Artur Mas es el expresident de la Generalitat que gasta más recursos, 41.877 euros en 2024, a pesar de que reduce gastos en 3.000 euros con respecto a 2023. Así se desprende de los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat consultadas por la ACN. Quién utilizó menos dinero el año pasado fue Carles Puigdemont, a causa de la baja médica de siete meses del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay. Redujo gastos en 15.000 euros hasta el mínimo histórico de 2.862 euros. José Montilla hace constar un gasto de 33.879 euros, poco menos que en 2023; Joaquim Torra ha ahorrado unos 5.000 euros y Pere Aragonès ha destinado 18.160 euros en arrancar su oficina.

Los presupuestos de la Generalitat dedican cada año un máximo de 60.000 euros a cada oficina de los expresidentes, que sirven para pagar la seguridad, traslados, desplazamientos y la organización de actos y conferencias que hagan tanto en Catalunya como fuera. Ninguno de los expresidentes ha llegado al máximo que puede consumir.

En cambio, los gastos de personal, alquiler, consumos y mantenimiento de las oficinas de los expresidentes se atienden directamente desde la Presidencia de la Generalitat, que asume los costes. Por lo tanto, los recursos gastados que los expresidentes argumentan en sus memorias anuales no incluyen la factura del funcionamiento de la oficina.

Ninguno de los expresidentes de la Generalitat aumento los gastos en 2024 con respecto a 2023. Todos los reducen en menor o mayor medida. Mas es el que ha gastado más dinero en los últimos tres años. Los que han gastado menos son Torra, con 15.763 euros, 5.265 menos que el año anterior, y Puigdemont, con un mínimo histórico de 2.862 euros.

Puigdemont, condicionado por la baja de Alay

Según la memoria, el gasto de la oficina de Puigdemont se ha reducido considerablemente en 2024 respecto con otros años a causa de la baja por motivos de salud del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay, entre el primero de febrero y el 31 de agosto del 2024. Una baja de siete meses que, según fuentes de la oficina, condicionó tanto la actividad como el gasto de la misma oficina. Concretamente, los recursos gastados han caído en más de 15.000 euros pasando de los 18.665 el 2023 a los 2.862 euros el 2024, la cifra más baja desde que el 2018 Puigdemont estrenó su oficina de expresidente.

Entre los viajes que constan en la memoria está el del 8 de agosto del año pasado cuando lo también presidente de Junts asistió al acto celebrado al Arco del Triunfo, en Barcelona, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa. Justo después del acto dribló la presencia policial, que no lo detuvo, y volvió a marcharse a Bruselas, donde vive desde el 2017.

La oficina de Puigdemont afirma que no tiene ningún gasto de alquiler ni de seguridad, puesto que “el Departamento de Interior no autoriza la seguridad que correspondería al presidente Puigdemont de acuerdo con la Ley 6/2003 de 22 de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalitat”.

Mas, 12.200 euros para su videopodcast

De los 41.877 euros que Mas gastó en 2024, la partida más importante, 15.000 euros, se destina a seguridad. Y, en segundo lugar, figuran 12.200 euros que ha dedicado a su videopodcast 'A favor de la política'. Por ejemplo, según compilación de su memoria, publicó una conversación con el expresident Jordi Pujol sobre Catalunya.

En 2024 Mas viajó a China, donde participó en el acto central del 20º aniversario de la presencia en el país del grupo industrial catalán Relats. También visitó la empresa catalana Ficosa, también con actividad industrial en China desde hace años.

Montilla se mantiene en segunda posición

De los casi 34.000 que la oficina de Montilla utilizó en 2024, 15.684 euros corresponden a seguridad y 18.195 a gastos ordinarios. En la memoria anual, el expresidente Montilla hace constar que ha gastado 2.464 euros en ornamentos de la oficina; 2.990 euros en prensa; y casi 8.000 euros para mantener su página web.

Montilla trabaja como consejero de Enagás desde 2020. Justifica su cargo por su experiencia y conocimiento del sector energético y gasístico, al haber ejercido como ministro de Industria.

Según explica en la memoria, la oficina de Montilla ha continuado gestionando el archivo documental del expresidente, informatizando y registrando los documentos en el archivo y en la biblioteca. También se ha trabajado en la creación y mantenimiento de un archivo fotográfico que recoge imágenes de su actividad pública desde el año 1979 hasta la actualidad.

Los primeros cuatro meses de Aragonés como expresidente

En el último cuatrimestre del 2024, Pere Aragonès puso en marcha su oficina de expresidente ubicada en el Pabellón Norte de los Jardines de Pedralbes, después de pasar el relevo de la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa en agosto.

En los primeros cuatro meses de expresidente, Aragonés viajó a Roma para participar en un foro sobre políticas industriales y mantener varias reuniones. También destacan los encuentros que mantuvo con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el expresidente José Montilla, tal como detalla su memoria.

Del total de 18.160 euros gastados de septiembre en diciembre del 2024, las partidas más relevantes corresponden al diseño gráfico de la página web (5.324 euros), a la seguridad (8.541 euros) y a formación (2.580 euros).

Torra reduce los gastos en 5.000 euros

El expresidente Torra declara que en 2024 gastó 15.763 euros. Unos 8.000 euros corresponden al servicio de seguridad del presidente, concretamente a la manutención, alojamiento y desplazamientos del personal de seguridad. El resto de los 7.700 euros hacen referencia a gastos ordinarios, que incluyen alojamiento y desplazamientos de los miembros de la oficina, mantenimiento de la página web y suscripciones a los medios de comunicación, entre otros.

Torra interrumpió temporalmente su agenda por la muerte de su esposa, Carola Miró, en mayo del 2024.

El caso de Pasqual Maragall no es comparable con el resto de expresidentes de la Generalitat. El Gobierno acordó en 2020 transferirle la dotación presupuestaria que le corresponde para atender sus necesidades personales y sociales básicas, al padecer Alzheimer.

Según la memoria del ejercicio de 2024, Maragall recibió una aportación directa de 42.350 euros y alega gastos corrientes por un valor de 3.670 euros, que corresponden a las dietas de los escoltas. En total, suma 46.020 y son 2.590 euros menos que el 2023.

Por último, Jordi Pujol, está sin oficina desde e 2014. El julio renunció tanto a su sueldo como a su oficina de expresidente después de revelar que su familia tenía dinero sin regularizar en el extranjero, herencia de su abuelo.

La financiación autonómica suele despertar discursos apocalípticos sobre la España que se rompe, sobre solidaridad y agravios territoriales y sobre la desigualdad entre españoles. Como cada vez que desde Catalunya se ha impulsado una reforma. Es la gran batalla de la política española dado que de ese modelo dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia, que prestan las comunidades autónomas.

El modelo vigente, fue pactado en 2009 en el marco del nuevo Estatut de Catalunya y está caducado desde 2014. Uno de sus impulsores fue Antoni Castells (Barcelona, 1950), conseller de Economía en los gobiernos socialistas de Pasqual Maragall y José Montilla. Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Hacienda Pública, Castells considera que la propuesta de financiación singular pactada entre el PSC y ERC es un “buen acuerdo”, pero advierte de algunos bancos de niebla que, a su juicio, el Govern de Salvador Illa debería despejar antes de negociar con el Estado. Primero: “qué entiende por financiación singular” y segundo: “el esquema de solidaridad que concibe el modelo”.

Para este experto en federalismo fiscal, Catalunya debería tener una “financiación específica, distinta a la del resto de comunidades, que quede fuera del régimen común”. Hoy se empezará a debatir sobre ello en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

¿Qué le parece lo que conocemos del acuerdo de financiación singular pactado entre el PSC y ERC?

Me parece un buen acuerdo. Es el modelo que acordamos en septiembre de 2005 en el Estatut aprobado por el Parlament. Este modelo de financiación singular y aquel son lo mismo. Después fue desvirtuado sucesivamente por el pacto entre Mas y Zapatero y posteriormente en el Congreso, con el famoso cepillo de Alfonso Guerra. Aun así, el PSC y CiU lo consideramos lo suficientemente satisfactorio como para recomendar el sí en el referéndum. Después fue definitivamente desnaturalizado con la sentencia del Constitucional de 2010.

