En la noche del domingo y tras semanas de avances en la provincia de Kivu Norte, el grupo armado M23 y soldados ruandeses llegaron hasta el centro de Goma, en la República Democrática del Congo (RDC). El avance corre el riesgo de desencadenar una guerra más amplia entre Ruanda y RDC y ha intensificado la crisis humanitaria en la provincia.

¿Qué es el M23?

El Movimiento 23 de Marzo (M23) es uno de los más de 100 grupos armados que luchan contra las fuerzas congoleñas en el este de la RDC, donde abundan los minerales. Según la ONU, el M23 tiene a más de 8.000 militantes distribuidos por la provincia de Kivu Norte, que hace frontera con Ruanda y Uganda.

El nombre es una referencia al día de 2009 en el que el CNDP [las siglas del grupo rebelde tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo] y el gobierno de la RDC firmaron un acuerdo para ponerle fin a la revuelta liderada por los tutsis en el este del país.

¿Por qué lucha el M23 contra las fuerzas congoleñas?

El M23 fue creado en 2012 por antiguos militantes del CNDP que se rebelaron contra el gobierno congoleño. Lo acusaban de no implementar las cláusulas del acuerdo de 2009 que lo obligaban a integrar en el ejército a combatientes tutsis, proteger a las minorías y distribuir los recursos de manera equitativa.

El M23 sostiene que su objetivo es salvaguardar los intereses de los tutsis congoleños, entre otras minorías, y protegerlos de los grupos rebeldes hutus que huyeron a la RDC tras participar en el genocidio de 1994 contra los tutsis.

En 2012 el M23 logró avances territoriales significativos en el este de la RDC, entre los que se incluyó una breve toma de la ciudad de Goma. Diez días después se retiraron tras un acuerdo negociado por los países vecinos.

El M23 resurgió en 2022 con una ofensiva contra las fuerzas armadas de la RDC y los cascos azules de la ONU en Kivu Norte. El año pasado se hicieron con el control de Rubaya, una estratégica ciudad por sus minas de coltán. Según la ONU, el M23 está ingresando unos 800.000 dólares al mes por los impuestos a la producción y al comercio de coltán [766.000 euros].

El grupo rebelde logró en enero nuevos avances territoriales, haciéndose con el control de las ciudades de Katale, Masisi, Minova y Sake. Se suma ahora la ciudad de Goma.

¿Qué papel juega Ruanda?

Aunque Ruanda lo niega, la ONU, la RDC, Estados Unidos y otros países acusan al país vecino de apoyar al M23. Un grupo de expertos de la ONU publicó en un informe de 2022 que había “pruebas sólidas” de colaboración entre soldados ruandeses y el M23. En otro informe de julio de 2024, expertos de la ONU sostenían que en el este de la RDC había entre 3.000 y 4.000 soldados de las fuerzas gubernamentales ruandesas junto al M23.

¿Quién ayuda a las fuerzas congoleñas?

En la RDC hay unos 11.000 cascos azules, casi todos en el este, de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (conocida como Monusco). También hay cascos azules de la Misión de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional en la RDC (conocida como SAMIDRC).

En otras ocasiones, el Gobierno de Estados Unidos y otros líderes africanos han mediado para conseguir un alto el fuego.

¿Cuál es el impacto humanitario?

Los enfrentamientos en el este de RDC han agravado los problemas de un país que tiene más de 6 millones de personas desplazadas y ya sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo.

En las provincias orientales de Kivu Sur y Kivu Norte hay más de 4,6 millones ciudadanos congoleños desplazados. Solo en 2025, el conflicto del este de RDC ha provocado el desplazamiento forzoso de 400.000 personas.

Entre otras atrocidades, se han registrado numerosos casos de ejecuciones y violencia sexual en los últimos enfrentamientos.

Traducción de Francisco de Zárate

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la resolución administrativa del permiso concedido por la Xunta a la mina de A Penouta, situada en el municipio de Viana do Bolo (Ourense), única explotación de coltán en Europa -material presente en teléfonos móviles, tablets o pantallas-, por considerar insuficiente el estudio de afectación ambiental, según recoge Europa Press.

De este modo, el TSXG estima el recurso interpuesto por Ecoloxistas en Acción Galiza al omitirse en el estudio ambiental su impacto en la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Este proyecto de la empresa canadiense Strategic Minerals ya fue paralizado por este mismo tribunal en 2023. De hecho, alcaldes de la zona, asociaciones sectoriales como Arigal, colegios profesionales como los de ingenieros de minas y geólogos, la Cámara Minera, así como sindicatos, trabajadores y vecinos conformaron un frente común en contra de la decisión de paralizar el permiso de la sección C de esta mina dedicada a la extracción de tantalio y niobio, minerales que sumados dan como resultado el coltán, una de las materias primas más empleadas en la producción de componentes electrónicos.

La empresa ha anunciado que seguirá la batalla legal. En un comunicado dice respetar la sentencia, pero no compatirla, por lo que “tomará las medidas legales adecuadas”. Insiste en su postura de que el proyecto minero es “sostenible, social económica y ambientalmente” y que en sus planes está que se pueda retomar.

Ahora, los magistrados explican en la sentencia que la promotora no ha realizado, ni tampoco la Administración gallega ha exigido, “una oportuna y adecuada evaluación sobre el espacio Pena Trevinca, limitándose a indicar que el proyecto no afecta a ningún espacio protegido, cuando la ZEC y la ZEPA Pena Trevinca se encuentran a cero metros del enclave minero, constatándose que las masas de aguas superficiales superan la normativa permitida para arsénico, mercurio, cadmio y plomo”.

El TSXG subraya que se ha acreditado “el impacto del polvo resultante de voladuras y movimientos, así como grietas en viviendas y la afectación a las aguas destinadas a consumo humano, que motivó denuncias de la empresa municipal de aguas de Viana do Bolo, con actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), la Guardia Civil y la Comisaría de Aguas”.

