El Gobierno ecuatoriano del derechista Daniel Noboa sufrió este domingo un duro revés político en el referéndum y la consulta popular que rechazó reformar la Constitución vigente en el país sudamericano y llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, la opción del 'No' se impuso en las cuatro preguntas planteadas a los ecuatorianos, tres de ellas correspondientes al referéndum y una a la consulta popular. En su informe final de la jornada de votación, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que los resultados escrutados mostraban una “tendencia marcada” en todos las interrogantes.

El propio Noboa reconoció su derrota minutos después de las 21.00 horas locales de este domingo, mediante una publicación en la red social X. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, añadió en el mismo mensaje.

Las tres preguntas del referéndum plantearon la posibilidad de levantar la prohibición para instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, eliminar la financiación estatal para los partidos políticos y reducir el número de asambleístas nacionales (legisladores). La consulta interrogó sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace la vigente, aprobada durante el Gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017).

Con un escrutinio superior al 90% al final de la noche de este domingo, el rechazo a las propuestas de Noboa superaba el 60% en la pregunta sobre las bases militares extranjeras y en la consulta sobre la instalación de una nueva asamblea constituyente; mientras que era más del 50% en las preguntas sobre financiación a partidos políticos y la reducción de asambleístas (de 151 a 73 legisladores).

Más de 13,9 millones de ecuatorianos estaban habilitados para votar. Un porcentaje cercano al 82% de esos electores ejerció su derecho al voto, informó la presidenta del CNE. En Ecuador, el sufragio es obligatorio para las personas mayores de 18 años y menores de 65.

Bases militares y nueva constitución

La victoria del 'No' en las cuatro preguntas está siendo interpretada como una reprobación a la gestión de Noboa, más allá de la opinión de los ecuatorianos sobre los cuatro asuntos planteados en el referéndum y consulta popular.

Consultado al respecto, Gonzalo Ortiz, analista político del periódico ecuatoriano Primicias, manifestó que el presidente cometió errores estratégicos en el proceso electoral que lo deberían llevar a reconducir sus políticas. “Noboa debe reflexionar y dedicarse a la gestión real en lugar del énfasis en redes sociales y TikTok, que no le está funcionando”, dijo en una entrevista con la edición digital del medio.

En una dirección similar, el investigador social Simón Pachano reconoció que Noboa se jugó gran parte de su capital político al someter a decisión del pueblo ecuatoriano dos de sus proyectos más personales: la reapertura de Ecuador a la presencia permanente de fuerzas militares estadounidenses y la redacción de una Constitución que sustituya a la aprobada en 2008. “Tomó un riesgo muy alto, por lo menos en las dos preguntas más importantes: la de las bases militares, porque expresa su posición en el tema de seguridad, y la de la asamblea constituyente”, dijo Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Ecuador, en una entrevista con la cadena CNN.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad y violencia criminal de grandes dimensiones, ante la cual Noboa viene aplicando estrategias represivas que, sin embargo, considera insuficientes por los límites que le impone la Constitución. Al mando del país desde 2023, el joven gobernante de 37 años fue reelegido este 2025 para ser presidente hasta 2029, un periodo para el que se ha propuesto aplicar transformaciones estructurales que demandan reformas constitucionales.

Además del combate contra la inseguridad, Noboa quiere reestructurar la institucionalidad ecuatoriana para volverla más amigable con los capitales extranjeros y favorable a la creación de empleo.

El presidente llegó confiado a la jornada de votación, para la que las encuestas previas pronosticaban una victoria del 'Sí' en al menos tres de las cuatro preguntas formuladas. La más polémica de ellas fue la que consultó a los ecuatorianos si estaba de acuerdo en eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.

La fe de Noboa en la aprobación de esa propuesta fue tal que llegó a recibir visitas de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de EEUU para adelantar gestiones de cara a la habilitación de guarniciones militares de Washington en poblaciones como Manta y Salinas, en el Litoral del Pacífico ecuatoriano.

EEUU ya había contado con tropas militares en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, así como entre 1999 y 2009 en la ciudad costera de Manta. Sin embargo, la Constitución de Correa dispuso el desalojo de las fuerzas extranjeras.

No en vano, el expresidente celebró fervorosamente los resultados del referéndum y consulta popular. “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces”, escribió Correa en su cuenta de X al conocerse los resultados. “Gran triunfo de todo un pueblo. Fue una campaña absolutamente ciudadana y sin recursos”, publicó en otro mensaje en la misma red social.

La derrota oficialista en la consulta popular acabó por redondear el fracaso de la estrategia del gobierno de Noboa, pues, en criterio de especialistas, la redacción de una nueva constitución habría servido para incorporar las reformas constitucionales aun recibiendo una negativa en el referéndum.

Distintos analistas coincidieron en que el mayoritario rechazo a las preguntas tuvo un carácter plebiscitario, al poner de manifiesto el malestar de la mayoría ecuatoriana ante el rumbo que está tomando el Gobierno de Noboa. La posibilidad de abrirse nuevamente a fuerzas militares estadounidenses puso en debate la soberanía territorial de Ecuador en un contexto en el que EEUU está aumentando su presencia en la región del caribe.

El catedrático Pachano recordó que la de este domingo fue la decimoquinta consulta popular en la historia política de Ecuador. De todas ellas, en nueve los votantes respondieron con un 'Sí' o un 'No' a todas las preguntas planteadas, lo que quiere decir –en su opinión– que más allá de discernir punto por punto, los ecuatorianos votaron en bloque para aprobar o desaprobar al que formuló las interrogantes, esto es, el gobernante de turno que, en este caso, ha sido Daniel Noboa.

Julian Assange fue uno de los hombres más buscados de todo el planeta en la segunda década el nuevo milenio. Cara visible de WikiLeaks y de algunas de las filtraciones más relevantes de la historia reciente, este programador australiano vivió seis años de su vida recluido en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar las extradiciones y a Estados Unidos. Ahora un juicio en Madrid sentenciará si, en esos años, Assange fue espiado por varios servicios secretos a través de un empresario español, encargado de la seguridad de la embajada en la que vivió, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión por grabar no solo a la víctima, también a políticos, periodistas, abogados y diplomáticos que se reunieron con él.

Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks en 2006. La página web se convirtió pocos años después en el escaparate de las filtraciones que expusieron las grandes vergüenzas ocultas de Estados Unidos: el vídeo del asesinato de 12 personas bajo el fuego de un helicóptero Apache en Bagdad en 2007, las torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib o decenas de miles de 'cables' de inteligencia sobre el espionaje estadounidense, entre otros, a los gobiernos de Francia, Japón, Alemania o Italia.

El activista australiano se instaló en 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición. Por un lado, las autoridades de Suecia le acusaban de haber agredido sexualmente a dos mujeres, algo que él negaba y que terminó en archivo. Por otro, Estados Unidos abrió su propia investigación, condenó a la soldado Chelsea Manning por ser su fuente y Assange se atrincheró en la embajada, a escasos metros de Hyde Park, mientras su vida era monitorizada, grabada y se daban órdenes para retransmitirla en directo por streaming.

Este espionaje será juzgado en la Audiencia Nacional en Madrid, algo que es posible porque aunque los hechos ocurrieron en el centro de Londres, el principal acusado es un empresario español: David Morales, exmilitar destinado durante años en los Balcanes ahora aquejado de una grave enfermedad cuya empresa, Undercover Global, gestionaba la seguridad de la embajada donde se escondía Assange. Según las acusaciones, Morales monitorizó desde Cádiz que sus trabajadores grabaran todas las reuniones del activista australiano con abogados, médicos, periodistas y políticos durante al menos un año.

Según explica él mismo, Morales fue militar antes de montar su propia empresa privada de seguridad en 2008. Fue en 2015 cuando el gobierno de Ecuador adjudicó la seguridad de su embajada londinense a esta compañía radicada en la localidad gaditana de Puerto Real, a más de 2.000 kilómetros, para reforzar la protección del edificio y controlar las entradas y salidas durante la estancia de Assange. Un contrato firmado cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y que evolucionó a mediados de 2017, pocos meses después de la llegada de Lenin Moreno al poder en Quito y de que Suecia levantara los cargos contra él. Según las acusaciones del caso, en ese momento las órdenes de David Morales cambiaron: tenía que grabar todo lo que hacía Assange. Imagen y sonido.

Hasta ese momento el circuito interno de cámaras solo captaba imágenes del interior de la embajada para controlar quién entraba y salía del edificio. Los empleados de Morales cambiaron los aparatos de forma clandestina para que también recogieran sonido y, en la práctica, grabaran las conversaciones. También pusieron micrófonos ocultos, uno de ellos escondido en la parte de abajo de un extintor de la sala de reuniones de la embajada. Según el relato que hace la Fiscalía, incluso llegaron a copiar los teléfonos y agendas de políticos y periodistas que visitaban al fundador de WikiLeaks.

Toda la información iba directa al Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), la agencia ecuatoriana de espionaje. En un momento dado, sostienen las acusaciones de este proceso judicial, grabar no fue suficiente y el empresario español acusado dio la orden de retransmitir en directo las reuniones de Assange. Se estableció así un enlace para dar en streaming la vida del fundador de WikiLeaks con dos espectadores: los servicios secretos de Ecuador y “los amigos de Estados Unidos”. Todo mientras el empresario español pagaba a escondidas a funcionarios de Ecuador para seguir teniendo el contrato de la embajada.

El espionaje a uno de los hombres más buscados del planeta pasó desapercibido hasta que en 2019 la Audiencia Nacional aceptó abrir una investigación. El despacho de Baltasar Garzón, que junto con el letrado Aitor Martínez también fue espiado mientras ejercían la defensa de Assange, presentó una querella que ya apuntaba a los hechos que, años después, se han convertido en el auto de procesamiento.

Esa primera querella aportó tres declaraciones de testigos protegidos clave para levantar el secretismo que pesaba sobre el espionaje coordinado que habían ejecutado sobre Assange durante años. Los registros posteriores del juzgado en el domicilio del acusado y la sede de su empresa terminaron por revelar todo el material que ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él seis años después.

Correa, Varoufakis y hasta Pablo Iglesias

Saber de lo que hablaba Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador mientras WikiLeaks funcionaba a pleno rendimiento era la caza mayor de cualquier servicio de inteligencia de primer nivel. No solo por lo que él pudiera revelar, sino por las personas con las que se reunía en el edificio. Los trabajadores de la empresa gaditana de seguridad documentaron sus conversaciones y encuentros con amigos, médicos y colaboradores pero también con políticos, periodistas, diplomáticos y sus propios abogados.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia, por ejemplo, fueron “objeto de espionaje”. Y también se documentaron sus reuniones con dirigentes latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) o José Mujica (Uruguay) así como con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las visitas de diversos dirigentes de este partido a Assange desde su llegada a Londres han sido públicas desde el nacimiento de la formación en 2014. La Fiscalía también ubica al exministro griego Yanis Varoufakis entre los testigos del caso.

El espionaje, según las acusaciones, no se limitó a grabar las reuniones de Assange. El personal de la embajada se quedaba los teléfonos de las personas que iban a visitarle y, mientras tanto, sacaban fotos a los móviles, sus tarjetas SIM, los números de serie IMEI e, incluso, de los mensajes que recibían. Llegaron incluso a conseguir las contraseñas para acceder al teléfono y el correo electrónico de la actriz Pamela Anderson durante una de sus visitas.

Dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuando el tribunal ponga fecha al juicio: el empresario y exmilitar gaditano David Morales y su colaborador, el belga Michel Wallemacq, que según las acusaciones participó activamente en el plan de espionaje urdido en Cádiz y ejecutado en Londres. Para el primero Assange pide 20 años de prisión por los 13 que solicita la Fiscalía. Se le atribuyen dos delitos de revelación de secretos, otro más de cohecho por los sobornos que pagó para retener el contrato y uno adicional de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas Browning que la Policía encontró en su casa durante los registros.

El tribunal, que ya ha abierto juicio oral contra ambos, tiene pendiente hacer pública la lista de testigos que comparecerá en el juicio, aunque en el proceso hay pocas dudas de que una de las comparecencias ineludibles será la Julian Assange. Quedó en libertad en junio del año pasado tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y pasar un lustro en la cárcel británica de Belmarsh. Ahora lleva una vida discreta en Australia con una aparición pública pendiente de fecha: su testifical en el juicio por el espionaje que padeció en la embajada de Ecuador en Londres.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de WikiLeaks.

Rafael Correa (Guayaquil, 1963) ha hecho suya la batalla por la denuncia de un fraude en las elecciones en Ecuador. Desde Bruselas, donde permanece ahora exiliado por las causas judiciales que pesan sobre él, el expresidente del país clama por las supuestas irregularidades en las papeletas electorales que dieron la victoria a Daniel Noboa, por una amplísima mayoría, incluso con más ventaja de la que tuvo en la primera vuelta respecto a la candidata de su partido, Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.

Ni los observadores electorales ni la comunidad internacional suscriben esos indicios de fraude y, con desesperación, el expresidente habla de manipulación de las papeletas a través de un sofisticado sistema que permitiría transferir la tinta de una parte a otra. “Matemáticamente es imposible”, asegura en conversación con elDiario.es antes de viajar a Cannes para arropar a Julian Assange en la presentación de un documental: “Se les fue la mano”. Y carga directamente contra la “doble moral vomitiva” de la comunidad internacional: “Con la tercera parte, no le hubieran reconocido los resultados en Venezuela”.

Está usted muy activo en la denuncia de irregularidades en las elecciones en Ecuador. Su partido anunció que recurriría esas elecciones por fraude. ¿Cuál es la situación? ¿Lo llevaron a cabo? ¿Cuál ha sido la respuesta?

La situación de absoluta indefensión. No abrieron una sola urna. En 2017, cuando nosotros ganamos las elecciones y el candidato derrotado, Guillermo Lasso, gritó “¡fraude”, yo era presidente de la República y pedí que se abrieran 3.000 urnas. Se abrieron en el Coliseo Rumiñahui en Quito, con decenas de medios de comunicación, viendo millones de personas el reconteo. Contamos cerca de 1,5 millones de votos y aumentó la ventaja. Sabíamos que estaba mintiendo Lasso. Ahora no abrieron una sola urna. En la primera vuelta, las abrieron. Recuperamos miles de votos. Con las mismas razones, los mismos artículos legales, los mismos argumentos, esta vez negaron todo. ¿Por qué? Porque saben que esos no son los resultados. Saben que han hecho fraude. Y si se abren las urnas, se podrá evidenciar ese fraude.

¿Y qué tiene que pasar para que se abran las urnas? ¿Tendría que ser una decisión de la justicia?

Sí, pero no hay justicia en Ecuador. Por ahí podría haber una alternativa, pero ya cerraron todo, ya proclamaron resultados, pero obviamente un fraude es un cataclismo político. Todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene toda la potestad para ordenar una auditoría integral. Pero no lo van a hacer nunca porque son cómplices de Noboa y saben que perdieron las elecciones el 13 de abril.

Usted que ha sido presidente, ¿tan fácil es cometer un fraude?

No. Esta clase de fraude, no, es nuevo. Las actas vinieron con resultados ya adulterados porque el problema está en los votos. Nosotros sabíamos que esos resultados eran imposibles, pero no sabíamos cómo se había hecho fraude. La propia Organización de los Estados Americanos (OEA) nos dio luz cuando dice en su informe: la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. O sea, se doblaba la papeleta y lo que estaba marcado en A pasaba a B. Esta situación generó confusión en la interpretación del voto y en algunos casos derivó en anulación. Esto nunca pasó en la historia. Ahora la OEA quiere decir que eso se resolvió, [que] fueron casos aislados. 