¿Puede ocurrir lo mismo esta vez?

Por supuesto. Ahora tenemos un acuerdo entre el PSC y ERC, pero este acuerdo se tendrá que negociar con la otra parte, el Estado, y esta negociación siempre es difícil. Un factor a favor es que Pedro Sánchez ha manifestado que está de acuerdo y que lo asumirá. Pero el factor en contra es que en una negociación todo el mundo mira por lo que más le conviene, la Generalitat y las fuerzas catalanas estarán a un lado de la mesa y el Estado en la otra, y ya veremos cómo termina. Para negociar, sin embargo, hay un punto del acuerdo, a mi modo de ver, que el Govern debería aclarar cuanto antes y es qué entiende por financiación singular.

 ¿Para usted qué es?

Para mí es una financiación específica para Catalunya, distinta a la del resto de comunidades, un modelo que queda fuera del régimen común. El Govern debe decir si esta es su interpretación y ERC si está de acuerdo con la interpretación del Govern. Este es un punto fundamental, que deben aclarar los autores del acuerdo, PSC y ERC, un punto previo, casi le diría, a la negociación posterior con el Estado.

Los expertos del Govern andan estas semanas calculando lo que gasta el Estado en Catalunya para ver cuánto le debería pagar con el nuevo modelo. Y le servirá, luego también, para establecer la cuota de solidaridad. ¿El modelo del cupo vasco es una buena aproximación?

El acuerdo tiene tres puntos. Uno ya está claro y es que la Agencia Tributaria de Catalunya recaudará todos los impuestos. Ello tiene una dificultad enorme, pero es lo que dice el acuerdo. Hoy la Agencia catalana tiene 900 funcionarios y la estatal, solo en Catalunya, alrededor de 5.000, a los que habría que imputar la parte correspondiente de los servicios centrales, como la informática, por ejemplo. Segundo, el Estado participará de los impuestos que recaude la Generalitat en unos porcentajes que se calcularán de forma que reciba la cantidad que le corresponda por los servicios que sigue prestando en Catalunya. Y, a continuación, con la cantidad que resulte, habrá que elegir una combinación de porcentajes de los impuestos cuya suma corresponda a esa cantidad.

Efectivamente, lo primero que hay que saber es cuánto representan los servicios del Estado. Para ello, hay una manera muy inmediata de hacerlo: emplear como base la cifra calculada para determinar las cargas del Estado en Euskadi. A la que habría que sumar los servicios que presta el Estado en Catalunya y no en Euskadi, y restar los que presta allí y no en Catalunya. Esto daría una determinada cantidad y, en el momento inicial, habría que calcular qué suma de porcentajes de los impuestos pagados en Catalunya se elige para sufragar esta cantidad. A partir de este momento, a mí me gustaría que cada cual volara por su cuenta.

¿A qué se refiere?

A que Catalunya y el Estado puedan decidir cada uno la política tributaria que desea aplicar. Imagínese, por ejemplo, que para pagar los servicios que el Estado presta en Catalunya, en el momento cero del cálculo, al Estado le corresponde el 35% del IRPF de lo que se recauda en Catalunya y al gobierno de la Generalitat el 65%. A lo que me refiero es a que si luego el Govern decide aumentar la tarifa del IRPF, este aumento debe atribuirse a la Generalitat, no tendría ningún sentido que el Estado se quedara con el 35%. Y viceversa. Y el tercer punto del acuerdo es la contribución a la solidaridad.

¿Cuál cree que debería ser esta aportación?

El último acuerdo contenía un mecanismo de nivelación que en teoría debería nivelar el 75% de los recursos. Es decir, de los impuestos que corresponden a cada comunidad, el 25% se los quedaba la comunidad y el 75% iba va a un fondo común que se distribuye de acuerdo con unos criterios de necesidades, básicamente según la población. Este grado de nivelación es muy alto, y además en la práctica es más elevado, porque se añaden unos fondos que hacen que el grado de nivelación sea prácticamente total, del 100%.

Catalunya contribuye por encima de la media, con 120 (si la media es 100) y acaba recibiendo 100. Toda la contribución fiscal que realizan los ciudadanos catalanes por encima de la media (estos 20) no sirve para financiar los servicios que presta el gobierno de la Generalitat, sino los que realizan otros gobiernos autonómicos. El grado de nivelación real es, pues, del 100%. Esto no ocurre en ninguno de los países federales que nos podrían servir de referencia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania.

“Si ahora Catalunya recibe según la media, con el nuevo sistema sus ingresos por habitante deberían pasar a una horquilla de entre el 110% y el 115%”

¿Qué grado de nivelación cree que debería haber?

Un grado de nivelación de entre el 25% y el 50% sería más que suficiente. Esto significaría que, de estos 20 que Catalunya paga por encima de la media, entre 5 y 10 irían a la solidaridad con otras comunidades autónomas y entre 15 y 10, respectivamente, irían al gobierno de la Generalitat. En todas partes, los impuestos que pagan los ciudadanos de una jurisdicción a su gobierno sirven para financiar los servicios que les presta este gobierno, no para financiar a los otros gobiernos. Y esto es aplicable a los gobiernos intermedios (estados, provincias, cantones o Länder, en los países que antes he mencionado) y, por supuesto, a los gobiernos locales. En todo caso, si se piensa que hay gobiernos que, a causa de una menor capacidad fiscal, deben recibir ingresos adicionales, el responsable de canalizar estos recursos es el gobierno central. En todos estos países es a través del circuito fiscal del gobierno central que se ejerce la solidaridad.

En este sentido, creo que debería quedar claro cuál es el esquema de solidaridad que se desprende del acuerdo, porque este solo habla de contribuir a la solidaridad. Y también se contribuye a la solidaridad a través del circuito estatal, si una parte de los recursos del Estado se destinan a aumentar los recursos de las comunidades con menor capacidad fiscal. De hecho, así es como se hace en todos estos países. Antes en Alemania existía un mecanismo de nivelación horizontal, pero lo eliminaron. España es una anomalía.

¿Cuál cree que debería ser una cifra de ganancia razonable para Catalunya?

Es difícil contestar a esta cuestión. En 2009, el acuerdo alcanzado debería haber supuesto un aumento de 3.800 millones de euros anuales. Ahora no lo he calculado y si existiera una cifra tampoco creo que debiera hacerse pública con una negociación por delante.

Pero usted no negocia, se la pregunto como experto en el tema.

La cifra dependerá de los dos factores que hay que negociar: cuáles son las cargas del Estado en Catalunya y cuál es el esquema de nivelación. También de si hay mejoras en el aspecto competencial, si se asume Rodalies, por ejemplo. Pero si ahora la nivelación es del 100% (es decir, Catalunya está en la media en cuanto a financiación autonómica) y pasara, como he señalado antes, al 25% o el 50%, los ingresos por habitante deberían pasar del 100% de la media al 110%-115%. Es fácil hacer el cálculo. Además, en mi opinión, no solo se debería reformar el sistema de financiación para Catalunya, sino que debería haber también una reforma para las comunidades del régimen común. Que yo sepa no han dicho que quieran más autonomía tributaria, pero sí más dinero y modificar los criterios de distribución. Entonces, si el Estado acaba poniendo más recursos, se tendría que añadir también la parte que le correspondiera a Catalunya.

Con la financiación no basta

Como usted ha comentado, además del sistema de financiación, está toda la parte de las inversiones del Estado en Catalunya, que es en lo que más se fija Junts, a diferencia de ERC. Las balanzas fiscales y el déficit fiscal. ¿A qué le da usted más importancia, a la financiación o al déficit inversor?

