediante cupos, al tiempo que la posición más restrictiva se mantiene minoritaria en los últimos años“, apunta el documento.

Así, las posiciones más restrictivas, como enviarlas a su país de procedencia si no estudian ni trabajan, se han mantenido en niveles reducidos, entre el 11% y el 14% en los primeros años de la serie, aunque en 2024 experimentó un repunte significativo (18,7%) y en 2025 vuelve a valores sobre el 14,2%. “Este aumento puntual en 2024 puede estar relacionado con el contexto mediático del momento, que, como se ha podido ver en el primer apartado, se ha centrado en gran parte en este colectivo”, sostiene el informe.

“Año tras año vemos cómo el contexto social, económico y político influye en la percepción del fenómeno migratorio. Es por ello importante seguir trabajando desde diferentes ámbitos en la lucha contra la xenofobia y el discurso de odio, ya sea desde el ámbito académico, político o comunitario. Es importante también no perder de vista las factores estructurales y estructurantes que afectan a la inserción social y laboral de las personas migradas, ofreciendo una contra narrativa a las lecturas simplistas. Aunque los datos que presentamos hoy pueden parecen tranquilizadores, no podemos bajar la guardia”, detalla Julia Shershneva, directora de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración.

La encuesta mide también lo que denominan como Índice de Apertura hacia la inmigración, que sintetiza el posicionamiento general de la ciudadanía en una escala de 0 a 100, y en el caso del año 2025 se sitúa en 65,86 puntos, lo que supone una subida de más de dos puntos respecto a los 63,54 puntos registrados en 2024, aunque por debajo de las cifras de años anteriores en los que la COVID-19 o la guerra de Ucrania despertaron “una ola de solidaridad excepcional”. “En cualquier caso, las actitudes de la sociedad vasca hacia la inmigración extranjera se mantienen en posiciones moderadas, lejos de los extremismos y polarización creciente en las narrativas y discursos de la derecha y la extrema derecha que muestran sin tapujos su rechazo a la llegada de personas inmigrantes y a las ya residentes en nuestras comunidades. Si bien es cierto que la sociedad vasca sigue teniendo margen de mejora en la aceptación de la inmigración extranjera, sostiene y mantiene posturas, actitudes y predisposición hacia comportamientos, más bien inclusivos y abiertos ante la llegada de personas de origen extranjero”, concluye el informe.

A Marta la expulsaron de España el ocho de abril de este 2025 que está terminando. Había llegado desde Colombia en 2002. Hace 23 años. Marta llevaba una vida normal en Zaragoza. Vivía con su familia. Su madre, su padre, sus hijos. Uno de ellos nació ya en España. Trabajó de camarera, trabajó limpiando, en un almacén de ropa, trabajó cuidando ancianos… Muchas veces, sin contrato. Trabajó para familias, para empresas, para empresarios. Pagó sus impuestos, al comprar o al pagar la factura de la luz. Pero sin contrato, no hay papeles.

Marta tuvo un problema con la persona propietaria de su vivienda de alquiler. Fue denunciada. Y Marta fue detenida y enviada a un CIE. Marta pasó internada en el CIE de Barcelona 40 días, hasta que ese 8 de abril sin previo aviso, el abismo. Expulsada a su país del que salió hace 23 años, en el que no vivía, en el que no trabajaba, en el que no pagaba impuestos, en el que no tenía una madre, un padre, varios hijos. La mandaron prácticamente con lo puesto, sin equipaje, sin dinero, sin contactos, sin nada.

Hablamos con Josep París, periodista, que ha contado esta historia, la historia de Marta, que forma parte de una investigación becada por los Premios Montserrat Roig de Barcelona.

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Marta, deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España: “No pude despedirme de mis hijos”

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Más de cien personas sin hogar han vuelto a las calles tras ser desalojadas de antiguo instituto de los Agustinos del barrio de Martutene de Donostia. Vivían allí desde hace meses y, en algunos casos, hasta más de dos años. La orden de desalojo se producía este jueves a primera hora, pero la mayoría de las personas que dormían en el edificio, tomaron todas sus pertenencias y lo abandonaron durante la tarde del miércoles al ver que no había vuelta atrás.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, ha explicado en Euskadi Irratia que alrededor de medio centenar de estas personas serán realojadas en el albergue La Sirena, que permanece cerrado y solo se abre para personas sin hogar cuando las condiciones meteorológicas son especialmente adversas y cuando hay temperaturas extremas. El pasado martes, a la vista de que las más de cien personas volverían a las calles, desde el Ayuntamiento pusieron en marcha a través de los servicios sociales un programa individualizado de ayuda para su inserción “social y laboral”. Sin embargo, esta versión ha sido negada por el colectivo social Harrera Sarea, quien ha seguido de cerca la situación de las personas que vivían hasta ahora en el antiguo instituto y asegura que la ayuda no ha sido individualizada y ha llegado “demasiado tarde”.

En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, Insausti señaló que con este caso “no hay que caer ni en el buenismo, ni en el populismo”. “Ni en un extremo, ni en el otro. Hay que mirar de frente y mantener una posición centrada, mientras se buscan soluciones concretas”, manifestó. Según detalló el alcalde, los servicios sociales han visitado en varias ocasiones las instalaciones del edificio cerrado y han evaluado a las personas que dormían allí. “En esas visitas los educadores sociales se han encontrado diversos perfiles, personas que están estudiando la EPA, que están en una Formación Profesional, que quieren empezar un itinerario con la red de servicios sociales de este Ayuntamiento, pero también con quienes no quieren saber nada de nosotros, no quiere entrar en el sistema y que además también delinquen. Esa es la foto que tenemos, sin ningún tipo de complejos eso es lo que nos hemos encontrado y nosotros por supuesto vamos a poner recursos y vamos a hacer todo el esfuerzo para la inclusión social y laboral de las personas que quieren entrar en el itinerario siempre que se comprometan a tener una convivencia sana también con el resto de personas de su entorno y de su comunidad”, afirmó.

