Los titulares de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Calzada y Pedro Suárez, han trasladado este lunes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al consejero de Movilidad regional, Pablo Rodríguez, su preocupación por el impacto de las tasas de emisiones ETS de la Unión Europea en su competitividad y conectividad.

En una reunión, Calzada y Suárez han comunicado las conclusiones de los encuentros celebrados la pasada semana en Bruselas con las distintas direcciones generales de la Comisión Europea en relación con la aplicación del sistema ETS al transporte marítimo, según han detallado en un comunicado, ambos titulares.

Así, los dos presidentes de las autoridades portuarias expresaron la preocupación existente en las regiones ultraperiféricas europeas y señalaron que “Canarias no puede afrontar en igualdad de condiciones una regulación diseñada desde la realidad continental europea, porque nuestra dependencia del transporte marítimo afecta directamente al abastecimiento, a la conectividad y al coste de vida de la ciudadanía”.

En este contexto, trasladaron a Fernando Clavijo la decisión adoptada por todos los puertos de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal de asociarse para actuar de manera coordinada ante las instituciones europeas y defender una posición común frente a la aplicación del sistema de comercio de emisiones, reforzando así la presión institucional en Bruselas con una estrategia conjunta.

Asimismo, los responsables portuarios insistieron en la necesidad de que los presidentes de los gobiernos de las distintas regiones ultraperiféricas continúen implicándose directamente en la interlocución con Europa, dada la dimensión estratégica que esta cuestión tiene para los territorios insulares.

Por su parte, según indica el comunicado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recogió esta petición y reiteró su compromiso de seguir defendiendo ante las instituciones europeas la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de la aplicación de las tasas ETS, y trabajar en una hoja de ruta común con las dos autoridades portuarias para trasladar a Europa el impacto que tendría esta medida sobre Canarias.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha concluido con éxito la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras, una actuación científica que vuelve a confirmar la importancia ecológica de este enclave como punto estratégico de descanso y recuperación para aves migratorias en sus desplazamientos entre África y Europa.

La campaña, desarrollada entre el 20 de abril y el 1 de mayo de 2026, se enmarca dentro del contrato de seguimiento y conservación de la biodiversidad que la APC mantiene con el Grupo de Investigación de Ecosistemas Mediterráneos (ECOMED) de la Universidad de Murcia, coordinado por el biólogo y anillador autorizado Jacinto Martínez Ródenas.

Durante las dos semanas de trabajo se capturaron 93 aves pertenecientes a 17 especies distintas, de las cuales 13 son migradoras. Entre ellas destacan especies transaharianas como el mosquitero musical, la curruca zarcera, la golondrina dáurica o el alcaudón común, aves que recorren miles de kilómetros entre Europa y el África subsahariana.

La campaña se realizó mediante un sistema de anillamiento científico constante con 11 redes instaladas en los mismos puntos utilizados en años anteriores, permitiendo así comparar los datos y detectar cambios reales en las poblaciones de aves y en sus patrones migratorios.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la constatación del papel fundamental de la Isla de Escombreras como área de parada migratoria, esencial para que numerosas especies puedan descansar y recuperar reservas energéticas durante sus largos desplazamientos.

Entre los casos registrados destacan un mosquitero común que aumentó cerca de un 3% su peso corporal en apenas un día o una curruca zarcera que incrementó aproximadamente un 15% su masa corporal en solo cinco días, reflejando la elevada capacidad de recuperación que ofrece este enclave mediterráneo para las aves migratorias.

Más de dos décadas de compromiso ambiental

La Autoridad Portuaria de Cartagena desarrolla desde hace más de veinte años una estrategia ambiental pionera dentro del sistema portuario español, integrando la conservación de la biodiversidad en la gestión diaria del puerto.

En el caso de la Isla de Escombreras, la APC impulsa desde 2007 programas continuos de investigación, seguimiento y conservación ambiental, convirtiendo este espacio en uno de los enclaves naturales mejor monitorizados de la Región de Murcia.

Gracias a este trabajo se han desarrollado estudios científicos sobre flora, fauna, aves marinas, cetáceos y especies protegidas, además de iniciativas de conservación de gran relevancia como el estudio genético del lagarto de Escombreras o el seguimiento de la Manzanilla de Escombreras, una planta endémica en peligro crítico cuya única población mundial se encuentra en esta isla.

Los programas científicos impulsados por la APC han permitido además registrar más de 10.000 aves y más de 200 cetáceos en el entorno portuario.

Este compromiso ambiental ha situado al Puerto de Cartagena como referente nacional e internacional en sostenibilidad portuaria, siendo el primer puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y pionero en proyectos innovadores como la reforestación de Posidonia oceánica en aguas portuarias, señala la APC en una nota de prensa.

La APC alcanzó ya en 2022 más del 90% de los objetivos ambientales fijados por el Marco Estratégico del sistema portuario español para 2030, consolidando un modelo de gestión basado en la ciencia, la colaboración con las universidades y la transparencia ambiental.

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado la mejora de los accesos al Faro de Cabo Mayor, tras una inversión de 278.875 euros para transformar la vía con un cemento que se ilumina de noche. La renovación ha recuperado este entorno, propiedad de la Autoridad Portuaria (APS), para que dejase de ser únicamente un acceso rodado y convertirse en un recorrido integrado en el entorno.

La actuación ha estado enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la APS.

En el acceso al Faro, se ha creado una plataforma peatonal separada de la carretera, que mantiene el doble sentido y reduce la velocidad. Además, se ha utilizado pavimento diferenciado con un hormigón que se ilumina de noche; y se ha instalado iluminación baja no invasiva, apartaderos para facilitar el cruce de vehículos y elementos naturales de separación entre la zona rodada y peatonal. Asimismo, se han mejorado las zonas de estancia con soluciones paisajísticas y de drenaje compatibles con el entorno natural.

Esta intervención se suma al Parque 2020, la renaturalización de la avenida Doctor Diego Madrazo o el polémico aparcamiento de Mataleñas, que se encuentra en obras.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado este lunes la zona junto al presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz; los concejales de Fomento, Agustín Navarro; Barrios, Lorena Gutiérrez; y Turismo, Fran Arias; y vecinos de Cueto.

En agosto de este año se cumplen 20 años de la apertura del Faro como centro de arte, efeméride que se conmemorará con diversas actividades. Además, la torre del Faro permanecerá abierta para visitas guiadas, con horario ampliado para adaptarlo a la época estival.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han realizado una visita técnica a diversos inmuebles patrimoniales de titularidad estatal situados en el entorno portuario, entre ellos el silo, que presenta un estado de preservación favorable, más allá de los deterioros propios derivados de haber permanecido cerrado durante décadas.

Las instituciones coinciden en que evitar su demolición y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) representa un avance significativo para la conservación de la memoria histórica de Canarias.

El silo constituye una pieza singular dentro del patrimonio industrial español, al integrarse en la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada durante la posguerra.

Además, destaca por ser el único silo portuario de tipo P que se conserva en España, circunstancia que le otorga un carácter excepcional en el contexto nacional.

A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia paisajística en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota del Ejecutivo regional.

La historiadora Amara Florido, que entregará próximamente un informe técnico detallado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, señaló que el principal reto pasa por redefinir el uso del inmueble.

“El gran desafío del patrimonio industrial, una vez finaliza su actividad productiva, es dotarlo de una segunda vida”, explicó.

En su opinión, existe “una oportunidad única para transformar este espacio hermético y de gran impacto visual en un activo dinámico para la ciudad”.

Con esta nueva línea de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ambas instituciones avanzan en la protección de un legado patrimonial de enorme valor histórico y cultural.

El objetivo común es impulsar una rehabilitación que integre el patrimonio industrial en el desarrollo urbano de la capital y contribuya a recuperar la memoria colectiva de Santa Cruz de Tenerife.

Este encuentro ha permitido sentar las bases de un futuro convenio de colaboración entre ambas instituciones para proteger bienes de gran relevancia histórica y cultural.

Túneles de La Alegría

La visita incluyó un recorrido por el Silo, el Muelle de Cory, la Batería del Bufadero y los túneles del Barrio de La Alegría.

En ella participaron el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, acompañados por sus respectivos equipos técnicos y por la doctora en Historia del Arte, especializada en patrimonio industrial, Amara Florido.

La jornada revistió especial importancia, ya que es la primera vez que la Alta Inspección accede a estos espacios para conocer de primera mano su situación actual.

Miguel Ángel Clavijo destacó que este encuentro supone “un paso decisivo para formalizar un convenio de cooperación entre ambas instituciones que permita proteger el patrimonio que custodia la Autoridad Portuaria”.

Asimismo, subrayó que el objetivo es encontrar fórmulas que permitan dotar a estos espacios de “un uso social y abierto a la ciudadanía”.

Por su parte, Pedro Suárez recordó que, aunque la principal misión de la Autoridad Portuaria es el desarrollo de las infraestructuras portuarias, la entidad mantiene también “la responsabilidad de conservar los elementos arquitectónicos y defensivos más significativos del área”.

En este sentido, valoró el respaldo del Gobierno de Canarias para “garantizar una utilidad real y sostenible para estas instalaciones”.

El desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius, el barco en el que han fallecido tres viajeros (uno de ellos continúa a bordo) tras contraer hantavirus, ya tiene protocolo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado cómo será la operación: los pasajeros abandonarán el barco por turnos, en barcaza, sin pisar el puerto, y serán trasladados directamente al aeropuerto sur de la isla para ser repatriados a sus países de origen.

Así será el operativo: de la barcaza al avión sin tocar el puerto

Suárez lo explicó en una entrevista en el programa La hora de TVE, donde ha querido “calmar los ánimos” ante la alarma social generada por la llegada del crucero a aguas canarias.

