La Audiencia Nacional aboca al banquillo al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas por los presuntos encargos ilegales al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Sala de lo Penal ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de procesamiento.

El juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos a la entidad financiera, a su expresidente y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar a Villarejo y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales.

A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco así como a su ex responsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, así como a los mandos policiales vinculados a Villarejo. La Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza también el recurso del BBVA y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.

En relación con el sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos, los jueces afirman que no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA”.

Para la Sala “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

Añade que todos los indicios hacen necesario que se valoren en conjunto en el juicio, sin que corresponda a la Sala establecer “como deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas, aunque no las comparta la apelante -que la alta dirección estaba excluida del control”.

En relación con Francisco González, la Sala, en línea con el instructor, señala que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores y ”no es irrazonable“ concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.

En definitiva, concluyen los jueces, no es irrazonable la interpretación de indicios que hacen el auto recurrido y las acusaciones para llegar a la conclusión de la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos. Y, en definitiva, de que sabía que Cenyt había accedido a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas “sin respetar la legalidad” y sirviéndose para ello de funcionarios policiales.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto este miércoles juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos del banco por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano o el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

El que fuera consejero delegado de BBVA y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha testificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no intervino en modo alguno en la contratación de CENYT, el grupo empresarial de José Manuel Villarejo, al tiempo que ha asumido que fue el entonces presidente de BBVA, Francisco González, quien adoptó la decisión de acudir al ahora comisario jubilado, según informa Europa Press.

Goirigolzarri ha declarado en calidad de testigo cerca de una hora y media por el informe 'Trampa', uno de los primeros presuntos trabajos ilegales que Villarejo y sus empresas habrían hecho para BBVA, y que habría consistido en obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el banco entre los años 2004 y 2005.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, consideró necesario escuchar a Goirigolzarri, que fue consejero delegado de BBVA precisamente en esos años, “al existir indicios de que tuvo acceso al informe 'Trampa II', así como posteriormente al 'Trampa I', y que, aunque le pareció que podía ser delictivo, no se atrevió a comentarlo con Francisco González”.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el ex CEO ha afirmado que se enteró de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo en mayo de 2005 con Ángel Cano, también ex consejero delegado del banco pero que en ese momento tenía otras responsabilidades internas, situándose jerárquicamente por debajo de Goirigolzarri.

El ahora presidente de Caixabank ha contado que Cano le explicó que se había contratado a una agencia de inteligencia, aunque no recuerda que le mencionara los nombres de CENYT o Villarejo, en relación con la problemática con Sacyr.

De acuerdo con su testimonio, entró en cólera porque se había estado ocupando de la supuesta ofensiva de Sacyr y vio como una deslealtad hacia él que se enterara 'a posteriori' de que se habían contratado los servicios de una agencia de inteligencia para este asunto.

Al ser interrogado por las partes sobre quién pudo dar la orden de contratar a esa agencia de inteligencia, ha contestado que no siendo él, que en esa época era el 'número 2', la única persona con capacidad para adoptar tal decisión sin contar con el CEO era el 'número 1', señalando de este modo a González.

Otras fuentes matizan que Goirigolzarri ha expuesto que asume que la decisión de acudir a CENYT debió partir de González, pero que desconoce que fuese el entonces presidente quien los eligiese.

Las partes han incidido en la conversación con Cano, si bien Goirigolzarri ha subrayado que no le dio detalles de la contratación por parte de BBVA de esos servicios de inteligencia, limitándose a garantizarle que todo era legal. A partir de ese momento, no volvió a saber más, ha sostenido.

Acusaciones como venganza

Este lunes, el juez instructor también ha tomado declaración como testigo al que fuera director de Comunicación de BBVA Javier Ayuso, que ha negado que los informes que CENYT elaboró para la entidad financiera llegasen hasta su departamento.

Conforme a las citadas fuentes, Ayuso ha denunciado que tanto Villarejo como el jefe de Seguridad de BBVA en esa época, Julio Corrochano, trataron de implicarle en la contratación a modo de venganza, después de que revelase en los medios de comunicación la relación del banco con el comisario.

Así, ha negado que se reuniera con Corrochano para tratar asuntos relativos a Villarejo, al tiempo que ha querido puntualizar que BBVA no tenía que defenderse en modo alguno de Sacyr porque las supuestas maniobras de la constructora para desembarcar en el banco estaban abocadas al fracaso desde sus inicios.

Estas dos testificales suponen el último movimiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa 'Tándem', donde se investigan los presuntos servicios contratados por BBVA a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que se habrían pagado más de 10 millones de euros.

6 de mayo de 2012. Noche. En la sede del Ministerio de Economía y Competitividad se reúnen el entonces ministro, Luis de Guindos, y los cuatro principales banqueros del país: Isidro Fainé (La Caixa), Francisco González (BBVA), Emilio Botín (Santander) y Rodrigo Rato (Bankia). Es su segundo encuentro en 48 horas para valorar la situación del sistema financiero español, en este caso centrado en Bankia. La entidad heredera de Caja Madrid y otra media docena de cajas se encuentra al borde del colapso y Rato intenta defender su plan para reflotar y sanear el grupo. Al término de la reunión, el que fuera responsable del “milagro económico” del PP asume la realidad y anuncia su dimisión. 72 horas más tarde se producía la nacionalización de Bankia, el mayor rescate financiero de la historia de España.

Esta cena en una noche de domingo –“un modesto tentempié”, según el relato de Guindos en sus memorias– protagonizó una parte del juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia y todos los implicados –salvo Botín, por su fallecimiento– tuvieron que dar sus versiones de lo allí ocurrido. En ocasiones, estos relatos han chocado sobre lo que realmente se dijo en ella. Lo que se ha dado como hechos probados, que aparece en la sentencia del caso Bankia, es que dos días antes, el 4 de mayo, Guindos convocó a los cuatro banqueros citados en su Ministerio. El objetivo era informarles de que se iba a aprobar un Real Decreto que obligaría a hacer mayores provisiones en la banca para afrontar las pérdidas. Rato, en el transcurso del encuentro, pide otra reunión, en este caso para centrarla en Bankia.

En el mismo lugar y con los mismos presentes, pero cuarenta y ocho horas después, el que fuera vicepresidente del Gobierno defendió que el plan que había trazado para salvar a la entidad era suficiente y que no necesitaría más aportaciones por parte del fondo de rescate, el FROB. Todo ocurrió, según relató Rato, en “el despacho circular que está frente al despacho del ministro”. Según figura en la sentencia, “el señor ministro don Luis de Guindos, secundado por los presidentes del BBVA y Santander, señores González y Botín, consideró insuficiente el plan explicado por don Rodrigo de Rato, entendiendo que era necesario incrementar la cifra de ayudas públicas en una cuantía muy superior a los referidos 7.000 millones de euros, cercana a los 15.000 millones de euros, extremo que el señor Rato estimó inasumible y desproporcionado”. En ninguno de los dos encuentros estuvo presente Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, el supervisor del sector bancario.