No obstante, desde Harrera Sarea Donostia, la red de acogida, niegan que haya habido “visitas individualizadas y una salida escalonada como aseguró el alcalde” y han convocado una manifestación a las 19.00 horas en el centro de Donostia para denunciar lo ocurrido. Según sostienen, el recurso habitacional de La Sirena se abrió este miércoles “muy tarde” pese a que sabían que el desalojo masivo se iba a producir el jueves por la mañana y que el traslado se hizo “gracias a los movimientos sociales”. Además alertan de que no todas las personas que acudieron a La Sirena pudieron dormir en el albergue. “Hemos confirmado que son 111 personas, cuatro de ellas mujeres. Muchas llevan meses en el edificio, otras más de dos años. Esto no es un caso aislado, son una parte de las más de 500 personas que tienen que sobrevivir en Donostia en situación de calle a día de hoy”, lamentan.

“Estas 111 personas no son un simple número: son personas con nombre y apellidos de entre 20 y 40 años, provenientes de diferentes países del norte de África. Cada quien con su historia y con la esperanza de poder llevar a cabo proyectos de vida y futuro en Donostia. Estas personas viven en la escuela de Martutene, ante todo porque se han encontrado con los obstáculos que supone la ley de Extranjería. Esta ley les obliga a vivir de forma irregular durante mínimo dos años, sin las condiciones de vida básicas aseguradas, sin acceso a la vivienda, sin permiso de trabajo, y por tanto, sin fuentes de ingreso. Durante mucho tiempo, tanto los medios de comunicación, las redes sociales, como muchos de los debates públicos han presentado la escuela de Martutene como un epicentro de inseguridad, buscando criminalizar a las personas que residen aquí y señalándolo como un espacio a desalojar con urgencia. Siempre son señaladas las personas migradas y, en este sentido, el foco mediático se aleja de la problemática real y de sus responsables”, critican desde Harrera Sarea.

El desalojo se ha producido después de que en 2024 y, tras dos décadas cerrado, el Centro Educativo Ortzadar comprara el edificio al Gobierno vasco con el proyecto de crear un instituto de Formación Profesional. Ortzadar es un centro privado que ofrece ciclos formativos con el objetivo de “normalizar la situación de personas en riesgo de exclusión social”. “Se acompaña al alumno en su proceso de aprendizaje orientándolo hacia la iniciación profesional, ya sea en un ámbito protegido o en una empresa para culminar el proceso de integración”, informan desde el centro.

Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.

La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.

Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.

Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.

El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.

Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.

Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita. 

Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista. 

Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta. 

A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?

A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE. 

Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.

La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro. 

En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura. 

Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más...”

Denuncias que nunca llegan a los juzgados

“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.

Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.

Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.

La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.

La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.

Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista. 

En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.

Falta de atención psicológica en el CIE

“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia... Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica. 

Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.

González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.

Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.

Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia. 

El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.

Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan

Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.

Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte. 

Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?

Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.

La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar. 

Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.

Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Plan de Inmigración de su partido incluye la modificación de la Ley de Extranjería y del Código Penal para expulsar a los migrantes ilegales que se hayan declarado menores de edad sin serlo. “Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos”, aseguró durante su intervención en el Foro La Toja que se celebra en la isla pontevedresa de A Toxa.

Feijóo centró su discurso en la “necesidad” de una alternativa política frenta a la “situación límite” en la que, según dice, vive España. “Creo que la oposición también está para solucionar problemas, sobre todo cuando el Gobierno no los soluciona sino que los crea”, aseguró antes de poner como ejemplo de esa situación la política migratoria. “Si creemos que ha fracasado, tenemos que tener un modelo para arreglarlo”.

Ese modelo popular incluye introducir cambios en la Ley de Extranjería para “poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor siendo mayor de edad” —aquí, Feijóo no diferenció entre legales e ilegales—, pero también en el Código Penal para incluir “expresamente” la tipificación del fraude “en la edad o en la nacionalidad del inmigrante”.

Su plan también “fijará un máximo de tiempo” para comprobar la edad de las personas migrantes “y evitar situaciones de desprotección”. Para Fejióo, es “evidente” que, si ese proceso no se hace “rápido”, y “esa persona que entra ilegalmente convive con menores durante meses”, quien quedan desprotegidos son “esos menores que el gobierno dice querer proteger”.

La Diputación de Bizkaia, a través del proyecto Gohiabe, ha atendido entre 2024 y lo que va de 2025 a 725 personas refugiadas, un 70% de ellas familias con menores a su cargo. Goihabe se trata de un proyecto que se puso en marcha en el año 2016 a través de cuatro entidades: Cruz Roja, Zehar-Errefuxiatuekin, Fundación Ellacuría y Fundación Lagungo. Este recurso foral ofrece atención integral y acompañamiento social, y se dirige especialmente a personas en situación administrativa irregular tras haber visto denegada su solicitud de protección internacional. Su objetivo es dar continuidad a los procesos de las personas solicitantes, beneficiarias o denegadas de la protección internacional que de otra forma quedarían en estado de vulnerabilidad y vivirían un retroceso en sus itinerarios de inserción. “Este programa permite alargar itinerarios, fortalecer capacidades y fomentar la autonomía e independencia de las personas participantes”, informan.

En 2024, Goihabe atendió a 401 personas, y en lo que va de 2025 (hasta el 18 de junio), a otras 324. De ellas, el 71% en 2024 y el 70% en 2025 formaban parte de unidades familiares: 112 familias en 2024 (285 personas) y 77 familias en 2025 (227 personas). El resto, 213 personas (116 en 2024 y 97 en 2025), fueron atendidas individualmente. En cuanto a la distribución por sexo, en 2024 se atendió a 223 hombres (56%) y 178 mujeres (44%). En 2025, los hombres representaron el 60% (195 personas), y las mujeres el 40% (129). El 28% del total son menores de edad acompañados, tanto en 2024 (112 personas) como en 2025 (92 personas). Entre un 18 y un 19% tenían entre 18 y 25 años (72 en 2024 y 63 en 2025). Las personas mayores de 65 años supusieron un 2% en ambos ejercicios (8 y 6 personas, respectivamente).