Contactamos al Instituto Canario de Análisis Criminológico y nos pidió muestras de las tintas. Cuando empezamos a reunir entre los militantes nos sorprendió que había dos tipos de bolígrafos. Esto nunca ha pasado. En la primera vuelta solo hubo uno. Las especificaciones técnicas del Consejo Nacional Electoral solicitan bolígrafos de un solo tipo y de tinta seca que se seque rápido. Las tintas modernas son de base de aceite, oleaginosas y son de secado rápido como los BIC. En la primera vuelta solo hubo BIC. En la segunda vuelta hay dos clases. Esto es imposible. Esto es anormal totalmente. Solo esto amerita una investigación a fondo.

Pero esto podría haber afectado a las votaciones en los dos sentidos, no solamente a favor de Noboa.

La conclusión del informe es que la hipótesis del fraude es muy plausible y que hay que hacer auditoría forense a los votos. Evidencia que se ha utilizado una tinta altamente transferible que puede marcar las casillas de ambos candidatos, lo que puede vulnerar el proceso electoral de recuento, todo ello favorecido por el diseño de la papeleta de votación, no descartando fraude por borrado espontáneo de una de las listas de los candidatos hasta que puedan ser analizadas los originales.

Nunca nos permitieron analizar las papeletas originales. Con papel adecuadamente preparado, la tinta se borra en A y solo queda en B. ¿Por qué no permitían tomar fotos de los votos? Porque se podían ver los pigmentos. ¿Por qué la OEA detecta lo que detectó? ¿Por qué la gran diferencia? Se les pasó la mano. ¿Y por qué retrocedemos en 11.000 mesas? Es electoralmente imposible. No puede ocurrir que, en lugar de aumentar voto, en el 40% de las mesas, retrocedamos. Es porque se les pasó la mano. Con este método, cada papeleta era un voto menos para Luisa y un voto más para Noboa. La diferencia fue demasiado grande y eso fue lo que nos permitió descubrir el fraude.

¿Esto lo han puesto en manos de la Justicia?

Va a haber una demanda penal. Esos esferos [bolígrafos] los importa la comercializadora Regalado de Guayaquil, cuando la ganadora del concurso fue Puente en Montecito. Todo eso ameritaría que esté investigando Fiscalía, la OEA, la Unión Europea, el Consejo Electoral, pero todo está vendido. Las misiones internacionales se lavan las manos. 

¿La pérdida de votos no puede deberse a la campaña electoral?

Esto es un cataclismo. Lo hubieran detectado las encuestas y todas las encuestas nos veían ganadores. Algunos para explicar lo inexplicable dicen que fueron los bonos que repartió Noboa. Eso ya estaba capturado en las encuestas porque empezó a repartir esos bonos el 20 de marzo. Pero incluso hemos hecho estudio de los bonos. Lo poco que hemos podido obtener información, porque no nos han dado la información completa. Pero sí logramos obtener los bonos por las inundaciones que se repartieron en 31 lugares en Manabí, y si hay una relación es negativa, es decir, la gente no vendió su voto. No es que le daban el bono y votaba por Noboa. Esto sólo se explica por un fraude sistemático.

¿Y por qué no han detectado los observadores ese fraude ni los interventores que estaban en las mesas?

Bueno, lo detectó la OEA. Ahora dice que no es nada. 

Me ha hablado de una demanda penal. ¿Tiene algún otro tipo de mecanismo dado que ha dicho que la justicia en Ecuador no existe?

Se va a pedir también un examen de contraloría [un organismo equiparable al Tribunal de Cuentas], pero todo está tomado en Ecuador y obviamente quedan las instancias internacionales, pero ya está el hecho consumado, ya proclamaron a Noboa. No abrieron una sola urna, ¿por qué, si ganaron con tanta amplitud? ¿Qué mejor que contar de nuevo los votos? 

La comunidad internacional no ha reconocido los resultados en Venezuela, pero sí está reconociendo los de Ecuador. ¿A qué cree que se debe?

A la terrible doble moral que existe, incluso de la izquierda. Sólo con una tercera parte de las observaciones preelectorales no hubieran reconocido los resultados en Venezuela. Este tipo eliminó a su principal rival, Jan Topic, de la derecha. Si Jan Topic participaba, no llegaba ni a segunda vuelta Noboa. No pidió licencia, como dice la ley, durante toda la campaña electoral. Se daba él mismo los permisos por medio de una carta, cuando la Constitución dice que la licencia se la otorga la Asamblea. [Ecuador requiere permiso parlamentario para que un presidente en ejercicio pueda hacer campaña por la reelección].

Lo tenía que sustituir su vicepresidenta cuando se iba a hacer campaña y la destituyó, le quitó los derechos políticos, le metió preso al hijo, le metió preso al abogado del hijo y nombró a dedo a su propia vicepresidenta. Utilizó a todo el gabinete con colores del partido político, haciendo campaña, repartiendo cocinas de inducción, kit de alimentos, kit de medicinas, kit agrícolas... Incluso el contrabando que habían capturado en las aduanas (zapatos, camisas) los empezaron a regalar. Y, desesperados porque ni así remontaban, empezaron a regalar miles de millones en bonos.

Con la tercera parte de eso no le hubieran reconocido los resultados en Venezuela. Pero además los vencimos el 13 de abril y tuvieron que hacer trampas. Pero como es Ecuador, es contra Correa y contra la izquierda, ahí sí no pasa nada. En cambio, en Venezuela, nadie reconoce los resultados. Es una doble moral vomitiva.

¿Ha hablado usted con alguien del Gobierno de España o con alguien de la Unión Europea para explicarle esto?

Sí, me he reunido con varios europarlamentarios europeos, me he reunido con expresidentes españoles. Lamentablemente ellos tienen toda la gana de ayudar, pero son minoría. Y es triste esto porque hasta lo ético se ha ideologizado. Si esto pasa en Venezuela, hay que invadir Venezuela. Si pasa en Ecuador, no pasa nada. Vamos adelante. Pequeñas irregularidades. Todo estuvo viciado, pero nosotros decidimos continuar en la contienda y les ganamos el 13 de abril. Nos roban y no nos permite abrir una sola urna. Mire, no somos nuevos en esto y somos muy responsables, no vamos a intranquilizar el país por gusto. Si hubiéramos perdido, diríamos “perdimos”. Se les pasó la mano, si nos ganaban con dos o tres puntos, nos hubieran convencido. En 2021 perdimos, lo reconocimos enseguida. En 2023 perdimos, lo reconocimos enseguida. Pero esta vez sabíamos que esto era imposible.

¿Cómo está tan seguro?

Matemáticamente, estadísticamente, electoralmente es imposible. Un matemático que no conozco, que se llama Danilo Gortaire, es de la Asociación de Estadísticos del Ecuador, Profesor de la Politécnica Nacional, llega a la conclusión de que es un suceso imposible.

Hay otro matemático, Rodolfo Bueno, que dice que es más probable un burro volando que el resultado que sacamos. Hay otro que analiza las segundas vueltas ecuatorianas del año 2000 al 2025: nunca un candidato de segunda vuelta ha dejado de sacar por lo menos un millón de votos. Luisa, con toda su fortaleza, saca 170.000. La probabilidad de este evento es una en 100.000. El profesor Francisco Rodríguez, de la Universidad de Chile, analiza también los resultados y dice que este suceso es totalmente anómalo. En la primera vuelta, los 14 candidatos que no pasaron a la segunda tenían 1.200.000 votos entre todo, el promedio que se lleva el ganador de segunda vuelta en América Latina es el 55% en proporción a los votos de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. En el 2011, un candidato ganador se llevó el 97% de los votos, rompió la tendencia. Esa elección fue en Haití, abiertamente fraudulenta. Noboa obtiene el 110% de los votos, más que los votos en disputa. Eso no existe.

Los indicios están ahí y hay pruebas duras como los bolígrafos. Pero no hay justicia. Estamos en total indefensión. No quieren abrir una sola urna.

Hay una parte de su partido que sí ha reconocido los resultados. ¿Esto a qué se debe?

Al principio hubo un poco de caos. Nosotros también nos demoramos en sacar un pronunciamiento. Sabíamos que eran imposibles esos resultados, pero no teníamos pistas de cómo se habían dado. Y decidimos confiar en nuestros datos, en nuestros técnicos, aquí hay fraude y después averiguaremos cómo se hizo. Pero en ese lapso hubo gente que se adelantó. Hay gente que ha dado marcha atrás, como Pabel Muñoz, el alcalde de Quito; otros no han rectificado. Esto ha creado algunas fricciones al interior, porque sobre todo ciertos alcaldes, prefectos, prefieren voltear la página y seguir adelante porque [piensan] 'no me va a dar los presupuestos para mi provincia, nos van a perseguir“, etcétera. Y en eso sí no podemos estar de acuerdo porque hay cosas que vale la pena pelear. Alguno me dijo incluso ”ya la gente volteó la página de la elección de 13 de abril“. Bueno, volvamos a voltearla hacia atrás porque hay cosas que no se pueden dejar pasar, son demasiado graves.

Más allá de las irregularidades que se hayan podido cometer, en Ecuador ahora mismo hay un líder autoritario con tintes ultraderechistas, pero que al fin y al cabo ha conseguido millones de votos en su país. ¿A qué lo atribuye?

Sin duda, pese a que fue derrotado el 13 de abril, tiene un importante apoyo. Nuestra satisfacción es que la mayoría del pueblo ecuatoriano no lo apoyó. También lo dicen las encuestas. El gobierno está en muy mala situación, ellos lo saben. Prometió una Asamblea Constituyente, ya dio marcha atrás porque quería nombrar a dedo a los Constituyentes y la Corte le dijo: “No, tiene que haber elecciones”. Si hubiesen ganado con 11 puntos, si yo fuera presidente, enseguida llamo a elecciones, si voy a barrer a mi adversario. ¿Por qué no lo hace? Porque saben que perdieron.

Felizmente, no es la mayoría del pueblo ecuatoriano que lo apoya, pero sí tiene un importante apoyo. Es un fenómeno complejo donde tal vez lo más sustancial es el trabajo de los medios de comunicación, porque eso sobre todo se ubica en la clase media que desayuna, almuerza y merienda con los medios de comunicación y esa gente solo vota veneno. Luisa tenía en su programa de gobierno un plan de seguridad, gestores de paz en cada barrio, que trabajen con la policía, con la mitad de un sueldo básico. Ese es un programa de Naciones Unidas. Ecuavisa hizo un reportaje diciendo que era un ejército paralelo. Permanentemente tenemos el veneno de la prensa, que exacerba odios, desinforma, miente y, por supuesto, que eso tiene efecto. Pese a todo, somos la principal fuerza política del país y pese a todo, le ganamos el 13 de abril y nos hicieron fraude.

Habla de la prensa en Ecuador, pero el auge de la ultraderecha es un fenómeno que estamos viendo en todas partes. Rumanía, Portugal, Polonia... ¿A qué obedece la ola ultraderechista internacional?

En América Latina es fácil: crean los problemas para vendernos sus soluciones. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy somos el más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo. Tenemos el inicio del año más violento de la historia. Yo dejé al país con 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo detrás de Chile. En el año 2023 acabamos con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces crean terror y venden sus soluciones: la única solución es tener bases extranjeras, cortar los derechos humanos, tener un Estado represor... Y hay gente que cae en esa trampa. No es la razón, no son los programas, son las emociones las que inducen al votante. Y la principal emoción es el miedo y eso lo explica también el apoyo a Noboa.

El caso global es más complejo, responde a otros peligros. Por ejemplo, en Italia, la migración; en Estados Unidos, también mucho de eso. Responde a que una izquierda se pasa haciendo poesía. Esta gente le habla a necesidades del elector. Trump le habló a los obreros norteamericanos que estaban perdiendo sus puestos de trabajo porque las empresas se iban a China e India para pagar más barato. Pero también responde a una decepción con la democracia porque no ha dado los frutos previstos o los frutos que daba antes.

Y eso, entre otras cosas, es porque no tenemos verdaderas democracias, sino [que] cada vez nos acercamos más a kratocracias, el gobierno del más fuerte, el gobierno de los que eran capital, el gobierno de los medios de comunicación, el gobierno de los diferentes poderes fácticos que actúan en función de sus intereses y no en función del bien común. Entonces eso crea decepción con la democracia y la gente tiende a votar por estos extremos que ofrecen soluciones rápidas y realizables. Venden ilusiones y la gente, frente a su desesperación y a su decepción, compra esas ilusiones.

¿Será entonces cíclico? Ahora están gobernando Trump, Milei, Bukele, Noboa... Esas soluciones mágicas, de no funcionar, tendrían que tener el castigo en las urnas.

Bueno, Bukele funcionó, no podemos negar eso. Bukele ahorita convirtió El Salvador [en] el país más seguro de América Latina, cuando era tal vez el más peligroso. Con Noboa no va a funcionar, es inepto. En todo caso, sí hay algunos gobiernos que son de extremos, pero no son mayoritarios tampoco. Ese es un error. Por el contrario, cuantitativamente, en este momento tal vez hay más gobiernos de izquierda en América Latina que a principios de siglo, cuando fue la marea rosa. En esa época, cuando yo estaba, estaban Evo, Chávez, Lula, Michelle Bachelet, Kirchner...

Nunca tuvimos dos de tres de las economías más fuertes de América Latina, que son Brasil, México y Colombia. Nosotros teníamos una. Hoy tenemos tres de tres en manos de gobiernos progresistas. Hasta hace poco teníamos cinco de cinco, porque teníamos también Argentina y teníamos Chile. Se perdió Argentina. Tenemos cuatro de cinco. Al principio de siglo teníamos dos de cinco. Incluso en estos momentos, podemos entender que hay más gobiernos progresistas que a principios de siglo. Entonces, América Latina sigue siendo un territorio en disputa, nada está dicho.

El presidente derechista Daniel Noboa ha sido reelegido como presidente del Ecuador, tras vencer por 55,65% a 44,35% a la correísta Luisa González, con el escrutinio de los votos en más del 97%. La candidata opositora no reconoce los resultados y ha acusado al mandatario de fraude: “Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas”, aseguró la noche del domingo en la sede de su partido en Quito, frente a cientos de seguidores. Noboa ha respondido que le parece “penoso que, con 11 o 12 puntos de diferencia, salgan a cuestionar la voluntad de los ecuatorianos”. Realizó estas declaraciones frente a la prensa después de presentarse ante sus militantes en una de sus casas de playa en la costa de Guayaquil. Se limitó a agradecer a su equipo y afirmar que “no cabe duda de quién es el ganador”.

La abogada y política de 47 años, respaldada por el expresidente Rafael Correa, justificó sus acusaciones en el estado de excepción que decretó Noboa en siete provincias (de las 24 que existen) y en Quito desde el sábado. Por 60 días rige un toque de queda desde las 10:00 hasta las 05:00: “¿Estados de excepción para qué o por qué? Para garantizar el más grotesco fraude electoral que estamos presenciando los ecuatorianos”, declaró González. Ya había protestado en la mañana de la jornada electoral, cuando emitía su voto, reprochando que en el horario restringido los partidos políticos estarían en los centros de cómputo recibiendo las actas: “Es una forma de obligarnos a no movilizarnos”.

González reprochó al mandatario que “usó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para hacer lo que le daba la gana”. Añadió que no presentó licencia electoral para hacer campaña, como dicta la normativa. Medios locales reportaron que la correísta se encontraba reunida con autoridades electorales al acabar su comparecencia. Desde su asilo político en Bélgica, Rafael Correa ha apoyado las denuncias a través de un tuit: “Todos saben que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más”.

Los seguidores del reelegido presidente, apoyado en campaña por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se agruparon desde la primera hora de la noche en las sedes de Guayaquil y Quito del partido Acción Democrática Nacional (ADN). Sin embargo, Noboa no se encontraba en ninguno de estos lugares, sino en su lujosa residencia de Ollán, una villa costera de menos de 5.000 habitantes, donde decidió esperar los resultados y comparecer después de reconocerlos. No quiso repetir el fiasco de la primera vuelta de febrero, cuando se quedó en Quito para celebrar un triunfo arrasador y debió conformarse con una diferencia de apenas 0,17%. “El Ecuador quiere ser diferente, no quiere regresar al pasado, quiere caminar hacia adelante”, dijo, haciendo referencia a los más de 10 años que gobernó Rafael Correa (2007-2017).

