La Fundación Puertos de Las Palmas ha publicado este viernes la convocatoria formal de un proceso de selección para cubrir la plaza de gerente, vacante desde la dimisión de la persona que la ocupó hasta el pasado día 3, Betsabé Morales. Tras la denuncia pública de que ese puesto había sido ocupado de manera ilegal, es decir, a dedo, y el correspondiente escándalo público, Morales se vio obligada a dimitir y ahora la junta directiva, que preside la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha iniciado un procedimiento legal.

En la convocatoria se advierte de entrada que la persona que sea elegida tendrá que liderar y coordinar técnicamente la posible transformación o integración de la fundación en otro organismo o, en su caso, la extinción y liquidación de la entidad.

Tendrá un contrato de alta dirección, con un salario bruto de 61.826,31 euros anuales, distribuidos en 14 pagas y un periodo de prueba de seis meses.

Los aspirantes, que tienen tan solo diez días para presentar sus candidaturas electrónicamente y en un solo documento en formato PDF, tienen que estar en posesión de titulación universitaria de grado o licenciatura, así como acreditar cuatro años de experiencia en el sector público. Los méritos se valorarán hasta un máximo de 20 puntos, los mismos que computarán en el caso de la entrevista personal.

En la entrevista personal se valorará la capacidad de liderazgo y de dirección de equipos, la visión estratégica y conocimiento institucional del sistema portuario, la capacidad para la gestión de procesos de transformación, integración o liquidación y las competencias personales y comunicación directiva.

El tribunal estará compuesto por tres representantes de los patronos privados, es decir, de las empresas asentadas en el recinto portuario de Las Palmas: Joaquín Quiles Sotillo (Boluda), que actuará como presidente, y Francisco González Sánchez (Hamilton) y Jose Juan Socas Álamo, presidente de Fedeport, como vocales. Actuará como secretaria, la persona que ejerce como tal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, María Bosch Mauricio.

La ya ex gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas dimitió de su cargo para evitar que “las discrepancias” en torno a su nombramiento “ocasionen daño ni a la entidad, ni a los patronos, ni a los colaboradores de la Fundación”. Así lo recoge un comunicado divulgado por la entidad a primera hora de la tarde de este viernes, una vez concluida la junta y la asamblea de patronos, que aprobó las cuentas del año pasado.

Los patronos, formados por entidades públicas como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Capitanía Marítima o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como media docena de empresas portuarias, tomaron este viernes “una serie de medidas a raíz del informe de auditoría interna realizado por Puertos del Estado”, en la que se detectaron numerosas ilegalidades e irregularidades.

Entre esas medidas se encuentran “continuar con los procesos de adjudicación y licitación de aquellos servicios que se consideren necesarios hasta la transformación o liquidación de la fundación” lo que conllevará “la finalización de los contratos menores que, a día de hoy garantizan el funcionamiento diario de la fundación” y que la auditoría catalogó como anómalos.

También han decidido los patronos que la Autoridad Portuaria encargue un informe para “analizar la situación actual de la fundación y valorar sus opciones de futuro, que pasan por su transformación en ente privado o su liquidación”. Para dirigir esas opciones, la fundación abrirá un proceso de selección (esta vez se supone que legal) para la contratación de un o una gerente “que continúe con la gestión del día a día de la fundación hasta su completa transformación o liquidación”.

Finalmente, los patronos han acordado, dos meses después de recibir la auditoría, remitir toda la documentación relativa a ella a la Intervención General Territorial.

Sin muchas explicaciones y sólo una hora antes de celebrarse la reunión, se cancelaba la asamblea extraordinaria del Patronato de la Fundación Puertos de Las Palmas. Ayer se debían aprobar las cuentas anuales, pero la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, comunicaba que el encuentro anunciado el lunes quedaba desconvocado. Ante los patronos alegó motivos formales.

Tras esta desconvocatoria no se apunta otra fecha para la celebración de la junta en la que se aprobarán las cuentas. Sobre la mesa están las graves irregularidades detectadas en la auditoría realizada por Puertos del Estado.

Las cuentas fueron firmadas el pasado día 22 por Beatriz Calzada y reflejan que de los 863.521,92 euros que había en cuenta corriente cuando llegó al puerto, ahora solo quedan 558.436,12.

Sólo en gastos atípicos, la fundación se fundió el año pasado 171.486,56 euros, y la descripción de las entidades beneficiarias anima mucho a la especulación: asociación cultural Sentir del Carmen, ACR Cargadores Virgen de la Luz, Asociación La Luz de la Naval, gastos de atrezzo para la entrega de Premios de la fundación en 2025, Casa de Galicia -campaña de Reyes-, actos de coronación canónica de la Virgen del Carmen; Interisleta (equipo de fútbol), media maratón, C.F. Puerto- torneo deportivo-; patrocinio Swinrun (prueba deportiva), coleccionistas marítimos (para fomentar el conocimiento y difusión de la historia y tradiciones del ámbito portuario y regional), Asociación Start-up para el envío de bicis a Gambia; certamen de Pintura Rápida y Fotografía (15.000 euros) para incentivar la creatividad y la participación ciudadana a través de las artes visuales, y actividades del Día de Canarias en el Museo Elder (3.000 euros) “destinadas a celebrar la identidad canaria y la vinculación entre el puerto y la cultura regional”.

Algunas de estas actividades financiadas por la fundación se acercan al objeto de la misma. Se trata de una entidad sin fines lucrativos orientada al fomento de actividades culturales, formativas, deportivas y de investigación en el ámbito portuario canario. Pero en realidad los patronos ya saben que esas acciones están destinadas a la proyección hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la imagen de la presidenta, previsible candidata a la alcaldía, salvo que lo impidan los emergentes pactos de su partido con Primero Canarias.

Mientras, la fundación ha abandonado proyectos tan emblemáticos como el de mujeres portuarias africanas, lo que ha motivado alguna queja institucional que ha sido silenciada.

En total, la fundación perdió en 2025 198.067,53 euros, lo que supuso un incremento del déficit en comparación con los 138.660,30 que perdió en 2024. El agujero vino dado principalmente por los 117.265,21 euros que tuvo que desembolsar la entidad por el despido arbitrario de la anterior gerente para hacerle hueco a la actual. Porque la plantilla media de la fundación, siempre según las cuentas oficiales, es de una persona, una auxiliar.

Las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Puertos de Las Palmas, correspondientes al ejercicio 2025, realizadas por un auditor independiente, refleja el saqueo al que Coalición Canaria está sometiendo a esta entidad, vinculada a la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde que la presidencia la asumiera Beatriz Calzada, secretaria general del partido, quien colocó sin cumplir las exigencias legales a Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral de CC, como gerente de la fundación. Las pérdidas desde que este equipo accedió al puerto son muy abultadas y se han llevado por delante gran parte de los recursos económicos que la fundación mantenía en los bancos para hacer frente a sus gastos corrientes. Y todo para dedicarse a actividades ajenas al objeto de la fundación.

Las cuentas fueron firmadas el pasado día 22 por Beatriz Calzada y reflejan que de los 863.521,92 euros que había en cuenta corriente cuando llegó al puerto, ahora solo quedan 558.436,12.