La realidad medioambiental existente, según explica en la resolución, es que “las emisiones y vertidos están llegando a la Red Natura 2000, tanto por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas”. Las fotografías aportadas acreditan, según los jueces, “la realidad del polvo que llega a la vegetación y población colindante de la mina y, aunque digan los demandados que han realizado mediciones que arrojan un valor por debajo del límite establecido, estas no han sido sistemáticas, ocultando más de lo que revelan”. Así, manifiestan que “la realidad muestra el efecto en la población ubicada a 1,5 kilómetros de la explotación”.

En cambio, la empresa negaba impacto ambiental y defendía que del proyecto dependen 129 familias y empresas auxiliares que actualmente trabajan en la mina de A Penouta, la mayoría de la comarca de Viana do Bolo. Todo ello tras una inversión de 45 millones de euros.

Grietas en viviendas

De esta forma, los jueces destacan la existencia “de grietas en las viviendas por efecto de las voladuras (llegan a utilizar hasta 8000 kilos de explosivos)” y la presencia “de metales pesados en dosis peligrosas”, tal y como consta “en las analíticas presentadas en su día por la minera, emisiones que llegan a la Red Natura 2000 por los cauces fluviales contiguos a la explotación”.

El TSXG advierte de que, “curiosamente”, ni la empresa ni la CHMS “han realizado nuevas analíticas en las que se verifiquen los parámetros de arsénico, mercurio, plomo y cadmio, sustancias peligrosas o peligrosas prioritarias, dificultando su estimación en las masas de agua superficiales en el último año y medio, más allá de las evidencias visuales en el arroyo de Treita das Cortiñas aportadas en su día, debiendo rechazarse que esta contaminación venga dada por la propia naturaleza de las aguas, ricas en hierro y manganeso, cuya combinación genera ese aspecto, sino que son consecuencia de la actividad minera, tratándose, en realidad, de filtraciones de los depósitos y balsas de residuos existentes, producidos por falta de medidas de protección”.

Afección a la salud de las poblaciones

En todo caso, el TSXG recalca que “no existen controles periódicos que midan los niveles de tales metales pesados, toda vez que ni la minera ni la CHMS han procedido a la monitorización de las aguas para estas sustancias, y ni la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni la autorización de vertido han establecido tal obligación de monitorizarlos, pese a que los regatos afectan a cauces de los que se obtiene agua para el consumo humano, lo que ya motivó denuncias del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Viana do Bolo, con diversos expedientes sancionadores”.

La Sala advierte de que los vertidos procedentes de la mina, “intensificados tras la autorización de explotación de recursos sección C)” --declarada nula en la sentencia--, pueden estar causando “una afección a la salud de las poblaciones que obtienen su suministro de agua potable de tributarios del arroyo de Treita das Cortiñas, así como de los pozos o manantiales que la suministran a la población de A Penouta, contigua a la explotación minera, tratándose el mercurio, arsénico, plomo y cadmio de elementos extremadamente tóxicos que causan efectos crónicos por su bioacumulación en el organismo”.

Por todo ello, en base al principio de precaución, el alto tribunal gallego entiende que “no conviene permitir la actividad hasta que no se realicen los estudios que evalúen los niveles de tales metales presentes en los regatos afectados por la explotación minera, siendo tal principio de precaución uno de los fundamentos de la política medioambiental europea, consagrada en el artículo 191 de su Tratado de Funcionamiento, desarrollado, respecto a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats, que impide que pueda autorizarse un proyecto sin que se demuestre la ausencia de repercusiones sobre las aguas y la biodiversidad, así como la salud humana”.

El TSXG incide en que ante tal incertidumbre “no puede autorizarse”, pues subraya que “los efectos de la actividad minera en el medio ambiente son irreparables”, ya que “no se pueden reconstruir ecosistemas”.

Además, añade que el documento de 'Determinación de los Niveles de referencia de las Aguas Superficiales y Subterráneas en el entorno de la Mina de Penouta', elaborado por la Universidade da Coruña, “constata que los niveles de esas sustancias en varias masas de aguas superficiales próximas a la mina superan de forma alarmante los límites legales”. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Una muestra de fotografías para denunciar el expolio de recursos naturales, las consecuencias de conflictos armados, pero también la importancia de la fotografía en la democracia. Todo esto se puede ver en 'Coltán', la exposición de la fotoperiodista Judith Prat que se puede visitar en la Facultad de Comunicación de Cuenca, en el contexto de la III Semana de la Libertad de Prensa, en la que también ha participado elDiario.es Castilla-La Mancha.

Comisariada por Nieves Limón, profesora de la Facultad y otros docentes de la facultad, Prat muestra en varias fotografías su trabajo realizado al retratar las minas de coltán en la República Democrática del Congo, una parte natural de su trabajo que se ha enfocado en contar los conflictos desde el punto de vista de las causas. “Las causas son siempre muchas y muy complejas en todos estos conflictos”, explica Prat en conversación con este medio.

Pero siempre se repite una y son las causas económicas, reflexiona. En el caso del coltán en Congo, se trata principalmente del expolio de los recursos naturales, porque es este país el que concentra el 80% de las reservas de los minerales del mundo. “Este expolio es la causa directa de que el conflicto se haya alargado tantísimos años y con la crudeza con que se ha hecho, con el nivel de violencia que soporta la población”, resalta la profesional.

Se trata de una materia prima “estratégica”, afirma, de la que dependen todos los dispositivos que se utilizan actualmente de forma diaria, como teléfonos móviles, consolas de videojuegos o, incluso, las cámaras de fotografía. “Existe una red de intereses de las empresas que fabrican esta tecnología, y en este escenario, nos encontramos con más de 40 grupos armados que pelean por el control de las minas y esto causa todo tipo de violencia en la población”, describe la profesional.