Ambos son importantes. Ya he alertado muchas veces de que con la financiación no basta, porque se puede conseguir una gran mejora por este lado, pero si el Estado, en la parte que le corresponde, distribuye su gasto, especialmente la inversión, de forma completamente sesgada, favoreciendo a la Comunidad de Madrid, no habremos solucionado demasiado. Hay que actuar en las dos partes de la ecuación: la financiación de la Generalitat y la distribución territorial del gasto del Estado. Por tanto, a la vez que pactamos una buena financiación hay que establecer unas reglas para asegurar que en todo lo que hace el Estado y que es decisivo para Catalunya, la Generalitat tenga algo que decir. Lo que no es aceptable es que en la lógica competencia entre Barcelona/Catalunya y Madrid, esta última cuente no solo con el concurso de su propio gobierno, sino con el del gobierno central.

Varios estudios concluyen que el efecto capitalidad provoca que la Comunidad de Madrid esté dopada fiscalmente y que su realidad está muy alejada del resto. ¿Cómo cree que debería resolverse?

Esta es una de las cuestiones que me ha hecho revisar mi ideario federalista. En el pasado había defendido una España federal, creía que este era el modelo, pero creo que es muy difícil que España llegue nunca a ser un país federal, por diversas razones, y una de ellas es lo que usted comenta. Hay otra, el federalismo resuelve el problema de la distribución del poder político entre el gobierno federal y los estados, pero no resuelve el problema de la fractura nacional. Y, en España, el problema es tanto o más de reconocimiento de la diversidad nacional, que de reparto de competencias o de poder político.

Pero vamos al factor Madrid. Mientras Madrid sea lo que es ahora, será muy difícil que España pueda ser un país federal. Estados Unidos no sería federal si Washington fuera Nueva York, ni lo sería Canadá si Ottawa fuera Toronto, ni Australia si Canberra fuera Sídney. No lo serían porque a la rivalidad lógica que hay entre los territorios de un país federal, se añadiría que el árbitro estuviera a favor de uno de ellos. Tarradellas decía una cosa con mucho sentido: “¿Para qué quieren autonomía si son los que mandan?”.

Pone mucho énfasis en la rivalidad entre Catalunya y Madrid.

El problema básico es la competencia entre Barcelona, y por extensión Catalunya, y Madrid. En el origen del conflicto entre Catalunya y España está este hecho: Catalunya, un poder económico, en busca de poder político, y un poder político, Madrid, que quería ser también capital económica, y que seguramente lo ha conseguido. Así, pues, a lo que tenemos que aspirar, como ha hecho siempre el catalanismo político, es a tener los máximos instrumentos políticos para poder librar esta batalla e intentar recuperar la capitalidad económica que en buena parte hemos perdido.

¿Qué instrumentos políticos?

Básicamente tres. Primero, potenciar el autogobierno para tener competencias y recursos que nos permitan llevar a cabo políticas propias. Me conformaría con tener los instrumentos que tienen los estados de Estados Unidos. No es verdad que España sea el país más descentralizado del mundo, cualquier estado norteamericano tiene más capacidad de decisión. Segundo, establecer unas reglas para que el Estado tenga una política territorial equilibrada y neutra, para que no juegue a favor de una de las partes, como ocurre ahora con Madrid. Unas reglas que digan que en todo aquello que es relevante para Catalunya, los catalanes podamos tener voz y voto. Y tercero, garantías para que los acuerdos se cumplan y que, por consiguiente, el árbitro sea neutral. Para entendernos, si el árbitro es Marchena, vamos apañados.

¿Cómo valora los seis primeros meses del Govern de Salvador Illa?

En cierto modo, este Govern ha sido balsámico y ha ayudado a rebajar el clima de tensión, lo que ya había ido ocurriendo con el anterior Govern de Esquerra. Después de todo lo que ha supuesto el procés, era necesario que se pasara por tres etapas. Lo primero que hacía falta era la distensión, cuyos hitos más relevantes son los indultos y la amnistía, que, aunque no se haya aplicado, demuestra buena voluntad por parte del Gobierno de Sánchez. La segunda etapa es la rectificación, el reconocimiento (aunque sea implícito) por las dos partes de la necesidad de cambiar de estrategia. La parte catalana creo que ha comprendido que no puede seguir con la vía unilateral y el Gobierno que este conflicto no se soluciona metiendo a la gente en la cárcel. Aunque es cierto que aún hay una parte de la sociedad y de los políticos españoles que seguirían mandando gente a la cárcel. Y la tercera fase es la negociación, que es donde estamos.

¿Negociar qué y para qué?

Para pactar unas nuevas reglas de juego del autogobierno de Catalunya dentro de España. ¿Somos conscientes de que desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatut las reglas de juego que regulan el autogobierno de Catalunya en España están en la provisionalidad? ¿Qué estamos en un estado de excepción autonómica?

¿Por qué?

Porque las reglas actuales (el Estatut recortado por el Tribunal Constitucional) no han sido pactadas. Tenemos un Estatut impuesto, no pactado, en contra de lo que quiere la Constitución. En este caso, al Constitucional los árboles no le dejaron ver el bosque. No tuvo suficientemente en cuenta la gravedad de modificar un Estatut ya refrendado. La sentencia hizo saltar por los aires lo que, de acuerdo con la Constitución, es lo más importante, que es el pacto. Aquí empiezan, en buena medida, todos los males, puesto que una parte de la sociedad catalana llega a la conclusión de que, si sus aspiraciones de autogobierno no caben en la Constitución, hay que considerar superada la etapa constitucional. Creo que se equivocan al querer hacer las cosas de forma unilateral, pero hay que aceptar que esta conclusión tiene cierta lógica.

Acabar con esta provisionalidad debería ser una prioridad para el president Illa. Lo que me produce una cierta perplejidad es que, en últimos quince años, desde que se emitió la sentencia del Constitucional, no se haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta mínimamente consistente entre los dos únicos proyectos aparentemente en confrontación: la continuidad del Estatut recortado y la independencia. Porque yo creo que ahí, en este terreno intermedio, es donde se sitúa la gran mayoría de la sociedad catalana, que no desea ni continuar igual que hasta ahora, ni tampoco la independencia. Una mayoría que probablemente desearía pactar un acuerdo específico de autogobierno de Catalunya en España.

Creo que debería haber una propuesta ambiciosa de autogobierno de Catalunya dentro de España, un acuerdo específico

Sigue, pues, sintiéndose huérfano políticamente.

Así es. Creo que debería haber una propuesta ambiciosa de autogobierno de Catalunya dentro de España, un acuerdo específico. Y no estoy en contra de que se generalice, lo podemos intentar, pero no creo en ello. Las aspiraciones al autogobierno y al reconocimiento nacional de Catalunya no son las mismas que las de las otras Comunidades Autónomas (Euskadi aparte). Esta es la realidad de España y no aceptarlo es lo que nos ha llevado donde estamos. Yo no he visto que en otras comunidades salgan a la calle un millón de personas reclamando más autogobierno, y las encuestas más bien dicen lo contrario, que, en algunas comunidades, lo que desean es menos autonomía. Un problema específico requiere un acuerdo específico.

¿Ve a los presidentes Sánchez e Illa capaces de agarrar los cuernos de este toro?

Una solución como la que planteo podría tener un apoyo importante en Catalunya porque, en mi opinión, una mayoría no quiere la independencia, pero tampoco seguir con el Estatut recortado por el Constitucional. Pero fuera de Catalunya lo veo muy difícil. Pedro Sánchez tendría un problema, incluso dentro de su propio partido.

Usted ha dicho varias veces que desearía un PSC no tan supeditado al PSOE en Madrid. ¿Confía en que a partir de ahora esta relación pueda cambiar? ¿Ve a Illa en esta senda?