Sólo en gastos atípicos, la fundación se fundió el año pasado 171.486,56 euros, y la descripción de las entidades beneficiarias anima mucho a la especulación: asociación cultural Sentir del Carmen, ACR Cargadores Virgen de la Luz, Asociación La Luz de la Naval, gastos de atrezzo para la entrega de Premios de la fundación en 2025, Casa de Galicia -campaña de Reyes-, actos de coronación canónica de la Virgen del Carmen; Interisleta (equipo de fútbol), media maratón, C.F. Puerto- torneo deportivo-; patrocinio Swinrun (prueba deportiva), coleccionistas marítimos (para fomentar el conocimiento y difusión de la historia y tradiciones del ámbito portuario y regional), Asociación Start-up para el envío de bicis a Gambia; certamen de Pintura Rápida y Fotografía (15.000 euros) para incentivar la creatividad y la participación ciudadana a través de las artes visuales, y actividades del Día de Canarias en el Museo Elder (3.000 euros) “destinadas a celebrar la identidad canaria y la vinculación entre el puerto y la cultura regional”.

Algunas de estas actividades financiadas por la fundación se acercan al objeto de la misma. Se trata de una entidad sin fines lucrativos orientada al fomento de actividades culturales, formativas, deportivas y de investigación en el ámbito portuario canario. Pero en realidad los patronos ya saben que esas acciones están destinadas a la proyección hacia la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la imagen de la presidenta, previsible candidata a la alcaldía, salvo que lo impidan los emergentes pactos de su partido con Primero Canarias.

Mientras, la fundación ha abandonado proyectos tan emblemáticos como el de mujeres portuarias africanas, lo que ha motivado alguna queja institucional que ha sido silenciada.

En total, la fundación perdió en 2025 198.067,53 euros, lo que supuso un incremento del déficit en comparación con los 138.660,30 que perdió en 2024. El agujero vino dado principalmente por los 117.265,21 euros que tuvo que desembolsar la entidad por el despido arbitrario de la anterior gerente para hacerle hueco a la actual. Porque la plantilla media de la fundación, siempre según las cuentas oficiales, es de una persona, una auxiliar.

Santander, Pedreña y Somo contarán desde el próximo viernes 26 de junio con un nuevo servicio marítimo regular de pasajeros operado por ALSA en la bahía de Santander. La compañía se incorpora así a una conexión cubierta hasta ahora por Los Reginas, que presta este servicio desde 1967 y tendrá horarios de madrugada por primera vez en e la ruta Santander-Somo y vuelta, los fines de semana.

El viaje costará 1,75 euros entre Somo y Pedreña y 3,5 euros hasta Santander. En cuanto a los horarios, la primera embarcación saldrá de Somo a las 7.00 horas y de Santander a las 7.25, y las últimas serán a las 23.30 y 23.55 de Somo. Como novedad, los fines de semana el servicio funcionará hasta las 4.30 en Santander y las 4.55 en Somo.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, esta iniciativa constituye “una buena noticia para los vecinos y usuarios habituales”, ya que “incrementará la flexibilidad en sus desplazamientos y ofrecerá, además, una alternativa real al uso del vehículo privado”.

Díaz, que esta mañana ha dado la bienvenida al Puerto al nuevo concesionario durante la presentación del servicio, ha asegurado que “la Bahía ha sido históricamente un espacio de comunicación, intercambio y actividad económica”. En este sentido, ha señalado que con esta iniciativa se recupera y actualiza esa vocación, adaptándola “a las demandas de una sociedad que reclama alternativas de movilidad respetuosas con el medio ambiente y capaces de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El presidente de la administración portuaria estuvo acompañado en el acto por el director de Zona Norte de ALSA, Luis García Panizo; el gerente del contrato en Cantabria de la empresa, Daniel Álvarez; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón; y el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado que la entrada en funcionamiento de este nuevo servicio marítimo regular “supone una mejora para la movilidad de toda la bahía y una nueva oportunidad para reforzar la conexión histórica que Santander mantiene con Pedreña y Somo”.

En este sentido, ha señalado que la incorporación de nuevas frecuencias y embarcaciones “ofrece más opciones de desplazamiento a vecinos y visitantes, favorece una movilidad más eficiente y contribuye a poner en valor la bahía como un espacio de comunicación, actividad económica y encuentro entre municipios”.

Igual ha agradecido la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santander, del Gobierno de Cantabria, de ALSA y de los ayuntamientos implicados para hacer realidad esta iniciativa. Además, ha subrayado que las inversiones asociadas al proyecto “permitirán seguir mejorando las infraestructuras y la accesibilidad de los puntos de embarque, ofreciendo un servicio de mayor calidad a los usuarios y fortaleciendo la conexión marítima como una alternativa de transporte cada vez más atractiva en el entorno de la bahía”.

El nuevo operador cuenta con una concesión administrativa de la APS otorgada por un plazo de doce años y vinculada a la prestación de este servicio de transporte de pasajeros. El proyecto contempla una inversión de dos millones de euros en la adquisición de dos embarcaciones: una para el transporte de pasajeros y otra para excursiones, que también realizará la compañía. Además, ALSA ha instalado pantalanes en Somo y Pedreña, y deberá acometer la adecuación y mejora de las escaleras de Los Raqueros.

El embarque y desembarque de pasajeros en Santander se prestará temporalmente en las escaleras situadas al sur del Palacete del Embarcadero. No obstante, el punto definitivo será en las escaleras de Los Raqueros, una vez finalicen las obras de rehabilitación y mejora de la accesibilidad, que se ejecutarán después del verano.

El servicio se realizará con el Ecocat IV, un catamarán de dos cubiertas con capacidad para 105 pasajeros, fabricado en los astilleros cántabros Metaltec.

Por último, Díaz ha destacado “el esfuerzo que está realizando la APS para mantener en condiciones adecuadas de navegabilidad la canal de navegación entre Punta Rabiosa, Pedreña y Somo”. Para ello, existe un contrato de dragado a lo largo de cinco años, concretamente hasta 2029, por valor de 1,7 millones de euros, del que ya se han ejecutado las campañas correspondientes a 2025 y 2026.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha pedido este jueves tiempo al consejo de administración del organismo público para encontrar una forma de encajar la sucesión de ilegalidades detectadas en la Fundación Puertos de Las Palmas por una auditoría de Puertos del Estado y salvar de momento los puestos de trabajo de varios correligionarios suyos, miembros de la directiva insular de Coalición Canaria.

Lejos de encajar lo ocurrido aceptar el resultado de la auditoría, Calzada optó este jueves por una huida hacia adelante consistente en pedir una reunión más con Puertos del Estado en la que exponer una nueva versión de su equipo y aplicar lo que ella misma llamó “medidas para corregir algunas cuestiones” sin especificar. Así se expresó ante los periodistas al término de la reunión del consejo de administración del organismo, que de momento tampoco actuará frente a las graves irregularidades detectadas en la auditoría, la más grave de ella, la contratación de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, a la sazón secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Y eso pese a las severas advertencias que pronunciaron en esa reunión tanto la abogada del Estado destacada en la Autoridad Portuaria como el representante en el consejo de Puertos del Estado, para quienes la auditoría refleja unas ilegalidades que podrían salpicar no solo a todas aquellas personas con responsabilidad directa sobre ellas, sino también contra las que, conociéndolas, no actúen.