Rato defendió en el juicio que fue una “encerrona” y que a él lo “cesaron”. Pero aquí es donde empiezan las versiones contradictorias. Guindos aseguró que “había desconfianza en el plan, pero no se entró en cuestiones personales”, y apuntó que fue Rato el que le sugirió que dimitiría. González, del BBVA, reconoció que “le dije que lo mejor era que dimitiera porque no podría conseguir ese capital. El señor Botín estaba de acuerdo y el ministro creo que también”. Fainé, según esta versión y la que él mismo planteó en el juicio, no habría presionado para su salida y habría visto con mejores ojos el plan de Rato.

Fuera como fuere el nivel de presión que recibió Rato, aquella reunión inició una cuenta atrás de 72 horas que acabó con el anuncio de la nacionalización de BFA, la entidad matriz de Bankia. Al día siguiente de la reunión, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional anunció públicamente su dimisión con un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una dimisión de la que posteriormente se arrepintió, según reconoció Guindos en su intervención en el Congreso durante la comisión de investigación de la crisis financiera. “En ese momento sí le dije: usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la CNMV”, aseguró el hoy vicepresidente del BCE.

El día 9 de mayo fue un día intenso en la entidad. A las 13:00 horas Rato convocó un consejo de administración de Bankia, donde dimitió y propuso a José Ignacio Goirigolzarri para ponerse al frente del grupo. A las 18:30 horas, hizo lo propio en BFA, la matriz del banco. “En tal acto, todos los asistentes, consejeros de la entidad, mostraron su apoyo y efusivas felicitaciones a don Rodrigo de Rato por su actuación al frente de las entidades BFA y Bankia”, reza la sentencia del caso Bankia. A las 20 horas, el consejo, ya con Goirigolzarri en la presidencia, informa a la CNMV que prevé convertir en acciones las participaciones preferentes que tenía el FROB (el Estado).

Bankia ya había quedado nacionalizada. Sin embargo, unas semanas más tarde, el 25 de mayo, la nueva dirección del banco reconocías, tras haberse reformulado las cuentas, que la situación del banco precisaba de una mayor inyección de dinero público. La nueva petición fue de 19.000 millones.

Estos días se cumple, por tanto, una década de aquellas reuniones secretas en el Ministerio de Economía entre banqueros y de las jornadas posteriores que causaron un grave daño a las cuentas públicas. El juicio del caso Bankia dejó todo este proceso, que incluye la creación de Bankia, la salida a Bolsa y la reformulación de sus cuentas –pasando de ganancias a unas pérdidas millonarias–, sin responsables. Los 34 acusados, con Rodrigo Rato a la cabeza, quedaron absueltos y, judicialmente, el mayor rescate financiero de la historia de España ha quedado sin culpables. La Audiencia Nacional entendió que no cabía condenar a los acusados porque todo lo que se hizo contaba con el aval del Banco de España. Sin embargo, los supervisores no fueron juzgados.

¿Qué fue de quienes acudieron a aquella cita? Guindos dejó en 2018 el Gobierno y ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. González dimitió de la presidencia de BBVA en 2018, presionado por el escándalo de la supuesta contratación del excomisario Villarejo por parte del banco. Botín falleció en 2014. Rato ha protagonizado buena parte de la crónica judicial de los últimos años con casos como el de las tarjetas black, por el que cumplió dos años de prisión, y por el caso Bankia, donde fue absuelto; entre otras causas que siguen abiertas. Fainé es el único de aquellos banqueros que sigue siendo poderoso. Ya no desde la presidencia del banco, pero sí desde la Fundación LaCaixa, principal accionista de CaixaBank, que, precisamente, acabó absorbiendo hace un año a Bankia.

Una quinta parte del rescate

Diez años después, el Estado sigue teniendo una patata caliente sobre la mesa, al igual que ocurre con la Sareb, el banco malo. En lo que respecta a Bankia, se inyectaron 24.000 millones (sumando las ayudas que recibió BMN, posteriormente absorbida). Solo una pequeña parte de aquel millonario rescate ha sido recuperada. De ese total hay que restar unos 1.100 millones que el Estado recibió en dividendos de Bankia en los años en los que fue su accionista mayoritario. Además, ya realizó dos desinversiones en el grupo bancario en 2014 y 2017, que se tradujeron en unos 1.300 y otros 800 millones. Se añaden otros 210 millones que ha recibido de dos dividendos como propietario del 16% de CaixaBank en el último año. Pese a todo, el importe pendiente de recuperar sigue, una década más tarde, por encima de los 20.000 millones.

La actual participación del Estado en CaixaBank, al igual que ocurría con el 61% que tenía en Bankia, no sirve para cubrir ese importe. Cuando en agosto de 2020 se anunció la fusión de ambas entidades, las acciones que tenía el FROB en el banco rescatado tenían un valor de 1.939 millones. Un año después de anunciarse el acuerdo, el paquete accionarial, entonces ya en el banco catalán, equivalía a unos 3.400 millones. A día de hoy, el 16% de CaixaBank cotiza en Bolsa con un valor de algo menos de 4.000 millones de euros. De este modo, el banco tendría que incrementar por cinco su valor bursátil para que el Estado recuperara el rescate, algo que se antoja muy difícil a día de hoy.

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal “por haber utilizado recursos” de BBVA “para su uso exclusivamente personal”, en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

En un escrito presentado el 8 de julio, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al exdirectivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del 'caso Tándem', en la que se investigan los contratos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público han solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que prorrogue la instrucción de la causa por un plazo de seis meses para continuar con la investigación.

El juez acordó la imputación de Francisco González en noviembre de 2019 por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos con el ex alto mando de la Policía investigado en la Audiencia Nacional.

La “operación Trampa”, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El juez considera que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una “reiterada injerencia” en los derechos de las personas “mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria”.

Valoración de una finca privada

En esta actuación, Anticorrupción se refiere a la utilización de los recursos del banco para valorar la adquisición de una finca a título privado, cuestión que ya salió a la luz durante el interrogatorio del exdirector de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, también investigado.

Según Béjar, el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, ahora jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, le habría dado “instrucciones precisas” para investigar la situación jurídica del propietario de una finca que Francisco González quería comprarse en El Escorial (Madrid).

A tenor de su versión, Gortari le trasladó que González había pedido hablar con “los detectives esos” que trabajaban para el banco para que indagasen al respecto, en referencia a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo. Fuentes jurídicas apuntan que puede ser un error de la Fiscalía porque Francisco González ya declaró sobre este tema y, además, queda explicado en el expediente disciplinario de Joaquín Gortari.

Piden imputación del director de Comunicación de BBVA

En su informe, Anticorrupción también propone que se cite como investigado al responsable de comunicación del BBVA, Pablo García Tobin, al guardar “relación estrecha con los hechos investigados” en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario.

