Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de bisonte americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los bisontes han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El bisonte americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de bisontes son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los bisontes, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de bisonte puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un hombre como supuesto autor de un delito contra la flora y fauna por taponar en el municipio de Villardeciervos los nidos de una colonia de abejaruco europeo, una especie protegida, que habían sido obstruidos de forma intencionada por un apicultor de la zona.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil iniciaron la investigación tras comprobar que había trece nidos de Merops apiaster, especie conocida popularmente como abejaruco, completamente taponados y para ello se había utilizado un papel muy característico, así como restos de hojas secas y barro, según ha informado este lunes el Instituto armado en un comunicado.

Esos indicios materiales fueron recogidos por los agentes como evidencias del delito, tras lo cual centraron sus sospechas en los propietarios de asentamientos de colmenas próximos debido al impacto natural que esa especie avícola insectóvora tiene sobre las abejas.

Tras descartar algunas explotaciones colindantes, los agentes se entrevistaron con el titular de una próxima a los nidos, quien reconoció de forma espontánea haber taponado los nidos hacía un tiempo, por lo que se le ha investigado como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna.

El abejaruco europeo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Más de 900 personas se sumaron este sábado a la concentración para protestar contra el Ayuntamiento de València por la adjudicación del refugio de animales a una empresa de control de plagas. La acción tuvo lugar frente al consistorio y los asistentes mostraron su preocupación por el “nuevo modelo de gestión que mercantiliza la protección animal y se lucra sus vidas”.

“El mensaje ha sido unánime y la indignación máxima y ha quedado claro que no se puede dejar el cuidado de los animales en manos de empresas que se lucran con dinero público y cuyo fin social, el control de plagas, es incompatible con la protección de ningún animal”, ha explicado en un comunicado la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana, impulsora de la protesta.

El pasado 12 de junio, el servicio de recogida, acogida y adopción de los animales abandonados y perdidos de la ciudad, gestionado durante más de veinticinco años por entidades de protección animal (la última, la protectora Modepran), pasó a manos de una UTE de tres empresas (Adda OPS, Athisa Y Eurosan), dedicadas, entre otras cosas, al control y exterminio de plagas.

En la concentración, los asistentes llevaban camiseta roja y mostraron diferentes lemas como: “los animales no están solos”, “no a la mercantilización de la protección animal”, “no a empresas de control de plagas en los refugios”, “la vida de un animal no tiene precio” o “no son plagas, son fauna urbana”.

Entre las peticiones que se hicieron en la concentración, exigir a los ayuntamientos que contratan los refugios de animales que apuesten por la creación de refugios mancomunados con gestión ética; impulsar licitaciones éticas, perfectamente encajables y viables o que el precio no sea el foco principal de una licitación.

Los convocantes exigieron que el trabajo del ayuntamiento no termine en el momento de la contratación. “Que no se preocupen solo de la recogida y quitarse el problema de encima. Los animales tienen que ser cuidados y protegidos y se tiene que velar porque vivan buenas condiciones a la espera encontrar una familia y para ello es necesario que se realicen inspecciones para garantizar que se cumple con el bienestar animal. En caso de que no ocurra, que se sancionen las irregularidades”, han defendido.

El Colectivo Osprey Centre, entidad ecologista sin ánimo de lucro, ha procedido a anillar las tres jóvenes águilas pescadoras nacidas en la Bahía de Santander durante la temporada 2026, en una operación llevada a cabo este lunes, 29 de junio, que ha permitido tomar medidas de peso y talla a estos ejemplares.

Según ha informado la organización, esta quinta generación, hijos de la única pareja reproductora del norte de la península ibérica, está formada por dos hembras y un macho, lo que supone “un hito importante para la recuperación de la especie en la zona”.

El colectivo ha destacado que en total ya han nacido en la Bahía de Santander 13 ejemplares desde que empezó la reproducción la temporada 2022, situación que no se daba desde hace más de 40 años.

El macho de esta nueva generación ha sido bautizado como Máximo, en honor al naturalista Máximo Sánchez Cobo, fallecido recientemente, como acordaron los miembros de Osprey Centre. Las dos hembras serán nombradas por los seguidores del proyecto a través de una encuesta en redes sociales.

Las anillas utilizadas han sido suministradas por la Estación Biológica de Doñana y permiten realizar un seguimiento detallado de los movimientos migratorios de estas aves.

El colectivo ha explicado que estas anillas han permitido conocer el retorno la temporada 2026 de tres ejemplares nacidos en la Bahía de Santander, entre los que se encuentran Jano y Laro, dos machos nacidos en 2023 que se han establecido respectivamente en las Marismas de Orx, en las Landas francesas, y en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Asimismo, la organización ha informado de que Anjana, ejemplar de 2024, fue observado en Guinea Bissau en mayo 2025 y en su primer retorno desde su zona de invernada, tras pasar por la Bahía de Santander, ha sido vista en Plaiaundi y Zumaia, lo que demuestra la capacidad de dispersión de estos ejemplares nacidos en la bahía santanderina.

El Colectivo Osprey Centre ha manifestado su esperanza en que la especie se vaya recuperando a partir de los ejemplares nacidos en la capital cántabra, y vaya recolonizando otros estuarios del Cantábrico, consolidando así el proceso de recuperación de esta especie que había desaparecido de la región hace más de cuatro décadas.

La Red de Vencejos de Toledo, coordinada por personal investigador del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), hace un llamamiento a la ciudadanía para incorporar nuevas personas voluntarias que colaboren en la atención y cría temporal de pollos de vencejo. La iniciativa afronta “un incremento sin precedentes de ingresos de aves jóvenes”, coincidiendo con las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

Desde comienzos de junio, la red ha atendido a 310 pollos de vencejo, con una tasa de supervivencia cercana al 99 %. De ellos, 260 han sido recogidos desde el pasado 19 de junio, lo que supone el 83 % del total. Esta situación ha generado una importante carga de trabajo para el equipo de voluntariado, que ha llegado a recibir hasta 60 ejemplares en un solo día.

Actualmente, unas 75 familias participan de forma activa en el cuidado de estas aves en sus hogares. Sin embargo, las personas responsables de la red advierten de que serán necesarias nuevas incorporaciones para afrontar las próximas semanas, ya que el periodo de cría se prolongará hasta finales de julio y se prevén nuevos episodios de calor. En caso de no disponer de suficientes hogares de acogida, los ejemplares deberán derivarse al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), que también atiende numerosas especies silvestres durante esta época del año.

Las personas interesadas en colaborar pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la Agrupación Naturalista Esparvel. Además, la red continuará desarrollando actividades formativas para ampliar su base de voluntariado. Entre ellas figura un taller celebrado recientemente en Madridejos para impulsar una red de colaboración en la comarca de La Mancha y una próxima sesión práctica en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo, donde mantienen un nido monitorizado por webcam, centrada en el manejo y alimentación de pollos de vencejo.

Coordinada por Ángel Velasco e Itziar Rodríguez, la Red de Vencejos de Toledo cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y de la Agrupación Naturalista Esparvel. La Consejería de Desarrollo Sostenible contribuye este año a la adquisición de insectos para la alimentación de las aves y Fibritel facilita la línea telefónica de atención.

