Cabezón de Etxauri Bizirik, plataforma creada para la “defensa del medio ambiente, el territorio y la soberanía popular” en la Sierra de Etxauri ante el “macroproyecto fotovoltaico” previsto en el territorio, han acudido a la sede del Departamento de Medio Ambiente a entregar un millar de alegaciones para paralizar la instalación por considerarla un “despropósito” para la fauna y flora de la zona. Además, los integrantes denuncian una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, que consideran que “ha ocultado información” y ha roto “la cohesión social entre los vecinos”.

Antes de entrar al Departamento, varias personas se han concentrado en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos este viernes al mediodía.

Tal y como trasladan desde el colectivo, junto con las “miles de alegaciones” de los vecinos y ayuntamientos de los municipios de la Sierra de Etxauri, también se ha presentado un amplio informe con unas conclusiones “demoledoras y contundentes” sobre el “impacto ambiental de distinto tipo”. “Es un sitio de alto valor ambiental donde no tiene sentido hacer una actividad industrial con altos impactos medioambientales”, afirman desde la organización.

Además “de los vecinos y vecinas”, también se han sumado a la queja “ayuntamientos y concejos” como Salinas de Oro, Vidaurreta, Cendea de Oza, Otxobi, Sarasate, Azanza, Valle de Goñi, que han “presentado alegaciones y mociones pidiendo la paralización del proyecto”.

“No somos pocos y seguiremos creciendo con el objetivo único de proteger el entorno natural de quienes quieren especular y enriquecerse con él”, trasladan desde el colectivo ciudadano. Y remarcan que no es solo el daño visual al entorno natural, “que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos, ya solo con ver la ubicación física se escandalizarían”, sino también el peligro de salud del terreno y de los ciudadanos de la cuenca de Pamplona.

“Aparte de ser un espacio de alto valor ambiental: muy sensible, rodeado de especies protegidas y sin actuación humana en el entorno; es una zona kárstica, el suelo es como un queso gruyer y toda el agua se filtra. Si haces algo en su superficie, se esparce por toda la zona. No tiene sentido [que se construyan sobre ese terreno] nueve centros de transformación, con aceite y refrigeración, y [circulen diariamente] camionetas para hacer mantenimiento durante 30 años, además de las personas [que trabajen], cableados, PVC, hormigón... El agua que se filtra de ese terreno luego se recoge en Arteta para el consumo de agua potable en Pamplona”, explican. Y por eso remarcan que “aparte de la ruptura visual, para las propias especies” y los habitantes de los municipios “es un impacto terrible”.

Según explican, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista “una instalación en la parte alta del monte Sarbil a unos 800 metros de altitud”. En este terreno, de titularidad privada, se pretendía instalar 80.000 paneles solares, una inversión de 40.000.000 de euros. Sin embargo, la empresa promotora no pudo continuar con la iniciativa, pues “en aquel momento hubo una respuesta social de los ayuntamientos de la zona, incluido el Ayuntamiento de Etxauri”, según explican, que “presentaron alegaciones” para proteger un “entorno ambiental tan especial como este”. Tras el recurso, la instalación fotovoltaica “se consiguió paralizar”, pero en 2025 el proyecto volvió a salir para adelante.

El colectivo denuncia que “este proyecto no es diferente” y que “a nivel técnico es prácticamente lo mismo que lo que se expuso en 2022”, pero que se ha resuelto por un impulso “en la sombra” de determinados intereses políticos.

Aunque señalan una “gestión irresponsable del partido EH Bildu”, único representante del consistorio de Etxauri, por una supuesta “falta de información” y ocultar “las gestiones que han estado realizando y que siguen realizando”, desde Cabezón de Etxauri Bizirik trasladan que su objetivo no es la confrontación política y que únicamente buscan “la paralización del proyecto” por “el dónde” se quiere ubicar. Según explican, buscan aglutinar “a toda persona, institución o sujeto que quiera compartir la respuesta colectiva y conjunta en cuanto a los impactos ambientales. Sin entrar en otras cuestiones de otra índole” como la política. “Aquí hay personas que pueden tener opiniones distintas, pero que tienen claro que ese no es el sitio [para desarrollar el proyecto]”.

Desde la plataforma, esperan que el Departamento de Medio Ambiente “ponga sentido común y vea de forma clara” lo que se plasma en “los informes de alegaciones” presentados. Aunque, según explican, no obtuvieran respuesta de “la invitación al Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, Jose María Aierdi, “para dialogar y entregarle” las alegaciones, afirman tener “esperanza absoluta en que se paralice el proyecto”. “Las conclusiones son clarísimas”, expresan.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha alertado del declive de las aves acuáticas invernantes en Extremadura, especialmente en el grupo de los gansos y anátidas, tras analizar 414 humedales de relevancia en la comunidad autónoma, donde se han observado hasta 77 especies, el número más alto de la serie histórica.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, el estudio se llevó a cabo durante el pasado mes de enero en el marco del censo internacional coordinado por Wetlands International, que se desarrolla anualmente desde 1967 en más de 100 países y que se realiza de forma regular en Extremadura desde 2021.

En esta edición han participado más de 66 personas, entre ellas personal de la Universidad de Extremadura y entidades como ADENEX, que han muestreado 414 humedales mediante recuentos directos por especies, utilizando material óptico y múltiples puntos de observación.

Los datos de 2026 reflejan la mayor riqueza de especies registrada hasta la fecha, con 77 aves acuáticas distintas. Sin embargo, el número total de individuos se sitúa en 122.295 ejemplares, lo que supone un incremento de 1.810 aves respecto a 2025, pero una caída significativa frente a 2024, cuando se contabilizaron 153.156.

Desde SEO/BirdLife subrayan que estas fluctuaciones interanuales evidencian la necesidad de mantener un seguimiento continuado para poder establecer tendencias fiables. En este sentido, advierten de que el actual escenario de cambio climático está reduciendo la llegada de aves al sur de Europa y alterando sus rutas migratorias y áreas tradicionales de invernada.

Entre los casos más preocupantes destaca el del ánsar común, cuya población ha pasado de 23.175 ejemplares en 2013 a solo 1.171 en 2026. Esta evolución refleja, según la organización, un declive fuerte y estadísticamente significativo, con una caída media anual del 11,4 %, lo que apunta a un deterioro del estado poblacional de la especie.

La comparación con el periodo 2012-2014 muestra una pérdida de 65.000 aves en los humedales extremeños, con especial impacto en los patos, de los que han dejado de contabilizarse más de 50.000 ejemplares. Algunas especies, como la cerceta común o el ánade friso, han perdido más del 50 % de sus efectivos invernantes.

Este descenso también afecta a otras aves como la focha común, que ha pasado de 5.467 ejemplares en el periodo 2012-2014 a 3.186 en 2026.

Frente a esta tendencia, se detecta el aumento de especies como el morito común o la espátula común, tradicionalmente estivales y ahora presentes también en invierno, con 2.339 y 210 ejemplares respectivamente. No obstante, el crecimiento más acusado corresponde a una especie exótica invasora, el ganso del Nilo, presente ya en 129 humedales de la región.

Entre ellos se encuentran espacios protegidos como el Complejo Lagunar de La Albuera y el Embalse de Orellana, ambos incluidos en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar.

Estos enclaves presentan, además, altos niveles de contaminación, según un estudio reciente del proyecto LIBERA, con concentraciones superiores a los 5.000 ng/L en La Albuera y por encima de los 1.000 ng/L en Orellana.

La organización advierte de que la elevada concentración espacial de estas especies en determinados entornos incrementa su vulnerabilidad ante alteraciones como la contaminación, los cambios hidrológicos, las transformaciones agrícolas o los efectos del cambio climático.

El aumento de la mariposa monarca en los bosques mexicanos refleja el impacto de las políticas de conservación, aunque la especie sigue amenazada por el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitat.

Sin embargo, el último año la especie ha sufrido un respiro inesperado. Según datos publicados por WWF México, la superficie ocupada por estos insectos en sus zonas de hibernación en el país aumentó un 64% en el invierno de 2025-2026, alcanzando las 2,93 hectáreas frente a las 1,79 del año anterior, el nivel más alto desde 2018.

Este dato es especialmente relevante para una especie como Danaus plexippus, considerada en riesgo por su drástica caída en las últimas décadas. Cada año, millones de ejemplares recorren cerca de 4.800 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México, protagonizando una de las migraciones más impresionantes del planeta.

Claves de la recuperación

Uno de los factores más importantes ha sido la mejora en la protección de los bosques dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde la tala ilegal ha caído de forma drástica en los últimos años. Según WWF, se ha pasado de cientos de hectáreas afectadas a apenas 2,55 hectáreas entre 2024 y 2025.

Esta reducción responde a políticas de conservación más estrictas y a la colaboración entre comunidades locales, autoridades y organizaciones internacionales. La mariposa monarca se ha convertido, de hecho, en un símbolo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otro elemento clave ha sido el clima. Según el informe conjunto de WWF y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, condiciones más favorables durante la migración y la hibernación han permitido una mayor supervivencia. Pese a ello, la recuperación sigue siendo limitada. La población actual está muy lejos de los niveles históricos: en 1995 ocupaba más de 18 hectáreas, frente a las menos de 3 actuales. Según el U.S. Fish and Wildlife Service, serían necesarias al menos 6 hectáreas para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

El principal problema se encuentra fuera de México. En Estados Unidos, el uso intensivo de herbicidas ha reducido el algodoncillo, la planta esencial para la reproducción de la especie. Sin ella, las orugas no pueden desarrollarse, lo que limita el crecimiento de la población. A esto se suma la presión sobre los bosques mexicanos, especialmente por la expansión agrícola. Aunque la tala ilegal ha disminuido, la pérdida de hábitat sigue siendo una amenaza constante.

Aun así, el aumento del 64% marca un punto de inflexión. Demuestra que la conservación funciona, pero también que el equilibrio es frágil. El futuro de la mariposa monarca dependerá de mantener estos esfuerzos en todo su recorrido migratorio.

Un juguetón lince ibérico de Ciudad Real es el protagonista de la fotografía ganadora del galardón del público de los Premios al Fotógrafo de Vida Salvaje del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Con el título 'Roedor volador', la instantánea tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan ha sido la vencedora en una edición con un récord de participantes, con más de 85.000 votos.

El premio del público Nuveen del prestigioso certamen de fotografía, cuyos ganadores de su edición de 2026 fueron anunciados en el mes de octubre, se entrega a la imagen más votada por el público entre una lista preseleccionada de 24 fotografías. Las nominadas fueron seleccionadas con anterioridad por un jurado internacional formado por expertos en fotografía, vida salvaje, conservación de la naturaleza y científicos, así como con la participación del Museo de Historia Natural británico.