Prat trabaja de manera exhaustiva con perspectiva de género, y describe que aunque el trabajo en las minas de coltán está “muy masculinizado”, la violencia en el Congo ha afectado igualmente a las mujeres, no solo por la violencia propia de este tipo de contextos, sino también por la violencia sexual, y el estigma que se sufre tras haber sido agredidas. “Es una cascada de violencia, en el Congo, claramente. En todos los conflictos, siempre he querido mirar qué ocurre con las mujeres y en concreto este estigma que pesa sobre ellas por sufrir este tipo de violencia”, señala.

El papel de la fotografía en la comunicación

La fotoperiodista destaca la importancia de poder exponer su trabajo en una facultad de comunicación y también de poder conversar con el alumnado sobre el valor que tiene su especialidad. “La fotografía está infravalorada en las facultades de comunicación, hay muy pocas en las que es una asignatura obligatoria. Cuenca es un ejemplo de donde realmente se le da importancia. En este sentido, se están haciendo las cosas bien”, asevera.

Prat reivindica que es “fundamental” entender y valorar el poder del lenguaje de las imágenes. “Cada uno debe ejercer su profesión, y debe hacer lo que tenga que hacer. El tándem perfecto es trabajar entre redactores y fotógrafos. Prescindir de nuestro trabajo va en detrimento de la información de calidad, clarísimamente. No podemos conformarnos con que no hay un fotógrafo, tenemos que reivindicar la información de calidad”, zanja la fotógrafa, que destaca que la fotografía no es “algo accesorio”, sino una parte “fundamental” de la información.

La fotógrafa ahora se prepara para un año lleno de trabajo. Acaba de volver de Sierra Leona y Liberia, y se prepara para viajar a Colombia en los próximos días. Terminará el año en Cuba y en República Dominicana. “Tengo muchos proyectos a la vista”.

Hay en toda Europa una única mina de coltán. Se encuentra en una pequeña aldea en el extremo sureste de Galicia, Penouta, perteneciente al municipio ourensano de Viana do Bolo. Desde 2018 la empresa Strategic Minerals –de matriz canadiense– extrae de allí el llamado oro negro, empleado para la producción de aparatos tecnológicos. Pero la actividad acaba de ser paralizada cautelarmente por orden judicial a causa de riesgos medioambientales. La decisión enfrenta a la asociación ecologista que denunció la explotación por contaminación y a los trabajadores y vecinos de la zona, unidos en un frente que ha recibido apoyo de todos los grupos políticos. Han llevado sus protestas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que le piden revertir el auto en el que suspende la autorización dada por la Xunta.

Justo Suárez es el responsable de Industria de Comisións Obreiras –el sindicato mayoritario en la mina, aunque CIG tiene también representación– en la provincia de Ourense. Resume el malestar de los trabajadores de la explotación, que son 129: “La situación es crítica para estas familias. Es la única oportunidad para mantener puestos de trabajo en esta zona”, dice. Si la empresa pierde el permiso para extraer mineral, el sindicalista asegura que a buena parte de los empleados, muchos de ellos de menos de 40 años, les va a tocar “coger las maletas e irse a la ciudad o incluso fuera de Ourense”.

En la comarca de Viana, en el interior de Galicia, hay poca actividad económica y un acusado declive demográfico. Para el alcalde del municipio, Andrés Montesinos, del PP, la mina de Penouta es un asidero para frenar la pérdida de población: “El Ayuntamiento y el pueblo al completo estamos en contra del cierre. No hay ninguna queja de ningún vecino de que haya algo nocivo. No entendemos esta decisión ahora, después de años trabajando”. Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, la asociación denunciante, sin embargo, asegura que hay vertidos de sustancias tóxicas y que los vecinos están “vendiendo su alma al diablo”.

La empresa ha sido activa en su comunicación desde que se conoció el auto de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG. Primero trasladó su “discrepancia absoluta” con la decisión y anunció que exploraría “todas las vías legales” para continuar con la actividad. Defendió que la concesión cumple la ley, que la mina pasa “todos los controles y exigencias ambientales”, incluidos los análisis de agua y de vertidos, los de calidad del aire y efectos sobre flora y fauna. También hizo referencia al compromiso de reforestar zonas que quedaron abandonadas por una explotación anterior del terreno. Sus prácticas, asegura, son “responsables” y Penouta es “un proyecto estratégico” y fundamental en la economía de la comarca. El 82% de los trabajadores son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% proceden del entorno más inmediato de la explotación minera, añade.

Después, la empresa fue informando de los apoyos a su causa: el comité de empresa y los sindicatos representados, los alcaldes de Viana do Bolo, A Veiga y Vilariño de Conso, la Cámara Minera de Galicia. El frente común se tradujo en concentraciones en Viana y también en una protesta de unas 200 personas en A Coruña, ante la sede del TSXG, con pancartas en las que se podía leer: “A mina non contamina. A minería é vida”. Piden a la Justicia que cambie su decisión, que es cautelar, a la espera de que los jueces entren al fondo del caso. También la Xunta de Galicia se situó del lado de Strategic Minerals. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha trasladado su “compromiso” con los trabajadores y con la actividad minera en la comunidad.

Una zona sin restaurar y abandonada más de 30 años

La historia de la mina de Penouta se remonta a hace un siglo. Hasta 1985 se explotó para obtener wolframio y estaño. Estaba entonces en manos de Rumasa, el grupo empresarial de José María Ruiz Mateos, que dejó el terreno abandonado, sin reparar y con los escombros allí depositados. Fue en esos desechos en los que Strategic Minerals vio la oportunidad de negocio tres décadas después. En 2018 empezó a extraer columbita y tantalita, es decir, coltán, de los restos que había en las balsas. Más adelante pidió permiso a la Xunta para explotar directamente la veta y la administración autonómica se lo dio en 2022. Se abrió así a la actividad la llamada sección C, la que un auto del Tribunal Superior de Galicia dejó en suspenso en octubre.

