La decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos contra los indultos del procés no ha sido la única noticia judicial de este jueves relativa al proceso soberanista. En Barcelona, la Fiscalía ha reclamado una multa de 30.000 euros para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega por haber burlado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta del 9-N de 2014 y dos tribunales han despejado el camino hacia el juicio de la causa de los preparativos del referéndum.

Por partes. La que más cerca está de sentarse de nuevo en el banquillo es la exdirigente de Unió Democràtica y exvicepresidenta del Govern de Artur Mas, Joana Ortega. La Fiscalía la acusa de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió el cargo de asesora en proyectos transversales del departamento de Empresa y Conocimiento, entre el 17 de mayo y el 8 de octubre de 2019, “con evidente ánimo de incumplir la condena” que le impedía ocupar cargo público alguno por la consulta del 9-N.

Su nombramiento como asesora fue, según el Ministerio Público, la manera que tuvo Ortega de incumplir la condena de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico, estatal o local que le impuso el Supremo junto al expresident Artur Mas y a la exconsellera Irene Rigau, por un delito de desobediencia al organizar la consulta soberanista de 2014.

Fue el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que había “burlado” la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del departamento de Empresa. Ortega, en su declaración como investigado, alegó que mediante dos informes el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat avalaron que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.

La consellera de Cultura, acusada junto a Jové y Salvadó

Un paso más cerca del banquillo de los acusados, aunque todavía sin conocer la concreta petición de la Fiscalía, está la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga (ERC.). El TSJC ha decidido que la consellera, procesada por los preparativos del 1-O por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, vaya a juicio junto a los dos investigados inicialmente en esa misma causa y que pasaron al alto tribunal catalán cuando resultaron elegidos diputados de ERC y por lo tanto aforados, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.

El fiscal precisó que el único delito por el que se investigara a Garriga fuera el de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel, pese a que fue procesada por la magistrada del juzgado 13 por malversación cuando no era aforada. El motivo fue que la jueza de la causa de Jové y Salvadó descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del centro de atención telefónica del 1-O, por los que también estaba procesada Garriga, constituyeran un delito de malversación. Ahora la Fiscalía ya podrá formalizar su escrito de acusación contra los tres republicanos.

La macrocausa del procés, de vuelta a instrucción 13

Por último, la Audiencia de Barcelona ha empezado a deshacer el enredo en el que se había instalado la macrocausa de los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de la capital catalana, en la que están procesados una treintena de altos cargos del Govern, funcionarios y empresarios, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio.

La nueva investigación sobre los gastos exteriores del procés, que además de un procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas está siendo investigado por el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, motivó que el abogado Ramon Setó, que defiende al exsecretario de Exteriores Aleix Villatoro, alegara que esos gastos ya habían sido investigados por el juzgado 13. La magistrado resolvió que no era competente para decidir si era así, pero ahora la Audiencia de Barcelona la obliga a tomar una decisión sobre la acumulación de ambas causas.

Primera confirmación de una condena del Tribunal de Cuentas por el procés. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del expresident de la Generalitat Artur Mas, tres exconsellers y otros cuatro exaltos cargos contra la sentencia del ente fiscalizador que les obligó a pagar 4,9 millones de euros por los fondos públicos destinados a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Ni el expresident ni sus antiguos colaboradores fue condenado por malversación por la Justicia ordinaria.

Casi dos años después de la sentencia del Tribunal de Cuentas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en un auto fechado el pasado 17 de junio, rechaza los recursos de Mas y el resto de condenados porque, a su juicio, sus escritos carecen de la “fundamentación suficiente” para ser admitidos y porque no han justificado el interés casacional, es decir, que la condena del Tribunal de Cuentas se aparte tanto de la jurisprudencia existente como para que el Supremo deba estudiarla.

Los líderes independentistas intentaron justificar el recurso afirmando que el dictamen del Tribunal de Cuentas era “una pretendida vulneración de constitucionalidad, en razón a que los gastos se dirigen al ejercicio de una competencia de la que se afirma no es titular la Generalidad de Catalunya”.

La sentencia del Tribunal de Cuentas detalla que, más allá de que Mas sea el responsable último, cada uno de los condenados es considerado responsable directo de determinadas cantidades en función de las atribuciones y responsabilidades que asumieron. Ahora, el órgano fiscalizador deberá ejecutar la sentencia, si bien los líderes independentistas tienen abierta la puerta a recurrir a la Justicia europea.

Mas y el resto de condenados depositaron 2,9 millones de euros que las organizaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural recaudaron a través de la conocida como “caja de solidaridad” y consignaron varios inmuebles como garantía, por lo que dieron por “íntegramente garantizada” la liquidación de la fianza de 4,9 millones impuestos por el tribunal.

La decisión del Tribunal Supremo, la última instancia ante la que los exdirigentes catalanes podían recurrir la condena del Tribunal de Cuentas, llega en paralelo a la nueva causa abierta por el ente fiscalizador relativa a los gastos exteriores del proceso soberanista. Este miércoles el organismo dio 15 días a Mas y a otros 33 funcionarios y exdirigentes para que abonaran una fianza de 5,4 millones de euros por haber difundido la independencia de Catalunya y el referéndum en el extranjero. Además el ente fiscalizador tiene otra causa abierta por la que impuso en 2020 una fianza de 4,1 millones de euros por los gastos del referéndum del 1-O.

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado ante la juez que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada el año pasado no ejercía funciones de gobierno, por lo que no burló la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta soberanista del 9-N.

Ortega ha declarado como investigada por un delito de quebrantamiento de condena ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, tras ser denunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por ejercer de asesora del Govern pese a que su inhabilitación para empleo y cargo público derivada de la sentencia del 9-N no había expirado aún.

El TSJC denunció a Ortega ante los juzgados, al entender que había “burlado” la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa, un empleo “generosamente retribuido”, según el alto tribunal, por el que cobró 32.110 euros brutos entre mayo y octubre del año pasado.

Por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, el TSJC condenó por un delito de desobediencia a Ortega, así como al expresidente catalán Artur Mas y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico y del Estado.

Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Govern, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba el pasado 19 de octubre, y que sí ha cumplido Rigau, mientras que la del expresidente Artur Mas finaliza el próximo domingo 23 febrero.

La jueza instructora indaga además si Ortega eludió la condena de inhabilitación cuando el pasado mes de octubre fue elegida secretaria general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), tal y como mantiene la Fiscalía, que abrió esa otra línea de investigación a raíz de una denuncia anónima. En su declaración ante la jueza, la exvicepresidenta de la Generalitat ha mantenido que el cargo de asesora del Govern no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público, dado que no incluye funciones de gobierno.

Ortega ha blandido ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat, cuya defensa aportará al juzgado, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.

La exvicepresidenta ha aducido también que su contratación era de dominio público, dado que la prensa informó de ella y fue oportunamente publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), sin recibir ningún requerimiento judicial que le advirtiera de que estaba incumpliendo la condena que se le impuso por organizar la consulta del 9–N.

Respecto a su nombramiento como secretaria general de la ACM -entidad municipalista que agrupa a ayuntamientos del entorno nacionalista-, ha argumentado que este no es un organismo público y que, en cualquier caso, sus funciones se circunscriben al ámbito local, fuera por tanto del alcance de la pena de inhabilitación para cargo público autonómico y estatal que le impuso el TSJC.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha enviado a los juzgados de Barcelona a la exvicepresidenta del Govern por Unió Democràtica y actual tertuliana en medios catalanes, Joana Ortega, por quebrantar su condena a nueve meses de inhabilitación por desobediencia en la consulta del 9-N. Según el alto tribunal catalán, Ortega rompió el cumplimiento de la pena de inhabilitación al ser contratada como asesora por el departamento de Empresa de la Generalitat entre mayo y octubre de 2019.