La abogada del Estado, que confesó que se leyó la auditoría solo 24 horas antes del consejo, fue relatando punto por punto las más graves ilegalidades detectadas y fue llamando la atención sobre cada una de ellas, haciendo especial hincapié no solo en la contratación de la gerente sin ningún tipo de procedimiento legal, sino también el modo en el que fue despedida su antecesora, mediante una indemnización de 125.000 euros, para dejar el hueco libre. “No existe la contratación directa en la Administración del Estado”, recordó la abogada del Estado a los presentes, con especial dedicatoria a la presidenta de la Autoridad Portuaria, que es también la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas.

En la rueda de prensa posterior al consejo, Beatriz Calzada ocultó todos estos detalles y trató de minimizar al máximo el alcance de la auditoría. Dio a entender que el informe final de este análisis de situación de la fundación se aleja bastante de la visión que ella y su equipo tienen de su gestión, aunque esa visión ya está recogida en el informe mediante entrevistas personales y un contrainforme aportado en tiempo y forma.

Resulta tan insignificante para la presidenta de la Autoridad Portuaria lo ocurrido alrededor de esta auditoría y su debate en el consejo de administración, que la reseña enviada por correo electrónico a los medios al término de su rueda de prensa dedica a la cuestión solo un párrafo, el noveno, con esta redacción: “Además, Calzada ha presentado a los consejeros el informe definitivo de Auditoría Interna realizada a la Fundación Puertos de Las Palmas por parte de Puertos del Estado. Así, la presidenta ha puesto en conocimiento de los consejeros las medidas adoptadas que emanan de la Orden Ministerial del año 2013 que mandataba que la fundación debería dejar de ser parte del sector público estatal”.

A preguntas de este periódico, Calzada reconoció que ninguna de esas medidas incluye, por ejemplo, la resolución del contrato de la actual gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, declarado ilegal por esa auditoría. La secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria continuará en su puesto a pesar de haberlo cubierto sin ningún tipo de procedimiento legal, es decir, a dedo. Calzada lo justificó ante los periodistas en que ese fue también el mismo método que se usó para contratar a su antecesora, Ana Pérez. Lo cual es falso porque, en realidad, aquella gerente, que era trabajadora de la casa, cubrió la plaza en funciones ante el vacío que se produjo por la marcha de quien fuera histórico gerente del órgano, Sergio Galván.

La presidenta de la Autoridad Portuaria no concretó qué “cuestiones” son las que deberá corregir la fundación que ella misma preside y a las que redujo la controversia, pero sí insistió en que esas correcciones se harán en coordinación con Puertos del Estado, que es el organismo que hizo la auditoría y que ha recomendado que se disuelva la fundación.

Respecto a este extremo, Beatriz Calzada recordó que desde una instrucción del Gobierno de España de 2013, fundaciones públicas como la de Puertos de Las Palmas deberían estar ya disueltas, extremo que calcula que podría ocurrir en torno al año 2028, cuando acabará la concesión que la Autoridad Portuaria hizo a su favor del edificio que ocupa en terreno portuario y que constituye la principal fuente de ingresos. “Los patronos tienen ganas de continuar”, dijo la presidenta, por lo que todo hace pensar que al menos hasta ese año habrá gerente designada ilegalmente y fundación de carácter público.

Para entonces ella habrá acabado su mandato al frente de la Autoridad Portuaria, donde podrán permanecer si así lo desean los siguientes cargos orgánicos de Coalición Canaria: Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral; Marcial J, Rodríguez de León, secretario de Cultura del partido, contratado mediante una asistencia externa pero cobrando como falso autónomo en la Fundación Puertos de Las Palmas; Nira Pulido Suárez, técnico Económico-Financiero en la Autoridad Portuaria y actual secretaria insular de Identidad de Coalición Canaria, así como la hermana del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Leticia Padilla Macabeo, adscrita como administrativa a la Dársena de Embarcaciones Menores.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha informado este jueves de que ha procedido al “desahucio administrativo del dominio público portuario” de otra embarcación debido a que “está ocupando sin autorización” el puesto de amarre en la Dársena de Embarcaciones Menores “y no ha atendido al requerimiento previo de desalojo”.

Así lo expresa en una nota de prensa el organismo público, que recoge lo acordado este jueves en el Consejo de Administración, donde se ha contabilizado, hasta la fecha, el desalojo de un total de 37 embarcaciones.

Además, el Consejo ha desestimado cuatro recursos de alzada interpuestos por los propietarios de otras cuatro embarcaciones contra la resolución del director de la Autoridad Portuaria, donde se deniega la autorización de uso de puesto de amarre en el Muelle Deportivo.

En cuanto a las razones, la Autoridad Portuaria especifíca “haber quedado acreditado que utilizan la embarcación como vivienda, uso residencial no permitido en el dominio público portuario”.

El pasado mes de abril, la plataforma Mi Barco, Mi Casa informó de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha ordenado “el desalojo” de más de 100 embarcaciones del muelle deportivo de la capital. 

La plataforma está especialmente preocupada por algunos casos de personas vulnerables, y alude a un caso en concreto; el de un señor de edad avanzada que padece una “grave enfermedad”, y que, además, está “en cuidados paliativos” al que también le han notificado su expulsión. “Está un poco desamparado, pero se ha puesto en contacto con un abogado”, confirman desde la plataforma.  

Además, la plataforma asegura que la dirección del Muelle Deportivo, que dirige Dácil La Camera, deniega la posibilidad de pagar el atraque de las embarcaciones. “No te notifican ninguna causa, directamente no te dejan pagar el atraque sin ninguna explicación”, aseguraron a esta redacción. 

Desahucio del Centro Comercial Sotavento

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha informado a los consejeros acerca de la ejecución del desahucio del Centro Comercial Sotavento.

Según Calzada, el pasado 15 de junio se procedió a la entrada en los locales vacíos y zonas comunes, recuperando así la posesión de las zonas.

Dentro del inmueble aún quedan una serie de locales ocupados por otras tres empresas; el restaurante Allende y la tienda de submarinismo FIFO (en ambos casos, la Autoridad Portuaria está a la espera de recibir la autorización judicial para proceder al desalojo forzoso), y las oficinas de Canarias Óptima Profesional S.L, que en este caso, “el procedimiento de desahucio se encuentra en tramitación”, subraya.

Además, en las oficinas de Canarias Óptima Profesional S.L, el Consejo ha delegado en la Presidencia de la Autoridad Portuaria para resolver el procedimiento de desahucio administrativo, “lo que permitirá garantizar la resolución de dicho procedimiento dentro del plazo legalmente establecido”, destaca.

La Fundación Puertos de Las Palmas se consolida como agencia de colocación de Coalición Canaria en Gran Canaria. A su gerente, Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral, contratada ilegalmente, se ha sumado el secretario de Cultura del partido, Marcial J. Rodríguez de León. Según una auditoría de Puertos del Estado a esa fundación mantenida en secreto tanto por la entidad como por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Rodríguez fue inicialmente contratado para una consultoría, pero en realidad está realizando labores administrativas tales como “la invitación a licitadores para participar en contratos menores, gestión de expedientes y remisión de documentación de la propia fundación a Puertos del Estado”.

La Auditoría Interna en la Fundación Puertos de Las Palmas, realizada por Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, será analizada este jueves por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que hasta el momento ha mantenido un absoluto mutismo sobre su existencia a pesar de estar en su poder desde el pasado mes de abril.