Junto con el cuidado y la protección de las aves, la red trabaja con distintas administraciones para conservar lugares de nidificación en edificios y promover la instalación de cajas nido en centros educativos y espacios universitarios. La iniciativa combina conservación de la biodiversidad, divulgación científica y participación ciudadana y cuenta con financiación del proyecto “Vuela tu vencejo” (FCT-24-21367), impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Un dels tècnics canins del centre d’animals d’Eivissa Can Dog, A.A., ha aconseguit que prosperi la demanda contra P.A., antic explotador de la finca de Sant Llorenç, que el condemna a pagar una indemnització de més de 30.000 euros per impagaments al treballador. El recinte havia funcionat, fins al desembre, durant tres dècades sota tota mena de denúncies per maltractament animal per part del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) i altres col·lectius animalistes, fins que, fa sis mesos, va ser clausurat de manera definitiva pel Consell per les seves condicions insalubres: els cans malvivien entre rosegadors i excrements, tal com ja va publicar elDiario.es. A més, diversos treballadors del suposat ‘refugi’, entre ells el demandant, havien acusat el propietari de continus retards en l’abonament del seu salari.

Ara, la jutgessa substituta en funcions de reforç del Tribunal d’Instància, Secció Social 1 d’Eivissa, ha condemnat l’explotador de Can Dog, P.A., al pagament d’una indemnització per les irregularitats laborals que afecten aquest treballador, tal com recull la sentència judicial a la qual ha tingut accés aquest diari. L’afectat va denunciar el seu pare, ja que és el fill de l’antic explotador del centre caní.

La resolució prospera, segons l’auto, per la concurrència del requisit de gravetat en l’incompliment empresarial, ja que l’impagament no és un «simple retard esporàdic, sinó un comportament persistent». «La gravetat de l’incompliment es manifesta així mitjançant una conducta continuada del deure d’abonar els salaris deguts», descriu l’escrit judicial.

El fill duia 15 anys a l’empresa

L’empleat, A.A., va presentar una demanda sol·licitant al jutjat l’extinció de la seva relació laboral amb l’empresa Rancho Can Dog Ibiza, i va reclamar la indemnització legal corresponent a l’import equivalent al que hauria rebut en cas d’haver estat acomiadat de manera improcedent. També reclamava els salaris no percebuts dels últims cinc mesos previs al tancament, des de juliol de 2025 i fins al desembre del mateix any, quan el Consell va decidir clausurar el ranxo definitivament després de diverses inspeccions.

La decisió de la jutgessa deriva de considerar que existeixen els requisits necessaris a l’empara de l’article 50.1 b) i c) de l’Estatut dels Treballadors per extingir la relació laboral en les condicions sol·licitades pel demandant, tècnic caní a Can Dog des de l’any 2010. És a dir, després de 15 anys de relació laboral amb l’empresa.

La normativa disposa que són causes justes de rescissió sempre que existeixi «falta de pagament o retards continuats en l’abonament del salari pactat». S’entén que hi ha demora quan se supera en quinze dies la data fixada per a l’abonament del sou, i la causa concorre quan l’ocupador deu, en el període d’un any, tres mensualitats completes.

En el cas d’A.A., l’antic explotador del ranxo li devia 8.395 euros en total corresponents als cinc mesos d’impagaments que s’afegeixen a l’import que haurà de pagar al demandant, el seu fill, en concepte d’indemnització. El perjudicat va explicar en el seu moment a elDiario.es —i així també ho recull la sentència— que es va celebrar l’Acte de Conciliació al TAMIB (Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears) sense que les parts arribassin a un acord.

D’altra banda, l’empresari no es va presentar a la vista judicial tot i estar-hi degudament citat, fet que, a efectes probatoris, porta la jutgessa a donar per acreditats els impagaments referenciats pel tècnic, segons l’auto judicial.

El Tribunal d’Instància estima així la demanda i condemna el propietari de l’empresa al pagament d’una indemnització de 30.456 euros —equivalent a 45 dies de salari per any de servei abans del Reial decret llei 3/12, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i a 33 dies després de la seva aplicació—. Així com al pagament dels salaris endarrerits als quals s’afegeix un 10% en concepte d’interès per la demora.

Contra la resolució judicial es pot interposar ara recurs de suplicació per part del demandat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb el propietari de l’empresa per via telefònica i per correu electrònic sense haver rebut resposta en el moment de la publicació d’aquesta informació.

El Consell, per la seva banda, va tramitar al desembre un expedient sancionador a partir d’informes tècnics proporcionats per l’Ajuntament de Sant Joan després de les inspeccions. Tal com ha detallat la institució a elDiario.es, la resolució administrativa de l’expedient ja ha quedat notificada a les persones implicades: en ella s’acorda la baixa de Can Dog com a nucli zoològic, per la qual cosa perd l’autorització municipal per desenvolupar aquesta activitat.

A més, s’han imposat sancions per les infraccions detectades durant les inspeccions realitzades, per un import total de 10.409,13 euros. Actualment, l’expedient es troba en fase executiva per al cobrament d’aquestes sancions, detallen des del Consell.

Tres dècades de denúncies

La demanda del treballador per impagaments i retards en l’abonament de les nòmines i l’expedient sancionador del Consell arriben després de trenta anys des que es va obrir el ‘refugi’ d’animals. Durant aquest llarg període de funcionament, el negoci ha rebut desenes de denúncies per calamitoses condicions i insalubritat, amb cans mal cuidats i envoltats de rosegadors, excrements i fems, per part dels animalistes de PACMA.

Aquestes negligències van ser les que van motivar les autoritats insulars a clausurar el centre el passat mes de desembre. Primer de manera cautelar i, després de la pressió de PACMA, de manera definitiva. El partit animalista reclamava des de feia temps el tancament del ranxo per presumptes maltractaments animals.

Les denúncies del partit estaven avalades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que envoltaven el gestor del ranxo, P.A. L’empresari va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint només el servei de recollida d’animals amb l’Ajuntament de Sant Antoni. Un dels afectats és el demandant i fill de l’explotador, que té prohibida l’entrada al centre des que va denunciar públicament el cas.

A finals de 2025, després de la resolució de l’expedient administratiu del Consell, Can Dog va deixar d’exercir com a residència canina i també com a nucli zoològic, en constatar-se reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades entre octubre i novembre, tant per part dels tècnics del Consell Insular i de l’Ajuntament com pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil d’Eivissa.

Inspeccions des de juny de 2025

La cadena d’inspeccions al presumpte ‘refugi’ per insalubritat i presumpt maltractament animal va començar fa un any, el juny de 2025, després de l’obertura de l’expedient per part del Consell Insular. Els serveis veterinaris de la institució es van dirigir aleshores al centre d’acollida i la vigilància es va intensificar a la tardor en comprovar indicis d’un escenari ple d’irregularitats. Sobretot, referents a la brutícia de les gàbies i les instal·lacions en general, amb una acumulació de runa que atreia rosegadors i l’abandonament de la cura dels cans, que no rebien, entre altres coses, l’atenció veterinària necessària.

La resolució administrativa imposa sancions per valor de 10.409,13 euros a l’antic responsable de les instal·lacions després de detectar diverses irregularitats relacionades amb la gestió del nucli zoològic i l’estat dels animals allotjats. La infracció més quantiosa correspon a la manca de vacunació antiràbica de 29 dels 31 gossos que es trobaven en règim de pensió durant una inspecció, una conducta considerada greu i sancionada amb 5.808,13 euros. A això s’hi suma una altra multa de 3.001 euros per deficiències en el llibre-registre obligatori dels animals que entraven i sortien del centre.

El Consell també va apreciar dues infraccions lleus. D’una banda, va detectar la presència de tres gossos allotjats sense la identificació electrònica obligatòria mitjançant microxip, cosa que deriva en una sanció de 600 euros. A més, ha imposat una multa de 1.000 euros per les deficiències d’higiene i benestar animal observades durant la inspecció, així com per mantenir animals en habitacles considerats inadequats per al seu allotjament.