Ortega, al igual que el expresident Artur Mas y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, fue condena definitivamente por el Tribunal Supremo el 23 de enero de 2019, fecha a partir de la que empezaron a contar los nueve meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos a los que fue condenada. En consecuencia, tenía vetado cualquier cargo público hasta octubre de este año, pero en julio fue fichada como asesora de la conselleria de Empres. Permaneció en el cargo hasta octubre, con un sueldo de 32.110,84 euros mensuales.

El TSJC, al contrario que Ortega, argumenta que el cargo de asesora es análogo al de diputada, concejala o cualquier cargo fruto de una elección popular, por lo que entiende que la exvicepresidenta de Unió eludió su condena al fichar como asesora de la conselleria de Empresa.

“Se trata de una actividad que, ciertamente, no es cargo público electivo ni supone ejercicio personal directo de gobierno, pero presenta todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico, impedidas por la pena de inhabilitación impuesta”, argumenta el TSJC en un auto redactado por el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Mercedes Armas.

Ortega, concluye el tribunal, “ha burlado” los efectos de la pena impuesta [por el 9-N] al asumir un cargo de libre designación en el Govern similar a las funciones de gobierno que tenía prohibidas. A criterio del TSJC, el cargo de asesora es análogo al de consellera porque es discrecional, se mantiene dentro de la administración pública, no requiere de título funcionarial y está “generosamente retribuido con cargo sobre el erario público”.

Añade el TSJC que Ortega fue nombrada asesora “en el mismo gobierno autonómico aprovechado para la comisión del delito” de desobediencia en el 9-N, por lo que considera “indudable” que la exvicepresidenta, en su nuevo cargo en Empresa, “se colocó nuevamente en posición de potencial contribución” a delinquir. El delito de quebranto de condena está castigado en el Código Penal con una pena de multa.

Punto y final de la causa penal contra el expresident de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9-N. El Tribunal Supremo ha reducido a un año y un mes de inhabilitación la condena a Mas por un delito de desobediencia, once meses menos que los dos años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La rebaja se explica porque el Supremo ha equiparado la condena a Mas con la de su exconseller de Presidencia Francesc Homs, que fue juzgado por el Alto Tribunal y no por el TSJC porque era diputado en el Congreso. El Supremo condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación, la misma pena que fija ahora para Mas una vez examinado el recurso de casación del expresident al fallo del TSJC. Pese a ser su subordinado, el Supremo impone el mismo castigo a expresident y exconseller de Presidencia.

En la misma línea, el Supremo ha reducido el tiempo por el que la exvicepresidenta Joana Ortega y la extitular de Ensañanza Irene Rigau, ya retiradas de la política, no podrán ocupar cargos públicos. Así, el Alto Tribunal les ha impuesto una condena por desobediencia de nueve y seis meses de inhabilitación respectivamente, frente al año y nueve meses y al año y medio que había sentenciado el TSJC. El máximo tribunal catalán también impuso multas de 36.500, 30.000 y 24.000 euros a Mas, Ortega y Rigau que el Supremo sí ha mantenido.

Salvo esta pequeña reducción de las penas, el Supremo confirma en esencia los hechos que contempló la sentencia del TSJC. Cabe recordar que el tribunal catalán no condenó por prevaricación a Mas y a sus exconselleres, el otro delito del que les acusaba la Fiscalía y que podría haber aumentado la pena de inhabilitación. De esta forma, el reproche penal para los cuatro políticos se basa en que “ignoraron e impusieron su voluntad” al auto del Tribunal Constitucional que el 4 de noviembre suspendió el proceso participativo del 9-N.

La Fiscalía del Supremo pidió confirmar la pena impuesta por el TSJC, si bien en un primer momento la Fiscalía Superior de Catalunya había planteado que el Supremo también se pronunciara sobre el delito de prevaricación del que fueron absueltos los tres políticos.

Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional, Mas y los exconsellers se salvaron del delito de malversación de fondos públicos en su causa penal. No obstante, el Tribunal de Cuentas les ha condenado en otro procedimiento a pagar 4,9 millones de euros. Los políticos han recurrido la sanción.

El 9-N ha vuelto a juicio este miércoles. El Tribunal de Cuentas ha celebrado la vista contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas; la exvicepresidenta Irene Rigau; la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau; y otros siete exaltos cargos por su presunta responsabilidad contable en la consulta soberanista del año 2014. Se enfrentan a una multa de 5,3 millones de euros.

Durante su declaración, Mas se ha referido a la compra de 7.000 ordenadores portátiles, el capítulo de gasto más importante del 9-N, que asciende a casi tres millones, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El expresident ha desvinculado los ordenadores de la votación, pese a que se usaron el 9-N, y ha dicho que su adquisición fue “para mejorar el sistema educativo catalán”.

Tal y como avanzó este diario, Mas intentó que la propia Generalitat le pagara el gasto correspondiente a la compra de los ordenadores de la fianza que le impuso antes del juicio el Tribunal de Cuentas, algo que no consiguió. El expresident acabaría depositándo los 5,3 millones de fianza, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su propio bolsillo.

El expresident también ha afeado al letrado de la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana que cuestione una partida de 2,8 millones para 7.000 ordenadores cuando en todo el ejercicio de 2014 “se hicieron 1.414 modificaciones presupuestarias por valor de 1.250 millones de euros”. También ha criticado que “si tan grave” fue el delito por la convocatoria de la consulta soberanista el 9-N por qué “ni un solo juez o fiscal actuó para pararla”. En este sentido, cabe recordar que Mas, Rigau y Ortega fueron condenados por desobediencia por el TSJC, pero que el delito de malversación de fondos públicos en el 9-N se descartó en la fase de instrucción.

Este miércoles Mas ha defendido que no había nada “malo” en el 9-N desde el momento en que se convocó en rueda de prensa, su organización se dejó en manos de voluntarios y “durante tres semanas largas el Tribunal Constitucional no dijo nada y el Gobierno español se mofaba” del tipo de consulta que se había convocado. “No me daba miedo nada, como después se demostró”, ha asegurado.

“En esas tres semanas sí gastamos un dinero y comprometimos recursos pero en un marco en el que no hay ninguna resolución del Tribunal Constitucional”, ha defendido Mas, para incidir en que si el Ejecutivo central no pidió que se paralizase y el Alto Tribunal no tomó medidas en aquel momento es porque “políticamente era lo mismo, pero jurídicamente era completamente distinto” lo que se había convocado.

De hecho, ha argumentado que la convocatoria de un “proceso de participación popular” fue para apagar una “crisis política dentro del movimiento soberanista” tras la anulación de la consulta inicial. Por su lado, Ortega ha expresado su “convicción absoluta” de que el 9-N se actuó de acuerdo a la legalidad.

En esa consulta, ha dicho, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, “no hubo participación de funcionarios públicos”. Ortega ha insistido en que las decisiones que se adoptaron de cara al 9 de noviembre se adoptaron dentro de las competencias asignadas en el Estatut y ha asegurado que todos los expedientes administrativos implicados en este proceso fueron “impecables” y “pasaron todos los filtros de intervención”.

Artur Mas i els altres tres condemnats pel 9-N podrien acabar pagant la factura de la consulta sobiranista. El Tribunal de Comptes ha obert aquest dimecres el procediment que podria concloure amb l'exigència a l'expresident, les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i l'exconseller Francesc Homs perquè assumeixin de la seva butxaca -o amb el seu patrimoni- els 5,1 milions d'euros públics que va costar el 9-N.

En les dues interlocutòries, el Tribunal de Comptes ha rebutjat les al·legacions de la Generalitat, que va demanar no investigar els expolítics pel 9-N, i ha ordenat obrir la causa, el primer pas de la qual serà el nomenament d'un delegat instructor que practiqui les diligències necessàries.