Además, su testimonio “no se encuentra amparado por secreto profesional alguno” y serviría para esclarecer los indicios pues “dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad”, en alusión a FG (Francisco González).

Los fiscales se remiten al interrogatorio de la responsable de seguridad física, Inés Díaz Ochagavia, quien relató que crearon una carpeta en la nube para “levantar la información” que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, a instancias de García Tobin.

Anticorrupción sostiene que en la información de la que dispuso PwC a la hora de elaborar su “foresic” más en la documentación referenciada por el BBVA “no consta” ni aquella carpeta “ni la relación específica de metadatos” que podría permitir trazar el archivo desde su creación a la actualidad. Ello “evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos sin que consten los adjuntos”.

Para la Fiscalía, todo ello se debe a que la contratación de los servicios de Cenyt fue “al margen del procedimiento de selección de los proveedores de la entidad” y “se mantuvo opaca para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento”.

Pone en cuestión la colaboración del banco

El Ministerio Público cuestiona además la “presunta colaboración” del BBVA, si bien admite que la condición de persona jurídica investigada “impide que se le pueda requerir a que presente los datos pues se encuentra amparada por su derecho de defensa”.

Sin embargo, “nada impide dejar constancia de la falta de colaboración, y no porque esté obligada, sino porque en todos los escritos presentados afirma su voluntad de colaboración que (...) resulta, sino incierta, totalmente sí sesgada e interesada”.

En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción. 

La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.

Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario. 

Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro. 

Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa. 

En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como “un hombre nuestro” que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano. 

Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más paja y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa. 

El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.

En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en “un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado”. Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.

El expresidente del BBVA Francisco González matizó ante el juez del caso Villarejo la versión que acababa de dar sobre la reunión del 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas. Primero descartó que se abordara la denuncia que luego presentó el banco, de forma anónima, contra Ausbanc y, tras mostrarle el fiscal Ignacio Stampa el documento en el que su jefe de Servicios Jurídicos revela el plan, González añadió que “a lo mejor se habló” de la asociación de Luis Pineda por parte de alguno de los comensales.

Las respuestas son parte de la declaración que prestó como investigado González en la pieza 9 del caso Villarejo. En un momento de la misma, el fiscal le pregunta si acudió a la comida del 7 de enero de 2015 en el 'cuartel general' de la Policía. “Esto es un poco, en fin... No sé cuál es el adjetivo. Yo acudí a una comida en Canillas a invitación del director general de la Policía en aquel momento”, comienza a relatar González. El director general de la Policía era Ignacio Cosidó.

“Yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas, pero bueno, me llamaron otra vez, me invitaron y fui ahí, a una comida absolutamente institucional. -tengo ahora más información, en aquel momento ninguna- donde había gente importante de la Policía, el director general, estaba el señor Corrochano y estaba Eduardo Ortega. Y hablamos de qué servicio podía prestar el banco desde el punto de vista tecnológico porque el banco era muy avanzado en la parte tecnológica, y la Policía quería que le ayudáramos en ese tipo de cosas, esa es la comida de Canillas”, explica González.

El expresidente del BBVA se muestra molesto cuando el fiscal Stampa le pregunta si la comida no tenía por objeto preparar la presentación de la denuncia “anónima” contra Ausbanc, que atacaba al banco. “¿Pero usted cree que en una comida en la que está el director general de la Policía y supongo que comisarios muy importantes se habla de esas cosas y que yo como presidente del banco voy a hacer eso”, responde airado González.

Sin embargo, cuando el fiscal Stampa le muestra el documento 'Relatorio', obra de Eduardo Ortega, el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que activo la puerta giratoria para ir a trabajar al BBVA como jefe del Servicio Jurídico, Francisco González matiza su afirmación.

“Voy a ser muy preciso: no me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Aubanc y a lo mejor se habló, pero eso no es relevante para mi, evidentemente, porque son asuntos técnicos, por Eduardo Ortega, o alguno de los que estaban en la comida, pero yo la recuerdo como una comida absolutamente institucional sin referencia a denuncia o si vamos a hacer esto... Esto para mi no tienen ninguna validez”, añade.

El interrogatorio continúa acerca de si González conocía que el BBVA presentó una denuncia y que se acordó con la Policía que fuera anónima. Lo reconoce y añade que supone que la redactaría a Ortega porque, por su puesto, es lo lógico. El documento de Ortega dice que en la comida se pactó hacerlo de esta manera y que finalmente Corrochano se la entregó a Villarejo y que fue éste quien la depositó en la UDEF. “¿Usted sabe si Corrochano se la pasó a Villarejo?”, pregunta el fiscal Stampa. Y González responde: “¿Pero cómo voy a saber yo eso si no conozco al señor Villarejo”.

Un directivo del BBVA dejó por escrito en un documento que el presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de una “denuncia anónima” contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que está siendo juzgada por extorsionar al banco y otras entidades, en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales del Cuerpo.

Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, incorporado al sumario del caso Villarejo. El directivo Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos, escribió en un documento titulado “Relatorio” que él mismo participó junto a Francisco González “en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación”.

El informe de Anticorrupción continúa: “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña, y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente a las diligencias previas número 132/15 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional”.

Julio Corrachano era el jefe de seguridad del banco, a donde había ido a trabajar en 2002 directamente desde la jefatura de la Comisaría General de Policía Judicial. Corrochano está imputado por revelación de secretos y cohecho, al haber recibido presuntamente dádivas de Villarejo. Al frente de la UDEF estaba Manuel Vázquez y la Comisaría General de Policía Judicial, donde se integra la unidad anticorrupción, estaba dirigida por José Santiago Sánchez Aparicio. El director operativo de la Policía era Eugenio Pino, imputado en el caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. El máximo responsable político de la Policía era Ignacio Cosidó.

La UDEF fue creada en tiempos del Gobierno de Zapatero y al frente de la misma estuvo durante todo ese periodo José Luis Olivera, el comisario que siempre ha defendido la profesionalidad de Villarejo, incluso después de su arresto. En el momento del almuerzo en Canillas, Olivera acababa de ser encumbrado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), pese a su pública vinculación con uno de los primeros episodios de la Operación Catalunya. 

La Fiscalía sitúa a FG en la cúspide de la trama 

En el mismo escrito, incorporado a la pieza 9 del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Francisco González las órdenes para contratar al comisario. “Como presidente ejecutivo del BBVA habría sido la persona que ordenase a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Cenyt a través del director de Seguridad Corporativa, así como a las áreas correspondientes el pago de dichos servicios a sabiendas de su ilicitud, todo ello al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores, durante todos los años objeto de investigación”.