El Consell Insular va constatar la brutícia de les gàbies i les instal·lacions en general, amb una acumulació d'enderrocs que atreien rosegadors i abandó de la cura dels cans, que no rebien, entre altres coses, l'atenció veterinària necessària

Per això, el Consell va ordenar, el 17 d’octubre, la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l’entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que hi estaven allotjats. Tot i això, inspeccions posteriors van revelar encara la presència d’entre 21 i 41 cans, la majoria pertanyents a persones alienes al centre.

A finals d’octubre, els tècnics van observar com el centre continuava funcionant com a residència tot i no complir els requisits legals i que les mesures cautelars imposades no s’estaven complint plenament. El responsable va assegurar aleshores que necessitaria uns vint dies per completar les devolucions dels gossos, exceptuant els que aparentment havien estat abandonats pels seus propietaris.

Al novembre la situació gairebé no havia variat i es va poder verificar que diversos gossos del mateix titular encara seguien al refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple a les instal·lacions de Can Gossos, gestora animal que es va fer càrrec dels animals després del tancament definitiu de Can Dog. L’Ajuntament no ha sabut especificar, però, el nombre exacte de cans que es van traslladar.

Aleshores només van quedar a la parcel·la set gossos del propietari de la finca, que al principi P.A. va decidir cedir al consistori. Tot i que en menys de 24 hores havia canviat d’opinió i va decidir, finalment, continuar cuidant-los, segons expliquen fonts municipals. L’equip municipal de govern va signar, en compliment de la Llei de Benestar Animal després d’extingir la llicència de Can Dog, un contracte amb l’empresa Natura Parc perquè oferís els mateixos serveis.

El tancament definitiu del ranxo, d’altra banda, podria no estar jurídicament blindat del tot. El propietari va sostenir que no havia rebut el decret d’inici del procediment, datat el 16 d’octubre, ja que va ser tramès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exercia com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza.

D’acord amb la mateixa informació —i tal com van precisar fonts de PACMA a elDiario.es—, el lletrat va remetre un escrit al Consell en què explicava que la resolució havia estat lliurada al seu despatx tot i no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel qual va rebutjar la notificació.

Uno de los técnicos caninos del centro de animales de Eivissa Can Dog, A.A., ha conseguido que triunfe la demanda contra P.A, ex explotador de la finca de Sant Llorenç, que lo condena a pagar una indemnización de más de 30.000 euros por impagos al trabajador. El rancho llevaba, hasta diciembre, funcionando tres décadas bajo todo tipo de denuncias por maltrato animal por parte del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y otros colectivos animalistas hasta que, hace seis meses, fue clausurado de forma definitiva por el Consell por sus condiciones insalubres: los perros malvivían entre roedores y heces, como ya publicó elDiario.es. Además, varios de los trabajadores del supuesto ‘refugio’, entre ellos el demandante, habían acusado al dueño de continuos retrasos en el abono de su salario.

Ahora, la jueza sustituta en funciones de refuerzo del Tribunal de Instancia Sección Social 1 d'Eivissa ha condenado al explotador de Can Dog, P.A., al pago de una indemnización por las irregularidades laborales que afectan a este trabajador, como recoge la sentencia judicial a la que ha podido acceder este diario. El afectado denunció a su padre, ya que es el hijo del antiguo explotador del centro canino.

La resolución prospera, según el auto, con la concurrencia del requisito de gravedad en el incumplimiento empresarial al no ser el impago un “mero retraso esporádico, sino un comportamiento persistente”. “La gravedad del incumplimiento se manifiesta así mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos”, describe el escrito judicial.

El hijo llevaba 15 años en la empresa

El empleado, A.A., presentó demanda solicitando al juzgado la extinción de su relación laboral con la empresa Rancho Can Dog Ibiza, recibiendo la indemnización legal correspondiente al importe equivalente al que hubiera recibido en caso de haber sido despedido de manera improcedente. Además de los salarios no percibidos en los últimos cinco meses previos a su cierre, desde julio de 2025 y hasta diciembre del mismo año, cuando el Consell decidió clausurar el rancho definitivamente tras varias inspecciones.

La decisión de la jueza proviene de considerar que existen los requisitos necesarios al amparo del artículo 50.1b) y c) del Estatuto de Trabajadores para extinguir con las condiciones suplicadas por el demandante, técnico canino en Can Dog desde el año 2010. Es decir, tras 15 años de relación laboral con la empresa.

La normativa dispone que son justas las causas de rescisión siempre y cuando exista “falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado”. Entendiendo que existe una demora siempre y cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del sueldo, concurriendo la causa cuando el empleador adeude, en el período de un año, tres mensualidades completas.

En el caso de A.A., el ex explotador del rancho le debía 8.395 euros en total correspondientes a los cinco meses de impagos que se suman al importe que le deberá pagar al demandante, su hijo, de indemnización. El perjudicado explicó en su momento a elDiario.es -y así lo recoge también la sentencia- que se celebró el Acto de Conciliación en el TAMIB (Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears) sin que las partes llegaran a un acuerdo. 

Por otro lado, el empresario no se presentó a la vista judicial a pesar de estar debidamente citado, lo que, a efectos probatorios, induce a la jueza a dar por acreditados los impagos referenciados por el técnico, señala el auto judicial.

El Tribunal de Instancia estima así la demanda y condena al propietario de la empresa al pago de una indemnización de 30.456 euros -equivalente a 45 días de salario por año de servicio antes del Real Decreto Ley 3/12 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y a 33 días tras su aplicación-. Así como al pago de los salarios atrasados a los que se suma un 10% en concepto de interés por la demora.

Contra el fallo judicial cabe ahora recurso de suplicación por parte del demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB). Este diario se ha intentado poner en contacto con el propietario de la empresa por vía telefónica y por correo electrónico sin haber recibido respuesta en el momento en que se publica esta información. 

El Consell le quitó la autorización y le multó

El Consell, por su parte, tramitó en diciembre un expediente sancionador a partir de informes técnicos proporcionados por el Ayuntamiento de Sant Joan tras las inspecciones. Como ha detallado la institución a elDiario.es, la resolución administrativa del expediente ya quedó notificada a las personas implicadas: en ella se acuerda la baja de Can Dog como núcleo zoológico, por lo que pierde la autorización municipal para desarrollar esta actividad.

Además, se han impuesto sanciones por las infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas, por un importe total de 10.409,13 euros. Actualmente, el expediente se encuentra en fase ejecutiva para el cobro de dichas sanciones, detallan desde el Consell. 

Tres décadas de denuncias 

La demanda del trabajador por impagos y retrasos en el abono de las nóminas y el expediente sancionador del Consell llegan tras treinta años desde que abriera el 'refugio' de animales. Durante este largo periodo de funcionamiento, el negocio ha recibido decenas de denuncias por calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura, por parte de los animalistas de PACMA.

Estas negligencias fueron las que motivaron a las autoridades insulares a clausurar el centro el pasado mes de diciembre. Primero cautelarmente y, luego, tras la presión de Pacma, de manera definitiva. El partido animalista reclamaba desde hacía tiempo el cierre del rancho por presunto maltrato animal.

Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envolvían al gestor del rancho, P.A. El empresario fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni. Uno de estos perjudicados es el demandante e hijo del explotador, que tiene prohibida la entrada al centro desde que denunció públicamente el caso.

A finales de 2025, tras la resolución del expediente administrativo del Consell, Can Dog dejó de ejercer como residencia canina y también como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas entre octubre y noviembre. Tanto por parte de los técnicos del Consell Insular y del Ayuntamiento, como por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa.