Según el plan previsto, los pasajeros no desembarcarán directamente en tierra. En su lugar, saldrán del crucero fondeado en el mar hacia una barcaza, por grupos y de forma escalonada. Una vez en el muelle, subirán al cantil y de ahí, directamente a un autobús que los llevará al aeropuerto del sur de Tenerife, donde ya hay aviones preparados para repatriarlos.

El propio Suárez ha aclarado que los pasajeros serán entregados “al pie de la escalerilla del avión”, sin margen para el contacto con el exterior.

Respecto a la distancia a la que fondeará el MV Hondius de la costa, el responsable del puerto ha explicado que esa decisión corresponde al capitán marítimo, aunque ya ha adelantado que “no podrá ser muy lejos del lugar de desembarque”, teniendo en cuenta la poca experiencia náutica de los pasajeros y que “cuanto menos largo sea el trayecto, mucho mejor, más rápido y más cómodo”.

Queda pendiente la firma del protocolo oficial

A pesar de que el operativo está prácticamente cerrado, Suárez reconoció que aún falta formalizar un documento de protocolización que dé respaldo oficial al procedimiento. Los detalles logísticos finales, incluido el punto exacto de fondeo del barco, están pendientes de ser confirmados.

Protesta de trabajadores del puerto, pero también apoyo

Aún así el desembarco no está exento de polémica. Trabajadores portuarios han convocado una manifestación para oponerse a la llegada del crucero. Sin embargo, Suárez precisó que esa protesta no tiene relación con los empleados del puerto de Granadilla, que es donde operará el MV Hondius.

Según el presidente de la Autoridad Portuaria, los trabajadores del muelle sí han reflejado su apoyo en “sendos documentos” y que incluso se han sumado a la coordinación de la operación “en el caso de que los necesitaran”.

Comparativa con la pandemia del Covid-19: “Lo hemos hecho antes”

Para zanjar las dudas sobre la capacidad del puerto para gestionar una situación de este tipo, Suárez ha recordado que ya llevaron a cabo operaciones similares durante la pandemia de Covid-19 en 2020, y que en todas las ocasiones concluyeron “con total éxito”.

La experiencia acumulada en esos años de pandemia, según el responsable portuario, respalda la viabilidad y la seguridad del protocolo diseñado ahora para los pasajeros del MV Hondius.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

El Gobierno vasco no considera el turismo de cruceros un objetivo prioritario de su estrategia y, de hecho, no ha participado en los últimos años en ningún tipo de feria o evento de captación de este tipo de viajeros. “No es un producto prioritario dentro de nuestra estrategia turística”, señala el consejero socialista del ramo, Javier Hurtado. “El modelo turístico de Euskadi se asienta sobre la base de la sostenibilidad, a través de acciones como la diversidad de la oferta, el alargamiento de la estancia, el movimiento de flujos y la desestacionalización”, dice en una respuesta parlamentaria. Es decir, algo diferente a la llegada puntual de visitantes en buques al puerto de Bilbao, que está experimentando un enorme crecimiento en los últimos años y a lo que la Autoridad Portuaria dedica una ardua labor de promoción que le está llevando a cifras récord.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la parlamentaria de EH Bildu, Itziar Murua, que también le ha preguntado por la misma cuestión en la sesión de control en el Parlamento Vasco de este viernes, Hurtado señala que el modelo turístico que se quiere extender en Euskadi les lleva a que no se incluyan por parte del departamento “acciones de promoción o de atracción, el turismo relacionado con los cruceros”. La parlamentaria le pregunta si se ha participado por parte del Gobierno en algún evento de este tipo en los últimos cinco años. “Eso sí, los visitantes que llegan a Euskadi a través de este medio de transporte son tratados y acogidos como lo es cualquier turista respetuoso que quiera conocer nuestro territorio”, puntualiza el consejero.

Esta falta de interés por parte del Gobierno en atraer cruceros contrasta con el incremento de esta actividad en los últimos años y la extensa actividad de promoción en este sentido que realiza la Autoridad Portuaria de Bilbao. Las previsiones apuntan a que este año 2026 se produzca un nuevo récord en la llegada de buques, con diez barcos más que el año pasado, lo que supondrá 80.000 viajeros más que los que llegaron a la terminal de cruceros de Getxo el año pasado.

Hurtado reconoce que no hay ningún tipo de coordinación desde el Gobierno vasco con el puerto de Bilbao para gestionar este tipo de turismo, más allá de la “meramente informativa” que realiza, la Autoridad Portuaria. A falta de esta coordinación señala el consejero que “el modelo turístico promovido por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo es conocido por todo el sector, lo que facilita la alineación de estrategias y la colaboración en su desarrollo”. La parlamentaria de EH Bildu ha criticado la falta de coordinación entre ambas instancias: “En un momento en el que el turismo de cruceros incide tanto, que el Gobierno y la Autoridad Portuaria no vayan en direcciones similares, no es aceptable, y creo que la falta de competencias no es suficiente argumento”, ha señalado durante el pleno.

En los últimos años, el puerto de Bilbao ha experimentado un importante crecimiento de la llegada de cruceros, y la Autoridad Portuaria se ha volcado en labores de promoción destinadas a la atracción de navieras que incluyan Getxo entre sus escalas y si es posible que elijan este puerto como inicio o final del viaje. Esta misma semana la Autoridad Portuaria de Bilbao ha estado presente en la feria Seatrade Cruise Global, la mayor feria internacional del sector de cruceros, que se ha celebrado 13 al 16 de abril en Miami, en la que ya es habitual la presencia de Bilbao para cerrar contactos navieras y turoperadores que puedan recalar en la terminal de Getxo.

Las previsiones para este año son superar las cien escalas, frente a los 95 buques del año pasado, con buques de entre 104 y 344 metros de eslora y capacidades entre 113 y 6.334 pasajeros. La terminal Olatua de Getxo acogerá en una docena de ocasiones dos cruceros en un mismo día, en cinco ocasiones se espera un triple atraque y dos navieras realizarán un viaje de ida y regreso desde Getxo. No obstante, pese a estas previsiones en aumento el consejero Hurtado ha rechazado que esto suponga un “turismo de masas” en Getxo, como ha señalado la parlamentaria de EH Bildu: “El turismo de cruceros supone sólo un 3% del total”, ha indicado.

Puerto sostenible

La Autoridad Portuaria de Bilbao que dirige Iván Jiménez considera que la inversión realizada en los últimos años en la terminal de cruceros de Getxo ha sido fundamental para colocar a este puerto como punto de referencia para muchas rutas y ser ahora foco de atracción en el sector. Desde la Autoridad Destacan además los esfuerzos destinados a que el Puerto y los cruceros que atraquen en él se adapten a parámetros de sostenibilidad. Por ejemplo, señalan que están realizando para la electrificación de sus terminales de cruceros mediante el despliegue del sistema Onshore Power Supply (OPS), para que sea un destino plenamente alineado con los estándares medioambientales y operativos que ya exigen las principales navieras internacionales. El sistema OPS permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, eliminando el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa emisiones, ruido y vibraciones

Además, el puerto de Bilbao integrará en el proyecto la generación fotovoltaica que contribuye de forma directa a que la energía suministrada a los buques tenga un origen mayoritariamente verde. En total, las terminales de cruceros de Getxo contarán con dos puntos de conexión OPS, cada uno con capacidad para suministrar hasta 16 MVA por buque. No obstante, el proyecto se encuentra en fase de ejecución y la puesta en servicio del OPS en las terminales de cruceros está prevista para finales del 2027 para que puedan empezar a producirse en el 2028 las primeras conexiones.

La Autoridad Portuaria de Bilbao quiere además centralizar todo lo que tenga que ver con pasajeros en esta terminal de Getxo, por eso, se plantea trasladar el tráfico de ferris de las instalaciones de Zierbena a la terminal de cruceros de Getxo. Esta posibilidad, que se contempla en el pliego de licitación de la asistencia técnica para la elaboración del 'masterplan' del puerto de Getxo, supondría que los buques de Brittany Ferries, que ahora atracan en Zierbena cuatro días a la semana, compartirían espacio con los cruceros. La parlamentaria de EH Bildu también ha interpelado por eta cuestión al consejero Hurtado en el Parlamento, pero no ha querido pronunciarse por lo que ha denominado “futurible”, y que, además, es competencia de la autoridad portuaria. No obstante, ha recordado que los ferris son medios de transporte y los cruceros son alojamientos turísticos flotantes.

El Puerto de Santander ha sido escenario de la demostración de drones y tomografías que detectan personas en el interior de los contenedores diseñados para mejorar la seguridad. Dos proyectos, desarrollados con ayudas concedidas por el Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario Puertos 4.0 y en los que ha participado la Autoridad Portuaria de Santander.

Ambos se encuentran en fase de pruebas aunque, en cualquier caso, el Puerto no ha confirmado que vayan a instalarse aunque esté implicado en su desarrollo.

El organismo instaló hace tres años concertinas en las vallas del perímetro del Puerto, que todavía permanecen, apelando a la necesidad de contar con medidas de seguridad para evitar la entrada de polizones. Supuestamente se pusieron por petición de las empresas privadas que desarrollan su actividad comercial en la zona, pese a estar consideradas como una instalación que atenta contra la dignidad humana y que ha sido retirado en otros puntos calientes del país, como en los cierres de frontera de Ceuta y Melilla.

El actual presidente del Puerto, César Díaz, anunció su retirada hace año y medio tras las protestas y el rechazo del propio Defensor del Pueblo. Pero el tiempo pasa y las concertinas siguen en su sitio.

Los dos proyectos que han sido testados en Santander contribuirían a incrementar la seguridad de la zona.