El principal investigado en el caso Ausbanc, Luis Pineda, defiende que todo el procedimiento abierto contra él y la supuesta asociación de consumidores que dirigía está contaminado porque, a su juicio, deriva de un “montaje policial” encarnado por Villarejo y el BBVA, que quería “neutralizarlo” por su actividad contra las prácticas bancarias abusivas. El tribunal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó este miércoles suspender el juicio, tal y como había reclamado la defensa de Pineda, que pidió aplazar su interrogatorio unos días para poder analizar la información contenida en el sumario sobre los encargos del BBVA a Villarejo.

El comisario José Manuel Villarejo presentó un informe al BBVA, uno de sus principales clientes, en el que justificaba el cobro de sus honorarios con las gestiones, exitosas o infructuosas, que había realizado para abortar el intento de asalto de la constructora Sacyr al consejo de administración del banco. “Proyecto FG”, como se llama el dosier, incluye la mención a miles de supuestos seguimientos, de presuntas intoxicaciones a medios, de gestiones con jueces y fiscales o interceptación de llamadas con un objetivo: “Provocar el abandono del plan de acoso contra FG y, con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la Junta del 26 de febrero”. FG es Francisco González, en aquel entonces presidente de la entidad.

Ese es el “fundamento” del trabajo, como lo llama Villarejo en su informe. A continuación, explica brevemente los “objetivos propuestos por K”, la letra con la que se refería al “cliente”, el BBVA. “El departamento jurídico del K solo quería que se contactara con los accionistas de SV (contrarios a la operación) para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG”, añade. Por SV se refiere a Sacyr Vallehermoso. Y Villarejo añade otros “objetivos” por su Grupo de Intervención: “Se consideró crucial emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir”. El GH es el Grupo Hostil que forman Luis del Rivero, al frente de Sacyr en ese momento, y otros presuntos colaboradores en llevar a cabo con éxito la OPA en el año 2005.

En el apartado “contactos”, el policía cuenta “89 encuentros con medios de comunicación”. Justo debajo, en el apartado “infiltraciones”, Villarejo detalla que ha tenido “39 intentos fallidos en medios de comunicación y entidades económicas” y “éxito” en 13 medios de comunicación: cinco periódicos digitales, dos televisiones nacionales, una autonómica, un grupo de comunicación, dos periódicos nacionales y dos cadenas de radio de ámbito estatal. Esas “infiltraciones” con “éxito”, como las llama el policía, las divide en “incidir sin reservas en su línea editorial (5), ”con reservas“ (5) e ”intoxicar para dudar de las fuentes“ (2). Aparte cuenta ”18 éxitos en incidir con reservas en la línea editorial de otros medios periféricos“.

En ese mismo apartado de “contactos”, Villarejo también incluye 73 reuniones con miembros de los “Servicios de Información e Inteligencia” del Gobierno, otros 27 con servicios extranjeros, 64 con especialistas en economía, bolsa o mercados y “49 acercamientos a entornos privados y cercados de los miembros del GH”.

En la profusión de capítulos con nombres rimbombantes, Villarejo llama “boicot” a sus logros: “87 acciones de desinformación en medios de comunicación que finalmente no fueron publicadas, aunque se transmitió su contenido a quienes estaban previsto que llegaran; 68 acciones de desinformación en ámbitos económico-políticos sobre crisis de valores que se provocarían en bolsa, pagos de sobornos y financiaciones ilegales a políticos...”.

Otro de los epígrafes se llama “penetraciones”: “8 intentos fallidos en el entorno de los accionistas de Sacyr (23 más en otros ámbitos), 3 intentos fallidos en el servicios de escoltas de Sebastián, Arenillas y Rivero, 1 éxito en el departamento de seguridad de SV (especialmente en el control de accesos) y un éxito en la asociación ADIC (Pérez Escolar)”. Y llegan los “acercamientos”. Villarejo dice que ha tenido 9 intentos “fallidos” en medios judiciales y éxito en cuatro: juzgados de Madrid, Murcia, Fiscalía Anticorrupción y Corte Judicial de Chile“.

En relación al control de las comunicaciones, el informe de Villarejo detalla que habría interceptado entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 hasta 16.487 llamadas, de las que consideró relevantes 869. Entre ellas, algunas conversaciones de Miguel Sebastián, que entonces era director de la Oficina Económica en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; o de los empresarios Luis del Rivero o Juan Abelló. El citado documento también recoge que habría invertido más de 16.000 horas en hacer seguimientos: 7.150 a objetivos “en movimiento” como “individuos, citas y reuniones”, 7.480 a objetivos “fijos” entre los que incluye vehículos, domicilios y restaurantes y 1.675 horas en “contravigilancias y controles aleatorios”.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha acordado levantar el secreto de sumario sobre la pieza 9, la que investiga los contratos por parte del BBVA a las empresas del comisario, informan a eldiario.es fuentes jurídicas. El magistrado responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró la semana pasada que la práctica de las diligencias acordadas y el paso del tiempo permitían levantar el secreto sin que esta medida perjudique al normal desarrollo de la causa, en la que el segundo banco del país figura como investigado, al igual que su expresidente Francisco González.

La pieza 9 del caso Villarejo versa sobre los pagos del BBVA a las empresas del caso Villarejo cuando éste era policía en activo y estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Fuentes del caso cifran en alrededor de 12 millones de euros la cantidad obtenida por el entramado empresarial de Villarejo del BBVA siendo el presidente de la entidad Francisco González.

Unas grabaciones del archivo del comisario publicadas por moncloa.com y El Confidencial desvelan la relación del que fuera jefe de seguridad del BBVA, el también comisario jubilado Julio Corrochano, con Villarejo. La pieza 9 del caso se remonta a la supuesta contratación de Villarejo para abortar la toma de control del consejo de administración del BBVA por parte de la consultora Sacyr en 2005 con el visto bueno del entonces Gobierno socialista. Corrochano está investigado por cohecho y revelación de secretos y el juez le impuso una fianza de 300.000 euros tras tomarle declaración el pasado mes de julio.

En una conversación de las grabaciones incautadas a Villarejo, mantenida en enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.

En noviembre llegó el turno de Francisco González, que continúa imputado. Tras prestar declaración, el expresidente del BBVA afirmó: “No puedo entrar en detalles porque esta pieza está bajo secreto de sumario. Sí puedo decirles que, una vez que termine de esta investigación, quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”. La declaración que más se prolongó fue la del representante legal del BBVA, que ocupó tres jornadas y más de 14 horas.

Entre la lista de responsables del banco investigados también figura el exnúmero dos de Francisco González, Ángel Cano, y Ángel Arbizu, quien ocupaba hasta el pasado verano el puesto de responsable de Regulación y Control Interno de la entidad.

Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos del BBVA España, ha señalado ante el juez al ex jefe de Seguridad del banco Julio Corrochano como responsable de contratar al excomisario José Villarejo, si bien ha considerado que dado su escalafón en la empresa no pudo hacerlo al margen de la anterior dirección.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, durante su extensa declaración ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, Fraguas ha apuntado directamente como responsables de los contratos con Villarejo a Corrochano, sobre el que pesa una fianza de 300.000 euros por estos hechos, y al exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar.