Josef Stefan tuvo la oportunidad de tomar su fotografía durante las dos semanas que pasó observando a los linces ibéricos desde un escondite cerca de la localidad de Torre de Juan Abad, en la provincia manchega de Ciudad Real. El fotógrafo, nacido en Hollabrunn (Austria) en 1959, es miembro de la Asociación Austriaca de Fotografía de Animales y Naturaleza desde 1993 y formó parte de su junta directiva durante 15 años.

La imagen vencedora muestra a un joven lince lanzando a un roedor al aire antes de matarlo y comérselo, un comportamiento habitual de esta especie de felinos salvajes. Según explicó el fotógrafo a la organización, el macabro juego duró unos 20 minutos hasta que el lince ibérico se aburrió y se llevó al pequeño roedor tras un arbusto para comérselo.

Stefan explica que, a principios de siglo, la especie estaba al borde de la extinción y que, hoy en día, hay más de dos mil ejemplares gracias a los esfuerzos de conservación mantenidos. “El lince ibérico es un símbolo vivo de la esperanza, que muestra lo que puede ocurrir cuando somos responsables, actuamos en conciencia y centramos nuestra atención donde es más necesaria”, asegura el fotógrafo.

De hecho, en el último censo disponible, del año 2024, se contabilizaron 2.401 ejemplares en la península ibérica, 2.047 felinos en territorio español y otros 354 que medran en Portugal. De acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la población de linces ibéricos creció un 19% entre 2023 y 2024, cuando oficialmente abandonó la categoría de “especie en peligro de extinción” tras dos décadas en ella. Las principales poblaciones de la especie se encuentran en la comunidad de Castilla-La Mancha, con más de 900 animales.

Además de la fotografía vencedora, otras cuatro imágenes han sido “altamente elogiadas” por la organización del galardón. Entre ellas se encuentra una de un grupo de flamencos frente a unas torres de energía eléctrica en Walvis Bay, Namibia. La imagen fue tomada por Alexandre Brisson en el país africano.

La organización del premio explica que Brisson llegó a este santuario de aves tras un viaje por carretera de 10 horas, justo cuando se estaba poniendo el Sol. Una foto que muestra cómo incluso los espacios dedicados a la protección de la vida salvaje muestran señales de la imparable expansión humana.

Otra de las instantáneas que han recibido este reconocimiento especial es la que muestra a un grupo de osos polares, formado por una madre osa y sus tres oseznos, durante una pacífica pausa en un día de verano en la costa de la Bahía Hudson, en Canadá. La fotografía es obra de Christopher Paetkau. Una imagen cada vez más difícil de ver.

Otra de las imágenes “altamente elogiadas” por el concurso, ha sido la presentada por Kohei Nagira, que muestra una escena difícil de apreciar en la naturaleza: un ciervo sika portando sobre su cornamenta la cabeza arrancada del cuerpo de un macho rival tras acabar con su vida en una pelea mortal.

En la época de otoño, los machos de esta especie de ciervos oriunda de Japón, luchan entre ellos por las hembras chocando sus cuernos. En este caso, el protagonista de la imagen venció la batalla, pero las cornamentas de ambos se quedaron enganchadas y no pudieron separarse. Un pescador local afirmó que el ciervo estuvo durante días arrastrando el cuerpo completo de su rival fallecido hasta que finalmente logró arrancar su cabeza.

Kohei pudo observar al ciervo en la península de Notsuke, en la región japonesa de Hokkaido, entre finales de noviembre de 2020 y abril de 2021. Aunque vivía de forma solitaria, siguió buscando hierba y ramas para alimentarse y logró sobrevivir el invierno.

Finalmente, la otra instantánea a la que se hace una mención especial es la tomada por Will Nicholls en el Parque Nacional Jasper de Canadá, y que muestra la silueta de un par de oseznos jugando en medio de una carretera, absortos en su pelea infantil ante la llegada de un coche.

El director del Museo de Historia Natural de Londres, el doctor Douglas Gurr, afirma que “ha sido maravilloso ver cómo llegaban todos los votos para elegir la fotografía que sería exhibida aquí en el Museo de Historia Natural” y destacó que la selección de imágenes de este año ha sido “realmente excepcional”.

La imagen ganadora y los cuatro accésits serán exhibidas en la exposición de este año del Fotógrafo de Vida Salvaje del Año (Wildlife Photographer of the Year) que tiene lugar en este museo británico y que estará abierta hasta el próximo 12 de julio.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, a Palma, ha posat en adopció 50 gossos recentment rescatats d'una finca on convivien en pèssimes condicions higièniques i sanitàries. La intervenció duta a terme a la propietat va detectar múltiples irregularitats i una situació incompatible amb la normativa vigent de benestar animal, tal com ha explicat aquest dimecres l'Ajuntament de Palma.

En concret, els animals van ser localitzats durant una intervenció realitzada el passat 24 de febrer pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Després de l'operatiu, els gossos van ser traslladats a Son Reus, on un equip veterinari va realitzar una avaluació clínica completa a tots els cans per determinar el seu estat de salut.

Els gossos han estat desparasitats interna i externament, vacunats, identificats mitjançant microxip i sotmesos a diferents proves diagnòstiques, entre elles tests ràpids per a la detecció de leishmaniosi. En els casos en què es van detectar símptomes o problemes de salut, els animals van romandre ingressats sota supervisió veterinària per realitzar analítiques i un seguiment més exhaustiu. La resta van ser traslladats progressivament a les dependències habituals del centre aprés confirmar-se una evolució favorable.

Gràcies a aquesta intervenció integral, els 50 gossos es troben actualment en òptimes condicions i, des d'aquest dimecres, han estat posats a disposició de la ciutadania per a la seva adopció responsable. L'Ajuntament subratlla que, d'aquesta manera, s'està oferint “una segona oportunitat a uns animals que han estat patint una situació d'extrema vulnerabilitat”.

El Consistori destaca, així mateix, “la professionalitat i el compromís” del personal veterinari i tècnic del centre de Son Reus, en considerar que la seva tasca “ha resultat fonamental per recuperar unes condicions de vida dignes per a aquests gossos, fent possible que, a partir d'ara, puguin ser donats en adopció”.

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, en Palma, ha puesto en adopción a 50 perros recientemente rescatados de una finca donde convivían en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. La intervención llevada a cabo en la propiedad detectó múltiples irregularidades y una situación incompatible con la normativa vigente de bienestar animal, tal como ha explicado este miércoles el Ajuntament de Palma.

En concreto, los animales fueron localizados durante una intervención realizada el pasado 24 de febrero por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Natural. Tras el operativo, los perros fueron trasladados a Son Reus, donde un equipo veterinario realizó una evaluación clínica completa a todos los canes para determinar su estado de salud.

Los perros han sido desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip y sometidos a diferentes pruebas diagnósticas, entre ellas test rápidos para la detección de leishmaniosis. En los casos en los que se detectaron síntomas o problemas de salud, los animales permanecieron ingresados bajo supervisión veterinaria para realizar analíticas y un seguimiento más exhaustivo. El resto fueron trasladados progresivamente a las dependencias habituales del centro tras confirmarse una evolución favorable.

Gracias a esta intervención integral, los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y, desde este miércoles, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable. El Ajuntament subraya que, de este modo, se está ofreciento “una segunda oportunidad a unos animales que han estado sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad”.

El Consistorio destaca, asimismo, “la profesionalidad y el compromiso” del personal veterinario y técnico del centro de Son Reus, al considerar que su labor “ha resultado fundamental para recuperar unas condiciones de vida dignas para estos perros, haciendo posible que, a partir de ahora, puedan ser dados en adopción”.

La presencia del lince ibérico en la Comunidad de Madrid, símbolo de la recuperación de una de las especies más amenazadas de la fauna europea, se ha visto empañada por el hallazgo de un ejemplar adulto muerto. El pasado viernes 27 de febrero, un particular encontró el cadáver de un lince ibérico en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, en una cuneta de la carretera M-203.

El animal, un macho de entre ocho y nueve años de edad, presentaba lesiones compatibles con un posible atropello que ahora está bajo investigación, según ha informado el Instituto Armado. La Guardia Civil recibió un aviso en el que alertaban de la presencia del cadáver del lince en el margen de la carretera, hasta donde se trasladaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Ya en el lugar llevaron a cabo una inspección ocular y el levantamiento del cadáver mediante acta. Posteriormente, trasladaron el cuerpo mediante cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid.

Durante las exploraciones pertinentes se observaron diversos traumatismos y lesiones relacionadas con un atropello, que más tarde confirmaron los expertos del CRAS. Además, se pudo comprobar que procedía de la Comunidad de Madrid, ya que el animal poseía chip.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han confirmado que este ejemplar no es Uraclio, el lince ibérico macho de dos años y medio detectado hace unos meses en la zona este de la región, cerca de Guadalajara. El animal, procedente de los Montes de Toledo, fue reintroducido hace tan solo unos días junto a una hembra originaria de Cáceres por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca, concretamente en la comarca de Las Pedroñeras.

Del ejemplar encontrado no se tenía constancia en la región y todavía se desconoce cómo pudo llegar desde la Comunidad Valenciana al municipio madrileño.

Una parella alemanya s'asseu aquests dies a la banqueta de l'Audiència Provincial de les Balears acusada de muntar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centre de cria clandestí de tortugues protegides la desarticulació del qual va derivar en una de les majors operacions contra el tràfic il·legal d'aquests rèptils a nivell internacional. La investigació -batejada com a operació Coahuila- es va saldar amb la confiscació de més de 1.100 exemplars de diferents espècies i més de 750 ous, així com amb el desmantellament del que la Guàrdia Civil va considerar el major criador il·legal de tortugues d'Europa.

El Ministeri Públic els atribueix tres delictes -contra la fauna, contraban i blanqueig de capitals- i demana per a ells cinc anys i mig de presó, a més d'indemnitzacions que superen els 200.000 euros, mentre que per a un tercer acusat, propietari d'una botiga de rèptils de Barcelona, sol·licita dos anys de presó per la seva presumpta implicació en la venda dels animals. La parella acusada criava tortugues aquàtiques, terrestres i de bosc, així com tortugues de les Galápagos, moltes d'elles espècies protegides i amenaçades, en unes instal·lacions que, segons la investigació, incloïen diverses files de piscines de plàstic, terraris i dues habitacions de la vivenda habilitades amb neveres i incubadores per als ous i les cries.

Els acusats, que declararan la setmana vinent, en la recta final del judici, a petició de les seves defenses, venien els exemplars a través del propietari de la botiga.

Durant la vista oral per aquests fets, diversos agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de l'Institut Armat van declarar aquest dijous com un dels acusats estava “molt nerviós” quan els funcionaris van registrar la finca. “O no entenia o no volia entendre”, va assenyalar un d'ells en referència al company sentimental de la dona.