Inspecciones desde junio de 2025

La cadena de inspecciones al presunto ‘refugio’ por insalubridad y presunto maltrato animal comenzó hace un año, en junio de 2025, tras la apertura del expediente por parte del Consell Insular. Los servicios veterinarios de la institución se dirigieron entonces al centro de acogida y la vigilancia se intensificó en otoño al comprobar indicios de un escenario lleno de irregularidades. Sobre todo, referentes a la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria.

La resolución administrativa impone sanciones por valor de 10.409,13 euros al antiguo responsable de las instalaciones tras detectar diversas irregularidades relacionadas con la gestión del núcleo zoológico y el estado de los animales alojados. La infracción más cuantiosa corresponde a la falta de vacunación antirrábica de 29 de los 31 perros que se encontraban en régimen de pensión durante una inspección, una conducta considerada grave y sancionada con 5.808,13 euros. A ello se suma otra multa de 3.001 euros por deficiencias en el libro-registro obligatorio y de los animales que entraban y salían del centro.

El Consell también apreció dos infracciones leves. Por un lado, detectó la presencia de tres perros alojados sin la identificación electrónica obligatoria mediante microchip, lo que deriva en una sanción de 600 euros. Además, ha impuesto una multa de 1.000 euros por las deficiencias de higiene y bienestar animal observadas durante la inspección, así como por mantener animales en habitáculos considerados inadecuados para su alojamiento.

El Consell Insular constató la suciedad de las jaulas y las instalaciones en general, con una acumulación de escombros que atraían roedores y abandono del cuidado de los canes, que no recibían, entre otras cosas, la atención veterinaria necesaria

Por ello, el Consell ordenó, el 17 de octubre, la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron todavía la presencia de entre 21 y 41 canes, la mayoría pertenecientes a personas ajenas al centro. 

A finales de octubre, los técnicos observaron cómo el centro seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales y que las medidas cautelares impuestas no se estaban cumpliendo plenamente. El responsable aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones de los perros, exceptuando los que aparentemente habían sido abandonados por sus dueños.

En noviembre la situación apenas había variado y se pudo verificar que varios perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple a las instalaciones de Can Gossos, gestora animal que se hizo cargo de los animales tras el cierre definitivo de Can Dog. El Ayuntamiento no ha sabido especificar, sin embargo, el número exacto de canes que se trasladaron. 

Entonces solo quedaron en la parcela siete perros del propietario de la finca, que al principio P.A. decidió ceder al Consistorio. Aunque en menos de 24 horas había cambiado de opinión y decidió, finalmente, seguir cuidando de ellos, según explican fuentes municipales. El equipo municipal de gobierno firmó, en cumplimiento con la Ley de Bienestar Animal tras extinguir la licencia de Can Dog, un contrato con la empresa Natura Parc para que ofreciera los mismos servicios. 

El cierre definitivo del rancho, por otro lado, podría no estar jurídicamente blindado del todo. El propietario sostuvo que no había recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejercía como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. 

De acuerdo a la misma información -y como precisaron fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado remitió un escrito al Consell en el que explicaba que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que rechazó la notificación.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha declarat nul·les les restriccions aprovades per l'Ajuntament de Palma per a impedir que els cavalls de galeres circulessin durant episodis de calor extrema. La resolució no entra a valorar el fons de les mesures de benestar animal, sinó que justifica que la modificació del reglament municipal es va tramitar sense el preceptiu informe d'avaluació d'impacte de gènere que la Llei balear d'igualtat entre dones i homes obliga a incorporar a l'hora de donar llum verda a normes o modificacions per part de les administracions públiques de les illes.

En concret, la reforma, aprovada al juliol de 2022 per l'anterior equip de govern progressista, introduïa limitacions dirigides a garantir el benestar animal sota condicions meteorològiques extremes. Entre altres mesures, prohibia el treball dels cavalls quan l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activés avisos grocs, taronges o vermells per altes temperatures, impedia col·locar determinats adorns sobre els animals com a capells, cintes i cascavells, modificava les condicions dels arnesos i obligava a suspendre el servei quan l'estat físic del cavall no fos adequat.

Llevat que l'Ajuntament invoqui altres protocols municipals, reglaments de rang superior o adopti noves mesures d'urgència, la sentència podria deixar sense cobertura jurídica la prohibició específica, vigent avui dia, que les galeres treballin durant alertes meteorològiques per calor. Consultades per elDiario.es, fonts del Consistori assenyalen que en aquests moments es troben analitzant al detall l'abast de la resolució, que no és ferma i pot ser recorreguda en cassació.

La sentència deixa ara en l'aire la futura situació dels cavalls de les galeres a Palma. Malgrat les restriccions aprovades en els últims anys per a limitar la seva activitat durant episodis de calor extrema, les imatges i titulars es repeteixen cada estiu a Palma: equins desplomats sobre l'asfalt, animals desnodrits o exhaustos sota temperatures extremes o denúncies per fer treballar a exemplars d'avançada edat i amb visibles problemes físics. En els últims anys, episodis de cops de calor, caigudes en ple carrer i actuacions policials contra galeres han alimentat una creixent polèmica sobre el benestar animal i la continuïtat d'aquest servei turístic en la capital balear.

En concret, el TSJIB ha estimat el recurs presentat per diversos titulars de llicències de galeres contra l'acord del ple municipal que va modificar diversos articles del Reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal. Els demandants al·legaven que l'expedient administratiu era incomplet i que la modificació mancava de proporcionalitat. També van denunciar l'absència de mecanismes de participació ciutadana i, especialment, la falta de l'informe d'impacte de gènere exigit per la normativa autonòmica.

Durant el procediment, el Consistori va defensar que la modificació perseguia garantir el benestar animal i la seguretat viària secundant-se en informes tècnics sobre els riscos de les altes temperatures per als èquids. En aquest sentit, sostenia que l'informe d'impacte de gènere no era necessari atès que la reforma no tenia incidència en matèria d'igualtat.

No obstant això, el TSJIB rebutja aquest argument i recorda que la Llei balear 11/2016 d'igualtat entre dones i homes estableix l'obligatorietat d'incorporar un informe d'avaluació d'impacte de gènere en l'elaboració de disposicions reglamentàries per part de les administracions públiques de les illes. La Sala subratlla, a més, que el propi informe jurídic incorporat a l'expedient ja advertia de la necessitat d'incloure aquest document abans de l'aprovació definitiva de la modificació.

“L'omissió de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere determina, en aplicació de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, la nul·litat de la modificació de l'Ordenança objecte del present procediment”, assenyala el tribunal, que insisteix que l'informe d'impacte de gènere “té caràcter preceptiu i, malgrat que afirmi l'Administració demandada que aquest informe no pot determinar la nul·litat de la modificació reglamentària perquè aquesta manca de connotacions de gènere, és aquest precís informe que no consta el que hauria d'haver fet la referida afirmació”.

Protestes animalistes

Cal recordar que, abans d'aquesta modificació, ja existia un decret municipal aprovat en 2018 que suspenia parcialment el servei entre les 12.00 i les 17.00 hores durant alertes taronja o vermella per calor. Aquell decret va ser recorregut judicialment i un jutjat va concloure que la restricció havia d'incorporar-se mitjançant una modificació reglamentària i no a través d'un simple decret d'Alcaldia, la qual cosa va portar posteriorment a la reforma ara anul·lada pel TSJIB.

Durant els últims anys, entitats com a Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o l'Associació de Defensa dels Animals (ADA Mallorca) han denunciat la situació dels cavalls de les galeres en considerar-la una forma de maltractament animal institucionalitzat. A més, organitzacions com AnimaNaturalis, Baldea i Fundación Franz Weber han liderat campanyes, manifestacions i recollides de signatures per a aconseguir la prohibició definitiva d'aquesta activitat. Alguns partits polítics també han assumit aquesta reivindicació i han intentat legislar al respecte, encara que el debat continua obert.