También, pero de forma más tangencial, ha expuesto que otra de las personas que podía estar al tanto era el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, y según las fuentes, también de su declaración se puede inferir que el expresidente de la entidad Francisco González pudiera saber algo al respecto.

García Castellón y los fiscales del caso han retomado este jueves la declaración que Fraguas comenzó a prestar la semana pasada como representante legal del banco, imputado como persona jurídica por los pagos que hizo la entidad bancaria a Villarejo por trabajos de espionaje.

El primer día, Fraguas estuvo declarando durante tres horas y media y este jueves se ha extendido cinco horas más, y según las fuentes deberá ser citado otro día o más días -aún por fijar- para completar el interrogatorio que aún están formulando los fiscales, por lo que aún les queda por preguntar a los abogados personados en representación del banco.

El largo interrogatorio se ha centrando hoy fundamentalmente en el sistema de compliance del banco y si se cumplió con la normativa interna.

A este respecto, y tras prestar declaración la semana pasada, el BBVA, entidad que ahora preside Carlos Torres Vila tras la salida de Francisco González, emitió una nota de prensa en la que reiteraba su compromiso con la justicia, con la que asegura haber colaborado de forma “proactiva” desde el inicio de la causa aportando documentación y el propio informe “forensic” elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.

“Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día”, indicó Torres Vila.

Fraguas ha sido de los pocos que no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, como sí han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa -cargos actuales y pasados del BBVA- con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del banco con Villarejo continúa bajo secreto.

Siguió así la misma línea de Béjar y del expresidente del BBVA Francisco González, que la pasada semana accedió a prestar declaración para desvincularse del excomisario y defender la actuación de la entidad, más allá de alguna conducta individualizada que, de confirmarse, podría tener reproche penal, aludiendo fundamentalmente a Corrochano.

La del BBVA es la novena pieza del caso Tándem y gira en torno a las contrataciones que habría realizado el banco desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad y que finalmente no tuvo éxito. El BBVA está investigado como persona jurídica por supuesto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El expresidente del BBVA Francisco González ha responsabilizado al exnúmero dos del banco, Ángel Cano, y a quien fuera jefe de seguridad de la entidad, el excomisario Julio Corrochano, de los encargos al comisario Villarejo, que incluyen espionaje a rivales, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. González ha declarado este lunes durante dos horas y media ante el juez Manuel García Castellón como investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos.

A la salida de su declaración, González ha hecho una intervención ante los medios recordando que la causa está secreta y asegurando que, de haberse producido alguna irregularidad, ni el BBVA ni sus directivos serían responsables más allá de “alguna conducta individual”.

Corrochano, que era el máximo responsable de Policía Judicial cuando fue fichado por el BBVA en septiembre de 2002, declaró como investigado y el juez dictó prisión contra él eludible con una fianza de 300.000 euros, que el policía abonó. Por su parte, Ángel Cano fue citado el pasado julio y se acogió a su derecho a no declarar. González ha recordado hoy que Corrochano dependía del consejero delegado.

Se da la circunstancia de que ambos aparecen señalados en los audios en poder de la Audiencia Nacional. Corrochano habla en varios de ellos con el propio Villarejo y en una de esas grabaciones del comisario encarcelado el director de seguridad del BBVA asegura que los destinatarios de los informes de inteligencia son Francisco González y “Ángel”.

De acuerdo a la versión que ya había adelantado cuando surgió el escándalo, González ha afirmado esta mañana ante los periodistas que en mayo de 2018 tuvo conocimiento de que Cenyt, una de las empresas de Villarejo, “había prestado algunos servicios al grupo BBVA”. “Inmediatamente -ha continuado- abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente se abrió también una pieza judicial y, al final de julio, emití un comunicado en el que dije que estaba máximamente interesado en declarar. Hoy he tenido la oportunidad de hacerlo y he podido contestar con toda transparencia, con toda claridad, a todas las preguntas de los fiscales y también del juez”.

Antes de marcharse, Francisco González ha rematado: “Puedo asegurar que BBVA es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja no solo en beneficio de sus clientes y accionistas sino que también presta servicios relevantes a la sociedad”.

En una conversación de las grabaciones incautadas a Villarejo, mantenida en enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último. Corrochano declaró como investigado y el juez dictó prisión contra él eludible con una fianza de 300.000 euros, que el policía abonó.

El expresidente del BBVA Francisco González ha declarado esta mañana durante dos horas y media ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, quien le había citado como investigado por los pagos millonarios de la entidad al policía encarcelado en la época en la que él estaba al frente del segundo banco del país. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado al juez que imponga a González medidas cautelares al término de su declaración.

“No puedo entrar en detalles porque esta pieza está bajo secreto de sumario. Sí puedo decirles que, una vez que termine de esta investigación, quedará muy claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco”, ha asegurado González al salir de la Audiencia Nacional. El expresidente del BBVA ha hecho esas declaraciones ante los medios, pero no ha admitido preguntas.

De acuerdo a la versión que ya había adelantado cuando surgió el escándalo, González ha afirmado que en mayo de 2018 tuvo conocimiento de que Cenyt, una de las empresas de Villarejo, “había prestado algunos servicios al grupo BBVA”. “Inmediatamente -ha continuado- abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente se abrió también una pieza judicial y, al final de julio, emití un comunicado en el que dije que estaba máximamente interesado en declarar. Hoy he tenido la oportunidad de hacerlo y he podido contestar con toda transparencia, con toda claridad, a todas las preguntas de los fiscales y también del juez”.

Antes de marcharse, Francisco González ha rematado: “Puedo asegurar que BBVA es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja no solo en beneficio de sus clientes y accionistas sino que también presta servicios relevantes a la sociedad”.

En la jornada de este lunes estaba citado, aunque como testigo, el que fuera director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso. Como investigado ha comparecido el policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla.

Solo entre 2013 y 2017 está acreditado que el BBVA pagó a las empresas de Villarejo 5.058.099,38 euros sin IVA y 6.109.388,23 euros con IVA, según facturas que abarcan hasta seis meses antes de que el policía fuera detenido. Esas facturas aluden a denominaciones genéricas que no permiten profundizar en la naturaleza de los trabajos. Otra documentación demuestra que Villarejo había investigado a intensamente a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, que extorsionaba presuntamente al BBVA y otros bancos.

Cuando se hizo pública esa documentación, la entidad se limitó a explicar que una empresa de Villarejo había sido “proveedora del área de seguridad del banco para servicios de asesoría en materia de seguridad, y de protección de los activos y personas de la entidad”. “Todos los contratos, de manera expresa, citaban la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación”, añadió entonces un portavoz de la entidad.