“Son personas que huyen de la guerra y la amenaza. Es el miedo y la indefensión lo que impulsa sus desplazamientos. Y, a menudo, lo que encuentran es desarraigo y desamparo. Son personas que huyen sin nada. En Bizkaia les ofrecemos dignidad y apoyo real, ha señalado la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha presentado los datos este lunes haciendo referencia al marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que fue el pasado 20 de junio.

Respecto a la procedencia de las personas refugiadas que llegan a Bizkaia, el perfil por nacionalidades se ha mantenido estable: Colombia encabeza la lista en ambos años, con 100 personas en 2024 y 80 en 2025 (25%). Le siguen Marruecos (67 personas en 2024 y 61 en 2025, entre un 17 y un 19%) y Venezuela (50 en 2024 y 35 en 2025, entre el 11 y el 12%). En lo que respecta al ámbito laboral, 38 personas han participado hasta la fecha en procesos de inserción sociolaboral. De ellas, 8 han accedido ya a un empleo, mientras que el resto continúa desarrollando competencias personales, digitales y sociolingüísticas en itinerarios formativos.

Durante el año 2024, el programa Goihabe contó con una inversión foral de 395.000 euros. A esta cifra se sumaron 50.000 euros adicionales a través del programa Zaiatuz, centrado en el acompañamiento al empleo. “La atención de Goihabe, integral y sostenida en el tiempo, se extiende al conjunto de las personas que llegan a nuestro Territorio Histórico huyendo del horror, al margen de su lugar de origen”, ha concluido Laespada.

Bueno, te cuento. Estas semanas, como sabes, entre todo el huracán que asola tanto al Gobierno como al PSOE, han salido a la luz unos audios por parte de Ábalos y Koldo (dos hombres cis todo sea dicho) donde parecen hablar sobre irse de putas, contratar trabajadoras sexuales o consumo de prostitución. Y, sumado a la remodelación de sus estatutos, esto ha resucitado por enésima vez elevada al cubo el debate sobre la situación de la prostitución en España y la cuestión sobre la abolición, con un matiz por parte de nuestra querida ministra de Igualdad: van a acabar con el problema de raíz.

Y claro, una se emociona. No te voy a mentir, me genera sentimientos contradictorios que sea por una situación como esta que se vayan a tomar medidas que garanticen los derechos de las personas migrantes, se vaya a respetar el derecho a la libre movilidad y la regularización de las personas que se encuentran actualmente en situación administrativa irregular. Además, esa contundencia y radicalidad va a promover un cambio en las relaciones diplomáticas y económicas con países del Sur Global y excolonias.

¡Ay! Tengo unas ganas de saber qué medidas laborales alternativas plantean, cómo van a mejorar el tejido laboral general de España, qué seguimiento y protocolos, y… ¿Por qué me estás mirando con esa cara? ¿No es acaso lo que ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo? Espera, espera, ¿cómo qué no?... ¡¿Qué?! ¿Qué dices? ¿Qué la ministra no va a tocar la Ley de Extranjería ni nada relacionado? Ah.

¿Qué dice que no tienen nada que ver? Ahhhh. ¿Qué la solución es volver a la tercería locativa? Ay.

El racismo inmobiliario se vería más legitimado y en aumento, lo cual expondría a miles de mujeres a una mayor marginalidad, una gran solución

La tercería locativa, otra vez. La que fuera uno de los motivos por los que no se aprobó la anterior propuesta, ya de por sí problemática, porque en vez de abordar la realidad de la patronal del sexo (bastante vinculada a sectores filofascistas), iba en el mejor de los casos tan sólo a aumentar y reforzar la clandestinidad de la prostitución. Es decir, sacar la prostitución de nuestra vista, como ocurre con ordenanzas municipales donde desde la lejanía y sin redes de apoyo, toda violencia está permitida.

Sin embargo, teniendo presente esta consecuencia de la tercería locativa, lo que iba a ocurrir también es que el racismo inmobiliario se vería más legitimado y en aumento, lo cual expondría a miles de mujeres a una mayor marginalidad, una gran solución.

Además, si bien he comenzado hablando de las políticas migratorias, también es importante destacar a quienes ejercen en el colectivo LGBTIQ+, especialmente las personas trans que, con una tasa de desempleo del 80% y en un contexto donde son punta de lanza para justificar retrocesos en derechos sociales, el ostracismo al que se pueden ver abocadas pudiera ser incluso mayor que el de las mujeres.

Oséase, que defendemos la prostitución como denigrante para las mujeres por la explotación que supone, en cambio en el caso de las trabajadoras domésticas o las temporeras no se encuentran en situación de explotación (y en ocasiones abuso sexual añadido) lo suficientemente importante porque no existe una cuestión moral de género. Y destaco lo moral porque tanto con las temporeras como con las trabajadoras del hogar existe un claro componente de género y origen, pero no parece urgente ni relevante cuando hablamos de dignidad, derechos laborales, sexuales y políticas de género.

Es pues esta propuesta una de que hay que acabar con la trata y la industria del sexo, prohibiéndola bajo el nombre de la abolición para seguir perpetuando dinámicas de exclusión social

Viendo cómo además este pasado sábado el mismo PSOE que pretende impulsar esta ley, bajo el mantra de que la raíz de las violencias machistas es la prostitución, es oportuno rescatar las palabras de Paula Sánchez Perera hace unas semanas acerca del punitivismo en el marco prohibicionista de la prostitución: “Impulsan ordenanzas que castigan a las mujeres, que sancionan el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales o que perjudican a su entorno” […] “Para este tipo de gente, cuanto más clandestinas estén ellas, mejor, más pueden jugar al juego de darse de dignidad e importancia”.

Es pues esta propuesta una de que hay que acabar con la trata y la industria del sexo, prohibiéndola bajo el nombre de la abolición para seguir perpetuando dinámicas de exclusión social, dado que estas propuestas no son más que maquillaje que sostienen las lógicas patriarcales de disciplinamiento social: las dignas y las indignas.

Pretender implementar medidas contra la prostitución sin abordar las causas sistémicas que hacen una persona trabaje y sea explotada en la industria del sexo, no es más que una estrategia populista o la peor cara del asistencialismo. O quizás sea la falta de análisis sistémicos e interseccionales, pues tan sólo se habla de las consecuencias en las mujeres, sin analizar los contextos y recorridos de las mismas.