Me gustaría. Illa es de fiar y se le tiene que dar un margen de confianza, pero lo que usted comenta es el gran punto débil del PSC y lo que motivó mi distanciamiento del partido. Creo que Catalunya debe tener un Partido Socialista de obediencia estrictamente catalana, que sería lógico que en España pactara con el PSOE, en la mayoría de cuestiones: en políticas sociales, en política europea. Pero en cuanto al modelo territorial de España y al encaje de Catalunya, es normal que su posición no sea la del PSOE. Este punto débil tiene una visibilidad muy clara en el Congreso: yo me siento emocionalmente cercano al PSC y me incomoda ver que quien negocia para obtener beneficios para Catalunya, como la amnistía, las políticas de inmigración o el traspaso de Rodalies, son Junts y ERC, cuando tienen menos escaños que el PSC en el Congreso. El PSC no aparece y lo que se decide allí muchas veces es mucho más importante para Catalunya que lo que se decide en el Parlament.

Por no hablar del pacto no escrito que hubo durante tantos años, hasta que Pasqual Maragall llegó a la Generalitat, por el cual a Felipe González le iba de maravilla que en Catalunya gobernase Jordi Pujol. Por un lado, no tenía el incordio de un gobierno catalán socialista, como lo fuimos para Zapatero, y por el otro tenía asegurados los votos de CiU a base de hacer concesiones cuando le convenía. Los viejos del socialismo catalanista creo que no estarían muy felices al ver a un PSC tan tributario del PSOE.

La junta de accionistas de Enagás, celebrada este martes de forma telemática en Madrid, ha dado el visto bueno a los nombramientos como consejeros independientes de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como el de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y del El Observatorio Crítico de la Energía, afín a Podemos.

El trámite se ha solventado tras las preguntas de dos accionistas sobre los beneficios que implicará ampliar el consejo de administración de la compañía para dar cabida a sus nuevos vocales (se va a ampliar a 16 miembros, por encima del tope de 15 que recomienda la CNMV), así como por su “aportación específica”, dado que “no tienen experiencia previa en el sector del gas”, y por la reducción del peso de las mujeres en el máximo órgano de gestión que va a provocar su nombramiento, en contra de las recomendaciones de buen gobierno corporativo.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha defendido que a los elegidos “no les falta experiencia y conocimiento del sector” y ha justificado su nombramiento por la actual crisis. “Nos encontramos ante unas circunstancias excepcionales y con consecuencias difíciles de prever” y esas incorporaciones al máximo órgano de gestión van a permitir “reforzarlo añadiendo al talento del que ya dispone nuevos perfiles adecuados a esta situación”.

Durante su discurso a los accionistas, Llardén ha explicado que, tras el fuerte descenso durante el estado de alarma de la demanda convencional, la que representa mejor la evolución de la economía e incluye el consumo de industria, hogares y pymes (llegó a desplomarse prácticamente un 24% durante el confinamiento), “se está iniciando una recuperación progresiva” y actualmente es un 10% inferior a la de hace un año, un nivel similar al de la electricidad. “Se está recuperando la economía del país a un determinado ritmo pero somos optimistas”.

El ejecutivo ha destacado que durante el estado de alarma el sistema gasista “ha operado con total normalidad a pesar de las condiciones adversas”, sin incidentes reseñables, en un periodo en el que se descargaron 74 barcos metaneros en las regasificadoras españolas, y se inyectó gas en los tres almacenamientos subterráneos que tiene Enagás aprovechando el entorno de precios bajos de esta materia prima.

Llardén ha remarcado el “compromiso con el empleo de calidad” de la empresa, con la incorporación de 83 nuevos profesionales en el primer semestre y la firma de un nuevo convenio colectivo que proporciona un marco laboral estable en un entorno de “incertidumbre”.

La asamblea de la compañía, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 5%, han aprobado también el abono de un dividendo complementario de 0,9304 euros brutos por acción y de otro extraordinario de 0,0296 euros, que se abonará el próximo 9 de julio.

El Parlament reclamará al expresident de la Generalitat José Montilla que comparezca ante la Comisión de Asuntos Institucionales para dar explicaciones sobre su fichaje como consejero por Enagás mientras mantiene la oficina que le corresponde por haber sido jefe del Govern. La CUP, primero, y Junts per Catalunya después, han presentado este miércoles una iniciativa para reclamar que Montilla acuda a la Cámara. Dos iniciativas que cuentan con el apoyo de la mayoría de grupos, por lo que se espera que la comisión apruebe la propuesta en las próximas semanas.

También el PSC, partido al que pertenece Montilla, ha confirmado este martes que votará favorablemente a la petición de comparecencia, para que el expresident pueda dar las explicaciones que considere sobre la situación, según han informado fuentes del grupo. Dada la posición socialista, no se descarta que finalmente el Parlament acabe llamando a Montilla por unanimidad. Ese miércoles a mediodía ERC y los comuns, además de los grupos que han presentado sus propias propuestas, avanzaban que votarían favorablemente.

El expresident no está obligado a comparecer ante la Cámara porque institucionalmente el suyo no es exactamente un cargo público. Como ciudadano, solo una comisión de investigación podría obligarle a responder ante los diputados. Sin embargo, desde la oficina del expresident recuerdan que Montilla “ha comparecido siempre que se lo ha pedido el Parlament”, aunque fuentes cercanas prefieren esperar a que la petición sea oficial para avanzar qué hará.

Montilla además ha negado este miércoles desde su cuenta de Twitter que vaya a utilizar recursos públicos para su nuevo trabajo en Enagás. “Nunca he utilizado ni utilizaré medios y espacios públicos para actividades privadas. Los que dicen lo contrario mienten”, ha afirmado.

La polémica en torno a la actividad privada del expresident arreció este martes, después de que eldiario.es confirmara la intención del Montilla de compatibilizar la oficina de la que dispone como exjefe del Ejecutivo con un nuevo puesto en el sector privado, como consejero de Enagás. El exdirigente socialista anunció que renunciaría a su pensión, que asciende a cerca de 92.000 euros anuales, a cambio de un salario de al menos 160.000 como consejero independiente en la empresa energética, pero no pensaba desprenderse de su oficina pública, con un gasto total que asciende a casi 400.000 euros públicos anuales.

Desde Catalunya en Comú, además de apoyar la comparecencia parlamentaria, preparan una modificación de la legislación para evitar que esta situación pueda suceder. La formación que lidera Jéssica Albiach presentará en las próximas horas su propuesta, que pasaría por reformar la ley del estatuto de los expresidents de la Generalitat, con el objetivo de hacer incompatible cobrar un sueldo privado mientras se disfrutan de las prerrogativas presidenciales y se mantiene una agenda pública institucional.

También Ciudadanos ha anunciado que promoverá cambios en la legislación, en su caso para eliminar directamente las oficinas de expresidents. “Desde Cs presentamos una ley para eliminar las oficinas de expresidentes. La prioridad debe ser dedicar recursos a salvar vidas y empleos”, ha afirmado el líder de la oposición, Carles Carrizosa.

Respecto a las peticiones de comparecencias, la CUP y JxCat marcan matices respecto al razonamiento de por qué la reclaman. Los anticapitalistas piden de forma sucinta que Montilla explique su fichaje por la compañía energética, que consideran una “puerta giratoria” y una “duplicación de sueldos” de una compañía que, a su parecer, “vulneran el derecho de toda la población a disfrutar de suministros básicos y niegan suministros a las familias vulnerables”.

Por su parte, JxCat ha remarcado que pedirán explicaciones a Montilla no tanto como expresident, sino especialmente por ser un exministro de Industria que se incorpora al consejo de administración de una empresa como Enagás, responsable del polémico proyecto Castor, que precisamente fue parcialmente aprobado por un Gobierno socialista. Una circunstancia que desde la formación de Quim Torra consideran una “puerta giratoria” que no debería producirse.

