El socio de Aldama pide el archivo del caso Gaslow por indefensión y alerta de un fallo de Pedraz en las prórrogas

La defensa del empresario Claudio Rivas, conocido por haber sido socio de Víctor de Aldama, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pide el archivo para él en el 'caso Gaslow', un asunto en el que el juez Santiago Pedraz investigó un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y en el que ese empresario leonés consta como procesado. Como argumento principal, su letrado señala que tras el primer año de instrucción la investigación no se prorrogó cuando debía y, por tanto, todo lo instruido desde el 22 de marzo de 2022 debe apartarse de la causa, incluido todo lo que llevó a imputar a su defendido. Además, suma a este hecho que a Rivas se le ocultó esta investigación durante años y, por lo tanto, le generó indefensión.

La representación legal de Rivas ha desplegado en los últimos dos meses una estrategia de defensa en las dos causas en las que está imputado que contrasta con la seguida hasta ahora –ha cambiado de letrado recientemente–. En el caso Villafuel, donde consta como presunto colíder junto a Aldama de una trama dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, ha solicitado una declaración voluntaria (que tendrá lugar el 3 de noviembre) y ha pedido una serie de diligencias encaminadas a aclarar que estaba apartado de la propiedad de esa operadora y, por tanto, de su control. Mientras, en el caso Gaslow, mucho más avanzado ya porque ha sido dictado un auto de procesamiento, la defensa se ha decantado por un recurso de apelación en el que ataca los cimientos mismos de la causa al entender que se debe expurgar todo lo instruido después de marzo de 2022.

La base de esta pretensión es que el juez Santiago Pedraz acordó dos veces la incoación de diligencias (una el 21 de marzo de 2021 y otra el 25 de ese mismo mes) y que luego tuvo en cuenta esa segunda fecha para las sucesivas prórrogas de la investigación. “Una causa se incoa una sola vez”, recuerda el letrado para luego añadir que “el defecto es estructural, atañe al mismo suelo del proceso” y que, por tanto, el 22 de marzo de 2022 “se produjo la muerte del plazo sin prórroga enlazada”. Usa un símil para ilustrar a la Sala: “Un puente no se sostiene por noventa y nueve arcos si el primero jamás tocó la orilla”.

Por eso, entiende que la incorporación de Claudio Rivas a la causa, que tuvo lugar en 2025, “se produjo fenecido el plazo de investigación y tras años de instrucción desarrollada a sus espaldas, sin posibilidad alguna de conocimiento ni contradicción, lo que la hace constitucionalmente inválida”. En este sentido, indica que “no tuvo posibilidad jurídica alguna, ni cauce material, de conocer que esos indicios se dirigían contra su persona ni de reaccionar frente a ellos”.

“Fuera del plazo legal”

Para la defensa se ha lesionado su derecho a la defensa porque la citación para declarar en la causa se hizo “fuera del plazo legal de investigación” y eso que su nombre aparecía ya incluso en la querella de Fiscalía que daba origen a la causa en 2021, cuando se le vinculaba a la venta de participaciones de una de las mercantiles investigadas: Keep it Save. Además, indican que también se fueron acumulando indicios contra él a lo largo de 2022 sin tener noticias de la causa. “La unidad policial UCO ya afirmaba ante el juez la propiedad de Claudio Rivas de las dos sociedades nucleares -investigadas-, su conexión con la compra de Gaslow, y ya recogía testimonios que le llamaban jefe”, añade.

Por eso, no entiende la defensa que no le citaran o le dieran traslado de la causa y, en cambio, sí “se continuó con la instrucción a sus espaldas como prohíbe el canon”. “El vicio aquí denunciado no es la validez del material reunido en 2021 sino la ocultación al investigado, durante años, de la imputación que de él resultaba”, añade, para luego lamentar que de los tres presuntos cabecillas de esa trama es el único que “atravesó toda la instrucción sin acto ni garantía alguna”.

Por eso, entiende que se ha producido una vulneración de sus derechos a la defensa, a la contradicción, a la igualdad de armas y a un proceso con todas las garantías“ y solicita la ”invalidez radical“ de su imputación.

La denuncia de fallos en la instrucción de esta causa concreta por parte de Claudio Rivas se suma al hecho de que otra de las investigadas durante el procedimiento, la empresaria Carmen Pano -que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz-, finalmente no fuera imputada a pesar de los indicios recabados.