En ella se muestran decisiones verdaderamente escandalosas que empiezan por la contratación de su gerente, Betsabé Morales, que llegó a ese puesto sin someterse al más mínimo proceso de selección de la mano de la presidenta de la Autoridad Portuaria, que a su vez preside la fundación.

Para poder contratarla, Beatriz Calzada, que a su vez es secretaria de Organización de CC en Gran Canaria, despidió a la anterior gerente en funciones, Ana Pérez, a la que, sin embargo, había prometido que se publicaría un proceso selectivo al que ella se podría presentar. Así consta en un correo electrónico que Calzada remitió a Pérez el 19 de noviembre de 2024: “Tal y como te comenté el pasado mes de abril, la intención es sacar la plaza de gerente a concurso en convocatoria abierta”, le decía entre otras promesas.

Los auditores de Puertos del Estado preguntaron a la actual gerente por estos extremos y ésta les llegó a decir que había habido “un proceso de selección basado en los currículos de los candidatos”, lo que “no se corresponde con las actas facilitadas”, se dice en el informe de auditoría.

Para justificar estas irregularidades, la fundación ha alegado que la contratación se produjo por “una situación de urgente necesidad y falta de tiempo para una convocatoria de larga duración”, lo que los auditores rechazan por no estar contemplada esa solución en ningún escenario previsto por las normas.

En el caso de Marcial J. Rodríguez de León, contratado para una auditoría externa, está desarrollando “tareas propias del personal administrativo y estructural de la fundación”, lo que constituye un riesgo alto de que plantee una demanda judicial, la gane y haya que convertirlo en trabajador indefinido no fijo.

Este asesor pasa facturas mensuales por importe de 1.420 euros, cuando su contrato inicial como asesor externo esa mensualidad estaba valorada en 1.183,33. La fundación dice ahora que se trata de “un error” que se propone regularizar próximamente.

A esa irregularidad, los auditores unen la de dos trabajadores más que prestan sus servicios en tareas administrativas a través de la empresa Activa Trabajo Canarias ETT. No se informa de momento de la identidad de esos trabajadores.

El entrenamiento para una media maratón

La auditoría recoge una batería de gastos muy llamativos que para los auditores no se corresponden con los objetivos de la Fundación Puertos de Las Palmas. Van desde procesiones religiosas a patrocinios deportivos, pasando por el pago a un entrenador profesional para que preparase a las personas que se inscribieron en una media maratón a razón de 26 euros por persona con un tope de 14.900 euros.

Se trata de gastos que se encaminan al fortalecimiento de la imagen de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en su carrera para ser candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El marketing y la imagen constituyen el centro de muchas de las decisiones puestas en entredicho por los auditores, desde la contratación de la gerente, que llegó hasta allí después gestionar la empresa de publicidad Kinewa Ideas del País, muy vinculada a otras acciones de la Autoridad Portuaria, a múltiples acciones promocionales como el acto de entrega de los Premios Fundación Puertos de Las Palmas (14.989,85 euros); la presentación de la marca “Fundación Puertos”, por 13.791,21 euros, adjudicada a Atlantis para nueve acciones de las que solo constan tres; o el proyecto Un puerto abierto para todos, adjudicado a QRear Comunicación por 14.850 euros gracias a una oferta presentada fuera de plazo.

Dentro de estas acciones a mayor gloria de la imagen del puerto y su presidenta se incluye la contratación por 14.900 euros del servicio “cobertura fotográfica y videográfica de las actividades llevadas a cabo por la Fundación Puertos de Las Palmas”, contrato que recayó en la pareja de la jefa de gabinete de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Angélica Muñoz, también de Coalición Canaria. A este fotógrafo se le atribuyen también varios contratos menores en la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las acciones fuera del puerto, es decir, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tienen mucho que ver con las vírgenes de los alrededores. 

A la coronación canónica de la Virgen del Carmen se destinaron 5.000 euros, entregados a la parroquia de igual nombre; a las fiestas del Carmen de 2025 se entregaron 2.000 euros sin factura, solo mediante un recibo de la parroquia y a las Fiestas de la Naval 2025, otros 2.000.

Con este panorama en la Fundación Puertos de Las Palmas dibujado tan crudamente por Puertos del Estado, todavía sigue como gerente Betsabé Morales y en el patronato organismos públicos como la Capitanía Marítima, Mando Naval de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Ayuntamiento de Arona ha denunciado la concentración “masiva” de embarcaciones fondeadas frente a la playa de Las Vistas, en Los Cristianos, una situación “reiterada” que, en determinadas jornadas, alcanza un nivel de ocupación que afecta al entorno de baño, a la imagen del litoral y a la percepción del destino turístico.

Así lo ha lamentado este martes la alcaldesa , Fátima Lemes, que expone que ya son “varios” los años que llevan padeciendo esta situación: “Es insostenible. No podemos normalizar un escenario que afecta a uno de los espacios más emblemáticos del municipio, clave tanto para los residentes como para quienes nos visitan. Necesitamos el apoyo de las autoridades competentes para actuar de manera efectiva y poner orden”, ha añadido.

El consistorio explica que ha recibido en las últimas horas nuevas comunicaciones ciudadanas, acompañadas de imágenes, alertando del estado de saturación del fondeo frente a la playa. Según estas comunicaciones, la preocupación no solo se limitaría al impacto visual, sino que se extiende a la seguridad, la salubridad y la protección ambiental en una playa de uso intensivo.

“Desde el Ayuntamiento de Arona no vamos a mirar hacia otro lado ante una situación que preocupa cada vez más a vecinos, usuarios de nuestras playas y al sector turístico. La acumulación indiscriminada de embarcaciones frente a la playa de Las Vistas exige una actuación inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes”, ha advertido la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Clari Pérez.

El Ayuntamiento recuerda que la ordenación, autorización, vigilancia y control de los fondeos en aguas marítimas -y, en su caso, portuarias- no es competencia municipal, pero subraya que sí tiene el deber institucional de defender los intereses generales de Arona, proteger la seguridad de los usuarios de sus playas y exigir una respuesta eficaz ante un problema que no puede ser “estructural”.

Medidas “urgentes”

Por ello, el consistorio ha decidido poner los hechos en conocimiento y requerir actuaciones a Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento solicita que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se adopten medidas para controlar el fondeo frente a Las Vistas, especialmente en las zonas próximas al área de baño. Se plantea la delimitación clara de zonas de fondeo autorizadas, el control efectivo de distancias de seguridad y balizamientos, el refuerzo de la vigilancia en la lámina de agua en días de mayor presión, la realización de inspecciones periódicas, la identificación de embarcaciones fondeadas de forma prolongada cuando proceda y la incoación de expedientes sancionadores ante incumplimientos de normativa de seguridad, navegación o protección ambiental.

“No se trata de señalar a la navegación recreativa ni de generalizar sobre los usuarios de embarcaciones”, remarca el Ayuntamiento, “sino de ordenar una realidad que, por su volumen, reiteración y potencial afección, exige una respuesta proporcionada, coordinada y eficaz en defensa del interés general”.

Parecía imposible igualar, y mucho menos superar, los registros de inmundicia dejados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por elementos como Luis Hernández, José Manuel Arnáiz o Javier Sánchez-Simón. Pero la actual presidenta, Beatriz Calzada, promete dejarlos a todos ellos como auténticos aficionados. Su gestión, su nefasta gestión, demuestra lo equivocados que estaban los que decidieron un día que había que compartir con las administraciones autonómicas la designación de esos cargos, puestos mayormente para el chanchullo y el tributo al partido de turno, al que le toca colocar a los suyos y a las suyas, aprovechándose de la “plena autonomía de gestión” que les concede la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En fin.