Los magistrados defienden que los principios de cautela, prevención y precaución son “propios del derecho de la Unión Europea” y justifican que “ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil o incierta reparación”, deben optar por suspender la actividad y considerar que el que prevalece es “el interés general” de “mantener indemnes esos espacios públicos”. En el caso de la mina de Penouta, se encuentra en una zona adyacente a terrenos de Pena Trevinca incluidos en la Red Natura.

Cristóbal López critica la declaración de impacto ambiental favorable emitida por la Xunta en marzo de 2022 que permitió la explotación a cielo abierto. Se incrementaron los impactos ambientales, pero sostiene que los efectos sobre el lugar de interés comunitario de Pena Trevinca y los arroyos de la zona no se evaluaron “adecuadamente”. “No es la primera vez que las empresas mineras utilizan como rehenes a los trabajadores y los movilizan en contra de la defensa de su propio territorio”, dice. Recuerda que el año pasado la presencia de metales pesados provocó que los vecinos no pudiesen beber agua del grifo un par de días: “Allá ellos si quieren cambiar puestos de trabajo por veneno. Pero lo que no podemos permitir es que envenenen la Red Natura”.

“El pueblo está muy apenado”

Para el ecologista, el hecho de que la Justicia haya aceptado las medidas cautelares quiere decir que los jueces han visto el caso “grave”. Contesta a las críticas sobre la posible destrucción de empleo con el argumento de que, hasta el año pasado, la explotación se hacía en las escombreras, una parte que Ecoloxistas en Acción no ha denunciado, pese a que “lo merecían porque también tuvieron un montón de vertidos”.

El temor a la pérdida de empleos ha unido a plantilla, empresa y responsables políticos de Viana –con unanimidad de PP, PSOE y BNG– y de otros municipios de alrededor. El alcalde recalca que los trabajadores son jóvenes y, en el 80% de los casos, viven en la comarca. En el rural, dice, la población está envejecida y este yacimiento es una vía para “tener a chavales trabajando” en el entorno. “El pueblo está muy apenado. Es una cadena que afecta a las tiendas, los bares...”, lamenta. El sindicalista de CCOO explica que ahora mismo los trabajadores están en ERTE. Cree que la Justicia va a terminar por dar la razón a Strategic Minerals porque tiene “los permisos en regla” y hace “controles estrictos”, pero pone el foco en el largo periodo de incertidumbre que puede mediar entre el momento actual y la resolución definitiva: “¿Quién les paga el daño a estas personas?”. Entretanto, van a continuar con las protestas y han programado la siguiente para el 25 de noviembre en Viana do Bolo.

La única imagen que Elvis tiene de su pueblo natal es la guerra. Nació en 1998, el mismo año que estalló el conflicto del coltán en la República Democrática del Congo. No conoció a su madre. Ella murió en el parto. Su padre no pudo superarlo y se refugió en el alcohol. En un pasado que él describe como “oscuro y negativo”, una frase de su abuela se transformó en su obsesión y su meta: “Si quieres conocer mundo, tienes que leer y estudiar mucho”. A los 13 años salió del Congo con ese propósito. Sin ningún recurso, recorrió más de una decena de países del continente africano para formarse. Lo consiguió. Ahora, graduado en Derecho, Kabwende Nsungu Elvis ha recogido todas las luces y las sombras de su periplo en su primer libro: Lo que la noche le debe al día. 

“Los recuerdos que yo tengo de mi pueblo, Bukunga, son de matanza, sufrimiento y sin alegría. Pero yo tenía un sueño: estudiar”, cuenta. Aunque sabía que tenía que salir de su aldea para lograrlo, en su mente nunca estuvo Europa. Elvis quería llegar a Marruecos. Allí pudo estudiar en la Universidad Mohammed XV de Rabat. En 2021, obtuvo una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo para realizar un máster en relaciones hispanoafricanas en Gran Canaria. Desde allí se ha trasladado este mes a Tenerife para participar en Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras.

Cuando terminó primaria, recorrió 30 kilómetros en busca de un instituto. “Allí pedí ayuda al director, que aceptó que estudiara gratis. Pasé dos años ahí, pero luego la guerra se fue acercando. Tenía que irme. Tenía que alejarme para no morir”, relata. Se alejó un poco más de Bukunga. A 50 kilómetros de su casa perdió el contacto con su familia. “Desde 2009 hasta hoy no sé dónde están”, confiesa. “En el lugar en el que estábamos las condiciones para estudiar no eran buenas. No tenía libros. Un día un amigo me dijo que si quería estudiar bien y ser útil a mi patria tenía que irme a una ciudad donde poder abrir mi mente”. 

Tomó un tren y se fue a la ciudad de Lubumbashi. Su casa ya quedaba a 1.500 kilómetros. “Todo era muy feo en aquel tiempo. Las crisis económicas, políticas, culturales… Tenía que tener confianza en dios”. En este enclave del sur del Congo, Elvis pasó mucho tiempo viviendo en la calle. “Es la jungla. Hay muchos peligros que no se pueden explicar. En cualquier momento te pueden matar. Siempre pienso en la parte positiva. No quiero recordar muy bien lo que pasó para no tener un trauma”, sostiene. 

Sudáfrica, Tanzania, Senegal

En 2011 empezó a andar. Pasó por Zambia y después por Sudáfrica. Elvis, que no cargaba nada más que sus ganas de aprender, se las ingenió para atravesar fronteras. A veces a pie, otras en guagua y otras pidiendo a quienes pasaban por su lado que le subieran en sus motos, coches o bicicletas. En su viaje tuvo que cambiar de nombre hasta siete veces.