Els animalistes recriminen, sobretot, les condicions extremes a les quals molts d'aquests animals es veuen exposats en ser obligats a treballar durant llargues jornades, fins i tot en plena onada de calor, arrossegant pesades galeres sobre l'asfalt i exposats al trànsit urbà, especialment en aquelles ciutats amb una forta activitat turística com Palma. La substitució de la tracció animal per galeres elèctriques és una de les seves principals reivindicacions. En el municipi d'Alcúdia, per exemple, les calesses tirades per cavalls ja han estat substituïdes per vehicles elèctrics en una iniciativa presentada com a referent per a altres municipis turístics de Balears.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulas las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento de Palma para impedir que los caballos de galeras circulasen durante episodios de calor extremo. La resolución no entra a valorar el fondo de las medidas de bienestar animal, sino que justifica que la modificación del reglamento municipal se tramitó sin el preceptivo informe de evaluación de impacto de género que la Ley balear de igualdad entre mujeres y hombres obliga a incorporar a la hora de dar luz verde a normas o modificaciones por parte de las administraciones públicas de las islas.

En concreto, la reforma, aprobada en julio de 2022 por el anterior equipo de gobierno progresista, introducía limitaciones dirigidas a garantizar el bienestar animal bajo condiciones meteorológicas extremas. Entre otras medidas, prohibía el trabajo de los caballos cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara avisos amarillos, naranjas o rojos por altas temperaturas, impedía colocar determinados adornos sobre los animales como gorros, cintas, cascabeles y cascabeles, modificaba las condiciones de los arneses y obligaba a suspender el servicio cuando el estado físico del caballo no fuera adecuado.

Salvo que el Ayuntamiento invoque otros protocolos municipales, reglamentos de rango superior o adopte nuevas medidas de urgencia, la sentencia podría dejar sin cobertura jurídica la prohibición específica, vigente a día de hoy, de que las galeras trabajen durante alertas meteorológicas por calor. Consultadas por elDiario.es, fuentes del Consistorio señalan que en estos momentos se encuentran analizando al detalle el alcance de la resolución, que no es firme y puede ser recurrida en casación.

La sentencia deja ahora en el aire la futura situación de los caballos de las galeras en Palma. Pese a las restricciones aprobadas en los últimos años para limitar su actividad durante episodios de calor extremo, las imágenes y titulares se repiten cada verano en Palma: equinos desplomados sobre el asfalto, animales desnutridos o exhaustos bajo temperaturas extremas o denuncias por hacer trabajar a ejemplares de avanzada edad y con visibles problemas físicos. En los últimos años, episodios de golpes de calor, caídas en plena calle y actuaciones policiales contra galeras han alimentado una creciente polémica sobre el bienestar animal y la continuidad de este servicio turístico en la capital balear.

En concreto, el TSJIB ha estimado el recurso presentado por varios titulares de licencias de galeras contra el acuerdo del pleno municipal que modificó diversos artículos del Reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal. Los demandantes alegaban que el expediente administrativo era incompleto y que la modificación carecía de proporcionalidad. También denunciaron la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y, especialmente, la falta del informe de impacto de género exigido por la normativa autonómica.

Durante el procedimiento, el Consistorio defendió que la modificación perseguía garantizar el bienestar animal y la seguridad vial apoyándose en informes técnicos sobre los riesgos de las altas temperaturas para los équidos. En este sentido, sostenía que el informe de impacto de género no era necesario dado que la reforma no tenía incidencia en materia de igualdad.

Sin embargo, el TSJIB rechaza este argumento y recuerda que la Ley balear 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres establece la obligatoriedad de incorporar un informe de evaluación de impacto de género en la elaboración de disposiciones reglamentarias por parte de las administraciones públicas de las islas. La Sala subraya, además, que el propio informe jurídico incorporado al expediente ya advertía de la necesidad de incluir dicho documento antes de la aprobación definitiva de la modificación.

“La omisión del informe de evaluación de impacto de género determina, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la nulidad de la modificación de la Ordenanza objeto del presente procedimiento”, señala el tribunal, que insiste en que el informe de impacto de género “tiene carácter preceptivo y, pese a que afirme la Administración demandada que dicho informe no puede determinar la nulidad de la modificación reglamentaria pues ésta carece de connotaciones de género, es ese preciso informe que no consta el que debería haber hecho la referida afirmación”.

Protestas animalistas

Cabe recordar que, antes de esta modificación, ya existía un decreto municipal aprobado en 2018 que suspendía parcialmente el servicio entre las 12.00 y las 17.00 horas durante alertas naranja o roja por calor. Aquel decreto fue recurrido judicialmente y un juzgado concluyó que la restricción debía incorporarse mediante una modificación reglamentaria y no a través de un simple decreto de Alcaldía, lo que llevó posteriormente a la reforma ahora anulada por el TSJIB.

Durante los últimos años, entidades como Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o la Asociación de Defensa de los Animales (ADA Mallorca) han denunciado la situación de los caballos de las galeras al considerarla una forma de maltrato animal institucionalizado. Además, organizaciones como AnimaNaturalis, Baldea y Fundación Franz Weber han liderado campañas, manifestaciones y recogidas de firmas para lograr la prohibición definitiva de esta actividad. Algunos partidos políticos también han asumido esta reivindicación y han intentado legislar al respecto, aunque el debate continúa abierto.

Los animalistas recriminan, sobre todo, las condiciones extremas a las que muchos de estos animales se ven expuestos al ser obligados a trabajar durante largas jornadas, incluso en plena ola de calor, arrastrando pesadas galeras sobre el asfalto y expuestos al tráfico urbano, especialmente en aquellas ciudades con una fuerte actividad turística como Palma. La sustitución de la tracción animal por galeras eléctricas es una de sus principales reivindicaciones. En el municipio de Alcúdia, por ejemplo, las calesas tiradas por caballos ya han sido sustituidas por vehículos eléctricos en una iniciativa presentada como referente para otros municipios turísticos de Balears.

La Red de Vencejos de Toledo, coordinada por la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Agrupación Naturalista Esparvel, ha sido reconocida con el Premio Luz Verde, en la categoría de Aire, un galardón para distinguir iniciativas destacadas en favor de la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

Según afirma Esparvel en nota de prensa, el reconocimiento pone en valor la trayectoria de una red ciudadana, científica y conservacionista que, en sus seis años de actividad, ha realizado más de 1.750 rescates de vencejos en la provincia de Toledo. “Gracias al compromiso de más de 170 personas voluntarias, la Red se ha consolidado como un referente en la conservación de estas aves urbanas y en el impulso de la ciencia ciudadana aplicada a la protección de la biodiversidad”, señala la agrupación naturalista.

La iniciativa cuenta actualmente con el impulso del proyecto 'Vuela tu vencejo' FCT-24-21367, desarrollado por la UCLM y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con este galardón, promovido por Onda Cero y WWF, la Red de Vencejos de Toledo ve reconocido un trabajo colectivo que “combina conservación de fauna silvestre, educación ambiental, voluntariado, investigación y colaboración institucional”. “La labor de la Red no solo permite atender a cientos de ejemplares cada temporada, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger a los vencejos, unas aves migratorias estrechamente ligadas a los entornos urbanos y especialmente vulnerables durante la época de cría”, explica Esparvel.