“Airdrone Port Security Systems”, el primero de ellos, ya ensayado con éxito en Santander, consiste en aeronaves civiles no tripuladas pilotadas por control remoto, conocidas coloquialmente como drones, con herramientas de Inteligencia Artificial que vigilan y controlan la seguridad de la zona. El segundo proyecto, bautizado como “Muon Cargo”, consiste en una herramienta de inspección no invasiva de mercancías en el transporte marítimo. Es decir, se ve lo que hay dentro de los contenedores son abrirlos mediante un sistema de tomografía que proporciona un control del tráfico de mercancías rápido e inocuo. Permite ver si el contenedor tiene mercancías ilegales y si hay personas ocultas en su interior, mediante una tecnología que aprovecha la radiación natural de los muones (partículas subatómicas).

La empresa que lo desarrolla, Muon Tomography Systems, S.L., ya ha realizado la demostración del resultado del proyecto en las instalaciones de la empresa, situadas en Santander.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, ha dicho que aspiran por su tamaño y diversidad de mercancías a convertirse “en un puerto laboratorio en el que startups puedan desarrollar sus ideas para, posteriormente, extrapolarlas a otros puertos”.

Díaz ha recordado recordado la reciente firma con Noatum Terminal Polivalente de Santander (Noatum TPS) y la compañía de raíz cántabra Panssari, también beneficiaria de Puertos 4.0, un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa piloto de su proyecto de seguridad integral.

Las denuncias de un acoso sexual inexistente contra un empleado del Puerto de Santander han terminado condenando a la compañera que le denunció y a la empresa que la protegió.

A ella por inventarse dos denuncias falsas, una de ellas desmontada por las imágenes de las cámaras de vigilancia.

A la Autoridad Portuaria por reducir la sanción interna a la empleada de los dos años que proponía la resolución inicial del expediente a dos meses. Argumentando que no fue para tanto: que el afectado no había sufrido daños en su reputación y que, además, si la condenada dejaba de trabajar iba a perjudicar al departamento.

El informe final de la rebaja de la sanción, que cuestiona con vehemencia la sentencia, fue firmado por el presidente del Puerto, César Díaz. Es la resolución que ha provocado que el Juzgado de lo Social número 5 de Santander condene de forma solidaria a la institución, junto a la trabajadora, a indemnizar con 42.500 euros al trabajador víctima de la denuncia falsa por acoso, como adelantó El Diario Montañés.

Durante dos años el veterano trabajador del Puerto de Santander, donde lleva empleado 40 años, ha estado sometido al juicio público dentro de la institución por las dos denuncias de acoso sexual que en 2023 y 2024 formuló una compañera de trabajo con la que no se llevaba bien. La tensión, al menos por el lado de la denunciante, subió de temperatura cuando ambos compitieron por una plaza en un proceso de promoción interna que finalmente ganó ella. De hecho, finalmente se rechazó la participación del compañero -sindicalista de USO- porque su plaza actual no tenía carácter temporal.

En este contexto se produjo la primera denuncia en 2023. La trabajadora aseguró que desde 2008 padecía “las actitudes invasivas, molestas, insistentes, reiteradas, intimidatorias y manipuladoras de forma continuada en el tiempo” de su compañero. Entre otras cuestiones, relataba que una vez le acompañó a ver a su abogada laboralista pese a que ella no habría querido o que, en otra ocasión, recibió dos correos suyos con la palabra 'Hola' y que al presentarse al concurso de promoción interna le perjudicaba a ella, “lo que demostraba mala fe”.

Sobre el falso acoso sexual estimó que en una ocasión le había acompañado hasta su casa y que en los últimos años “tenía la costumbre de acercarse excesivamente a su mesa cuando quería decirle algo y pegar en ocasiones sus genitales al borde, o tocárselos mientras hablaba”.

En el expediente de la investigación de la denuncia quedó acreditado que los referidos correos electrónicos eran pruebas hechas con el ordenador y que no existían indicios de “ningún tipo de actuación calificable de acoso sexual por razón de género ni de ningún otro tipo”.

El denunciado, al volver de unas vacaciones, se encontró con un traslado del lugar de trabajo a más de dos kilómetros de distancia, “con una difamación absoluta en el seno de la empresa, sin tan siquiera habérsele comunicado la causa, ni habérsele escuchado”, reprocha la sentencia. Se le metió en un cubículo en un pasillo de reducidas dimensiones y solo tras las quejas desde el servicio de Prevención de Riesgos Laborales se le cambió a otro despacho compartido con otro compañero.

Segunda denuncia desacreditada por los vídeos

La empleada volvió a denunciarle por segunda vez en 2024 porque, según ella, el trabajador accedió a su despacho de la cuarta planta del edificio Sotoliva “a modo de provocación” recorriendo los pasillos “de forma errática” hablando solo, que fue al baño, se lavó las manos y dijo: “Ah, pero si aquí tienen jabonera” y que antes de marcharse espetó: “Vaya, no hay nadie, ni la puta”. Tras este relato se volvió a abrir el expediente por acoso sexual contra el trabajador.

Pero resultó que había cámaras de seguridad y las imágenes constataron que el trabajador no había pasado de la entrada, donde entregó unos calendarios sindicales. A la vista del contenido de la grabación, la trabajadora alegó que las afirmaciones del correo electrónico fueron fruto de la confusión derivada del estado de ansiedad y angustia que la trabajadora viene arrastrando con periodos de baja laboral.

Ante esta evidencia se archivó la segunda denuncia. Pero esta vez el denunciado pidió que se abriese un expediente disciplinario a la denunciante al estar previsto en el Protocolo antiacoso que las denuncias falsas son constitutivas de actuación disciplinaria. Dicho expediente propuso una sanción de dos años de empleo y sueldo para la trabajadora por lo que se consideró una falta muy grave.

Ante ello, la Autoridad Portuaria elaboró otro informe, de carácter interno, que firmó el propio presidente César Díaz, rebajando los dos años a dos meses. Este documento -al que ha tenido acceso elDiario.es- aduce que la trabajadora padecía trastornos de ansiedad, que no se hayan provocado daños reputacionales al trabajador denunciado, que debían tomarse en consideración los antecedentes de la trabajadora y que la sanción de dos años “generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos”.

Dada la “valoración positiva de su superior jerárquico” al presidente le “parece aconsejable reconsiderar la sanción propuesta por el instructor”. De modo que, sin alterar la calificación de la conducta como muy grave, se gradúe la sanción “atendiendo a las circunstancias manifestadas en la presente resolución”.

Reproche del juez

El juez censura esta decisión: “Puede considerarse como otra ignonimia cometida por la Autoridad Portuaria de Santander contra la persona falsamente denunciada”. La sentencia subraya que no se trata ahora “de analizar la maldad de utilizar dos denuncias falsas de acoso sexual en interés personal, ni se trata de analizar el daño de banalización que causa este proceder respecto a los casos de verdaderas víctimas de acoso sexual”. “Se trata de analizar el daño causado a la única víctima de estas denuncias”, concluye.

El juez justifica la indemnización de 42.500 euros en el hecho de que el demandante se estaba jugando su despido disciplinario “sin ningún tipo de indemnización y tras más de 40 años de servicio” y señala la “gravedad reputacional”. “Pocos estigmas más severos hay en el seno de una empresa que ser denunciado por acoso sexual”, incide.

El reproche de la justicia va más allá. Considera que la participación del Puerto de Santander ha sido decisiva “para la gravedad de la intromisión legítima en el derecho al honor del demandante”. Al tiempo que señala la “evidente animadversión del superior jerárquico” hacia el afectado por las denuncias falsas. Añade -textualmente- que no cabe escudarse en que había una denuncia (sin indicios) para poder privar de derechos esenciales a los trabajadores.

Por último, la sentencia expresa que la Autoridad Portuaria de Santander “banalizó la conducta habida en su seno, aumentando el dolor de quien había padecido una intromisión ilegítima en su derecho al honor descomunal, rayando la dignidad misma de la persona”.

No obstante, la sentencia -que no es firme- ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por los dos afectados: el Puerto y la empleada.

El salón de actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha acogido este lunes la novena edición de los Premios de la Cátedra de Medio Ambiente y la entrega de galardones del II Concurso de Fotografía Ambiental, dos iniciativas que consolidan el compromiso del puerto con la investigación, la innovación y la sostenibilidad en el ámbito marítimo y portuario.

El jefe de Explotación de la APC, Fernando Muñoz, ha resaltado que “queremos que el Puerto de Cartagena sea un referente de sostenibilidad en el Mediterráneo. Y para conseguirlo, apostamos por la colaboración con nuestras universidades, por el talento y la ciencia que nos ayudan a innovar, proteger el entorno y avanzar hacia un modelo portuario donde desarrollo y medio ambiente caminen de la mano”, en un acto acompañado por la jefa de División de Sostenibilidad, Ana Vanesa Torrente.

La Cátedra de Medio Ambiente se puso en marcha en 2015 como una estructura permanente de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), a través del Campus Mare Nostrum, con el objetivo de canalizar acciones de I+D+i, asistencia científica y tecnológica, y actividades formativas y divulgativas relacionadas con el medio ambiente. Desde 2016, los premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) se entregan reconociendo la excelencia académica y la contribución al desarrollo sostenible.

A través de la Cátedra de Medio Ambiente y la Plataforma por el Desarrollo Sostenible, el puerto impulsa la colaboración con el entorno universitario, empresarial y social, fomentando una gestión responsable y respetuosa con el medio marino y terrestre.

Premios a los Mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster

En esta edición, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado ha sido para María Segado Celdrán, estudiante de la UPCT, por su proyecto 'Diseño e implementación de un sistema SCADA de una grúa portuaria para su aplicación en la Terminal Marítima de Cartagena', dirigido por los profesores Miguel Almonacid Kroeger y José Andrés Moreno Nicolás. El trabajo, dotado con 1.000 euros, se centra en la aplicación de tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en las terminales portuarias, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 9 de la ONU.

El Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, con una dotación de 1.500 euros, ha recaído en Encarnación Olivares Martínez, de la Universidad de Murcia, por su estudio 'Efectos del cambio climático en la gorgonia roja Paramuricea clavata en una reserva marina del Mediterráneo', dirigido por José Antonio García Charton y Víctor Orenes Salazar.

Su investigación analiza los efectos del cambio climático y las olas de calor marinas sobre esta especie sensible, aportando información clave para la gestión y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo.

El acto ha contado con la presencia de la directora y el subdirector de la Cátedra de Medio Ambiente, María José Vicente y Francisco Robledano, así como de María Jesús Periago, coordinadora del Campus Mare Nostrum, junto a los premiados y sus familiares.

Reconocimiento al talento creativo en la fotografía ambiental

Durante la jornada también se ha celebrado la entrega del II Concurso de Fotografía Ambiental, enmarcado dentro de las actividades de la Plataforma por el Desarrollo Sostenible del Puerto de Cartagena, creada en 2019 para fomentar la colaboración entre las más de 30 empresas de la comunidad portuaria en materia de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El jurado, presidido por Julián Contreras Hernández (Navantia) e integrado por María Ros Chumillas (Yacht Port) y Ginés Casado Navarro (Ership), ha reconocido las mejores imágenes en dos categorías: Ecosistemas acuáticos costeros y marinos y Ecosistemas terrestres.

El acto ha reunido a representantes de empresas como Navantia, Ership, Bergé, Marpol, Yacht Port y Erhardt, junto a los autores premiados y sus acompañantes.

Una empresa sin actividad en 2023 y con pérdidas acumuladas gestionará durante los próximos 35 años la Marina de Gandia, una instalación que desde 1957 había estado bajo el control del Real Club Náutico de Gandia (RCNG). La decisión, adoptada por la Autoridad Portuaria de València (APV), ha abierto un proceso administrativo aún en curso, con denuncias cruzadas, alegaciones de falta de transparencia y un intenso debate sobre el futuro del espacio portuario.

La adjudicataria, Alcara Infraestructuras SL (bajo la actual denominación de Nueva Marina de Gandía SL), se impuso en el procedimiento de concesión, resuelto en abril de 2024. El RCNG, por su parte, considera que ha sido desplazado de forma injusta y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), además de una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia.

El conflicto judicial empezó en 2016, cuando el RCNG solicitó la renovación de su concesión, según documentación del Club Náutico. Durante el trámite, apareció Alcara Infraestructuras SL, una empresa sin trayectoria en el sector náutico. En 2017, la APV otorgó inicialmente la concesión a Alcara, pero el RCNG recurrió la decisión, logrando su anulación. Al año siguiente, el club náutico fue finalmente reconocido como concesionario durante 25 años. Sin embargo, en 2020, una sentencia del TSJ-CV revocó la concesión y obligó a reabrir el procedimiento. Finalmente, en abril de 2024, la APV asignó la concesión a Alcara por un periodo de 35 años. El club náutico dejó de gestionar las instalaciones tras casi siete décadas al frente.

El RCNG alega que Alcara no cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos para gestionar unas instalaciones de uso náutico y deportivo. En su recurso contencioso, el club denuncia la falta de experiencia y de capacidad jurídica de la empresa, la presentación fuera de plazo de la garantía provisional, la ausencia de solvencia económica suficiente para afrontar una inversión superior a los ocho millones de euros y la omisión del informe preceptivo de Puertos del Estado.

También cuestiona la adecuación urbanística del proyecto presentado por Alcara y señala que se ha desnaturalizado el objeto de la concesión, pasando de un modelo deportivo y social a un enfoque comercial de explotación privada.

La empresa, según los últimos balances disponibles, no registró ingresos en 2023 y acumulaba pérdidas por valor de 30.991 euros. Nueva Marina de Gandía SL cuenta con un capital social de 50.000 euros, dispone de poco más de 22.000 euros en caja y arrastra una deuda a corto plazo de 12.793 euros. Además, presenta bases imponibles negativas desde 2017.

La sociedad, según el RCNG, tampoco tiene trabajadores en nómina, y su solvencia se basa en documentos de otras empresas del grupo que no tienen el vínculo jurídico exigible.

Este diario se ha puesto en contacto con Paco Herrero, presidente honorífico de Alcara, quien niega todas esas acusaciones sobre la falta de solvencia y confirma la capacidad de afrontar los ocho millones de inversión del proyecto. “Los que no pueden son ellos, porque yo he sido vicepresidente y tesorero del Club Náutico. Nosotros tenemos empresas asociadas que aportan el capital para esta obra”, explica.

Herrero afirma que la empresa empezó a facturar en 2024 y que en 2023 no realizaban ningún tipo de actividad. Además, insiste en que la idea principal de la Marina es dar un servicio náutico a la población y, por otro lado, fomentar el deporte de vela, remo o las motos de agua.

En este contexto se suma la dimisión del ingeniero Adrián Carbó, designado inicialmente como gerente del proyecto, quien abandonó el cargo apenas 15 días después de asumirlo. Paco Herrero atribuye la salida a una “decisión personal” y asegura que mantiene una relación de amistad con Carbó, quien estuvo presente el pasado 29 de mayo en la presentación de la nueva marina.

“Silencio administrativo”

Además, el RCNG también ha presentado una denuncia ante el Consejo Nacional de Transparencia. Acusa a la Autoridad Portuaria de València de incumplir sistemáticamente la Ley de Transparencia, al no responder a las numerosas solicitudes de acceso a información relacionadas con el procedimiento de adjudicación, la ejecución del proyecto y los incumplimientos de la concesionaria.

El club ha solicitado documentación sobre cesiones a terceros como Onlyparking SL y sobre los supuestos usos indebidos del espacio, cortes del suministro eléctrico a sus antiguos amarres, apropiación de bienes e incluso la solicitud de extinción de la concesión por incumplimientos contractuales.

Ninguna de estas solicitudes, según el RCNG, ha sido contestada por la APV, que habría incurrido en un silencio administrativo que consideran denegatorio. Por el contrario, las peticiones de Alcara han sido tramitadas con agilidad y respuesta favorable, algo que el club interpreta como un posible trato discriminatorio.

Por otra parte, la concesionaria anunció el pasado 29 de mayo que las obras comenzarían en septiembre de 2025, con una duración de 18 meses y una inversión de cerca de ocho millones para una marina con 268 amarres, 163 plazas de aparcamiento y una sede social de 1.440 metros cuadrados.

El plazo contractual para iniciar efectivamente las actuaciones vence este mes de junio de 2025, un año después de la formalización de la concesión. De no cumplirse este hito, la Autoridad Portuaria podría iniciar un expediente de caducidad, tal como contempla el pliego de condiciones.

Abandono de las instalaciones

Paralelamente, mediante un comunicado y varias reclamaciones formales dirigidas a la APV (difundidas por el medio digital Saforguia.com) un grupo de usuarios ha denunciado la falta de inversión, el mantenimiento deficiente y diversos riesgos para la seguridad en la marina. Entre los ejemplos citados destacan la presencia de cascotes, hierros oxidados, cables eléctricos sin protección y la reciente caída de un pantalán de hormigón, reemplazado únicamente por una estructura de madera provisional.

Preguntado por estas quejas, Herrero defiende que el RCNG es quien dejó las instalaciones en esas condiciones y asegura que ha sido Alcara quien se ha encargado de arreglar dos pantalanes inoperativos: “Nos hemos gastado más de 70.000 euros. Nos han dejado unas instalaciones abandonadas”, manifiesta.

El RCNG también mantiene un conflicto económico con la Autoridad Portuaria por la retención de más de 285.000 euros en avales presentados durante su etapa como concesionario. El club asegura haber cumplido con todas las obligaciones legales y aportado los avales requeridos, incluyendo garantías provisionales, de ejecución y de explotación.

Sin embargo, la APV habría tardado más de tres años en resolver un recurso tributario, reteniendo dichos avales incluso después de haberse acreditado el pago de las deudas alegadas.

Además, según el club, la devolución de estas garantías fue condicionada a la firma de un acta de reversión que implicaría renunciar a reclamar más de 290.000 euros en activos propios no recuperados tras la entrada de Alcara. El RCNG tilda esta actuación de presión institucional incompatible con los principios de la buena administración.

La tienda de ‘La Isa’, en la calle Marín de la localidad costera de Cabo de Palos, en Cartagena, es la tienda más antigua del pueblo. Es una mañana nublada y fría de un martes de principios de marzo, y en el puerto -que es, subrayan los vecinos, un puerto artificial-, a unos veinte metros del escaparate, hay una calma monótona de pescadores. Detrás de un mostrador de madera, Yolanda, la nieta de la mujer que abrió la tienda cuando en Cabo de Palos apenas había unas pocas casas, una vida tranquila y a lo lejos un faro de más de cincuenta metros de altura, espera, habituada a la paciencia invernal, a que entre algún cliente.

Hace varias décadas, en este mismo local vivía toda la familia. Era un barrio simple de viviendas precarias de pescadores que ya casi no existen. En las estanterías metálicas, bajo una luz de reflector, se agolpan objetos del día a día. Entre todos sobresale una imagen común, “la que más se vende”, puntualiza Yolanda. Imanes, cuadernos, bolas de cristal con figuritas, marcapáginas y postales a todo color exhiben el faro de Cabo de Palos, dibujado o fotografiado, diseñado laboriosamente a mano, impasible en el horizonte, como una torre de Pisa o un símbolo de la literatura.