En la sessió d'aquest divendres, l'encarregat d'una empresa transportista ha assenyalat que els acusats rebien “de tant en tant” palets amb ratolins congelats, situació que els resultava “xocant”. El transportista ha explicat que creia que els ratolins congelats es demanaven per donar menjar a animals, perquè havia sentit -encara que no ho sabia amb certesa- que “es dedicaven a aquesta activitat”. A preguntes de la defensa dels acusats, el testimoni ha assenyalat que mai va transportar animals vius i que per a això es necessiten “uns permisos especials”. L'encarregat ha incidit que una vegada va haver de “tramitar l'enviament d'una caseta o un petit viver per al qual va ser necessari un camió grua”.

També va declarar com a testimoni un responsable del centre de conservació animal on van ser dipositats els animals intervinguts a la botiga de rèptils de Barcelona. “Només queda una tortuga i dues salamandres”, va manifestar, evidenciant que la majoria han mort.

Una “important logística”

Juntament amb dos inspectors de l'autoritat administrativa CITES (Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres), els agents del Seprona van registrar la finca el 27 de juny de 2018. In situ, van comprovar que els propietaris tenien un criador il·legal de tortugues.

“Disposaven d’una important logística destinada a la cria i reproducció dels exemplars de tortugues tant aquàtiques com terrestres i de bosc que posseïen, així com tortugues d'estany, consistent en diverses fileres de piscines de plàstic, així com diversos terraris”, detalla l’escrit. Els acusats destinaven dues habitacions de la casa “a la ubicació de neveres i incubadores on incubar els ous, així com a les cries que anaven naixent”, segons es desprèn de la investigació.

Els processats destinaven dues habitacions de la casa per a la ubicació de neveres i incubadores d'ous i de les cries que anaven naixent. 

En total, es van interceptar 800 tortugues de 71 espècies diferents, exclusivament en aquest operatiu. Segons consta en la investigació, els agents del Seprona van practicar noves entrades i registres a la mateixa finca els dies 2, 4 i 12 de juliol d’aquell any. En aquestes inspeccions van localitzar, entre altres elements, 119 tortugues femelles que es trobaven en període d’ovulació, així com nombrosos ous dipositats en incubadores que els acusats tenien a l’habitatge.

Durant aquestes noves actuacions, els agents també van procedir a la confiscació de divers material destinat tant a l’alimentació com a la cria i reproducció dels quelonis. El Ministeri Públic subratlla que, sumant els exemplars intervinguts en tots els registres i aquells que van néixer posteriorment a partir dels ous decomissats, el nombre total d’espècimens confiscats va ascendir a 1.063.

Un negoci de mig milió d'euros

D'acord a la valoració econòmica recollida en l’escrit d’acusació, el conjunt dels exemplars decomissats —l’origen i l’adquisició legal dels quals no ha quedat acreditada—, juntament amb els nascuts a les instal·lacions a partir dels ous confiscats, assoleix un valor total de 545.712 euros

La Fiscalia assenyala, a més, que tots els animals intervinguts, així com els ous procedents d'aquests, van ser dipositats a les instal·lacions de la Fundació Natura Parc (entitat gestora de diversos departaments encarregats de la conservació i recuperació animal i mediambiental). Aquesta entitat ha anat informant periòdicament, mitjançant factures, de les despeses derivades del manteniment dels exemplars. D’acord amb les actuacions, el Ministeri de Justícia havia abonat fins al maig de 2021 gairebé 188.000 euros en concepte d’aquestes despeses, una quantitat que el Ministeri Públic reclama ara als acusats.

En el seu escrit, la Fiscalia conclou que els acusats, “amb la realització de l’activitat desenvolupada i atenent el volum d’exemplars, les característiques dels mateixos i les nombroses transaccions realitzades”, van posar en risc la biodiversitat de les espècies afectades.

El judici encararà la seva recta final la setmana vinent amb les declaracions dels acusats i els informes de les parts.

Una pareja alemana se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears acusada de montar, en una finca de Llucmajor (Mallorca), un centro de cría clandestino de tortugas protegidas cuya desarticulación se convirtió en una de las mayores operaciones contra el tráfico ilegal de estos reptiles a nivel internacional. La investigación -bautizada como operación Coahuila- se saldó con la incautación de más de 1.100 ejemplares de distintas especies y más de 750 huevos, así como con el desmantelamiento del que la Guardia Civil consideró el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa.

El Ministerio Público les atribuye tres delitos -contra la fauna, contrabando y blanqueo de capitales- y pide para ellos cinco años y medio de prisión, además de indemnizaciones que superan los 200.000 euros, mientras que para un tercer acusado, propietario de una tienda de reptiles de Barcelona, solicita dos años de cárcel por su presunta implicación en la venta de los animales. La pareja acusada criaba tortugas acuáticas, terrestres y de bosque, así como galápagos, muchas de ellas especies protegidas y amenazadas, en unas instalaciones que, según la investigación, incluían varias filas de piscinas de plástico, terrarios y dos habitaciones de la vivienda habilitadas con neveras e incubadoras para los huevos y las crías.

Los acusados, quienes declararán la próxima semana, en la recta final del juicio, a petición de sus defensas, vendían los ejemplares a través del propietario de una tienda de reptiles de Barcelona.

Durante la vista oral por estos hechos, varios agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado declararon este jueves cómo uno de los acusados estaba “muy nervioso” cuando los funcionarios registraron la finca. “O no entendía o no quería entender”, señaló uno de ellos en referencia al compañero sentimental de la mujer.

En la sesión de este viernes, el encargado de una empresa transportista ha señalado que los acusados recibían “de vez en cuando” palets con ratones congelados, situación que les resultaba “chocante”. El transportista ha explicado que creía que los ratones congelados se pedían para dar de comer a animales, porque había escuchado -aunque no lo sabía con certeza- que “se dedicaban a esta actividad”. A preguntas de la defensa de los acusados, el testigo ha señalado que nunca transportó animales vivos y que para ello se necesitan “unos permisos especiales”. El encargado ha incidido en que una vez tuvo que “tramitar el envío de un caseta o un pequeño vivero para el que fue necesario un camión grúa”.

También ha declarado como testigo un responsable del centro de conservación animal en el que fueron depositados los animales intervenidos en la tienda de reptiles de Barcelona. “Solo quedan una tortuga y dos salamandras”, ha manifestado, evidenciando que la mayoría de ellos han fallecido.

Una “importante logística”

Junto a dos inspectores de la autoridad administrativa CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), los agentes del Seprona registraron la finca el 27 de junio de 2018. In situ, comprobaron que los propietarios tenían un criadero ilegal de tortugas. “Poseían una importante logística destinada a la cría y reproducción de los ejemplares de tortugas tanto acuáticas, como terrestres y de bosque que poseían así como galápagos, consistiendo dichas instalaciones en varias filas de piscinas de plástico, así como varios terrarios”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía. Los procesados destinaban dos habitaciones de la casa para la ubicación de neveras e incubadoras de huevos y de las crías que iban naciendo. 

En total, se interceptaron 800 tortugas de 71 especies distintas, exclusivamente en ese operativo. Según consta en la investigación, los agentes del Seprona practicaron nuevas entradas y registros en la misma finca los días 2, 4 y 12 de julio de ese año. En estas inspecciones localizaron, entre otros elementos, 119 tortugas hembras que se encontraban en período de ovulación, así como numerosos huevos depositados en incubadoras que los acusados tenían en la vivienda.

Durante estas nuevas actuaciones, los agentes procedieron también a la incautación de diverso material destinado tanto a la alimentación como a la cría y reproducción de los quelonios. El Ministerio Público subraya que, sumando los ejemplares intervenidos en todos los registros y aquellos que nacieron con posterioridad a partir de los huevos decomisados, el número total de especímenes incautados ascendió a 1.063.

Un negocio de medio millón de euros

De acuerdo a la valoración económica recogida en el escrito de acusación, el conjunto de los ejemplares decomisados -cuyo origen y adquisición legal no ha quedado acreditado-, junto con los nacidos en las instalaciones a partir de los huevos incautados, alcanza un valor total de 545.712 euros.

La Fiscalía señala además que todos los animales intervenidos, así como los huevos procedentes de los mismos, fueron depositados en las instalaciones de la Fundación Natura Parc (entidad gestora de diversos departamentos encargados de la conservación y recuperación animal y medioambiental). Esta entidad ha ido informando periódicamente, mediante facturas, de los gastos derivados del mantenimiento de los ejemplares. De acuerdo con las actuaciones, el Ministerio de Justicia había abonado hasta mayo de 2021 casi 188.000 euros en concepto de estos gastos, una cantidad que el Ministerio Público reclama ahora a los acusados.

En su escrito, la Fiscalía concluye que los acusados, “con la realización de la actividad desempeñada y atendiendo al volumen de ejemplares, las características de los mismos y las numerosas transacciones realizadas”, pusieron en riesgo la biodiversidad de las especies afectadas.

El juicio encarará su recta final la próxima semana con las declaraciones de los acusados y los informes de las partes.

Una nova polèmica esquitxa PP i Vox a les Illes Balears, que governen les principals institucions de Mallorca a través de diferents acords de governabilitat. L’hipòdrom de Son Pardo, situat a la capital, no té la llicència d’activitats, segons ha pogut comprovar elDiario.es a través de documentació del Consell Insular. El recinte esportiu va intentar regularitzar la seva situació quan el 2017 va sol·licitar una llicència d’obres-activitat, que implicava una reforma de l'interior, però aquesta mai no es va arribar a completar, com consta en la documentació municipal consultada per aquest diari. Malgrat això, l’hipòdrom de Son Pardo està acollint activitats esportives amb total normalitat.

Després de sol·licitar una llicència d’obres el 2017, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) va rebre finalment el permís el 2020, i les obres van començar el 5 de novembre d’aquell any. Tres anys més tard, el 26 de setembre de 2023, l’IEHM va sol·licitar una pròrroga per acabar els treballs. El 15 d’abril de 2024, el regidor d’Urbanisme, Óscar Fidalgo (PP), va aprovar l’extensió per tretze mesos, fixant com a nova data límit el 5 de desembre de 2024, encara que amb algunes condicions. En la resolució d’Urbanisme, consultada per aquest diari, es permet sol·licitar una segona i última pròrroga de fins a sis mesos i mig, sempre que s’hagi executat almenys la meitat de l’obra i estiguin acabades façanes, cobertes i fusteries exteriors, certificat per la direcció de l’obra. Però, segons la documentació del Consell, aquestes condicions encara no es compleixen, perquè falten per completar les fases II i III de les obres.

La Llei 7/2013 estableix que, quan un edifici es construeix o reforma per a una activitat concreta —per exemple, un hipòdrom que acull competicions esportives—, no es poden tramitar per separat les obres i l’activitat. És a dir, ambdós han de gestionar-se conjuntament, assegurant que el lloc sigui segur, compleixi les normes de salubritat i medi ambient, i respecti la normativa urbanística. Es pot presentar un sol projecte que abasti tot o dos projectes separats, però sempre coordinats i revisats conjuntament. A més, la normativa balear indica que les activitats han de complir les condicions de la seva llicència i la resta de la normativa aplicable, inclosa la Llei 39/2022, de l’Esport.