La Red desarrolla su actividad en colaboración con el Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas (CERI), el cuerpo de Agentes Medioambientales, la Consejería de Desarrollo Sostenible y la empresa Fibritel, cuya participación ha contribuido al funcionamiento y consolidación de este modelo de cooperación entre administración, universidad, entidades sociales, voluntariado y ciudadanía.

Desde la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM y la Agrupación Naturalista Esparvel se destaca que este premio “supone un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que, año tras año, participan en la atención, cuidado y recuperación de vencejos, así como a quienes colaboran en la divulgación y protección de una especie esencial para la biodiversidad urbana”.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha suspès cautelarment l'ordre de sacrifici del gos que el passat mes de desembre va arribar en pastera a la platja de s’Estanyol, a Santa Eulària, juntament amb una família procedent d'Algèria.

L'acte dictat per la Sala del Contenciós-Administratiu estima el recurs interposat per l'Ajuntament de Santa Eulària contra la resolució amb la qual la Direcció General de Salut Pública del Govern balear va ordenar sacrificar l'animal per procedir d'un país amb ràbia endèmica.

Mentre es resol el procediment judicial, el cadell continuarà aíllat i sota vigilància veterinària a les instal·lacions de Natura Parc, a Mallorca, on roman des de gener “en perfectes condicions”, segons ha informat el Consistori en un comunicat. La corporació municipal seguirà assumint els costos derivats de la seva cura i manteniment.

El gos va arribar a l'illa l'11 de desembre juntament amb una família argelina i posteriorment va ser traslladat a un centre d'inclusió de Creu Roja a Mallorca, d'acord amb la informació facilitada per la Policia Nacional i Estrangeria. L'animal, un cadell mestís de caniche d'uns tres mesos, va ser recollit pel servei municipal d'acollida a les dependències de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Segons l'Ajuntament, el cadell no presentava ferides de mossegada ni símptomes compatibles amb la ràbia quan va ser localitzat. No obstant això, cinc dies després de la seva arribada, Salut Pública va dictar una resolució ordenant el seu sacrifici en aplicar el protocol previst per a animals procedents de països on la ràbia és endèmica.

El Consistori va recórrer aquesta decisió en considerar que la mesura no estava prou justificada i defensant alternatives previstes en la pròpia normativa, com el manteniment de l'animal en quarentena i sota observació veterinària. També va al·legar que, a causa de la curta edat i reduïta mida del ca, així com a l'absència de lesions o símptomes, la probabilitat que fos portador del virus era “molt baixa”.

El recurs d'al·çada va ser desestimat el passat 6 de març, mantenint-se l'ordre de sacrifici. Davant això, l'Ajuntament va presentar el 14 d'abril un recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa sol·licitant la suspensió cautelar de la mesura.

En la seva resolució, el TSJIB considera que, malgrat que la protecció de la salut pública ha de prevaler, en aquest cas és possible compatibilitzar aquest interès amb la conservació de l'animal, atès que roman “perfectament aïllat”, sota control veterinari permanent i sense que existeixi actualment risc per a la població. La Sala també aprecia que executar el sacrifici abans de resoldre el fons de l'assumpte podria causar un perill irreversible si finalment prosperàs el recurs interposat per l'Ajuntament.

El Consistori ha desmentit, així mateix, les informacions que atribuíen al propi Ajuntament la decisió de sacrificar el gos i ha subratllat que ha estat precisament l'administració municipal la que ha impulsat les accions judicials per intentar evitar-ho.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha suspendido cautelarmente la orden de sacrificio del perro que el pasado mes de diciembre llegó en patera a la playa de s’Estanyol, en Santa Eulària, junto a una familia procedente de Argelia.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Eulària contra la resolución con la que la Dirección General de Salud Pública del Govern balear ordenó sacrificar al animal por proceder de un país con rabia endémica.

Mientras se resuelve el procedimiento judicial, el cachorro continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde permanece desde enero “en perfectas condiciones”, según ha informado el Consistorio en un comunicado. La corporación municipal seguirá asumiendo además los costes derivados de su cuidado y mantenimiento.

El perro llegó a la isla el 11 de diciembre junto a una familia argelina y posteriormente fue trasladado a un centro de inclusión de Cruz Roja en Mallorca, de acuerdo a la información facilitada por la Policía Nacional y Extranjería. El animal, un cachorro mestizo de caniche de unos tres meses, fue recogido por el servicio municipal de acogida en las dependencias de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Según el Ayuntamiento, el cachorro no presentaba heridas de mordedura ni síntomas compatibles con la rabia cuando fue localizado. Sin embargo, cinco días después de su llegada, Salud Pública dictó una resolución ordenando su sacrificio al aplicar el protocolo previsto para animales procedentes de países donde la rabia es endémica.

El Consistorio recurrió esa decisión al considerar que la medida no estaba suficientemente justificada y defendiendo alternativas previstas en la propia normativa, como el mantenimiento del animal en cuarentena y bajo observación veterinaria. También alegó que, debido a la corta edad y reducido tamaño del can, así como a la ausencia de lesiones o síntomas, la probabilidad de que fuese portador del virus era “muy baja”.

El recurso de alzada fue desestimado el pasado 6 de marzo, manteniéndose la orden de sacrificio. Ante ello, el Ayuntamiento presentó el 14 de abril un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa solicitando la suspensión cautelar de la medida.

En su resolución, el TSJIB considera que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizar ese interés con la conservación del animal, dado que permanece “perfectamente aislado”, bajo control veterinario permanente y sin que exista actualmente riesgo para la población. La Sala también aprecia que ejecutar el sacrificio antes de resolver el fondo del asunto podría causar un perjuicio irreversible si finalmente prosperara el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

El Consistorio ha desmentido, asimismo, las informaciones que atribuían al propio Ayuntamiento la decisión de sacrificar al perro y ha subrayado que ha sido precisamente la administración municipal la que ha impulsado las acciones judiciales para intentar evitarlo.

PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.

La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.

En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.

El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.

Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que  los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.

El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.

En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.

Cabezón de Etxauri Bizirik, plataforma creada para la “defensa del medio ambiente, el territorio y la soberanía popular” en la Sierra de Etxauri ante el “macroproyecto fotovoltaico” previsto en el territorio, han acudido a la sede del Departamento de Medio Ambiente a entregar un millar de alegaciones para paralizar la instalación por considerarla un “despropósito” para la fauna y flora de la zona. Además, los integrantes denuncian una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, que consideran que “ha ocultado información” y ha roto “la cohesión social entre los vecinos”.

Antes de entrar al Departamento, varias personas se han concentrado en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos este viernes al mediodía.

Tal y como trasladan desde el colectivo, junto con las “miles de alegaciones” de los vecinos y ayuntamientos de los municipios de la Sierra de Etxauri, también se ha presentado un amplio informe con unas conclusiones “demoledoras y contundentes” sobre el “impacto ambiental de distinto tipo”. “Es un sitio de alto valor ambiental donde no tiene sentido hacer una actividad industrial con altos impactos medioambientales”, afirman desde la organización.

Además “de los vecinos y vecinas”, también se han sumado a la queja “ayuntamientos y concejos” como Salinas de Oro, Vidaurreta, Cendea de Oza, Otxobi, Sarasate, Azanza, Valle de Goñi, que han “presentado alegaciones y mociones pidiendo la paralización del proyecto”.

“No somos pocos y seguiremos creciendo con el objetivo único de proteger el entorno natural de quienes quieren especular y enriquecerse con él”, trasladan desde el colectivo ciudadano. Y remarcan que no es solo el daño visual al entorno natural, “que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos, ya solo con ver la ubicación física se escandalizarían”, sino también el peligro de salud del terreno y de los ciudadanos de la cuenca de Pamplona.