Del sur del continente pasó al este. “En Tanzania encontré una familia que me dio el amor que nunca tuve en mi pueblo”, recuerda. Allí estuvo unos años, hasta que volvió a marcharse. Esta vez, a Burkina Fasso. El joven congoleño tenía grandes expectativas sobre este país. Allí nació uno de sus referentes políticos. Thomas Sankara, también conocido como el Che Guevara africano. “Fue un capitán que salvó a su pueblo”, sostiene orgulloso. También esas eran sus intenciones cuando salió del Congo. 

Burkina Fasso, Ghana, Costa de Marfil, Malí y Senegal fueron sus siguientes pasos. “En Dakar pasé más de cinco meses. Allí conocí a un policía que me ayudó y me daba comida”. Cruzó la frontera hasta Mauritania, donde se hizo pasar por un ciudadano de Gabón. Las autoridades lo descubrieron y pasó dos meses en una cárcel mauritana, hasta que un abogado que pasó por allí lo logró liberar. Se marchó a Argelia y desde Argel a su objetivo: Marruecos.

“El 20 de octubre de 2014, con 16 años, entré al país. Allí los congoleños me llevaron a un gueto donde tenía que trabajar para cobrar dinero”, resume. Diez países, un mes y cuatro días después llegó a Rabat. “Una señora de Bélgica me aceptó en su escuela para estudiar francés. Después conocí a muchas personas que me ayudaron y pude entrar a la Universidad de Mohamed XV”. 

Elvis terminó la carrera de Derecho y se especializó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En Marruecos, conoció a la periodista española Carla Fibla, que le apoyó en la obtención de la beca que ahora disfruta en Canarias. Desde que huyó con 13 años, no ha vuelto al Congo. Ahora su mirada está en Bilbao, donde quiere encontrar trabajo. 

Su libro, Lo que la noche le debe al día, está en español y en francés y se distribuye en Barcelona y en París.  “La noche se refiere a mi vida en el pueblo. Sin amor, en medio de una guerra civil y preguntándome por qué no he tenido una infancia como los demás. El día es mi felicidad, mi derecho a ser educado, a tener una buena vida, a ser alguien”, explica.

Desde hace ya meses, la ensayista y pensadora Naomi Klein nos advierte de que la crisis en la que casi todos los países del mundo han quedado sumidos tras la pandemia mundial de la COVID-19 se está convirtiendo en la excusa perfecta para la construcción de (en sus palabras) “una distopía de alta tecnología”. Klein observa que Silicon Valley ya tenía toda clase de planes antes del coronavirus en que imaginaba sustituir muchas, demasiadas, de nuestras experiencias corporales insertando tecnología en medio del proceso; y nos llama a resistir contra el Screen New Deal. Pues de nuevo las élites utilizan el dolor social y la confusión para llevar a término de manera antidemocrática su particular proyecto de mundo. Si en los setenta el alzamiento de las dictaduras militares latinoamericanas se convirtió en el pistoletazo de salida de un neoliberalismo que posteriormente ha infectado al planeta con su lógica desquiciada, hoy las grandes multinacionales del capitalismo tecnológico, con la inestimable cooperación de gobiernos de todo el globo, nos pretenden hacer creer que nuestra única alternativa es abrazar el proyecto de digitalización total del mundo. TINA (There Is No Alternative), el lema de Margaret Thatcher, actualizado.

En el Estado de Nueva York el CEO de Google Eric Schmidt encabeza ya una comisión para imaginar una nueva normalidad que, desde su punto de vista, tendrá que ser la de un Screen New Deal que permita a Estados Unidos imponerse en el conflicto geopolítico que le está enfrentando a China en ámbitos como el control de la infraestructura 5G. La lógica, pese a que ahora se escude en la necesidad de luchar contra la crisis sanitaria, es clara: lejos de denunciar lo que Marta Peirano no ha dudado en calificar como la primera tecnodicatura del mundo, debemos emularla –forzando al máximo lo socialmente aceptado– para no quedar atrás en los beneficios que se derivan de la nueva economía del dato del capitalismo digital. La IV Revolución Industrial, y su proyecto estrella, el Internet de las Cosas, aspira a que no pueda existir interacción social que no venga mediada por una interfaz digital conectada y, por tanto, se convierta en fuente de cada vez más datos sobre todo lo que hacemos. Estos datos seguirán alimentando algoritmos de inteligencia artificial que, como demuestran escándalos como el de Cambridge Analytica o la crítica al solucionismo tecnológico de Morozov, están adquiriendo un poder creciente sobre nuestra vida personal y política.

En Europa, esta doctrina del shock digital está tomando sobre todo forma en los planes de recuperación frente a la crisis de la covid-19, y en particular en el fondo Next Generation EU mediante el que la Unión Europea planea poner 750.000 millones de euros a disposición de sus estados miembros. Pese a que éste se ha presentado como una oportunidad única para poner en marcha un Nuevo Pacto Verde Europeo, de facto actuará como un acelerador del proceso de digitalización total de la economía, las instituciones y las relaciones en Europa. Su naturaleza de plan estratégico integrado obligará a todo Estado que quiera acceder a los fondos que ofrece a abrazar una economía digital en la que se apueste por “las tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores y los ordenadores cuánticos, y las tecnologías de cadena de bloques”.