El expresident de la Generalitat José Montilla trabajará para el sector privado desde su despacho oficial, cuyo coste para el erario asciende a casi 400.000 euros anuales. Montilla renunciará a su pensión como expresident (de unos 92.000 euros anuales) a cambio de un salario de al menos 160.000 como consejero independiente para la empresa Enagás, pero mantendrá tanto su oficina como las tres personas a su cargo que le permite la ley por los años en los que estuvo al frente del Govern catalán. Fuentes próximas al expresident confirman que la intención de Montilla es compatibilizar su actividad para el sector privado con su despacho oficial, situado en una finca en avenida Diagonal con Rambla Catalunya. Las mismas fuentes precisan que en esta sede se centrará solo en sus tareas como ex alto cargo de la Generalitat.

La ley que regula el estatuto de los expresidents de la Generalitat establece que les corresponde una pensión vitalicia del 60% del salario del president del Govern. El sueldo actual de Quim Torra, actualizado a principios de 2020, es de 153.235 euros y el 60% de esta cantidad supone 91.941 euros. La misma normativa indica que esta asignación es incompatible con cualquier otro salario y Montilla ya ha comunicado que renunciará a su pensión.

No renunciará, sin embargo, al resto de prerrogativas que le ofrece el cargo de expresident: el mencionado despacho y las tres personas a su disposición, una de ellas con rango funcionarial alto y un salario de más de 60.000 euros. Según una respuesta parlamentaria del Govern a una pregunta de Ciudadanos, solo el alquiler de la oficina de Montilla supuso en 2018 más de 105.000 euros. En personal el importe ascendió a 209.493 euros mientras que los gastos por su actividad superaron los 48.000 euros. En total, la oficina del expresident Montilla cuesta 399.269,05 euros al año.

El despacho de Montilla es de lejos el más caro de todos los expresidents y llega a triplicar al de alguno de sus antecesores. En 2018, último año con datos disponibles, la oficina de Pasqual Maragall costó casi 115.000 euros. La de Artur Mas, casi 235.000 euros mientras que la de Puigdemont, con solo una persona contratada, fue la más barata, con poco más de 74.000 euros.

Desde la oficina de Montilla han preferido no hacer declaraciones y han recordado que todo lo relativo al funcionamiento de su despacho se hace siguiendo lo que indica la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat.

Acuciado por las noticias sobre la existencia de dinero en paraísos fiscales, Jordi Pujol renunció en julio de 2014 a las prerrogativas, pensión y comodidades que le permitía su figura de expresident mientras que Carles Puigdemont rechazó desde el principio cobrar la pensión vitalicia, aunque sí mantiene su despacho oficial de expresident. Con la entrada de Montilla en el sector privado, solo Mas y Maragall seguirán cobrando la pensión vitalicia que les corresponde por haber estado al frente de la Generalitat.

González y Aznar: pensión y sector privado

Si bien la ley catalana impide compaginar la pensión vitalicia con salarios en empresas privadas o en otros cargos públicos, la normativa estatal sí permite a los expresidentes combinar su pensión con los ingresos en el sector privado o con otros cargos públicos, como han hecho desde hace años los expresidentes José María Aznar y Felipe González.

A todos los expresidentes del Gobierno les corresponde una dotación vitalicia de 74.580 euros que, si bien no tiene naturaleza salarial y está destinada a “gastos de oficina”, no debe justificarse cómo se emplea. A su vez, tienen derecho a tener dos trabajadores a su cargo, coche oficial con conductor, escolta y viajes gratis por tierra, mar y aire en las empresas que ofrecen estos servicios habitualmente.

Tanto Aznar como González compaginaron esta pensión vitalicia con empresas propias, cargos en el sector privado e incluso periodos en otros organismos públicos. Según publicó Maldita.es, González ha llegado a percibir dos millones de euros a lo largo de su vida gracias a esta pensión vitalicia, un dinero que compaginó primero con su cargo de diputado tras dejar la presidencia del Gobierno y después con su actividad en el sector privado como directivo de Gas Natural y consultor para otras empresas. Aznar también ha compaginado esta pensión con su actividad en el sector privado como asesor de diversas multinacionales y conferenciante.

Los dos únicos expresidentes que han renunciado a esta pensión han sido José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El primero renunció a esta prerrogativa para formar parte del Consejo de Estado (con un salario mayor, de 100.000 euros) aunque después también renunció temporalmente a esta nómina cuando accedió a la presidencia de una fundación alemana que le requería dedicación completa.

Rajoy, por su parte, también ha renunciado a su pensión vitalicia ya que ha vuelto a su puesto de registrador de la propiedad (primero en Santa Pola, después en Madrid) donde percibe un salario mayor incluso que el que tenía cuando era presidente del Gobierno. Cuando se jubile tendrá la posibilidad de acogerse a la pensión vitalicia que le corresponde.

Los expolíticos van a ser mayoría en el consejo de administración de Enagás. La empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ultima el nombramiento como consejeros del expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco.

La incorporación en calidad de “independientes” de los socialistas Montilla y Blanco (respectivamente, senador y eurodiputado hasta 2019), junto con el científico Cristóbal Gallego, cercano a Podemos, fue aprobada por el consejo de administración de Enagás el martes y avanzada en la noche de ayer por Crónica Global. Enagás, que todavía no ha comunicado los nombramientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no ha querido hacer comentarios al respecto.

Montilla era ministro de Industria cuando, en 2006, el actual presidente de esta compañía del Ibex, Antonio Llardén (considerado cercano al PSC), fue nombrado consejero de Enagás, entonces en representación de Gas Natural, de la que había sido alto directivo, si bien Llardén no fue nombrado presidente hasta 2007, cuando Montilla ya era presidente catalán y la cartera de Industria estaba en manos de Joan Clos.

Por su parte, Blanco fue desde julio de 2008 hasta febrero de 2012 vicesecretario general del PSOE, y entre abril de 2009 y diciembre de 2011, ministro de Fomento. Entre 2014 y 2019 fue diputado en el Parlamento Europeo, donde se encargó de dirigir la negociación de la Directiva de Renovables como miembro del equipo del Parlamento Europeo.

El tercer fichaje de Enagás, Cristóbal Gallego, es doctor Ingeniero Aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Fue el experto designado por Podemos para el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética encargado en 2017.

Con el aterrizaje de Blanco y Montilla, los expolíticos van a ser mayoritarios en el consejo de administración de Enagás, cuyo número de miembros se va a incrementar hasta 15, en el límite que recomienda el código de buen gobierno de la CNMV. Ese elevado peso de antiguos altos cargos no tiene parangón en la bolsa española y coincide con un momento de elevada incertidumbre para el sector gasista ante el proceso de transición energética.

Otros cinco del PP

Esos dos ex pesos pesados del socialismo van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP que recalaron en el grupo durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, que fue fichado en 2012. Tras él se incorporaron en 2014 los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.

A ellos se suma el economista Santiago Ferrer, ex diputado en el Parlamento de Baleares por Formentera y conseller de Hacienda en el Consell de Ibiza y Formentera, que se incorporó en 2018 y que hace años encabezó las listas de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera (C.O.P.).

En el máximo órgano de gestión de Enagás hay otros dos vocales independientes que, sin haber ocupado cargos políticos, también son considerados muy cercanos al PP: el expresidente del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana y el abogado del Estado Ignacio Grangel, que fue asesor en el Ministerio de Industria durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y después fue recolocado por los populares, sucesivamente, en Red Eléctrica, Omel y Enagás.

El expresident de la Generalitat José Montilla ha acusado al expresident y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, de querer “dinamitar” la mesa de diálogo entre gobiernos y de priorizar sus intereses partidistas y personales, en plena “competición” con ERC por la hegemonía del espacio independentista.

En una entrevista con Efe, Montilla ha dicho que “desgraciadamente” una parte del independentismo desea que la mesa de diálogo descarrile sin haber servido para encontrar una solución al contencioso político catalán. Según Montilla, “JxCat tiene una actitud diferente a la de ERC”, de hecho “compite con ERC” por el mismo espacio, y “los objetivos de Carles Puigdemont son muy diferentes a los de Oriol Junqueras”.

