“Ya no queda nadie allí desde hace dos semanas, pero hemos demostrado que es posible otra forma de vivir diferente a la que nos quieren imponer”. El pueblo de Fraguas vuelve a estar vacío. Otra vez. Porque ya fue expropiado y desalojado en 1969 por la dictadura franquista. Aunque el comunicado del colectivo de repobladores que se hizo público hace unos días anunciaba que abandonaban el proyecto tras diez años de batalla judicial, las dos últimas personas que seguían viviendo en el 'repoblado' del monte público del término municipal de Monasterio (Guadalajara) dejaron el lugar a mediados de febrero. Ya antes, desde finales del año pasado, el resto de sus compañeros y compañeras se habían marchado progresivamente.

En los últimos meses, después de muchas asambleas y reuniones, el colectivo de repobladores agrupado bajo el nombre de ‘Fraguas Revive’ había comenzado a constatar el agotamiento de todas las vías que les quedaban para hacer frente a la batalla judicial con la Administración castellanomanchega por la ocupación del espacio y que culminó en la condena de seis de ellos. Y también en una cascada de procesos judiciales y administrativos abiertos en paralelo.

“Se decidió ya poner punto final al proyecto y a la vida ahí, también por agotamiento de las personas que quedaban. Esta situación les generaba mucha inseguridad y es difícil asentarse en un sitio donde no sabes cuándo te van a echar, si vas a poder desarrollar tu vida. Al final el proyecto se fue quedando sin fuerza”, comenta Luis, uno de sus portavoces.

Desde hace tiempo ya se había parado la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones, porque las que ya se habían hecho estos años eran suficientes para las personas que allí seguían viviendo. Las últimas tareas se destinaban exclusivamente al mantenimiento y las reparaciones de los edificios.

Judicialmente ya hemos agotado todas las vías

Fraguas Revive

Ahora todo debe ser demolido y son los repobladores quienes deben sufragar esos gastos, que la Justicia ha cifrado en 110.000 euros por la responsabilidad civil que alega el Gobierno de Castilla-La Mancha. El recurso interpuesto, como todos los anteriores para buscar una “solución judicial”, no ha prosperado, pese a ser un “presupuesto desorbitado”. Además, el impago de esta demolición es lo que agravaría las penas hasta más de dos años y medio y provocaría que las personas condenadas entraran en prisión. 

“Judicialmente ya hemos agotado todas las vías. Y con la Junta de Castilla-La Mancha hemos mantenido siempre diálogo y nos han trasladado que no querían que nadie entrara en prisión. Nos han propuesto irnos, desmontar, pero nunca nos han dado nada por escrito, así que esa cuestión se ha quedado en el aire”, explica el portavoz.

Así las cosas, para evitar la cárcel, la Administración regional tendría que renunciar a la responsabilidad civil, a la demolición del pueblo y a ese coste de 110.000 euros. Pero al no existir ninguna garantía por parte del Gobierno regional, llevan ya tiempo recaudando dinero. Actualmente disponen de 40.000 euros a raíz de iniciativas de colectivos de todo el país. Les faltan 70.000 euros que quieren conseguir a través de un ‘crowfunding’ con el que son “muy optimistas”. En las primeras 24 horas recaudaron más de 6.000 euros:

Al margen del proceso judicial y administrativo, los repobladores tienen “una mezcla de sentimientos” entre la impotencia -“porque el proyecto era bonito y viable”- y la pena. No obstante, también sienten que “estos diez años han sido una victoria”. “Hemos creado muchos lazos con muchas personas, hemos aprendido que es posible otro modelo del que nos quieren imponer. Nos quieren imponer que las personas vivamos en las ciudades y el medio rural sea para producir y hemos demostrado que no tiene por qué ser así. Todo ese aprendizaje es también una victoria”.

El Gobierno regional no ha querido hacer valoraciones al respecto. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consideran que el colectivo ha decidido abandonar el pueblo como reacción a una decisión judicial que desde la Administración acatan.

Vacío de nuevo tras ocho siglos de historia

Lo inevitable es que Fraguas ha vuelto a quedarse vacío. Un estudio de la vida de este poblado incluido en la solicitud de intervención arqueológica, data sus primeros pobladores en la Edad Media por el avance de las sociedades cristianas que se asentaron en estos territorios. Se encuentra ubicado en lo que se denominó como la Marca Media. Es decir, una zona de nadie donde las poblaciones se fueron asentando en la medida de sus necesidades y sin ningún plan organizado de repoblación. Los pobladores iniciales de Fraguas construyeron sus viviendas e instalaciones bajo la necesidad de fijarse en un terreno y explotarlo.

El pueblo de Fraguas es expropiado por el Estado franquista en 1969, siendo expulsados de sus casas los últimos habitantes del pueblo. Este proceso fue llevado a cabo de manera irregular, sin que se conozca el correspondiente expediente que debía justificar la expropiación de su casco urbano a efectos de su repoblación forestal, y sin que los antiguos habitantes conserven copia de los documentos de expropiación.

Según el documento de los investigadores, desde este momento se borra legal y documentalmente la existencia del pueblo de Fraguas pese a que su existencia como población reconocida, que puede acreditarse desde 1754 cuando ya aparece como localidad en el catastro tributario del Marqués de la Ensenada y en el Diccionario de Madoz. Su utilidad queda limitada al monocultivo del pino para explotación de madera. Desde la década de los 70 se utilizó la población para prácticas militares, las cuales han terminado de destruir las construcciones que quedaban.

El 10 de marzo de 2011 se aprueba la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que incluye en su interior las ruinas de varios pueblos abandonados, utilizando la catalogación de la expropiación: “montes públicos”.

Esta Ley no contempla la conservación, ni la restauración patrimonial de los pueblos, pero el colectivo Fraguas Revive sí que ha manifestado su intención de “asegurar la conservación de los valores naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren degradados, así como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de naturaleza de forma que queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible”.

El proyecto Fraguas Revive, que nació hace diez años con la intención de reconstruir de manera autogestionada un pueblo abandonado en la zona norte de Guadalajara, se ve obligado a decir adiós. “No podemos más”, expresan los repobladores, seis de los cuales se enfrentan a penas de prisión por presuntos delitos contra ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble.

El fin del proyecto llega tras una década de batalla judicial en la que se dictaron las penas, de un año y 9 meses de cárcel. El pasado 11 de enero la Audiencia Provincial, en respuesta al recurso presentado por Fraguas Revive, aprobó un presupuesto de 110.000 euros para la demolición del pueblo, que tendrán que pagar los propios repobladores. Presupuesto en el que se incluye también la valla que rodeará la zona cuando lleguen las excavadoras, según cuenta el colectivo. De no pagarse la demolición, recaerá sobre ellos una pena de dos años y tres meses de cárcel. “Y una deuda de por vida”, señalan en el comunicado que han compartido en redes sociales.

“Consideramos que Fraguas ha sido una victoria, pues ha servido para exponer el tema de la despoblación en la opinión pública y como trampolín para personas y proyectos de vuelta al mundo rural”, han expresado en el mensaje, en el que a su vez han informado de una campaña de recaudación de fondos para hacer frente al pago.

Huerta, gallinas y paneles solares

Hasta el año 2013 Fraguas era una aldea despoblada en la que la naturaleza (salvaje) y las piedras se apropiaban del paisaje. Un pueblo fantasma. Así fue desde 1968, “expropiado por el franquismo y destruido con prácticas militares”, señalan en la declaración. La razón del Estado entonces consistía en transformar el municipio en monte de utilidad pública. Eso sí, a cambio de una propina de 3.000.000 de las antiguas pesetas para sus lugareños.

Los restos del pueblo yacían sobre la maleza hasta la llegada de este grupo de jóvenes, que se instalaron allí con el objetivo de levantar las antiguas casas sobre sus propios cimientos y construir una comunidad en la que pudiesen autoabastecerse. 10 años después, Fraguas dispone de huerta, gallinas e incluso varios paneles solares. A su llegada, los repobladores coincidieron con algunos de los antiguos habitantes del pueblo, que han apoyado el proyecto en varias ocasiones.

Durante esta década, desde Fraguas se han hecho varias actividades que van desde charlas sobre el problema de la despoblación hasta labores de reforestación de la zona con plantación autóctona.

Una ocupación ilegal de un monte público

Enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte, la región guadalajareña es un pulmón natural de 125.000 hectáreas cuyas normas prohíben expresamente la urbanización sin permiso. De ahí el nacimiento del conflicto con los repobladores.

Según la Junta de Castilla-La Mancha, la ocupación era ilegal, al vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde la Administración regional consideraron que no era “posible autorizar ni legalizar” construcciones en un lugar que es monte público, no un pueblo. Los contactos entre la Junta, a través de la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente y Ecologistas en Acción para articular una solución a este asunto, no fructificaron.

“Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si un ciudadano decidiese construir una casa en medio del Parque de Doñana aunque fuese con muy buenas intenciones, pero poniendo en riesgo a una especie como el lince ibérico”, señalaron desde Medio Ambiente a elDiario.es. “Repoblar no es delito”, refutó entonces el colectivo, que centraba su defensa en la reconstrucción a partir de los restos del antiguo pueblo, en lugar de un nacimiento desde cero, como se apuntaba desde la autoridad regional.