En el hecho de que en el plan convivan la apuesta por la digitalización con la voluntad de una transformación ecológica del territorio europeo parte de una convicción falsa: que la informatización del mundo puede ser herramienta y catalizador de una transición ecológica en el continente. La realidad es que, por el contrario, digitalización y transición ecosocial son proyectos de naturaleza antagónica bajo las relaciones socioeconómicas realmente existentes. Por un lado, porque la extensión de internet y las TIC está suponiendo un aumento exponencial del consumo de energía y materiales críticos, especialmente minerales escasos como las tierras raras o el coltán. Internet no es una nube inmaterial, y la economía digital no está desacoplada de los impactos ecológicos. El acceso a la Red de Redes solo es posible gracias a la existencia de un entramado de servidores (ordenadores conectados las 24 horas del día y sujetos a exigentes demandas de refrigeración, concentrados en pocos lugares del mundo y en su mayoría propiedad de las grandes empresas tecnológicas) que se extiende cada vez más, a la par que todos nuestros dispositivos necesitan utilizar materiales y energías para construirse, distribuirse y eventualmente desecharse. La fase digital del capitalismo industrial está suponiendo una impresionante profundización del extractivismo, un aumento de las emisiones de efecto invernadero –si Internet fuera un país sería el sexto más emisor del mundo y consumiría tanta energía como Rusia– y una destrucción ecológica ampliada.

Al fin y al cabo, una de sus virtudes más celebradas de la digitalización del capitalismo es su capacidad para acelerar el crecimiento. Desde la automatización de los intercambios financieros, hoy en gran medida en manos de las inteligencias artificiales, hasta el tipo de consumo compulsivo característico de los portales digitales, la Cuarta Revolución Industrial parece ser el único modo de mantener a flote unas dinámicas de acumulación que llevan décadas funcionando a trompicones. Más allá de que el crecimiento que este proceso abandera esté suponiendo un deterioro de las condiciones laborales y vitales de millones de personas que cada vez más se ven sujetos a la precarización extrema de nuevos modelos de negocio como Deliveroo o Uber, no debemos olvidar que la idea de un desacoplamiento entre crecimiento e impacto ecológico es ilusoria. Para descarbonizar necesitamos desdigitalizar y descomputadorizar, como argumenta Ben Tarnoff en un artículo muy sólido.

Hoy, cuando la confluencia de una crisis climática cada vez más acelerada, una pérdida masiva de biodiversidad y un agotamiento cada vez más rápido de combustibles fósiles y minerales escasos dibuja un claro escenario de colapso ecosocial, lo que hace falta es frenar, parar y repensar casi todo. No necesitamos un crecimiento supuestamente “verde” e “inteligente”, sino decrecer con criterios de justicia, igualdad, autonomía y auténtica sustentabilidad. Y la crisis actual, en vez de estar aprovechándose para desarrollar ese proceso de reflexión colectiva, está suponiendo la excusa perfecta para dar carta blanca (todavía más si cabe) a desregulaciones masivas que, de nuevo, no dudarán en seguir ampliando la destrucción ecológica si con ello pueden mantener a flote algunos años más la suicida trampa del crecimiento capitalista.

Lo alarmante es que esta huida hacia adelante tecnológica, cuyo símbolo y piedra angular es el 5G, no solo promete generar efectos sociales y políticos del todo indeseables, sino que se lleva a cabo desoyendo las advertencias de cientos de científicos y médicos que, uniéndose a organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente, están solicitando la aplicación del principio de precaución ante el despliegue del 5G, alertando de sus riesgos tanto para la salud humana como para la vida en general. Pese a que una arrolladora maquinaria de propaganda sigue insistiendo en que las radiaciones no ionizantes no pueden generar efectos biológicos, la investigación científica ha desmentido esto hace tiempo. A lo largo de los últimos veinte años, se ha vuelto extremadamente fuerte la evidencia de que los CEM (Campos Electro-Magnéticos) débiles puede modificar los procesos biológicos en todo el rango de frecuencias, desde ondas estáticas a milimétricas, advierten Frank Barnes y Ben Greenebaum. En un artículo titulado “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”, publicado en The Lancet en diciembre de 2018, científicos del grupo de investigación australiano ORSAA constatan que, de 2266 estudios sobre CEM, no menos del 68% encontró “significativos efectos biológicos o efectos para la salud”.

Lejos de atender estas advertencias, de las que sin embargo aseguradoras de todo el mundo toman buena nota negándose ya a dar cobertura al despliegue actual de esta tecnología inalámbrica, nuestras sociedades e instituciones se desentienden de las mismas gritando fuerte ¡fake news! y asocian con mala fe la oposición al 5G con otras reivindicaciones “magufas” (antivacunas por ejemplo) para desacreditarlas. Y no se presta atención al enorme asunto de la “captura” de los cuerpos reguladores por parte de los vested interests (atiéndase al reciente informe de dos eurodiputados, Klaus Buchner y Michèle Rivasi, desde Bruselas).

Especialmente preocupante en ese sentido son las conclusiones del Consejo de la Unión Europea celebrado el 9 de junio de 2020. En el artículo 36 de las mismas, y amparándose en la necesidad (que compartimos) de acabar con las teorías que vinculan la extensión del 5G con la pandemia de la Covid-19, tachan de a priori como falsa cualquier posición que defienda que dichas “redes suponen una amenaza para la salud”. Con ello no sólo desoyen la evidencia científica, sino que dan vía libre a la profundización de prácticas de censura sobre los grupos opositores al 5G que plataformas como Facebook o Youtube llevan ya desplegando desde hace meses.

Por ello, creemos que hoy resulta más importante que nunca sumarse a las plataformas y movimientos sociales que, apelando al principio de precaución, dicen no a la extensión del 5G y al mundo sin contacto de la Cuarta Revolución Industrial. La paralización de esta tecnología, y el desmantelamiento parcial de otras ya instaladas (algoritmos de inteligencia artificial, tecnologías inalámbricas, etc.) es crucial si queremos hacer en serio un balance de costes y beneficios y, quizá más importante aún, contar con el tiempo suficiente para poder decidir de manera democrática el rumbo de nuestras sociedades. El proyecto de digitalización del mundo tiene como meta alcanzar hasta el último rincón del suelo y el cielo, que no tardará en verse inundado por miles de satélites privados que garanticen la instalación del nuevo Internet de las Cosas. Sin embargo, ¿no es acaso una locura jugarnos todo a la carta de unas tecnologías con requerimientos de energía y materiales que exceden lo que el planeta Tierra da de sí? ¿No estaremos fragilizando aún más nuestras posibilidades de reorientar nuestras sociedades en una senda ecológicamente consciente y que ponga la vida en el centro si abrazamos de manera acrítica la instalación de un mundo sin contacto?