El ejemplo más práctico de para qué sirve un presidente o presidenta de autoridad portuaria lo vivimos muy de cerca con la crisis del hantavirus, es decir, con la gestión del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla. Fernando Clavijo se puso flamenco anunciando al mundo, a pocos metros de varios ministros y del presidente de Puertos del Estado, que había dado instrucciones para que no se autorizara la entrada del barco en el puerto. 

Se supone que las instrucciones las habría cursado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en este caso Pedro Suárez López de Vergara, de la cuota del Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria. No sabemos con precisión hasta dónde llegaron las presuntas órdenes de Fernando Clavijo, si llegó a llamar a Suárez o alguien por el camino le avisó de que se dejara de boberías, que los presidentes de autoridades portuarias no pueden llegar tan lejos. Ni falta que les hace, que están para otras cosas.

Ya sabemos cómo acabó el órdago del presidente canario, tragándose sus palabras y sustituyendolas por un discurso de agravio y de oprobio metropolitano. Lo se siempre.

Fijado el marco competencial, volvamos a Las Palmas. Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, es la número dos del partido en la isla después de ese portento de la gestión que es Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, sí, “y Vivienda”. Desde que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta presidenta no solo se ha saltado toda la normativa respecto a la contratación de personal sino que, para que parezca que no pasa nada, aplica una táctica constante de oscurantismo que trata de escamotear con la apariencia de transparencia que desarrolla dejándose entrevistar por medios de comunicación en pay per view, es decir, pagando al peso las entrevistas con dinero de los contribuyentes.

Entre otras cosas trata de tapar un flagrante incumplimiento de una sentencia judicial que condenó a la directora de Recursos Humanos por acoso laboral sin que, por el momento, se haya actuado como ordenaba esa resolución judicial. Creyó que indemnizando a la víctima con un pastizal de dinero público las aguas iban a calmarse y que no habría más denuncias. Y ya van al menos siete.

No erradica el problema, que es la jefa de Recursos Humanos, autora del delito, según la sentencia, sino que la protege y la mantiene en su puesto, contra la que se han dirigido todas esas denuncias por acoso.

Tiene en su poder un demoledor informe que tuvo que encargar por imposición de la Inspección de Trabajo en el que se le viene a decir que la política de personal es una bomba a punto de estallar y que la culpable es ella por no actuar. Pero no actúa y nadie le indica que debe hacerlo de inmediato porque goza de autonomía respecto a Puertos del Estado, del apoyo del consejo de administración del organismo y del Gobierno de Canarias, lo que les convierte a todos ellos en cómplices.

También tiene en su poder una demoledora auditoría sobre la gestión económica y de contratación de Fundación Puertos de Las Palmas que esconde convenientemente y que a día de hoy no conocen ni siquiera los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. O al menos la desconocen los que no son de su cuerda política pero que se sientan en ese órgano como representantes de las instituciones públicas. Nosotros se la hemos pedido (a ella y a Puertos del Estado) pero no hay manera de conocerla.

Y por si esos informes fueran pocos, también tiene (o debería tenerlo) uno del comité de empresa, fechado en mayo pasado, que relata casos concretos de nepotismo que tienen como beneficiarias a personas de Coalición Canaria o vinculadas con altos cargos de Coalición Canaria.

Son estas:

Angélica Muñoz, su mano derecha, su jefa de gabinete. Periodista, ha pasado por diversos puestos de trabajo vinculados a instituciones de la mano de Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento de Telde a la vicepresidencia del Gobierno con Pablo Rodríguez, pasando por el grupo de consejeros de CC en el Cabildo de Gran Canaria. Es un cargo de confianza, con lo cual, poco que objetar, salvo por el nada desdeñable dato de que fue la persona que, aparentando ser una técnica, puso su firma en el informe de adjudicación por 440.000 euros de un contrato de publicidad para la agencia Kinewa Ideas del País, S.L. Junto a la suya, la firma del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.

Pero, ¿qué es Kinewa?

Pero, ¿qué es Kinewa? Pues es la empresa de la que era CEO Betsabé Morales Perdomo, que dimitió como tal tres días después de que Beatriz Calzada fuera designada presidenta de la Autoridad Portuaria para ser nombrada, previa defenestración traumática de su antecesora, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas contraviniendo todas las exigencias legales propias de una fundación del Estado.

¿Y por qué es tan importante Betsabé Morales Perdomo? Pues porque, casualmente, es la secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Nira Pulido es la secretaria de Identidad (sic) de Coalición Canaria en Gran Canaria y figurante número siete de la lista de ese partido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. Trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde marzo de 2024 como “técnica económica financiera”, plaza que obtuvo mediante un proceso selectivo que a los sindicatos del organismo huele a chamusquina. Solo se presentaron dos personas, ella y otra más, pese a que se pretendía abrir una bolsa de trabajo; se concedieron sólo tres días para cumplimentar las candidaturas y ella derrotó a su contrincante por el doble de puntos.

María Leticia Padilla Macabeo. Es hermana de Luis Padilla Macabeo, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Según la denuncia sindical, se le incorporó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas sin proceso alguno de selección.

Por no hablar del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, designado como tal en flagrante fraude de ley por haber entrado en el organismo sin cumplir los mínimos requisitos y sostenido en el tiempo (antes incluso de la era Calzada) a pesar de las numerosas advertencias, convenientemente sorteadas por la actual presidenta.

Por si todo este panorama fuera poco, la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han publicado una convocatoria para jefe de auditoría y control interno que tiene todo el olor, el color y el sabor de ser otro caso de nepotismo. Pero, si me lo permiten, este me lo voy a guardar para comentarlo cuando se perpetre, que va a ser más interesante.

Los titulares de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Calzada y Pedro Suárez, han trasladado este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al consejero de Movilidad regional, Pablo Rodríguez, su preocupación por el impacto de las tasas de emisiones ETS de la Unión Europea en su competitividad y conectividad.

En una reunión, Calzada y Suárez han comunicado las conclusiones de los encuentros celebrados la pasada semana en Bruselas con las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con la aplicación del sistema ETS al transporte marítimo, según han detallado en un comunicado, ambos titulares.

Así, los dos presidentes de las autoridades portuarias expresaron la preocupación existente en las regiones ultraperiféricas europeas y señalaron que “Canarias no puede afrontar en igualdad de condiciones una regulación diseñada desde la realidad continental europea, porque nuestra dependencia del transporte marítimo afecta directamente al abastecimiento, a la conectividad y al coste de vida de la ciudadanía”.

En este contexto, trasladaron a Fernando Clavijo la decisión adoptada por todos los puertos de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal de asociarse para actuar de manera coordinada ante las instituciones europeas y defender una posición común frente a la aplicación del sistema de comercio de emisiones, reforzando así la presión institucional en Bruselas con una estrategia conjunta.

Asimismo, los responsables portuarios insistieron en la necesidad de que los presidentes de los gobiernos de las distintas regiones ultraperiféricas continúen implicándose directamente en la interlocución con Europa, dada la dimensión estratégica que esta cuestión tiene para los territorios insulares.