Trabajadores de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han aprovechado el Día Mundial de las Personas Refugiadas, este viernes, para denunciar la “precariedad” que sufre la plantilla, de más de 100 personas y “el cierre de un recurso de 140 plazas del Sistema de Acogida a personas solicitantes de protección internacional en Euskadi, con el consecuente despido de seis trabajadoras”. “Serán cuatro los albergues que se cierren, dos en Bilbao, uno en Gipuzkoa y otro en Araba, en un contexto de falta de financiación estatal y ausencia de voluntad política por parte del Gobierno vasco para ampliar un sistema vasco de acogida digno con recursos propios”, explican los trabajadores, que confirman a este periódico que cuatro de los despidos se producirán entre el personal de Álava y dos de ellos en Bizkaia, aunque hay alguno de esos trabajadores que ya ha sido “recolocado” en otra comunidad autónoma porque así lo ha solicitado.

“Las personas trabajadoras de CEAR sufrimos condiciones laborales cada vez más duras: sobrecarga de trabajo, altas ratios, falta de recursos, no cobertura de bajas y riesgos psicosociales, que impiden acompañar como merecen a las personas en situación de vulnerabilidad. Queremos mostrar además nuestro malestar con el poco cuidado en la comunicación de los despidos, algo que no debería ocurrir en una organización que se dice social”, critican los trabajadores.

Según recalcan, la situación en la oficina de Gipuzkoa es especialmente alarmante. “A diario, decenas de personas migradas se ven obligadas a permanecer en las inmediaciones de la oficina, sin alternativa habitacional ni acceso a recursos básicos. Las instalaciones se han convertido en un lugar improvisado donde poder cargar el móvil o asearse, mientras se acumulan tensiones con el vecindario y la presencia policial es constante. Esta realidad pone en evidencia la decisión de cerrar el único albergue del sistema de acogida estatal en esa provincia, la ausencia de una red de acogida suficiente y coordinada, y la necesidad urgente de garantizar servicios básicos a quienes buscan protección. El impacto emocional y laboral sobre el equipo es profundo, y la situación es cada vez más insostenible”, alertan.

La plantilla de CEAR Euskadi, que por el momento no ha anunciado movilizaciones, ha lanzado una serie de peticiones como “la reversión del cierre de plazas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”, “una financiación pública estable y suficiente, tanto estatal como autonómica”, “la mejora urgente de las condiciones laborales del personal del sistema de acogida”, “el acceso a la RGI sin barreras imposibles”, “el empadronamiento social sin restricciones, y el empadronamiento de todas las personas que se encuentran alojadas en plazas del Sistema de Acogida” y por último, “el cese inmediato del genocidio en Palestina y el respeto al derecho de asilo”. “Porque ningún ser humano es ilegal, y todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, en paz, con apoyo y con condiciones laborales que no perjudiquen su salud”, concluyen.

CEAR se ha negado a realizar declaraciones a este periódico sobre conflicto laboral, pero informa de que se ha publicado esta semana los datos de acogida relativos a 2024 en los que destacan que Euskadi recibió 7.729 solicitudes de asilo en 2424 y Bizkaia fue el quinto territorio del país con mayor número, con 4916, por detrás de Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza. A lo largo de 2024 CEAR en Euskadi atendió a 4.888 personas y dio acogida a 3.603 personas. “Durante el 2024 se han intensificado los conflictos, la violencia, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos. Según datos recopilados en el informe de anual de CEAR, más de 123 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en 2024”, explicó la representante de CEAR en Euskadi, Elena Valverde, durante la presentación de los datos.

Según sostienen, en CEAR Euskadi tienen a fecha de mayo de este año, a 798 plazas de acogida. “Atendemos las necesidades básicas de las personas solicitantes de protección internacional que llegan a nuestra comunidad, permitiéndoles el acceso a derechos fundamentales básicos como la alimentación, la salud, la educación o la vivienda durante sus primeros meses de estancia. También ofrecemos apoyo a los procesos de incorporación social y laboral de las personas para su desarrollo integral a través del asesoramiento social, formativo y laboral, además de atención psicológica y aprendizaje del idioma”, explican.

Otra de las cuestiones importantes que llevan a cabo con las personas migrantes es la atención jurídica. “Defendemos los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas. Nuestro equipo de abogadas y abogados trabaja para facilitar el acceso al procedimiento de asilo y dar la mejor atención jurídica y apoyamos en la gestión de los trámites de reagrupación familiar”, reconocen, tras informar de que, en este sentido, por primera vez España se sitúa como segundo país con más solicitudes, por detrás tan solo de Alemania. Una lista que encabezan peticiones de personas que provienen de Venezuela, Colombia y Mali.

Un total de 1960 personas han pasado por el servicio público especializado en la acogida, información y orientación de personas migrantes de Bilbao Harreragune desde que abrió sus puertas el pasado 18 de noviembre. La mayoría de ellas busca asesoría en temas jurídicos, sociales, cobertura de necesidades básicas, vivienda, empadronamiento, formación, laborales, atención sanitaria y homologación de estudios y el único requisito es que sean residentes en la capital vizcaína.

“Euskadi es un país con un fuerte vínculo con procesos migratorios. A lo largo de los siglos hemos tenido capacidad para emprender en tierras lejanas, pero también para acoger personas que buscaban mejorar su vida entre nosotros. Sabemos bien que una persona que inicia esos tránsitos vive momentos en los que necesita que alguien le reconozca, le informe y le oriente. Este es el espacio de Harreragune: espacio de acogida, escucha, información y orientación. Nos mueve la firme convicción de que si somos capaces, desde el acogimiento, facilitar los procesos hacia la ciudadanía y la participación social, construiremos un país mejor”, ha detallado Ignacio Fariña, director de Acogida e Integración a las Personas Inmigrantes del Gobierno vasco en la rueda de prensa de presentación de los datos de los primeros seis meses de funcionamiento del proyecto piloto creado por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao, y gestionado por Zehar Errefuxiatuekin.