Penouta es una pequeña parroquia de Viana do Bolo, con menos de 80 habitantes, en el interior de la provincia de Ourense. Olvidada como tantas otras, Europa mira ahora hacia este pequeño rincón de montaña de la Galicia suroccidental.

Pionera en la extracción de coltán desde hace ya tiempo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras cinco años de investigación, ha logrado desarrollar un procedimiento para separar, manteniendo una elevadísima pureza, niobio y tántalo, dos de los metales más valorados por la industria tecnológica por sus propiedades químicas.

Se consigue así recuperar estaño de la mina y extraer de la escoria resultante de este esos dos metales, logrando los primeros compuestos de esas materias primas “sintetizados en España en la primera y única mina para su extracción en toda Europa”, como destaca el CSIC. Un avance en el método y una ratificación de la importancia de los materiales de la mina que sirve de impulso a un lugar ya único en Europa.

“Es una muy buena noticia que el CSIC confirme y ratifique la importante presencia de materiales tan codiciados en una mina en la que ya llevan años trabajando”, explica Secundino Fernández, alcalde de Viana do Bolo, que desde hace tiempo conocía por la empresa que explota el terreno las “grandes posibilidades económicas” del lugar.

En ese monte de Penouta se extrae el coltán --término coloquial para denominar la mezcla en proporción variable de columbita y tantalita-- un mineral “relativamente escaso, que contiene niobio y tántalo y forma parte de los estratégicos para la UE por sus propiedades para fabricar la mayoría de los dispositivos electrónicos que nos rodean, desde smartphones la consolas de videojuegos”, explica Félix Antonio López, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim).

El rápido incremento de una elevada demanda y el hecho de que la obtención de estos minerales --claves para móviles o prótesis médicas también-- se produzca en zonas de conflictos bélicos y explotación infantil, como en el Congo, hace que la UE siempre haya buscado una alternativa para conseguirlos en zonas libres de conflictos y más allegadas.

Es la empresa que gestiona la mina, Strategic Minerals Spain, quien extrae desde hace años el tantalio y el niobio de los escombros y desechos de la mina que fue abandonada a principios de los 80, después de ser explotada por Rumasa durante décadas para extraer estaño y wolframio. Aquel espacio degradado y a cielo abierto en la montaña se convierte ahora en una zona codiciada por la presencia de una materia prima fundamental para las nuevas tecnologías.

La empresa encontró el negocio y la oportunidad en las balsas de decantación de la antigua mina, con millones de toneladas de minerales que se fueron depositando en los fondos. De aproximadamente cada 100 kilos que se recuperan, uno o menos es de coltán. Pero hay más, porque la empresa ya tramita los permisos para explotar, más allá de los residuos, directamente la mina, donde trabajan medio centenar de personas en la actualidad.

De la colaboración de la firma con el Cenim y la empresa Krown surge el proyecto Estannio, que procura procesos para aprovechar de la mejor manera los residuos mineros. Así fue como se empezaron a procesar las balsas y los desechos, explotando un yacimiento donde, además del estaño, el tántalo y el niobio, también se obtiene cuarzo, feldespato y mica.

Es aquí donde los investigadores, a partir de los minerales extraídos, desarrollan un proceso para obtener estaño de “alta pureza” y, de sus restos, los compuestos de niobio y tántalo. “Son dos elementos con mucha afinidad química y su separación selectiva es complicada”, explica Félix Antonio López, que aclara que separan primero el estaño y luego aplican un “proceso laborioso para obtener sales comerciales de niobio y tántalo con rendimientos y purezas atractivas para su explotación comercial”.

Aplican procesos químicos, mediante lixiviación y extracción con disolventes orgánicos, que logra una calidad que no se lograba con métodos tradicionales. Hasta lingotes de estaño de una pureza del 95% y sales de niobio y tántalo con calidad comercial “de hasta un 97% y un 99% respectivamente”.

Las estimaciones hablan de una vida útil de la mina de entre 35 y 40 años mínimo y con generación de empleo en la comarca. Según la empresa, además, no hay riesgo medioambiental en unos terrenos comunales de más de 100 hectáreas arrendados a la comunidad de montes, con la que Strategic Minerals llegó a un acuerdo hace años. “Genera trabajo y genera riqueza”, explica el regidor nacionalista de Viana do Bolo.

El proyecto Estannio se componen también de una planta comercial de fusión para la obtención de estaño en Salamanca y una planta piloto hidrometalúrgica de obtención de niobio y tántalo en el Cenim.

Después de dos años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobará este jueves un reglamento que pretende romper el vínculo entre el comercio de minerales y los conflictos armados. Cuando la norma entre en vigor, a partir de 2021, los importadores europeos de estaño, wolframio, tantalio y oro deberán comprobar que las materias primas no provienen de zonas de guerra o se han utilizado para financiar a grupos armados. 

A menudo se ha relacionado esta industria con la guerra y la violación de los derechos humanos. Sobre todo en la la República Centro Africana y la República Democrática del Congo, aunque también en países de América como Colombia o México.

Con la nueva normativa, la UE se suma a las recomendaciones de la OCDE y sigue los pasos de Estados Unidos, que durante el mandato de Barack Obama aprobó la Dodd Franc Act. Una regla que obliga a las empresas norteamericanas que importan minerales a mitigar los abusos que se produzcan a lo largo de toda la cadena de suministro. 