La denúncia a Mas, Rigau, Ortega i Homs davant del Tribunal de Comptes la van interposar dues entitats contràries a la independència -Societat Civil Catalana, i Advocats Catalans per la Constitució-, i l'obertura de diligències va comptar amb el suport de l'Advocacia de l'Estat i de la Fiscalia del Tribunal de Comptes.

En la seva interlocutòria, la consellera de comptes Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justícia en el primer Govern de José María Aznar), considera que la denúncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega i Homs “identifica de manera prou precisa uns fets dels quals podria haver derivat un dany a fons públics generador de responsabilitat comptable”. En conseqüència, proposa a la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes que nomeni a un instructor.

Cap dels quatre expolítics van ser condemnats per malversació de fons públics. De fet, no van arribar ni a anar a judici per aquest delicte. El magistrat que va instruir la causa penal al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar que les compres de la Generalitat per al 9-N es van fer abans de desobeir al Constitucional, fet pel qual no corresponia processar els expolítics per malversació.

Mas, Rigau, Ortega i Homs, finalment, només van ser condemnats per un delicte de desobediència, i no el de prevaricació que també reclamava la Fiscalia. Amb tot, Societat Civil Catalana va denunciar als expolítics davant del Tribunal de Comptes perquè assumissin les despeses del 9-N.

En concret, l'entitat contrària a la independència assenyala com a responsabilitat comptable dels expolítics, que ascendeix a un total de 5,1 milions d'euros, les despeses següents: el web del 9-N (14.837,6 euros), les paperetes i els sobres (70.532,08 euros), els ordinadors portàtils de la votació (2,8 milions), la campanya de publicitat institucional (828.171,42 euros), l'assegurança per als voluntaris (1.409,26 euros), el suport informàtic al 9-N (1,1 milions) i l'enviament d'informació (307.962,71 euros).

Artur Mas y los otros tres condenados por el 9-N podrían terminar pagando la factura de la consulta soberanista. El Tribunal de Cuentas ha abierto este miércoles el procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman de su bolsillo –o con su patrimonio– los 5,1 millones de euros públicos que costó el 9-N.

En sendos autos, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los expolíticos por el 9-N, y ha ordenado abrir la causa, cuyo primer paso será el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias necesarias.

La denuncia a Mas, Rigau, Ortega y Homs ante el Tribunal de Cuentas la interpusieron dos entidades contrarias a la independencia –Sociedad Civil Catalana, y Abogados Catalanes por la Constitución–, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En su auto, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar), considera que la denuncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega y Homs “identifica de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generador de responsabilidad contable”. En consecuencia, propone a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un instructor.

Ninguno de los cuatro expolíticos fueron condenados por malversación de fondos públicos. De hecho, no llegaron ni a ir a juicio por este delito. El magistrado que instruyó la causa penal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró que las compras de la Generalitat para el 9-N se hicieron antes de desobedecer al Constitucional, por lo que no cabía procesar a los expolíticos por malversación.

Mas, Rigau, Ortega y Homs, finalmente, solo fueron condenados por un delito de desobediencia, y no al de prevaricación que también reclamaba la Fiscalía. Con todo, Sociedad Civil Catalana denunció a los expolíticos ante el Tribunal de Cuentas para que asumiesen los gastos del 9-N.

En concreto, la entidad contraria a la independencia señala como responsabilidad contable de los expolíticos, que asciende a un total de 5,1 millones de euros, los siguientes gastos: la web del 9-N (14.837,6 euros), las papeletas y los sobres (70.532,08 euros), los ordenadores portátiles de la votación (2,8 millones), la campaña de publicidad institucional (828.171,42 euros), el seguro para los voluntarios (1.409,26 euros), el apoyo informático al 9-N (1,1 millones) y el envío de información (307.962,71 euros).

La Fiscalia ha presentat un informe aquest divendres davant del Tribunal de Comptes en el qual dóna suport a l'obertura d'una investigació contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, l'exconseller de la Presidència, Francesc Homs, i les també exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau “per determinar les seves responsabilitats per la despesa de més de 5 milions d'euros en les votacions del 9-N” del 2014.

En una nota enviada per la Fiscalia General de l'Estat, s'informa que el Tribunal de Comptes compta amb un escrit remès per diverses associacions que sol·licita l'obertura d'una investigació comptable en aquest òrgan pel possible ús irregular de diners públics en l'esmentada consulta popular. Entre les entitats denunciants es troben Societat Civil Catalana i l'associació Advocats Catalans per la Constitució.

En el seu informe, el fiscal del Tribunal de Comptes demana a la Comissió de Govern d'aquest òrgan el nomenament d'un delegat instructor.

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs ja van ser condemnats per la seva participació en el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Sobre els quatre pesen penes d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic a més de multes entre els 24.000 i els 36.500 euros.

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, recorrerà davant del Tribunal Suprem la sentència del 9-N invocant la Constitució. En concret, Mas creu que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a dos anys d'inhabilitació per desobediència va vulnerar els drets constitucionals a la participació i a la llibertat ideològica i d'expressió.

Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau –condemnades a un any i nou i mesos, i a un i mig, respectivament, pel 9-N– han anunciat formalment aquest dilluns davant del TSJC que recorreran al Suprem la sentència. El seu objectiu és que l'Alt Tribunal els absolgui del delicte de desobediència al Constitucional pel qual van ser condemnats.

Els recursos dels encausats se sumen al que la Fiscalia Superior de Catalunya va anunciar divendres passat. En aquest cas, però, el ministeri públic busca que el Suprem condemni a Mas, Ortega i Rigau també pel delicte de prevaricació del qual van ser absolts, pel qual el ministeri públic demanava fins a vuit anys d'inhabilitació.

En els seus escrits per anunciar els seus recursos, Mas, Rigau i Ortega al·leguen que en les seves condemnes pel 9-N s'han vulnerat fins a cinc preceptes constitucionals, entre ells els de llibertat ideològica i d'expressió i el que reconeix el dret de participació dels ciutadans en els assumptes públics. Així mateix, Mas considera que el TSJC li va denegar una prova “de manera indeguda” i que el tribunal va errar en la valoració de proves documentals.

Els tres excàrrecs també al·leguen vulneració de l'article 14 de la Constitució, el que resa que tots els espanyols són iguals davant la llei “sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

El Suprem també està pendent de dictar la seva sentència del 9-N sobre l'exconseller de Presidència i ara líder del PDECat al Congrés, Francesc Homs. Mentre el Suprem no resolgui el recurs, Irene Rigau –l'única dels tres condemnats que manté un càrrec públic– podrà conservar el seu escó al Parlament. No obstant això, la sentència del TSJC sí que va tancar la porta al fet que Mas es presenti a la reelecció en unes eventuals eleccions al Parlament la propera tardor, ja que l'expresident és inelegible durant els dos anys de la condemna encara que la sentència no sigui ferma.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del 9-N invocando la Constitución. En concreto, Mas cree que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó a dos años de inhabilitación por desobediencia vulneró los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión.

Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau –condenadas a un año y nueve y meses, y a uno y medio, respectivamente, por el 9-N– han anunciado formalmente este lunes ante el TSJC que recurrirán al Supremo la sentencia. Su objetivo es que el Alto Tribunal les absuelva del delito de desobediencia al Constitucional por el que fueron condenados.

Los recursos de los encausados se suman al que la Fiscalía Superior de Catalunya anunció el pasado viernes. En este caso, sin embargo, el ministerio público busca que el Supremo condene a Mas, Ortega y Rigau también por el delito de prevaricación del que fueron absueltos, por el que el ministerio público pedía hasta ocho años de inhabilitación.

En sus escritos para anunciar sus recursos, Mas, Rigau y Ortega alegan que en sus condenas por el 9-N se han vulnerado hasta cinco preceptos constitucionales, entre ellos los de libertad ideológica y de expresión y el que reconoce el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Asimismo, Mas considera que el TSJC le denegó una prueba “de forma indebida” y que el tribunal erró en la valoración de pruebas documentales.