De las 1.960 personas atendidas, el 38% han sido mujeres y el 62% hombres. El 36% de las personas atendidas tenía entre 26 y 35 años, seguido en un 26% por el intervalo de entre 36 y 45 años y de las de 18 a 25 años con un 21%. Con un 12 % de representatividad se encontraba el intervalo de personas de entre 46 y 55 años. En cualto al lugar de procedencia, se han acercado a Harreragune personas de 70 países distintos siendo Marruecos, Colombia, Argelia, Venezuela y Perú los principales países de procedencia.

Una de esas personas ha sido Johan, un joven de 20 años que ha acudido al proyecto para informarse acerca de los estudios que puede realizar en la ciudad. Johan llegó a Bilbao desde Bogotá hace tres meses y reside con su familia, que ya llevaba un tiempo afincada en Bilbao. “He venido para informarme sobre qué puedo estudiar. Me gusta la Economía y el deporte. Mi sueño sería ser futbolista, ahora estoy entrenando con el Basurto S.D”, confiesa el joven a este periódico.

“La inclusión es muy importante. Yo vengo de un país en el que se respeta a las personas de otros países, se recibe con todo el cariño. Si nosotros recibimos así a quienes vienen, me gustaría que a mí también me recibieran así. Y así me está pasando, está siendo muy buena experiencia, todos han sido muy buenos conmigo y me alegran estas iniciativas porque apoyan mucho al migrante”, reconoce Johan.

Según los datos aportados, el servicio de atención jurídica, compuesto por dos juristas, ha realizado durante estos primeros seis meses 953 actuaciones a 628 personas. En su mayoría han sido consultas relativas al arraigo por formación y la posibilidad de modificarlo en una autorización de residencia y trabajo. Además, se han atendido consultas sobre el nuevo reglamento de extranjería y sobre el proceso de nacionalización.

En cuanto al servicio de atención formativo laboral, compuesto por un orientador formativo-laboral, ha realizado 516 actuaciones a 416 personas. El 78% de las actuaciones estaban relacionadas con temas de formación y el 22% con temas de empleo. Por último, el servicio de acompañamiento a la reagrupación familiar, compuesto por una psicóloga, ha atendido a 19 familias, aunque se trata de un recurso que se puso en marcha el 11 de marzo, por lo que tan solo ha estado en funcionamiento tres meses. El 63% de las familias ya habían reagrupado a sus descendientes, por lo tanto, se ha trabajado con ellas en la fase post-reagrupación. Mientras que el 37% de los casos atendidos se trataban de familias que aún no habían reagrupado a sus descendientes y se ha trabajado con ellas en la fase de pre-agrupación. Más allá de estos servicios, todos los miércoles de 09:30h a 12:30h se da un curso para aprender castellano, además de diferentes talleres sobre el acceso a la salud, acceso a la educación, talleres sociales, sesiones informativas para explicar los procesos de reagrupación, entre otras actividades.

Preguntada por qué necesidades tienen las personas que acuden a este servicio, Beatriz Gorriti, coordinadora de Harreragune, ha explicado que ya la escucha activa es un factor diferenciador en la acogida. “Es muy importante y la gente lo manifiesta así. Personas que han pasado ya por este proceso nos dicen que hubiesen agradecido un servicio así cuando ellas llegaron a Bilbao. Necesitan ser escuchados. El poder encontrar un servicio amable, que dedica un tiempo a escucharte, que te pregunta qué necesitas y te conecta con servicios públicos y entidades que van a poder atender a tus demandas, es algo muy importante. El objetivo es que la gente no esté dando vueltas por Bilbao tocando un montón de puertas donde no les pueden ayudar o saturan servicios. Llegan aquí, nos dicen qué necesitan y nosotros les derivamos”, ha recalcado.

“Como Ayuntamiento, mano a mano con el Gobierno vasco, y con la gestión de referentes sociales como Zehar Errefuxiatuekin, asumimos con claridad nuestra responsabilidad pública para la gestión de la ciudad intercultural. Lo hacemos en el marco legal que nos compete, lo hacemos siguiendo las prácticas municipales que nos inspiran porque queremos aprender de las mejores experiencias (Barcelona, Milán, Londres…), pero, sobre todo, lo hacemos por convicción democrática y ética. Sigamos construyendo una Bilbao acogedora, justa y diversa” ha concluido Iñigo Zubizarreta, concejal de DDHH, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad Ayuntamiento de Bilbao.

Conozco dos agros diferentes. Uno, del agricultor que sostiene a su familia, el del jornalero, el de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, el de la impotencia, el miedo al futuro, y el cabreo que expresaban muchos de ellos no hace tanto, el que produce sin margen de beneficio, el agobiado por las trampas y los bancos, sin esperanza de que la siguiente generación le tome su relevo. Otro muy diferente, el que nada en la abundancia, el campo del inversor, que hoy ha puesto sus ojos en el campo como ayer lo hizo en la vivienda o en la sanidad, que solo busca rentabilidades, el del dinero que ha visto en la tierra un nuevo filón, el negocio agrícola. Es la agricultura de Bill Gates (el principal terrateniente de EEUU), de estrellas de cine y televisión, de deportistas de élite. Toda una corriente, una moda, una maniobra especulativa mucho más profunda de lo que a simple vista se puede apreciar. Es la economía de mercado que ha aterrizado en suelo rústico.

Los primeros, precarizados, ponen en venta sus tierras y cada vez son más los fondos de inversión, que juegan con economías de escala, que aparecen como compradores de esas tierras que el pequeño agricultor se ve obligado a abandonar. El suelo rústico está llamado a ser un valor refugio, y ya está siéndolo, como ayer lo fue y sigue siendo hoy el urbano. A favor de los grandes, la sensación de inseguridad económica, de inestabilidad política, que si no son reales se fabrican. Nada es casual.

Hace pocas semanas, viniendo desde Albacete por la carretera de Jaén, más o menos a las tres de la tarde, a ambos lados de la carretera. No he visto ningún agricultor blanco, todos eran negros o magrebíes. Eran los primeros trabajadores agrícolas llegados a las recolecciones, a los que se unirán otros y a todos les esperan días a más de cuarenta grados bajo el sol de julio. Los dos agros citados antes tienen un denominador común, la mano de obra emigrante, temporal o fija, pero extranjera. Muchos de ellos dicen que, en España, o en Castilla-La Mancha hay demasiados extranjeros, ¿saben lo que dicen? Creo que no.

