El lío en el restaurante del Veles e Vents: La Sucursal pagará 44.000 euros mensuales mientras el Ayuntamiento lleva el desalojo a los tribunales

A La Marina de València no dejan de salirle conflictos por los inmuebles. Y no precisamente en las zonas residenciales. El recinto creado para la Copa Amèrica y reconvertido en uno de los mayores enclaves de ocio en la capital valenciana se ha convertido en el escenario del pulso entre los hosteleros y el Ayuntamiento de València, a cuenta del vencimiento de los contratos en los locales. Primero el conflicto escaló entre los restaurantes junto al puerto deportivo, a la sombra del Veles e Vents, y ahora ha estallado en el edificio por el que se identificó a la Copa América.

Los hosteleros no quieren irse del Marítim, el barrio en el que han afianzado sus negocios. El Ayuntamiento de València acordó el pasado septiembre acudir a los tribunales para desalojar a la empresa que gestiona el restaurante del Veles e Vents, La Sucursal, cuyo contrato venció el 7 de septiembre tras una prórroga de un año, pero los responsables se niegan a abandonar el local. La Unión Temporal de Empresas entre Heineken España, S.A. y Rescorval, S.L. (ahora UTE Rescorval, SL (Grupo La Sucursal) - Interpreta Cultural Projects, SL), gestiona el espacio desde que en 2015 suscribiera el contrato con el Consorcio Valencia 2007, ya liquidado, y pidió una prórroga excepcional hasta enero de 2027 o hasta que se adjudicara un nuevo contrato además de un cierre ordenado. El consistorio denegó esta petición y las alegaciones posteriores; la pretensión del Ayuntamiento es que el recinto pase a ser gestionado por el Palacio de Congresos. En el Veles e Vents se celebran decenas de actos mensuales y es el lugar que suele escoger la jet set conservadora valenciana para sus eventos, como los actos políticos de Francisco Camps, que aspira a encabezar el PP valenciano.

A finales de septiembre, la empresa ofreció al Ayuntamiento un pago para mantener la posesión del edificio mientras se resuelven las discrepancias entre las partes. La firma se compromete a pagar 44.000 euros mensuales, equivalente al canon que venían pagando, durante los primeros diez días de cada mes, mientras mantenga la posesión del edificio.

El Ayuntamiento ha aceptado la oferta y ha facilitado un número de cuenta para que se realicen los ingresos, aunque advierte que “el pago ofrecido no implica tácita reconducción, prórroga ni reconocimiento alguno para ninguna de las partes”. El pago, cita la resolución adelantada por Valencia Plaza y a la que ha tenido acceso elDiario.es, “se ofrece como contraprestación por el uso del Edificio” desde la fecha de vencimiento de contrato. La resolución la firma el concejal de Contratación y Grandes Proyectos, José Marí Olano, a quien el consistorio encargó las negociaciones con el Consorcio para su disolución.