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Villarejo vendió al BBVA que manipulaba a jueces, fiscales y periodistas en su “Proyecto FG” contra la OPA de Sacyr

La pieza 9 del caso Villarejo muestra los vínculos de la banca con una presunta organización criminal de policías

Pedro Águeda / Elena Herrera

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El comisario José Manuel Villarejo presentó un informe al BBVA, uno de sus principales clientes, en el que justificaba el cobro de sus honorarios con las gestiones, exitosas o infructuosas, que había realizado para abortar el intento de asalto de la constructora Sacyr al consejo de administración del banco. “Proyecto FG”, como se llama el dosier, incluye la mención a miles de supuestos seguimientos, de presuntas intoxicaciones a medios, de gestiones con jueces y fiscales o interceptación de llamadas con un objetivo: “Provocar el abandono del plan de acoso contra FG y, con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la Junta del 26 de febrero”. FG es Francisco González, en aquel entonces presidente de la entidad.

Ese es el “fundamento” del trabajo, como lo llama Villarejo en su informe. A continuación, explica brevemente los “objetivos propuestos por K”, la letra con la que se refería al “cliente”, el BBVA. “El departamento jurídico del K solo quería que se contactara con los accionistas de SV (contrarios a la operación) para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG”, añade. Por SV se refiere a Sacyr Vallehermoso. Y Villarejo añade otros “objetivos” por su Grupo de Intervención: “Se consideró crucial emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir”. El GH es el Grupo Hostil que forman Luis del Rivero, al frente de Sacyr en ese momento, y otros presuntos colaboradores en llevar a cabo con éxito la OPA en el año 2005.

En el apartado “contactos”, el policía cuenta “89 encuentros con medios de comunicación”. Justo debajo, en el apartado “infiltraciones”, Villarejo detalla que ha tenido “39 intentos fallidos en medios de comunicación y entidades económicas” y “éxito” en 13 medios de comunicación: cinco periódicos digitales, dos televisiones nacionales, una autonómica, un grupo de comunicación, dos periódicos nacionales y dos cadenas de radio de ámbito estatal. Esas “infiltraciones” con “éxito”, como las llama el policía, las divide en “incidir sin reservas en su línea editorial (5), ”con reservas“ (5) e ”intoxicar para dudar de las fuentes“ (2). Aparte cuenta ”18 éxitos en incidir con reservas en la línea editorial de otros medios periféricos“.

En ese mismo apartado de “contactos”, Villarejo también incluye 73 reuniones con miembros de los “Servicios de Información e Inteligencia” del Gobierno, otros 27 con servicios extranjeros, 64 con especialistas en economía, bolsa o mercados y “49 acercamientos a entornos privados y cercados de los miembros del GH”.

En la profusión de capítulos con nombres rimbombantes, Villarejo llama “boicot” a sus logros: “87 acciones de desinformación en medios de comunicación que finalmente no fueron publicadas, aunque se transmitió su contenido a quienes estaban previsto que llegaran; 68 acciones de desinformación en ámbitos económico-políticos sobre crisis de valores que se provocarían en bolsa, pagos de sobornos y financiaciones ilegales a políticos...”.

Otro de los epígrafes se llama “penetraciones”: “8 intentos fallidos en el entorno de los accionistas de Sacyr (23 más en otros ámbitos), 3 intentos fallidos en el servicios de escoltas de Sebastián, Arenillas y Rivero, 1 éxito en el departamento de seguridad de SV (especialmente en el control de accesos) y un éxito en la asociación ADIC (Pérez Escolar)”. Y llegan los “acercamientos”. Villarejo dice que ha tenido 9 intentos “fallidos” en medios judiciales y éxito en cuatro: juzgados de Madrid, Murcia, Fiscalía Anticorrupción y Corte Judicial de Chile“.

En relación al control de las comunicaciones, el informe de Villarejo detalla que habría interceptado entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 hasta 16.487 llamadas, de las que consideró relevantes 869. Entre ellas, algunas conversaciones de Miguel Sebastián, que entonces era director de la Oficina Económica en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; o de los empresarios Luis del Rivero o Juan Abelló. El citado documento también recoge que habría invertido más de 16.000 horas en hacer seguimientos: 7.150 a objetivos “en movimiento” como “individuos, citas y reuniones”, 7.480 a objetivos “fijos” entre los que incluye vehículos, domicilios y restaurantes y 1.675 horas en “contravigilancias y controles aleatorios”.

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