Desde ‘La Isa’, la calle Marín sigue siendo una estampa de lo que fue Cabo de Palos hasta finales de los años ochenta y ya no será: hogares y negocios familiares, humildes, con un ligero aroma a agua salada. Un poco más arriba, hacia la carretera general -llamada, claro está, subida al Faro-, el pueblo traza una frontera invisible, y sucumbe, de pronto, a la fiebre del turismo: apartamentos vacacionales, hoteles, urbanizaciones que abarrotan las estribaciones de la sierra; un paseo marítimo lleno de chalets con piscinas y amplias terrazas que fueron la prueba irrefutable del progreso económico hace más de dos décadas; asadores, freidurías, arrocerías. Desde este punto el pueblo ya se ha transformado, pero el faro es todavía un espectro, como lo era en la tienda. Es imposible verlo, con todo tan asolado por la presión inmobiliaria, y, sin embargo, está en todas partes: en el logotipo de unos pisos turísticos, en las marquesinas de los restaurantes, en la cruz verde de una farmacia.

Una paradoja conformada durante años: el faro es la insignia que Cabo de Palos vende al resto del mundo como destino vacacional, de sol brillante y playas de agua turquesa. Pero también es, al mismo tiempo, el único lugar de todo el pueblo que ha permanecido inmune al modelo económico que inunda el Mediterráneo español. “Cabo de Palos ya está perdido. Ya no quedan negocios auténticos, ni espacios públicos. Esta tienda sobrevive con mucha dificultad. El faro es lo único que nos queda verdaderamente nuestro, lo que nos recuerda cómo era todo esto hace muchos años. Y no quiero decirlo muy alto, que nunca se sabe”, dice Yolanda.

Esa precaución de la dueña de ‘La Isa’ al terminar de hablar tiene una razón clara. El faro, que data del año 1865, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) -después de cuatro décadas incoando expedientes- por el Ministerio de Cultura el pasado 18 de febrero. Pero entre las páginas del Real Decreto que lo hizo oficial, el 118/2025, se encuentra una amenaza, una alerta para los vecinos: la permisividad del “uso hotelero” del monumento.

“Lo que ha sucedido aquí es simple. Las águilas siempre han estado pendientes de qué sitio puede ser bueno para un pelotazo. Pero ya no queda ningún lugar para construir aquí. Se lo han pulido todo, salvo el faro”, dice, desde lo alto de la misma torre, en un balcón circular a ochenta metros por encima del nivel del mar, dominando toda la costa y la aglomeración infinita de casas, Jesús Álvarez, el último farero del pueblo, que se jubiló en marzo de 2024.

No es la primera vez que la sombra de un hotel planea sobre el faro. En 2017 ya hubo una intención directa, un interés compartido entre la Autoridad Portuaria de Cartagena -la entidad que decide y decidirá, en virtud de la Ley de Puertos, el uso que se le otorga al faro, a quién se vende-, el PP, que aprobó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que abogaba por privatizarlo, y una empresa -Faros del Levante SL- asesorada por el exdiputado popular Andrés Ayala, que presentó una oferta y un proyecto suculento.

La movilización popular de 2017

En aquel momento, Jesús Álvarez aún vivía en el faro. Llevaba más de 30 años haciéndolo. También había otros tres fareros aparte de él. Ahora ya no queda ninguno. Se han ido jubilando y la Autoridad Portuaria no les ha buscado sustituto. El edificio está vacío, salvo por un técnico -y no farero- que está a punto de marcharse también. “Primero nos amenazaron con echarnos. Luego nos sentaron y nos ofrecieron una indemnización para que nos fuésemos. Pero no cedimos y luchamos por nuestros derechos. Ahora que ya no estamos aquí, tienen vía libre para hacer lo que quieran”, cuenta Álvarez.

Para los vecinos está todo conectado: que los fareros se hayan jubilado sin que nadie venga a reemplazarlos, que la profesión esté al borde de la extinción, es un indicio mucho más obvio de lo que puede parecer a simple vista. “Antes siempre tenía que haber alguien pendiente. Trabajábamos con sistemas de iluminación robustos. Teníamos que asegurarnos cada día de que no fallaba nada. Ahora todo eso ya no existe y está automatizado. El faro se controla desde un ordenador, a distancia”, explica Jesús Álvarez, que mira atento la bombilla de la cúpula, el punto más alto.

Karina de Santiago, que reside en Cabo de Palos desde el año 1970, apunta directamente a esa ansia por el negocio en la costa, y a su conexión casi inadvertida con el fin del oficio. “En 2017, cuando nos enteramos del proyecto del hotel, que se vendía en parte de la prensa regional como una oportunidad de revalorizar el faro, se movilizó en contra todo el pueblo. Conseguimos pararlo, pero no del todo. A la vista está. Han esperado a que se jubilaran todos los fareros para no tener que echar a la calle a ninguno. Van a quedarse con este símbolo del pueblo como sea. Para los empresarios y los políticos es más importante la rentabilidad económica que cualquier otra cosa. Les da igual que sea el último espacio público que nos queda”.

“No es posible que el propio BOE, cuando habla de lo importante que es el faro como monumento, deje la puerta abierta a un uso hotelero”, dice de Santiago, caminando por la playa de Levante. Desde esta playa kilométrica sí que se puede ver la torre. Primero, la punta de cristal sobre los tejados de los chalets de ensueño. Yendo hacia atrás surge el edificio entero, sobre una colina rocosa, y el pueblo parece otro mundo.

“Aquello fue como si un día te levantas en tu casa y te dicen, a la cara: oye, que te tienes que ir, que esto a partir de ahora ya no va a ser tu casa, ni tu lugar de trabajo, sino un hotel. Todo fue muy rápido. Primero, la solicitud y el proyecto que la empresa presentó a la Autoridad Portuaria de Cartagena. A los pocos días, la PNL del PP. Fueron muy poco disimulados. Nos salvó la movilización de todos los vecinos. Pero nadie nos avisó nunca de que el proyecto se había descartado. Simplemente lo dedujimos con el paso del tiempo”, rememora Jesús Álvarez. Dentro de la torre del faro las escaleras son de una piedra muy antigua por la que se filtra la humedad. Álvarez la roza con las manos y mira por los ventanucos circulares como recuperando una sensación emborronada: no entra aquí desde hace casi un año.

“Poner en valor”

De las escaleras del interior del faro al comienzo de la cuesta de subida al peñón. Allí se encuentra Gloria Moya, que lleva callada prácticamente desde aquel mes de agosto de 2017, cuando entre ella y varios vecinos constituyeron la plataforma Salvemos el Faro. Moya fue la portavoz. Recuerda a cientos y cientos de personas trepando por los aledaños del monumento con pancartas y megáfonos. Le produjeron tanto cansancio aquellos días, la abstrajo tanto el trabajo, la organización de las protestas, las reuniones con grupos políticos y representantes de la Autoridad Portuaria, la preocupación de perder el faro en detrimento de ese monstruo turístico que lo ha devorado todo a su paso en el pueblo, que se quedó al margen cuando todo pareció diluirse. Pero ella ahora ha vuelto a coger fuerzas. Habla de aquellos días con una cierta congoja, agudizada por la incertidumbre de que puedan volver a repetirse.

En la rampa que escala hacia el faro aún hay restos visibles de aquella movilización: frases pintadas sobre el asfalto que el paso del tiempo no ha podido borrar. Ahora, tras la publicación del BIC, parece que incluso se aprecian mejor. Lo que parecía una protección definitiva se ha transmutado en una nueva lucha. “Salvemos el faro”; “El faro no se vende”; “Stop privatización”, “No al pelotazo”; “El faro es de todos”; “No desahucien a los fareros”.

Ahora Gloria Moya tiene 77 años. No puede subir caminando al faro. Empieza a faltarle el aire cuando hace un esfuerzo físico prolongado. Conserva, no obstante, un espíritu reivindicativo intacto, una pulsión de pelea contra las injusticias. Reconoce las pintadas. Las hicieron entre los vecinos en las noches de aquel verano de 2017. “Llegamos a pensar que estaba todo hecho. Que era un trámite. Yo creo que no se esperaban la reacción que tuvimos. Hay una frase que me saca de quicio. A los empresarios y políticos les gusta mucho, y en el pueblo la han repetido como loros. 'Poner en valor'. ¿Qué se quiere poner en valor exactamente construyendo un hotel aquí?”, pregunta. Pero sabe que nadie le dará respuesta.

El cambio de Cabo de Palos

Cada persona lleva el faro de una forma distinta dentro de sí misma. Gloria Moya lo vio por vez primera a los 10 años. Entonces no vivía en Cabo de Palos, sino en Los Urrutias, una pedanía a orillas del Mar Menor. Desde allí veía extrañada todas las noches una luz muy blanca y muy intensa en la lejanía, como una estrella fugaz. Una vez fue con su madre de excursión a un lugar desconocido. Se quedó embobada conforme iba acercándose al edificio: primero pequeño, gradualmente inmenso, como si tuviera delante una pirámide egipcia.

Karina de Santiago recuerda las noches en su casa familiar del pueblo. La calle tan precaria que no había aún luz eléctrica en las farolas. El haz constante del faro era un antídoto contra las tinieblas. La luna llena, que ascendía lentamente desde el horizonte, se fundía con la torre. Los vecinos compartían cenas en la playa para contemplar el fenómeno. “Vivir aquí era como hacerlo en esa canción que dice: ‘eres el faro de mi vida’”, cuenta, nostálgica.