Por su parte, según indica el comunicado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recogió esta petición y reiteró su compromiso de seguir defendiendo ante las instituciones europeas la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de la aplicación de las tasas ETS, y trabajar en una hoja de ruta común con las dos autoridades portuarias para trasladar a Europa el impacto que tendría esta medida sobre Canarias.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha concluido con éxito la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras, una actuación científica que vuelve a confirmar la importancia ecológica de este enclave como punto estratégico de descanso y recuperación para aves migratorias en sus desplazamientos entre África y Europa.

La campaña, desarrollada entre el 20 de abril y el 1 de mayo de 2026, se enmarca dentro del contrato de seguimiento y conservación de la biodiversidad que la APC mantiene con el Grupo de Investigación de Ecosistemas Mediterráneos (ECOMED) de la Universidad de Murcia, coordinado por el biólogo y anillador autorizado Jacinto Martínez Ródenas.

Durante las dos semanas de trabajo se capturaron 93 aves pertenecientes a 17 especies distintas, de las cuales 13 son migradoras. Entre ellas destacan especies transaharianas como el mosquitero musical, la curruca zarcera, la golondrina dáurica o el alcaudón común, aves que recorren miles de kilómetros entre Europa y el África subsahariana.

La campaña se realizó mediante un sistema de anillamiento científico constante con 11 redes instaladas en los mismos puntos utilizados en años anteriores, permitiendo así comparar los datos y detectar cambios reales en las poblaciones de aves y en sus patrones migratorios.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la constatación del papel fundamental de la Isla de Escombreras como área de parada migratoria, esencial para que numerosas especies puedan descansar y recuperar reservas energéticas durante sus largos desplazamientos.

Entre los casos registrados destacan un mosquitero común que aumentó cerca de un 3% su peso corporal en apenas un día o una curruca zarcera que incrementó aproximadamente un 15% su masa corporal en solo cinco días, reflejando la elevada capacidad de recuperación que ofrece este enclave mediterráneo para las aves migratorias.

Más de dos décadas de compromiso ambiental

La Autoridad Portuaria de Cartagena desarrolla desde hace más de veinte años una estrategia ambiental pionera dentro del sistema portuario español, integrando la conservación de la biodiversidad en la gestión diaria del puerto.

En el caso de la Isla de Escombreras, la APC impulsa desde 2007 programas continuos de investigación, seguimiento y conservación ambiental, convirtiendo este espacio en uno de los enclaves naturales mejor monitorizados de la Región de Murcia.

Gracias a este trabajo se han desarrollado estudios científicos sobre flora, fauna, aves marinas, cetáceos y especies protegidas, además de iniciativas de conservación de gran relevancia como el estudio genético del lagarto de Escombreras o el seguimiento de la Manzanilla de Escombreras, una planta endémica en peligro crítico cuya única población mundial se encuentra en esta isla.

Los programas científicos impulsados por la APC han permitido además registrar más de 10.000 aves y más de 200 cetáceos en el entorno portuario.

Este compromiso ambiental ha situado al Puerto de Cartagena como referente nacional e internacional en sostenibilidad portuaria, siendo el primer puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y pionero en proyectos innovadores como la reforestación de Posidonia oceánica en aguas portuarias, señala la APC en una nota de prensa.

La APC alcanzó ya en 2022 más del 90% de los objetivos ambientales fijados por el Marco Estratégico del sistema portuario español para 2030, consolidando un modelo de gestión basado en la ciencia, la colaboración con las universidades y la transparencia ambiental.

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado la mejora de los accesos al Faro de Cabo Mayor, tras una inversión de 278.875 euros para transformar la vía con un cemento que se ilumina de noche. La renovación ha recuperado este entorno, propiedad de la Autoridad Portuaria (APS), para que dejase de ser únicamente un acceso rodado y convertirse en un recorrido integrado en el entorno.

La actuación ha estado enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la APS.

En el acceso al Faro, se ha creado una plataforma peatonal separada de la carretera, que mantiene el doble sentido y reduce la velocidad. Además, se ha utilizado pavimento diferenciado con un hormigón que se ilumina de noche; y se ha instalado iluminación baja no invasiva, apartaderos para facilitar el cruce de vehículos y elementos naturales de separación entre la zona rodada y peatonal. Asimismo, se han mejorado las zonas de estancia con soluciones paisajísticas y de drenaje compatibles con el entorno natural.

Esta intervención se suma al Parque 2020, la renaturalización de la avenida Doctor Diego Madrazo o el polémico aparcamiento de Mataleñas, que se encuentra en obras.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado este lunes la zona junto al presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz; los concejales de Fomento, Agustín Navarro; Barrios, Lorena Gutiérrez; y Turismo, Fran Arias; y vecinos de Cueto.

En agosto de este año se cumplen 20 años de la apertura del Faro como centro de arte, efeméride que se conmemorará con diversas actividades. Además, la torre del Faro permanecerá abierta para visitas guiadas, con horario ampliado para adaptarlo a la época estival.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han realizado una visita técnica a diversos inmuebles patrimoniales de titularidad estatal situados en el entorno portuario, entre ellos el silo, que presenta un estado de preservación favorable, más allá de los deterioros propios derivados de haber permanecido cerrado durante décadas.

Las instituciones coinciden en que evitar su demolición y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) representa un avance significativo para la conservación de la memoria histórica de Canarias.

El silo constituye una pieza singular dentro del patrimonio industrial español, al integrarse en la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada durante la posguerra.

Además, destaca por ser el único silo portuario de tipo P que se conserva en España, circunstancia que le otorga un carácter excepcional en el contexto nacional.

A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia paisajística en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota del Ejecutivo regional.

La historiadora Amara Florido, que entregará próximamente un informe técnico detallado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, señaló que el principal reto pasa por redefinir el uso del inmueble.

“El gran desafío del patrimonio industrial, una vez finaliza su actividad productiva, es dotarlo de una segunda vida”, explicó.

En su opinión, existe “una oportunidad única para transformar este espacio hermético y de gran impacto visual en un activo dinámico para la ciudad”.

Con esta nueva línea de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ambas instituciones avanzan en la protección de un legado patrimonial de enorme valor histórico y cultural.

El objetivo común es impulsar una rehabilitación que integre el patrimonio industrial en el desarrollo urbano de la capital y contribuya a recuperar la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.

Este encuentro ha permitido sentar las bases de un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones para proteger bienes de gran relevancia histórica y cultural.

Túneles de La Alegría

La visita incluyó un recorrido por el Silo, el Muelle de Cory, la Batería del Bufadero y los túneles del Barrio de La Alegría.

En ella participaron el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, acompañados por sus respectivos equipos técnicos y por la doctora en Historia del Arte, especializada en patrimonio industrial, Amara Florido.

La jornada revistió especial importancia, ya que es la primera vez que la Alta Inspección accede a estos espacios para conocer de primera mano su situación actual.

Miguel Ángel Clavijo destacó que este encuentro supone “un paso decisivo para formalizar un convenio de cooperación entre ambas instituciones que permita proteger el patrimonio que custodia la Autoridad Portuaria”.

Asimismo, subrayó que el objetivo es encontrar fórmulas que permitan dotar a estos espacios de “un uso social y abierto a la ciudadanía”.

Por su parte, Pedro Suárez recordó que, aunque la principal misión de la Autoridad Portuaria es el desarrollo de las infraestructuras portuarias, la entidad mantiene también “la responsabilidad de conservar los elementos arquitectónicos y defensivos más significativos del área”.