Mentre es fan les curses de cavalls, l’hipòdrom de Son Pardo no compta amb la llicència d’activitat vigent, cosa que podria constituir un incompliment de la normativa, segons denuncien el PSIB-PSOE i Progreso en Verde. 'La situació a Son Pardo és d’extrema gravetat', ha afirmat Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusat el Consell Insular de 'no haver actuat amb diligència i no haver fet res' per evitar perdre la llicència provisional d’activitats. Pedro Bestard és vicepresident segon i conseller no adscrit de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, després d’haver abandonat la direcció de Vox a les Balears el setembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer tinent d’alcalde, controla la cartera d’Urbanisme.

Ni l’Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respost a les preguntes d’aquest diari en relació amb la presumpta activitat irregular en el moment en què es publica aquesta notícia. L’hipòdrom no ha contestat els missatges ni les trucades.

Més subvencions públiques

Malgrat tot, el departament de Pedro Bestard ha incrementat en gairebé un 19% el pressupost destinat aquest any al món del trot, segons va informar el Consell de Mallorca. En aquest sentit, el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) ha pujat a gairebé 4,8 milions d’euros. La Federació Balear de Trot (FBT) ha augmentat la seva partida en 100.000 euros, situant-se en un milió dos-cents cinquanta mil euros. L’objectiu, segons el Consell Insular, és “augmentar el nombre de curses als hipòdroms” gestionats per l’IEHM.

Amb aquest augment, el departament d’Esports del Consell Insular esperava incrementar en 28 les curses de cavalls que se celebrarien a Son Pardo, passant de les 238 de 2024 fins a les 266 de 2025. En aquest sentit, el conseller Bestard va afirmar que el compromís de la institució insular és “continuar donant suport al món del trot, augmentant el nombre de curses i millorant les instal·lacions dels hipòdroms, amb l’objectiu de potenciar un esport tan arrelat a Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotació animal”

“Hem enviat un escrit al Seprona —de la Guàrdia Civil— perquè investigui què està passant”, ha explicat a aquest diari Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde. Segons el portaveu animalista, la situació és d’“extrema gravetat” perquè, com que no té la corresponent llicència, totes les curses que s’estan fent “serien il·legals”, a parer seu. Per tant, qualsevol incident que pogués ocórrer amb els assistents a les competicions esportives “també seria de molta gravetat”, ha apuntat.

No obstant això, Amengual recorda que les presumptes irregularitats al voltant de l’hipòdrom són constants. Una situació a la qual cal sumar el cas de dopatge que va sortir la setmana anterior. “És una darrere l’altra”, ha remarcat i ha acusat l’Ajuntament de manca de transparència. “Portem gairebé tres anys de legislatura i tenim zero respostes. Tot el que hem enviat sobre diferents temes, i al qual tenen l’obligació de respondre —això ens ho diuen tant el Seprona com la Policia Local—, no obtenim respostes”, ha retret. Segons Amengual, el Consistori ni tan sols respon al Seprona.

“En un cas anterior, relacionat amb les calesses, el Seprona va aixecar un ofici contra l’Ajuntament per deficiències a l’ordenança i tampoc van contestar. Quan no es respon a les autoritats, a nosaltres evidentment molt menys”, ha insistit. Progreso en Verde demana “el tancament immediat” de l’hipòdrom de Son Pardo, de manera cautelar, fins que “s’aclareixi realment què està passant”.

En aquest sentit, Amengual es remet a les declaracions del PSOE, que sostenen que el recinte funciona sense llicència. “Això ho sap tothom, fins i tot la Federació Balear de Trot (FBT). Em vaig queixar al Seprona perquè no entenc que, si no hi ha llicència d’activitats, es permeti que continuï operant”, ha valorat. La FBT no ha respost a la consulta d’aquest diari en relació amb l’activitat presumptament irregular de l’hipòdrom.

“És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien”, ha lamentat Amengual. Al seu entendre, els assumptes relacionats amb l’explotació animal semblen poder operar fora de les normes, sense control. “Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament. Estem convençuts que no serà així, que continuarà operant amb normalitat”, ha indicat i ha afegit que des del seu partit insistiran al Seprona “fins on pugui arribar”. “Però si el Consell o l’Ajuntament no volen tancar-lo, no el tancaran”.

És com un restaurant o un bar al qual li suspenen la llicència i continua obert: la multa seria molt gran i probablement el tancarien. Si la llicència està paralitzada per unes obres, hauria de tancar-se immediatament

Guillem Amengual — Progreso en Verde

Així, el president de Progreso en Verde descriu que els cavalls de curses pateixen “explotació” i “maltractament”, tant en els entrenaments com en les competicions. “Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts acaben a les calesses per continuar sent explotats allà”, ha opinat.

També enumera altres suposats casos de males pràctiques: quadres que no estan en condicions i nombrosos casos de dopatge —no un ni dos, sinó molts—. “Estem convençuts que si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor, sobretot a les potes, on pateixen moltes lesions”, ha assegurat.

Amengual ha afirmat que, després de les denúncies de Progreso en Verde, es van fer moltes revisions veterinàries i que la Fiscalia va confirmar que “tots els cavalls examinats tenien lesions antigues a les potes”. “També hi ha hagut casos de material il·legal, com les justes amb què es colpejava els cavalls, cosa que hauria d’estar totalment prohibida”, ha lamentat. Finalment, ha recordat el cas de Sorky Das Pon, un cavall que va ser assassinat per un dels seus propietaris després de perdre una cursa. “És explotació i maltractament animal”, ha conclòs.

És explotació i maltractament animal. Quan deixen de guanyar premis i de generar diners, molts cavalls acaben a les calesses per continuar sent explotats allà. Si en cada cursa es fes un control antidopatge, no hi hauria curses, perquè presumptament se’ls administren substàncies per evitar el dolor

Guillem Amengual — Progreso en Verde

En la mateixa línia s’ha pronunciat l’associació Satya Animal. “Continuar operant sense llicència d’activitats és una mostra més de la permissivitat i complicitat de les administracions amb negocis basats en l’explotació cruel d’animals, tal com veiem amb altres activitats com la tauromàquia”, ha afirmat a aquest diari Kike Gimeno.

El portaveu de l’entitat animalista lamenta que aquest tipus d’activitats es fonamenten en l'“errònia idea” que “tot el que és tradicional és vàlid”. “Ja anem tard, com a societat, en la revisió de costums i tradicions que no s’alineïn amb uns valors ètics mínims”, ha sostingut.

Els cavalls són éssers molt sensibles i intel·ligents que són domesticats a la força, obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa

Kike Gimeno — Portaveu de Satya Animal

Gimeno ha recordat que els cavalls són “éssers molt sensibles i intel·ligents” que són domesticats “a la força” i “obligats a realitzar esforços que comprometen la seva salut i tractats com a objectes que es rebutgen quan pateixen una lesió greu o quan el seu rendiment competitiu baixa”. Al mateix temps, ha lamentat que aquesta “explotació” dels cavalls es combini amb una altra activitat perniciosa com són les apostes esportives, que degraden “encara més el nivell moral de la societat”.

Una nueva polémica salpica a PP y Vox en Balears, que gobiernan las principales instituciones de Mallorca a través de diferentes acuerdos de gobernabilidad. El hipódromo de Son Pardo, ubicado en la capital, carece de la licencia de actividades, según ha podido comprobar elDiario.es a través de documentación del Consell Insular. El recinto deportivo intentó regularizar su situación cuando en 2017 pidió una licencia de obras-actividad, que implicaba una reforma de su interior, pero ésta nunca se llegó a completar, como consta en la documentación municipal consultada por este diario. Pese a ello, el hipódromo de Son Pardo está acogiendo actividades deportivas con total normalidad.

Después de solicitar una licencia de obras en 2017, el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) recibió finalmente el permiso en 2020, y las obras comenzaron el 5 de noviembre de ese año. Tres años más tarde, el 26 de septiembre de 2023, el IEHM solicitó una prórroga para terminar los trabajos. El 15 de abril de 2024, el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo (PP), aprobó la extensión por 13 meses, fijando como nueva fecha límite el 5 de diciembre de 2024, aunque con algunas condiciones. En la resolución de Urbanismo, consultada por este diario, se permite pedir una segunda y última prórroga de hasta seis meses y medio, siempre que se haya ejecutado al menos la mitad de la obra y estén terminadas fachadas, cubiertas y carpinterías exteriores, certificado por la dirección de la obra. Pero, según la documentación del Consell, estas condiciones no se cumplen todavía, porque faltan por completar las fases II y III de las obras.

La Ley 7/2013 establece que, cuando un edificio se construye o reforma para una actividad concreta —por ejemplo, un hipódromo que acoge competiciones deportivas—, no se pueden tramitar por separado las obras y la actividad. Es decir, ambos deben gestionarse juntos, asegurando que el lugar sea seguro, cumpla con las normas de salubridad y medio ambiente, y respete la normativa urbanística. Se puede presentar un solo proyecto que abarque todo o dos proyectos separados, pero siempre coordinados y revisados conjuntamente. Además, la normativa balear indica que las actividades deben cumplir las condiciones de su licencia y el resto de la normativa aplicable, incluida la Ley 39/2022, del Deporte.

Mientras se realizan las carreras de caballos, el hipódromo de Son Pardo no cuenta con la licencia de actividad vigente, lo que podría constituir un incumplimiento de la normativa, según denuncian el PSIB-PSOE y Progreso en Verde. “La situación en Son Pardo es de extrema gravedad”, ha afirmado Andreu Serra, conseller del PSIB-PSOE, que ha acusado al Consell Insular de “no haber actuado con diligencia y no haber hecho nada” para evitar perder la licencia provisional de actividades. Pedro Bestard es vicepresidente segundo y conseller no adscrito de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, después de haber abandonado la dirección de Vox en Balears en septiembre de 2024. Óscar Fidalgo (PP), tercer teniente de alcalde, controla la cartera de Urbanismo.

Ni el Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respondido a las preguntas de este diario en relación a la presunta actividad irregular en el momento en que se publica esta noticia. El hipódromo no ha contestado a los mensajes ni a las llamadas.

Más subvenciones públicas

Pese a todo, el departamento de Pedro Bestard ha incrementado en casi un 19% el presupuesto destinado este año al mundo del trote, según informó el Consell de Mallorca. En este sentido, el presupuesto del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ha ascendido a casi 4,8 millones de euros. La Federación Balear de trot (FBT) ha aumentado su partida en 100.000 euros y se ha situado en un millón doscientos cincuenta mil euros. El objetivo, según el Consell Insular, es “aumentar el número de carreras en los hipódromos” gestionados por el IEHM.