Guadalajara, representante de la España vaciada

El devenir de Fraguas ilustra la decadencia del medio rural en la provincia de Guadalajara –igual que el del resto de la España interior— durante el último medio siglo. El éxodo rural a las ciudades afectó a la mayoría de pequeños pueblos de nuestro país, dando lugar a lo que actualmente se ha popularizado como “España vaciada”. Esto es, una España que se extingue. A la que nadie mira.

Guadalajara tiene una densidad media de población de 21,7. Pero aquí entran en juego sus dos realidades. Un 6% del territorio concentra el 80% de la población de la provincia, en el Corredor del Henares, mientras que en el 94% restante la densidad se queda en 5 habitantes por km2, más despoblado que Cuenca, Soria o Teruel.

Mientras la entrada en prisión planea sobre los repobladores del monte público de Fraguas, en Guadalajara, diferentes colectivos, organismos y asociaciones siguen intentando que la aportación de documentación al juzgado sobre este y otros procesos abiertos en paralelo pueda servir para la defensa de estas personas condenadas. Es el caso de la Red Ibérica de Ecoaldeas, de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales, de la Asociación Artiborain y del colectivo Lakabe, que han solicitado una intervención arqueológica en el poblado por considerar “insuficientes” los estudios aportados por el Gobierno castellanomanchego, en su causa contra los repobladores.

Estos colectivos recuerdan que el 26 de abril de 2021 se presentó una solicitud de intervención arqueológica para aplicar el derecho de la defensa de las personas imputadas a emitir su propio informe. Pero la iniciativa obtuvo “silencio administrativo” y, según apuntan, fue “ocultada”, omitiendo con ello el acto de defensa y “permitiendo que el informe de la acusación fuera entregado en primer lugar, sentando los precedentes”.

También explican que tras un claustro extraordinario del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC) celebrado ese mismo mes, el organismo decidió que por motivos de ética profesional, al ser denunciantes de la causa, no podían efectuar dicho estudio y por lo tanto debían delegar sobre otros organismos como universidades y asociaciones, las labores de investigación. Por tanto, la labor de esta institución se adscribe a aprobar o denegar la validez técnica del informe que ahora solicitan estos colectivos.

Posteriormente, el pasado 8 de marzo, el informe sobre el estudio arqueológico realizado por la acusación -la Administración autonómica- se presentó a los juzgados. En paralelo, el 24 de junio se aprobó el presupuesto para la demolición del poblado ocupado, pendiente de modificaciones o correcciones y “negando de nuevo el derecho a emitir un informe técnico y científico de la defensa”.

Iniciativa del momento neorrural

Ante la negativa de los recursos interpuestos, los afectados por el caso han solicitado la intervención del Instituto de Ciencias del Patrimonio, universidades de todo el mundo en colaboración y mediación con la Asociación Artiborain y la Red Ibérica de Ecoaldeas u otros organismos representativos del movimiento social neorrural.

Estos colectivos informan de que para la ejecución de los trabajos de campo y la redacción de los informes se ha creado un equipo de investigación multidisciplinar coordinado desde la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) donde se unen profesionales de la arqueología y otras ciencias sociales y naturales. Con todo ello y para demostrar al juzgado competente la calidad técnica del trabajo realizado de esa intervención arqueológica, anuncian que el informe emitido será entregado al INCIPIT-CSIC para su examen técnico, y aprobación o rechazo.

“Hacemos saber nuestra disconformidad con los informes técnicos realizados por la Junta de Castilla-La Mancha en el caso de las personas imputadas por la ocupación del pueblo de Fraguas (Guadalajara)”, avisan. Por eso, con fecha 19 de agosto, han realizado una nueva solicitud de estudio multidisciplinar sobre el patrimonio material e inmaterial de dicha población. “Consideramos insuficientes los informes técnicos realizados por la acusación y la Junta de Castilla-La Mancha y por lo tanto, manifestamos nuestra firme voluntad de realizar el estudio técnico y científico en defensa de las personas imputadas”.

En la solicitud de intervención remitida a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,  bajo la denominación “Estudio Arqueológico e Histórico del Patrimonio Material e Inmaterial en el Núcleo Rural de Fraguas”, estas asociaciones detallan que el trabajo se realizará con financiación independiente, nombran al equipo técnico que lo llevará a cabo y avanzan que se centrará en la arquitectura del poblado, a través de la lectura de paramentos, en el marco del proceso jurídico-administrativo sobre sus repobladores actuales.

Concretamente, el objetivo es dar aportación científica a las investigaciones actuales sobre el fenómeno de la despoblación-repoblación rural desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad. Así, se llevaría a cabo un estudio arqueológico integral de las estructuras constructivas presentes en la actualidad en la localidad de Fraguas, una prospección del casco urbano y de las inmediaciones del municipio, así como limpiezas con remoción de sedimento.

El estudio también tiene una funcionalidad ambiental: evaluar los estudios paleoambientales desarrollados hasta la fecha actual y medir el impacto y la antropización del territorio actual. Asimismo, con carácter histórico, buscará información presente en los archivos históricos y municipales en correlación con la explotación tradicional del territorio y sus posibles afecciones; y el modelo de gestión existente durante los últimos 200 años. Por último, en la vertiente ecológica, estos colectivos quieren evaluar el estado de conservación de la flora y la fauna en relación a la presión demográfica actual.

Historia del poblado

La solicitud de intervención arqueológica aporta también un detallado estudio de la historia de este poblado, asentado en la Sierra Norte de Guadalajara, un entorno montañoso y bastante irregular que fue poblado en la Edad Media por el avance de las poblaciones cristianas que se asentaron en estos territorios. Se encuentra ubicado en lo que se denominó en el Medievo como la Marca Media. Es decir, una zona de nadie donde las poblaciones se fueron asentando en la medida de sus necesidades y sin ningún plan organizado de repoblación.

De esta manera, se encuentran pueblos muy próximos los unos a los otros, lo que indica una necesidad defensiva y de fijar a la población al terreno. El pueblo de Fraguas no es ajeno a esta situación y cerca de la localidad se pueden visitar los restos de Jócar o Santotís (abandonados ambos), o los pueblos de Arbancón y Monasterio que sí se mantienen con población fija. Esto quiere decir que los pobladores iniciales de Fraguas construyeron sus viviendas e instalaciones bajo la necesidad de fijarse en un terreno y explotarlo.

Con ello, construyeron la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán con materiales típicos de la zona: piedra sin labrar para los muros (pero labrada para las estructuras de los arcos interiores de medio punto), pizarra y argamasa o yeso (que se encuentran fácilmente en la zona). Es decir, son construcciones guiadas por la necesidad de sus habitantes y que conforman un estilo único al ser construidas con materiales típicos de la zona.

El pueblo de Fraguas es expropiado por el Estado franquista en 1969, siendo expulsados de sus casas los últimos habitantes del pueblo. Este proceso fue llevado a cabo de manera irregular, sin que se conozca el correspondiente expediente que debía justificar la expropiación de su casco urbano a efectos de su repoblación forestal, y sin que los antiguos habitantes conserven copia de los documentos de expropiación.

Según el documento de los investigadores, desde este momento se borra legal y documentalmente la existencia del pueblo de Fraguas pese a que su existencia como población reconocida, que puede acreditarse desde 1754 cuando ya aparece como localidad en el catastro tributario del Marqués de la Ensenada17 y en el Diccionario de Madoz. Su utilidad queda limitada al monocultivo del pino para explotación de madera. Desde la década de los 70 se utilizó la población para prácticas militares, las cuales han terminado de destruir las construcciones que quedaban.

El 10 de marzo de 2011 se aprueba la Ley de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que incluye en su interior las ruinas de varios pueblos abandonados, utilizando la catalogación de la expropiación: “montes públicos”. Esta Ley no contempla la conservación, ni la restauración patrimonial de los pueblos, pero el colectivo Fraguas Revive sí que ha manifestado su intención de “asegurar la conservación de los valores naturales de la zona, procurando su restauración cuando se encuentren degradados, así como fomentar los aprovechamientos tradicionales y el turismo de naturaleza de forma que queden sentadas las bases de un desarrollo sostenible”.

El colectivo ‘Fraguas Revive’ ha arrancado una campaña a través de las redes sociales para recaudar fondos de cara a su defensa legal tras recibir un auto judicial sobre la ejecución de la sentencia de 2017 que condena a seis de los repobladores de este monte público en la provincia de Guadalajara a penas de prisión por presuntos delitos contra ordenación del territorio y usurpación de bien inmueble, así como a pagar una responsabilidad civil tasada a día de hoy en 110.000 euros. Este último auto, del 24 de junio, está recurrido pero el colectivo considera que la vía judicial está “prácticamente agotada”.

Las personas condenadas consideran que la imputación del delito contra la ordenación del territorio es injusta ya que no hay construcciones condenadas de nueva planta, todas son “autorizables” y además la ordenación territorial de Fraguas es “fraudulenta, heredada del franquismo”.

“Casi cuatro años después de empezar la ejecución de la sentencia, obviando los bienes patrimoniales que merecen protección -eso sí, con un estupendo estudio arqueológico que también nos hacen pagar- la Junta de Castilla-La Mancha insiste en demoler a ras de suelo las reconstrucciones, engordando el presupuesto de 27.000 a 110.000 euros”, argumentan.