“Aparte de ser un espacio de alto valor ambiental: muy sensible, rodeado de especies protegidas y sin actuación humana en el entorno; es una zona kárstica, el suelo es como un queso gruyer y toda el agua se filtra. Si haces algo en su superficie, se esparce por toda la zona. No tiene sentido [que se construyan sobre ese terreno] nueve centros de transformación, con aceite y refrigeración, y [circulen diariamente] camionetas para hacer mantenimiento durante 30 años, además de las personas [que trabajen], cableados, PVC, hormigón... El agua que se filtra de ese terreno luego se recoge en Arteta para el consumo de agua potable en Pamplona”, explican. Y por eso remarcan que “aparte de la ruptura visual, para las propias especies” y los habitantes de los municipios “es un impacto terrible”.

Según explican, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista “una instalación en la parte alta del monte Sarbil a unos 800 metros de altitud”. En este terreno, de titularidad privada, se pretendía instalar 80.000 paneles solares, una inversión de 40.000.000 de euros. Sin embargo, la empresa promotora no pudo continuar con la iniciativa, pues “en aquel momento hubo una respuesta social de los ayuntamientos de la zona, incluido el Ayuntamiento de Etxauri”, según explican, que “presentaron alegaciones” para proteger un “entorno ambiental tan especial como este”. Tras el recurso, la instalación fotovoltaica “se consiguió paralizar”, pero en 2025 el proyecto volvió a salir para adelante.

El colectivo denuncia que “este proyecto no es diferente” y que “a nivel técnico es prácticamente lo mismo que lo que se expuso en 2022”, pero que se ha resuelto por un impulso “en la sombra” de determinados intereses políticos.

Aunque señalan una “gestión irresponsable del partido EH Bildu”, único representante del consistorio de Etxauri, por una supuesta “falta de información” y ocultar “las gestiones que han estado realizando y que siguen realizando”, desde Cabezón de Etxauri Bizirik trasladan que su objetivo no es la confrontación política y que únicamente buscan “la paralización del proyecto” por “el dónde” se quiere ubicar. Según explican, buscan aglutinar “a toda persona, institución o sujeto que quiera compartir la respuesta colectiva y conjunta en cuanto a los impactos ambientales. Sin entrar en otras cuestiones de otra índole” como la política. “Aquí hay personas que pueden tener opiniones distintas, pero que tienen claro que ese no es el sitio [para desarrollar el proyecto]”.

Desde la plataforma, esperan que el Departamento de Medio Ambiente “ponga sentido común y vea de forma clara” lo que se plasma en “los informes de alegaciones” presentados. Aunque, según explican, no obtuvieran respuesta de “la invitación al Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, Jose María Aierdi, “para dialogar y entregarle” las alegaciones, afirman tener “esperanza absoluta en que se paralice el proyecto”. “Las conclusiones son clarísimas”, expresan.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha alertado del declive de las aves acuáticas invernantes en Extremadura, especialmente en el grupo de los gansos y anátidas, tras analizar 414 humedales de relevancia en la comunidad autónoma, donde se han observado hasta 77 especies, el número más alto de la serie histórica.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, el estudio se llevó a cabo durante el pasado mes de enero en el marco del censo internacional coordinado por Wetlands International, que se desarrolla anualmente desde 1967 en más de 100 países y que se realiza de forma regular en Extremadura desde 2021.

En esta edición han participado más de 66 personas, entre ellas personal de la Universidad de Extremadura y entidades como ADENEX, que han muestreado 414 humedales mediante recuentos directos por especies, utilizando material óptico y múltiples puntos de observación.

Los datos de 2026 reflejan la mayor riqueza de especies registrada hasta la fecha, con 77 aves acuáticas distintas. Sin embargo, el número total de individuos se sitúa en 122.295 ejemplares, lo que supone un incremento de 1.810 aves respecto a 2025, pero una caída significativa frente a 2024, cuando se contabilizaron 153.156.

Desde SEO/BirdLife subrayan que estas fluctuaciones interanuales evidencian la necesidad de mantener un seguimiento continuado para poder establecer tendencias fiables. En este sentido, advierten de que el actual escenario de cambio climático está reduciendo la llegada de aves al sur de Europa y alterando sus rutas migratorias y áreas tradicionales de invernada.

Entre los casos más preocupantes destaca el del ánsar común, cuya población ha pasado de 23.175 ejemplares en 2013 a solo 1.171 en 2026. Esta evolución refleja, según la organización, un declive fuerte y estadísticamente significativo, con una caída media anual del 11,4 %, lo que apunta a un deterioro del estado poblacional de la especie.

La comparación con el periodo 2012-2014 muestra una pérdida de 65.000 aves en los humedales extremeños, con especial impacto en los patos, de los que han dejado de contabilizarse más de 50.000 ejemplares. Algunas especies, como la cerceta común o el ánade friso, han perdido más del 50 % de sus efectivos invernantes.

Este descenso también afecta a otras aves como la focha común, que ha pasado de 5.467 ejemplares en el periodo 2012-2014 a 3.186 en 2026.

Frente a esta tendencia, se detecta el aumento de especies como el morito común o la espátula común, tradicionalmente estivales y ahora presentes también en invierno, con 2.339 y 210 ejemplares respectivamente. No obstante, el crecimiento más acusado corresponde a una especie exótica invasora, el ganso del Nilo, presente ya en 129 humedales de la región.

Entre ellos se encuentran espacios protegidos como el Complejo Lagunar de La Albuera y el Embalse de Orellana, ambos incluidos en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar.

Estos enclaves presentan, además, altos niveles de contaminación, según un estudio reciente del proyecto LIBERA, con concentraciones superiores a los 5.000 ng/L en La Albuera y por encima de los 1.000 ng/L en Orellana.

La organización advierte de que la elevada concentración espacial de estas especies en determinados entornos incrementa su vulnerabilidad ante alteraciones como la contaminación, los cambios hidrológicos, las transformaciones agrícolas o los efectos del cambio climático.

El aumento de la mariposa monarca en los bosques mexicanos refleja el impacto de las políticas de conservación, aunque la especie sigue amenazada por el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitat.

Sin embargo, el último año la especie ha sufrido un respiro inesperado. Según datos publicados por WWF México, la superficie ocupada por estos insectos en sus zonas de hibernación en el país aumentó un 64% en el invierno de 2025-2026, alcanzando las 2,93 hectáreas frente a las 1,79 del año anterior, el nivel más alto desde 2018.

Este dato es especialmente relevante para una especie como Danaus plexippus, considerada en riesgo por su drástica caída en las últimas décadas. Cada año, millones de ejemplares recorren cerca de 4.800 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México, protagonizando una de las migraciones más impresionantes del planeta.

Claves de la recuperación

Uno de los factores más importantes ha sido la mejora en la protección de los bosques dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde la tala ilegal ha caído de forma drástica en los últimos años. Según WWF, se ha pasado de cientos de hectáreas afectadas a apenas 2,55 hectáreas entre 2024 y 2025.

Esta reducción responde a políticas de conservación más estrictas y a la colaboración entre comunidades locales, autoridades y organizaciones internacionales. La mariposa monarca se ha convertido, de hecho, en un símbolo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otro elemento clave ha sido el clima. Según el informe conjunto de WWF y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, condiciones más favorables durante la migración y la hibernación han permitido una mayor supervivencia. Pese a ello, la recuperación sigue siendo limitada. La población actual está muy lejos de los niveles históricos: en 1995 ocupaba más de 18 hectáreas, frente a las menos de 3 actuales. Según el U.S. Fish and Wildlife Service, serían necesarias al menos 6 hectáreas para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

El principal problema se encuentra fuera de México. En Estados Unidos, el uso intensivo de herbicidas ha reducido el algodoncillo, la planta esencial para la reproducción de la especie. Sin ella, las orugas no pueden desarrollarse, lo que limita el crecimiento de la población. A esto se suma la presión sobre los bosques mexicanos, especialmente por la expansión agrícola. Aunque la tala ilegal ha disminuido, la pérdida de hábitat sigue siendo una amenaza constante.