Con este aumento, el departamento de Deportes del Consell Insular esperaba incrementar en 28 las carreras de caballos que se fueran a celebrar en Son Pardo, pasando de las 238 de 2024 hasta las 266 de 2025. En este sentido, el conseller Bestard afirmó que el compromiso de la institución insular es “seguir apoyando el mundo del trote, aumentado el número de carreras y mejorando las instalaciones de los hipódromos, a fin de potenciar un deporte tan arraigado en Mallorca”.

Progreso en Verde denuncia “explotación animal”

“Hemos enviado un escrito al Seprona —de la Guardia Civil— para que investigue qué es lo que está sucediendo”, ha explicado a este diario Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde. Según el portavoz animalista, la situación es de “extrema gravedad” porque, al no disponer de la correspondiente licencia, todas las carreras que se están haciendo “serían ilegales”, en su opinión. Por tanto, cualquier incidente que pudiera ocurrir con los asistentes a las competiciones deportivas “también sería de muchísima gravedad”, ha apuntado.

No obstante, Amengual recuerda que las presuntas irregularidades en torno al hipódromo son constantes. Una situación a la que hay que sumar el caso de dopaje que salió la semana anterior. “Es una detrás de otra”, ha remarcado y ha acusado al Ajuntament de falta de transparencia. “Llevamos casi tres años de legislatura y tenemos cero respuestas. Todo lo que hemos enviado sobre distintos temas, y que tienen la obligación de responder —esto nos lo dicen tanto el Seprona como la Policía Local—, no obtenemos respuestas”, ha reprochado. Según Amengual, el Consistorio ni siquiera responde al Seprona.

“En un caso anterior, relacionado con las calesas, el Seprona levantó un oficio contra el Ayuntamiento por deficiencias en la ordenanza y tampoco contestaron. Cuando no se responde a las autoridades, a nosotros evidentemente mucho menos”, ha insistido. Progreso en Verde pide “el cierre inmediato” del hipódromo de Son Pardo, de forma cautelar, hasta que “se aclare realmente qué está sucediendo”.

En este sentido, Amengual se remite a las declaraciones del PSOE, que sostienen que el recinto funciona sin licencia. “Esto lo sabe todo el mundo, incluso la Federación Balear de trot (FBT). Yo me quejé al Seprona porque no entiendo que, si no hay licencia de actividades, se permita que siga operando”, ha valorado. La FBT no ha respondido a la consulta de este diario en relación a la actividad presuntamente irregular del hipódromo.

“Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían”, ha lamentado Amengual. En su opinión, los asuntos que tienen que ver con la explotación animal parecen poder operar fuera de las reglas, sin control. “Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente. Estamos convencidos de que no será así, que va a seguir operando con normalidad” ha indicado y ha añadido que desde su partido insistirán al Seprona “hasta donde pueda llegar”. “Pero si el Consell o el Ayuntamiento no quieren cerrarlo, no lo cerrarán”.

Es como un restaurante o un bar al que le suspenden la licencia y sigue abierto: la multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían. Si la licencia está paralizada por unas obras, debería cerrarse inmediatamente

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

El presidente de Progreso en Verde describe que los caballos de carreras sufren “explotación” y “maltrato”, tanto en los entrenamientos como en las competiciones. “Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí”, ha opinado.

Así, enumera otros supuestos casos de malas prácticas: cuadras que no están en condiciones y numerosos casos de dopaje —no uno ni dos, sino muchos—. “Estamos convencidos de que si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor, sobre todo en las patas, donde sufren muchas lesiones”, ha asegurado.

Amengual ha afirmado que, tras las denuncias de Progreso en Verde, se hicieron muchas revisiones veterinarias y que la Fiscalía confirmó que “todos los caballos examinados tenían lesiones antiguas en las patas”. “También ha habido casos de material ilegal, como las justas con las que se golpeaba a los caballos, algo que debería estar totalmente prohibido”, ha lamentado. Finalmente, ha recordado el caso de Sorky Das Pon, un caballo que fue asesinado por uno de sus propietarios tras perder una carrera. “Es explotación y maltrato animal”, ha concluido.

Es explotación y maltrato animal. Cuando dejan de ganar premios y de generar dinero, muchos caballos acaban en las calesas para seguir siendo explotados allí. Si en cada carrera se hiciera un control antidopaje, no habría carreras, porque presuntamente se les administran sustancias para evitar el dolor

Guillermo Amengual — Progreso en Verde

En la misma línea se ha pronunciado la asociación Satya Animal. “Seguir operando sin licencia de actividades es una muestra más de la permisividad y complicidad de las administraciones con negocios basados en la explotación cruel de animales, tal y como vemos con otras actividades como la tauromaquia”, ha afirmado a este diario Kike Gimeno. 

El portavoz de la entidad animalista lamenta que este tipo de actividades se fundamentan en la “errónea idea” de que “todo lo que es tradicional es válido”. “Ya vamos tarde, como sociedad, en la revisión de costumbres y tradiciones que no se alineen con unos valores éticos mínimos”, ha sostenido.

Los caballos son seres muy sensibles e inteligentes que son domesticados a la fuerza, obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja

Kike Gimeno — Portavoz de Satya Animal

Gimeno ha recordado que los caballos son “seres muy sensibles e inteligentes” que son domesticados “a la fuerza” y “obligados a realizar esfuerzos que comprometen su salud y tratados como objetos que son desechados cuando sufren una lesión grave o cuando su rendimiento competitivo baja”. Al mismo tiempo, ha lamentado que esta “explotación” de los caballos se junta con otra actividad perniciosa como son las apuestas deportivas que degradan “aún más el nivel moral de la sociedad”.

Han passat tres dècades des de l’obertura del 'refugi' d'animals d'Eivissa Can Dog. Trenta anys de calamitats i insalubritat, amb gossos mal cuidats, envoltats de rosegadors, excrements i escombraries. Unes negligències que, no obstant això, no havien estat suficients per a instar la seva clausura, fins ara. El Consell Insular va confirmar la setmana passada que el centre Can Dog ja no exerceix com a residència canina ni com a nucli zoològic, en constatar reiterats incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal en diverses inspeccions realitzades en els últims dos mesos. No sols dels tècnics de la institució, sinó també per part del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil.

Representants del Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) han reclamat durant molt de temps el tancament del centre, sobre el que pesen a més acusacions de maltractament animal, com van declarar els voluntaris a elDiario.es el novembre passat. Les denúncies del partit venien recolzades pels informes, sancions i les nombroses acusacions que emboliquen al gestor del ranxo, P.A. L'empresari acumulava, a més, impagaments als seus treballadors i va anar perdent, a poc a poc, les concessions públiques que se li havien atorgat, mantenint, tan sols, el servei de recollida d'animals amb l'Ajuntament de Sant Antoni.

Ara, segons ha declarat a aquest diari el seu propi fill, qui treballava en el refugi on després de denunciar el cas té prohibida l'entrada, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Però no és a l'única cosa a la que haurà de fer front, sinó que el Consell ha tramitat un expedient sancionador que de moment continua obert, pel que es desconeix encara l'import de la multa que haurà d'abonar.

Segons ha declarat a aquest diari el fill del propietari, qui treballava en el refugi -al qual té prohibida l'entrada després de denunciar el cas-, l'explotador podria enfrontar-se a una ordre de desnonament per part de la propietària del terreny. Per part seva, el Consell ha obert un expedient sancionador contra ell

Prohibició de nous animals i gossos abandonats

La institució insular va ordenar el passat 17 d'octubre la baixa del nucli zoològic i va dictar mesures cautelars que prohibien l'entrada de nous animals i obligaven a retornar als seus propietaris els gossos que estaven allà allotjats. Malgrat això, inspeccions posteriors van revelar la presència d'entre 21 i 41 cans, molts d'ells pertanyents a persones alienes al centre. Després que la Policia Local localitzés als seus amos, quatre dels animals que seguien a l'interior de Can Dog van ser retirats per l'Ajuntament de Sant Joan i traslladats al centre municipal de protecció animal.

Així mateix, el Consell va remetre al Consistori altres set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració. Olivier Hassler, representant de Pacma, va denunciar en aquest moment que la situació era “lamentable” i va retratar la injustícia que els animals acabessin pagant els problemes del ranxo.

El Consell d'Eivissa va notificar set possibles casos d'abandó de gossos per part d'un mateix propietari, qui no s'havia fet responsable de recollir-los dins del termini fixat per l'administració

La cadena d'inspeccions va començar, no obstant això, molt abans. Al juny, després de l'obertura d'un expedient per presumptes incompliments de la normativa de benestar i sanitat animal, els serveis veterinaris del Consell es van dirigir al problemàtic centre d'acolliment. La vigilància es va intensificar durant els mesos d'octubre i novembre, revelant un escenari sostingut d'irregularitats.

En un dels primers reconeixements, realitzat el 15 d'octubre, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Les inspeccions posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: el 28 d'octubre encara hi havia 38 cans en el recinte, 28 d'ells allotjats en règim de residència. El responsable del centre va assegurar llavors que necessitaria uns vint dies per a completar les devolucions, excepte en els casos en que els propietaris no acudissin a recollir-los.

En una de les primeres inspeccions, els tècnics van observar com Can Dog continuava funcionant com a residència malgrat no complir els requisits legals. Els reconeixements posteriors van confirmar que les mesures no s'estaven complint plenament: encara quedaven 38 cans en el recinte, 28 d'ells en règim de residència

Un abandó múltiple

El 21 de novembre, una altra visita va constatar la presència de 21 gossos, 11 d'ells pertanyents a persones sense relació amb l'establiment, que seguien allà cinc dies després, quan van tornar els inspectors. En l'última inspecció, a finals de novembre, es va verificar que set gossos del mateix titular seguien encara en el refugi, tramitant-se, a través de la Policia Local, la seva reubicació per abandó múltiple, de competència municipal.

A la parcel·la, finalment, tan sols van romandre sis gossos, els de P.A., que han estat cedits a l'Ajuntament de Sant Joan -tal com segons va assenyalar en un recent fòrum el regidor de Medi Ambient, Andreu Roig- i altres quatre d'un treballador resident. Des del Consistori han detallat a elDiario.es que, en la seva obligació de complir la llei de benestar animal, han signat un contracte amb Natura Parc perquè s'encarregui dels mateixos serveis que oferia el ranxo extint de Sant Llorenç.

Amb tot, el tancament definitiu de Can Dog podria no estar encara jurídicament blindat. El propietari sosté que no ha rebut el decret d'inici del procediment, datat el 16 d'octubre, ja que va ser remès a un advocat que el va representar en el passat però que ja no exerceix com el seu defensor, segons va publicar El Periódico de Ibiza. D'acord amb la mateixa informació -i com han requerit fonts de Pacma a elDiario.es-, el lletrat ha remès un escrit al Consell on explica que la resolució va ser lliurada en el seu despatx malgrat no ser ja el representant legal actual de la societat gestora del centre, motiu pel que ha rebutjat la notificació.