El candidato oficialista venció por más de 10 puntos porcentuales, a pesar de los cerrados resultados que vaticinaban los sondeos a pie de urna al finalizar la tarde. De hecho, la encuestadora Corpmontpubli, avalada por el CNE, daba la victoria a González. Una contienda más cerrada también predecían las encuestadoras antes del día de la votación. Las primeras actas que se levantaron provinieron de la Sierra, región donde Noboa cuenta con amplio apoyo, por lo que ya se perfilaba desde las primeras horas de la noche una diferencia considerable.

La violencia que azota al país —el más violento de América Latina, según un informe de Insight Crime en marzo— ha llevado a que el día electoral se desarrollara en condiciones particulares. Fueron desplegados 56.000 policías y 45.000 efectivos militares en todo el país para resguardar los recintos de votación. La sede del CNE, en Quito, estuvo resguardada por tanquetas y camiones del Ejército; además, se protegió el perímetro con un vallado. Fueron detenidas 634 personas por diversos delitos, incluyendo el porte de armas de fuego y armas blancas.

Con la reelección de Noboa se espera un continuismo en su política de guerra abierta contra el narcotráfico y el crimen organizado. Desde la declaración de “conflicto armado interno” en enero del año pasado, se han militarizado las calles y las cárceles. No obstante, los resultados no se están viendo; se han registrado casi 2.000 homicidios en lo que va del año, y enero ha sido el mes más violento de la historia. El joven presidente triunfó en medio de casos que lo conectan con delitos de narcotráfico o malversación. El primero tiene que ver con las tres ocasiones en que su empresa familiar, Noboa Trading, fue sorprendida con cocaína oculta en contenedores de banano que esperaban en Guayaquil para ser exportados a Europa.

Diferentes presidentes de la región, como Santiago Peña (jefe de Estado de Paraguay) o Bernardo Arévalo (Guatemala), felicitaron a Noboa por su victoria. También se sumó a los saludos la opositora venezolana Corina Machado.

Los ecuatorianos tendrán que elegir el domingo 13 de abril entre dos caminos opuestos. Uno lleva a la vuelta del correísmo y, con él, un aparato estatal más fuerte y una mayor inversión pública. El otro, al anticorreísmo, representado por el neoliberalismo, el acercamiento a EEUU y la agenda militarista a semejanza del salvadoreño Nayib Bukele.

Luisa González (Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa) y el actual presidente, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacionalista), apoyado este último en campaña por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encarnan ambas opciones en una cerrada segunda vuelta que las encuestas predicen que terminará en empate técnico, con un considerable porcentaje de indecisos.

Las empresas Comunicaliza y Telcodata mostraron este jueves, a pocos minutos de que terminara el período permitido para difundir sondeos, datos que evidencian lo ajustado de la contienda. La primera da una ventaja del 0,4% a Noboa, exactamente la misma diferencia con la que Telcodata pronostica la victoria de González.

El escenario de la contienda es similar al de las que la han precedido durante casi dos décadas ya: Correa, o un candidato avalado por él, (González ha dicho que el expresidente, asilado en Bélgica, será su “principal asesor”), avalado por la bonanza económica de su gestión, pero con enraizados escándalos de corrupción, frente a un contrincante que rechaza su modelo de Estado. “En el Ecuador ha desaparecido la idea de una partidocracia, ya no hay varias ideologías. Estás a favor o en contra; los partidos tradicionales están por desaparecer y son extremadamente marginales”, asegura el analista político Esteban Santos.

En la primera vuelta, en la que el actual mandatario ganó por décimas, ambos candidatos concentraron más del 88% de los votos, cuando existían 14 opciones. “A mucha gente no le gusta Noboa, pero votan por él, a pesar de él... Es una polarización del voto no porque me gusta el candidato, sino porque no quiero para nada al contendiente”, explica a elDiario.es la periodista radicada en Quito Yalilé Loaiza.

Denuncias de narcotráfico y malversación

El balotaje –segunda vuelta– del domingo será una repetición del que se dio en las elecciones de 2023, en el que triunfó Noboa. El presidente, de 37 años, hijo del magnate y excandidato presidencial Álvaro Noboa, gozó al comienzo de su gestión de altos niveles de popularidad por su política de mano dura contra el crimen que azota al país, si bien eso no ha impedido que Ecuador sea el país más violento de América Latina, según un informe de marzo de Insight Crime: se han registrado cerca de 2.000 homicidios en lo que va del año. Sin embargo, la persistencia de la inseguridad y un cúmulo de polémicas en su gestión están allanando el camino a una hipotética victoria de González.

La controversia más grave a la que se enfrenta Noboa tiene que ver con la supuesta relación del mandatario, a través de la empresa familiar Noboa Trading, con casi 700 kilos de cocaína oculta en contenedores de banano que esperaban en Guayaquil a ser exportados a Europa, y que la policía requisó en tres operaciones en 2020, 2022 y 2024.

González le reprochó los hechos al actual presidente en el cara a cara electoral del 23 de marzo, a lo que Noboa, cuya riqueza familiar se cimentó justamente en la exportación de banano, respondió: “No soy el dueño, pero están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en los tres casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía”.

No obstante, el medio brasileño Agenda Pública recoge que, según la investigación de los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el presidente y su hermano John Noboa son los presuntos socios mayoritarios de la exportadora.

En aquellos operativos antidroga fue detenido un contratista de la empresa, pero quedó luego en libertad, de acuerdo con la revista Raya.

También ha llegado hasta el Congreso de los Diputados la fiesta que presuntamente protagonizó Noboa durante su visita oficial a España en enero del año pasado. El diputado de Sumar Enrique Santiago (IU/PCE) quiere determinar si fue un empresario belga, sancionado por la Unión Europea por pactos ilegales, quien financió la supuesta celebración publicada por El Debate.

Estas acusaciones, junto a las críticas por autoritarismo que ha recibido —se negó a dejarle el mandato a la vicepresidenta para hacer campaña, en contra de lo que dicta la normativa— han sido explotadas en las últimas semanas por la candidata opositora.

Las votaciones, en estado de excepción

Daniel Noboa decretó este sábado por sorpresa el estado de excepción en siete provincias, en Quito, un cantón de Azuay y en las cárceles de Ecuador, a apenas unas horas del proceso electoral. La medida, que durará 60 días e incluye el toque de queda y la restricción de la movilidad, compete a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito (provincia de Pichincha) y el municipio Camilo Ponce (provincia del Azuay).

El decreto, que también incluye a las cárceles del país, contempla medidas como suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Además, dispone un toque de queda en 22 municipios desde las 22.00 hora local (03.00 GMT) y hasta las 5.00 hora local (10.00 GMT), todos los días, una medida que no incluye a la capital.

Noboa ha alegado para decretar el estado de excepción una supuesta “grave conmoción interna” por el incremento de los índices de violencia, delitos y actividades de grupos armados organizados en las mencionadas zonas y en las prisiones, donde durante su mandato se han registrado masacres entre grupos rivales de reos.

El gobernante justifica además los dos meses de vigencia por “la necesidad de contar con el tiempo adecuado para mitigar los hechos fácticos planteados y coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado”, y la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público “encaminados a la seguridad integral del Estado”.

¿Qué tipo de gobierno se prevé?

Desde que se graduó como abogada, González (47 años), hija de padres campesinos, trabajó en el sector público y en 2010 llegó al despacho presidencial de Correa.

“Si llega al poder, habrá una apuesta por el socialismo latinoamericano del siglo XXI, en contra de acuerdos comerciales liberales, con alianzas anti Estados Unidos [del presidente Donald Trump] y con el objetivo de revivir instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”, opina Santos.

Del otro lado, está el modelo neoliberal de Noboa, con “continuidad de las reformas fiscales y económicas, con la intención de seguir reduciendo el déficit fiscal. Además de promocionar la inversión privada, con un acercamiento a Trump”, asegura el profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Gabriel Hidalgo.

De todos modos, la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo la seguridad.

El 36% de la población en edad de votar fue víctima de algún delito, de acuerdo con un estudio de la corporación Participación Ciudadana. Noboa ofrece un continuismo en sus políticas de seguridad que recuerdan a las de Nayib Bukele: militarización de las calles, creación de más cárceles, compra de armamento para los efectivos y endurecimiento de las sanciones penales para jóvenes mayores de 15 años reclutados por bandas criminales.

Esta semana se anunció una “alianza estratégica” entre el Gobierno y Erik Prince, experto en seguridad y fundador de la controvertida empresa de mercenarios Blackwater.

González, por su parte, propone restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad. Recientemente, en un mitin, habló de crear “gestores de paz”: grupos vecinales que recibirán un salario del Estado, además de tecnificación y equipamiento para mantener la seguridad.

“Noboa no ha traído la paz”

La mayor presencia del crimen en las regiones costeras, por su estratégica ubicación para los carteles de narcotráfico, se ha traducido en un mayor apoyo para el correísmo en esta zona ante la falta de garantías de seguridad por parte del Gobierno de Noboa, mientras que en la sierra hay una tendencia hacia el oficialismo. “Hay que considerar que es una población [la costera] que está asustada, que vive con violencia y ve un gobierno actual que no ha logrado darle aquello que le prometió: paz”, afirma Loaiza.

En los últimos días, la campaña de Noboa ha exaltado los rumores, sin pruebas, de una desdolarización que supuestamente traería el gobierno de González.

Desde el año 2000, el dólar es la moneda oficial del Ecuador, instaurado para frenar la profunda crisis económica. Si bien Luisa González no ha hecho ninguna referencia al respecto y su candidato a vicepresidente, Diego Borja, lo ha negado expresamente, Rafael Correa y el diputado electo Ricardo Patiño criticaron en un debate en Russia Today el empleo de la divisa en el contexto nacional.

Cuando en abril de 2020 la justicia ecuatoriana condenó al ex presidente Rafael Correa a ocho años de prisión por cohecho, había una frase en el fallo judicial tan breve como absurda. Y que pasó desapercibida, por acción o por omisión, por la gran mayoría de la prensa internacional y la ecuatoriana. Por suerte, siempre hay gente a la que le gusta revisar en las pequeñas hendijas, que se obsesiona por abrir esas grietas no tan visibles pero necesarias para entender. Esa frase, esa pequeña grieta, es “influjo psíquico”. Y esas personas son la directora colombiana Alejandra Cardona y las zaragozanas Ana María Pinar e Idoya Barrabés, quienes se obsesionaron hasta tal punto con este extraño concepto y con la historia que acarrea detrás que decidieron hacer un documental, a cargo de la productora aragonesa Milyuna Historias.

Fueron tres años de rodajes en Ecuador, Israel, Bélgica, Canadá, México, Venezuela, Colombia y España para dar forma a Influjo psíquico, el documental cuyo tráiler se estrenó esta semana en Zaragoza, en la sede de Rodar en Aragón, y que contó con la presencia de las dos realizadoras aragonesas. Fue un estreno simultáneo con Estados Unidos, en el marco del Miami Film Festival, donde estuvo la directora del documental Alejandra Cardona.

“Conocimos el caso de Rafael Correa al mismo tiempo que conocimos la palabra 'lawfare', cuando estábamos en Latinoamérica trabajando para otro documental. Él fue condenado y sentenciado por cohecho bajo influjo psíquico. Lo que parece que viene a decir la condena es que Rafael Correa, que fue durante diez años presidente de un país, influía entre sus ministros y sus secretarios de estado para que ellos cometieran delito. Nos pareció muy increíble esa figura del influjo psíquico, como podían condenar a alguien por sus poderes mentales”, dice Ana María Pinar, la guionista de este documental que trata un tema sin precedentes en la justicia, no solo de Ecuador, sino mundial: una fiscal general del Estado que acusa a un expresidente de manipular mentalmente a su gabinete delinquir.

Este equipo de realizadoras consigue un documental que, aunque solo se pudo ver el tráiler, ya anticipa una marcada estética de thriller judicial y que es el resultado de un arduo trabajo de investigación y documentación. Todo esto en el marco de un rodaje con momentos de tensión en Ecuador, con la violencia palpable en las calles y situaciones en las que no se sintieron desprotegidas pero sí con miedo, todo el tiempo acompañadas por personal de seguridad. Y con el correísmo como una corriente que, sin dudas, marcó un antes y un después en la política ecuatoriana.

El 'lawfare' y el Partido Judicial 

Se sabe y está más que probado por diversos documentos desclasificados que, durante las décadas de los 60 y los 70, las elites amigas latinoamericanas con el apoyo directo de Estados Unidos recurrían a los ejércitos locales para instaurar sangrientas dictaduras ante el avance de gobiernos de izquierda o el crecimiento de determinadas guerrillas. Esto incluía apoyo logístico desde el país del norte en casi todo, incluso instrucciones de cómo torturar disidentes. Pero desde los años 80 y, pongamos, hasta hoy la estrategia varió. Dicho de manera suave: se democratizó. Pero no tanto en el buen sentido del término, sino desde un costado, digamos, más pragmático: se aferraron a las estructuras democráticas para hacer lo que antes hacían por golpes de estado. Es decir, perfeccionaron el método, abarataron costes. Y cuando no pudieron usar al poder ejecutivo o al legislativo, fueron a buscar a esa tercera pata que define a una democracia, es decir, a un gobierno del pueblo, pero que el pueblo nunca sabe muy bien cómo debería funcionar y, por ende, como reaccionar frente a sus acciones: el poder judicial. En conclusión: si antes las elites usaban al ejército como amenaza, ahora la amenaza se viste con toga y tiene la apariencia de una señora que sostiene una balanza manipulada y que lleva una venda transparente en los ojos. 

Aquí es donde entra el concepto de lawfare, tan íntimamente ligado con este documental. Un término de difícil traducción y que podría entenderse como acoso jurídico, porque decir guerra implicaría que hay dos bandos enfrentados en los mismos términos y eso, cuando hay lawfare, nunca ocurre. “El de Ecuador es uno de los casos de 'lawfare' más invisibilizados y varios entrevistados hacen referencia al caso brasileño, que es el paradigmático. La idea es que el documental también sea una especie de manual de 'lawfare' y que se vean los aspectos comunes que se dan en otros países”, dice Ana sobre un fenómeno que se dio con Dilma Rousseff en Brasil, con Cristina Fernández en Argentina y con otros gobiernos latinoamericanos con una tendencia más o menos marcada de izquierda o que tocaron intereses de algunos sectores de poder que se vieron resentidos. “La figura de Estados Unidos también la tratamos en el documental porque siempre ha tenido una relación especial y ha afectado en la sentencia”, reconoce Ana y agrega que durante su viaje a Ecuador pudo comprobar lo polarizada que está la sociedad con relación al expresidente: “Hay gente que no puede ver a Correa y les da igual que el juicio tenga o no garantías. De hecho, hay muchos que no saben esto del influjo psíquico”.

Una de las preguntas que guía el documental es la de “¿justicia o persecución?” y tratan de responderla a través de entrevistas con integrantes del ex gabinete de Correa, con políticos opositores, con el propio Rafael Correa y hasta con mentalistas, más que nada para abordar este concepto tan extraño del influjo psíquico y su aún más extraña implicación en la justicia.  

La parte de España fue filmada en Aragón. Aunque no tenga ningún emplazamiento de los exiliados ecuatorianos por el 'lawfare', Idoya cree que la parte más emocional del documental es la que rodaron aquí: “Cuando trajimos a Alejandra Cardona fuimos a Andorra, Teruel, para otro proyecto. Y ella se quedó impresionada con las carreteras porque era la imagen del lawfare: levitar en una nebulosa del derecho. Las imágenes en las que sale al principio Rafael Correa en medio de la nada absoluta, eso es Aragón. Cinematográficamente, esas imágenes hablan mucho de lo que es el lawfare”.