Los tres excargos también alegan vulneración del artículo 14 de la Constitución, el que reza que todos los españoles son iguales ante la ley “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El Supremo también está pendiente de dictar su sentencia del 9-N sobre el exconseller de Presidència y ahora líder del PDECat en el Congreso, Francesc Homs. Mientras el Supremo no resuelva el recurso, Irene Rigau –la única de los tres condenados que mantiene un cargo público– podrá conservar su escaño en el Parlament. Sin embargo, la sentencia del TSJC sí cerró la puerta a que Mas se presente a la reelección en unas eventuales elecciones al Parlament el próximo otoño, pues el expresident es inelegible durante los dos años de la condena aunque la sentencia no sea firme.

La Fiscalía ha anunciado este viernes que recurre al Tribunal Supremo la sentencia que condenó a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N. El motivo es que el expresident y las exconselleres fueron condenados por desobediencia pero fueron absueltos del delito de prevaricación del que también estaban acusados por el ministerio público.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia. El alto tribunal catalán consideró que Mas y sus exconselleres “ignoraron e impusieron su voluntad” sobre la suspensión de la consulta que había ordenado el Constitucional el 4 de noviembre de 2014. La Fiscalía también les acusaba de un delito de prevaricación, y elevaba la pena solicitada a diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Rigau y Ortega.

La Fiscalía Superior de Catalunya, en un comunicado, ha anunciado que interpondrá un recurso de casación de la sentencia al Supremo para que el Alto Tribunal “se pronuncie” sobre el delito de prevaricación del que fueron absueltos los políticos. Mas, Rigau y Ortega también presentarán un recurso a la sentencia, aunque en su caso el objetivo es buscar la absolución. Si no lo consiguen, acudirán a instancias europeas.

El Supremo también está pendiente de dictar su sentencia del 9-N sobre el exconseller de Presidència y ahora líder del PDECat en el Congreso, Francesc Homs. Mientras el Supremo no resuelva el recurso, Irene Rigau –la única de los tres condenados que mantiene un cargo público– podrá conservar su escaño en el Parlament.

Sin embargo, la sentencia del TSJC sí cerró la puerta a que Mas se presente a la reelección en unas eventuales elecciones al Parlament el próximo otoño. Y es que el artículo 6.2 de la ley electoral declara inelegibles a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por “los delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado”, dentro de los que se enmarca la condena por desobediencia de Mas.

Una de les incògnites dels últims mesos en la política catalana s'ha aclarit de sobte aquest dilluns, amb la sentència del TSJC pel 9-N: no hi haurà una llista electoral amb el nom d'Artur Mas com a mínim en els pròxims dos anys. La condemna arriba en un moment especial, en què la imatge del líder del PDECat –l'antiga Convergència– mostrava importants símptomes d'esgotament pels presumptes casos de corrupció que no paren d'aflorar al seu partit.

La setmana passada van ser les confessions dels saquejadors del Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull, les que van aconseguir tirar per terra tot un any d'aspiracions de Mas a la reelecció. Mentrestant, el cas del 3% continua imparable, amb noves revelacions cada setmana i l'ombra de la imputació estenent-se sobre el diputat de JxSí Germà Gordó, que va ser mà dreta de Mas en la seva primera etapa a la presidència i posteriorment conseller de Justícia.

Malgrat aquesta successió de cops a la seva imatge, l'expresident no havia donat cap mostra de pensar en renunciar definitivament a la cursa electoral. Més aviat al contrari, Mas va acabar la setmana passada conreant la imatge d'un líder que respon pel partit –no va dubtar a carregar-se sobre les seves espatlles la culpa política de tot el que passés–, i que dóna la cara, redoblant la seva agenda de convocatòries de premsa i entrevistes a mitjans de comunicació.

No obstant, la sentència del TSJC tanca la porta a que Mas es presenti a la reelecció en els propers dos anys. L'article 6.2 de la llei electoral declara inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per “delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les Institucions de l'Estat”, dins dels quals s'emmarca la condemna per desobediència de Mas.

Abans de la sentència d'aquest dilluns, la llarga setmana de desfilada de confessions als jutjats, amb acusacions que afecten directament a l'etapa en la qual Mas va ser màxim responsable de Convergència, no li va sortit gratis ni tan sols en el si del seu partit.

Al PDECat, l'actual coordinadora Marta Pascal, elegida pel mateix Mas i sortida de les joventuts de CDC, va llançar diumenge un missatge que representa bé tot un corrent d'opinió en la formació quan va expressar un desig nítid de distància entre el nou partit i el vell. “No és l'època d'un petit individu que treballa per a l'agenda personal i el projecte propi”, va assegurar la dirigent, que va afegir que al partit havia d'haver la gent “que s'ho treballa i no els que toquen”.

Ni Mas ni Puigdemont

Ni 24 hores després d'aquest intent de trencar amb el passat, el passat, en aquest cas el recent, ha tornat a trucar a la porta del PDECat per inhabilitar al seu president. El partit haurà d'accelerar ara una successió que fins el moment ha preferit ajornar i per a la qual no poden comptar amb el seu principal actiu, Carles Puigdemont, que no ha donat el seu braç a tòrcer en el seu desig que el seu pas pel Palau sigui anecdòtic i per una raó concreta, la de la independència.

El president prefereix que, en plena recta final de la legislatura en què es va prometre dur a terme la desconnexió, la seva imatge sigui la d'un líder amb les mans totalment deslligades del partit, evitant per tots els mitjans fer lloc a acusacions de maniobres partidistes per afavorir la seva formació. Malgrat això, l'entorn del partit, que les últimes setmanes ha estat escenari de l'enèsim ball de noms, es resisteix a descartar definitivament Puigdemont.

L'exalcalde de Girona i president accidental és vist com un valor a l'alça en la major part dels estaments del partit. No obstant, tots són comprensibles amb el seu autodescartament per l'exigència del repte de celebrar un referèndum, amb el qual Puigdemont s'ha compromès personalment.

I, a més, un referèndum que després de la inhabilitació de Mas s'ha convertit en un objecte encara més ineludible. Si en vigílies del 9-N Artur Mas sempre va observar com a pla B convocar unes eleccions anticipades, per les que exigia que ERC se sotmetés a una llista encapçalada per ell, en aquesta ocasió si Puigdemont premés el botó del pànic i convoqués eleccions davant la incapacitat de fer el referèndum podria trobar-se un PDECat sense un candidat consolidat a la presidència. O, com a mal menor, amb un candidat que hauria incomplert dues promeses, la de celebrar un referèndum i la de no tornar a presentar-se. És a dir, ell mateix.

“Condenados, un poco, pero de pié y mirando al futuro con esperanza”. Así ha resumido el expresident de la Generalitat, Artur Mas, su estado de ánimo tras conocer la condena impuesta por el TSJC por haber desobedecido al Constitucional en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Mas, inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años, ha tachado la sentencia de ideológica, ya que a su entender “en el Estado español se persigue a la gente por sus ideas”.

“Hoy tenéis las dos imágenes, la diferencia entre una democracia de juguete como la española y una democracia real como la del Reino Unido”, ha asegurado Artur Mas, en referencia a la coincidencia temporal entre su condena y el anuncio de un nuevo referéndum de independencia en Escocia. “Y lo digo con pena”, ha asegurado el del PDECat, “porque llevamos 40 años intentando construir una democracia robusta en España”.

Los tres condenados, Mas, Ortega y Rigau, han comparecido poco después de que se conociese la sentencia en la sede del PDECat, la antigua Convergència, acompañados por la plana mayor del partido y del president Carles Puigemont. El máximo líder catalán ha reafirmado su compromiso con mantener el actual rumbo. “Si hemos llegado hasta aquí es porque ningún obstáculo nos ha parado”, ha indicado Puigdemont. “El Govern solo puede continuar acreditando ante el pueblo de Catalunya que tiene el compromiso de darle la palabra, un compromiso que sale reforzado a cada obstáculo”, ha cerrado el president.