La Junta se “ensaña”

Por todo ello acusan al Gobierno regional de defender un presupuesto “sobredimensionado” y “no renunciar a la responsabilidad civil derivada de la demolición”. Y también de “ensañarse” con seis jóvenes y querer encarcelarles por “repoblar un pueblo en ruinas” en la zona más despoblada del sur de Europa. “La Junta, en manos del PSOE, es directamente responsable del ingreso en prisión de los seis de Fraguas y, o hace algo de inmediato para paralizarlo o será una realidad inevitable”. 

Son los motivos por los que el colectivo ha realizado esta campaña en redes sociales:

Al hilo de ello, Podemos Castilla-La Mancha ha expresado nuevamente su apoyo al colectivo de repobladores de Fraguas. Ha calificado de “grave error” la acción judicial impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el colectivo y le ha pedido al Gobierno regional que “reconsidere su posición antiprogresista”, así como “parar la injusticia”, incluyendo “la retirada de la acusación para evitar las penas de cárcel por la repoblación”. Considera, además, que estas acciones son contrarias a la repoblación rural y a la Estrategia Regional contra la Despoblación.

Por su parte, el coordinador regional de Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha señalado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page se posiciona “al mismo nivel punitivo y persecutorio de Cospedal”, en “la antítesis de la respuesta progresista frente al reto de la despoblación y la España vaciada”. Ha indicado que “Page debe abandonar su discurso contradictorio, ya que mientras presume de medidas y de un nuevo marco legislativo autonómico para combatir la despoblación, se multiplica exponencialmente el acoso a los repobladores de Fraguas”.

Esta actitud, remarca Gascón, “contrasta con la posición de Podemos CLM y de organizaciones como Ecologistas en Acción”. Cabe recordar que el partido presentó finales de marzo de 2021 una proposición no de ley (PNL) para que el gobierno autonómico no ejecute la demolición. El dirigente de la formación morada avisaba entonces de que “el estruendo de las excavadoras en Fraguas no dejaría escuchar la Ley contra la Despoblación”.

El colectivo de 'Fraguas Revive' se ha concentrado este martes ante las puertas de los juzgados de Guadalajara durante varias horas, como muestra de apoyo a uno de ellos, al que se juzga este martes por un delito de usurpación de bien inmueble, y para quien han pedido su absolución. El juicio es el resultado de la instrucción abierta en junio del pasado año contra ocho personas por un delito contra la ordenación del territorio y que concluyó con el procesamiento de una sola de estas personas. 'Fraguas Revive' espera que también sea absuelta, entre otras cosas porque lleva más de dos años sin vivir allí, ha señalado a Europa Press, Lalo Aracil, uno de los pobladores.

En representación de 'Fraguas Revive', Lalo, uno de los condenados en el primer juicio abierto por la ocupación, ha recordado que, paralelamente al juicio de este martes, hay abierto otros dos procesos judiciales, uno de ellos, en el que tanto él como otras cinco personas fueron condenadas sin que aún se haya ejecutado la sentencia.

De hecho, en este caso están esperando a que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se dé marcha atrás en la responsabilidad civil que piden, una cuantía que asciende ya a 110.000 euros por demoler lo edificado en Fraguas, cantidad que según ha precisado Lalo, supera con creces la inicialmente solicitada y que ya han recurrido. En todo caso, ha recordado que si no satisfacen esta cantidad que les reclaman, las seis personas que fueron condenadas por la vía penal entrarán en la cárcel.

Renunciar a la responsabilidad civil y no entrar a la cárcel

Desde 'Fraguas Revive' no solo quieren que se dé marcha atrás en la demolición, sino que se renuncie a la responsabilidad civil para evitar meter en la cárcel a seis personas que, a su juicio, “lo único que han hecho es reconstruir un pueblo que había sido destruido”.

En la concentración ha estado también el coordinador regional de Podemos Castilla-La Manca, José Luis García Gascón, que ha calificado de contradictorias las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha que, por un lado, afirma luchar contra la despoblación mientras, por otro, “ataca iniciativas de repoblación social” y apoya otras como las macrogranjas.

Gascón ha pedido también al Gobierno de Emiliano García-Page que cese con el “hostigamiento judicial” contra los jóvenes de Fraguas y el impulso en las Cortes regionales de un plan “real” que luche contra la despoblación y apoye el medio rural y las iniciativas económicas sostenibles.

En el repoblado del monte público de Fraguas (Guadalajara) continúan su rutina diaria de reconstrucción las diez personas que allí permanecen desde que se inició su ocupación hace casi nueve años. Hay seis personas condenadas tras el controvertido juicio donde se les impuso una pena de dos años y tres meses de cárcel y un año y seis meses de prisión, además de los costes de demolición del poblado. Es un proceso judicial pendiente de ejecución que se une ahora a otro juicio penal: será el próximo 14 de junio contra una persona de las seis que inicialmente habían sido imputadas hace un año por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Durante este último año, el juzgado de Guadalajara que instruye este último caso ha desestimado la imputación de cinco de esas seis personas al considerar que fueron identificaciones “aleatorias” y tan solo mantiene un presunto delito de usurpación de bien inmueble contra una de ellas. Desde el colectivo Fraguas Revive detallan que ese delito caduca al año de haberse cometido y que la personas imputada lleva más de un año sin vivir en el poblado.

No obstante, este nuevo juicio contará también con la movilización social de protesta. El colectivo de repobladores ha convocado para ese mismo día una concentración en los juzgados de Guadalajara en apoyo a las “represaliadas” por el nuevo proceso. Será a las 11.30 horas en la calle Mirador del Balconcillo, número 19.

Pendientes de otro juicio administrativo

Su protesta también está relacionada con el proceso pendiente de las seis personas ya condenadas y multadas que incluye los costes de la demolición de Fraguas, que todavía no se ha producido tras varios intentos del Gobierno regional. Las multas individuales ya han sido abonadas, pero según apuntan desde el colectivo, el coste de demolición se ha tasado ahora en 110.000 euros cuando inicialmente era de 27.000 euros.

“Ni tenemos ese dinero ni lo queremos pagar. Queremos que la Junta renuncie a imputar esta responsabilidad civil porque de lo contrario, va a meter a seis personas en la cárcel por intentar repoblar un pueblo. Es desproporcionado, es siete veces más el valor de lo que nos ha costado reconstruir las casas. Solo el presupuesto del tejado puesto en la casa común ha sido de 900 euros y por tirar esa misma casa nos piden 35.000 euros”.

Para las personas condenadas nada ha cambiado en cuanto a las intenciones de la Administración regional. “Quieren hacer aquí un despropósito con tal de demoler”, apuntan, y siguen denunciando que los presupuestos enviados incluyan “demoler a ras de suelo” cuando esa operación contravendría la protección con la que cuenta la zona, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Por otro lado, diez personas, entre ellas algunas de las condenadas en el primer proceso penal, también están a la espera de que las citen para el juicio administrativo, todavía sin fecha, mediante el cual la Junta quiere recuperar el monte público de Fraguas por vía del desalojo. “Después de nueve años de okupación, la Administración sigue apretando su maquinaria represiva con la intención de criminalizar los movimientos de okupacion rural. Y seguimos insistiendo: repoblar no es delito”, concluyen.

El último intento de desalojo del poblado por parte de la Junta de Castilla-La Mancha se produjo el pasado mes de diciembre cuando varias de las personas que se encuentran o que están encausadas en los procesos judiciales por su asentamiento en la zona, recibieron una resolución administrativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se les daba un plazo de diez días para desalojar la zona. Con ello, la Junta de Castilla-La Mancha volvía a intentar, sin éxito, un desalojo ya iniciaron en marzo de 2021 pero que no ejecutaron debido a las apelaciones.

Varias de las personas que se encuentran en el despoblado del monte público de Fraguas (Guadalajara) o que están encausadas en los procesos judiciales por su asentamiento en la zona, han recibido una resolución administrativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se les da un plazo de diez días para desalojar esta zona, incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Con ello, la Junta de Castilla-La Mancha vuelve a intentar el desalojo, dentro de un procedimiento que ya iniciaron el pasado mes de marzo pero que no ejecutaron debido a las apelaciones.

El documento enviado a estas personas, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, busca ahora la recuperación “indebidamente perdida” y la “restitución” del monte público bajo el amparto de la Ley de Patrimonio. En el texto, la Administración relata que desde el año 2013 esta zona está ocupada y recuerda que el procedimiento para la recuperación y desalojo se dictó el pasado mes de marzo, en ejecución de la sentencia de 2018, confirmada en enero de 2019, que condenó a varios de repobladores y que está pendiente de ejecución.

El colectivo ‘Fraguas Revive’, que agrupa a los repobladores, presentó alegaciones a ese procedimiento entre marzo y junio de este año y el desalojo no llegó a producirse. El Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta ahora que a expensas de la resolución de las cuestiones incidentales planteadas por las personas condenadas con la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos, la ocupación del poblado se ha mantenido, así como la construcción de nuevas instalaciones. Para ello, hace constar atestados del SEPRONA dentro del segundo procedimiento judicial iniciado contra ellas y que actualmente se encuentra en tramitación.