“Puigdemont tiene unos objetivos que son dinamitar el diálogo, que este proceso no llegue a buen puerto”, ha denunciado Montilla. “La campaña de las elecciones que seguramente vendrán en otoño ha empezado ya para Carles Puigdemont, que seguramente aspira a liderar la lista” de JxCat, ha añadido el expresident socialista.

Prueba de esta estrategia es, según Montilla, la moción en el Parlament que impulsó JxCat “de manera unilateral, sin pactarla con ERC” y que reclama la presencia de un “mediador”. La moción fue aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, horas después de la reunión que mantuvieron el presidente catalán, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su entender, esa moción de JxCat “tenía por objeto marcar territorio ante su socio del Govern y adversario en las próximas elecciones”. “En el mundo independentista hay gente que quiere abordar sinceramente un diálogo, una negociación, con una voluntad constructiva, tanto en ERC como también fuera de ERC. Y hay otra gente que quiere que esto no vaya a ninguna parte, que quiere dinamitar este proceso”, ha subrayado.

Para Montilla, “es comprensible que la CUP tenga esta actitud”, pero que haga lo mismo JxCat, “heredera del espacio político de Convergència”, es “menos comprensible”. “Eso solo es comprensible en clave de quién gobierna JxCat, una formación política que está exclusivamente al servicio no del país sino de los intereses de una persona, que es Carles Puigdemont. A Carles Puigdemont no le interesa que esta negociación y este diálogo puedan acabar en un pacto”, ha insistido.

A Puigdemont, ha dicho, el diálogo entre gobiernos “no le interesa para sus objetivos políticos; sus objetivos partidarios y personales son más importantes que el país”. Para que el diálogo sobre Catalunya pueda “avanzar”, ha afirmado, son “necesarias” dos condiciones: una incumbe al Gobierno del Estado y la otra a las fuerzas independentistas.

La primera de las condiciones, ha opinado, ya se está cumpliendo: “Por parte del Gobierno de España, si ahora se apuesta por el diálogo y el pacto, ya hay un cierto reconocimiento de que la vía exclusivamente judicial y policial escogida hasta ahora por los Gobiernos del PP fue una vía equivocada”.

Por parte del independentismo, en cambio, “debería haber un cierto reconocimiento de que con la vía unilateral no se va a ninguna parte, que se equivocaron optando por esa vía”. “Las personas y las formaciones políticas nos equivocamos, y no pasa nada si se admite esta equivocación”, ha señalado Montilla, que ha lamentado los “complejos” que aún tiene el mundo independentista a la hora de admitir que la unilateralidad fue un error, porque aquel que lo reconoce es tachado automáticamente de “traidor”.

Montilla ha puesto en valor el giro pragmático que trata de imprimir ERC, pero “el problema es que, pese a todo, tienen un adversario en el espacio independentista que los está vigilando y tiene unas ganas terribles de llamarlos traidores”, y esto “les condiciona” a la hora de hacer declaraciones y trazar su estrategia. Por otro lado, Montilla, que presidió el segundo gobierno tripartito con PSC, ERC e ICV-EUiA entre 2006 y 2010, no cree que esa misma coalición sea una opción “realista” a corto plazo: “Hoy yo creo que no es posible, no nos engañemos”.

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont han firmado un comunicado conjunto en el que solicitan la libertad de los presos independentistas: “La prisión preventiva tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte en una pena anticipada”.

En la carta, firmada también por los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, los firmantes “apelan a las autoridades competentes” para que “consideren medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario” de los encarcelados provisionalmente por el procés.

“La prisión preventiva es un problema generalizado del sistema penal, que vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia. Contribuye, además, a la saturación de los centros penitenciarios y, finalmente, puede entorpecer el derecho de defensa”, alegan.

Los expresidentes de la Generalitat y del Parlament consideran que la prisión preventiva generará problemas a los encarcelados, que tendrán que desplazarse a Madrid durante la celebración del juicio. “Se producirán largos traslados”, advierten, los cuales pueden “dificultar el contacto continuo (de los encarcelados) con sus letrados” y “limitar sin razón legal su participación activa en su propia defensa”.

Actualmente, los presos independentistas están en cárceles catalanas, a la espera de que sean trasladados a prisiones madrileñas para el juicio ante el Tribunal Supremo. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha pedido al Ministerio del Interior que los presos estén en Madrid la última semana de enero. En una carta anterior, los expresidentes de la Generalitat –incluido Pasqual Maragall– y del Parlament pidieron a los presos que dejaran la huelga de hambre.

La dirección del Grupo Socialista en el Senado ha sancionado a los parlamentarios José Montilla y Francesc Antich por ausentarse en la votación que dio el visto bueno a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat de Catalunya.

Varios meses después de la votación en la Cámara Alta, la dirección del grupo parlamentario decidió sancionar a los expresidentes de Catalunya y Baleares, que justificaron su abandono del pleno el pasado 27 de octubre por su condición de senadores por designación autonómica, es decir, nombrados a través de los parlamentos regionales. A Montilla se le sumaba, además, su pasado como presidente de la Generalitat que, según justificó, le obligaba a representar a todos los catalanes, también a los que rechazaban la aplicación del precepto constitucional.

Ambos senadores comunicaron a Pedro Sánchez su decisión –con la que evitaban votar a favor del 155 que apoyaba el PSOE, pero también romper la disciplina de voto–. El secretario general se mostró comprensivo.

La dirección parlamentaria, pilotada por Ander Gil, aparcó la sanción para no interferir en las elecciones del 21D, aunque el trámite para el expediente –al que ambos presentaron unas alegaciones similares a las explicaciones que dieron en público– se inició antes de los comicios.

La cúpula socialista en el Senado analizó en las navidades todas las irregularidades de voto que se habían producido y decidió sancionar a ambos senadores. Algo para lo que no había tenido “ninguna prisa” por tratarse de una “cuestión interna”, según fuentes socialistas.

El reglamento del grupo socialista en la Cortes prevé sanciones de entre 200 y 600 euros para los parlamentarios que se ausenten en las votaciones sin autorización previa. En el caso de que sean en pleno, la multa es de 400 euros y alcanza la cuantía máxima cuando es necesaria una mayoría cualificada o la votación tenga “singular importancia”.

La dirección socialista siempre ha sostenido que la votación del 155 era “excepcional” y defiende las “circunstancias” especiales de Montilla y Antich. La propuesta del portavoz socialista, Ander Gil, era rebajar el máximo de la sanción que refleja el reglamento del grupo por un “atenuante” dada esa “excepcionalidad”. Finalmente, la dirección socialista aprobó que la multa para ambos fuera de 300 euros.

El expresident de la Generalitat y senador por designación autonómica, José Montilla, ha comparecido este martes ante la comisión de asuntos institucionales del Parlament de Catalunya para explicar su posición ante la votación en el Senado el próximo viernes, sobre la supresión de la autonomía por la vía del 155. Como él, por la comisión han pasado los ocho senadores nombrados por el Parlament, de todos los grupos con representación menos la CUP.

Montilla no ha explicado qué tiene pensado votar el viernes, pero ha explicado que el Parlament “puede contar con él” para parar el 155 con la condición de que el president Carles Puigdemont convoque antes elecciones. “Hoy, mañana, jueves o el mismo viernes, el presidente de la Generalitat puede dar por terminada una legislatura que no té ya continuidad ni programa, disolver la cámara y convocar elecciones anticipadas”, ha reclamado el senador del PSC.

Antes que esto, el expresident ha repartido críticas contra los gobiernos español y catalán, al considerar que se ha llegado a la actual situación por culpa de ambos, comenzando por la falta de voluntad para reparar la “herida” provocada por la sentencia del Estatut y acabando por la falta de diálogo actual. Entre las quejas contra los independentistas, Montilla ha señalado al pleno de los días 6 y 7 en el Parlament cuando, en su opinión, “se banalizó la desobediencia” y “se violentó el reglamento”.