Mientras Ecuador se encuentra inmerso en un nuevo proceso electoral, el estreno del documental se espera para dentro de un mes en plataformas que aún están por confirmar. 

El candidato a vicepresidente de Ecuador, Diego Borja (Quito, 1964) fue arquitecto económico de los primeros gobiernos de Rafael Correa y presume de que el PIB se triplicó entre 2007 y 2017. Sin embargo, Borja acabó alejándose de Correa por entender que el proyecto había perdido contacto con las bases. La ofensiva anticorreísta desatada en el país a partir de la “traición” de Lenín Moreno ayudó a relativizar las diferencias. Borja ha regresado a la primera línea política como candidato a vicepresidente de Luisa González, que el próximo domingo tiene posibilidades de derrotar a Daniel Noboa y llevar de nuevo a la izquierda al poder.

El candidato defiende un programa keynesiano y de lucha contra la corrupción que ponga coto a la descontrolada inseguridad que atenaza al país y anima a la izquierda a plantar cara a la internacional derechista en el escenario global. La entrevista se celebra en marzo en un mercado madrileño con amplia presencia de negocios ecuatorianos, unos días después de una cruenta jornada criminal en las calles de Guayaquil, segunda ciudad del país.

Este fin de semana tuvimos un acontecimiento problemático.

Dramático.

Con 22 personas fallecidas en Guayaquil. Le quería preguntar por la sensación de inseguridad del país. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y cómo se puede corregir?

La situación de inseguridad es realmente dramática, porque ha sobrepasado todos los límites. Estamos con unos índices de inseguridad nunca antes vistos, el Ecuador está albergando en este momento a la ciudad más peligrosa del mundo, que es Durán, y a cinco ciudades de las más peligrosas de América. Tenemos unos índices de homicidios multiplicados por 10 con respecto al año 2017, unos niveles de extorsiones inimaginables, de 800 extorsiones por año en 2018 a 22.000 el año pasado. Son desequilibrios sociales completos, y esto se debe a una absoluta pérdida de institucionalidad en el Ecuador, en todos los sentidos, pero básicamente de la seguridad y de la justicia. Y eso ha provocado una penetración enorme del crimen organizado y una incapacidad del Gobierno y del Estado para contenerlo, para reprimirlo y para extirparlo.

Y eso, por supuesto, a quien más impacta es a la ciudadanía, que ha visto alterada completamente la vida social por los niveles de violencia, que el Ecuador hace apenas siete años no los tenía. Ese es el cuadro que tenemos en este momento y en ese contexto se da este nuevo episodio de 22 muertos en una sola tarde en un barrio de Guayaquil.

¿Y cómo se revierte?

Esto es bastante complejo de revertir. Nosotros hemos propuesto un plan de enfrentamiento de la delincuencia y de vuelta a la calma, que incluye al menos cinco grandes pilares. El primero es el uso de la fuerza pública, en el marco de la ley y del derecho, pero acompañado con otros que no hay ahora, que es la inteligencia criminal, que es aquella que se adelanta al crimen con el uso de tecnología que está a disposición, pero que no se usa; la inteligencia financiera, porque es un país dolarizado muy proclive al lavado [de dinero], y que hoy día muestra que las bandas criminales tienen más capacidad financiera que el Estado; la inversión social para evitar que el crimen coopte a nuestros jóvenes, sobre todo en educación, salud, seguridad, deporte, cultura, empleo. Y la colaboración internacional, en este último aspecto no bases militares, no fuerzas extranjeras, pero sí colaboración, porque el fenómeno criminal es un fenómeno regional.

Si esas opciones eran tan evidentes, ¿por qué no se abordaron de una forma más clara ya en estos últimos mandatos?

Yo creo que por varias razones. La primera es porque hay un concepto de que el Estado no debe intervenir en la sociedad, hay un retiro del gobierno y del Estado por una doctrina ortodoxa de disminución de la inversión y del gasto público y, eso es evidente, una policía que ni siquiera tiene el mínimo equipamiento para enfrentarse a la inseguridad.

Un segundo hecho es la corrupción. Tenemos un gobierno que acaba de hacer una compra masiva de chalecos antibalas que no sirven para nada. Que no están en este momento ni siquiera siendo capaces de resistir un mínimo de capacidad de fuego del otro lado. Y tercero, porque hay vínculos específicos entre personajes, espacios gubernamentales y estatales con el crimen organizado.

¿Cómo cuáles?

Hay ámbitos de la policía tomados por el crimen y eso es grave, porque no se ha hecho ninguna acción institucional para evitarlo. Hay formas de hacerlo. Lo que podríamos llamar limpiezas de espacios importantes que no se utilizan, que antes los teníamos, por ejemplo, el uso del polígrafo para los servidores policiales, las declaraciones patrimoniales juramentadas, para ver si es que coinciden los niveles de riqueza de ciertos servidores con sus ingresos...

Hay, además, una crisis económica también vinculada con una crisis energética, con los episodios de los apagones que sucedieron el año pasado ¿Usted cree que todo está relacionado?

Son cosas que al final se relacionan, pero que tienen también explicaciones distintas. El asunto de la crisis económica es bárbaro. El Ecuador terminó el año 2024 con un decrecimiento creo que del orden del 3% a 3,5%, donde el efecto más grave es el desempleo o el empleo inadecuado, en términos económicos. A eso añádale la crisis energética, una virtual incapacidad para generar la energía necesaria. En los últimos años no se ha hecho ninguna sola inversión en nueva generación y eso ha provocado que con un estiaje que era advertido, además, tengamos apagones de hasta 18 horas.

Mencionaba la dolarización, pero no está en contra de revertirla.

La dolarización es un esquema que funciona. Permite la planificación de inversiones y la sostenibilidad en el consumo con poca inflación. No está en entredicho, además de que, financieramente hablando, el Ecuador tiene en este momento salud financiera, de manera que no habría razón alguna para cambiar el sistema monetario.

Usted formó parte de los primeros gobiernos de Rafael Correa, después tuvieron algún desencuentro y últimamente se han vuelto a reencontrar. De aquella primera experiencia, ¿cuáles considera que fueron los aciertos y los errores o qué enseñanzas ha sacado? Si accede al gobierno nuevamente, ¿qué puede hacer distinto o qué repetiría?

Hay cosas muy importantes que se hicieron que podrían ser una guía para el futuro. Por ejemplo, el haber triplicado el Producto Interno Bruto entre el 2007 y el 2017 es un gran logro. Probablemente, único a nivel latinoamericano. El haber ampliado enormemente la capacidad productiva, el capital social, infraestructura, riego, energía, etcétera, es importante. El haber logrado avances en los servicios sociales, de educación, salud, sobre todo, es muy importante. Evidentemente, hay algunos errores. A mi juicio, han sido más en el ámbito político. Concretamente, el no haber configurado un partido que pueda sostener al proyecto político con toda la fuerza cuando no se es gobierno. Y eso se dio con claridad luego de la traición de Lenín Moreno, no solamente al partido político que le llevó al gobierno, sino al Ecuador entero, porque él ganó con un programa progresista y gobernó con un programa neoliberal.

Las acusaciones de traición a una persona que formaba parte de una coalición pueden llamar la atención, pero así la califican, en todos los términos.

Es una traición en el sentido de que ganó con un programa político progresista, un programa democrático, un programa de redistribución social, un programa de soberanía, y gobernó con un programa contrario a toda esa propuesta progresista. Gobernó con un programa de contracción de la inversión pública, de contracción del gasto público, de pérdida completa de esa política internacional que el Ecuador tenía por historia, que era una política internacional de autodeterminación de los pueblos, de resolución pacífica de los conflictos y de integración regional. De hecho, se destruyó incluso en la sede de la integración latinoamericana, que está en el Ecuador, de Unasur [Unión de Naciones Suramericanas].

Si vuelven al gobierno, ¿cree que la presidencia de Donald Trump les puede perjudicar como formación que se encuentra en las coordenadas de la izquierda, que haya un interés de perjudicarlos activo?

En principio estamos sufriendo los defectos de la política del Gobierno de Trump en el ámbito migratorio. Ha sido una expulsión muy violenta de los migrantes ecuatorianos, que llegan encadenados, esposados en aviones de Estados Unidos. Eso es humillante y hemos dicho que en cuanto seamos gobierno vamos a exigir un respeto, respetando nosotros su política migratoria, para que la expulsión sea en condiciones de dignidad. Y claro, el efecto Trump genera también un efecto latinoamericano que tiene distintas aristas. Una de esas es esta suerte de derechización del sentido común latinoamericano, pero también estamos a la expectativa, porque es un gobierno muy pragmático. Por ejemplo, Trump ha inmediatamente negociado con Venezuela condiciones para ellos de importancia sin fijarse en la línea ideológica.

Entonces no cree que pueda haber un ataque por el hecho de ser considerado un gobierno de izquierda.

No por esa razón, más bien por la política que tiene el gobierno norteamericano. Mire, en este momento pretende volver a tener control sobre el canal de Panamá; genera ahí un conflicto con el gobierno mexicano por la producción, supuestamente, del fentanilo, cuando ellos deberían controlar el mercado de consumo más grande, que es el mercado norteamericano. Es decir, no creo que sea básicamente por la ideología, sino por ciertos componentes de la política norteamericana.

Hay analistas que señalan que puede ser el fin de la globalización neoliberal de los últimos años. Un regreso a un mercantilismo casi más decimonónico o de principios del siglo XX. ¿Cómo entronca eso con un modelo como el ecuatoriano que ustedes propugnan, que es de intervención estatal? No sé si se le podría llamar keynesiano.

Es un modelo keynesiano, claramente. Es un modelo de expansión de la inversión pública, de expansión del gasto público y con el fin de lograr mayor consumo, que es uno de los componentes básicos del crecimiento de la economía en el Ecuador y en otros países del mundo. Por supuesto que sí, pero no hay, digamos, contradicción en ese sentido entre la política que llevaría adelante un gobierno con una visión keynesiana de la economía, con la política internacional que está llevando adelante el gobierno norteamericano que, independientemente de cuál sea, es, como digo, bastante pragmática desde sus objetivos.

La figura de Correa sigue generando mucha polarización en el país. ¿A qué creen que es debido? ¿A la larga les va a beneficiar electoralmente o a perjudicar?

La figura de Correa es una figura muy potente, es un líder de un carácter histórico. Pocas veces se ven líderes de esa magnitud, y lo que él genera es una presencia que define la política. Por un lado, de la gente que le quiere, y por el otro, de la gente que no le quiere. Es una fuerza de liderazgo muy grande, que [al partido] Revolución Ciudadana le da lo suyo. O sea, le ha permitido tener una base muy alta desde la cual partir incluso en términos electorales. Y por supuesto que es una figura polémica, pero es precisamente en esa polémica donde hay que crecer, viendo los pesos reales. Los últimos gobiernos no han podido resolver temas de seguridad, temas de empleo, temas de energía, temas de servicios básicos y eso muestra que, más allá del discurso anticorreísta, hay un peso de una realidad que no se compadece con el enfrentamiento a Correa. O sea, si quieren enfrentar a Correa deberían haber sido mejores gobiernos, cosa que no han sido.

Usted es partidario de una nueva asamblea constituyente para Ecuador.

Yo creo que hay muchos ámbitos de la institucionalidad que están destruidos, y que es muy difícil resolverlos sin una constituyente. Le pongo un ejemplo: la Justicia en el Ecuador realmente está podrida; una fiscalía que no ha servido sino para la persecución y no para mejorar las condiciones de seguridad. Eso no se puede resolver desde el Ejecutivo, porque eso sí sería una intromisión de un poder sobre otro. Entonces, ese tipo de cuestiones que afectan la vida diaria tienen que resolverse desde otros ámbitos, como por ejemplo una asamblea constituyente.

Yo se lo pregunto desde la perspectiva europea, porque aquí siempre tendemos a pensar que la Constitución tiene vocación de permanencia, entonces, si cada 20 o 25 años tenemos una nueva, eso también puede quizá dañar el propio sentido de institucionalidad de los ciudadanos. No sé cómo se ve desde su perspectiva.

En el caso nuestro, la Constitución tiene dos grandes componentes. El ámbito de derechos, que es un ámbito en el cual no podemos tener regresión. Pero hay todo un tema funcional que sí implica modificaciones constitucionales. Por ejemplo, el papel que puede tener la vicepresidencia, la forma como está estructurada la justicia, el propio sistema de regulación y control son los aspectos funcionales de la Constitución, que sí se modifican conforme se modifican los tiempos.

Ahora está usted en precampaña por la diáspora. ¿Cree que puede ser determinante el voto de la gente que está en Estados Unidos o en Europa?

Es muy importante, no es menor. Pero más allá incluso de la cantidad de votantes, lo es el abandono en el cual están los migrantes en el extranjero. Tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los sistemas de servicio consular no sirven. Es dramático como no tienen ningún tipo de apoyo ni administrativo, ni legal, ni psicológico, que antes lo tenían. Ni económico, ni de ningún tipo. Entonces, el asunto es decirles que así como estamos proponiendo recuperar gobierno para el territorio nacional, también queremos recuperar gobierno para el territorio en el extranjero, donde los migrantes son los principales o beneficiarios, o como vemos ahora, abandonados del sistema.

Hay empresarios, por ejemplo aquí en España, que a lo mejor quisieran volver, pero por las circunstancias de seguridad allá no se lo plantean.

Tuvimos un plan de retorno a migrantes en el gobierno del presidente Correa que fue exitoso. Pero hoy día, antes de plantearnos el retorno, [se trata] de arreglar la situación interna de seguridad, de economía, de servicios, para poder hacer del Ecuador otra vez un país atractivo, incluso para las personas que se fueron en su momento.

Ha tenido reuniones con políticos del PSOE o Podemos, está intentando reverdecer esas alianzas internacionales.

Sí, y nosotros creemos que, así como la derecha, en este momento, se ha proyectado como una derecha internacional, es indispensable que la izquierda también lo haga, porque muchos de los valores de la izquierda están hoy día con carencia en el momento de hacerlos públicos. La gente tiene mucha información desde un lado, pero no desde el otro. Y esa necesidad de tener una visión internacionalista, desde la postura democrática, progresista, creo que es también importante.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha confirmado la noche del domingo que habrá una segunda vuelta el 13 de abril para decidir el ganador entre el actual mandatario, el derechista Daniel Noboa, y la correísta Luisa González. Ambos ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

Con el escrutinio de los votos en más del 90%, Noboa cuenta con poco más del 44% y González le sigue muy de cerca con el 43,8%. Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita el 50% de los votos o tener una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. En tercer lugar, queda el líder indigenista Leónidas Iza (5,24%) y en cuarto Andrea González (2,71%) –quien fue binomio presidencial de Fernando Villavicencio, candidato acribillado en los comicios de 2023–. El resto de los 12 candidatos no ha llegado al 1% cada uno.

La posibilidad de que Noboa, de 37 años, se impusiera en primera vuelta se fue desvaneciendo ayer a medida que transcurría la jornada electoral. El hijo del considerado hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato presidencial, Álvaro Noboa, partía como favorito en las encuestas y, de hecho, un sondeo a pie de urna difundido al terminar la tarde del domingo por la empresa Estrategas le daba una victoria en primera ronda. Este lunes, Noboa se ha declarado ganador cuando solo se situaba 45.000 votos por delante de González.

Se repite el escenario de 2023

“Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del Gobierno, por eso decidimos esperar y estamos viendo como poco a poco la distancia se ha ido acortando. Estamos casi en un empate técnico y con una tendencia de que vamos a seguir creciendo en votos”, dijo al finalizar el día frente a sus seguidores la candidata González, quien contó con un gran apoyo en las regiones costeras, frente al dominio en la sierra de su principal contrincante.

“Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un 'candidato-presidente' que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral”, denunció González, la candidata respaldada por Rafael Correa y el movimiento Revolución Ciudadana, que gobernó Ecuador más de diez años. 

Noboa, por su parte, no compareció en público el domingo y su partido, Acción Democrática Nacional, suspendió una gran celebración al no confirmarse su victoria en primera vuelta. Este lunes, el actual mandatario se ha declarado ganador en la red social X: “Ayer logramos lo que no se veía en años: ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del 'Viejo Ecuador'”, ha firmado en un comunicado. “Ahora, como ha sido costumbre en este Gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla”, ha prometido en ese texto difundido por la red.

El candidado a la reelección aspira a repetir el resultado de la segunda vuelta de octubre de 2023, cuando venció a González en unas elecciones extraordinarias. Esos comicios fueron adelantados por el expresidente Guillermo Lasso, después de que disolviera el Congreso con el recurso conocido como “muerte cruzada”, antes de ser juzgado por corrupción.

Para esa segunda vuelta será clave el apoyo que puedan recibir los dos contrincantes de otros líderes, especialmente el candidato izquierdista del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik). La politóloga Sofía Cordero señala a elDiario.es que, para la segunda vuelta, será decisivo el sorpresivo 5% que alcanzó el indígena. González le lanzó un guiño en su discurso de anoche: “Felicitamos a otros candidatos como Leónidas Iza, que sacó un porcentaje importante”. Para la especialista, será necesario que la candidata “reconcilie esa huella de mucha violencia contra el pasado autóctono. Iza se ha mostrado abierto a dialogar con el correísmo, pero es importante recalcar que no todo el sector está de acuerdo con él. Noboa, por su parte, tiene que explotar esa herida y saber cómo acercarse”.

Mientras, la Asamblea Nacional tendrá un carácter básicamente bipartidista. Con los resultados aún incipientes, todo hace indicar que habrá un gran bloque para Noboa y otro para el correísmo.

El modelo de mano dura

Noboa encarna la mano dura contra el crimen que ha azotado al país sudamericano en una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, si bien el pasado mes de enero fue uno de los más violentos de los últimos años, con 731 homicidios, un 45% más que en el mismo mes de 2024.

“Si se confirma la reelección de Noboa, se lo puede incluir en esa nueva tendencia de derecha con rasgos de autoritarismo, como Milei, Bukele o el mismo Trump. Porque en su campaña ha demostrado que todo vale”, apuntaba Cordero.

La bandera del mandato de un año del actual presidente fue la declaración de conflicto armado interno, que le permitió militarizar las calles y centros penitenciarios para hacer frente a la violencia. Sin embargo, su gestión no ha estado exenta de polémicas, como la negativa a entregarle la presidencia, mientras hacía campaña, a su vicepresidenta Verónica Abad, como dicta la Constitución ecuatoriana. O cuando ordenó a la Policía irrumpir de forma violenta en la embajada de México, donde se refugiaba el asilado político Jorge Glas.

Durante la jornada electoral, la Policía Nacional de Ecuador detuvo a 602 personas que tenían órdenes judiciales de captura vigentes por distintos delitos como violación, tráfico de sustancias ilícitas, asesinato, abuso sexual, robo a personas, tenencia y porte de armas, y otros, según la Agencia EFE. La Policía informó de que ha emitido 916 citaciones para presentación ante la autoridad, entre ellas 876 por violar la conocida como “ley seca”, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas desde el pasado viernes hasta este lunes.

A escasos días de la primera vuelta electoral en Ecuador de este domingo 9 de febrero, el país zozobra entre una tensión política, a la que se suma un clima de inseguridad y los cuestionamientos hacia el presidente, Daniel Noboa, señalado por llevar a cabo violaciones de derechos humanos, y la posibilidad de que se repita la segunda vuelta de la última vez: el propio Noboa frente a la correísta Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana.

Noboa, quien lleva desde que asumió su mandato en una pugna con su vicepresidenta, se niega a que la funcionaria asuma sus funciones al frente del gobierno, ahora que él se postula como candidato a la reelección. El parlamento ecuatoriano ya ha confirmado que es Verónica Abad la que debe ocupar su lugar, mientras la funcionaria ha acusado a Noboa de intentar llevar a cabo un golpe de Estado.

En una entrevista con elDiario.es, Leonidas Iza, que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, reflexiona sobre si el mandatario ha consolidado una deriva autoritaria en el país.

Iza, quien también se postula a la presidencia con Unidad Plurinacional Pachakutik, fue uno de los líderes de las protestas de 2019 y 2022 y es una figura destacada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 

Ecuador acaba de cumplir un año de la declaración de un conflicto armado interno que se estableció para luchar contra las bandas criminales. Pero en este tiempo, la violencia sigue siendo un problema grave que ha llevado a Daniel Noboa a decretar varios estados de excepción. ¿Cuál es su análisis de esta situación?

Las medidas tomadas por el Gobierno han profundizado la violencia y la delincuencia. No se ha resuelto. En términos económicos, han servido para ahuyentar el ingreso de turistas. 

Y mirando hacia delante, más bien han servido para que las mafias vayan consolidándose y enraizándose. La declaración de guerra por parte de Daniel Noboa no ha servido en absoluto.

En 2023, Noboa prometió mano dura contra el crimen organizado, algo que le impulsó en su carrera hacia la presidencia. El plan Fénix que ha implementado —y del que no se sabe mucho— y los señalamientos de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas ¿terminan de confirmar una deriva autoritaria en Ecuador?

Esto es algo que ya vinieron construyendo (Lenín) Moreno, (Guillermo) Lasso y ahora Noboa. Han ido consolidando una política monárquica, un autoritarismo, y eso se ha ido naturalizando en la gente más pobre, común y corriente. 

Se han aprovechado del miedo, del terror, de las matanzas, de las consecuencias del enfrentamiento entre grupos…

En términos políticos lo han aprovechado tan bien, que ahora, utilizando el estado de guerra, han roto la Constitución para consolidarse un actor político que está dispuesto a someter a todo el pueblo ecuatoriano. Miremos lo que ha hecho con la vicepresidenta. 

En el momento en el que empieza a reaccionar el pueblo, inmediatamente está el estado de guerra. Va consolidándose una actitud fascistoide en el Ecuador.

Han construido un relato con el que están estigmatizando a los afros, racializando la pobreza... Ven a un afro, a un migrante y “este es delincuente”; ven a un indígena y “este es terrorista, que sale a quemar Quito”. Han logrado construir estos relatos para tenernos divididos, con zozobra, con miedo. Y en esta cancha están aprovechando para construir sus políticas, que benefician a sus sectores.

Estamos en un momento extremadamente jodido en el Ecuador. Todo esto que sufrimos el pueblo, los de a pie, ha sido aprovechado perfectamente por las clases políticas y económicas del Ecuador.

¿Está emulando Noboa el modelo de Nayib Bukele en El Salvador?

No está emulando; está copiando. Pero claro, no copia bien. El Plan Fénix no existe, por más secretismo que existe. Los actos los está haciendo de manera espontánea. En ese proceso ha ido cometiendo errores.

Los pueblos indígenas se han mostrado especialmente críticos con la gestión de Noboa. En diciembre usted mismo advirtió que llevarían a cabo protestas si el mandatario no daba marcha atrás a su proyecto de instalar una cárcel en la Amazonía. ¿Planean alguna movilización similar a las protestas de 2019 o al paro de 2022?

Eso se va a ir dando de manera natural. No depende de lo que digamos los dirigentes ni de lo que planifiquemos. El Ecuador en su proceso de desarrollo como sociedad ha sido un pueblo luchador. 

Seguramente ahora se está esperando la posibilidad de hacer un cambio de gobierno. En esa posibilidad estamos nosotros y si es que se da en este proceso, seremos muy rigurosos para que esto no suceda.

Y si no se da esa posibilidad, el pueblo va a seguir luchando. No podemos decir las fechas con determinación, pero lo que está claro es que la gente no va a seguir comiendo cuento.

Nunca elegimos a dos vicepresidentas. Elegimos a la vicepresidenta Abad. Digo “elegimos” como ecuatorianos, porque nosotros en términos ideológicos distamos. Pero en términos institucionales, cualquiera, sea de la línea que sea, debe respetar la legalidad. Pero en este país, sin tener una mínima condición de respeto, han logrado instalar la dictadura.

Creo que Daniel Noboa ni siquiera va a llegar a segunda vuelta, porque ha pisoteado al pueblo ecuatoriano y no podemos seguir tolerando un gobierno de esta calaña. 

Recientemente, la vicepresidenta, Verónica Abad, acusó a Daniel Noboa de intentar llevar a cabo un golpe de Estado. ¿Coincide con ella?

Efectivamente. Si el presidente rompió la institucionalidad, automáticamente tienes un Estado fallido. 

Todo lo que está haciendo en este momento Noboa no va a quedar en la impunidad. Lo está haciendo porque tiene poder. Luego vienen las consecuencias. Les aseguro que los efectos que va a tener el gobierno de Daniel Noboa vendrán después de que deje de tener poder.

Tiene que haber responsabilidad de los actos que están cometiendo en este momento. La justicia de manera natural, respetando la ley y la Constitución, tiene que determinar en el momento que sea la responsabilidad.

Mencionaba que no cree que Noboa pase a segunda vuelta. Las encuestas lo sitúan a él y a la correísta Luisa González al frente, con porcentajes muy por encima de los demás candidatos. ¿Espera que se produzca un cambio el día de los comicios?

Absolutamente. Un alto porcentaje de la población ecuatoriana está viendo otras opciones. Quieren poner en la cabeza de los ecuatorianos que están polarizados y por lo tanto ya no hay chance para un tercero.

Hay una opción que viene del pueblo. Nosotros venimos limpiecitos. Hay candidatos que se lavan las manos, pero pidieron el voto por Daniel Noboa. Nosotros jamás hemos invitado a votar por un proyecto político que sea ajeno al pueblo. No quiero ser la tercera opción. Somos la única opción.

Entonces, si finalmente Noboa y González pasaran a segunda vuelta, ¿descartan apoyar a González en este escenario?

Nosotros nos estamos consolidando para ser esa opción del pueblo. Si opino sobre la segunda vuelta, automáticamente estaríamos trabajando por otros candidatos. En la segunda vuelta, tomaremos una decisión.

¿Cómo analiza las denuncias de Rafael Correa de lawfare en su contra? ¿Hay un peligro en Ecuador de utilizar la guerra judicial para eliminar del mapa político a adversarios?

El problema es que todos los gobiernos de turno, cuando llegan al Ejecutivo creen que son monarcas. Entonces deciden por los cinco poderes del Estado.

No hay respeto a la independencia de funciones. La derecha ha tomado la justicia para construir escenarios e ir limpiando a sus adversarios. Esto no debería pasar en ninguno de los regímenes. La democracia debería ser respetada. Pero no. La política se hace para secuestrar a la democracia.

Llámese Daniel Noboa, llámese Rafael Correa, llámese Leonidas Iza, la justicia debería tener independencia de funciones.

El departamento de Estado de EEUU ha anunciado este miércoles que prohíbe la entrada al país al expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) y al exvicepresidente Jorge Glas, a los que acusa de estar involucrados en casos de corrupción.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glas “no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato”.

De acuerdo con la Administración de Joe Biden, el exmandatario ecuatoriano y su 'número dos' abusaron de sus cargos públicos “al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”.

Miller expresó en el comunicado el respaldo de Estados Unidos para todos los ecuatorianos que estén “comprometidos con aumentar la transparencia gubernamental y exigir cuentas a los funcionarios públicos corruptos”.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, lo que le ha permitido evitar la cárcel en Ecuador.

Sobre el expresidente, que sigue muy presente en la vida política de su país a través de redes sociales, pesa una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación por el caso 'Sobornos 2012-2016'.

Glas, quien fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, donde este se encontraba asilado.

Sobre Glas pesaba entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos), si bien tanto él como Correa se declaran víctimas de persecución política.

Correa: “No hay derecho”

El expresidente de Ecuador exclamó este miércoles que “no hay derecho” a que el Gobierno de Estados Unidos le prohíba el ingreso a su territorio tanto a él como a su familia directa.

A través de un mensaje en redes sociales, Correa revindicó una vez más su inocencia frente a la condena de ocho años de prisión e inhabilitación política que le fue impuesta en 2020 por cohecho en el caso 'Sobornos 2012-2016', donde tanto él como varios de sus colaboradores fueron condenados por la financiación irregular de Alianza País, el movimiento político oficialista en ese momento.

“La maldad humana... obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por 'influjo psíquico' y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos. Meten hasta a mi familia ¡No hay derecho!”, expresó Correa, quien siempre cuestiona que en la sentencia donde se le condenó se le atribuyese 'influjo psíquico' sobre los demás involucrados. 

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador precisó en un comunicado posterior que la prohibición de ingreso a su territorio impuesta a Correa y Glas también se extiende a sus familiares más cercano.

En el caso de Correa, la prohibición también abarca a su esposa, de nacionalidad belga, Anne Malherbe, y a sus hijos mayores de edad Sofía, Anne Dominique y Rafael.

Para Glas, la restricción se aplicará también a su esposa, Cinthia Díaz, y al hijo de ambos, Jorge Glas Díaz.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, antes de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitase su extradición.

Condena casi unánime al asalto de Ecuador a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, que había solicitado asilo. Todos los grupos de la Eurocámara, a excepción de los de la extrema derecha (ECR, del que forma parte Vox, e Identidad y Democracia) han firmado una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le muestran su respaldo ante lo que califican como una “violación sin precedentes de las normas que establecen las relaciones diplomáticas” y “un ataque frontal a la soberanía mexicana”.

“Nos preocupa especialmente las consecuencias que esta violación del derecho internacional está teniendo y tendrá en las relaciones entre los países latino-americanos, por un lado, y de estos con la Unión Europea, por otro”, señala la misiva, promovida por el eurodiputado de IU Manu Pineda, que rubrican siete de representantes de la izquierda (entre ellos, María Eugenia Rodríguez Palop -Sumar-; Idoia Villanueva y Esther Sanz (Podemos); y Miguel Urbán (Anticapitalistas), así como los socialistas Javier López y Mónica Silvana; Leopoldo López (PPE); Soraya Rodríguez (Renew) y la nacionalista gallega Ana Miranda (de los verdes).

“Vivimos momentos muy complicados en las relaciones internacionales y consideramos que la violación de normas básicas de las relaciones diplomáticas, como la inviolabilidad de los locales y personal diplomático, llevadas a cabo por el Gobierno de Noboa generan un peligroso precedente en una comunidad internacional necesitada de la defensa del derecho internacional para la convivencia pacífica”, agrega la carta en la que también muestran “respaldo y comprensión” a la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador.

El alto representante, Josep Borrell, condenó el pasado domingo “la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito” y advirtió de que se trata de un claro “incumplimiento de la Convención de Viena de 1961” por lo que hizo un llamamiento a respetar el derecho internacional diplomático.

A él le han dirigido otra misiva, pero que en este caso sólo rubrican los representantes de la izquierda, la socialista Mónica Silvana y Miranda, en la que piden al jefe de la diplomacia europea “que dote de acción sus acertadas declaraciones de condena del asalto de la Embajada de México”. “Es necesario que la UE solicite formalmente al gobierno ecuatoriano un salvoconducto que permita a Jorge Glas seguir adelante con el proceso de asilo otorgado por el gobierno mexicano”, señala el texto, que también reclama a Borrell que dé instrucciones a los servicios exteriores de la UE para que visiten al exvicepresidente en prisión.