En base a la legislación, la Consejería de Desarrollo Sostenible convalida con la nueva resolución el procedimiento de recuperación del monte y declara ilegítima la posesión y restitución por resultar “suficientemente acreditado” el hecho de la “usurpación, construcción y ocupación” del mismo. Para ello, ordena que se lleven a cabo las actuaciones para la devolución de la posesión y desalojo, y proceder a la demolición de las construcciones ilegales.

Con este objetivo, establece una serie de obligaciones: notificar la resolución a los ocupantes y que en caso de resistencia, se proceda a la “ejecución forzosa”. Así, detalla que podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como imponer multas coercitivas hasta un 5% del valor los bienes o derechos usurpados, reiteradas de forma sucesiva por periodos de diez días. Finalmente, en la resolución se establece que en el caso de que los “usurpadores u ocupantes” no cesaran de forma voluntaria en su actuación, “serán de su cuenta todos los gatos generados con ocasión de la ejecución forzosa.

'Fraguas Revive' lo considera ilegal

El colectivo ‘Fraguas Revive’ que agrupa a estas personas considera “ilegal” esta comunicación puesto que a nivel penal todavía está en marcha la ejecución de la sentencia y hay algunos puntos sin resolver. Entre ellos destaca el hecho de que el pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial no viera necesario hacer un estudio del CSIC sobre los bienes patrimoniales del monte público y considerara la necesidad de realizar un nuevo estudio imparcial. También obligaba a la Junta a hacer público el anterior. “Ejecutar la sentencia de Fraguas consideramos que es un delito contra el patrimonio y debería haber un estudio serio que lo avalase”, afirman.

Por otro lado, argumentan que la sentencia de demolición solo puede afectar a lo construido antes de 2017 y contra un recurso de la Audiencia Provincial esta resolución administrativa pretende recuperar la posesión de todo el conjunto de la zona. También alegan que los términos en los que se va a ejecutar la sentencia dependen del juzgado número 4 de lo Penal de Guadalajara y “no pueden juzgarse a la vez por lo penal y lo administrativo”. “Si depende de la Consejería, ya sabemos lo que quieren: demoler a ras del suelo”.

Añade este colectivo que desde el pasado mes de octubre, la jueza que coordina la ejecución del procedimiento tampoco permite la demolición “de lo no juzgado” ni en el caso de haber nuevos pobladores, debido principalmente a que hay un nuevo proceso penal abierto por estos hechos. Además, añaden que la mayoría de las personas inculpadas ya no viven en Fraguas o “ni siquiera han vivido nunca”.

'Fraguas Revive' ha recurrido por tanto la resolución y remite al juico administrativo, un “nuevo frente sin ni siquiera haber resuelto los anteriores”. “La Junta de Castilla-La Mancha se retrata nuevamente con trámites desesperados e ilegales para acabar con un proyecto sostenible apoyado por el conjunto de la sociedad”, concluyen.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha dictado con la firma de la magistrada María del Carmen Molina una providencia por la cual pide al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil elaborar un informe técnico sobre el patrimonio del poblado de Fraguas y su posible protección, extremo que reivindica antes de proseguir con la petición de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional de avanzar en el desalojo de los pobladores y la restauración de los bienes de el entorno.

Según esta providencia, recogida por Europa Press, la magistrada pide a estos agentes de la Benemérita que recaben el informe que presentó el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, que remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo. Investigadores de varias universidades pidieron también que se estudiase el patrimonio del polémico poblado.

Reclama también una relación justificada e inventariada de bienes de interés cultural que sean objeto de protección elaborada por dicho Instituto, así como normativa aplicable y “razón por la que hasta este preciso momento no se ha dado cuenta de su existencia”.

Pide, asimismo, se recabe el informe elaborado conjunta y coordinadamente por el Instituto de Ciencias del patrimonio y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en tanto del escrito presentado en fecha del 5 de marzo “se infiere que tiene conocimiento de la existencia de bienes de interés cultural en la zona del monte nº 277 afectado por la presente ejecutoria, en el que den cuenta a este Juzgado de la planificación prevista para ejecutar la sentencia de 7 de junio de este Juzgado sin más demora”.

Contra esta providencia, dictada el 29 de abril, cabe interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Instituto de Ciencias del Patrimonio, organismo que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras conocer lo ocurrido en Fraguas por medio de un historiador de Guadalajara, remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo.

Prosigue el debate entre demolición y patrimonio en el núcleo rural del ya catalogado como “Despoblado de Fraguas” del término municipal de Monasterio (Guadalajara), en el Parque Natural de la Sierra Norte, en el que actualmente permanecen algunos de los repobladores que fueron condenados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público. El colectivo ‘Fraguas Revive’ se ha hecho eco de una nueva iniciativa que apunta a la importancia del patrimonio de la zona, frente al objetivo de la Administración autonómica de demoler parcialmente las construcciones de los repobladores en aplicación de la sentencia de 2018.

Se trata de una petición de intervención arqueológica que ha realizado un grupo de investigadores de universidades de España (Universidad de Zaragoza) y América (Cornell, de Estados Unidos y la UCC de Bogotá), junto a la asociación ARTIBORAIN y representantes del movimiento social “neorural”. Todos ellos constituyen un equipo técnico multidisciplinar con el objetivo de realizar un estudio científico en Fraguas, y así determinar el valor patrimonial existente.

En esta petición, según ha podido consultar elDiarioclm.es, se solicita permiso para realizar un “estudio multidisciplinar” sobre el estado actual del patrimonio en la localidad. Según recalca, el trabajo se centrará en un estudio de arqueología de la arquitectura, a través de la lectura de parámetros y será completada con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Naturales. Los solicitantes engloban la solicitud en el marco del proceso jurídico-administrativo sobre las acciones de repoblación.  

Según apunta ‘Fraguas Revive’, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha negado el informe al abogado de la defensa y otros profesionales de la arqueología. Hasta no presentar la solicitud de intervención arqueológica, el único informe, señalan, que han podido consultar es el entregado a la defensa realizado por la empresa TRAGSA (encargada del derribo), para la que Fraguas “no tiene ningún bien susceptible de ser patrimonio y por ello, pretende ejecutar el derribo a ras del suelo como indican en su presupuesto”.

La petición de las universidades se suma a la intervención del CSIC-INCIPIT (Centro Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias del Patrimonio), Órgano Consultivo en la Ley de Patrimonio, que remitió una carta dirigida al juzgado de Guadalajara competente en la que considera “necesario” que se lleve a cabo una “investigación independiente antes de que se proceda al derribo”.

El colectivo de repobladores ‘Fraguas Revive’ ha lanzado una encuesta dirigida a la sociedad, tanto de esta zona de la provincia de Guadalajara como de todo el país, para conocer la opinión ciudadana sobre el proyecto que llevan a cabo en este monte público del término municipal de Monasterio, en el Parque Natural de la Sierra Norte. Actualmente, esta zona, declarada como “Despoblado” está pendiente de desalojo y demolición parcial por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en ejecución de la sentencia judicial que condenó a seis de los repobladores. Actualmente, permanecen allí una docena de personas que defienden los trabajos de repoblación realizados.

En la encuesta, el colectivo plantea preguntas para conocer cómo percibe la sociedad la labor que allí desarrollan o puntuaciones sobre su trabajo en la zona, desde “muy negativo” hasta “muy positivo”. También plantean a la gente si conocía la zona antes de que se repoblara o los procedimientos judiciales de la Junta por este caso.

Asimismo, quieren recabar la opinión sobre si el Gobierno de Castilla-La Mancha debería permitir la repoblación del monte público y preguntan sobre si los pueblos abandonados deben ser considerados Monte Público sin poder habitarse o sería mejor repoblarlos. Y sobre el papel de la Administración regional, preguntan si el Ejecutivo ha tenido un papel activo en la conservación del Patrimonio Rural en general y el de Fraguas en particular.  

Por último, el colectivo interpela sobre “otros intereses” del Gobierno regional en el derribo y demolición de Fraguas, como la caza, la explotación forestal, la protección del patrimonio o la conservación medioambiental. Y también, en el caso de que se debiera repoblar, la pregunta es si el proceso deberían llevarlo a cabo empresas inmobiliarias, movimientos sociales de repoblación rural o el propio Estado.

‘Fraguas Revive’ está actualmente a la espera de una posible orden de demolición de sus construcciones, en ejecución de la sentencia de 2018, después de que se suspendiera la prevista en marzo, que se inició de oficio por parte de la Administración. El Gobierno castellanomanchego sigue recabando información sobre la zona a través de sus agentes medioambientales y, en paralelo, se ha iniciado otro procedimiento judicial debido a la continuación de las construcciones. Desde el colectivo siguen denunciando el “acoso” de la Administración autonómica y pidiendo que no haya demolición porque afectará al patrimonio de la zona. 

Han pasado casi tres años desde que que seis personas del colectivo de repoblación ‘Fraguas Revive’ fuesen condenadas a un año y 9 meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público, una sentencia ratificada meses después por la Audiencia Nacional. Desde entonces, y con la pandemia entre medias, el conflicto no ha cesado pese a que hubo un acuerdo entre las partes. En el monte público, ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y en el término municipal de Monasterio, permanecen una decena de personas sobre los que ahora pesa otro procedimiento judicial por haber seguido realizando construcciones para la repoblación.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, sus actividades suponen nuevos riesgos, tanto de incendio como de destrucción del paraje natural, especialmente contra el patrimonio arqueológico. Planea una demolición parcial de las nuevas construcciones que estuvo a punto de realizarse el pasado 5 de marzo pero que se suspendió 'sine die'. Pero para los repobladores no existe tal riesgo y no comprenden cómo se puede defender al mismo tiempo el patrimonio de Fraguas y la demolición.