El tancament de Can Dog podria ser anul·lat si es confirma que l'expedient sancionador va ser notificat de manera incorrecta. El propietari afirma no haver rebut el decret d'inici del procediment, que el Consell va remetre a un advocat que el va representar en el passat

Un abans i un després

Per part seva, Pacma ha celebrat la clausura del centre. Un fet que posa fi, asseveren els animalistas, a tres dècades marcades per denúncies i condicions insalubres que, malgrat tot, no havien derivat en la seva clausura definitiva fins ara. Hassler ha agraït l'actuació coordinada entre les institucions, que ha permès recuperar i reubicar als gossos que romanien en el recinte malgrat no estar vinculats a la titularitat del centre. Per al partit, el tancament suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog.

Pacma celebra el tancament i agraeix l'actuació coordinada entre les institucions. Per al partit, la clausura suposa “un abans i un després” a l'illa i revela que les inspeccions rigoroses tenen resultats, el que també els fa qüestionar-se si, fins ara, no s'havien pres les accions necessàries contra Can Dog

La formació reclama ara que aquest episodi serveixi per a reforçar el control públic sobre tots els nuclis zoològics i residències canines d'Eivissa mitjançant inspeccions més freqüents, transparència en les dades sobre sancions i reubicacions i un servei operatiu les 24 hores per a atendre els animals abandonats o decomissats. A més, insta a mantenir la col·laboració amb les entitats de protecció animal per a evitar nous episodis d'amuntegament i garantir adopcions responsables. “No estem contents que tanqui una empresa, però els animals estaven maltractats i són 30 anys d'aquesta història. Volíem passar pàgina”, sentencia Hassler.

Han pasado tres décadas desde que abriera el 'refugio' de animales de Eivissa Can Dog. Treinta años de calamidades e insalubridad, con perros mal cuidados y rodeados de roedores, excrementos y basura. Unas negligencias que, sin embargo, no habían sido suficientes para instar su clausura, hasta ahora. El Consell Insular confirmó la semana pasada que el centro Can Dog ya no ejerce como residencia canina ni como núcleo zoológico, al constatar reiterados incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal en varias inspecciones realizadas en los últimos dos meses. No solo de los técnicos de la institución, sino también por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Representantes del Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) han reclamado durante mucho tiempo el cierre del centro, sobre el que además pesan acusaciones de maltrato animal, como declararon los voluntarios el pasado mes de noviembre a elDiario.es. Las denuncias del partido venían respaldadas por los informes, sanciones y las numerosas acusaciones que envuelven al gestor del rancho, P.A. El empresario acumulaba, además, impagos a sus trabajadores y fue perdiendo, poco a poco, las concesiones públicas que se le habían otorgado, manteniendo, tan solo, el servicio de recogida de animales con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ahora, según ha declarado a este diario su propio hijo, quien trabajaba en el refugio donde tras denunciar el caso tiene prohibida la entrada, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Pero no es a lo único a lo que tendrá que hacer frente, sino que el Consell ha tramitado un expediente sancionador que de momento sigue abierto, por lo que se desconoce todavía el importe de la multa que deberá abonar.

Según ha declarado a este diario el hijo del propietario, quien trabajaba en el refugio -al que tiene prohibida la entrada tras denunciar el caso-, el explotador podría enfrentarse a una orden de desahucio por parte de la propietaria del terreno. Por su parte, el Consell ha abierto un expediente sancionador contra él

Prohibición de nuevos animales y perros abandonados

La institución insular ordenó el pasado 17 de octubre la baja del núcleo zoológico y dictó medidas cautelares que prohibían la entrada de nuevos animales y obligaban a devolver a sus propietarios los perros que estaban allí alojados. Pese a ello, inspecciones posteriores revelaron la presencia de entre 21 y 41 canes, muchos de ellos pertenecientes a personas ajenas al centro. Después de que la Policía Local localizase a sus dueños, cuatro de los animales que seguían en el interior de Can Dog fueron retirados por el Ayuntamiento de Sant Joan y trasladados al centro municipal de protección animal. 

Asimismo, el Consell remitió al Consistorio otros siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración. Olivier Hassler, representante de Pacma, denunció en ese momento que la situación era “lamentable” y retrató la injusticia de que los animales terminaran pagando los problemas del rancho.

El Consell de Eivissa notificó siete posibles casos de abandono de perros por parte de un mismo propietario, quien no se había hecho responsable de recogerlos dentro del plazo fijado por la administración

La cadena de inspecciones comenzó, sin embargo, mucho antes. En junio, tras la apertura de un expediente por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar y sanidad animal, los servicios veterinarios del Consell se dirigieron al problemático centro de acogida. La vigilancia se intensificó durante los meses de octubre y noviembre, revelando un escenario sostenido de irregularidades.

En uno de los primeros reconocimientos, realizado el 15 de octubre, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Las inspecciones posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: el 28 de octubre aún había 38 canes en el recinto, 28 de ellos alojados en régimen de residencia. El responsable del centro aseguró entonces que necesitaría unos veinte días para completar las devoluciones, salvo en los casos en los que los propietarios no acudieran a recogerlos. 

En una de las primeras inspecciones, los técnicos observaron cómo Can Dog seguía funcionando como residencia pese a no cumplir los requisitos legales. Los reconocimientos posteriores confirmaron que las medidas no se estaban cumpliendo plenamente: aún quedaban 38 canes en el recinto, 28 de ellos en régimen de residencia

Un abandono múltiple

El 21 de noviembre, otra visita constató la presencia de 21 perros, 11 de ellos pertenecientes a personas sin relación con el establecimiento, que seguían allí cinco días después, cuando volvieron los inspectores. En la última inspección, a finales de noviembre, se verificó que siete perros del mismo titular seguían aún en el refugio, tramitándose, a través de la Policía Local, su reubicación por abandono múltiple, de competencia municipal. 

En la parcela, finalmente, únicamente permanecieron seis perros, los de P.A., que han sido cedidos al Ayuntamiento de Sant Joan -tal como según señaló en un reciente foro el concejal de Medio Ambiente, Andreu Roig- y otros cuatro de un trabajador residente. Desde el Consistorio han detallado a elDiario.es que, en su obligación de cumplir la ley de bienestar animal, han firmado un contrato con Natura Parc para que se encargue de los mismos servicios que ofrecía el rancho extinto de Sant Llorenç. 

Con todo, el cierre definitivo de Can Dog podría no estar aún jurídicamente blindado. El propietario sostiene que no ha recibido el decreto de inicio del procedimiento, fechado el 16 de octubre, ya que fue remitido a un abogado que lo representó en el pasado pero que ya no ejerce como su defensor, según publicó El Periódico de Ibiza. De acuerdo a la misma información -y como han precisado fuentes de Pacma a elDiario.es-, el letrado ha remitido un escrito al Consell en el que explica que la resolución fue entregada en su despacho pese a no ser ya el representante legal actual de la sociedad gestora del centro, por lo que ha rechazado la notificación.

El cierre de Can Dog podría ser anulado si se confirma que el expediente sancionador fue notificado de forma incorrecta. El propietario afirma no haber recibido el decreto de inicio del procedimiento, que el Consell remitió a un abogado que lo representó en el pasado

“Un antes y un después”

Por su parte, Pacma ha celebrado la clausura del centro. Un hecho que pone fin, aseveran los animalistas, a tres décadas marcadas por denuncias y condiciones insalubres que, pese a todo, no habían derivado en su clausura definitiva hasta ahora. Hassler ha agradecido la actuación coordinada entre las instituciones, que ha permitido recuperar y reubicar a los perros que permanecían en el recinto pese a no estar vinculados a la titularidad del centro. Para el partido, el cierre supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog.

Pacma celebra el cierre y agradece la actuación coordinada entre las instituciones. Para el partido, la clausura supone “un antes y un después” en la isla y revela que las inspecciones rigurosas tienen resultados, lo que también les hace cuestionarse si, hasta ahora, no se habían tomado las acciones necesarias contra Can Dog

La formación reclama ahora que este episodio sirva para reforzar el control público sobre todos los núcleos zoológicos y residencias caninas de Eivissa mediante inspecciones más frecuentes, transparencia en los datos sobre sanciones y reubicaciones y un servicio operativo las 24 horas para atender a los animales abandonados o decomisados. Además, insta a mantener la colaboración con las entidades de protección animal para evitar nuevos episodios de hacinamiento y garantizar adopciones responsables. “No estamos contentos de que cierre una empresa, pero los animales estaban maltratados y son 30 años de esta historia. Queríamos pasar página”, sentencia Hassler.

Con los recientes brotes de gripe aviar y peste porcina ocupando titulares, la preocupación social se ha reactivado, especialmente entre quienes conviven con animales. Sabemos que el riesgo de contagio para los humanos es cero, o mínimo en caso de la gripe aviar, pero ¿corren algún riesgo nuestros perros o gatos?

“En el caso de la peste porcina, en absoluto va a afectar este virus a otras especies que no sean cerdos, domésticos o salvajes, como es el jabalí”, aclara José Ángel Barasona, investigador del programa Ramón y Cajal y del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). “No va a afectar ni a mascotas, ni a otras especies de producción, podemos estar muy tranquilos porque es imposible que el virus se pueda replicar dentro de nuestras células o de nuestras mascotas”, asegura.

“Sí se han dado casos de gripe aviar de alta y baja patogenicidad en perros y gatos, tanto con síntomas como positivos sin síntomas, pero todos ellos fuera de España y relacionados presuntamente con el consumo de carne de ave cruda”, explica Natalia Pastor, veterinaria del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). “Los síntomas suelen ser respiratorios, en perros normalmente es parecido a una tos, o neurológicos. En perros suelen ser síntomas leves, en gatos hay más mortalidad”, detalla.

Sin embargo, esto no implica que haya ningún riesgo en el consumo de piensos o comidas húmedas que contengan aves o cerdo. “En España los controles sanitarios a nivel de producción animal son muy estrictos, por lo que es muy difícil que carne contaminada de ave llegue a la cadena de consumo, pero aun así el riesgo estaría en consumir productos crudos”, destaca Pastor, porque la gripe aviar quedaría inactiva con el cocinado. En el caso de la peste porcina, no hay riesgo de contagio incluso si se llegara a consumir la carne contaminada de cerdo.

Por tanto, los expertos llaman a la tranquilidad y no le ven sentido a modificar la dieta de los animales, ya que es totalmente segura. “Por la vida que llevan ya la mayoría de perros y gatos, casi todos mascotas que viven en casa, el riesgo de contagio es muy bajo y estaría en el contacto estrecho y el consumo crudo de aves silvestres o de aves de pequeñas explotaciones con menos control”, comenta la veterinaria.

