Germà Gordó niega haber cometido “cualquier actuación ilegal” tras ser señalado en el caso del 3%
Las pesquisas de caso del 3% apuntan cada vez más hacia Germà Gordó, actual diputado de JxSí y exgerente de Convergència. Un empresario, testigo protegido del caos, dijo haberse sentido extorsionado por Gordó, que la habría recriminado no haber hecho suficientes donaciones. Y un informe de la Guardia Civil que ha avanzado este lunes la Cadena Ser señala a Gordó por haber manejado 19 contratos de obra pública entre 2010 y 2015 a cambio de hasta 20 donaciones de casi 700.000 euros a fundaciones vinculadas a CDC.
Gordó, uno de los más estrechos colaboradores de Artur Mas, ha respondido a ambas acusaciones este lunes. En declaraciones a Europa Press, ha negado “cualquier actuación ilegal” por su parte en relación a la presunta financiación irregular de CDC con pagos ilegales de constructoras al partido a cambio de adjudicaciones de obras públicas desde las instituciones que gobernaban.
El documento de la Guardia Civil, en línea con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, sitúa a Gordó, exmiembro de la Fundación Catdem entre 2004 y 2010, y exgerente de CDC, como la persona a la que se dirigían a los empresarios como “mediador” o “conseguidor”, junto a el extesorero del partido Andreu Viloca, para permitir “el acceso de empresas concretas privadas a determinadas licitaciones públicas que en algunos casos resultaban irregulares”.
Entre ellas está la construcción del túnel de las Glòries o el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona. Estas obras fueron las protagonistas de la última tanda de registros y detenciones del caso del 3% del pasado 2 de febrero.
Una semana antes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechazó abrir una investigación a Gordó a partir de la exposición de motivos que el juez de El Vendrell (Tarragona) que indaga la presunta trama de pago de comisiones a CDC le hizo llegar con los indicios que supuestamente incriminarían al exconseller de Justicia.
El TSJC, al que correspondería investigar a Gordó por ser aforado ante este órgano dado su condición de diputado en el Parlament, consideró imprecisos los indicios apuntados por el juez de El Vendrell, que incluyen reuniones del exconseller con empresarios que están siendo investigados por pagar supuestamente comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.
El informe de la Guardia Civil, del pasado 17 de enero, apunta que Gordó era un “elemento necesario para lograr mediante su influencia política adjudicaciones fraudulentas y alteradas de obras públicas a las administraciones licitadoras donde su partido CDC tenía responsabilidades directas como poder adjudicador de contratación pública” .