Desde que la sentencia fuera firme, son muchos los pasos que tanto el Gobierno regional como los repobladores han dado para defender sus argumentos, incluso con diálogo entre todos ellos en busca de soluciones. El pasado verano, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, se incluyó al denominado “Despoblado de Fraguas” en el Inventario de Patrimonio Cultural de la comunidad autónoma. Antes no figuraba en ese catálogo. Fue una herramienta de protección: desde entonces cualquier intervención en el mismo debe ser previamente autorizada por la Consejería de Cultura.

Con ello, el pasado mes de diciembre, la Consejería de Cultura dio permiso a la empresa Tragsa para realizar un estudio histórico-documental del denominado “Despoblado”. La Delegación provincial de Cultura en Guadalajara, en este permiso, le recuerda a Tragsa que debía suspender cualquier acción (demolición o remoción de tierras) sobre áreas donde se hubiera producido la aparición de objetivos arqueológicos. Esa misma petición está dirigida al Ayuntamiento de Monasterio y al Museo Provincial de Guadalajara. No obstante, el pasado 2 de febrero, Cultura envió a Desarrollo Sostenible las conclusiones de este primer estudio donde indica que “se considera oportuna su demolición” con una serie de requisitos.

Este es, básicamente, el proceso que ha indignado a los repobladores. Se preguntan cómo puede conjugarse la demolición con el respeto al patrimonio. El colectivo 'Fraguas Revive' explica a elDiarioclm.es que desde la sentencia, la “persecución” a las personas que allí permanecen ha sido una constante y que no hay argumentos defendibles contra las labores de repoblación. Consideran que la demolición de sus construcciones es “inminente” y que hay una “enorme contradicción” entre este objetivo y la intención de conservar el patrimonio. De hecho, el colectivo realizó hace días una campaña para que se escribiera de forma masiva al técnico de Tragsa encargado de valorar el patrimonio y pedirle que reforzara este argumento y

Fue hace justo un mes cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible emitió resolución donde acordaba la “restitución” del monte público. En ese documento resuelve iniciar procedimiento de “recuperación de oficio” de la zona; la “inmediata paralización de las obras” y cese de actividades sin autorización: y trasladar a las autoridades judiciales “colaboración para la ejecución de los actos necesarios para la restitución del monte al estado anterior a la ocupación”. Para ello, la Consejería pidió a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara asistencia para esta intervención. Sonaron las alarmas entre los repobladores de Fraguas, que alertaban de una posible demolición. Pero la subdelegada del Gobierno informó a la Comandancia de la Guardia Civil de que no correspondía a las Fuerzas de Seguridad la “ejecución material del acto” salvo mandamiento judicial expreso. Al ser una actuación de oficio por parte de la Administración autonómica en ejecución de la sentencia, no existía tal mandato judicial, aunque sí comunicado de la Fiscalía, que se unía a la petición de que se hiciera efectiva la restauración de la “realidad física alterada”. Finalmente, nada sucedió, pero en Fraguas la expectación se ha hecho cada vez “más intensa” ante esa posible demolición.

El Gobierno castellanomanchego lamenta que se estén “tergiversando los hechos y la realidad” de este asunto. La Consejería de Desarrollo Sostenible explica a elDiarioclm.es que “hay quienes tratan de presentarse ante la opinión pública como víctimas cuando lo son el monte de utilidad pública, el Parque Natural y el Despoblado de Fraguas como espacios protegidos que están siendo vulnerados y deteriorados debido a un mal uso particular”. Considera que esta cuestión también perjudica a la población que vive en los numerosos núcleos de la Sierra Norte de Guadalajara, como Monasterio, con apenas habitantes, y “donde perfectamente puede asentarse quien quiera apostar por el medio rural”. “Por cierto, como se les ha facilitado por parte de la Administración regional y como han aprovechado algunas de las seis personas implicadas”.

Este departamento también aclara que no se puede hablar de “demolición total” porque la sentencia judicial determina que hay demoler “las construcciones nuevas y los añadidos a las existentes que no han respetado las originales”, así como una serie de obligaciones en cuanto a la restauración de este Espacio Natural Protegido. Conforme a ello, las mismas fuentes precisan el deseo de la Administración de “conservar el patrimonio arqueológico y etnográfico” que ha sido “gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas y por la enorme cantidad de residuos acumulados que son una amenaza muy grave para este monte público por el alto riesgo de provocar incendios”. Siempre, subrayan, respetando la Ley de Patrimonio. Pero los repobladores alegan, y así figura en la documentación, que en el presupuesto de la demolición se establece que se realice “a nivel de rasante” (a ras de suelo): “Eso no es respetar el patrimonio”.

A este debate se ha sumado el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien, según publica El Salto, ha enviado un escrito al Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara pidiendo la inmediata paralización del derribo. El colectivo 'Fraguas Revive' aporta asimismo un escrito registrado el pasado 26 de marzo donde este órgano consultivo en la Ley de Patrimonio y especializado en estos temas, pide también su paralización al encontrarse “elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla- La Mancha en las categorías de patrimonio histórico y patrimonio etnográfico, como la arquitectura negra”.

El pueblo en su conjunto como “patrimonio arqueológico”

“Además, el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico tal y como se define en el artículo 49 de dicha ley: el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo”, añaden. Informan también de que a raíz de esta intervención, el senador de Compromís Carles Mulet, que ya ha pedido en dos ocasiones el indulto de los repobladores, ha registrado una pregunta en el Senado al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar, dentro de sus competencias, y en colaboración con la Administración autonómica, para que no se provoque en el municipio de Fraguas una “pérdida irreparable del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y etnológico español”.

¿Es esto incompatible con los planes del Gobierno regional? La Consejería de Desarrollo Sostenible afirma que quiere “velar por la protección y conservación de este monte y espacio natural protegido y de dominio público, recuperar y proteger el patrimonio arqueológico y patrimonial severamente deteriorado” así como “apoyar a los vecinos y vecinas que viven en los pueblos de la comarca y el desarrollo sostenible de los mismos”

El Ejecutivo también ha solicitado al juzgado autorización para acceder y realizar trabajos de prevención de incendios forestales “porque estamos muy preocupados por el alto riesgo de que se produzcan”. Es “una amenaza que se acentúa en estas fechas y durante el verano y cuyas causas son la enorme cantidad de residuos, material inflamable incluido, acumulados por quienes se instalan ahí y sus prácticas negligentes como el uso de fuego”. Explica que así lo han constatado y documentado en sus informes los agentes medioambientales, que “sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural”.

En cuanto al mantenimiento de las construcciones realizadas, reitera la Consejería de Desarrollo Sostenible que el objetivo es conservar el patrimonio arqueológico que reúne valores a preservar. Para llevarlo a cabo se ha contratado un estudio arqueológico-cultural que ha elaborado la Universidad Politécnica de Madrid. El equipo de arqueólogos responsable se ha desplazado al terreno y “se podrá recuperar el patrimonio público que ha sido gravemente deteriorado por las nuevas construcciones realizadas, con el objetivo de que sirvan de legado y herramienta de educación ambiental”.

Hay otra cuestión de fondo en este asunto, al margen del debate entre demolición y patrimonio: la sentencia de cárcel que ratificó la Audiencia Provincial de Guadalajara. El Gobierno de Emiliano García-Page retiró la acusación por delito de daños, lo que consiguió evitar que sobre las personas condenadas pesara el ingreso en prisión. También, atendiendo a la petición judicial de que hubiera diálogo entre las partes “para encontrar puntos de entendimiento dentro de la legalidad vigente”, el Gobierno presentó ante el juzgado a finales de 2019 un acuerdo con las personas condenadas. Dicha propuesta contemplaba, como primera medida acordada, no utilizar las construcciones para vivir por ser un uso no permitido. “Otros aspectos contemplados en la propuesta eran relativos a explorar la puesta en valor de usos y actividades permitidas en la normativa del Parque Natural como aprovechamientos forestales, de pastos para ganadería extensiva, apicultura”. 

Sin embargo, ese acuerdo fue desestimado por el juzgado mediante auto de 30 de julio de 2020. “Y aunque no compartimos la decisión judicial y hubiéramos deseado que se hubiera admitido el acuerdo alcanzado fruto del diálogo que hemos venido propiciando, a partir de ese momento hay que asumir que existe una sentencia judicial firme que, como todas, se deben cumplir.”

El colectivo 'Fraguas Revive' interpreta que la Junta ha “escogido” que los repobladores vayan a la cárcel. Alega que el Gobierno “no ha hecho valer” ante el juzgado el acuerdo de 2020 para regularizar las construcciones y dar las autorizaciones pertinentes. “No entendemos qué intereses priman para que la Junta escoja la vía penal, aumentando incluso el número de personas encausadas”, afirman sobre el nuevo procedimiento judicial abierto debido a nuevas construcciones y al supuesto riesgo de incendio.

