Un empresario del 3% contactó con Mas y Gordó para que colocaran a su esposa en el Govern

El empresario Josep Manel Bassols, imputado en el caso del 3%, contactó con el expresident Artur Mas y el exconseller de Justicia Germà Gordó para exponerles la situación profesional de su esposa, la jueza Núria Bassols, antes de que fuera fichada como responsable de Transparencia del Govern. Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario del caso del 3%, Bassols, directivo en Catalunya de la constructora Oproler, envió una carta en septiembre de 2011 a Mas para exponerle “una serie de circunstancias” que le afectaban a él y a su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Núria Bassols.

El informe, avanzado por la agencia Efe y que ha podido contrastar este diario, incluye una copia de esta carta, que fue localizada por la Guardia Civil en un pendrive intervenido al empresario tras su detención en el marco de la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

En la carta dirigida a Mas se hace mención al exconseller de Justicia Germà Gordò y al histórico diputado de CiU Ramon Camp, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de CDC. Bassols explica en la misiva la situación de Núria Bassols, magistrada del TSJC, que “al parecer estaría interesada en un cambio de puesto de trabajo”, según revela el informe de Anticorrupción.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo sostienen que en la carta, Bassols se refiere “como persona de contacto para encauzar ese cambio” a Ramon Camp, ya que este le comentó que estaba en contacto con Gordó, al cual se refiere como “la persona ideal y que entre los dos resolverían la situación”.

Entre la documentación intervenida a Bassols también figura la justificación de sus gastos de kilometraje, donde, en un apunte del 17 de noviembre de 2011, se detalla una reunión que tendría lugar en el Palau de la Generalitat entre el empresario, el entonces presidente Mas, los entonces consellers Felip Puig y Pilar Fernández Bozal –esta última de Justicia– y Gordó.

“Nos tendríamos que ver urgente”

De hecho, entre la documentación intervenida al empresario Bassols también se encontró un mensaje enviado en enero de 2013 a Gordó, que acababa de ser nombrado conseller de Justicia, en el que le indica: “Querido Germà, ante el nuevo año y los nuevos retos que has asumido, te deseo lo mejor, tanto para ti como para los tuyos... Nos tendríamos que ver urgente para enfocar un tema de trabajo de mi esposa que se tiene que hablar personalmente. Ya me dirás cuándo y dónde. Vendremos los dos”.

Precisamente, en la carta enviada meses antes a Mas, Bassols ya se refería a Gordó como la “única persona de CDC que le ha respondido”, según Anticorrupción, ya que “le dirigió” a GISA –la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat–, para que se entrevistara con su director, “para buscarle un puesto de trabajo dentro de la entidad pública”. Sin embargo, esta vía no fructificó porque GISA acababa de presentar un ERE.

Finalmente, en noviembre de 2013, el gobierno catalán acordó nombrar a Bassols como directora de políticas de Transparencia de la Generalitat, poco después de que, como magistrada del TSJC, archivara el caso Adigsa, el caso del 3% original que denunció Pasqual Maragall en el Parlament, para el exdiputado de CiU y secretario general de Territorio de la Generalitat, Ferran Falcó.

El empresario Bassols, antes de ser representante en Catalunya de la constructora Oproler, fue alcalde y concejal de la localidad gerundense de Anglès, mientras que su esposa regresó a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales. ERC forzó su salida del Govern tras estallar el caso del 3%.

Gordó, pendiente del TSJC

Germà Gordó, cada vez más señalado en el caso del 3%, a día de hoy es diputado de JxSí. La Guardia Civil, en línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, sitúa a Gordó, exmiembro de la Fundación Catdem entre 2004 y 2010, y exgerente de CDC, como la persona a la que se dirigían a los empresarios como “mediador” o “conseguidor”, junto a el extesorero del partido Andreu Viloca, para permitir “el acceso de empresas concretas privadas a determinadas licitaciones públicas que en algunos casos resultaban irregulares”.

Entre ellas está la construcción del túnel de las Glòries o el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona. Estas obras fueron las protagonistas de la última tanda de registros y detenciones del caso del 3% del pasado 2 de febrero.

Una semana antes, el TSJC, el órgano encargado de abrir una eventual investigación a Gordó dada su condición de aforado, rechazó imputar a Gordó a partir de la exposición de motivos que el juez de El Vendrell (Tarragona) que indaga la presunta trama de pago de comisiones a CDC le hizo llegar con los indicios que supuestamente incriminarían al exconseller de Justicia. El altro tribunal catalán tendrá que volver a decidir en las próximas semanas si investiga a Gordó.