Por su parte, el expresident de la Generalitat ha censurado una sentencia “cogida con forceps” y que “no es la que una democracia debería aspirar a tener”, pero que asume con “serenidad” y sin ningún tipo de arrepentimiento por los hechos juzgados. “Volveríamos a hacer exactamente lo que hicimos”, ha resumido el líder del PDECat, “somos demócratas y los demócratas obedecen a la gente y ponen urnas”.

Mas ha anunciado además su intención de recurrir la condena a todas las instancias posibles, hasta llegar a la instancia Europa. “Recurriremos primero al Tribunal Supremo, aunque no tenemos ninguna esperanza que el Supremos nos dé la razón, porque actuará igual que el TSJC, en forma de aviso a navegantes”, ha considerado Mas.

Los condenados han querido enviar también un mensaje de firmeza, tanto a los actuales representantes del independentismo, en el Parlament y el Govern, como al conjunto de los independentistas. “No os dejéis impresionar por estas sentencias, ”les ha reclamado Mas, ya que “los condenados os pedimos a la gente que ha estado empujando este proceso que no deje de hacerlo”.

En el mismo sentido la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado que la sentencia es “una condena para nosotros, pero una advertencia para la población”. Rigau ha considerado que todo se deriva de la negativa del Estado a reconocer a Catalunya como una nación y con derecho a decidir. También la exvicepresidenta, Joana Ortega, se ha mostrado convencida de que hicieron lo que debían hacer. “Me preocuparía mucho más haber sido inhabilitada por mi pueblo que por un tribunal”, ha asegurado Ortega.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat Artur Mas a dos anys d'inhabilitació per desobediència en la consulta del 9-N. Les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau també han estat condemnades a un any i nou mesos i un any i sis mesos d'inhabilitació. Així mateix, hauran d'abonar una multa de 36.500, 30.000 i 24.000 euros, respectivament. Els tres polítics han estat absolts del delicte de prevaricació, el que comportava més anys d'inhabilitació.

Segons el parer del TSJC, Mas, Rigau i Ortega “van ignorar i van imposar la seva voluntat” sobre la suspensió de la consulta que havia ordenat el Constitucional el 4 de novembre de 2014. “Es va veure alterat en termes inacceptables el normal funcionament de l'Estat de Dret” , afegeix el tribunal en la seva sentència, que els advocats dels condemnats acusats ja han anunciat que recorreran al Tribunal Suprem.

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, que va presidir el judici a Mas, Ortega i Rigau, ha estat el ponent de la sentència, a la qual s'han adherit per unanimitat els altres dos magistrats que van formar el tribunal, Carlos Ramos i Eduardo Rodríguez . En paral·lel a la sentència coneguda aquest dilluns, el Tribunal Suprem està pendent de dictar la seva sentència del 9-N sobre l'exconseller de Presidència i ara líder del PDECat al Congrés, Francesc Homs.

Barrientos ha trigat poc més d'un mes a redactar la sentència. El judici va quedar vist per a sentència el passat 10 de febrer. Mas, en el seu torn d'última paraula, va proclamar davant el tribunal: “No vam desobeir al Constitucional, vam plantar cara al Govern espanyol”. La frase resumeix l'estratègia de defensa seguida per Mas, Ortega i Rigau: capitalitzar políticament el 9-N davant del tribunal sense declarar-se desobedient.

El tribunal rebutja els dos arguments que van al·legar els tres polítics per negar la desobediència, és a dir, que la suspensió del Constitucional era inconcreta i que després de l'ordre de l'Alt Tribunal van deixar la consulta en mans dels voluntaris un cop el Constitucional la va suspendre. “Els voluntaris van estar sempre sota el control organitzatiu del Govern de la Generalitat”, assegura la sentència.

A més, els togats sentencien que la providència del Constitucional que va suspendre la consulta “resultava d'una claredat meridiana per a qualsevol intel·ligència mitjana”, i titllen de “pretext inconsistent” l'argument defensiu de Mas. Així mateix, el TSJC considera “manifestament infundada” i un “subterfugi” la sol·licitud d'aclariment que va demanar el Govern el 4 de novembre sobre la suspensió de la consulta.

I tampoc accepta el tribunal l'al·legat que va llançar Mas, assegurant que després de la suspensió es va veure obligat a escollir entre “dos deures”, l'ordre del Constitucional i els mandats del Parlament per dur a terme la votació.

“Aquest conflicte no és real, i d'existir, estaria exclusivament en la incumbència del Tribunal Constitucional”, conclou el tribunal, que assenyala que Mas “va pervertir els principis democràtics de divisió de poders i va trencar una regla bàsica i imprescindible per a una convivència pacífica , la qual passa indefectiblement per la submissió de tots a l'imperi de la llei i al compliment de les resolucions judicials ”.

Mentre el Suprem no resolgui el recurs, Irene Rigau –l'única dels tres condemnats que manté un càrrec públic– podrà conservar el seu escó al Parlament. No obstant això, tot i no ser ferma, la sentència del TSJC sí que tanca la porta, segons les fonts jurídiques consultades, a que Mas es presenti a la reelecció en unes eventuals eleccions al Parlament la propera tardor. I és que l'article 6.2 de la llei electoral declara inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per “delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les Institucions de l'Estat”, dins dels quals s'emmarca la condemna per desobediència de Mas.

Absolts de la prevaricació

No obstant això, el TSJC ha decidit absoldre Mas, Rigau i Ortega del delicte de prevaricació pel qual també estaven acusats. La Fiscalia demanava 10 anys d'inhabilitació per a Mas i altres nou per a les exconselleres pels dos delictes. El tribunal considera que Mas, Rigau i Ortega no van actuar amb l'“arbitrarietat” que exigeix el delicte de prevaricació.

Així mateix, els magistrats argumenten que si els condemnessin per prevaricació castigarien amb dos delictes (prevaricació i desobediència) un mateix fet, una cosa que el tribunal recorda que no pot fer. “Mantenir [la consulta] en contra de l'ordenat pel Constitucional no pot incorporar més elements que els inherents a l'acte desobedient”, resol la sentència.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia en la consulta del 9-N. Las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau también han sido condenadas a un año y nueve meses y a un año y seis meses de inhabilitación. Asimismo, tendrán que abonar una multa de 36.500, 30.000 y 24.000 euros, respectivamente. Los tres políticos han sido absueltos del delito de prevaricación, el que comportaba más años de inhabilitación.

A juicio del TSJC, Mas, Rigau y Ortega “ignoraron e impusieron su voluntad” sobre la suspensión de la consulta que había ordenado el Constitucional el 4 de noviembre de 2014. “Se vio alterado en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, añade el tribunal en su sentencia, que los abogados de los condenados acusados ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo.

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que presidió el juicio a Mas, Ortega y Rigau, ha sido el ponente de la sentencia, a la que se han adherido por unanimidad los otros dos magistrados que formaron el tribunal, Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez. En paralelo al fallo conocido este lunes, el Tribunal Supremo está pendiente de dictar su sentencia del 9-N sobre el exconseller de Presidència y ahora líder del PDECat en el Congreso, Francesc Homs.

Barrientos ha tardado poco más de un mes en redactar el fallo. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 10 de febrero. Mas, en su turno de última palabra, proclamó ante el tribunal: “No desobedecimos al Constitucional, plantamos cara al Gobierno español”. La frase resume la estrategia de defensa seguida por Mas, Ortega y Rigau: capitalizar políticamente el 9-N ante el tribunal sin declararse desobediente.

El tribunal rechaza los dos argumentos que alegaron los tres políticos para negar la desobediencia, esto es, que la suspensión del Constitucional era inconcreta y que tras la orden del Alto Tribunal dejaron la consulta en manos de los voluntarios. “Los voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern de la Generalitat”, asegura el fallo.