Próximos pasos y campaña en redes

Se preguntan por qué, después del tiempo transcurrido y de haber establecido un diálogo, el juzgado resolvió contra ese acuerdo cuando se inscribía a Fraguas en la lista de “despoblados” consiguiendo así su protección patrimonial. “Primero confieren protección patrimonial y acto seguido dan pasos feroces para demolerlo”. La pregunta ahora es cuál es el próximo paso que dará la Administración. Apuntan en la Consejería que la ejecución de la sentencia se realizará cuando se completen todos los aspectos que forman parte del procedimiento y que “son llevados cabo conforme a los servicios jurídicos de la administración judicial”.

Este complejo cúmulo de circunstancias ha hecho que el colectivo haya iniciado varias acciones. El pasado 23 de marzo emitía un comunicado invitando a escribir al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidiendo libertad para los seis condenados bajo el lema “Repoblar no es delito” y “Juntxs contra la criminalización y demolición”. Esta misma semana ha lanzado una campaña en redes sociales defendiendo que Fraguas es Patrimonio Histórico y Etnográfico con los hashtags #FraguasEsPatrimonio y #FraguasNoSeTira

La Consejería argumenta, sobre el nuevo proceso judicial, que la intervención sobre el patrimonio protegido del monte de utilidad pública del Parque Natural no ha cesado, también “con nuevas construcciones y modificaciones y alteraciones de otros elementos”. “Son los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal quienes deciden la apertura de investigación o no sobre los hechos; en este caso, con la documentación de las actuaciones que se continúan realizando que constatan en sus informes nuestros agentes medioambientales, que velan por la protección y conservación del patrimonio público natural. Trabajadores y trabajadoras públicas que reciben incluso insultos y amenazas y que sufren ante el grave deterioro que observan con la frustración de no poder garantizar la óptima conservación del patrimonio natural”.

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha presentad ante las Cortes una Proposición No de Ley para que el Ejecutivo autonómico no ejecute la demolición del pueblo de Fraguas, en la Sierra Norte de Guadalajara, donde actualmente permanece un grupo de repobladores. Con esta iniciativa, señala, pretenden “detener el sinsentido que supone la demolición de una de las pocas iniciativas repobladoras que existen actualmente en la Sierra Norte de Guadalajara” y que consideran “un ejemplo de recuperación sostenible para un pueblo que estaba abandonado y en ruinas”.

García Gascón ha argumentado que sería una “hipocresía orwelliana” que se ejecute la demolición de este pueblo “mientras se anuncia a bombo y platillo una Ley contra la Despoblación que, se supone, busca exactamente lo que se ha conseguido en Fraguas”.

Por este motivo, señala que el ejecutivo de García-Page “está persiguiendo una iniciativa que nada tiene que ver con la ley contra la especulación que se les está aplicando”, ya que, destaca, en el caso de Fraguas se trata de “un pueblo abandonado donde un grupo de personas ha decidido instalarse para recuperarlo y vivir de manera sostenible con su entorno”. “El estruendo de las excavadoras en Fraguas no dejaría escuchar la Ley contra la Despoblación”, ha lamentado.

En este sentido, la secretaria regional de Mundo Rural, Estrategia contra la Despoblación y Transición Energética de Podemos, Asunción Mateos Gámez, ha denunciado la “doble vara de medir” de la Junta al anunciar una nueva Ley de Medidas económicas, sociales, y tributarias contra la Despoblación “mientras se planea derribar el pueblo de Fraguas”.

“De nada sirven los incentivos fiscales si no se promueve un crecimiento y desarrollo de nuestro entorno rural basado en los pilares de la sostenibilidad, los servicios públicos y la economía de los cuidados”, ha concluido.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado hoy que el Gobierno “falta a la verdad” cuando asegura que no le consta que nadie pidiera el indulto ante el Ministerio de Justicia para los jóvenes de Fraguas afectados por una causa que instruye el Juzgado número 4 de Guadalajara.

“Yo personalmente envié la petición perfectamente motivada ante el Ministerio de Justicia reclamando el indulto en el caso de los condenados en Fraguas (Castilla la Mancha) tras haber reconstruido y devuelto del olvido a este antiguo municipio castellano, por lo que algo ocurre en el Ministerio de Juan Carlos Campo”.

El senador territorial valenciano preguntó el pasado febrero al actual Gobierno si pensaba indultar a las personas que repoblaron Fraguas, indicado que condenarlos por delitos de usurpación, contra la ordenación del territorio y tener que hacer frente a responsabilidades civiles cuantiosas era “tremendamente injusto para los afectados, cuando observamos a diario que, mientras delincuentes peligrosos son premiados con unas sentencias extremadamente suaves que escandalizan a la opinión pública”. Sostiene Mulet que la corrupción urbanística “ha quedado impune y sin responsables y como, en otros casos, las sentencias son ejemplarizantes con el objetivo que sean disuasorias de actuaciones similares. Es necesario recordar que el PP aprovechaba para indultar a personas de muy dudosa idoneidad”.

Los senadores de Compromís rubricaron en julio de 2018 la petición de indulto ante el ministerio y solicitaron esta medida de gracia “en la que existe una clara posición de miles de personas y un elevado consenso, como se ha podido ver a partir de las miles de firmas recogidas y apoyos recibidos de los antiguos vecinos”.

El Gobierno aseguró desconocer las peticiones de plataformas como change.org y otras que se han volcado con los repobladores de Fraguas “a pesar de que se trata de casos muy mediáticos y escandalosos y no serían necesarias peticiones de terceros”, ha valorado el portavoz de Compromís en la Cámara Alta.

“El Gobierno no ha dado ni una sola explicación a Compromís de las medidas que se están adoptando para frenar la despoblación en el medio rural de zonas como las afectadas y ahora manifiestan desconocer incluso la petición que realizamos. El Ministerio parece más un misterio”, ha agregado Mulet.

El senador ha recordado que “estas personas pusieron su grano de arena en contribuir a la lucha contra la despoblación rural, en un pueblo abandonado, donde no molestaban a nadie, apostando por energías renovables, homenajeando a los antiguos vecinos que fueron forzados a abandonarlo y rehabilitando un pueblo que fue destruido. No creemos en las figuras como el indulto pues en ocasiones son otorgadas a personas con un currículo muy discutible, pero si existen, deben ser para gente como la de Fraguas. Esperábamos mucho más del actual Gobierno ante casos tan singulares como el de Fraguas, y así debería tratarse, pero parece que prefieren indultos a miembros de la policía, falsificadores y acusados por atentados o robos, cosas con una menor carga ideológica”, ha concluido.

El Gobierno central PSOE-Podemos no solicitará el indulto para los repobladores de Fraguas, condenados a un año y medio de prisión por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización este pueblo abandonado en la Sierra Norte de Guadalajara. Tampoco mediará con el Gobierno autonómico para propiciar un acuerdo y evitar el derribo de las construcciones.

Es la respuesta que el Ejecutivo daba al senador de Compromís, Carles Mulet, este miércoles. “Uno de los principios cardinales de la relación entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas es la lealtad institucional”, reza la respuesta.

El Gobierno cree que “resulta indudable que interferir en una decisión adoptada por un Gobierno autonómico, sin que dicha intervención del Gobierno estatal esté prevista por el ordenamiento jurídico, sería desconocer el citado principio de lealtad institucional”.

Fue en julio de 2018 cuando los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete pidieron al Ministerio de Justicia el indulto para las seis personas condenadas a un año y medio de prisión por ocupar, rehabilitar y repoblar, sin autorización, el pueblo abandonado de Fraguas, en la provincia de Guadalajara.

Ya en diciembre de 2019, Mulet registró varias preguntas al Gobierno a través del Senado. Por un lado, si el Consejo de Ministros estaba dispuesto a conceder el indulto y por otro a interceder ante el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha para propiciar un acuerdo.

Además, preguntaba sobre las medidas a adoptar para evitar “en el futuro casos vergonzosos como este, y propiciar la repoblación sostenible de la España vaciada”.

La respuesta es “indigna e indignante”

El senador de Compromís ha criticado que el Gobierno central “evite comprometerse en promover el indulto y mediar con los repobladores de Fraguas” y eso, añade, a pesar de que los partidos ahora en el Ejecutivo central, PSOE y Podemos sí lo habían hecho anteriormente.

“La respuesta que da el Ejecutivo apunta a todo lo contrario; ni el más mínimo interés en promover un indulto contra los condenados, ni la más mínima intención para mediar con el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, alegando lealtad institucional”.

Mulet califica la respuesta de “indigna e indignante. Se pueden llenar la boca hablando de la España Vaciada, pero abandonan a su suerte a gente que lo ha dado todo por repoblar precisamente, zonas abandonadas, eso es hipocresía en estado puro”.

El grupo de jóvenes que decidió marcharse a Fraguas, una aldea abandonada situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, no se arredra ni ante las presiones de la Administración ni ante la sentencia que, de llevarse a efecto, supondría su entrada en prisión. El colectivo de repobladores de Fraguas, según ha podido saber eldiarioclm.es, ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia emitida por la Audiencia de Guadalajara, que se hizo pública el pasado 14 de enero, mediante la que este tribunal ratificó la condena a un año y nueve meses de prisión para cada uno de los seis miembros del colectivo mencionado.