El farero José Luis Gandolfo, a sus 72 años, guarda la historia más especial de todas. Es la única persona que puede decir que nació en el faro. Su padre llegó a trabajar -y a vivir- en él en el año 1943. Gandolfo nació nueve después. Cabo de Palos no era nada. Rocas y mar, pesca manual, unas pocas casas. Cuando se jubiló, en 2017, poco después del mal trago del episodio del hotel, tuvo que salir del edificio en el que había vivido todos los años de su vida. Dice que ahora las casas del faro se han quedado abandonadas. Que ya no hay en ellas presencias humanas, nadie que perciba cómo la humedad va estropeando las páginas de los libros en una estantería, o la ropa colgada en la oscuridad de un armario.

Gandolfo trasladó su vida a su vivienda actual, una casa sencilla, al principio del pueblo. En el salón, en el despacho, en los pasillos: todo alude al faro. Hay fotografías y lienzos, figuras de barro. El faro, para él, es su verdadero hogar. Recuerda cómo, con el paso de los años, cambió todo Cabo de Palos, y se fue colmando de hoteles y edificios y carreteras y coches. “A los que somos de aquí de toda la vida nos da pena. Y nos hace querer más al pueblo, porque valoramos lo que fue y nunca volverá a ser”, dice. 

El faro es lo único que queda de este lugar tan idílico de las fotografías que se esfumó para siempre. Cuando los nietos de Gandolfo vienen a visitarlo en vacaciones, cuenta, lo llaman “el faro del abuelo”. “Yo soy pesimista”, añade, serio. “Los intereses económicos tienen mucha fuerza. Acabará siendo un hotel. Es la tónica de este lugar”. El farero no apunta únicamente al monumento, sino a las casi tres hectáreas de terreno montañoso que lo rodean. Son también propiedad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y en ellas sospecha que podría levantarse un complejo mucho más grande. “Esto solo beneficiará a un particular, a una empresa. A nadie más”, subraya.

La lucha se reanuda tras el BIC

“La declaración de Bien de Interés Cultural no impedirá, en ningún caso, las actividades y los usos que se puedan dar tanto en el bien de interés cultural como en su entorno (…) incluido el uso hotelero”, reza el Real Decreto que concedió el BIC al faro.

Entre todos los papeles y los restos documentales y gráficos de aquel movimiento vecinal de 2017, en la casa de Gloria Moya, desde la que nunca se llega a ver el faro, tapado por edificios y apartamentos que se alquilan en verano por varios miles de euros, ese párrafo restalla en una mesa marcado con un subrayador amarillo. “Es una barbaridad que se recalque lo del uso hotelero cuando ya dice todo lo anterior. Es denigrante que se escriba esto para un edificio tan importante como el faro. Y es un aviso a navegantes, para que alguien se ponga en marcha, haga un proyecto, lo presente y se lo quede todo y se forre”, dice.

Fuentes del Ministerio de Cultura consultadas al respecto por esta redacción afirman que los “cambios de uso” del faro, sobre los que Cultura no tiene competencias, serán posibles “siempre que no pongan en peligro” los “valores históricos, artísticos y técnicos que aconsejan la conservación del bien”. Las mismas fuentes añaden que “el uso hotelero en Dominio Público Marítimo Terrestre”, independiente de la protección cultural, “debe autorizarse en Consejo de Ministros”.

Lo único que garantiza el BIC es que la torre del faro no sufra modificaciones sustanciales. Fuentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena señalan que “en los espacios del dominio público portuario se podrán autorizar usos y actividades distintos de los de señalización marítima” y que “la normativa vigente permite la concesión de espacios públicos para uso temporal por parte de empresas privadas”. “A día de hoy”, matizan, “no se contemplan concesiones para su uso hotelero”. Pero no dejan claro si seguirá siendo así en un futuro próximo.

“Es como si estuvieran jugando al billar con el faro. Se frotan las manos, digan lo que digan. La Autoridad Portuaria tiene una voluntad puramente política. La mayor parte de su Consejo de Administración está elegido por políticos. Sus acciones están en consonancia con quien gobierna en la Región. Y lo que quieren es dar el pelotazo. Las leyes favorecen que así sea”, sentencia Moya.

Todos en Cabo de Palos reclaman un uso cultural y público para el monumento: una biblioteca, un centro de interpretación, un museo de señales marítimas, una casa de la cultura, un salón social. “Ha sido siempre el sitio que hemos sentido que es de todos. Entonces, que de repente alguien pueda decir que van a poner un hotel, que no podamos subir en bicicleta, ni pasear, ni subir a ver el atardecer o las estrellas por las noches, eso no me entra en la cabeza”, lamenta Karina de Santiago.

“La gente del pueblo tiene potencia para defender lo suyo. Malas personas con ganas de quitarte el caramelo siempre va a haber. El faro es un símbolo, es nuestro, y tenemos que luchar por él”, asiente Jesús Álvarez, bajando ya por el rellano de la que antes era su casa y ahora solo es un espacio de silencio. Atraviesa después la portezuela de madera que da de nuevo a la calle, a la proliferación de gotas de agua salada de las olas que rompen contra las rocas de abajo.

Cada uno de los vecinos, cada día, mira hacia el faro, o se acuerda de él si no lo ve o si está lejos, o se imagina o sueña que lo visita. A cada uno su luz y su lejanía le afecta de una manera distinta. Pero el riesgo de que acabe convirtiéndose en un bien mercantil los prepara a todos para volver a movilizarse. Karina de Santiago se desprende la arena de la playa de sus zapatos con un golpe seco en el suelo. “Nos tendrán siempre enfrente”, dice.

Ya es por la tarde. Cabo de Palos está prácticamente en silencio, en este martes de finales de invierno. La tienda de ‘La Isa’ hace rato que ha echado la persiana. La luz del faro comienza a girar sobre sí misma. Atraviesa el pueblo con ráfagas intermitentes. A esta misma hora, en el transcurso de tan solo unas semanas, cuando vengan el buen tiempo y el calor, todo será distinto. Habrá un reguero de coches interminable, de visitantes, de gente que sale a cenar, a tomar una copa en una discoteca, en el paseo iluminado por marquesinas de restaurantes y bares.

Algunos de ellos incluso pasarán la noche en un piso turístico o en uno de esos edificios con haches iluminadas que despuntan sobre el resto de tejados. Quién sabe si pronto podrán pagar para dormir en el mismo faro. “Con lo público es muy fácil hacer dinero. No inviertes casi nada, te aprovechas de algo que ya existe y te quedas todos los beneficios”.

El puerto de Avilés cerró el año 2024 con un hito histórico. El buque “Kristian Oldendorff”, con bandera de Madeira (Portugal), atracó el pasado 27 de diciembre en el Muelle Raíces Ampliación con 65.946 toneladas de carbón de Kazajistán para la empresa García-Munté Energía.

Es la paradoja que se ha dado en Asturias, donde en un momento de cierre de las centrales térmicas en las Zonas de Transición Justa, como es el Principado, ha llegado más carbón que nunca al puerto de Avilés. Por contra, en Gijón no se ha dado la misma circunstancia y en 2024 ha perdido mucho tráfico de carbón.

En Avilés, el buque “Kristian Oldendorff” ha batido el récord que ostentaba en 2011 el “Star of Emirates” que llegó a descargar 64.350 toneladas de carbón. Una denominación que mantuvo hasta 2012, fecha en que cambió su nombre por el de “Ultra Panther”.

Construido el año pasado, este buque con bandera portuguesa había partido del puerto ruso de Ust-Luga, en el Mar Báltico, para una travesía que se prolongó 12 días, y a Asturias llegó cargado con 65.946 toneladas de carbón en sus siete bodegas.

Palada a palada

Mide 229 metros de eslora (largo) y 32 de manga (ancho), y su calado es de 12, 60 metros. El buque granelero –tipo Kamsarmax– está operado en este caso por la consignataria Alvargonzález.

Varias grúas de forma simultánea han estado extrayendo el carbón, palada a palada, y lo han ido apilando en grandes montañas en el puerto avilesino.

En los últimos años, Oldendorff ha encargado la construcción de un centenar de buques ecológicos de varias medidas. Se trata de diseños preparados para un menor consumo y mayor eficiencia energética.

El grupo catalán García-Munté Energía, especializado en el suministro de graneles sólidos energéticos, ha destinado cuatro millones de euros a la construcción en el puerto de Avilés de una planta de extrusionado para fabricar briquetas de carbón.

Los tráficos portuarios de Avilés

Como antecedentes de esta gran descarga de carbón en el puerto avilesino hay que remontarse a los años 2002 y 2009. En 2002, el buque panameño “Coral Wind” desembarcó 59.000 toneladas de concentrados de cinc, mientras que en 2009 el mercante en tránsito “Billion Trader” llenó cargado con 62.524 toneladas de blenda, pero sólo dejó 25.524 en los muelles locales.

Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés recibieron información sobre la estadística de tráficos portuarios de los diferentes muelles avilesinos, el pasado mes de septiembre, sobre los datos recogidos hasta agosto.

En el puerto avilesino se superaron los tres millones de toneladas y se contabilizaron 547 buques durante los primeros ocho meses de 2024, seis más que en el mismo período de 2023.

El balance del año en Avilés

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, ha hecho este jueves un balance del año 2024 que ha sido muy positivo.

“Para el puerto de Avilés, el 2024 ha supuesto en cuanto a volumen de tráficos una cifra aproximada de 4,8 ó 4,9 millones de toneladas, lo que entraba dentro de nuestras previsiones, pero uno de los datos más relevantes es que ha sido el año donde han comenzado las obras de ampliación del puerto en la margen derecha”, ha explicado.

También ha anunciado que se van a incorporar 115.000 metros cuadrados de superficie logística como consecuencia del convenio suscrito, entre otros, con Acciona, Principado de Asturias, Puertos del Estado, la propia Autoridad Portuaria y por el comienzo de las obras de relleno entre los muelles de Arcelor y Valliniello. Esta última estará terminada en los primeros meses de este 2025, según ha anunciado.