“El simple hecho de que la UE decida visitar a Glas es mandar un mensaje a Noboa, le está diciendo que estamos pendientes, que no se le ocurra suicidarlo, desaparecerlo o torturarlo, que habrá seguimiento”, expresó el martes Pineda en una rueda de prensa junto al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

“No estamos hablando de un incidente menor, se ha asaltado una Embajada, se ha violado la soberanía de un país. Si la UE no es capaz de actuar frente a este ataque estaremos dejando morir el derecho internacional. Lo que empezó matando Israel en Gaza hoy lo hace Noboa en Ecuador”, explica Pineda: “Como nadie pone en el centro el respeto a estas normas, hasta un lacayo como Noboa se permite pegar una patada a los convenios de Viena y de Caracas y allanar la Embajada de México. Todo para continuar con su campaña de lawfare y represión contra Jorge Glas y contra el correismo”.

Sobre Glas pesan dos condenas por corrupción y por soborno y había ingresado el pasado mes de diciembre en la embajada mexicana en Quito tras pedir asilo al Gobierno de López Obrador. Entonces, la presidencia ecuatoriana acusó a México de “abusar los privilegios de la misión diplomática” por alojar al exvicepresidente.

“No es siquiera fascismo, es barbarie”. Con estas palabras definía el ex presidente de Ecuador Rafael Correa la situación que vive el país después de que el pasado 5 de abril el presidente, Daniel Noboa, ordenara la incursión armada en la embajada de México en Quito para llevarse por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glas, donde se encontraba bajo la protección de asilo. “Noboa es un niño rico, nació en una burbuja y cree que todo lo puede comprar con millones, que el país es su hacienda”.

“Los principios civilizatorios están en peligro”, ha proseguido Correa en una comparecencia en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, acompañado por el eurodiputado de IU, Manu Pineda: “Lo que ha ocurrido es la guinda en el pastel. Si se han atrevido a hacer esto con una Embajada, imagínense lo que hacen en el país. Y ahí están las consecuencias: violencia, criminalidad, narcotráfico”.

Correa ha recordado que el asalto violento a la Embajada mexicana “no tiene precedentes en la historia ecuatoriana y mundial. Rompiendo el convenio de Viena, Noboa ordenó la incursión armada, violenta, en la sede diplomática de México, agrediendo y secuestrando a Glas. México es la segunda economía americana y sabrá hacerse respetar. Pero, mientras tanto, continúa el secuestro de Glas”.

El ex presidente ecuatoriano ha explicado que “México dijo que Glas estaba siendo perseguido, y que los corruptos son los que lo persiguen. La ley prohíbe dar asilo político a los corruptos, pero en este caso México concluyó que los corruptos son los que lo persiguen. Glas ha sido secuestrado, estuvo 72 horas incomunicado, lo trasladaron a una prisión de maxima seguridad en Guayaquil, y ayer ha tenido un grave problema de salud.

“Lo trasladaron en coma al hospital”, ha explicado Correa: “Tienen cercado el hospital e impiden cualquier comunicación: hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro. Se han vulnerado los Derechos Humanos y deben liberarla. Pido a Europa y al mundo que hagan presión para que Noboa conceda el salvoconducto a Glas, como asilado que es. No es siquiera el fascismo, es la barbarie. Es una acción brutal por fines electorales para secuestrar a un asilado”.

El eurodiputado de IU, Manu Pineda, ha insistido en que la UE tiene “obligaciones, entre otras cosas porque hay un acuerdo de asociación con Ecuador”. Así, Pineda ha anunciado: “Vamos a pedir que se active la cláusula democrática de este acuerdo. Y vamos a pedir al Servicio Europeo de Acción Exterior [dependiente de Josep Borrell] que que envíe a su delegación en Ecuador a visitar a Glas. Estamos temiendo que lo suiciden. Además, vamos a proponer en el próximo pleno que se incluya un debate con resolución de urgencia sobre los Derechos Humanos en Ecuador. Estamos viendo cómo ante el genocidio en Gaza y la violación de los Derechos Humanos no está habiendo respuesta, y eso está invitando a personajillos autoritarios y fascistoides como Daniel Noboa a imitar. Se creen que todos sus crímenes van a quedar impunes. Están en juego los Derechos Humanos y el prestigio y credibilidad de la UE”.

“El simple hecho de que la UE decida visitar a Glas es mandar un mensaje a Noboa, le está diciendo que estamos pendientes, que no se le ocurra suicidarlo, desaparecerlo o torturarlo, que habrá seguimiento”, ha abundado Pineda.

Correa, por su parte, ha explicado que “violar una legación diplomática es casus belli: si lo hicieran con la de EEUU, ya estarían invadidos. Están ensimismados, con el apoyo implícito de EEUU y explícito de los grupos de poder y la prensa. Creen que van a quedar impunes. Y si mañana incursionan en nuestras embajadas, ¿qué podremos reclamar?”

Pineda también ha pedido la retirada de embajadores la ruptura “de relaciones con Ecuador hasta que se garantice la salida de Glas”.

¿Quién es Daniel Noboa, el heredero de una fortuna bananera que presidirá Ecuador? Noboa se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador, con 35 años, tras imponerse por un margen de unos cinco puntos a su rival, la abogada de izquierdas Luisa González. Hijo millennial de Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato presidencial, Daniel Noboa, fue la sorpresa de la segunda vuelta en agosto. Este graduado de la Harvard Kennedy School centró su campaña en la creación de empleo y la economía, recomendando exenciones fiscales e incentivos para las nuevas empresas y prometiendo atraer más inversión extranjera.

“Hoy hemos hecho historia”, dijo Noboa en un mensaje en X, antes conocido como Twitter. “Las familias ecuatorianas eligieron el nuevo Ecuador, eligieron un país con seguridad y empleo”. Estas elecciones se celebraron en un contexto de repunte de la delincuencia violenta alimentada por el narcotráfico, que ha convertido al país en uno de los más violentos de la región, con la cuarta tasa de homicidios más alta, superior incluso a la de México.

A sus 35 años, Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín (Guayaquil, 1987) no es nuevo en política, pues ha sido diputado entre 2021 y 2023, si bien en estas elecciones se ha presentado como outsider. Es el mayor de cuatro hermanos en una familia de grandes empresarios y políticos, pues además de las aspiraciones presidenciales de su progenitor, su madre Annabella Azín, doctora en medicina, fue asambleísta y candidata a la vicepresidencia.

Es además nieto de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del país en el siglo XX y uno de los hombres más ricos de Ecuador en su tiempo, que introdujo a los años 60 la marca de avena Quaker, con la que se le ha comenzado a apodar a su nieto.

El candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), que se define como de centroizquierda pero que presenta planteamientos económicos más liberales. Noboa estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y continuó su carrera especializándose en tres maestrías: en 2019 en Administración de Negocios y Administración Pública en el Kellogg School of Managment; en 2020 en la Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad de George Washington.

Trabajó en la Corporación Noboa, de su familia; donde fue el director naviero más joven de la historia de la compañía. Fue director comercial hasta junio de 2018 y su tarea principal era supervisar la estrategia de ventas global para todos los productos alimenticios.

En 2021 entró en política y en las elecciones generales logró ser elegido diputado por la provincia costera de Santa Elena. Como asambleísta fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y objeto de críticas por haber liderado la organización, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, del viaje, pagado según él por la empresa privada, de seis asambleístas a Rusia, uno de los principales importadores del banano ecuatoriano, junto a la Unión Europea (UE).

Frente a un mandato de apenas 15 meses, Noboa apunta a “atender lo urgente: reducir la violencia, la desocupación juvenil, y generar empleo”.

Prisiones en barcos

En cuanto a la delincuencia, Noboa propuso encerrar a los delincuentes más violentos en barcos frente a las costas ecuatorianas del Pacífico. También sugirió aumentar la presencia militar en las fronteras y la costa, ambos puntos de tráfico de cocaína.

Noboa tomará posesión el 25 de noviembre, pero sólo gobernará 17 meses, hasta 2025, completando el mandato del presidente saliente, Guillermo Lasso, que disolvió el Congreso en mayo durante un juicio político y convocó elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

La campaña presidencial ha estado marcada por una violencia sin precedentes, incluido el asesinato a plena luz del día del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio a la salida de un acto de campaña en agosto. Este mes, siete colombianos sospechosos del asesinato fueron a su vez asesinados en prisión.

Los puertos ecuatorianos del Pacífico son el objetivo de los narcotraficantes que introducen cocaína de contrabando, normalmente en contenedores de plátanos, el principal producto de exportación del país. Alrededor del 80% de la cocaína que sale de contrabando de Ecuador tiene como destino Europa, según declaró a The Guardian Juan Zapata, ministro del Interior del país, donde un kilo de cocaína alcanza un precio en la calle de unos 50.000 dólares, el doble que en Estados Unidos.

Zapata afirmó que Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los principales países productores de cocaína del mundo, necesita ayuda internacional para hacer frente a un “enemigo transnacional común”. La tasa de homicidios se ha quintuplicado desde 2019, según el Observatorio Ecuatoriano contra el Crimen Organizado, debido a la violencia entre bandas locales aliadas con los cárteles mexicanos de la droga, la guerrilla colombiana y los traficantes balcánicos.

El presidente electo no dispondrá de mayoría parlamentaria y podría tener dificultades para lograr el consenso entre la díscola clase política ecuatoriana para aprobar leyes.

“Hay mucho por hacer”, dijo Zapata. “Espero que el nuevo congreso se dedique a [tratar la situación de seguridad], a diferencia del anterior que perdió tanto tiempo y perjudicó al país”.

Con información de The Guardian y la agencia EFE

Ecuador ha elegido este domingo al joven empresario Daniel Noboa como su nuevo presidente en la segunda vuelta de las elecciones. Es una nueva derrota electoral del correísmo, como ya ocurrió en 2021, cuando el movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017) también se quedó a las puertas de volver al poder.

Noboa, heredero de una de las familias más ricas del país, se ha convertido con 35 años en el presidente electo más joven de la historia del país, al imponerse a la candidata correísta, Luisa González, que aspiraba a ser la primera mujer en ganar unas elecciones presidenciales en Ecuador.

El hijo del magnate bananero Álvaro Noboa consiguió en su primer intento lo que a su padre se le resistió hasta en cinco ocasiones que buscó alcanzar la presidencia, y lo hizo de manera sorpresiva, pues al inicio del proceso electoral no partía entre los favoritos, pero dio la sorpresa al meterse en la segunda vuelta.

Noboa, que ejerció como asambleísta entre 2021 y 2023, presentó un proyecto político enfocado eminentemente en la juventud y en la creación de empleo y de oportunidad como principal pilar para cambiar un Ecuador que vive la peor crisis de inseguridad y violencia de su historia.

Mientras González fue la candidata más votada en la primera vuelta con el 33,61% de los votos, en esta segunda vuelta se quedó en menos de 48%. Noboa quedó segundo en la primera vuelta con el 23,46% de los sufragios, pero alcanzó más del 52% en esta segunda vuelta, aupado por la derecha y por colectivos anticorreístas, entre ellos algunos grupos de izquierda como una parte del movimiento indígena.

Como en 2021, cuando el correísmo perdió con Andrés Arauz las elecciones presidenciales frente a Guillermo Lasso, estas elecciones volvieron a evidenciar que la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera Correa, cuenta con un alto piso de votos pero con un techo bajo.

Luisa acepta derrota

Con una diferencia de unos cuatro puntos porcentuales, González aceptó la derrota y felicitó sin ambages el triunfo de Noboa, quien acto seguido salió en un breve discurso para señalar que “desde mañana empieza a trabajar la esperanza”.

El joven empresario y exasambleísta recibió los resultados con una fiesta privada en su casa frente a la playa de Olón, un balneario de la costera provincia de Santa Elena donde había acudido durante la mañana a votar, mientras sus seguidores lo celebraban en las calles y en centros de convenciones de las ciudades de Guayaquil y Quito.

Noboa fue escogido para un breve mandato de apenas 15 meses, pues se prevé que asuma el mandato en diciembre para completar el periodo 2021-2025 que debía culminar el presidente saliente, el conservador Guillermo Lasso.

Este periodo quedó interrumpido con la “muerte cruzada” declarada por Lasso en mayo pasado, una figura constitucional con la que acortó su mandato y forzó este proceso electoral extraordinario al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por la oposición con el correísmo al frente, cuando esta se disponía a votar su destitución como paso final de un juicio político en el que se le acusaba de presunto peculado (malversación).

Así, el mandato de Noboa culminará en 2025, cuando Ecuador recuperará su calendario ordinario de elecciones, en el que tendrá la oportunidad de presentarse a la reelección para permanecer otros cuatro años más en el poder.

Seguridad, economía y gobernabilidad

Lasso, que en la apertura de la jornada electoral había confiado en que el país desterraría la demagogia y el autoritarismo, felicitó a Noboa por su triunfo y le invitó a una reunión el martes en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, para iniciar la transición.

Así, en estos pocos meses que Noboa llevará las riendas de Ecuador tendrá que hacer frente a la violencia del crimen organizado y las mafias del narcotráfico que ha llevado a que el país se sitúe entre los más violentos de Latinoamérica, al pasar en los últimos cinco años de 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Esa situación se trasladó también a estos comicios, con el episodio más grave en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin a once días de la celebración de la primera vuelta, efectuada el 20 de agosto.

Otros retos serán frenar el creciente déficit económico que se registra este año y sobre todo la gobernabilidad, ante una Asamblea Nacional donde el correísmo volverá a ser la primera fuerza, por lo que deberá conseguir los pactos y los consensos que no supo encontrar Lasso, quien se quedó prácticamente sin apoyos en el Legislativo.

Rafael Correa (1963, Guayaquil) habla con elDiario.es sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional relacionada con el supuesto espionaje al que fue sometido por la empresa española UC Global, encargada de su seguridad. Los tribunales españoles investigan las labores de información realizadas por la firma española, que presuntamente terminaban en agencias extranjeras –el juez Pedraz apunta a la CIA– y, también, en el Gobierno de Lenín Moreno, rival político de Correa, como muestran los documentos publicados en exclusiva por elDiario.es.

Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador en las que Luisa González, la candidata del partido de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, se mide con Daniel Noboa, del Movimiento ADN, apoyado por los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Vídeos, virus troyanos de sus hijas, informes de reuniones en inglés, fotos... ¿No se dieron cuenta nunca de que estaba pasando esto por parte de quien estaba encargado de protegerles?

Así es. Así es.

¿Nunca sospecharon nada?

Es normal que los guardias reporten a su jefe: “El presidente salió de la ciudad, salió con la familia de vacaciones...”. Porque es un equipo... Pero estar espiándonos, es decir, con quién me reuní, mandando fotos y eso... Jamás, no.

Hacían informes de las reuniones.

Jamás, jamás.. De eso nos enteramos solo después, cuando estalló el escándalo. Y lo peor es que estaban espiando a mis hijas.

Pusieron software espía en los teléfonos móviles de sus hijas.

¿Y eso para qué lo hacen? Para ver si mis hijas daban algún mal paso, droga, alguna cosa, y chantajear. Y esa es mi mayor riqueza, que no han podido encontrar nada. Pero, ¿para qué espiar a niñas que eran menores de edad en ese momento? Para ver si encontraban algo mal y con eso me extorsionaban y me controlaban.

¿Con esa información buscaban vulnerabilidades?

Claro, esa es la idea.

Y hacían también informes en inglés.

Todo eso lo sé ahora; no lo sabía en ese momento, se ha demostrado en España. Y David Morales, el dueño de esta empresa, dice que hacía informes en inglés para practicar el idioma. En verdad era para informar a la CIA, que lo había cooptado cuando estuvo en Las Vegas y dio servicio a Sheldon Adelson. Además, se reunía con Lenín Moreno y le pasaba la información.

Lenín Moreno, sin embargo, ahora está diciendo que había una "camarita" con la que usted le espiaba desde Bruselas.