Los afectados, que presentaron el recurso al Alto Tribunal a finales de enero pasado, están a la espera de que sea admitido a trámite. En caso de que finalmente sea admitida, este paso podría significar la paralización de la demolición de Fraguas. En ese caso, el proceso judicial podría demorarse “durante años”, según el colectivo.

Los seis repobladores de Fraguas fueron sentenciados por usurpación de monte público y un delito contra la ordenación del territorio teniendo en cuenta la reconstrucción parcial de la aldea de Fraguas, expropiada a finales de los años 60 y luego utilizada como campo de entrenamiento militar y para recreo cinegético, que efectuaron en un enclave protegido por la legislación ambiental.

El colectivo Fraguas Revive revela a este digital que, ante la imposibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo –tal como establece la ratificación de la sentencia-, han decidido elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Isaac Alcázar, miembro de este grupo y uno de los condenados, justifica el recurso teniendo en cuenta la “indefensión provocada por el hecho de haber juzgado al grupo en su conjunto y no los actos individuales de cada uno de nosotros. De hecho, algunos de nosotros ya no vivimos en Fraguas, donde solo quedan dos compañeros”.

La estrategia de la defensa jurídica de los afectados consiste en recurrir a todas las instancias posibles en aras no sólo de enmendar la sentencia, sino de evitar el derribo de los inmuebles reconstruidos en un núcleo de población que administrativamente no dispone de entidad municipal. Para ello, piden a la Junta que “se avenga a un acuerdo” que pasaría por los siguientes términos: los repobladores aceptarían la condena a 1 año y nueve meses, más el pago de la multa fijada de 16.800 euros, a cambio de que la Administración regional “retire” la exigencia de responsabilidad civil, lo que significaría en última instancia salvar Fraguas.

En este sentido, Ecologistas en Acción lleva tiempo reclamando a la Junta de Castilla-La Mancha que flexibilice su postura con tal de alcanzar un acuerdo que evite el cumplimiento de la sentencia. En un comunicado, la entidad conservacionista asegura “estar a la espera” de que el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, “convoque una reunión a tres bandas (pobladores/encausados de Fraguas, Junta y Ecologistas en Acción) para dialogar sobre la situación de los encausados y pobladores actuales”.

Por otro lado, el colectivo de Fraguas llevará a cabo este sábado 23 de febrero una manifestación en Madrid bajo el lema ‘Por un mundo rural vivo’. La protesta está convocada para las 12 horas desde la plaza de Tirso de Molina hasta Atocha. El objetivo de esta marcha es exigir a la Junta de Castilla-La Mancha la retirada de la acusación y de la responsabilidad civil, con lo que eludirían su entrada en prisión y la demolición de la aldea.

En todo caso, la sentencia de la Audiencia de Guadalajara determinó que el grupo condenado podría evitar el ingreso en prisión en caso de abonar la multa establecida, que asciende a 16.800 euros. El colectivo asegura que ya dispone de esta cantidad. No obstante, en caso de no hacer efectivo el abono, la pena impuesta alcanzaría los dos años y tres meses de cárcel para cada uno de los afectados.

“Somos seis personas en riesgo de entrar en prisión por reconstruir una aldea expropiada y en la mano de la Junta está evitarlo si retira la responsabilidad civil y la ejecución de la pena. Estamos deseando sentarnos a dialogar con el Gobierno de Castilla-La Mancha y llegar a un acuerdo. Queremos aportar soluciones para la despoblación porque las recetas de la Junta contra la despoblación han sido un fracaso y se ha tirado el dinero de los fondos europeos”, concluye Isaac Alcázar.

Malas noticias para una de las cuestiones más polémicas del año pasado en torno al debate del movimiento okupa y de la despoblación en Castilla-La Mancha. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha ratificado la sentencia que condena a seis miembros del colectivo de repoblación ‘Fraguas Revive’ a un año y 9 meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público.

Esta sentencia firme, que se conoce dos meses después de que el Tribunal se reuniera el 14 de noviembre en Guadalajara, supone de facto la entrada en la cárcel del grupo de encausados. Solo en el caso de que el colectivo asumiera los costes de demolición del poblado de la Sierra Norte de Guadalajara, estimados en 27.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, podrían eludir la pena de prisión, tal como recoge la sentencia judicial, dictada en junio de 2018.

Isaac Alcázar, uno de los afectados, ha precisado a eldiarioclm.es que esta sentencia “inesperada” les “empuja a la cárcel”, porque no van a a pagar la responsabilidad civil. “Nuestro proyecto para Fraguas es integrador, viable y ayuda contra la despoblación”. La intención de este colectivo es reunirse el próximo lunes con su abogado para valorar el fallo y decidir si continúan con el procedimiento judicial. Aunque contra esta sentencia no cabe recurso, la defensa del colectivo podría presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo.

Además, la asociación convocará una manifestación en Madrid el próximo 23 de febrero para seguir defendiendo su proyecto de ‘autogestión’ para repoblar la antigua aldea, enclavada en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Mañana, día 17, también han convocado una concentración frente a la Audiencia Provincial a las 18.00 horas.

En la sentencia los jueces consideran que en este caso “no puede discutirse” que los enjuiciados tenían voluntad de permanecer en Fraguas, como han alegado en el recurso, y que el delito contra la ordenación del territorio no ha prescrito, como justifican los enjuiciados, pues prescribe en cinco años y no en uno como ellos recurrieron. Desmonta también la Audiencia que los montes públicos jamás podrían considerarse morada, como han alegado los condenados, pues considera “obvio” que las edificaciones que realizaron tienen carácter permanente de ocupación, ya que “tienden a garantizar un mínimo de comodidad en la ocupación de carácter estable”.

“No responde a la voluntad de estancia meramente ocasional la construcción de una casa, la instalación de una placa solar, de un baño y la acumulación de enseres como bombonas de butano, que apuntan a un uso y ocupación de carácter estable”, insiste la Audiencia. De igual modo, reitera que se trata de suelo rústico no urbanizable que impide usos o actividades que no se recojan expresamente en la normativa de aplicación, esto es, las normas subsidiarias de la provincia de Guadalajara que no permiten construcciones en la referida finca.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara condenaba el pasado 8 de junio a los seis jóvenes que intentaron repoblar el antiguo pueblo de Fraguas, hoy desaparecido y perteneciente el término municipal de Monasterio (Guadalajara), a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, y a una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros por usurpación, multa que en caso de no pagar será sustituida por una pena de privación de libertad de otros seis meses. En materia de responsabilidad civil, condenaba a los acusados a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones, así como la retirada de residuos y restos realizados en la finca ocupada. El montante total asciende a 27.000 euros.

Un debate con mucha proyección

Para unos son un grupo de okupas que se ha instalado, vulnerando la legislación medioambiental, en un enclave deshabitado del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Para otros, son un colectivo de repobladores que han trasladado al epicentro de la despoblación un proyecto serio y viable para devolver la vida a una aldea que hace muchas décadas que había dejado de latir. El caso es que el colectivo de Fraguas que se asentó en 2013 en este núcleo despoblado de la zona norte de Guadalajara ha recibido un amplio eco en los medios de comunicación -incluso de ámbito nacional- y, a lo largo de este año, ha encontrado un interés inusitado tratándose de un asunto vinculado al medio rural.

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha estado deliberando desde el 14 de noviembre si ratificaba o revocaba la sentencia que, en junio pasado condenó a seis miembros del colectivo okupa 'Fraguas Revive' a una pena de un año y nueve meses de prisiónpor delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación del Monte Público. La sentencia fue recurrida tanto por los seis procesados (Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero) como por la acusación de la Junta de Castilla-La Mancha.

El proceso se inició al considerar la Junta de Castilla-La Mancha, administración competente en la ordenación del territorio, que la ocupación de Fraguas era ilegal al localizarse en un área declarada parque natural y por vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde la Administración regional consideran que “no es posible autorizar ni legalizar” construcciones en un lugar que ya no es un pueblo sino monte público. Los contactos entre la Junta, a través de la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, y Ecologistas en Acción para articular una solución a este asunto no han fructificado.

Todo ello ha situado a Fraguas, que no es el único núcleo de la provincia de Guadalajara que alberga un proyecto de autogestión orientado a repoblar las zonas rurales, en el disparadero. Fraguas es un pueblo deshabitado desde que en los años 60 fue expropiado por el Estado. Ahora, varios de los antiguos pobladores de Fraguas no han dudado en respaldar al colectivo de repobladores. “Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si un ciudadano decidiese construir una casa en medio del Parque de Doñana aunque fuese con muy buenas intenciones, pero poniendo en riesgo a una especie como el lince ibérico”, señalaron desde Medio Ambiente a este medio. “Repoblar no es delito”, refuta el colectivo.

Enclave en zona protegida

Desde la Consejería de Medio Ambiente han sugerido en reiteradas ocasiones que entre las posibilidades de vivir en un espacio natural, y en la misma zona, existen unos 80 núcleos de población. El 95% de ellos siguen perdiendo población. Sobre la posibilidad de vivir en Fraguas sin que se produzca ningún tipo de acción urbanística, las fuentes consultadas en su día por eldiarioclm.es recuerdan que las personas que defienden este proyecto “no han ocupado unas construcciones existentes, sino que han levantado otras nuevas. Tan solo se conservaba la estructura de la iglesia y montones de escombros donde antes estuvieron las viviendas, con algún resto de pared de menos de dos metros”.