En este sentido, valoró el respaldo del Gobierno de Canarias para “garantizar una utilidad real y sostenible para estas instalaciones”.

El desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius, el barco en el que han fallecido tres viajeros (uno de ellos continúa a bordo) tras contraer hantavirus, ya tiene protocolo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado cómo será la operación: los pasajeros abandonarán el barco por turnos, en barcaza, sin pisar el puerto, y serán trasladados directamente al aeropuerto sur de la isla para ser repatriados a sus países de origen.

Así será el operativo: de la barcaza al avión sin tocar el puerto

Suárez lo explicó en una entrevista en el programa La hora de TVE, donde ha querido “calmar los ánimos” ante la alarma social generada por la llegada del crucero a aguas canarias.

Según el plan previsto, los pasajeros no desembarcarán directamente en tierra. En su lugar, saldrán del crucero fondeado en el mar hacia una barcaza, por grupos y de forma escalonada. Una vez en el muelle, subirán al cantil y de ahí, directamente a un autobús que los llevará al aeropuerto del sur de Tenerife, donde ya hay aviones preparados para repatriarlos.

El propio Suárez ha aclarado que los pasajeros serán entregados “al pie de la escalerilla del avión”, sin margen para el contacto con el exterior.

Respecto a la distancia a la que fondeará el MV Hondius de la costa, el responsable del puerto ha explicado que esa decisión corresponde al capitán marítimo, aunque ya ha adelantado que “no podrá ser muy lejos del lugar de desembarque”, teniendo en cuenta la poca experiencia náutica de los pasajeros y que “cuanto menos largo sea el trayecto, mucho mejor, más rápido y más cómodo”.

Queda pendiente la firma del protocolo oficial

A pesar de que el operativo está prácticamente cerrado, Suárez reconoció que aún falta formalizar un documento de protocolización que dé respaldo oficial al procedimiento. Los detalles logísticos finales, incluido el punto exacto de fondeo del barco, están pendientes de ser confirmados.

Protesta de trabajadores del puerto, pero también apoyo

Aún así el desembarco no está exento de polémica. Trabajadores portuarios han convocado una manifestación para oponerse a la llegada del crucero. Sin embargo, Suárez precisó que esa protesta no tiene relación con los empleados del puerto de Granadilla, que es donde operará el MV Hondius.

Según el presidente de la Autoridad Portuaria, los trabajadores del muelle sí han reflejado su apoyo en “sendos documentos” y que incluso se han sumado a la coordinación de la operación “en el caso de que los necesitaran”.

Comparativa con la pandemia del Covid-19: “Lo hemos hecho antes”

Para zanjar las dudas sobre la capacidad del puerto para gestionar una situación de este tipo, Suárez ha recordado que ya llevaron a cabo operaciones similares durante la pandemia de Covid-19 en 2020, y que en todas las ocasiones concluyeron “con total éxito”.

La experiencia acumulada en esos años de pandemia, según el responsable portuario, respalda la viabilidad y la seguridad del protocolo diseñado ahora para los pasajeros del MV Hondius.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El Puerto de Santander ha sido escenario de la demostración de drones y tomografías que detectan personas en el interior de los contenedores diseñados para mejorar la seguridad. Dos proyectos, desarrollados con ayudas concedidas por el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario Puertos 4.0 y en los que ha participado la Autoridad Portuaria de Santander.

Ambos se encuentran en fase de pruebas aunque, en cualquier caso, el Puerto no ha confirmado que vayan a instalarse aunque esté implicado en su desarrollo.

El organismo instaló hace tres años concertinas en las vallas del perímetro del Puerto, que todavía permanecen, apelando a la necesidad de contar con medidas de seguridad para evitar la entrada de polizones. Supuestamente se pusieron por petición de las empresas privadas que desarrollan su actividad comercial en la zona, pese a estar consideradas como una instalación que atenta contra la dignidad humana y que ha sido retirado en otros puntos calientes del país, como en los cierres de frontera de Ceuta y Melilla.

El actual presidente del Puerto, César Díaz, anunció su retirada hace año y medio tras las protestas y el rechazo del propio Defensor del Pueblo. Pero el tiempo pasa y las concertinas siguen en su sitio.

Los dos proyectos que han sido testados en Santander contribuirían a incrementar la seguridad de la zona.

“Airdrone Port Security Systems”, el primero de ellos, ya ensayado con éxito en Santander, consiste en aeronaves civiles no tripuladas pilotadas por control remoto, conocidas coloquialmente como drones, con herramientas de Inteligencia Artificial que vigilan y controlan la seguridad de la zona. El segundo proyecto, bautizado como “Muon Cargo”, consiste en una herramienta de inspección no invasiva de mercancías en el transporte marítimo. Es decir, se ve lo que hay dentro de los contenedores son abrirlos mediante un sistema de tomografía que proporciona un control del tráfico de mercancías rápido e inocuo. Permite ver si el contenedor tiene mercancías ilegales y si hay personas ocultas en su interior, mediante una tecnología que aprovecha la radiación natural de los muones (partículas subatómicas).

La empresa que lo desarrolla, Muon Tomography Systems, S.L., ya ha realizado la demostración del resultado del proyecto en las instalaciones de la empresa, situadas en Santander.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha dicho que aspiran por su tamaño y diversidad de mercancías a convertirse “en un puerto laboratorio en el que startups puedan desarrollar sus ideas para, posteriormente, extrapolarlas a otros puertos”.

Díaz ha recordado recordado la reciente firma con Noatum Terminal Polivalente de Santander (Noatum TPS) y la compañía de raíz cántabra Panssari, también beneficiaria de Puertos 4.0, un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa piloto de su proyecto de seguridad integral.

Las denuncias de un acoso sexual inexistente contra un empleado del Puerto de Santander han terminado condenando a la compañera que le denunció y a la empresa que la protegió.

A ella por inventarse dos denuncias falsas, una de ellas desmontada por las imágenes de las cámaras de vigilancia.

A la Autoridad Portuaria por reducir la sanción interna a la empleada de los dos años que proponía la resolución inicial del expediente a dos meses. Argumentando que no fue para tanto: que el afectado no había sufrido daños en su reputación y que, además, si la condenada dejaba de trabajar iba a perjudicar al departamento.

El informe final de la rebaja de la sanción, que cuestiona con vehemencia la sentencia, fue firmado por el presidente del Puerto, César Díaz. Es la resolución que ha provocado que el Juzgado de lo Social número 5 de Santander condene de forma solidaria a la institución, junto a la trabajadora, a indemnizar con 42.500 euros al trabajador víctima de la denuncia falsa por acoso, como adelantó El Diario Montañés.

Durante dos años el veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado 40 años, ha estado sometido al juicio público dentro de la institución por las dos denuncias de acoso sexual que en 2023 y 2024 formuló una compañera de trabajo con la que no se llevaba bien. La tensión, al menos por el lado de la denunciante, subió de temperatura cuando ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella. De hecho, finalmente se rechazó la participación del compañero -sindicalista de USO- porque su plaza actual no tenía carácter temporal.

En este contexto se produjo la primera denuncia en 2023. La trabajadora aseguró que desde 2008 padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Entre otras cuestiones, relataba que una vez le acompañó a ver a su abogada laboralista pese a que ella no habría querido o que, en otra ocasión, recibió dos correos suyos con la palabra 'Hola' y que al presentarse al concurso de promoción interna le perjudicaba a ella, “lo que demostraba mala fe”.