Pero el senador también ha tenido palabras contra la actitud del Gobierno de Rajoy, por menospreciar las reclamaciones “bien reales” de los catalanes y responder únicamente “con fiscales y jueces” a sus demandas. “La iniciativa para la resolución de los problemas políticos no puede estar en sede judicial”, ha asegurado Montilla.

Como el expresident, se han posicionado sobre la votación los otros 7 senadores. El líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha hecho una defensa cerrada de la necesidad de las medidas del 155 para “recuperar el autogobierno”, posición que ha mantenido también Francesc Xavier Alegre, de Ciutadans.

En contra se han manifestado la diputada de En Comú Podem, Sara Vilà, quien ha considerado las medidas del 155 “un castigo colectivo”, o Mirella Cortès, de ERC, quien ha considerado que la aplicación del artículo supondrá un intento de “liquidar las instituciones del autogobierno”. Además Cortès ha denunciado haber sentido vulnerados sus derechos como senadora por la forma en como se ha tramitado el 155 en el Senado.

Jordi Évole, en su programa Salvados, habló de la penuria laboral en la que estamos instalados. En un momento del espacio, un sindicalista de la empresa de automoción Nissan dijo que la presión a la que están sometidos en las negociaciones con la empresa traspasa el ámbito de las puras relaciones laborales entre empresa y trabajadores: políticos y medios de comunicación toman posiciones conminándoles a negociar rebajas salariales y recortes de empleo con el fin de que se mantengan en el país estas multinacionales subvencionadas por el erario, es decir, por todos nosotros.

Durante la conversación con Évole, el sindicalista dijo que cada día, sobre el mediodía, llegan a la planta de Nissan alrededor de 2.000 ejemplares del diario La Vanguardia, que se distribuyen gratuitamente entre los trabajadores.

Évole mostró en su iPad un editorial y varias informaciones de La Vanguardia que pedían “diálogo” y “sensatez” por parte de los trabajadores de la planta de la Zona Franca, que aceptaron una doble escala salarial y rebajas en su sueldo. Nissan, que recibió varias decenas de millones del Gobierno de José Montilla (PSC), realizó una regulación de empleo al poco tiempo de ingresar estas subvenciones a fondo perdido.

“Es lo que hay”, decían los trabajadores entrevistados en Salvados. Y seguramente es verdad que no tenían/teníamos otra opción.

Es llamativo el papel que los medios pueden jugar en los momentos de crisis. No debemos esperar una defensa de los más débiles, sino más bien una alineación con los poderosos, quizás porque entre los primeros también se encuentran algunos diarios catalanes.

El director de El Periódico de Catalunya alertaba en una columna sobre la concesión de la externalización (privatización) de la publicidad de TV3 a favor de intereses ocultos de grupos privados que todos interpretan en clara alusión a su competencia: La Vanguardia.

El Periódico ha colgado en su web y publicado en el diario varias informaciones, incluida una del comité de empresa de TV3 en la que tacha de error la decisión mayoritaria del Parlament de Catalunya.

La Vanguardia ha publicado una información de perfil bajo sobre este tema: ¿significa eso que el Grupo Godó aspira a la concesión de la venta de espacios publicitarios de TV3?

Una de las razones esgrimidas para privatizar la facturación publicitaria de la cadena es la imposibilidad de competir con el oligopolio de Antena 3 y Telecinco. Se supone impensable que el concesionario fuera precisamente uno de ellos (Atresmedia o Mediaset), aunque pudieran resultar los más eficaces. Grupo Zeta, editor de El Periódico, no tiene experiencia en gestión comercial televisiva, y en cambio Godó dispone de 8TV, que ha alcanzado una audiencia del 5,8% que, unida a la de TV3, que raya el 15%, le permitiría hacer una buena tarifa conjunta publicitaria a imagen y semejanza de la empleada con La Sexta y Cuatro por parte de Antena 3 y Telecinco, respectivamente.

Sí o sí, parece que lo de la publicidad de la tele catalana acabará en manos de La Vanguardia.

No hay que rasgarse las vestiduras por ello. La mayoría de los gobiernos, incluido el tripartito, han beneficiado en subvenciones al Grupo Godó. Y éste de CiU se cree en deuda con el editor de La Vanguardia, que no ha tenido reparo en modular su interpretación “moderada” hacia la independencia hace tan solo unos días.

Visto el papel de altavoz y propaganda que La Vanguardia hace de las consignas del poder económico y político establecido, yo le daría la publicidad de la televisión pública a ese diario: ha demostrado que lo puede hacer con eficacia y solvencia.

José Montilla es, como le definieron en una campaña, un hombre normal. Estatura media, apariencia física común, traje discreto. Pasaría perfectamente desapercibido por la calle. Y esa normalidad llama la atención en alguien que lleva más de tres décadas en política y ha sido casi de todo: alcalde, diputado autonómico, líder de su partido, diputado, ministro, el primer president de la Generalitat no catalán y, ahora, senador.

Vive a caballo entre Sant Just Desvern y Madrid, donde pasa unos tres días a la semana. En medio, el AVE y un hotel que dice que “no es de cinco estrellas”, sino uno que está cerca del Senado “para ir y volver andando”. Portavoz de los socialistas catalanes en la Cámara Alta y presente en cuatro comisiones, dice sin embargo que su vida tiene “menos ocupaciones, pero no menos preocupaciones, dada la situación”. Lo dice hablando como él habla, muy despacio. Tanto que a veces termina de responder una pregunta cuando ya se le ha hecho otra.

Al hablar se apoya en juegos de palabras y dos muletillas constantes, “digamos” y “en mi opinión”. Es de suponer que lo hace de forma intencional, como cuando habla de ERC diciendo el nombre entero de la formación, pero diciendo sólo ‘Convergència’ al hablar de CiU. Mide mucho las palabras, sobre todo cuando habla de sus predecesores, ya sea en el partido o en el Govern. Ese aire de lealtad institucional es una especie de demonio susurrándole al oído al que casi se escucha en su luminoso pero añejo despacho.

Sobre su carrera dice que no hay vuelta atrás, que no ocupará cargos por los que ya ha pasado, pero que “ni por edad ni por actitud” piensa en jubilarse. “Hay muchas formas de servir a un proyecto”, dice, hablando de “servir a mi país”. El país de este andaluz es su Cataluña de adopción, cuyo idioma domina tras vivir allí desde la adolescencia, aunque se define castellanoparlante.

Desde que dejó de ser president las cosas han cambiado mucho, ¿en lo político ha sido a mejor o a peor?

Francamente a peor, es evidente. La crisis trasciende los problemas estrictamente económicos porque afecta a las esperanzas de la gente. El empleo, los servicios públicos y los problemas políticos. Los de la desconfianza hacia la política y las relaciones Cataluña-España también.

¿Por qué?

Nunca ha sido motivo de tantos análisis este desencuentro. La verdad es que sus bases tampoco han empezado hace tres días, es decir, los cambios en la sociedad catalana se vienen gestando desde hace tiempo. Lo que pasa es que en un determinado momento emergen, con la agudización de la crisis y el empobrecimiento de las clases medias, y se hace evidente esa actitud de una parte importantísima de la sociedad catalana. Desafección con lo que es España y puesta en cuestión la posibilidad de tener un proyecto compartido.

No es lo único que ha cambiado, su tripartit no sería lo mismo ahora

Los partidos es normal que cambien, igual que cambia la sociedad. Hay unos donde cambian las personas pero los proyectos se mantienen. En otros los cambios son de personas y de orientación. Ciertamente la ERC de ahora no es la ERC con la que yo goberné. En estos momentos se está planteando una candidatura conjunta, una especie de frente independentista. No eran esas sus prioridades cuando pactamos en el año 2006, sino desarrollar el Estatuto de autonomía y negociar una financiación.

¿Tiene dos almas el PSC, una independentista y una no independentista?

No, afortunadamente tiene una muy plural. O tiene una o tiene muchas, pero no tiene dos.

¿Aunque haya quien quiere montar formaciones propias y dejar el partido?

Eso son opciones personales legítimas que no responden a planteamientos colectivos, en absoluto.