Además, los togados sentencian que la providencia del Constitucional que suspendió la consulta “resultaba de una claridad meridiana para cualquier inteligencia media”, y tildan de “pretexto inconsistente” el argumento defensivo de Mas. Asimismo, el TSJC considera “manifiestamente infundada” y un “subterfugio” la solicitud de aclaración que pidió el Govern el 4 de noviembre sobre la suspensión de la consulta.

Y tampoco acepta el tribunal el alegato que lanzó Mas, asegurando que tras la suspensión se vio obligado a escoger entre “dos deberes”, la orden del Constitucional y los mandatos del Parlament para llevar a cabo la votación.

“Este conflicto no es real, y de existir, estaría exclusivamente en la incumbencia del Tribunal Constitucional”, concluye el tribunal, que señala que Mas “pervirtió los principios democráticos de división de poderes e hizo quebrar una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Mientras el Supremo no resuelva el recurso, Irene Rigau –la única de los tres condenados que mantiene un cargo público– podrá conservar su escaño en el Parlament. Sin embargo, pese a no ser firme, la sentencia del TSJC sí cierra la puerta, según las fuentes jurídicas consultadas, a que Mas se presente a la reelección en unas eventuales elecciones al Parlament el próximo otoño. Y es que el artículo 6.2 de la ley electoral declara inelegibles a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por “los delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado”, dentro de los que se enmarca la condena por desobediencia de Mas.

Absueltos de la prevaricación

Sin embargo, el TSJC ha decidido absolver a Mas, Rigau y Ortega del delito de prevaricación por el que también estaban acusados. La Fiscalía pedía diez años de inhabilitación para Mas y otros nueve para las exconselleres por ambos delitos. El tribunal considera que Mas, Rigau y Ortega no actuaron con la “arbitrariedad” que exige el delito de prevaricación.

Asimismo, los magistrados argumentan que si les condenaran por prevaricación castigarían con dos delitos (prevaricación y desobediencia) un mismo hecho, algo que el tribunal recuerda que no puede hacer. “Mantener [la consulta] en contra de lo ordenado por el Constitucional no puede incorporar más elementos que los inherentes al acto desobediente”, resuelve la sentencia.

Artur Mas, acusat de prevaricació i desobediència i per a qui el fiscal demana deu anys d'inhabilitació, ha tornat a vestir-se d'equilibrista per defensar que va acatar al Constitucional i que al mateix temps va ser el responsable de la consulta del 9-N. “No vam desobeir al Constitucional, vam plantar cara al Govern espanyol”, ha afirmat l'expresident de la Generalitat en el seu últim torn de paraula del judici del 9-N, que ha quedat vist per sentència aquest divendres

“Que un govern s'enfronti a un altre pot agradar més o menys, però no és un delicte”, ha sostingut l'expresident en la seva intervenció final de 23 minuts. Així mateix, Mas ha recordat que abans i després de la suspensió del 9-N va dir que la consulta “no tindria efectes legals ni vinculants”, sinó que era un mecanisme per recollir l'opinió dels ciutadans.

“El 9-N va ser una jornada de la qual ens hauríem de sentir orgullosos, i en comptes d'això el volen convertir en un delicte. Quina pena, quina gran error, què immens error!”, ha asseverat l'expresident. Al matí, el fiscal Emilio Sánchez havia recordat a Mas que el judici del 9-N “també és democràcia” i que “no es pot contraposar democràcia amb Estat de dret”. L'expresident no ha desaprofitat l'ocasió per respondre-li: “Una democràcia s'enforteix amb un bon Estat de dret. No entenc que per enfortir una democràcia el 9-N es pugui considerar un delicte”.

Després de la contundent acusació d'aquest matí de Sánchez Ulled, l'expresident ha carregat contra la Fiscalia barrejant les recents operacions policials contra la suposada corrupció de Convergència amb les conspiracions policials contra líders independentistes. “He patit calúmnies i difamacions. S'han organitzat operacions de guerra bruta o males arts, i mai ningú, tampoc cap fiscal, ha sortit en la meva defensa”, ha conclòs Mas.

L'expresident s'ha mostrat convençut que ha anat a judici “no per haver desobeït al TC sinó per l'èxit del 9-N”, la participació massiva del qual, sota el seu punt de vista, “no va agradar al Govern espanyol”. “Ara es pretén que paguem l'anomenat 'desafiament'”, ha afegit.

Per la seva banda, l'exvicepresidenta Joana Ortega, que s'enfronta a nou anys d'inhabilitació, ha fet servir el seu últim torn de paraula per lamentar que es jutgi els tres exdirigents “per una actuació política”. I l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha optat per citar Antonio Machado –“per dialogar, pregunteu primer; després, escolteu”– i ha conclòs: “No em va depurar el franquisme i ho farà la democràcia? Estic convençuda que no he comès cap delicte ”.

La defensa dels lletrats

Abans de la seva última paraula, els advocats dels acusats han llegit els seus informes finals. L'advocat de l'expresident, Xavier Melero, ha reclamat l'absolució del seu client perquè, al seu parer, Mas no va cometre “desobediència penal”. En aquest sentit, ha tirat de defensa tècnica i ha sostingut que la providència del Constitucional que va suspendre el procés participatiu “no imposava un deure positiu d'impedir” el 9-N perquè no incloïa un “mandat precís i singular”. Així mateix, ha indicat que Mas mai va mostrar una intenció explícita de desobeir, cosa indispensable, des del punt de vista de Melero, per condemnar-lo.

Amb tot, igual que el seu client, Melero ha argumentat que no haver desobeït al TC no va impedir a Mas liderar políticament el 9-N, encara que la seva execució va quedar en mans dels voluntaris. “Mas no s'ha amagat mai darrere d'una multitud de voluntaris, no ha negat mai l'impuls polític del seu govern al 9-N, no ha amagat que l'executiu va donar mitjans materials als voluntaris i que no va ordenar retirar els mitjans posats a seva disposició ”, ha asseverat Melero.

En el mateix sentit s'han expressat els advocats de Joana Ortega i Irene Rigau, Rafael Entrena i Jordi Pina, “Les resolucions [del TC] no eren vinculants. Ni la va requerir personalment ni la va advertir”, ha defensat Pina per sostenir que no es donen els requisits per a una condemna per desobediència. I ha tancat: “El Govern espanyol vol la mort política dels tres acusats”. Per la seva banda, Entrena, que ha lamentat un judici per “una actuació de naturalesa estrictament política, ha afirmat que la providència del TC” no deia que es tanqués el web, ni que es cremessin les urnes o trenquessin les paperetes “

“Si Mas es va equivocar, ho va fer de la mà de molta gent, de les més altes instàncies d'aquest país”, ha explicat Melero, que, parafrasejant el principi judicial d'“in dubio pro reo” (en cas de dubte, a favor de l'acusat), ha demanat l'absolució de Mas perquè en cas de dubte el tribunal ha sentenciar a favor de la llibertat: “In dubio pro libertate”.

Artur Mas, acusado de prevaricación y desobediencia y para quien el fiscal pide diez años de inhabilitación, ha vuelto a vestirse de equilibrista para defender que acató al Constitucional y que al mismo tiempo fue el responsable de la consulta del 9-N. “No desobedecimos al Constitucional, plantamos cara al Gobierno español”, ha afirmado expresident de la Generalitat en su último turno de palabra del juicio del 9-N, que ha quedado visto para sentencia este viernes.

“Que un gobierno se enfrente a otro puede gustar más o menos, pero no es un delito”, ha sostenido el expresident en su intervención final de 23 minutos. Asimismo, Mas ha recordado que antes y después de la suspensión del 9-N dijo que la consulta “no tendría efectos legales ni vinculantes”, sino que era un mecanismo para recoger la opinión de los ciudadanos.