La Junta ha denunciado la construcción parcial de varias viviendas, la instalación de placas solares y la toma de agua “de una conducción previa que alimenta un punto de agua contra incendios forestales”. La posición de la Administración es que se trata de una okupación inviable e ilegal al tratarse de un monte público de naturaleza rústica en el que la legislación no permite ya la urbanización. El colectivo de Fraguas defiende su tarea en este enclave: el respeto de las construcciones por el entorno, la sostenibilidad del proyecto de vida que defienden y la integración en un área natural conservada sin que ésta sufra alteraciones.

Coincidiendo con el proceso judicial, la asociación Fraguas Revive ha convocado a lo largo de 2018 varias manifestaciones de protesta, incluidas las organizadas a las puertas del tribunal, además de jornadas de reivindicación como las llevadas a cabo en noviembre bajo el título ‘Jornadas de Resistencia, la historia se repite, la tierra se defiende’. Esta jornada incluyó, además de visitas guiadas a Fraguas, asambleas, talleres comunitarios sobre construcción y adecuación de las calles del poblado o cursos de formación en poda y en trabajos agrícolas.

La protesta de Fraguas también llevó a sus miembros a reunir miles de firmas para solicitar a la Junta la retirada de la acusación del delito de daños al medio ambiente. El Gobierno regional accedió a ello el pasado mes de mayo, lo que para los acusados supuso eludir el ingreso en prisión. “Estoy satisfecho con que se haya retirado la acusación por daños, porque, aunque la repoblación de Fraguas es ilegal, la pena es ahora más proporcional y justa”, señaló a este digital Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara. La acusación mantuvo los delitos contra la Ordenación del Territorio y de Usurpación de Monte Público.

Gonzalo Aracil, uno de los miembros acusados, señaló a eldiarioclm.es: “queremos demostrar a la Junta el gran apoyo que mantiene todavía nuestro proyecto de repoblación de Fraguas y mostrar de nuevo nuestro rechazo a la condena porque es injusta”. Además, subrayó: “Nos acusan de ordenar el territorio, cuando fue ICONA quien cambió el uso a unas tierras de cultivo en los años 60 y vulneró la ley vigente de entidades locales, que prohibía embargar las calles de dominio público”.

Para unos son un grupo de okupas que se ha instalado, vulnerando la legislación medioambiental, en un enclave deshabitado del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Para otros, son un colectivo de repobladores que han trasladado al epicentro de la despoblación un proyecto serio y viable para devolver la vida a una aldea que hace muchas décadas que había dejado de latir.

El caso es que el colectivo de Fraguas que se asentó en 2013 en este núcleo despoblado de la zona norte de Guadalajara ha recibido un amplio eco en los medios de comunicación -incluso de ámbito nacional- y, a lo largo de este año, ha encontrado un interés inusitado tratándose de un asunto vinculado al medio rural.

La Audiencia Provincial de Guadalajara delibera desde el 14 de noviembre si ratifica o revoca la sentencia que, en junio pasado condenó a seis miembros del colectivo okupa Fraguas Revive a una pena de un año y nueve meses de prisión por delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación del Monte Público. La sentencia fue recurrida tanto por los seis procesados (Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero) como por la acusación de la Junta de Castilla-La Mancha.

El fallo determinará si los repobladores deben desalojar Fraguas y afrontar la demolición de la antigua aldea de la Sierra Norte de Guadalajara, que el juzgado fijó en cerca de 27.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. En ese caso, el tribunal asumiría la aplicación del ingreso en prisión de los acusados, mientras que la Junta de Castilla-La Mancha se responsabilizaría de ordenar la demolición y el desalojo de Fraguas durante los próximos meses.

El proceso se inició al considerar la Junta de Castilla-La Mancha, administración competente en la ordenación del territorio, que la ocupación de Fraguas era ilegal al localizarse en un área declarada parque natural y por vulnerar la normativa de montes y en materia urbanística. Desde la Administración regional consideran que “no es posible autorizar ni legalizar” construcciones en un lugar que ya no es un pueblo sino monte público. Los contactos entre la Junta, a través de la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, y Ecologistas en Acción para articular una solución a este asunto no han fructificado.

Todo ello ha situado a Fraguas, que no es el único núcleo de la provincia de Guadalajara que alberga un proyecto de autogestión orientado a repoblar las zonas rurales, en el disparadero. Fraguas es un pueblo deshabitado desde que en los años 60 fue expropiado por el Estado. Ahora, varios de los antiguos pobladores de Fraguas no han dudado en respaldar al colectivo de repobladores. “Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza si un ciudadano decidiese construir una casa en medio del Parque de Doñana aunque fuese con muy buenas intenciones, pero poniendo en riesgo a una especie como el lince ibérico”, señalaron desde Medio Ambiente a este medio. “Repoblar no es delito”, refuta  el colectivo.

Enclave en zona protegida

Desde la Consejería de Medio Ambiente han sugerido en reiteradas ocasiones que entre las posibilidades de vivir en un espacio natural, y en la misma zona, existen unos 80 núcleos de población. El  95% de ellos siguen perdiendo población. Sobre la posibilidad de vivir en Fraguas sin que se produzca ningún tipo de acción urbanística, las fuentes consultadas en su día por eldiarioclm.es recuerdan que las  personas que defienden este proyecto “no han ocupado unas construcciones existentes, sino que han levantado otras nuevas. Tan solo se conservaba la estructura de la iglesia y montones de escombros donde antes estuvieron las viviendas, con algún resto de pared de menos de dos metros”.

La Junta ha denunciado la construcción parcial de varias viviendas, la instalación de placas solares y la toma de agua “de una conducción previa que alimenta un punto de agua contra incendios forestales”. La posición de la Administración es que se trata de una okupación inviable e ilegal al tratarse de un monte público de naturaleza rústica en el que la legislación no permite ya la urbanización. El colectivo de Fraguas defiende su tarea en este enclave: el respeto de las construcciones por el entorno, la sostenibilidad del proyecto de vida que defienden y la integración en un área natural conservada sin que ésta sufra alteraciones.

Coincidiendo con el proceso judicial, la asociación Fraguas Revive ha convocado a lo largo de 2018 varias manifestaciones de protesta, incluidas las organizadas a las puertas del tribunal, además de jornadas de reivindicación como las llevadas a cabo en noviembre bajo el título ‘Jornadas de Resistencia, la historia se repite, la tierra se defiende’. Esta jornada incluyó, además de visitas guiadas a Fraguas, asambleas, talleres comunitarios sobre construcción y adecuación de las calles del poblado o cursos de formación en poda y en trabajos agrícolas.

La protesta de Fraguas también llevó a sus miembros a reunir miles de firmas para solicitar a la Junta la retirada de la acusación del delito de daños al medio ambiente. El Gobierno regional accedió a ello el pasado mes de mayo, lo que para los acusados supuso eludir el ingreso en prisión. “Estoy satisfecho con que se haya retirado la acusación por daños, porque, aunque la repoblación de Fraguas es ilegal, la pena es ahora más proporcional y justa”, señaló a este digital Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara. La acusación mantuvo los delitos contra la Ordenación del Territorio y de Usurpación de Monte Público.

Gonzalo Aracil, uno de los miembros acusados, señaló a eldiarioclm.es: “queremos demostrar a la Junta el gran apoyo que mantiene todavía nuestro proyecto de repoblación de Fraguas y mostrar de nuevo nuestro rechazo a la condena porque es injusta”. Además, subrayó: “Nos acusan de ordenar el territorio, cuando fue ICONA quien cambió el uso a unas tierras de cultivo en los años 60 y vulneró la ley vigente de entidades locales, que prohibía embargar las calles de dominio público”.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina (Podemos), ha vuelto a referirse a la situación por la atraviesan los repobladores de Fraguas, en la provincia de Guadalajara, tras haber sido condenados. Tras recordar que ha estado “mediando de manera discreta” para dar una solución a este asunto, ha destacado que la iniciativa de estos jóvenes es “buena” pero “ha ido a parar a un mal lugar”, recordando que se trata de un espacio de protegido.

García Molina ha resaltado que desde que conoció el proyecto, lo ha visitado y siempre ha pensado que es una buena iniciativa porque “la finalidad es muy loable”, es decir, “recuperar la vida de pueblos casi extinguidos en un momento en el que hay mucha despoblación”. “Desde el primer momento me he ofrecido a mediar para encontrar una solución que pueda contentar a todos”, ha subrayado.

“No es una situación agradable para nadie, porque la idea es buena, pero es una buena idea que ha ido a parar a un mal lugar. Hay que seguir trabajando para encontrar una solución mediada, política y que no se judicialice, y que estos chicos no tengan más problemas de los que es necesario. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea y desde luego yo estoy trabajando en ello”, ha añadido.

Preguntado finalmente por si esta solución que busca el Gobierno regional pasa por trabajar por la no judicialización o si se materializará en un cambio de legislación, el vicepresidente ha considerado “más factible en el corto plazo” lo primero, ya que “cambiar una legislación siempre tarda mucho tiempo”.