Según los datos de referencia, a 1 de enero de 2025, Castilla-La Mancha cuenta con una población total de 2.120.261 personas. De esta cifra, 1,8 millones son de nacionalidad española y 252.227 son de nacionalidad extranjera, esta última representa el 11.8% de la población total de la región. Aunque el INE no proporciona datos específicos sobre las principales nacionalidades extranjeras en la población total, según información del portal de estadística de Castilla-La Mancha con datos de enero de 2025, la inmigración procedente del extranjero llega principalmente de Marruecos, Colombia y Venezuela.

Considerando los datos de migraciones correspondientes al último trimestre de 2024, las nacionalidades con más extranjeros llegados a Castilla-La Mancha en ese período fueron Colombia (1.910 personas), Marruecos (1.700 personas) y Venezuela (1.160 personas). Estos datos corresponden al trimestre previo a la fecha de referencia (enero de 2025). La estadística disponible para la comunidad solo incluye cinco países, con datos incompletos en dos de ellos. En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades autónomas, Castilla-La Mancha registró uno de los saldos más positivos, con 2.689 personas, por detrás de Comunitat Valenciana (10.827) y Principado de Asturias (2.814).

Y luego está uno de los datos más relevantes, el progresivo envejecimiento de nuestra población. La edad media de la región se sitúa en 43,7 años, pero son más de 31.000 los habitantes que superan los 90 años, con casi 1.000 de ellos centenarios. Esta pirámide poblacional es considerada por expertos como insostenible a corto plazo, especialmente por la numerosa generación entre 45-50 años que pronto dejará de trabajar. Este panorama demográfico pone de manifiesto la necesidad de la población extranjera. Los datos del INE de mediados de 2024 subrayan aún más este punto: mientras que en la población nacida en España la franja de edad entre 26 y 64 años representa el 51,4%, entre los residentes nacidos en el extranjero en España, esta franja es del 73,6%.

En Castilla-La Mancha, la proporción de nacidos fuera de España en esta franja de edad de alta empleabilidad (26-64 años) es aún mayor, casi el 75%, específicamente el 74,9%. La razón de porque es prevalente este grupo de edad es simple, que vienen a trabajar, lo que explica la baja proporción de mayores de 65 años entre la población extranjera en la región, que es solo del 5,8%, una de las más bajas de España. La proporción de niños de 0 a 14 años entre la población extranjera en Castilla-La Mancha es del 7,7%, cifra superior a la media nacional y a otras comunidades como Baleares, Madrid, Canarias, Cataluña y Murcia. Esta composición etaria de la población extranjera ofrece un contrapunto al envejecimiento regional, aportando una fuerza laboral más joven.

Ni que esta fuese una región de ricos. Más allá de la demografía, la situación socioeconómica también presenta desafíos. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 34,7% de la población residente en Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) en 2024, un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este indicador combina el riesgo de pobreza (27,4%), carencia material severa (8,3%) y baja intensidad en el empleo (12%). La región superaba la media nacional en la tasa AROPE en 2024. Los hogares castellanomanchegos enfrentan dificultades económicas: en el momento de la encuesta, el 10,9% manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, un aumento de 1,7 puntos. Además, el 38,2% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (un aumento de 1,2 puntos), y el 34,6% no podía permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (un aumento de 1,1 puntos). Indicadores de pobreza energética y carencia material severa, como no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada o no permitirse comer carne/pescado cada dos días, también afectan a un porcentaje de hogares. La renta media por hogar en el año anterior a las estadísticas se situó en 31.001 euros. Parece que hay muchos 'Bill Gates' por cómo hablan.

La necesidad de inmigración se hace más evidente si se consideran los datos de empleo. El INE señala la existencia de miles de puestos de trabajo sin cubrir en sectores clave como la hostelería, la construcción y la agricultura, sectores en los que a menudo se emplea a población inmigrante. El Banco Central Europeo ha destacado que el 80% del incremento del PIB nacional en los últimos cinco años ha sido impulsado por trabajadores llegados de fuera. En este contexto, la inmigración no es solo un factor demográfico, sino también un motor económico.

Considerando el envejecimiento, la dispersión poblacional que dificulta la prestación de servicios, el despoblamiento del medio rural y la existencia de vacantes laborales, la inmigración emerge como una solución necesaria. Sin embargo, una parte de esta población inmigrante puede encontrarse en situación irregular, lo que limita su plena contribución y acceso a derechos. Aquí es donde la regularización cobra relevancia.

El Gobierno central ha decidido agilizar la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 612.000 firmas y numerosas organizaciones sociales, destinada a la regularización de personas en situación irregular en España. Esta podría ser la séptima gran regularización desde 1986. Coincide con la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería, que ya rebajó el tiempo de arraigo de tres a dos años y facilitó la compatibilización de estudios y trabajo. Sin embargo, el Reglamento presenta “agujeros preocupantes” para los solicitantes de asilo cuyas peticiones no están resueltas, que podrían quedar en situación irregular a pesar de haber trabajado y pagado impuestos. La ILP busca ofrecer una vía extraordinaria para quienes se encuentran en esta situación. La aprobación de esta iniciativa es un éxito de la reivindicación social y de la protesta ciudadana, puesto que el Parlamento no suele aprobar ILP de este tipo.

La respuesta política a la regularización es diversa. El Partido Popular se ha posicionado en contra de la regularización extraordinaria, a pesar de haber apoyado inicialmente el trámite parlamentario de la ILP en abril. Argumentan sentirse “ninguneados” por no tener en cuenta sus enmiendas, pero en realidad lo que muestra es una postura errática que está motivada por su actitud de sacar rédito a todo, y no podían quedar fuera de esa estrategia los migrantes. El PP se opone incluso sabedores de la necesidad de cubrir puestos de trabajo. Si a esto sumamos planteamientos de barreras físicas en fronteras o de centros de deportación fuera de la Unión Europea, desprende un cierto tufo xenófobo. Vox tiene una postura mucho más clara, buscando modificar la ley de extranjería para restringir las vías de regularización existentes y eliminar el concepto de acceso a la ciudadanía por residencia o vecindad, promoviendo la idea de que “en España se nazca de madre española”, lo que es sin duda una muestra de racismo institucional.