“El 9-N fue una jornada de la que nos deberíamos sentir orgullosos, y en vez de eso lo quieren convertir en un delito. ¡Qué pena, qué gran error, qué inmenso error!”, ha aseverado Mas. Por la mañana, el fiscal Emilio Sánchez había recordado a Mas que el juicio del 9-N “también es democracia” y que “no se puede contraponer democracia con Estado de derecho”. El expresident no ha desaprovechado la ocasión para responderle: “Una democracia se fortalece con un buen Estado de derecho. No entiendo que para fortalecer una democracia el 9-N se pueda considerar un delito”.

Tras la contudente acusación de esta mañana de Sánchez Ulled, el expresident ha cargado contra la Fiscalía mezclando las recientes operaciones policiales contra la supuesta corrupción de Convergència con las conspiraciones policiales contra líderes independentistas. “He sufrido calumnias y difamaciones. Se han organizado operaciones de guerra sucia o malas artes, y nunca nadie, tampoco ningún fiscal, ha salido en mi defensa”, ha zanjado Mas.

El expresident se ha mostrado convencido de que ha ido a juicio “no por haber desobedecido al TC sino por el éxito del 9-N”, cuya participación masiva, bajo su punto de vista, “no gustó al Gobierno español”. “Ahora se pretende que paguemos el llamado 'desafío'”, ha añadido.

Por su lado, la exvicepresidenta Joana Ortega, que se enfrenta a nueve años de inhabilitación, ha usado su último turno de palabra para lamentar que se juzgue a los tres exdirigentes “por una actuación política”. Y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha optado por citar a Antonio Machado –“para dialogar, preguntad primero; después, escuchad”– y ha concluido: “¿No me depuró el franquismo y lo hará la democracia? Estoy convencida de que no he cometido ningún delito”.

La defensa de los letrados

Antes de su última palabra, los abogados de los acusados han leído sus informes finales. El abogado del expresident, Xavier Melero, ha reclamado la absolución de su cliente porque, a su juicio, Mas no cometió “desobediencia penal”. En este sentido, ha tirado de defensa técnica y ha sostenido que la providencia del Constitucional que suspendió el proceso participativo “no imponía un deber positivo de impedir” el 9-N porque no incluía un “mandato preciso y singular”. Asimismo, ha indicado que Mas nunca mostró una intención explícita de desobedecer, algo indispensable, bajo el punto de vista de Melero, para condenarle.

Con todo, igual que su cliente, Melero ha argumentado que no haber desobedecido al TC no impidió a Mas liderar políticamente el 9-N, aunque su ejecución quedó en manos de los voluntarios. “Mas no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9-N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición”, ha aseverado Melero.

En el mismo sentido se han expresado los abogados de Joana Ortega e Irene Rigau, Rafael Entrena y Jordi Pina, “Las resoluciones [del TC] no eran vinculantes. Ni la requirió personalmente ni la apercibió”, ha defendido Pina para sostener que no se dan los requisitos para una condena por desobediencia. Y ha zanjado: “El Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados”. Por su lado, Entrena, que ha lamentado un juicio por “una actuación de naturaleza estrictamente política, ha afirmado que la providencia del TC ”no decía que se cerrara la web, ni que se quemaran las urnas o rompieran las papeletas“

“Si Mas se equivocó, lo hizo de la mano de mucha gente, de las más altas instancias de este país”, ha explicado Melero, que, parafraseando el principio judicial de “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo), ha pedido la absolución de Mas porque en caso de duda el tribunal debe sentenciar a favor de la libertad: “In dubio pro libertate”.

El fiscal del cas del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha convertit la lectura del seu informe final en una elèctrica intervenció de contingut polític. “No es pot contraposar democràcia amb Estat de dret”, ha dit el fiscal, en el que ha sonat a avís a navegants sobre el procés sobiranista. La munició no ha acabat aquí. “No s'està jutjant la democràcia”, ha proclamat Sánchez Ulled, en referència a les crítiques que Mas i el sobiranisme han llançat contra la causa. En aquest sentit, el fiscal s'ha encarregat de recordar en nombroses ocasions els fets enjudiciats: si la Generalitat va desobeir l'ordre del 4 de novembre del Constitucional que va suspendre el 9-N. “Aquest judici també és democràcia”, ha conclòs.

El fiscal ha explicat la gestació de la querella, cosa inusual però que el sobiranisme ha criticat en veure-hi darrere la mà del Govern de Rajoy. Sánchez Ulled ha revelat les paraules que li va dir la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, quan li va ordenar presentar la querella: “Vull una valoració tècnica i rigorosa. Si és d'arxivar, arxivar i si és d'acusar, acusar”. Així mateix, Sánchez Ulled ha negat pressió o indicació del Govern central per actuar contra el 9-N. “No ho hauria permès”, ha afirmat.

Unes paraules insòlites durant la lectura d'un informe final de la Fiscalia, però motivades pel rerefons polític del cas. Ho ha reconegut el propi Sánchez Ulled: “És un judici pertorbador, de transcendència pública i mediàtica que a tots ens afecta. He tingut la sensació que estàvem en una batalla entre demòcrates i leguyelos, i no és així”.

Sánchez Ulled ha mostrat el seu disgust per l'actuació de Mas, Ortega i Rigau, però ha remarcat que els acusats van desobeir al TC. “El president de la Generalitat, que ho és de tots nosaltres, em fa mal dir-ho, jo no estic gaudint amb això –ha emfatitzat Sánchez Ulled– va articular una estratègia de desafiament obert a l'ordenat pel Constitucional i va tenir la col·laboració de les altres acusades ”.

Fonaments de l'acusació

Les valoracions polítiques no han impedit al fiscal desplegar un ampli argumentari de proves per sostenir la petició de deu anys d'inhabilitació per a Mas i nou per a Ortega i Rigau. Així, Sánchez Ulled ha intentat desmuntar els dos arguments de les defenses: que l'ordre del Constitucional va ser imprecisa (el que impedeix condemnar per desobediència) i que després de la seva suspensió, el Govern es va retirar de l'organització del 9-N i tot ho van fer els voluntaris.

Sobre l'ordre del TC, Sánchez Ulled, en vista del desplegament de jurisprudència que faran les defensas sobre la inconcreció de la providència del TC, ha citat sentències del Suprem que l'afavoreixen. “No cal que sigui palmària i oberta [la desobediència]. També pot ser subtil, sense exterioritzar plenament el seu propòsit”, ha dit el fiscal.

Pel que fa al segon, ha recordat la carta que els serveis jurídics de la Generalitat, encapçalats per Francesc Homs, van enviar el 7 de novembre –tres dies després de la suspensió del 9-N–, a l'empresa T-Systems en què van instar a continuar amb els treballs encarregats per a la votació. També ha acusat la Generalitat d'obrir els instituts el 9-N fent ús de la seva propietat en comptes del “ús social” dels centres que van fer els voluntaris, precisament el que al·leguen les defenses.

Comptes pendents amb Mas

Mas ha fet equilibris al llarg de tot el procés judicial, presentant-se com el president que “va posar les urnes” el 9-N i, al mateix temps, assegurant que després del veto va acatar per complet el TC. El fiscal no es creu aquesta tesi i ha assegurat que els tres acusats “van decidir capritxosament prescindir del mandat constitucional”, pel que demana deu anys d'inhabilitació per Mas i nou per les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega.

Però a més de negar la desobediència, Mas ha fet al·legats polítics contra el fiscal i els magistrats, començant per titllar la causa de “judici polític”. Sánchez Ulled també ha volgut respondre: “Això no és enfrontament entre senyors de negre i senyors investits d'autoritat democràtica. Això va de si hi va haver una desobediència, un incompliment o desacatament del mandat constitucional de suspensió” del 9-N.