Es otra de tantas ridiculeces que sacaron al inicio del gobierno, una cámara de vigilancia de seguridad contra ladrones sin audio y sin manejo. O sea, no tiene IP, no tiene protocolo de internet. Fue clausurada, la teníamos apagada. La descubren un día, dice que la manejaba desde Bélgica y lo denunciaron. Y nunca ha tenido fin ese juicio. ¿Por qué? Porque saben que era una ridiculez, para no hacerlo quedar en ridículo. Ya saben que todo fue una cantinflada más, pero no lo concluyen para no beneficiarme y hacer quedar mal este ridículo.

Morales dice en un momento que todo lo que tienen se lo pueden ofrecer a la presidencia de Ecuador. Y parece que que la presidencia de Ecuador lo acepta, pero podían hacer lo contrario. Podían decir: “Oye esto, esto no puede ser, no se puede espiar a un expresidente, no se puede hacer este seguimiento”. Pero parece que entran en el juego, ¿no?

El mundo no conoce lo que hemos tenido que pasar con la traición de Moreno; la persecución para impedir que yo regrese algún día a mi país, porque sabe que le ganamos todas las elecciones. Me quitaron la seguridad presidencial, me robaron el partido político, me quitaron mi seguro de vida que está en una empresa pública, me condenaron ocho años, antes de inscribirme como candidato, por influjo psíquico en un caso fraguado. Como no tienen pruebas, posteriormente hacen una ley para quitarnos la pensión vitalicia a los presidentes acusados de corrupción, y me quitaron la pensión vitalicia. Entonces, que acepten que una empresa nos espíe es un detalle relevante. Es capaz de todo, no tiene límite.

Eso es lo que está pasando en este momento en Ecuador. Íbamos a ganar en la primera vuelta y asesinan a un candidato, y nos culpan. Eso nos impide ganar en una sola vuelta, porque nos acusaron del crimen. Entonces, ya en esta segunda vuelta vamos a ganar.

Pero meten presos varios sicarios por el crimen de Villavicencio, los agarran y a uno lo matan ese día. Y en vez de llevarle a una clínica malherido, lo llevan a la Fiscalía, y se desangra y muere ahí. Hace unos cuatro días, matan a siete sicarios y dejan solo vivo uno. Y resulta que ese uno ha declarado que somos nosotros los autores intelectuales del crimen. ¿Quién puede creer una patraña así? Muestra hasta dónde son capaces de llegar. La indagación previa tenía que acabar hace un mes, pero les dieron un mes para que acabe justo en la semana de las elecciones y culparnos. Ya lo habíamos denunciado, pero no creímos que se iban a atrever a hacerlo con tanto descaro. De ocho sicarios asesinan a siete y el que sobrevive confiesa que nosotros somos los autores intelectuales. Eso es lo que tenemos que enfrentar y el mundo indiferente no se entera.

El candidato asesinado, Fernando Villavicencio, dijo que había recibido amenazas del cártel de Sinaloa.

En este momento en Ecuador funcionan varias mafias, y tal vez siempre ha habido crimen organizado, como lo hay en Europa. Se envía la droga, pero la gran diferencia es que ha infiltrado al Estado. Eso no ocurría antes. El Gobierno está embarrado, está enterrado en mafia. El cuñado del presidente, el mejor amigo del cuñado del presidente, era el nexo con la mafia albanesa. Y lo asesinaron. La cantidad de asesinatos que ha habido por esto es impresionante. Asesinaron a Villavicencio, que conocía de estos juegos, del gobierno. Tuvo que salir un periodista, el que denunció el caso por amenazas de muerte. Y los dos oficiales que investigaban este caso, que se llama El gran padrino, han tenido que exiliarse porque los amenazaron de muerte y el gobierno les ordenó parar la investigación. Y ahí está involucrada también la fiscal del Estado.

Entonces, sí, probablemente a Villavicencio lo mata no sé si el cártel de Sinaloa o la mafia albanesa pero, claramente, hay participación del Estado. Mira, cuando lo asesinan, hay unas omisiones de seguridad imperdonables, estaba bajo resguardo policial, y claramente tiene que haber participación de la policía para matar a siete de ocho sicarios en las cárceles. Se requiere de participación policial. ¿Y quién tiene esa capacidad? Porque, además, están en diferentes cárceles.

Matar siete al mismo tiempo, ¿no es algo increíble?

Cuando ustedes se enteran del espionaje, ¿cómo vivieron sus hijas haber sido grabadas?

Es horrible, es horrible, porque además te sientes culpable. ¿Para qué metí a mi familia en esto? Gracias a Dios me apoyan siempre, pero ha sido muy duro para ellos, muy duro en lo personal. A mi familia nunca le ha gustado la publicidad, la pérdida de privacidad. Hay gente que le encanta salir en fotos, tener 30 guardias, carros blindados... Pero mi familia detesta esto, y por eso cuando acabaron el colegio, mis hijas, que gracias a Dios son muy buenas alumnas y estudiaban en el Liceo Francés de Ecuador porque mi esposa es belga, se ganaron becas del gobierno francés y enseguida se fueron del país, porque ya no aguantaban más. Y las espiaron incluso en Francia. Ha sido muy duro.

Este domingo se celebra en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es ahora su situación?

Yo estoy condenado a ocho años de prisión, es difícil de creer, por influjo psíquico: instigación al crimen organizado por medio de influjo psíquico. Pero ya todo eso se le derrumbó con el asilo político concedido en Bélgica, porque se está reconociendo que soy un perseguido político. Y hay informes del Relator de Independencia Judicial de la ONU denunciando cómo se tomaron el sistema de justicia, cómo pusieron jueces a dedo cuya permanencia en el cargo dependía de la sentencia. En nuestro caso, de tres tribunales con tres jueces cada uno, nueve jueces en total, siete de ellos eran puestos a dedo y, si no nos condenaban, los botaban. Eso no lo digo yo, está más que comprobado, y lo dice el relator de Naciones Unidas. No una, no dos, cuatro veces.

Aquí no hay independencia judicial, no puede haber jueces puestos a dedo como en el nazismo, ad hoc para juzgar a un expresidente y a un gobierno. Y la ratificación del puesto depende de si lo condenan o no. Eso lo dice el relator de Naciones Unidas.

¿Cree que podrá volver alguna vez a Ecuador y hacer vida en Ecuador, presentarse a las elecciones?

A mí me prohibieron la reelección de forma retroactiva en 2018. Todo el espectro político está contra nosotros, porque las políticas de nuestros países se caracterizan por el reparto. Nosotros gobernamos para el bien común de todos, y se unen contra nosotros para evitar que yo me pueda postular. Pero a vicepresidente yo me puedo postular. Por eso se mueren de miedo y hacen lo posible para que no regrese.

Yo tengo la certeza de que la victoria final será nuestra, que tendremos que regresar, pero el tiempo perdido no lo recupera nadie. El daño que han hecho es inmenso, pero yo creo que casi seguramente el 2024, principios de 2024, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que acoger ese dictamen y derrumba todos los casos.

Y también está pendiente de declarar ante la Audiencia Nacional por el espionaje contra usted.

Quien tomó este caso, como un toro por los cuernos, fue Baltasar Garzón, porque estaba indignado, porque, claro, salía él. Fue algo increíble, porque Garzón fue al aeropuerto, nos tomaron fotos de aeropuerto, vamos a la casa de Garzón con uno de estos tipos Y como progresistas de izquierda, se lo invitó a comer con nosotros. Yo me pego una ducha porque venía de un viaje transatlántico, y de todo informó. Todo. Hasta qué comida; hasta que me pegué la ducha. Los corruptos siempre fueron ellos, pero tienen el poder, y es lo que prevalece, no es la razón, no es la verdad, sino el poder.

Todo esto del espionaje se sabe porque hubo gente que se rebeló contra eso y dijo no, nosotros no vamos a destapar. ¿Y denunciaron el caso, no?

Gracias a eso se sabe, gracias a esta gente Si no, esto hubiera seguido, habría seguido. Sí, sí.

Entre los documentos hay un informe sobre Pablo Iglesias, por ejemplo.

De cuando me reuní con él, sí.

Uno de los principales problemas ha sido la indiferencia del mundo. En Ecuador ha habido un golpe de Estado en el año 2018. Se tomaron el Estado, cambiaron como 150 torres de control y pusieron a lo peor. Destrozaron al país. Hoy lloramos lágrimas de sangre. El país está deshecho, pero tú miras los informes de los embajadores europeos y todo está bien, porque a las empresas europeas les bien. Algo tiene que cambiar.

Virus troyanos en los móviles de sus hijas. Informes de reuniones privadas. Fotografías de personas con las que se veía. Incluso vídeos de esos encuentros. La empresa española de seguridad privada UC Global, encargada de la seguridad de Rafael Correa desde que se mudó a Bélgica tras dejar la presidencia ecuatoriana en 2017, y de sus hijas desde tres años antes acumuló todo tipo de información privada de él y su familia y realizó dossieres que entregaba a organismos extranjeros –el juez Pedraz apuntó a la CIA, según informó El País– y, también, al Gobierno de Lenín Moreno en un momento en que se convirtió en un rival político de Correa.

“El que paga es Presidencia”, responde el CEO de UC Global, David Morales, en conversación con elDiario.es: “Yo puedo preparar los informes que yo crea conveniente para poder pasarle a mi cliente informes operacionales de lo que estábamos haciendo; porque si yo no reflejo el trabajo que hemos realizado, tampoco se cobraba, que tengo que justificar que mi trabajo está hecho”.

Morales, además, niega haber ordenado grabar y guardar las múltiples conversaciones de las hijas de Correa a las que ha tenido acceso elDiario.es.

Ahora bien, en la documentación de la causa hay unos mensajes de Telegram atribuidos al director de UC Global en los que se ordenaba a los empleados de la empresa replicar las medidas de vigilancia que tenían los teléfonos de las hijas a los ordenadores de Correa.

De acuerdo a la documentación del caso a la que ha tenido acceso elDiario.es, el responsable de la empresa de seguridad privada UC Global, David Morales, en la primavera de 2018 empezó a ver que peligraba su contrato de seguridad de la embajada de Londres para llevar la seguridad de Julian Assange que consiguió en 2015, a raíz de llevar la seguridad de las hijas de Correa, que estudiaban en Europa.

Por aquel contrato la empresa recibía unos 85.000 dólares mensuales, como explicó Morales a Die Welt, y mientras peligraban esos ingresos se dispuso a entregar información sobre Correa que había ido acumulando UC Global, entre los cuales se aportan a la causa audios, vídeos, fotos e informes en inglés y español. A raíz de este proceso abierto en la Audiencia Nacional, la familia está llamada a declarar como víctima, después de que el juez José de la Mata dictara un auto de junio de 2020 en el que se admitía a trámite la querella de Correa contra Morales y UC Global y se detallaban los hechos relatados en la querella. Y, de acuerdo a la información que obra en la causa, el juez instructor admite la querella por un delito contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos). 

El caso del seguimiento a Correa, por el que hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, es una pieza separada de la causa relacionada con el espionaje al fundador de Wikileaks supuestamente cometido por UC Global en beneficio de la CIA, hasta el punto de que un grupo de ciudadanos estadounidenses, abogados y periodistas, que visitaron a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, ha demandado en EEUU por presunto espionaje a Mike Pompeo, el exdirector de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, según informó El País.

“Entregarlo en Presidencia”

elDiario.es ha tenido acceso a un correo electrónico que Morales envió a sus empleados en abril de 2018, en el que pedía a sus empleados que entregaran la información privada que tenían de Correa para hacerse valer ante Lenín Moreno y mantener esos generosos ingresos. “En relación a las acciones que ha desarrollado Romeo [nombre con el que se referían a Rafael Correa] en sus actividades [...] los informes que hemos ido desarrollando para el SPP [Servicio de Protección Presidencial] o de información en general, sería bueno que Gema [trabajadora de la empresa en Ecuador] pueda entregarlo en su reunión con Presidencia”.

Correa llevaba un año fuera de su país y, por primera vez, Morales pedía entregar documentos a la presidencia de Ecuador. “Es que al señor Correa quien le pagaba la seguridad es Lenín Moreno, es decir, el gobierno ecuatoriano”, responde Morales en conversación con elDiario.es.

Sin embargo, en el mail afirmaba: “La estrategia es hacer ver que podemos generar este tipo de información... y por ello somos útiles para Presidencia... no para el SPP o Senain [Secretaría Nacional de Inteligencia]”. Es decir, el director de la empresa de seguridad quiere que el Gobierno de Moreno sepa que está en posesión de material útil para Lenín Moreno, rival político ya por aquel entonces de Rafael Correa. Y, no sólo eso, decide entregárselo.

“Porque son informes informativos que se hacen respecto a cómo se desarrolla la operación”, dice Morales: “Es el Gobierno ecuatoriano al que yo le tengo que explicar y razonar y darles las alertas de posibles amenazas por con quién se reúne”. ¿Y por qué hacen los informes en inglés para Ecuador?: “Esos informes no tienen más importancia que ser un informe de operaciones en inglés”.

“El informe de Pablo Iglesias es una auténtica tontería”, argumenta Morales, “estábamos realizando informes para mejorar el inglés, y queríamos fomentar que los trabajos se hicieran internamente en inglés”.

En otro de los informes, se acumulan fotos de Baltasar Garzón en el aeropuerto esperando a Rafael Correa, su defendido, y también imágenes de la casa de Garzón. Incluso se recoge lo que se habla en esa reunión, incluso si se duchó Correa en la casa. “Eso son tareas de protección”, responde Morales.

El material también incluía conversaciones grabadas con el software instalado en los móviles de las hijas. “Pretenden acusarme de colocarle unos dispositivos espías, para escuchar a las hijas o a él. Y eso viene reflejado en un contrato que se establece con Servicio de Protección Presidencial, el cual él conoce perfectamente, porque a mí el que me llama es el señor Correa, así como su señora, cada vez que no pueden localizar a las hijas. Es un sistema de control parental simplemente para rastrear el GPS en caso de que que sus hijas desaparecieran”, responde Morales a elDiario.es, que ha tenido acceso al contrato firmado por UC Global y el SPP en el que se habla de sistemas de geolocalización y una aplicación llamada Diamond 21.

Sin embargo, de acuerdo con la documentación de la causa a la que ha tenido acceso este medio, y una parte de la cual se está publicando, los dispositivos instalados se definen en una factura como Troyan, y permiten grabar conversaciones telefónicas, conversaciones producidas cerca del móvil. Pero no sólo eso, fueron guardadas y almacenadas a buen recaudo, algo que no se preveía en ese contrato.

“Ese material, ya te digo yo, ni lo han obtenido de mi dispositivo ni los dispositivos de la empresa”, sostiene Morales.

El contenido de este mensaje se suma a otro que también está aportado al procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional. Se trata de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de David Morales y una trabajadora de la empresa, en la que el director de UC Global protesta, en junio o julio de 2018, según un extrabajador de la empresa, se queja de haberse “jugado el puesto por ellos [el Gobierno ecuatoriano]” y que va a “hablar con el presidente [Lenín Moreno]” ya que le han “filtrado hasta las cosas que les he pasado de Correa”: Morales aquí se queja de que ha visto en la prensa ecuatoriana informaciones sobre Correa que él había pasado al Gobierno de Moreno, en lo que puede ser un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Los informes que comenzó a trasladar UC Global a la presidencia de Moreno habían comenzado a hacerse antes, a la manera que los hacían también de Assange en Londres.

Informes de actividades de Correa

En este sentido, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, Morales ya había remitido un correo electrónico a los trabajadores de UC Global en noviembre de 2017 en el que adjuntaba un dossier que había elaborado en inglés con la idea de trasladarlo a sus clientes estadounidenses: “Activity: Meeting Ex-President Correa. Date: 15th November 2017 Location: Family apartment in Ottignies (Belgium)”.

