¿Qué alcalde querrías para tu ciudad?

Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso lo que debería ser una ciudad decente: la de vecinos de Ceuta lanzando comida desde sus balcones a los migrantes exhaustos que acababan de cruzar el espigón de El Tarajal, muchos de ellos menores, hambrientos, mojados y sin nada encima. Nadie les pidió un itinerario de inclusión social antes de darles un bocadillo. Nadie les exigió papeles para ofrecerles agua. Simplemente había gente sufriendo y otra gente decidió que la solidaridad no espera a que la burocracia la autorice.

Conviene tener esa imagen presente al leer la resolución que el pasado 27 de julio firmó el alcalde de Donostia, Jon Insausti (PNV), prohibiendo las cenas solidarias que el colectivo Kaleko Afari Solidarioak lleva años repartiendo en la calle a personas sin hogar. El argumento oficial habla de “seguridad ciudadana” y de una actividad “nunca autorizada”. Pero el propio texto municipal va más allá y vincula explícitamente esos problemas de seguridad con las “personas extranjeras de procedencia mayoritariamente norteafricana” que acuden a recibir esos platos de comida.

Da igual que el Ayuntamiento anuncie, casi como gesto compensatorio, medio millón de euros adicionales para ampliar los servicios sociales. La solidaridad institucional y la solidaridad vecinal no son sustitutas la una de la otra: son complementarias. Una ciudad que solo permite ayudar a quien pasa por el filtro de una oficina no es una ciudad más ordenada, es una ciudad más desconfiada. Y cuando esa desconfianza se dirige selectivamente hacia personas migrantes, el discurso de la “gestión eficaz” empieza a sonar a otra cosa.

Mientras en Donostia se criminaliza dar de comer, en Nueva York, su alcalde, Zohran Mamdani, tomaba posesión el 1 de enero de 2026 con un mensaje diametralmente opuesto: la ciudad seguiría siendo, dijo, una ciudad de inmigrantes, “construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes” y ahora también gobernada por uno. No se quedó en la retórica.

Su propuesta más concreta en campaña fue un fondo de defensa legal de 165 millones de dólares para dar asistencia jurídica a inmigrantes en riesgo urgente de deportación, en un momento en que las redadas migratorias de la administración Trump son una amenaza real para miles de familias neoyorquinas. A eso se suman un plan de congelación de alquileres para cerca de dos millones de personas en viviendas de renta regulada, el compromiso de transporte público gratuito y la creación de supermercados municipales para abaratar la cesta de la compra. Son políticas con más ambición redistributiva que la de tapar con parches un problema estructural, y parten de una premisa clara: proteger a quien más lo necesita no es un gasto, es la función de un Gobierno municipal.

La comparación no es forzada ni gratuita. Es la misma pregunta aplicada a dos alcaldes con recursos muy distintos, pero con la misma decisión de fondo por tomar: ¿la ciudad protege a las personas vulnerables o las convierte en un problema de orden público? Donostia, una de las ciudades más ricas de España, ha optado por prohibir. Nueva York, atravesando su propia batalla contra un Gobierno federal hostil a los inmigrantes, ha optado por blindarlos.

Y conviene no olvidar, tampoco, lo que ocurre estos mismos días en Ceuta, donde España vive la mayor crisis migratoria de su historia reciente, con más de 70.000 personas cruzando la frontera en apenas dos días y decenas de fallecidos en el intento. Es fácil, desde el confort de una capital turística guipuzcoana, hablar de “itinerarios de asistencia” y “seguridad ciudadana”. Es mucho más difícil, y mucho más urgente, sostener que la respuesta a la pobreza y a la migración nunca puede ser cerrar la puerta a quien tiende la mano. Los vecinos de Ceuta lo entendieron sin que nadie se lo explicara.

Que un ayuntamiento prohíba dar de comer en la calle no resuelve el sinhogarismo, del mismo modo que criminalizar a las personas migrantes no resuelve la migración. Lo único que resuelve es la incomodidad estética de quien prefiere no ver la pobreza en su ciudad. Frente a esa gestión, hay otro modelo posible: el de una alcaldía que entiende que la dignidad de las personas no es negociable ni está condicionada a un papeleo, y que a una ciudad no se la juzga por la pobreza que consigue esconder, sino por la que es capaz de acompañar.

Por eso la pregunta que da título a esta tribuna no es retórica. ¿Qué alcalde querrías para tu ciudad? ¿El que prohíbe una cena solidaria con el argumento de la seguridad, o el que vertebra su gobierno en la protección de los más vulnerables? Cualquier vecino o vecina que crea que una ciudad se mide por cómo trata a quien menos tiene, ya tiene la respuesta.