Així mateix, Mas va acusar Sánchez Ulled de no fer res el dia de la votació, en què el fiscal estava de guàrdia. Sánchez Ulled ha contestat que el 9-N no hi havia elements per, tal com havien demanat alguns partits com UPyD, retirar les urnes de les taules de votació. “Ha portat un any d'investigació veure que sota l'actuació de voluntaris hi havia emmascarada una actuació dels poders públics, que és el que TC va suspendre”, ha tancat Sánchez Ulled, bèstia negra dels convergents en el cas Palau i altres casos de corrupció.

I, usant una de les paraules preferides de l'expresident per definir l'estratègia contra l'Estat per aconseguir la independència de Catalunya, Sánchez Ulled ha reblat: “No parlem d'astúcia, sinó d'arbitrarietat”. Artur Mas ha volgut respondre al fiscal –a diferència de dilluns, quan només va contestar les preguntes de la seva defensa. El jutge Barrientos l'ha tallat i li ha hagut de recordar que tindrà oportunitat de parlar aquesta tarda en la seva última paraula.

Mas, Rigau i Ortega, a la Generalitat

Sánchez Ulled és el primer a intervenir en l'última sessió del judici del 9-N. Un cop el fiscal acabi de llegir el seu informe, serà el torn per l'acusació popular, exercida per Mans Netes i els sindicats policials SPP i UPF, que reclamen dotze anys d'inhabilitació pels tres acusats. Les defenses, per la seva banda, demanaran l'absolució al·legant que els acusats no van desobeir el Constitucional, que la suspensió del 9-N va ser imprecisa i que després del veto la consulta va quedar completament en mans dels voluntaris.

Abans que el judici quedi vist per sentència aquesta tarda, els tres acusats faran ús del seu últim torn de paraula. Encara que el que diguin fora de la sala no és rellevant per la sentència, Mas, Ortega i Rigau acudiran al Palau de la Generalitat aquesta tarda després del judici, on seran rebuts per Carles Puigdemont i faran una compareixença davant la premsa.

El fiscal del caso del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha convertido la lectura de su informe final en una eléctrica intervención de contenido político. “No se puede contraponer democracia con Estado de derecho”, ha dicho el fiscal, en lo que ha sonado a aviso a navegantes sobre el proceso soberanista. La munición no ha terminado aquí. “No se está juzgando la democracia”, ha proclamado Sánchez Ulled, en referencia a las críticas que Mas y el soberanismo han lanzado contra la causa. En este sentido, el fiscal se ha encargado de recordar en numerosas ocasiones los hechos enjuiciados: si la Generalitat desobedeció la orden del 4 de noviembre del Constitucional que suspendió el 9-N. “Este juicio también es democracia”, ha zanjado.

El fiscal ha explicado la gestación de la querella, algo inusual pero que el soberanismo ha criticado al ver tras ella la mano del Gobierno de Rajoy. Sánchez Ulled ha revelado las palabras que le dijo la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuando le ordenó presentar la querella: “Quiero una valoración técnica y rigurosa. Si es de archivar, archivar y si es de acusar, acusar”. Asimismo, Sánchez Ulled ha negado presión o indicación alguna del Gobierno para actuar contra el 9-N. “No lo habría permitido”, ha afirmado.

Unas palabras insólitas durante la lectura de un informe final de la Fiscalía, pero motivadas por el trasfondo político del caso. Lo ha reconocido el propio Sánchez Ulled: “Es un juicio perturbador, de trascendencia pública y mediática que a todos nos afecta. He tenido la sensación de que estábamos en una batalla entre demócratas y leguleyos, y no es así”.

Sánchez Ulled ha mostrado su disgusto por la actuación de Mas, Ortega y Rigau, pero ha remarcado que los acusados desobedecieron al TC. “El presidente de la Generalitat, que lo es de todos nosotros, me duele decirlo, yo no estoy disfrutando con esto –ha enfatizado Sánchez Ulled– articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado por el Constitucional y tuvo la colaboración de las otras acusadas”.

Fundamentos de la acusación

Las valoraciones políticas no han impedido al fiscal desplegar un amplio argumentario de pruebas para sostener la petición de diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau. Así, Sánchez Ulled ha intentado desmontar los dos argumentos de las defensas: que la orden del Constitucional fue imprecisa (lo que impide condenar por desobediencia) y que tras su suspensión, el Govern se retiró de la organización del 9-N y todo lo hicieron los voluntarios.

Sobre la orden del TC, Sánchez Ulled, en vista del despliegue de jurisprudencia que harán la defensa sobre la inconcreción de la providencia del TC, ha citado sentencias del Supremo que le favorecen. “No es necesario que sea palmaria y abierta [la desobediencia]. También puede ser sutil, sin exteriorizar plenamente su propósito”, ha dicho el fiscal.

Respecto al segundo, ha recordado la carta que los servicios jurídicos de la Generalitat, encabezados por Francesc Homs, enviaron el 7 de noviembre –tres días después de la suspensión del 9-N–, a la empresa T-Systems en la que le instaron a continuar con los trabajos encargados para la votación. También ha acusado a la Generalitat de abrir los institutos el 9-N haciendo uso de su propiedad en vez del “uso social” de los centros que hicieron los voluntarios, precisamente lo que alegan las defensas.

Cuentas pendientes con Mas

Mas ha hecho equilibrios a lo largo de todo el proceso judicial, presentándose como el president que “puso las urnas” el 9-N y, al mismo tiempo, asegurando que acató por completo al TC. El fiscal no se cree esta tesis y ha asegurado que los tres acusados “decidieron caprichosamente prescindir del mandato constitucional”, por lo que pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega.

Pero además de negar la desobediencia, Mas ha hecho alegatos políticos contra el fiscal y los magistrados, empezando por tildar la causa de “juicio político”. Sánchez Ulled también ha querido responder: “Esto no es enfrentamiento entre señores de negro y señores investidos de autoridad democrática. Esto va de si hubo una desobediencia, un incumplimiento o un desacato del mandato constitucional de suspensión” del 9-N.

Asimismo, Mas acusó a Sánchez Ulled de no hacer nada el día de la votación, en que el fiscal estaba de guardia. Sánchez Ulled ha contestado que el 9-N no había elementos para tal y como habían pedido algunos partidos como UPyD, retirar las urnas de las mesas de votación. “Ha llevado un año de investigación ver que debajo de la actuación de voluntarios había enmascarada una actuación de los poderes públicos, que es lo que TC suspendió”, ha zanjado Sánchez Ulled, bestia negra de los convergentes en el caso Palau y otros casos de corrupción.

Y, usando una de las palabras preferidas del expresident para definir la estrategia contra el Estado para lograr la independencia de Catalunya, Sánchez Ulled ha remachado: “No vamos a hablar de astucia, sino de arbitrariedad”. Artur Mas ha querido responder al fiscal –a diferencia del lunes, cuando solo contestó a las preguntas de su defensa. El juez Barrientos le ha cortado y le ha tenido que recordar que tendrá oportunidad de hablar esta tarde en su última palabra.

Mas, Ortega y Rigau, a la Generalitat

Sánchez Ulled es el primero en intervenir en la última sesión del juicio del 9-N. Una vez el fiscal termine de leer su informe, será el turno para la acusación popular, ejercida por Manos Limpias y los sindicatos policiales SPP y UPF, que reclaman doce años de inhabilitación para los tres acusados. Las defensas, por su lado, pedirán la absolución alegando que los acusados no desobedecieron al Constitucional, que la suspensión del 9-N fue imprecisa y que tras el veto la consulta quedó por completo en manos de los voluntarios.

Antes de que el juicio quede visto para sentencia esta tarde, los tres acusados harán uso de su último turno de palabra. Aunque lo que digan fuera de la sala no es relevante para la sentencia, Mas, Ortega y Rigau acudirán al Palau de la Generalitat esta tarde después del juicio, donde serán recibidos por Carles Puigdemont y harán una comparecencia ante la prensa.