El banco también contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

En su visita de hace siete años a la Audiencia Nacional, Francisco González, aún presidente del BBVA, evidenció su facilidad para fabricar titulares. “La contabilidad es un chicle” o “Bankia era el elefante en la habitación” pujaron en los medios por encabezar las crónicas de su declaración como testigo en la causa por la salida a Bolsa de la entidad que presidió Rodrigo Rato. Este lunes, FG, ya jubilado, a quien el caso Villarejo ha forzado a dejar la presidencia de honor de la entidad, tendrá la oportunidad de responder a las preguntas de juez y fiscales con su particular elocuencia y explicar por qué hizo rico con sus encargos al presunto cabecilla de una organización criminal, por aquel entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

En esta ocasión, González ha sido citado como investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Detrás de esta acusación, están los contratos millonarios firmados por las empresas del policía con el BBVA entre 2002 y 2017. A diferencia de sus dos declaraciones como testigo en el caso Bankia (también testificó el pasado abril durante la vista oral), Francisco González podrá esta vez acogerse a su derecho a no declarar. El secreto de las actuaciones es un argumento recurrente de los abogados de las defensas para recomendar a sus defendidos que aguarden a conocer con detalle de qué se les acusa, lo que ocurre una vez se ha alzado dicho secreto. La pieza 9 del caso Villarejo, dedicada a investigar los contratos con el BBVA, permanece por ahora secreta.

La detención del comisario el 3 de noviembre de 2017 provocó un temblor que se extendió por la clase política y empresarial. Lo que era difícil de imaginar entonces es que la preocupación trepaba por las sedes de las grandes empresas del Ibex 35 hasta alcanzar las plantas nobles. Los dos jueces que ha tenido el caso desde que arrancó han ido abriendo piezas separadas según aparecían carpetas con encargos a Villarejo entre los 40 terabytes de documentación incautada. Y ahí, entre horas y horas de grabación, han aparecido las relaciones del policía con BBVA e Iberdrola, aunque fuentes del caso no descartan que la lista de empresas del IBEX implicadas se amplíe.

En esa documentación queda en evidencia que el segundo banco de España, el BBVA, y en tiempos de la presidencia de Francisco González, aupado hasta allí por José María Aznar, fue uno de los principales clientes de Villarejo, cuyas empresas facturaron a la entidad hasta poco antes de que fuera detenido. El pasado verano, el portal moncloa.com comenzó a publicar grabaciones que evidenciaban la relación del BBVA con Villarejo a través del jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, antiguo comisario general de Policía Judicial.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.

En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último. Corrochano declaró como investigado y el juez dictó prisión contra él eludible con una fianza de 300.000 euros, que el policía abonó.

Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016. El comisario llegó a monitorizar las actividades de 172 jueces y su relación con la falsa asociación de consumidores que atacaba al banco.

En la tanda de nuevas citaciones dictadas por el juez Manuel García Castellón también figuran Juan Asúa, en activo como asesor del actual presidente del BBVA, Carlos Torres; Manuel Castro, quien fuera jefe de Riesgos; y Eduardo Arbizu, director de los servicios jurídicos; Manuel Castro. El BBVA está imputado como figura jurídica. Otros directivos y exdirectivos han declarado ya ante García Castellón. El único que ha decidido aportar información ha sido Antonio Béjar, también antiguo responsable de Riesgos. Béjar reveló que el banco había contratado a Villarejo para localizar morosos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González, en la pieza en la que se investigan los pagos al comisario jubilado José Villarejo. González ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre, según informan a Europa Press en fuentes jurídicas.

El juez García Castellón también ha acordado la imputación de Juan Asúa, que es el asesor de cabecera del actual presidente del banco, Carlos Torres; y de Eduardo Arbizu, que ocupaba hasta el pasado verano el puesto de responsable de Regulación y Control Interno de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción pidió esta misma semana al juez la imputación de González y de los otros cargos de la entidad en la pieza en la que se investigan estos pagos. Las empresas del policía facturaron más de seis millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017. Francisco González dejó todos sus cargos en la entidad financiera el pasado marzo.

El material incautado al comisario jubilado referente a su relación con el BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem, en la que se investiga el espionaje que encargó la entidad al comisario jubilado en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó durante 13 años.

Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasa en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubila en 2016.

Por estos hechos, el juez García Castellón acordó el pasado julio la imputación de la entidad “como persona jurídica” por los delitos de revelación de secretos y corrupción en los negocios. Anticorrupción responsabiliza al BBVA de la contratación de “servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito” al comisario.

También está imputado por los pagos del BBVA el inspector jefe jubilado Antonio Bonilla, al que también se investiga en otras piezas del caso Villarejo. Las pesquisas le señalan como uno de los colaboradores de Villarejo que obtenía datos confidenciales de los contactos que conservaba en la Policía.

Espionaje ante la OPA de Sacyr

Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA a través del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del Ibex después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación del expresidente del BBVA Francisco González en la pieza en la que se investigan los pagos al comisario jubilado José Villarejo, informan a eldiario.es fuentes jurídicas. Los delitos que le atribuye son cohecho y revelación de secretos. González dejó todos sus cargos en la entidad financiera el pasado marzo.

Junto a González, los fiscales han pedido la imputación de Juan Asúa, que es el asesor de cabecera del actual presidente del banco, Carlos Torres; y de Eduardo Arbizu, que ocupaba hasta el pasado verano el puesto de responsable de Regulación y Control Interno de la entidad. Las empresas de Villarejo facturaron más de seis millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017.

El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem, en la que se investiga el espionaje que encargó la entidad al comisario jubilado en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó durante 13 años.

Villarejo era entonces funcionario en activo y comisario en la Comisaría General de Policía Judicial, donde estuvo destinado hasta 2010. A partir de esa fecha pasa en comisión de servicio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, donde se jubila en 2016.

Por los hechos citados, el juez García Castellón acordó el pasado julio la imputación de la entidad “como persona jurídica” por los delitos de revelación de secretos y corrupción en los negocios. Anticorrupción responsabiliza al BBVA de la contratación de “servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito” al comisario.

También está imputado por los pagos del BBVA el inspector jefe jubilado Antonio Bonilla, al que también se investiga en otras piezas del caso Villarejo. Las pesquisas le señalan como uno de los colaboradores de Villarejo que obtenía datos confidenciales de los contactos que conservaba en la Policía.

Espionaje ante la OPA de Sacyr

Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA a través del exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del Ibex después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

La petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el BBVA sea investigada como entidad en la Audiencia Nacional hace intuir la magnitud de los movimientos telúricos que provocaron la detención del comisario José Manuel Villarejo y las primeras noticias sobre la incautación de su archivo secreto, allá por el otoño de 2017. La previsible imputación del segundo banco del país emerge en el tablero tridimensional del caso Villarejo disputando espacio a otros poderes del país, desde la judicatura a la clase política, pasando por el alto tejido empresarial o la monarquía. Al virus del comisario no le costó extenderse por unos estamentos que engordaron la cuenta corriente del policía a cambio de encargos inconfesables. 