Aun así, el aumento del 64% marca un punto de inflexión. Demuestra que la conservación funciona, pero también que el equilibrio es frágil. El futuro de la mariposa monarca dependerá de mantener estos esfuerzos en todo su recorrido migratorio.

Un juguetón lince ibérico de Ciudad Real es el protagonista de la fotografía ganadora del galardón del público de los Premios al Fotógrafo de Vida Salvaje del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Con el título 'Roedor volador', la instantánea tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan ha sido la vencedora en una edición con un récord de participantes, con más de 85.000 votos.

El premio del público Nuveen del prestigioso certamen de fotografía, cuyos ganadores de su edición de 2026 fueron anunciados en el mes de octubre, se entrega a la imagen más votada por el público entre una lista preseleccionada de 24 fotografías. Las nominadas fueron seleccionadas con anterioridad por un jurado internacional formado por expertos en fotografía, vida salvaje, conservación de la naturaleza y científicos, así como con la participación del Museo de Historia Natural británico.

Josef Stefan tuvo la oportunidad de tomar su fotografía durante las dos semanas que pasó observando a los linces ibéricos desde un escondite cerca de la localidad de Torre de Juan Abad, en la provincia manchega de Ciudad Real. El fotógrafo, nacido en Hollabrunn (Austria) en 1959, es miembro de la Asociación Austriaca de Fotografía de Animales y Naturaleza desde 1993 y formó parte de su junta directiva durante 15 años.

La imagen vencedora muestra a un joven lince lanzando a un roedor al aire antes de matarlo y comérselo, un comportamiento habitual de esta especie de felinos salvajes. Según explicó el fotógrafo a la organización, el macabro juego duró unos 20 minutos hasta que el lince ibérico se aburrió y se llevó al pequeño roedor tras un arbusto para comérselo.

Stefan explica que, a principios de siglo, la especie estaba al borde de la extinción y que, hoy en día, hay más de dos mil ejemplares gracias a los esfuerzos de conservación mantenidos. “El lince ibérico es un símbolo vivo de la esperanza, que muestra lo que puede ocurrir cuando somos responsables, actuamos en conciencia y centramos nuestra atención donde es más necesaria”, asegura el fotógrafo.

De hecho, en el último censo disponible, del año 2024, se contabilizaron 2.401 ejemplares en la península ibérica, 2.047 felinos en territorio español y otros 354 que medran en Portugal. De acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la población de linces ibéricos creció un 19% entre 2023 y 2024, cuando oficialmente abandonó la categoría de “especie en peligro de extinción” tras dos décadas en ella. Las principales poblaciones de la especie se encuentran en la comunidad de Castilla-La Mancha, con más de 900 animales.

Además de la fotografía vencedora, otras cuatro imágenes han sido “altamente elogiadas” por la organización del galardón. Entre ellas se encuentra una de un grupo de flamencos frente a unas torres de energía eléctrica en Walvis Bay, Namibia. La imagen fue tomada por Alexandre Brisson en el país africano.

La organización del premio explica que Brisson llegó a este santuario de aves tras un viaje por carretera de 10 horas, justo cuando se estaba poniendo el Sol. Una foto que muestra cómo incluso los espacios dedicados a la protección de la vida salvaje muestran señales de la imparable expansión humana.

Otra de las instantáneas que han recibido este reconocimiento especial es la que muestra a un grupo de osos polares, formado por una madre osa y sus tres oseznos, durante una pacífica pausa en un día de verano en la costa de la Bahía Hudson, en Canadá. La fotografía es obra de Christopher Paetkau. Una imagen cada vez más difícil de ver.

Otra de las imágenes “altamente elogiadas” por el concurso, ha sido la presentada por Kohei Nagira, que muestra una escena difícil de apreciar en la naturaleza: un ciervo sika portando sobre su cornamenta la cabeza arrancada del cuerpo de un macho rival tras acabar con su vida en una pelea mortal.

En la época de otoño, los machos de esta especie de ciervos oriunda de Japón, luchan entre ellos por las hembras chocando sus cuernos. En este caso, el protagonista de la imagen venció la batalla, pero las cornamentas de ambos se quedaron enganchadas y no pudieron separarse. Un pescador local afirmó que el ciervo estuvo durante días arrastrando el cuerpo completo de su rival fallecido hasta que finalmente logró arrancar su cabeza.

Kohei pudo observar al ciervo en la península de Notsuke, en la región japonesa de Hokkaido, entre finales de noviembre de 2020 y abril de 2021. Aunque vivía de forma solitaria, siguió buscando hierba y ramas para alimentarse y logró sobrevivir el invierno.

Finalmente, la otra instantánea a la que se hace una mención especial es la tomada por Will Nicholls en el Parque Nacional Jasper de Canadá, y que muestra la silueta de un par de oseznos jugando en medio de una carretera, absortos en su pelea infantil ante la llegada de un coche.

El director del Museo de Historia Natural de Londres, el doctor Douglas Gurr, afirma que “ha sido maravilloso ver cómo llegaban todos los votos para elegir la fotografía que sería exhibida aquí en el Museo de Historia Natural” y destacó que la selección de imágenes de este año ha sido “realmente excepcional”.

La imagen ganadora y los cuatro accésits serán exhibidas en la exposición de este año del Fotógrafo de Vida Salvaje del Año (Wildlife Photographer of the Year) que tiene lugar en este museo británico y que estará abierta hasta el próximo 12 de julio.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, a Palma, ha posat en adopció 50 gossos recentment rescatats d'una finca on convivien en pèssimes condicions higièniques i sanitàries. La intervenció duta a terme a la propietat va detectar múltiples irregularitats i una situació incompatible amb la normativa vigent de benestar animal, tal com ha explicat aquest dimecres l'Ajuntament de Palma.

En concret, els animals van ser localitzats durant una intervenció realitzada el passat 24 de febrer pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Després de l'operatiu, els gossos van ser traslladats a Son Reus, on un equip veterinari va realitzar una avaluació clínica completa a tots els cans per determinar el seu estat de salut.

Els gossos han estat desparasitats interna i externament, vacunats, identificats mitjançant microxip i sotmesos a diferents proves diagnòstiques, entre elles tests ràpids per a la detecció de leishmaniosi. En els casos en què es van detectar símptomes o problemes de salut, els animals van romandre ingressats sota supervisió veterinària per realitzar analítiques i un seguiment més exhaustiu. La resta van ser traslladats progressivament a les dependències habituals del centre aprés confirmar-se una evolució favorable.

Gràcies a aquesta intervenció integral, els 50 gossos es troben actualment en òptimes condicions i, des d'aquest dimecres, han estat posats a disposició de la ciutadania per a la seva adopció responsable. L'Ajuntament subratlla que, d'aquesta manera, s'està oferint “una segona oportunitat a uns animals que han estat patint una situació d'extrema vulnerabilitat”.

El Consistori destaca, així mateix, “la professionalitat i el compromís” del personal veterinari i tècnic del centre de Son Reus, en considerar que la seva tasca “ha resultat fonamental per recuperar unes condicions de vida dignes per a aquests gossos, fent possible que, a partir d'ara, puguin ser donats en adopció”.