Pero es la única federación socialista del país que...

... Es que no es una federación socialista, ese es el tema

Correcto, es un partido independiente del PSOE

Pero no de ahora. Hay gente que se sorprende, pero son partidos separados y eso no es así por casualidad. Es porque somos consecuencia de nuestra historia.

¿Y eso en este momento no se puede ver como una contradicción si el PSC está intentando tender puentes con España?

¿Contradictorio con quién o con qué? Nosotros hemos sido un partido federalista y lo seguimos siendo. Y somos un partido catalanista. Eso quiere decir que defendemos el máximo autogobierno para Cataluña.

¿Dónde termina ese autogobierno que defienden?

En los límites que nosotros mismos nos imponemos, el de participar conjuntamente en un proyecto común para España y para una Europa en el camino de ser federal.

Entonces cuando habla de “servir a tu país” ¿a qué país se refiere?

No tengo ningún problema en considerar a España un país, pero con país nosotros nos referimos a Cataluña. Cataluña es un país, una nación. Lo que no es es un Estado. El Estado es el español. Siempre he dicho que España es una nación de naciones. Lo decía incluso cuando era ministro.

¿Referéndum sí o no?

A la gente ya le estamos preguntando. En las elecciones de lo que se trata es que las ofertas políticas sean claras y que la gente pueda opinar dando su apoyo a una u otra formación en función de lo que plantea. Eso normalmente no es negro o blanco, y los referéndums sí lo son. Las cosas son grises, y hay muchas gamas de grises.

En unas elecciones se votan muchas cosas, no una política concreta. Se vota lo económico, lo social... Un referéndum es una cuestión concreta, en este caso de modelo de estado

Todo depende de la pregunta que se formule, del momento en el que se haga... Las preguntas pueden ser inducidas, como las encuestas. A mí si se me pregunta “¿Usted cree que el futuro de Cataluña está en ser un Estado independiente o está en reforzar su autogobierno, mejorar su financiación y continuar trabajando con el resto de pueblos de España?” yo diría esto último.

Hagamos una pregunta más concreta: ¿Sí o no a un referéndum en el que se preguntara si la ciudadanía de Cataluña quiere iniciar un proceso que lleve a la independencia?

Es que yo creo que eso es tramposo, depende de cuándo se haga, de si se hace de común acuerdo, de si es de manera unilateral o pactada con España. No se puede responder sin saber todo eso. Mi visión es que la separación de Cataluña de España en estos momentos lo único que traería es perjuicios para los dos. Dentro de 20 años no lo sé.

Si se hiciera ese referéndum, ¿la decisión debería competer al pueblo catalán o al conjunto del pueblo español?

Lo importante es si se convoca de acuerdo con el estado de derecho, respetando las normas y la legalidad. En democracia las normas son básicas. Si se rompen las reglas del juego la democracia se rompe.

¿Aunque estas normas y esta legalidad no contemplen la figura de una independencia?

Si la legalidad se puede dejar de lado con un argumento estás posibilitando que haya otros que puedan hacer lo mismo. ¿Cómo negarás a otros el violar las reglas del juego si tú lo haces?

¿Por qué cree que Mas convoca elecciones anticipadas?

Las elecciones anticipadas siempre se convocan por dos razones, por una de las dos o por las dos. Una es que debe tener encuestas que son buenas después de los últimos episodios. Otra es si no tienes una mayoría clara para gobernar. A esto añadiría una tercera: porque se ahorra presentar los Presupuestos. En política económica Convergència y el Partido Popular han ido de la mano, allá y aquí, y serían unos Presupuestos con recortes.

Pero los tendrá que presentarlos antes o después

Sí, pero poner ahora encima de la mesa la aprobación de unos Presupuestos con recortes que taparían el debate sobre la independencia y las grandísimas ventajas para Cataluña que, según ellos plantean, traerían… Por lo tanto, espera poderlo hacer en una coyuntura mejor para sus intereses. Están planteando las elecciones tratando de huir del debate que tiene que ver con la economía, con el mundo real, con los recortes, con los servicios públicos. Los medios ahora no hablan de eso, el debate ahora es la independencia.

Decía al principio que Cataluña estaba políticamente peor y que las políticas aplicadas no eran apoyadas por la ciudadanía, pero parece poco probable que los resultados de CiU sean peores

Precisamente por eso, porque ha situado el debate nacional en clave catalana y tapa el debate social y económico. Y en eso Convergènica ha jugado con habilidad y tiene un apoyo mediático impresionante. El debate es la soberanía, la independencia, la apelación a los sentimientos y al bolsillo. Al corazón de independentistas románticos y a los independentistas más recientes, que son los del bolsillo, a los que han explicado que con la independencia hasta se podrán bajar los impuestos, no tendremos déficit y no serán necesarios los recortes. El paraíso. ¿Dónde hay que apuntarse?

Y ahí los perjudicados serán ustedes

Trataremos de que no seamos tan perjudicados, pero la coyuntura no nos favorece, es obvio.

Porque la convocatoria electoral ha cogido además al PSC totalmente a contrapié

En el PSC hay una nueva dirección que estaba comprometida a desarrollar un proceso de primarias, pero justo este mes estaba previsto aprobar este reglamento. Las candidaturas han de estar presentadas la semana que viene, lo que hace imposible el proceso de primarias.

¿Quién ha hecho más por un proceso de independencia, gente como Carod-Rovira o Bosch, gente como Mas o gente como Rajoy?

No quiero negar los méritos de los dirigentes de ERC y de Convergència, pero creo que la derecha española ha hecho más independentistas que ellos. El independentismo ha crecido con el hostigamiento a la elaboración del Estatut, con el recurso al Constitucional... La derecha española es una máquina de fabricar independentistas. No es nuevo aunque algunos se sorprenden ahora del hecho catalán. Lo que está pasando algunos lo hemos avisado hace unos cuantos años.

Usted por ejemplo vivió de cerca la OPA de Endesa y el interés del PP porque el comprador fuera italiano y no catalán

Viví eso y viví cuando la CMT no podía marchar de Madrid porque ir a Barcelona era ir al extranjero. O la recogida de firmas contra el Estatut, o el recurso contra él, o las maniobras para que un Constitucional con una composición anómala dictara sentencia. Todo eso tiene un coste y ha hecho mucho por el independentismo. El independentismo tendría que estar muy agradecido al Partido Popular.

¿Cree que a Mas se le caerá la bandera independentista cuando pasen las elecciones?

Tampoco la lleva. Creo que algunos, especialmente fuera de Cataluña piensan eso, que Mas después de las elecciones se olvidará de este tema. Y creo que nuevamente se equivocan.

¿Y a qué conduce todo esto?

A una situación nada optimista. Creo que la derecha española hará todo lo posible para que no haya un referéndum. Lo que pasa es que ni están en condiciones de enviar a la Guardia Civil como quisieran algunos o el Ejército aplicando el articulo 8, ni tampoco los independentistas están en condiciones de hacer un referéndum al margen de la Constitución y una secesión unilateral. Por tanto lo que habrá es un periodo de crispación, de fractura e inestabilidad política, y eso no es bueno en un momento de crisis económica. No creo que así se incentive mucho a los mercados, a los inversores o a las empresas que ya están implantadas aquí.

Habla de cumplir la ley, pero según ésta no hay una posibilidad de terminar este proceso si no es de forma unilateral

Lo normal es que hubiera más diálogo y negociación sobre determinados temas. ¿Por qué no se cumple el Estatut en lo que hace referencia a las inversiones en Cataluña? ¿No se dan cuenta de que vulnerando una ley, no cumpliendo un acuerdo que había entre gobiernos, están ayudando a la desafección y al desapego de los ciudadanos de Cataluña? Están dando argumentos a aquellos que quieren romper con España. Para exigir lealtad tú también has de ser leal. Eso es lo que hace falta bajo mi punto de vista: mejorar la situación de encaje de Cataluña en España con temas pendientes.