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la persona jurídica del BBVA los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En una nota hecha pública este miércoles, Anticorrupción alude al artículo 31 bis del Código Penal por el que una persona jurídica debe responder de aquellos delitos por los que se haya beneficiado y que hayan sido cometidos por sus representantes legales. Entre ellos se incluyen inclumplimientos graves de las funciones de “supervisión, vigilancia y control” de su actividad. Ocho directivos están ya imputados en la causa, incluido su exconsejero delegado Ángel Cano.

La pieza 9 del caso Villarejo o Tándem, como se bautizó a la operación policial, está dedicada a investigar los posibles delitos que encierra la relación entre el comisario y el banco. Fue abierta en secreto en diciembre de 2018. Para entonces, la relación de Villarejo y el BBVA llevaba dos meses siendo ventilada en los medios. elindependiente.com había desvelado en octubre que el BBVA pagó más de cinco millones de euros (sin contar el IVA) entre 2012 y 2017 a Villarejo, por entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

Le siguieron una serie de informaciones que señalaban también a Iberdrola, Repsol, Banco de Santander y La Caixa como clientes del comisario mientras éste estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. La conclusión estaba servida: el establishment económico del país confiaba en el policía.

En una nota difundida el miércoles por la tarde, el BBVA, que se refiere a esta pieza del caso Villarejo como 'caso Cenyt', por el nombre de una de las empresas del comisario, recuerda que el escrito de Fiscalía no supone “la acusación formal por ningún delito” contra su persona y recuerda que colabora con la Audiencia Nacional desde antes incluso de que se abriera la pieza 9.

“Posteriormente ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC”, dice el comunicado. Anticorrupción rechaza en su escrito que el juez acepte al BBVA como perjudicado en la causa, según había solicitado el banco.

La investigación al BBVA reproduce el patrón de actuación de la banda de Villarejo: camuflaban actividades ilegales para el cliente tras contratos de supuesta asesoría en materia de seguridad, siempre a nombre de las sociedades que integran el grupo empresarial del policía. Ese conglomerado empresarial de Villarejo fue aparentemente investigado en tiempos de Jorge Fernández Díaz, empujado por revelaciones periodísticas, para concluir que era perfectamente compatible con el desempeño como funcionario público del comisario. Era la época de los espionajes políticos de la Operación Catalunya y a Luis Bárcenas, ambos encargados por el Ministerio del Interior y en los que Villarejo tuvo una participación destacada.

La relación del policía con el BBVA se explica en la figura de Julio Corrochano, comisario jubilado que fue jefe de seguridad del gigante bancario y que hizo de nexo para la contratación de Villarejo. Corrochano es uno de los ocho directivos y antiguos responsables del banco que están imputados. El policía ha tenido que pagar una fianza de 300.000 euros para evitar la cárcel y Anticorrupción considera que sacó tajada del vínculo entre su colega y el banco.  

Como Villarejo, Corrochano ingresó en la Policía en los estertores del franquismo, concretamente un año después que su colega, en 1974. Y como Villarejo ocupó destinos sensibles, tanto en la lucha antiterrorista como en la Policía Judicial, especialidad de la que llegó a ser el máximo responsable del Cuerpo. De él dependían todas las investigaciones contra el crimen organizado, incluida la corrupción, cuando abandonó la Policía por la oferta del BBVA, en septiembre de 2002. Corrochano es exponente del flujo de mandos policiales hacia los bancos, las compañías telefónicas, las empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios. Con todos ellos procuraba seguir teniendo trato su antiguo colega Villarejo.  

Las grabaciones de 2005

La investigación judicial ha permitido remontar la relación entre Villarejo y el banco a finales de 2004, hace quince años. En diciembre de ese año es contratado por la entidad bancaria para abortar la operación que pretendía arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.

Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco. El comisario quiso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados. En realidad había obtenido de compañías telefónicas el tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Son los metadatos que las telefónicas tienen obligación de guardar durante un año.

En un informe para el banco, Villarejo reproduce una supuesta conversación entre Ignacio Rupérez (jefe del servicio de estudios del Santander) con Miguel Sebastián el 18 de enero de 2005. Ese día se había presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores contra el entonces presidente del BBVA, Francisco González, por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad a bolsa.

En el diálogo, Ignacio Rupérez afirma que esta denuncia acabará con la dimisión de González. Entonces, Sebastián pasa supuestamente el telefóno a María Teresa Fernández de la Vega. “Me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema...”, dice la vicepresidenta del Gobierno, según el informe de Villarejo que publicó elconfidencial.com. Se refiere a que la Justicia había abierto juicio oral contra Emilio Botín por las cesiones de crédito. “Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas [inaudible] aunque ya sabes cómo son en ese ministerio”, añade.

Los investigadores consideran que Villarejo obtuvo el tráfico de llamadas del teléfono de Rupérez para saber cuándo se produjo la conversación y cuánto duro, pero que el contenido de la misma se lo inventó o lo supo por aproximación del mismo porque alguien se lo contó. Un presunto colaborador de Villarejo, Enrique Maestre, resume la práctica de la banda de Villarejo con sus clientes en una grabación de otra pieza del caso: “Vamos a ver, aquí hay una parte real y una parte de show”.

Encargos contra Pineda y Ausbanc

La otra pata de la investigación en la Audiencia Nacional es el encargo del BBVA para que Villarejo investigara a Ausbanc. La Fiscalía describe la actividad de Pineda al frente de Ausbanc, consistente en amenazar a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que apenas nadie leía.

Una extensa documentación desvelada por eldiario.es en noviembre pasado revela que el comisario Villarejo llegó a rastrear la actuación de 172 jueces para incluirla en sus informes para el BBVA. Los dividió en tres apartados: los magistrados que acudían a las conferencias remuneradas de Ausbanc, aquellos que intervenían en demandas de la organización de consumidores a los principales bancos y otra para los togados que habían fallado a favor de la falsa asociación de consumidores. El comisario acumuló más de medio giga de información en cerca de 800 archivos informáticos, entre notas del registro mercantil, fotografías a las propiedades del presidente de Ausbanc o bases de datos de jueces.

El juez Santiago Pedraz dictó el pasado agosto auto de apertura de juicio oral contra Pineda y el resto de los acusados. Está previsto que la vista arranque en septiembre. Para el presidente de la asociación, la acusación pide 118 años de cárcel por liderar una organización criminal, 16 delitos continuados de extorsión, cuatro de extorsión, siete de extorsión en grado de tentativa, delito de estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La investigación judicial a Ausbanc arrancó un año después de que Villarejo elaborase su dossier para el BBVA. Ocurre el 2 de febrero de 2014 cuando la UDEF de la Policía recibió una “denuncia anónima” describiendo las actividades ilícitas de Pineda, según consta en el primer informe policial incorporado al sumario. Quince días después de la presentación de esa denuncia anónima, Villarejo ingresó la factura récord dentro de su relación con el BBVA, los 2.577.661,70 euros de la “prima de éxito” por el contrato firmado cuatro años antes. “Liquidación final”, recoge la factura. 