Seguir las recomendaciones sanitarias

Los dos veterinarios coinciden en seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias también a la hora de los paseos. “La Generalitat ha prohibido el paso a la zona recreativa afectada por la peste porcina, así que obviamente no vamos a permitir que nuestras mascotas vayan a pasear allí ni vamos a ir con nuestros perros a la zona, no porque nos vayamos a contagiar en ningún caso, pero para no pisar algún material contaminado y provocar una salida del virus”, valora Barasona. “Pero más allá de la zona afectada, no hay ningún inconveniente ni precaución extra que debamos tener en cuenta en los paseos”, añade.

En el caso de la gripe aviar, la veterinaria Pastor sí tiene una recomendación: “Bajo ningún concepto nos tenemos que acercar, ni nosotros ni nuestros animales a cadáveres de aves que nos podamos encontrar en el campo, ni dejar que cacen o contacten de otra manera con animales silvestres, ya no solo por la gripe aviar, hay más enfermedades que se pueden transmitir y además afecta gravemente a la supervivencia de algunas especies silvestres”. “En el caso de encontrar algún cadáver de ave, hay que avisar al 112 y las autoridades ya tienen sus protocolos para actuar de manera correcta”, señala la veterinaria.

Con estas pautas en mente, los expertos lanzan un mensaje contra el alarmismo y la preocupación. “Más allá de evitar el consumo de productos avícolas crudos y el contacto de nuestras mascotas con la fauna silvestre o aves de corral con acceso al exterior, podemos estar tranquilos, ya que las autoridades sanitarias están actuando tomando las medidas de prevención necesarias”, concluye Pastor.

La colonia felina que reside en el antiguo cementerio de San José de Cádiz, compuesta por más de 80 ejemplares, se enfrenta a un inminente traslado. Esta forzada mudanza se ha iniciado por culpa de las obras de remodelación previstas para transformar el camposanto en un parque, un proyecto que tenía previsto iniciarse antes pero que se ha visto afectado precisamente por la presencia del casi centenar de gatos. El ayuntamiento de la ciudad ha reconocido su competencia en la materia y ha comenzado a tramitar el procedimiento para llevar hasta otro lugar a todos los felinos con todas las garantías legales y con el cuidado y bienestar que se merecen.

La gestión de esta numerosa colonia, que ha generado meses de polémica en la capital gaditana, recae legalmente en el consistorio. Cemabasa, la sociedad gestora del antiguo cementerio, había asegurado por escrito que carecía de competencias para la gestión de la colonia felina, delegando toda la responsabilidad en el ayuntamiento, que al fin y al cabo es la administración titular de las instalaciones. Los colectivos animalistas también han insistido en que es en el ayuntamiento donde recae toda la responsabilidad de la gestión, tal como dicta la ley de Protección Animal.

Antes de que se anunciara la solución de reubicación, varias formaciones políticas alertaron de la falta de actuación del ayuntamiento ante la situación, denunciando que las obras en curso estaban destruyendo el hábitat de los gatos sin un plan viable. Exigieron la paralización de las obras y una solución dialogada y efectiva, acusando al consistorio de vulnerar los principios básicos de bienestar de los animales. Se llegó incluso a hablar de la posible muerte del casi centenar de gatos, muchos de ellos ferales, alertando sobre el daño que podría causarles ser expuestos fuera de un espacio acotado.

En todo caso, el ayuntamiento de Cádiz ya ha asegurado que cualquier actuación que se lleve a cabo se hará respetando estrictamente la normativa y que está tramitando el procedimiento para realizar el traslado de los gatos, que finalmente se hará con el máximo cuidado. El espacio donde viven los gatos se va a ver afectado por una obra que genera peligro, pero la ley marca que debe haber un proceso de captura, traslado y adecuación en un espacio amable y seguro para los felinos. La solución propuesta por el ayuntamiento es la reubicación en una parcela municipal de unos 6.400 metros cuadrados, situada en la Zona Franca de Cádiz, colindante en este caso con el tanatorio de Servisa. 

Seis meses de adaptación

Este emplazamiento ha sido considerado un lugar adecuado e idóneo y está siendo acondicionado, lo que incluye tareas de limpieza, vallado y la instalación de una red superior para que los felinos no puedan escapar durante su periodo inicial de adaptación. El traslado de los animales, eso sí, no será inmediato, sino que se llevará a cabo de forma progresiva, con un periodo de adaptación que se extenderá por unos seis meses para evitar estrés o desorientación en los felinos. Este proceso implica que los gatos reubicados deben permanecer aislados durante seis semanas en su nuevo espacio; pasado ese tiempo, se les abrirán las puertas y el animal decidirá si se queda o no en el nuevo entorno, ya que no es una obligación para el animal permanecer allí. 

El proyecto de realojo de los 80 gatos será financiado con fondos municipales, aunque la cuantía total de la actuación no ha sido especificada aún por la administración local. La decisión municipal busca conciliar el avance de las obras del antiguo cementerio con la protección animal, ya que la presencia de la colonia estaba retrasando la tramitación de las mencionadas obras. El ayuntamiento admite que la ley marca muy claro lo que tienen que hacer y recuerda precisamente el hecho de que la obra aún no ha arrancado porque primero hay que salvaguardar a los gatos.

Desde algunas entidades animalistas se recuerda la labor esencial de los cuidadores voluntarios, que en los últimos tiempos han dedicado tiempo y cariño a los animales. De hecho el propio consistorio de la ciudad concedió hace cinco años los permisos de acceso al antiguo cementerio para que pudiesen cuidar la colina. Para llegar a ejecutar de manera legal y cuidadosa el realojo, el ayuntamiento de Cádiz prevé una licitación para garantizar los medios materiales, la seguridad de los cuidadores y el acondicionamiento del espacio para que los animales estén en las mejores condiciones posibles durante las mencionadas semanas de adaptación. Además, se volverá a licitar el contrato para el servicio de control y atención de colonias felinas, tras haber quedado desierto el proceso anterior.

La Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort de 27 gossos de caça que, dissabte passat, van ser trobats sense vida dins d'una furgoneta que viatjava a l'interior de la bodega d'un vaixell procedent de Barcelona i que acabava d'atracar al port de Palma.

Els investigadors del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'Institut Armat estan duent a terme una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del que ha ocorregut i, en aquests moments, es troben a l'espera dels resultats de les necròpsies per poder determinar les circumstàncies de la defunció dels animals.

D'acord amb les primeres indagacions, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània per entrenar 36 cans de cara a la temporada de la becada. De tots ells, només nou van aparèixer vius al seu retorn a l'illa. D'immediat, el Seprona es va fer càrrec de les indagacions per investigar els detalls del succés.

Després de tenir coneixement del mateix, el partit animalista Pacma va exigir responsabilitats per uns fets que considera “una mostra més del tracte que reben els gossos utilitzats per a la caça”. En aquest sentit, retreuen que aquests animals siguin considerats “eines” i no éssers sentients amb drets. Per això, exigeixen al Govern de PSOE i Sumar que rectifiqui i inclogui els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal, de la qual, apunten, “van ser exclosos per pressió, precisament, del lobby cinegètic”.

En aquesta línia, Pacma reclama la inclusió d'aquests animals al Reial Decret de Núclis Zoològics, del qual, lamenta, “també planen ser exclosos”. Mitjançant el seu reconeixement dels gossos de caça per part d'aquesta norma, els animalistes volen “garantir controls i condicions mínimes de transport, descans i seguretat”. “Mentre els gossos de caça continuïn quedant fora del marc legal de protecció, continuaran sent víctimes d'una indústria que els explota, els arrisca i els descarta quan ja no serveixen”, lamenten des de la formació.

Segons un estudi realitzat pel partit amb dades reportades per un terç de les protectores d'animals del país, només el 2023 més de 12.000 gossos de caça van ser abandonats a Espanya.

La Federació Balear de caça recolça els propietaris: “No tenen cap responsabilitat”

Per la seva banda, la Federació Balear de Caça va expressar aquest diumenge el seu pesar pel succés i va mostrar el seu recolçament als propietaris dels gossos: “Volem traslladar tot el nostre suport als propietaris dels animals, que formen part de la nostra comunitat de caçadors i que estan profundament afectats” pels fets, va manifestar la presidenta de la Federació, Marta Lliteres, qui assegura que “els caçadors no tenen cap responsabilitat pel que ha succeït”.

Segons va explicar, els caçadors havien contractat els serveis d'una empresa especialitzada en transport d'animals “amb la finalitat de garantir que els seus gossos viatgessin en les millors condicions de seguretat i benestar possibles”. Respecte a això, apunta que “el trajecte des de Lituània fins a Barcelona es va desenvolupar amb total normalitat, i va ser durant la travessia marítima final cap a Mallorca quan es va produir la mort dels gossos”.

Lliteres va subratllar que, “per a qualsevol caçador, els seus gossos no són simples animals de treball, sinó companys inseparables, fruit d'anys de dedicació, ensinistrament i cura diària”. “La relació entre caçador i gos es basa en el respecte, la confiança i l'afecte, i per això la pèrdua d'aquests animals suposa un cop emocional molt dur”, va incidir.

Des de la Federació Balear de Caça van mostrar la seva “plena col·laboració” amb les autoritats i el seu “compromís amb la transparència” perquè s'esclarissin els fets i es depurin responsabilitats, adoptant-se les pertinents decisions judicials si s'escau. Així mateix, es va reafirmar finalment en el seu “compromís amb el benestar animal i amb les bones pràctiques cinegètiques”, a les quals es va referir com a “pilars fonamentals d'una caça ètica, responsable i respectuosa amb els animals que formen part d'ella”.

La Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que, el pasado sábado, fueron hallados sin vida dentro de una furgoneta que viajaba en el interior de la bodega de un barco procedente de Barcelona y que acababa de atracar en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de lo ocurrido y, en estos momentos, se encuentran a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, indican fuentes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania para entrenar a 36 canes de cara a la temporada de becada. De todos ellos, solo nueve aparecieron vivos a su regreso a la isla. De inmediato, el Seprona se hizo cargo de las pesquisas para investigar los pormenores del suceso.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el partido animalista Pacma exigió responsabilidades por unos hechos que considera “una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza”. En este sentido, recriminan que estos animales sean considerados “herramientas” y no seres sintientes con derechos. Por ello, exigen al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, de la que, apuntan, “fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético”.

En esta línea, Pacma reclama la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del que, lamenta, “también planean ser excluidos”. Mediante su reconocimiento de los perros de caza por parte de esta norma, los animalistas quieren “garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad”. “Mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven”, lamentan desde la formación.

Según un estudio realizado por el partido con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, solo en 2023 más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España.