La decisión del gobierno de coalición de agilizar la regularización, lo sitúa frente a otros países europeos que están endureciendo sus políticas migratorias. Pero nuestra realidad, la que demuestran los datos demográficos de Castilla-La Mancha, es que estamos marcados por nuestro envejecimiento poblacional, la necesidad de una fuerza laboral complementaria, y una situación económica que evidencia la aportación de los trabajadores extranjeros a nivel regional, que sugieren fuertemente la necesidad de la inmigración. Una política migratoria que incluya vías de regularización, como la propuesta por la ILP, podría ser una herramienta clave para integrar plenamente a la población inmigrante, permitirles contribuir formalmente a la economía y al sistema de bienestar, y ayudar a mitigar los desafíos demográficos y de despoblación que enfrenta la región.

Lo que no parece admisible es que miremos para otro lado y que nos parezca aceptable mantener a miles de personas en la irregularidad, como podría ocurrir con los solicitantes de asilo rechazados bajo el nuevo Reglamento sin que exista una alternativa clara, perpetuando su vulnerabilidad y desaprovechando un potencial recurso humano y económico para una comunidad que lo necesita.

La regularización, lejos de ser una concesión, se presenta como un imperativo pragmático y social para el futuro de Castilla-La Mancha, alineándose con la necesidad de una población activa que sostenga los servicios y contrarreste el imparable envejecimiento.

Han pasado dos años desde que los médicos de María dieron por controlado su cáncer de mama, pero el miedo a la recaída sigue presente. Trata de esquivarlo y apenas tiene tiempo para observarlo, pero a veces ruge desde el dolor de sus piernas, cuando deja un rato la fregona en su trabajo porque las secuelas del tratamiento le impiden seguir el ritmo que le gustaría. Se asoma a la hora de la medicación, en el “jugo verde” que le recomendaron, cuando rechaza el sobre de azúcar. La tripa aprieta un poco más la noche anterior de la revisión mensual y, últimamente, también aumenta cuando llama su abogada. Mucho más si piensa en volver a interrumpir su tratamiento por su situación administrativa.

El temor a que el cáncer vuelva suele ser una emoción común entre quienes superan la enfermedad, pero María convive con la recuperación de su enfermedad mientras lidia en los últimos meses con el limbo en el que la deja el reglamento de la Ley de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Desde esa fecha, si recibe una nueva denegación de su petición de asilo -que se encuentra en fase de recurso- y el Gobierno no aprueba una solución para casos como el suyo, la mujer se quedará sin papeles y no podrá volver a regularizarse hasta que pasen dos años, tal y como obliga la nueva normativa que castiga a los demandantes de protección internacional cuya petición haya sido rechazada. 

Y para María, que continúa en seguimiento médico y bajo tratamiento para evitar el regreso de la enfermedad, caer en la clandestinidad tiene un efecto añadido, dadas las trabas con las que se chocan las personas sin papeles para acceder a la sanidad de forma normalizada - pese a que la norma obliga a que esté garantizada-, además de todas las consecuencias económicas ligadas a la irregularidad.

Después de pasar por quimioterapia, radioterapia y una mastectomía, la mujer mantenía su tratamiento médico y empezaba a participar en un ensayo clínico del Hospital Regional Universitario de Málaga cuando conoció los efectos que podría tener en su vida la nueva normativa. Como muchos otros solicitantes de asilo, antes de la entrada en vigor del reglamento, barajó sus diferentes opciones. La norma incluía una disposición transitoria con el supuesto objetivo de evitar que los demandantes de protección que estaban en España antes de su aprobación pudiesen pedir un permiso por arraigo durante un tiempo limitado, siempre que cumpliesen con una serie de requisitos, entre las que se encontraban haber recibido una respuesta denegatoria en firme y vivir irregularmente durante seis meses antes de pedir la nueva autorización, excluyen a miles de demandantes de protección.

Así, para acogerse a esta vía, tanto María como su hija debían renunciar a su proceso de asilo y esperar seis meses sin papeles. Y no se lo podían permitir. 

Si lo hacían, María correría el riesgo de ver interrumpido su tratamiento oncológico. Su hija perdería su empleo en una empresa de alquiler de coches, de cuyo sueldo dependen ambas. “Si ella renunciase, la echarían y ¿de qué íbamos a vivir?”, se pregunta la venezolana. “Y si yo renuncio puedo perder mi asistencia médica. ¿Qué hacemos entonces?”. 

Su decisión, como la de tantos otros demandantes de protección, ha pasado por arriesgarse, tirar para delante y confiar en una respuesta positiva de su petición de protección, en la que su abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recalcado la vulnerabilidad añadida ligada a la enfermedad de María. “Nos la hemos jugado hasta ahora. Pero no llega la respuesta al recurso, después de cuatro años, y vivir en esta incertidumbre es muy angustioso. El riesgo es muy alto, si nos lo deniegan podemos perder todo, ¿cómo vamos a sobrevivir dos años sin papeles si no podríamos ni seis meses? ¿Por qué lo hacen así?”, se pregunta María con desesperación. 

Hay otra posible opción para esta familia y todas las personas afectadas por el reglamento de extranjería, pero aún se encuentra en trámite parlamentario: la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que el Gobierno decidió impulsar poco antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento como fórmula para arreglar alguna de las lagunas de su propia normativa. El borrador inicial de la propuesta presentada a los diputados que conforman la Comisión de Trabajo reconoce que, pese a que el nuevo reglamento “mejora” algunas de las vías para regularizar a las personas sin papeles “existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo”, como “las personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”. 

Para que salga adelante la medida, que podría beneficiar casos como el de María, el texto debe ser consensuado en el Congreso y obtener el respaldo de la mayoría parlamentaria. Aunque el Gobierno asegura estar buscando una solución para estas personas, aún nada está garantizado.