El BBVA, entidad que había desempeñado un supuesto papel de resistencia frente al chantaje de Pineda, ha decidido retirar la acusación a pocas semanas para el inicio del juicio. Su decisión trascendió horas después de que se conociera que Luis Pineda ha presentado una querella contra el banco, Villarejo, Corrochano y otros en la que asegura que un testigo protegido podría suministrar información relevante de la relación entre el policía y la entidad.

Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso, niega que las entidades bancarias hayan sido extorsionadas. Su representación legal ve más bien un pago por “buena publicidad” en las publicaciones de Ausbanc. “Los bancos solo denunciaron cuando Pineda les comenzó a exigir más dinero”, dicen fuentes de la acusación popular.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha asegurado este miércoles ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que nunca se reunió con el expresidente del BBVA Francisco González ni habló con él, dado que su contacto en la entidad financiera era el jefe de seguridad, Julio Corrochano.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el abogado del policía, Antonio José García Cabrera, explicaba así el contenido de la declaración de Villarejo en la cárcel como investigado por los servicios que su empresa, Cenyt, prestó a la entidad financiera durante cerca de 13 años a cambio de importes que podrían superar los 10 millones de euros, de acuerdo a los investigadores.

Preguntado por la implicación de González, el letrado ha incidido en que el origen de las instrucciones para contratar a Villarejo habrá de determinarlo el juez, porque el comisario solo ha reconocido que su contacto era Corrochano, con quien despachó “en varias ocasiones” y “con quien se firmaron los contratos”.

Tras incidir en que los servicios que Cenyt daba al BBVA como “recuperación de saldos de morosos” era “una actividad totalmente lícita”, Villarejo ha explicado ante el juez que el encargo relativo a frenar la entrada de Sacyr en el Consejo de Administración de la entidad y que conllevó seguimientos a políticos, empresarios y políticos, tenía relación con la seguridad del Estado, siempre según el letrado.

“No se hizo ningún tipo de espionaje sino un encargo de Estado en interés de la soberanía nacional, económica y política de España. Le fue encargado por los servicios de inteligencia y no se enmarca como espionaje sino como una labor defensiva del banco en sus propios intereses”, señala García Cabrera.

Insiste en que la posición que Villarejo ha defendido ante el juez es que “la inteligencia española le encargó esos informes” sobre la entrada de Sacyr y los confeccionó “en el marco de una actuación legítima que realizaba el banco, una labor defensiva ante una OPA que parecía del todo injustificada”.

Entiende así el comisario que “lo que se defendió eran intereses generales de España en virtud de los cuales el señor Villarejo tenía encargado en parte, la realización de esa actividad”.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como investigado al exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano para esta misma semana, los días 4 y 5 de julio, en el marco de la pieza 9, dedicada a esclarecer los encargos del banco al policía encarcelado, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

También han sido citados el consejero delegado de la entidad hasta 2015, Ángel Cano; el jefe del grupo en el equipo de Seguridad, Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial, Ignacio Pérez Caballero; y la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia. Además, el juez ha llamado como investigados al que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y posterior responsable de BBVA Real Estate, Antonio Béjar González; al miembro del Comité de Dirección de la entidad hasta 2018, Ricardo Gómez Barredo; y a su exdirector de finanzas, Javier Malagón Navas, todavía vinculado al banco. Ha sido citado también el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo, según informa Europa Press. 

Corrochano fue jefe de seguridad del BBVA durante buena parte del periodo de Francisco González al frente del banco y lleva meses siendo investigado, como desveló en abril pasado eldiario.es. Julio Corrochano, que llegó a ser comisario general de Policía Judicial, actuó como vínculo entre el comisario Villarejo y el expresidente de la entidad, según acreditan grabaciones y contratos. Las empresas de Villarejo facturaron más de 6 millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017.

El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA vía Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.

El comisario quiso incluso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos, pero en realidad se trataba del tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Se trata de los metadatos que las compañías telefónicas tienen obligación de guardar durante un año, pero nunca de su contenido. Como era habitual en el comisario, Villarejo intentó atacar a sus objetivos con cuestiones de su vida privada o íntima para luego filtrarlas a medios de comunicación con los que trabajaba.

En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupa después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.

Corrochano llegó a jefe de la estructura dedicada a combatir los delitos económicos, la corrupción y otros tipos de crimen organizado en enero de 2002, pero solo permaneció en el cargo nueve meses. En septiembre de ese año se incorporó al BBVA como jefe de seguridad y en ese puesto permaneció 16 años, hasta el pasado 2018, momento en el que le llegó la edad de jubilación. Su trayectoria en el banco es, por tanto, paralela a la de Francisco González, que llegó a la presidencia en 2000. Corrochano ha declinado atender a eldiario.es.

Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016.

Un nuevo comisario de Policía, ya jubilado, está siendo investigado en el caso Villarejo. Se trata de Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA durante buena parte del periodo de Francisco González al frente del banco, han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. Corrochano, que llegó a ser comisario general de Policía Judicial, actuó como vínculo entre el comisario Villarejo y el expresidente de la entidad, según acreditan grabaciones y contratos. Las empresas de Villarejo facturaron más de 6 millones de euros al BBVA solo entre 2012 y 2017.

El material incautado a Villarejo referente a su relación con BBVA motivó la apertura de una pieza separada, la número 9 de la causa Tándem. Moncloa.com y El Confidencial han publicado grabaciones y documentos sobre la relación entre Villarejo y el BBVA vía Corrochano, uno de los exponentes del recorrido de mandos policiales hacia bancos, compañías telefónicas, empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios.

El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados.

El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.

Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.

El comisario quiso incluso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos, pero en realidad se trataba del tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Se trata de los metadatos que las compañías telefónicas tienen obligación de guardar durante un año, pero nunca de su contenido. Como era habitual en el comisario, Villarejo intentó atacar a sus objetivos con cuestiones de su vida privada o íntima para luego filtrarlas a medios de comunicación con los que trabajaba.

En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupa después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.

Corrochano llegó a jefe de la estructura dedicada a combatir los delitos económicos, la corrupción y otros tipos de crimen organizado en enero de 2002, pero solo permaneció en el cargo nueve meses. En septiembre de ese año se incorporó al BBVA como jefe de seguridad y en ese puesto permaneció 16 años, hasta el pasado 2018, momento en el que le llegó la edad de jubilación. Su trayectoria en el banco es, por tanto, paralela a la de Francisco González, que llegó a la presidencia en 2000. Corrochano ha declinado atender a eldiario.es.

Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016.