Rodriguez Vega ha destacado igualmente la aprobación del nuevo organigrama que, en su opinión, permitirán desarrollar nuevas funciones vinculadas a la sostenibilidad y a la innovación.

El tráfico en el puerto de Gijón

La Autoridad Portuaria de Gijón calcula que el Musel cerrará el ejercicio con un tráfico de mercancías de 15,88 millones de toneladas, lo que supone una caída del 17,2 por ciento respecto a 2023.

No obstante, volverá a cerrar el ejercicio con un resultado económico positivo, con una cifra de negocio de unos 37,7 millones de euros y un beneficio cercano a seis millones.

Frente a la descarga histórica que se registró en Avilés, en el puerto de Gijón sí se registró un importante descenso del tráfico de mercancías debido a la caída de los graneles sólidos y especialmente el carbón, con un retroceso del 64 por ciento, mientras que los graneles líquidos se incrementaron un 31 por ciento, como se puso de manifiesto en la reuníón del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón celebrada el pasado 19 de diciembre.

El turismo de cruceros está creciendo de forma notable en Asturias. Así lo refleja la Autoridad Portuaria de Gijón que, en su página web, explica que para este año las previsiones apuntan a que en El Musel harán escala un total de 36 buques de pasajeros, frente a las 25 que se completaron en 2023. La temporada dará comienzo mañana, jueves, con la llegada al puerto de Gijón del crucero Aurora.

Los buques que tienen previsto hacer escala en Gijón suman una capacidad de 51.400 pasajeros y 19.700 tripulantes. El Musel puede acoger buques de gran calado y está preparado para atender las escalas de los cruceros más pequeños y exclusivos, respondiendo a las necesidades de las navieras a demanda.

De esta manera, en 2024 están previstas cinco escalas de buques de gran capacidad, con más de 3.000 pasajeros, y seis de expedición, de entre 100 y 200 pasajeros.

De cumplirse las previsiones, será el Britannia el crucero de mayor capacidad que atracará en el Puerto (3.647 pasajeros), con dos escalas previstas, el 9 y 16 de junio.

El Puerto de Gijón ha informado este miércoles de que la temporada de cruceros en la ciudad comenzará mañana, jueves, con la llegada del Aurora, anunciada para las ocho de la mañana.

Por la tarde pondrá rumbo a Bilbao para después continuar hacia La Rochelle (Francia) y regresar a Southampton (Inglaterra), donde está previsto que concluya el viaje.

El buque más antiguo y pequeño

A través de un comunicado, ha explicado que el buque, uno de los primeros cruceros que hizo escala en la ciudad en el año 2000, tiene 270 metros de eslora, 7,9 de calado y navega con 1.700 pasajeros a bordo, en su mayoría de nacionalidad británica.

Se trata del buque más antiguo y pequeño de la flota operada actualmente por P&O, una naviera ya habitual en El Musel, y fue reacondicionado en 2014.

Los turistas que viajan en el Aurora disfrutarán de la actuación de un grupo folclórico a su llegada, contarán con un puesto de información turística en el propio muelle, ofrecido por InfoGijón, así como con un servicio de transporte en autobús al centro de la ciudad.

Para esta escala hay varias propuestas para conocer Gijón, Oviedo, Avilés y Luanco, mientras que algunos pasajeros harán el Descenso del Sella y otros disfrutarán en la Senda del Oso.

Un total de 158 personas han presentado su solicitud a las seis plazas de oferta de Empleo Público para los departamentos de Infraestructuras, Secretaría General y Recursos Humanos, que la Autoridad Portuaria lanzó a finales de 2023 y cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 1 de marzo.

En concreto, “han sido 9 solicitudes para un responsable de Infraestructura BIM, 10 para un responsable de Infraestructura GIS, 42 para dos técnicos de Secretaria General y 97 para dos técnicos de Recursos Humanos”, ha explicado el vicepresidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, quien ha valorado como muy positivo el interés mostrado por la ciudadanía para cubrir unas plazas que permitirán “mayor agilidad en los trámites administrativos, la renovación y refuerzo de la plantilla y un impulso a la profesionalización entre determinados sectores”.

A estas plazas, se suman la convocatoria abierta, desde el 1 de febrero, de siete nuevas plazas de dos técnicos Infraestructuras, un responsable de Aplicaciones de Sistemas, un responsable de Infraestructura de Sistemas, un responsable de Dominio Público, un responsable de Operaciones de Servicio Portuario y un técnico de Secretaría General (Asesoría Jurídica). El plazo de presentación finalizará el 1 de abril de 2024.

Con ello, “son ya 13 plazas las convocadas por la Autoridad Portuaria dirigidas a diferentes perfiles técnicos, jurídicos, económicos o de ingeniería que cubran las necesidades de personal de la Autoridad Portuaria para seguir siendo un motor económico y social. Y estamos preparando 27 plazas más que saldrán durante este año 2024, lo que nos dotará de más medios humanos para seguir siendo un motor tractor de la economía, generador de empleo y oportunidades para la ciudad y la Región”.

La temporada de cruceros arranca este mes de marzo en el Puerto de Cartagena con tres escalas que tendrán lugar durante la Semana Santa y que traerán más de 5.500 pasajeros, según ha informado el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, en el Consejo de Administración.

El primer buque de turismo, el Bolette de la naviera Fred Olsen, un habitual de este puerto que repite año tras año por el éxito entre sus pasajeros, atracará en la Terminal de cruceros el 23 de marzo con 800 huéspedes. Seguidamente, llegará el 26 de marzo el crucero Ventura con más de 3.000 pasajeros y el 29 el buque Azamara Pursuit con 2.000 turistas. “Todos ellos en plena Semana Santa en Cartagena, lo que permitirá proyectar el turismo religioso de la ciudad y que puedan vivir nuestra Semana Santa”, ha destacado Hernández.

Hernández ha dicho que “marzo dará paso al mejor mes en turismo de cruceros de este 2024 en Cartagena, con 28 buques y más de 30.000 pasajeros en el mes de abril que será el pistoletazo de salida a un año donde hay previsto más de 210.000 pasajeros a bordo de cerca de 150 buques, con 17 primeras escalas, 2 primera visita de navieras (Ritz-Carlton Yacht Collection, Explora Journeys), 25 Dobles escalas y 5 triples”.

“Este es el resultado de un trabajo de comercialización y configuración del producto turístico de conjunto entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria a través de ferias como FITUR que nos consolidan como destino de cruceros marcando la diferencia con el turismo premium. Este año más del 50 por ciento de los cruceros que llegarán a Cartagena serán de lujo o superlujo”, ha explicado el vicepresidente.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha dado luz verde a la propuesta de su plan de inversiones 2025-2029 que la Autoridad Portuaria de Cartagena trasladará al organismo estatal Puertos del Estado para su aprobación definitiva y su inclusión en el Plan de Empresa de la APC, donde hay prevista para el año 2025 una inversión pública de cerca de 70 millones de euros, donde están incluidos proyectos estratégicos de integración puerto-ciudad como la construcción del nuevo edificio de Santa Lucía, la remodelación de la fachada marítima en el entorno de la Terminal de Cruceros o la finalización de la reforma del edificio de la Autoridad Portuaria en Héroes de Cavite. También, inversiones más portuarias, como la ampliación del Frente 19 en Escombreras para adaptarlo al incremento del tráfico de graneles líquidos con buques de menor tamaño, o nuevos proyectos que pretende incluir el Puerto para seguir impulsando la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena (ZAL) y dar más disponibilidad de suelo portuario cuando Escombreras se encuentra a su límite de ocupación.

En este sentido, Hernández ha explicado la intención de “construir un nuevo rack de tuberías desde Escombreras hasta Los Camachos que irá en tres fases. Nuestro objetivo es dar solución a la falta de suelo logístico y queremos seguir siendo referentes en graneles líquidos en el sistema portuario español con mejores infraestructuras y servicios que permitan seguir liderando este tipo de tráfico e impulsar los tráficos del futuro como el hidrógeno verde o el ecofrío”.

El vicepresidente ha detallado que “se prevé un presupuesto de 42 millones de euros repartidos en cuatro años. Para 2025, queremos comenzar con los estudios de viabilidad y proyectos técnicos, una vez que sea aprobado por Puertos del Estado” y ha destacado que “este proyecto vincula el Puerto con la ZAL a través del tráfico de graneles líquidos lo que marcará diferencia con otros puertos y zonas de actividades logísticas”.

Además, tanto el vicepresidente como la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han reclamado la definición del trazado de conexión ferroviaria con del Corredor Mediterráneo, para avanzar en esta infraestructura que generará más empleo y riqueza en Cartagena y la Región como un nodo logístico internacional.

Crecimiento del 10% en tráfico de mercancías

Pedro Pablo Hernández ha avanzado que el cierre de febrero en movimiento de mercancías será muy positivo, “con un incremento del 10 por ciento con respecto al año anterior, donde destaca el aumento del 20 por ciento en graneles sólidos y un 7 por ciento los graneles líquidos”. 

En cuanto al tráfico de mercancías el vicepresidente ha resaltado las infraestructuras del Puerto de Cartagena. “Nuestra apuesta por la diversificación de tráficos está dando resultados tangibles porque tenemos un puerto preparado para atender cualquier mercancía y responder a las necesidades puntuales del mercado actual, como hemos comprobado estas semanas con la llegada de la plataforma offshore, Transocean Barents, o la primea operativa de tráfico roro de 1.800 vehículos en el Puerto”.