Perder los papeles en plena enfermedad

María dejó Venezuela junto a su pareja y su hija por las situaciones de violencia que vivía en su país, según su relato. Tras pasar por Panamá, llegó a España en 2021, donde pidió asilo. Poco después de su llegada, un fuerte dolor en el pecho la empujó a acudir al médico. “Antes me había dolido pero no pensé que fuese tan grave. Al llegar, me acrecentó el dolor, casi no dormía, fui a la policía a pedir el asilo y, cuando tuve asistencia médica, se percataron de que tenía un cáncer inflamatorio muy fuerte”, explica la mujer por teléfono a elDiario.es. “Todo fue tan rápido. Llegué en julio de 2021 y en septiembre fui diagnosticada”, recuerda. 

El inicio de su nueva vida en otro país fue atravesado por las pruebas, el impacto del diagnóstico, los ciclos de quimioterapia, la operación, el post-operatorio y el tratamiento de radioterapia. En ese momento, la mujer, su hija y su pareja fueron acogidas en un centro para solicitantes de asilo de CEAR. “Esto no ha sido nada fácil. Fue muy fuerte. Yo estuve en esta batalla prácticamente sola. Mi compañero durante muchos años me perdió el cariño y apenas me atendía. Mi niña estaba en la adolescencia… Había días que apenas podía moverme, pero me levantaba, hacía la comida como podía”, lamenta la mujer. Cuando parecía que su vida empezaba a recolocarse, superada la operación y las sesiones de quimioterapia y radioterapia, llegó la respuesta del Ministerio del Interior a su petición de asilo: negativa. 

El Gobierno suele conceder a la mayoría de personas venezolanas que solicitan asilo un permiso de residencia por razones humanitarias, pero la Oficina de Asilo en 2023 denegó la petición de María y su familia por haber pasado por un tercer país considerado seguro (Panamá) antes de su llegada a España “sin tener en cuenta la información médica presentada en el expediente”, explican desde CEAR. La decisión acarreó su salida del sistema de acogida estatal y la pérdida de su tarjeta de residencia. A nivel personal, su pareja y padre de su hija decidió cortar la relación y regresó a Venezuela. Su abogada recurrió la decisión ante la justicia pero, hasta lograr la formalización y el documento temporal que les permitía vivir y trabajar en España hasta la resolución del recurso, se quedaron en situación irregular durante alrededor de tres meses.

Aunque la normativa española reconoce el derecho a las personas sin papeles a recibir asistencia sanitaria, en la práctica no siempre logran ver reconocido este derecho o se encuentran con importantes trabas en el camino. María insiste en que la pérdida de sus papeles por el nuevo reglamento supondría la interrupción de su tratamiento oncológico porque habla desde la experiencia: entre la negativa de su petición de asilo y la admisión a trámite de su recurso, la mujer no pudo acceder a una consulta de su médica de cabecera hasta tres meses después, asegura.

Después de meses sin la receta médica necesaria para comprar su medicación, agotada de esperar y aterrorizada por las posibles consecuencias, María decidió plantarse durante horas en el recibidor de su centro sanitario para conseguir una solución. “A mí me tienen que meter en el sistema, necesito mis medicamentos, no pueden dejarme morir”, recuerda que dijo entonces. Finalmente, tras mucha insistencia, logró que el personal administrativo encontrase la forma de reactivar su tratamiento. 

Además de no poder tomar su medicación, la pérdida de sus papeles la empujó a la exclusión mientras lidiaba con las secuelas de su enfermedad. “Yo me hinchaba, mis piernas me dolían demasiado. Después de la radioterapia me quedé muy dolorida, agotada y deprimida. Y, estando así, tuve que dormir varias noches en la calle y buscar una habitación donde vivir. Viví también en la oficina de una amiga y, después, aún con las secuelas del tratamiento trabajé como interna en casa de una señora que me tenía esclavizada, mientras mi niña vivía en otro lugar”, detalla María cuando recuerda aquella etapa. “¿Cómo voy a renunciar al proceso de asilo y pasar seis meses en esa situación?”, 

Actualmente, María ha logrado cierta estabilidad. Encontró una habitación económica en Loja, a donde se ha mudado. Evita pensar mucho en la posibilidad de perder todo de nuevo y pide una solución. La enfermedad le ha dejado secuelas, lo que le impide encontrar un trabajo fijo, pero busca empleos temporales o por horas. Aún siente dolores entre la espalda y el lado del pecho intervenido. La inflamación de su pierna derecha le provoca cojera. “Cuando me toca limpiar un piso más de cuatro horas siento unos dolores muy fuertes. Mi niña ha sacrificado mucho por mí, y trabaja mucho para sacarnos adelante. Cuando tengo dos o tres pisos a la semana siento mucho agotamiento, pero no voy a dar lástima, tengo que echar para adelante, tengo que solucionar mi vida”, asume María.

La mujer ha conocido la información sobre el impulso del Gobierno de la ILP para la regularización extraordinaria de inmigrantes. “Ojalá lo hagan. Ojalá llegue a buen término”, dice la venezolana, que teme quedar fuera en caso de que la medida exija requisitos que, en su situación, no pueda cumplir, como una oferta de contrato de trabajo. “Ojalá piensen en todos. Somos muchos los que queremos hacer las cosas bien”, concluye la solicitante de asilo.

En 2024 el Gobierno sacó adelante 25 leyes publicadas en el BOE. En 2022, en la anterior legislatura, con otras mayorías y una izquierda menos dividida, fueron 74 leyes, en 2021 fueron 65. Una constante es que lo que el Gobierno aprueba, el Congreso lo puede tumbar. Así cayó el Decreto Ómnibus, que lo llamaron así porque incluía muchas cosas, y así cayó el impuesto a las grandes energéticas. Hay muchas medidas que se anuncian y nunca salen adelante, que se pierden en el laberinto parlamentario.

Laura Olías nos cuenta el recorrido que le queda a la reducción de jornada y Alberto Ortiz las posibilidades que hay de que se derogue la Ley Mordaza. Además, Gabriela Sánchez nos explica una medida que ha salido adelante pero que ejemplifica la vulnerabilidad parlamentaria: la Ley de Extranjería. Acabamos con José Enrique Monrosi, con el que hablamos de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año.

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