La Federación Balear de caza apoya a los dueños: “No tienen ninguna responsabilidad”

Por su parte, la Federación Balear de Caza expresó este domingo su pesar por el suceso y mostró su respaldo a los propietarios de los perros: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los propietarios de los animales, que forman parte de nuestra comunidad de cazadores y que están profundamente afectados por lo sucedido”, manifestó la presidenta de la Federación, Marta Lliteres, quien asegura que “los cazadores no tienen ninguna responsabilidad” en los hechos.

Según explicó, los cazadores habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales “con el fin de garantizar que sus perros viajaran en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles”. Al respecto, apuntó que “el trayecto desde Lituania hasta Barcelona se desarrolló con total normalidad, y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la muerte de los perros”.

Lliteres subrayó que, “para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario”. “La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por ello la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro”, incidió.

Desde la Federación Balear de Caza mostraron su “plena colaboración” con las autoridades y su “compromiso con la transparencia” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, adoptándose las pertinentes decisiones judiciales si hubiera lugar a ello. Asimismo, se reafirmó finalmente en su “compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas”, a las que se refirió como “pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella”.

Al mig del camp, els lladrucs trenquen el silenci. Allà es situa Can Dog, un refugi que assegura al seu web “estimar als animals” però que, des de fa dècades, acumula queixes per albergar als exemplars en adopció, segons denuncien les entitats animalistes, dins de gàbies en pèssimes condicions, amb desenes d'excrements amuntegats a l'interior i fins i tot cadàvers de rates. La insalubritat del centre ha portat a Pacma a reclamar la seva clausura definitiva a les institucions de l'illa. No és la primera vegada. Sobre les instal·lacions pesen acusacions de presumpte maltractament animal de les que donen fe els voluntaris a elDiario.es. “Els animals no estan ben cuidats. Per això hem tornat a sol·licitar la dissolució del nucli zoològic”, explica el coordinador del partit animalista a Eivissa, Olivier Hassler, qui porta deu anys treballant en una protectora i, des de llavors, recorda, ha tingut coneixement dels “problemes” que arrossega el centre.

El Consell Insular ha ordenat, després de les últimes denúncies, el tancament cautelar de les instal·lacions, on s'ha dut a terme una inspecció al costat dels agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil. De moment, Can Dog romandrà obert perquè té llicència per a funcionar com a hotel per a mascotes, un servei que en la seva pàgina web ofereix de la manera següent: “Deixa el teu gos a la nostra residència i gaudeix de les teves vacances sense preocupar-te de la seva cura”. Abans d'arribar a aquesta pestanya, es pot llegir: “Estimem els animals”. Però la realitat és molt diferent. “Hi ha rosegadors perquè hi ha bosses d'escombraries durant dies acumulades al costat de les gàbies. Hem arribat a trobar diverses vegades rates mortes surant en una galleda d'aigua”, compta Flor, una de les voluntàries del refugi.

Pacma ha criticat que el gestor del ranxo “porta més de trenta anys acumulant informes, sancions i acusacions per presumpte maltracto animal” i ha lamentat que, en els últims dies, malgrat els reiterats advertiments i l'acumulació d'expedients, les autoritats no hagin actuat “amb l'eficàcia necessària”. “L'empresari ha arribat a un punt en què ha ficat als animals en problemes”, lamenta Hassler.

El Consell Insular ha ordenat, després de les últimes denúncies, el tancament cautelar de les instal·lacions, on s'ha dut a terme una inspecció juntament amb els agents del Seprona de la Guàrdia Civil. De moment, Can Dog romandrà obert perquè té llicència per funcionar com a hotel per a mascotes: “Hem arribat a trobar diverses vegades rates mortes flotant en un cubell d'aigua”, explica una de les voluntàries del refugi

Impagaments als treballadors

elDiario.es ha intentat posar-se en contacte amb els responsables de Can Dog a través de correus electrònics i cridades, però no ha obtingut resposta. L'Ajuntament de Santa Eulària va decidir en 2023 rescindir el contracte amb el ranxo (situat en una finca de lloguer i a càrrec d'una empresa privada) després que es cometessin dues infraccions greus per part de l'adjudicatària: una, per no traslladar un animal i una altra, per no portar al veterinari a un altre quan ho necessitava.

En aquest moment, l'amo -qui va denunciar “difamacions” i “linxament” per part del Consistori- va negar que s'hagués produït “qualsevol tipus de negligència”, d'acord amb les informacions publicades per Diario de Ibiza. Fins i tot va arribar a anunciar que interposaria una querella contra el govern municipal. Des de llavors, no es manté cap contracte públic d'acolliment i custòdia i tan sols es manté el de recollida d'animals amb l'Ajuntament de Sant Antoni.

L'Ajuntament de Santa Eulària va decidir el 2023 rescindir el contracte amb el ranxo (ubicat en una finca de lloguer i a càrrec d'una empresa privada) després que es cometessin dues infraccions greus per part de l'adjudicatària. El propietari va denunciar “difamacions” i “linxament” per part del Consistori i va negar que s'hagués produït negligència alguna

A més, voluntaris i membres de protectores denuncien que, des de fa temps, des de Can Dog acumulen impagaments -de fins quatre mesos- amb els treballadors. Els problemes financers de l'empresa van començar, sobretot, després de perdre els contractes que mantenia amb els ajuntaments de l'illa, el que va provocar deutes, falta de mitjans i un conflicte amb els empleats que ha arribat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (TAMIB). “És lamentable, perquè els animals ho paguen i no són objectes, sinó éssers vius”, lamenta Hassler.

El ranxo és, per a Pacma, el reflex “d'un sistema de protecció animal que continua fallant a Eivissa”. Una illa que, recorden, acumula casos d'abandó i saturació en els seus refugis. Els gossos que romanen en Can Dog continuen vivint “en condicions inacceptables de brutícia, por i abandó” malgrat les inspeccions realitzades en els últims mesos i unes promeses de millora “que mai arriben a complir-se”, critiquen: “Eivissa ha de deixar de mirar cap a un altre costat davant una situació que s'ha cronificat amb el temps”.

El ranxo és, per a Pacma, el reflex d'un sistema de protecció animal que “segueix fallant a Eivissa”, una illa que, denuncien, acumula casos d'abandonament i saturació als seus refugis. Els gossos que romanen a Can Dog segueixen vivint “en condicions inacceptables de brutícia, por i abandonament” malgrat les inspeccions realitzades els últims mesos

Dues causes penals obertes

El Jutjat d'Instrucció número 3 d'Eivissa va obrir diligències penals arran d'una denúncia interposada per l’Associació Nacional de Veïns i Amics La Nau, amb Hassler com a representant. En ella reclamen l'adopció de mesures cautelars per a garantir el benestar dels animals: entre elles, que els gossos disposin d'aigua neta i fresca durant tot el dia, així com d'una alimentació adequada i adaptada a les seves necessitats. També sol·liciten la presència permanent de personal qualificat encarregat de la seva cura i una avaluació veterinària immediata de l'estat de salut dels gossos.

L'Associació contra el Maltractament Animal ja havia presentat fa cinc anys una denúncia contra l'empresa. L'escenari no era el d'ara, assegura Flor, qui va començar el seu voluntariat fa tres anys: ha anat empitjorant progressivament. Pacma ha instat la Delegació del Govern en Balears, al Consell d'Eivissa i a l'Ajuntament de Sant Joan a assumir responsabilitats i a garantir el compliment de la Llei de protecció animal mitjançant la clausura immediata del recinte, així com la reubicació segura i digna de tots els animals en centres adequats i degudament fiscalitzats. El col·lectiu Adopta Shelter Can Dog Eivissa reclama, per part seva, una “intervenció d'emergència immediata” per part del Seprona i la Direcció General de Benestar Animal de Balears.

El Jutjat d'Instrucció número 3 d'Eivissa va obrir diligències penals arran d'una denúncia interposada per l'Associació Nacional de Veïns i Amics La Nave. En ella reclamen l'adopció de mesures cautelars per garantir el benestar dels animals: entre elles, que els gossos disposin d'aigua neta i fresca durant tot el dia i d'una alimentació adequada

En declaracions a elDiario.es, el Consell assenyala que el servei d'inspecció veterinària, acompanyat per la Guàrdia Civil, va acudir dimarts passat a les instal·lacions per a comprovar l'estat dels animals i el compliment de les ordres dictades durant altres inspeccions. Durant la visita, els tècnics de Medi Ambient del Consell van certificar, segons la institució, que els gossos es troben en “bon estat” i que el centre està complint amb la prohibició d'acceptar nous ingressos. Encara així, ha ordenat el tancament cautelar del refugi per incompliments en el benestar animal.

Polèmica amb la residència canina

Quant a la residència canina, Hassler apunta que diverses de les famílies amb gossos allotjats “han deixat de pagar” a l'amo de Can Dog, sense fer-se responsables d'ells. “En aquest cas, el que s'ha de fer és contactar amb el titular i si escau, tramitar l'abandó perquè els animals no es quedin allà atrapats”, afirma. El Consell assegura que al ranxo hi ha en total 22 gossos de particulars els amos dels quals ja han estat avisats per a recollir-los en un termini màxim de vint dies.

En alguns casos, els propietaris es troben fora d'Eivissa o necessiten temps per a preparar un espai decent per als animals, pel que no pot realitzar-se una crida pública a l'adopció d'aquests animals sense el consentiment dels seus amos, com apunten des del Consell. “És important seguir el procediment establert per a garantir la protecció i traçabilitat de cada cas”, afegeixen.

Alguns propietaris han deixat de pagar a Can Dog i els seus gossos continuen a les instal·lacions. El Consell Insular assegura que al ranxo hi ha en total 22 cans els propietaris dels quals ja han estat avisats per recollir-los en un termini màxim de vint dies. Els animals no poden ser donats en adopció sense el seu consentiment

D'altra banda, asseguren que el nombre de gossos sense amo que necessiten adopció “és inferior” al que assenyalaven les entitats animalistes i calculen que en total són quatre els animals pendents de reubicació, no una trentena. La majoria d'ells són gossos potencialment perillosos (PPP) que han anat envellint en el ranxo sense que ningú els adopti, i que tenen cada vegada més dificultats per a trobar una família que els vulgui. Ara, l'alternativa més factible és traslladar als animals a un refugi de Mallorca, el que no convenç a les protectores atès que, d'aquesta manera, es perd la traçabilitat dels cans.

Amb l'objectiu que les institucions actuïn com més aviat millor i clausurin el centre de manera definitiva, ‘La iniciativa’ ha impulsat una petició de signatures publicada en la plataforma Change.org. A la plataforma, antics voluntaris i usuaris del centre corroboren que les instal·lacions haurien mancat de manera reiterada de serveis bàsics com a electricitat, aigua corrent i un subministrament regular d'aliments. Alguns testimoniatges asseguren que els animals van arribar a passar diversos dies sense menjar ni aigua potable, com va publicar El Periódico de Ibiza. Ara, “la gran pregunta” és què succeirà amb els animals si Can Dog tanca les seves portes.