Hay que recordar que la semana pasada atracaba una plataforma offshore en el dique Suroeste en Escombreras, resultado de contar con unas características técnicas que diferencian al Puerto de Cartagena frente a otros puertos del Mediterráneo. Un calado de 21 metros de profundidad, aguas tranquilas, “una comunidad portuaria preparada para dar un servicio ágil, eficiente y seguro, y las tarifas portuarias más rentables del sistema portuario español”. Además, el éxito de la primera operativa de tráfico roro con la importación de 1.000 vehículos Opel Mokka hace dos semanas “permitió que el miércoles pasado repitiéramos la operación con 800 vehículos Opel más; no es un tráfico que en principio se vaya a afianzar, pero demuestra nuestra solvencia y capacidad y la proyección de un puerto con mucho futuro”.

El Puerto de Cartagena ha vuelto a demostrar su capacidad logística y operativa con la importación de 1.000 vehículos Opel, modelo Mokka, procedentes de Francia, que han sido descargados en un día en el muelle de Santa Lucía.

Es la primera operativa de tráfico ro-ro de vehículos, consignada y operada por Agencia Marítima Blázquez, que se realiza en el Puerto de Cartagena y donde ha destacado la eficacia y eficiencia en la operativa, con la descarga de 100 vehículos en una hora, así como, las infraestructuras de un puerto preparado para atender cualquier tráfico de mercancías y dar respuestas a las necesidades puntuales del mercado actual.

La coordinación entre la comunidad portuaria y la Autoridad Portuaria es un valor añadido que se suma a nuestra situación geoestratégica, nuestras tarifas portuarias que son las más competitivas del sistema portuaria español y unos servicios seguros y eficientes. Todo ello, hace posible que los operadores logísticos puedan abrirse a nuevos mercados que generan nuevas oportunidades y empleos en Cartagena y la Región.

La Autoridad Portuaria tiene una hoja de ruta marcada para diversificar sus tráficos, abriéndose a nuevos mercados, ya sea con tráficos puntuales como el de vehículos, o con tráficos que ya están consolidados en Cartagena, gracias a la política comercial de las consignatarias y la Autoridad Portuaria y a un plan inversiones público-privado que posibilitan la modernización de los muelles y dar el mejor servicio a los clientes.

La plataforma petrolífera Transocean Barents fue trasladada ayer desde el Fondeadero, donde se encontraba desde su llegada el 21 de febrero, en un dispositivo especial que duró unas 20 horas y que comenzó a las 11 horas desde la Terminal de Cruceros, con el desplazamiento de un práctico hasta la plataforma offshore, ubicada en el Fondeadero, para su traslado y atraque en el Dique Suroeste, en Escombreras.

Allí permanecerá unos seis meses para realizar labores de mantenimiento y reparación, donde se reducirá su altura, y así poder pasar el puente del Bósforo en su destino a Rumanía. Esta plataforma offshore de aguas ultraprofundas es una unidad semisumergible de doble actividad. Tiene 295 metros de eslora, 70 metros de manga y 49.000 toneladas GT.

Las labores de mantenimiento y reparación de esta plataforma offshore estarán a cargo de las empresas que conforman el tejido industrial de Cartagena, como Herjimar y Mecánicas Bolea. Además, la plataforma llega con su tripulación al completo, 144 tripulantes que invertirán en la ciudad, en su hostelería, comercio y podrán descubrir los museos y centros de interpretación que ofrece Cartagena como capital turística.

Es la segunda vez que en el Puerto de Cartagena se realiza este tipo de dispositivo especial al ser la opción más rápida y segura de trasladar al personal cualificado a este artefacto para su atraque en la Dársena de Escombreras. La primera vez fue en noviembre de 2020 para la plataforma petrolífera Scarabeo 9, que también se ubicó en el dique Suroeste, preparado para este tipo de tráfico como muelle de larga estancia en la Dársena de Escombreras.

La Autoridad Portuaria lleva unos años trabajando en atraer esta línea de negocio para ser un hub logístico en el sector de las plataformas offshore en el Mediterráneo, un tráfico que genera dinamismo económico y empleo en el entorno.

Desde finales de 2018 el Puerto de Cartagena se ofrece a las empresas como puerto seguro para buques off-shore y han permanecido atracados en estancia prolongada, para trabajos de acondicionamiento y mantenimiento, 9 buques de este tipo, en estancias con duración desde los tres meses hasta ocho. Estos buques han sido Transocean 706, (plataforma semisumergible de perforación), Castorone (buque de tendido de tubos), Drillship Atwood Advantage, Saipem 700, el segundo mayor buque grúa semisumergible del mundo; la plataforma Stena Icemax; el buque Brigth Spark , el Scarabeo 9, en 2021, y el última, el Scarabeo 9, el buque de tendido de tubo “Solitaire”, uno de los más grandes del mundo.

Un Puerto y una ciudad preparada para atender el negocio offshore

Cartagena dispone de la infraestructura logística y la capacitación especializada para la reparación y mantenimiento de plataformas petrolíferas. El Puerto dispone de un posicionamiento estratégico en el eje Mediterráneo, uno de los precios más competitivos entre los puertos españoles y un muelle de 780 metros de línea de atraque, con más de 20 metros de profundidad y 20.000 metros cuadrados de área útil para buques de larga estancia y plataformas petrolíferas. Unas infraestructuras que crecerán con la Terminal de Barlomar que será una de las terminales más moderna y sostenible del mundo, con 58 hectáreas de superficie y una zona de atraques para la industria offshore de 2 hectáreas.

A ello se suma la capacidad de proporcionar mano de obra cualificada al estar en el Valle de Escombreras, el principal polo industrial de España, y contar con especialistas de la industria Naval, como Navantia, formación especializada con la UPCT y los grados de FP, y de una industria auxiliar capaz de dar respuesta a las necesidades del sector.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ha señalado que la situación del Puerto está “tranquila” respecto a la entrada de polizones ya que los intentos se han reducido “drásticamente”, aunque “no podemos bajar la guardia”.

“El puerto tuvo un problema muy importante hace dos años aproximadamente pero ahora la situación está tranquila”, ha dicho Díaz este viernes a preguntas de los medios por el asunto, después de que dos albaneses hayan sido condenados por facilitar la entrada de compatriotas en camiones para llegar a Reino Unido a través de los puertos de Bilbao y Santander.

Díaz ha destacado que desde la APS tienen “cada una de las medidas desplegadas” y están “muy atentos”. Así, ha destacado que cuentan con “plena colaboración” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y han reforzado la plantilla de la Policía portuaria y de la vigilancia privada, a lo que se suma la intención de seguir mejorando el cerramiento perimetral del Puerto.

Unos trabajos que se acometerán en fases, y para lo que ya se están elaborando algunos de los proyectos, hasta completar todo el perímetro del recinto.

“De momento la situación está tranquila, no tiene nada que ver con la que se produjo hace unos años, pero estamos muy atentos”, ha reiterado el presidente de la APS, aclarando que el hecho de que se haya reducido “drásticamente” el número de intentos de entrar al recinto “no hace que deje de ser algo que nos preocupe” tanto a la Autoridad Portuaria como a la Guardia Civil y Policía Nacional.

Por ello seguirán destinando “toda la atención y todo el equipamiento posible” a combatir ese problema, ha asegurado en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para anunciar nuevas inversiones en el Puerto.

La VIII edición de la Carrera 10K Puerto de Cartagena volvió a ser una ola de solidaridad con la participación 2.200 deportistas que compitieron en las distintas pruebas deportivas y que ha supuesto la recaudación de 6.200 euros que han ido destinados a la asociación de Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca (EMACC), en un acto donde se ha hecho entrega del cheque a sus representantes junto a la Autoridad Portuaria, los patrocinadores y el organizador del evento, el Club Runtritón.

Esclerosis Múltiple de Cartagena y Comarca (EMACC) es una organización sin ánimo de lucro, constituida en agosto de 1997, volcada en atender a las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y de otras patologías neurodegenerativas similares en Cartagena y nuestra comarca.

El vicepresidente Pedro Pablo Hernández ha puesto en valor el carácter solidario de la 10K Puerto de Cartagena, “otra seña de identidad de Cartagena y de su puerto. La carrera 10K es una centra sus esfuerzos en quienes más lo necesitan, aquellas entidades y asociaciones que trabajan para y por las personas, para mejorar su vida y las de su familia a través del asesoramiento, apoyo o visibilidad”. Con esa aportación, se alcanzan cerca de 76.000 euros recaudados en las ocho ediciones celebradas de esta carrera desde su puesta en marcha en 2017.

Este carácter solidario y su itinerario único hacen que cada año se sumen más deportistas a la prueba y que sea ya una fecha marcada en el calendario deportivo de Cartagena y la Región, como competición homologada por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. “Es la única carrera que se realiza íntegramente por la fachada marítima, seña de identidad de la ciudad, desde la playa de Cala Cortina, pasando por el Faro de Curra, la Grúa Sansón, la Terminal de Cruceros hasta el muelle Alfonso XII que sigue transformándose en un gran espacio lleno de vida con actividades sociales, educativas, culturales y deportivas, que alaban nuestros vecinos y visitantes como pudimos comprobar en la carrera con la puesta en valor de la plaza de Cartagenas del mundo”, ha explicado Hernández.

La carrera cuenta con un gran número de empresas que cada año se suman a patrocinar el gran evento deportivo del Puerto de Cartagena. En este sentido, el vicepresidente ha agradecido a “Enagás, Ership, TMC, ASEAM, Caixa Bank, Amarradores, Vitaly, Es Cabeza Ventura, Remolcadores Boluda, Moyca, APOEXPA, Huertas Motor, Agua Deus, Estrella de Levante, Hospital Ribera Virgen de la Caridad, Amounal y Adecco, su colaboración y entrega que hacen posible que hoy hagamos entrega de un cheque solidario con lo recaudado en la carrera tras su liquidación; sin olvidar al Club Runtritón, organizador del evento, que cada año se supera para que todo salga perfecto”, ha añadido.