Ese informe es un detallado desglose de las conversaciones privadas de Rafael Correa en su domicilio familiar, identificando las personas con las que se reunía o tenía previsto reunirse, así como las conversaciones mantenidas con ellas: los servicios de seguridad se dedicaban a escuchar y anotar lo que oían y veían en esos espacios a los que tenían acceso como responsables del bienestar del expresidente ecuatoriano. Entre esas cosas, en ese informe había un perfil de Pablo Iglesias Turrión, entonces secretario general de Podemos, quien se iba a ver con Correa.

Pero los servicios de seguridad no sólo se valieron de lo que veían y oían en persona. También adquirieron troyanos y los instalaron en los teléfonos de las hijas de Correa y, gracias a ello, se intervinieron múltiples conversaciones telefónicas con el expresidente de Ecuador, se apropiaron de fotos privadas, de contraseñas y de conversaciones con terceras personas en chats como los de Facebook, por ejemplo.

Uno de los extrabajadores de la empresa explica cómo Morales acaba pasando la información que había recopilado sobre Correa mientras se suponía que su tarea era protegerle, a su rival político, Lenín Moreno: “La empresa estaba a punto de perder el contrato de la embajada por la operación de la salida de Julian Assange, que ya estaba preparando Moreno, y también con otros argumentos, como aspectos que no se cumplían del contrato. Hay que entender el tipo de persona que es Morales: dispara a todos lados; es decir, la información no solo se la daba a la presidencia de Ecuador, sino a otros, como personas de la antigua SENAIN, etc. Y ante la imposibilidad de que se renueve el contrato, empieza a ir a presidencia y la antigua SENAIN”.

¿Y cómo entregaban el material a la presidencia de Ecuador? “A través del secretario general de Lenín Moreno, Sebastián Roldán”, responde un ex trabajador, que añade: “Le llegaron a decir que ampliaran el contrato con Correa para tener más información que proporcionar a Moreno”.

Ecuador sale a votar este domingo en medio de la mayor crisis de violencia de su historia, que ha marcado también la campaña con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto. El crimen ha sacudido el tablero electoral en la última semana.

Villavicencio, reconocido periodista de investigación y político, fue asesinado a la salida de un mitin en Quito, días después de haber denunciado en varias entrevistas que había recibido amenazas de muerte del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Tras ese suceso, una candidata a la Asamblea (Parlamento) sufrió un ataque violento y un dirigente político de otro partido también fue asesinado.

Los tres son parte de una lista de al menos 15 políticos que han sido atacados en el último año, el más violento desde que se tienen registros, y que ha puesto a la seguridad como la primera preocupación de los ecuatorianos por encima del empleo.

Estas elecciones, las primeras completamente paritarias, estaban previstas para el 2025. Sin embargo, en mayo de este año el presidente Guillermo Lasso decretó la “muerte cruzada” –un mecanismo constitucional que le permite disolver la Asamblea para convocar nuevos comicios en menos de dos meses– ante la amenaza del Legislativo de destituirlo por sospechas de corrupción mediante un juicio político.

Para esa fecha, su credibilidad había pasado del 70% al 10% en tan sólo dos años de mandato y su partido político, CREO, decidió no presentar candidatos.

El Parlamento y presidente electo este domingo solo estará en el cargo durante aproximadamente 18 meses, hasta completar el período cortado por esta contienda electoral.

Dudas en las encuestas

Trece millones de ecuatorianos están convocados a elegir a un presidente o presidenta y 137 asambleístas. Además, deben decidir por medio de una consulta popular si el Gobierno deja o no bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador, un país que aún tiene dependencia de los ingresos petroleros.

Por la Presidencia compiten siete hombres y una mujer. Y es ella, Luisa González, la carta del partido político Revolución Ciudadana, del expresidente y figura regional del “socialismo del siglo XXI” Rafael Correa, a quien todas las encuestas sitúan en primer lugar.

Sin embargo, aunque al inicio de la campaña su movimiento aseguraba que ella sería la triunfadora de la jornada de este domingo, los sondeos y analistas políticos coinciden en que los ecuatorianos tendrán que volver a las urnas en octubre para elegir en segunda ronda entre González y otro candidato.

Según la ley electoral, para ganar las elecciones por mayoría absoluta un binomio necesita conseguir al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre el segundo.

Quién ocupará ese segundo puesto es en lo que los sondeos no coinciden. La encuestadora Cedatos, una de las más relevantes del país, afirmó el 8 de agosto que la indecisión electoral supera el 50%, por lo que no podía dar una estimación real de los candidatos que se situarán en el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto.

Ese panorama ha vuelto a variar tras el asesinato del candidato Villavicencio, quien tenía un fuerte discurso en contra de la corrupción. De hecho, una de sus investigaciones periodísticas destapó una trama de sobornos por la que Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel y que el expresidente condenó como una maniobra política para destruirle. 

Ahora, es el amigo y compañero de investigaciones de Villavicencio, el periodista Christian Zurita, quien lo va a reemplazar como candidato en las elecciones de este domingo.

“A las organizaciones políticas se les nota desesperadas por captar el voto porque ahora el tablero electoral se ha movido y no se sabe quién acompañará a la segunda vuelta electoral a la primera fuerza política, que yo me atrevería a decir que es la Revolución Ciudadana”, afirma a elDiario.es la politóloga Mónica Banegas.

Ausencia ideológica

Si la candidata de la Revolución Ciudadana gana, Ecuador volvería a girar hacia la izquierda después de seis años y dos gobiernos con políticas de centro y derecha tras la salida de Correa, quien estuvo en el poder entre 2007 y 2017. No obstante, pese a la ideología que promulga su partido, Luisa González se ha mostrado en contra de luchas progresistas como la despenalización del aborto por violación.

Además de ella, el líder indígena Yaku Pérez también se ha identificado como un político de izquierda, ambientalista y humanista. En las elecciones de 2021, en las que ganó Lasso, Pérez se quedó a las puertas de ir a la segunda vuelta.

Los otros candidatos, la mayoría empresarios, no han admitido públicamente su ideología política y no han sido militantes ni afiliados de los partidos a los que representan.

“Lamentablemente no vemos con claridad cuál es la ideología política detrás de cada candidato empezando porque siete de los ochos candidatos han pedido que se les preste una organización política para poder participar en estas elecciones”, dice la politóloga. “Eso es algo que los ciudadanos debemos rechazar y pedir que se cambie. Las organizaciones políticas prestan el partido a cualquier candidato, sin importar su ideología, solo para no desaparecer del registro electoral”, añade.

Uno de ellos es Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador y empresario de 40 años que corre por la alianza Actuemos (formada por dos partidos), quien firmó en 2021 la Carta de Madrid impulsada por Vox, aunque luego dijo que no era una declaración ideológica, sino un postulado en contra de la amenaza del “socialismo del siglo XXI”.  

Otro es el empresario de seguridad Jan Topic, respaldado por tres partidos y quien asegura haber sido francotirador, paracaidista y haber participado en operaciones militares en Siria, Costa de Marfil y Ucrania. Topic ha manifestado públicamente su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su mano dura contra las pandillas.

Impacto de la violencia

La politóloga Mónica Banegas cree que en esta elección la baja participación también puede ser protagonista, pese a que el sufragio en Ecuador es obligatorio.

“Hay temor en los ciudadanos de acudir a votar, sobre todo en provincias y cantones donde ha habido sicariatos, donde se sabe que el dinero ilícito ha financiado campañas y donde ha habido más inseguridad”, afirma.

Y es que entre 2018 y 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 pasó de 5,8 a 25,62 y Ecuador podría cerrar el 2023 con el doble de esa cifra. Las extorsiones y los secuestros también se han disparado y la Policía atribuye el aumento del crimen a una disputa de territorio entre bandas narcodelictivas. Las cárceles se han convertido en centros de operaciones del crimen organizado y en ellas se han desatado varias masacres que han dejado más de 400 muertos desde 2021.

El miedo, dice Banegas, también puede influir en el voto hacia los candidatos que prometen “mano dura” contra la delincuencia.

“En la situación en la que estamos viviendo, el voto estará lleno de miedo, lleno de indignación, incluso lleno de rechazo. Por eso, yo me atrevería a decir que, con el respeto que se merecen las encuestadoras, no creo que ninguna de ellas nos pueda dar resultados efectivos”, dice.

“La mayoría de ecuatorianos no está contestando lo que realmente siente respecto al voto, la mayoría de ellos no contestan o no dicen abiertamente a quién votarán o no votarán. Yo creo que el domingo puede haber un voto sorpresa”, zanja.

El Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo ha celebrado este miércoles la segunda edición del 'Día de América Latina’, en una jornada denominada Hacia una nueva agenda progresista UE-América Latina. El encuentro contó con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert —socialdemócratas alemanes— y el Grupo de Puebla, que agrupa a las izquierdas de varios países latinoamericanos. 

Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, destacó la capacidad de Brasil, Chile o Argentina para construir democracias estables después de “dejar atrás dictaduras fascistas”. Por su parte, Iratxe García Pérez, presidenta de los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, planteó un horizonte común y cercano en el tiempo, poco antes de empezar la mesa redonda: “Debemos aprovechar la presidencia española [España presidirá el Consejo de la UE a partir de julio] para avanzar hacia la firma de instrumentos fundamentales como son los acuerdos de la UE y Chile, México y nuestros hermanos de Mercosur”.

La primera mesa redonda contó con ponentes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, su homólogo colombiano, Ernesto Samper, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Los cuatro coincidieron en la denuncia del rol nocivo que las oligarquías han jugado en el desarrollo económico de los países latinoamericanos, pero mostraron ciertas diferencias a la hora de encarar cómo abordar las relaciones entre ambos bloques. Los líderes latinoamericanos, en la mayoría de sus intervenciones, fueron críticos con la distancia que, según consideran, existe entre la teoría y la práctica de la política exterior europea. 

El cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”

Zapatero, citando al articulista del Financial Times Martin Wolf, destacó que Occidente ya no es el centro económico del mundo, y conminó a los asistentes a adaptarse al reequilibrio del mundo escuchando a América Latina: “Hay una decadencia progresiva de lo que llamamos Occidente y de la hegemonía extraordinaria de los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. ¿Queremos entenderlo? Es así, todo lo demás son retóricas”, concluyó. 

La expresidenta chilena Bachelet destacó que el cambio climático es “la peor amenaza para la humanidad”, y, como el resto de sus compañeros latinoamericanos, destacó el rol que la deuda externa está teniendo en los países del continente: “La deuda limita su habilidad para proteger a su gente, de proveer servicios básicos y desarrollo social”, comentó. Bachelet, la primera mujer en presidir Chile, destacó que el fondo de descontento es común más allá de Europa y América Latina, y señaló dos razones: la percepción de que la democracia no resuelve los problemas de los ciudadanos; y los sistemas económicos que aumentan la brecha entre los ricos y los pobres. 

Unidad ante el auge de la extrema derecha

La segunda mesa redonda contó con la participación de jóvenes políticos socialdemócratas. El eurodiputado barcelonés Javier López enfatizó la importancia de la democracia y la equidad social como elementos fundamentales para cohesionar nuestras sociedades. “La desigualdad infinita no puede coexistir dentro de la democracia”, afirmó, resaltando el aprendizaje adquirido durante la última década. López abogó por la construcción de una nueva fiscalidad global que aborde tanto la desigualdad social como la crisis climática. 

Camila Bazachi Jara Marzochi, miembro del Congreso brasileño, señaló la persistente desigualdad económica en América Latina, una herencia de la época esclavista. Además, destacó la retórica peligrosa de la extrema derecha, que promovió la violencia contra sus adversarios, un punto en común con Cecilia Nicolini, la secretaria de Estado de Argentina, quien destacó la amenaza ultraderechista a los servicios públicos de su país. Cicolini destacó los desafíos adicionales que enfrentan países como los de América Latina debido a la vulnerabilidad de sus infraestructuras frente al aumento de los precios y las sequías causadas por la crisis climática. 

La intervención que despertó más aplausos fue la de la política peruana Veronika Mendoza. Excandidata a la presidencia, Mendoza criticó la situación actual del Perú, donde un gobierno no electo ha reprimido las protestas ciudadanas, que piden elecciones. Mendoza invitó a abordar los desafíos de manera conjunta y no de forma aislada, e hizo hincapié en las riquezas de América Latina: “Proveemos al mundo de aquello que no se valora, pero sin lo cual no hay vida: agua y oxígeno.” 

Cumbre entre ambas regiones en julio

El italiano Giuseppe Provenzano resaltó que el ascenso de las derechas en el mundo ha generado una ilusión de protección social a expensas de la restricción de libertades individuales, y señaló los casos de Meloni en su país o de Bukele en El Salvador. Provenzano destacó la importancia de priorizar lo político por encima de lo comercial con una frase: “Tras 1989 pensamos que los McDonalds podrían reemplazar la política, sustituir la política por las relaciones comerciales, pero esa idea es la que ha fracasado.” 

Las conclusiones contaron con el mensaje de un presidente en activo, el argentino Alberto Fernández, quien emplazó a los asistentes a preguntarse si la extrema derecha, presentándose como una fuerza crítica con los sistemas de gobierno, no es realmente la mejor manera de apuntalar a los poderosos. Y añadió una cifra que muestra las consecuencias del cambio climático: Argentina, altamente endeudada, vive una sequía que le ha hecho perder 20.000 millones de dólares en exportaciones (unos 18.000 millones de euros). Fernández, que no se presentará a la reelección, citó al Papa Francisco para resumir el gran reto de la crisis climática: “De esta, nadie se salva solo”, zanjó. En julio, con la cumbre de la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), ambas regiones tendrán la oportunidad de apuntalar el acercamiento escenificado por los socialdemócratas. 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, en medio del juicio político que amenazaba con destituirlo. La medida extrema tomada por el mandatario conservador está prevista en la Constitución de 2008 y se justifica en la “grave conmoción interna y política” que vive el país, según argumentó.

La decisión de Lasso, dada a conocer temprano en la mañana de Ecuador, se produce después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).

Lasso apeló al mecanismo conocido como “muerte cruzada”, una figura legal que le permite disolver el parlamento y lo obliga a convocar elecciones legislativas y presidenciales para sus respectivos mandatos en un lapso máximo de seis meses, a contar desde hoy. En ese período, el presidente queda habilitado para gobernar a través de decretos que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional.

El líder derechista convive hace más de un año con una baja popularidad producto de la crisis social y el peso de una deuda de 8.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esa situación se traduce en una marcada debilidad en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante, CREO, y aliados sólo cuentan con unos 25 legisladores sobre 137.

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea”, explicó Lasso en un mensaje televisado. El presidente argumentó que “sin bloqueos” se podrá abordar la crisis económica y anticipó que firmó un decreto para una rebaja impositiva. “Esta es una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”, dijo.

Para el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica, el decreto de Lasso “es ilegal”. “Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, argumentó a través de Twitter el exmandatario de izquierda.

“En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”, amplió Correa.

La activación de la muerte cruzada le permite a Lasso eludir la inminente votación final del juicio político que podría terminar en su destitución. Los partidos opositores, que incluyen a Unes, de Correa, al conservador Social Cristiano y a parte de los legisladores indigenistas de Pachakutik y a los centristas de Izquierda Democrática, necesitan 92 votos, dos tercios de la Asamblea, para aprobar la moción de censura.

De acuerdo con las últimas votaciones parlamentarias, incluida la habilitación de la última etapa del juicio político, la oposición estaba cerca de lograr su objetivo.

En un mensaje difundido después de la difusión del decreto de “muerte cruzada”, las jefaturas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afirmaron que “mantienen y mantendrán inalterable su posición su absoluto respeto a la Constitución y las leyes” y advirtieron de que la disolución del Parlamento “debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.

“El país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia. Actuaremos con firmeza”, dijo el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un mensaje difundido a través de la presidencia. “Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos, sin violencia”, agregó.

Decenas de militares y policías cercaron la Asamblea Nacional, ataviados con equipo antimotines. La circulación permanecía restringida en varias manzanas a la redonda.