Sobre el falso acoso sexual estimó que en una ocasión le había acompañado hasta su casa y que en los últimos años “tenía la costumbre de acercarse excesivamente a su mesa cuando quería decirle algo y pegar en ocasiones sus genitales al borde, o tocárselos mientras hablaba”.

En el expediente de la investigación de la denuncia quedó acreditado que los referidos correos electrónicos eran pruebas hechas con el ordenador y que no existían indicios de “ningún tipo de actuación calificable de acoso sexual por razón de género ni de ningún otro tipo”.

El denunciado, al volver de unas vacaciones, se encontró con un traslado del lugar de trabajo a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia. Se le metió en un cubículo en un pasillo de reducidas dimensiones y solo tras las quejas desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales se le cambió a otro despacho compartido con otro compañero.

Segunda denuncia desacreditada por los vídeos

La empleada volvió a denunciarle por segunda vez en 2024 porque, según ella, el trabajador accedió a su despacho de la cuarta planta del edificio Sotoliva “a modo de provocación” recorriendo los pasillos “de forma errática” hablando solo, que fue al baño, se lavó las manos y dijo: “Ah, pero si aquí tienen jabonera” y que antes de marcharse espetó: “Vaya, no hay nadie, ni la puta”. Tras este relato se volvió a abrir el expediente por acoso sexual contra el trabajador.

Pero resultó que había cámaras de seguridad y las imágenes constataron que el trabajador no había pasado de la entrada, donde entregó unos calendarios sindicales. A la vista del contenido de la grabación, la trabajadora alegó que las afirmaciones del correo electrónico fueron fruto de la confusión derivada del estado de ansiedad y angustia que la trabajadora viene arrastrando con periodos de baja laboral.

Ante esta evidencia se archivó la segunda denuncia. Pero esta vez el denunciado pidió que se abriese un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. Dicho expediente propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave.

Ante ello, la Autoridad Portuaria elaboró otro informe, de carácter interno, que firmó el propio presidente César Díaz, rebajando los dos años a dos meses. Este documento -al que ha tenido acceso elDiario.es- aduce que la trabajadora padecía trastornos de ansiedad, que no se hayan provocado daños reputacionales al trabajador denunciado, que debían tomarse en consideración los antecedentes de la trabajadora y que la sanción de dos años “generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos”.

Dada la “valoración positiva de su superior jerárquico” al presidente le “parece aconsejable reconsiderar la sanción propuesta por el instructor”. De modo que, sin alterar la calificación de la conducta como muy grave, se gradúe la sanción “atendiendo a las circunstancias manifestadas en la presente resolución”.

Reproche del juez

El juez censura esta decisión: “Puede considerarse como otra ignonimia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”. La sentencia subraya que no se trata ahora “de analizar la maldad de utilizar dos denuncias falsas de acoso sexual en interés personal, ni se trata de analizar el daño de banalización que causa este proceder respecto a los casos de verdaderas víctimas de acoso sexual”. “Se trata de analizar el daño causado a la única víctima de estas denuncias”, concluye.

El juez justifica la indemnización de 42.500 euros en el hecho de que el demandante se estaba jugando su despido disciplinario “sin ningún tipo de indemnización y tras más de 40 años de servicio” y señala la “gravedad reputacional”. “Pocos estigmas más severos hay en el seno de una empresa que ser denunciado por acoso sexual”, incide.

El reproche de la justicia va más allá. Considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade -textualmente- que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales a los trabajadores.

Por último, la sentencia expresa que la Autoridad Portuaria de Santander “banalizó la conducta habida en su seno, aumentando el dolor de quien había padecido una intromisión ilegítima en su derecho al honor descomunal, rayando la dignidad misma de la persona”.

No obstante, la sentencia -que no es firme- ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los dos afectados: el Puerto y la empleada.

El salón de actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha acogido este lunes la novena edición de los Premios de la Cátedra de Medio Ambiente y la entrega de galardones del II Concurso de Fotografía Ambiental, dos iniciativas que consolidan el compromiso del puerto con la investigación, la innovación y la sostenibilidad en el ámbito marítimo y portuario.

El jefe de Explotación de la APC, Fernando Muñoz, ha resaltado que “queremos que el Puerto de Cartagena sea un referente de sostenibilidad en el Mediterráneo. Y para conseguirlo, apostamos por la colaboración con nuestras universidades, por el talento y la ciencia que nos ayudan a innovar, proteger el entorno y avanzar hacia un modelo portuario donde desarrollo y medio ambiente caminen de la mano”, en un acto acompañado por la jefa de División de Sostenibilidad, Ana Vanesa Torrente.

La Cátedra de Medio Ambiente se puso en marcha en 2015 como una estructura permanente de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a través del Campus Mare Nostrum, con el objetivo de canalizar acciones de I+D+i, asistencia científica y tecnológica, y actividades formativas y divulgativas relacionadas con el medio ambiente. Desde 2016, los premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) se entregan reconociendo la excelencia académica y la contribución al desarrollo sostenible.

A través de la Cátedra de Medio Ambiente y la Plataforma por el Desarrollo Sostenible, el puerto impulsa la colaboración con el entorno universitario, empresarial y social, fomentando una gestión responsable y respetuosa con el medio marino y terrestre.

Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster

En esta edición, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado ha sido para María Segado Celdrán, estudiante de la UPCT, por su proyecto 'Diseño e implementación de un sistema SCADA de una grúa portuaria para su aplicación en la Terminal Marítima de Cartagena', dirigido por los profesores Miguel Almonacid Kroeger y José Andrés Moreno Nicolás. El trabajo, dotado con 1.000 euros, se centra en la aplicación de tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en las terminales portuarias, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 9 de la ONU.

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, con una dotación de 1.500 euros, ha recaído en Encarnación Olivares Martínez, de la Universidad de Murcia, por su estudio 'Efectos del cambio climático en la gorgonia roja Paramuricea clavata en una reserva marina del Mediterráneo', dirigido por José Antonio García Charton y Víctor Orenes Salazar.

Su investigación analiza los efectos del cambio climático y las olas de calor marinas sobre esta especie sensible, aportando información clave para la gestión y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo.

El acto ha contado con la presencia de la directora y el subdirector de la Cátedra de Medio Ambiente, María José Vicente y Francisco Robledano, así como de María Jesús Periago, coordinadora del Campus Mare Nostrum, junto a los premiados y sus familiares.

Reconocimiento al talento creativo en la fotografía ambiental

Durante la jornada también se ha celebrado la entrega del II Concurso de Fotografía Ambiental, enmarcado dentro de las actividades de la Plataforma por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena, creada en 2019 para fomentar la colaboración entre las más de 30 empresas de la comunidad portuaria en materia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El jurado, presidido por Julián Contreras Hernández (Navantia) e integrado por María Ros Chumillas (Yacht Port) y Ginés Casado Navarro (Ership), ha reconocido las mejores imágenes en dos categorías: Ecosistemas acuáticos costeros y marinos y Ecosistemas terrestres.

El acto ha reunido a representantes de empresas como Navantia, Ership, Bergé, Marpol, Yacht Port y Erhardt, junto a los autores premiados y sus acompañantes.