En un principio, la normativa europea iba a ser menos ambiciosa que la de Estados Unidos. En 2014, la Comisión Europea propuso un sistema de control voluntario para las empresas, pero la presión del Parlamento Europeo ha logrado que el sistema sea obligatorio. 

La medida “va a ser muy importante para sentar las bases para una mayor prosperidad en las zonas de conflicto. Va a haber una mayor estabilidad en África y a la vez, esto va a reducir la inmigración a la UE”, ha afirmado Iuliu Winkler, eurodiputado del PPE y ponente de la norma en la Eurocámara, durante el debate en el pleno, antes de la votación de este jueves.

Por su parte, la Comisaria de comercio, Cecilia Malmström ha destacado que “los ingresos de la exportación” de estos minerales “no irá a los grupos armados, sino a la construcción de escuelas y hospitales”. 

Críticas de ONG: deja fuera el coltán

Este optimismo no es del todo compartido por las ONG. “Este es un primer paso importante, pero se queda a mitad de camino”, opina Nele Meyer, de Amnistía Internacional.

Los detractores critican que el reglamento deja varios flancos abiertos: obliga únicamente a los importadores de esos cuatro minerales –dejando fuera, por ejemplo, al coltán (utilizado en las baterías de los teléfonos inteligentes)–; no afecta a la importación de los productos manufacturados que contengan minerales de conflicto; exime a pequeños importadores como joyeros o dentistas y excluye la trazabilidad de productos complicados de controlar, como son los reciclados. 

“La UE podría y debería haber ido más allá, (…) para demostrar que se toma en serio el hecho de que las empresas europeas obtienen los recursos de los que todos dependemos, de forma responsable”, asegura la ONG Global Witness. 

Para intentar minimizar estas lagunas, la Comisión Europea deberá comprobar hasta qué punto cumplirán las empresas esta normativa e informar sobre ello, dos años después de que entre en vigor. Además, tendrá que trabajar en un sistema voluntario que afecte a la importación de productos manufacturados. 

Esta semana presenciamos, un año más, como la celebración de uno de los congresos internacionales más importantes que acoge Barcelona, el Mobile World Congress (MWC), acapara las calles y colapsa los servicios privados y públicos de la ciudad. Más de 100.000 personas asistieron a la edición del año pasado. Vista la cifra y el impacto que tiene en la ciudad, alguien puede llegar a pensar que toda la industria de la telefonía móvil está en Barcelona, pero, de hecho, sólo son una parte muy pequeña. La gran mayoría, la más vulnerable, no sólo no está, sino que no se la tiene en cuenta en las estrategias de crecimiento del sector.

En el congreso participan delegados de las empresas más importantes de la industria del móvil e industrias adyacentes. Entre las protagonistas están las grandes empresas de la electrónica que gobiernan las principales cadenas de suministro globales. Pero estas cadenas globales son redes muy complejas formadas por millones de personas trabajadoras expuestas a la vulneración sistemática de los derechos humanos que no tienen voz ni representación en el Congreso.

Entre estas se encuentran, en primer lugar, las que trabajan en minas muy peligrosas en la República Democrática del Congo (RDC), algunas menores de edad, para extraer los minerales necesarios para la fabricación de los móviles y otros aparatos electrónicos. La RDC sufre desde mediados de los años 90 una guerra que ha causado alrededor de cinco millones de víctimas mortales y más de tres millones de personas desplazadas o refugiadas. Es sabido que los grupos armados del país, incluyendo el ejército congoleño, se benefician y financian directamente del comercio de estos minerales.

Lo que quizás es menos sabido es que la vulneración de derechos humanos continúa en las siguientes fases de la cadena de suministro, la fabricación de los muchos componentes que contiene un teléfono móvil y el ensamblaje final.

En China, el principal país exportador de aparatos electrónicos del mundo, más de 5 millones de personas trabajan en las fábricas de este sector. Foxconn, de origen Taiwanés, es el fabricante más grande por contrato del mundo y emplea a casi un millón y medio de personas sólo en China. Entre los principales clientes de Foxconn están Apple, Dell y Hewlett-Packard entre otros.

En 2010, una ola de suicidios en Foxconn alertó de la dureza de las condiciones de las fábricas en la opinión pública por primera vez. Supimos que las jornadas de trabajo son extenuantes, de 6 días y cerca de 100 horas a la semana en algunos momentos del año. Los salarios siguen estando muy por debajo de los salarios dignos para vivir, lo que las fuerza a pedir horas extraordinarias de trabajo para complementar el sueldo. Sin embargo, lo más habitual es que la empresa las obligue a hacer por encima de lo que están dispuestas a hacer, imponiéndoles objetivos de producción elevadísimos. La planta de Foxconn en Zhengzhou, por ejemplo, producía el 70% de los iPhone6 a un ritmo de 200.000 unidades por día.

Uno de los puntos más oscuros es la salud y la seguridad en las fábricas. La industria electrónica es intensiva en productos químicos cancerígenos, como el benceno y el arsénico, utilizados en la producción de semiconductores, o el hexano, un disolvente muy tóxico utilizado para limpiar las pantallas táctiles de los móviles y que puede causar graves daños al sistema nervioso. Los trabajadores manipulan estos productos sin la protección adecuada y sin ser conocedoras de los riesgos que ello conlleva.

La inexistencia de una cultura de la seguridad laboral, así como la imposibilidad de organizar la lucha por mejorar las condiciones de trabajo, está directamente relacionada con la falta de sindicatos libres, que en China están específicamente prohibidos. Pero incluso en países donde están permitidos, las restricciones a la libertad de asociación, uno de los derechos humanos fundamentales, pueden tomar formas diversas: coacciones, amenazas, listas negras, agresiones y despidos.

Un ejemplo reciente de estas restricciones lo hemos visto en Filipinas, donde C&F, una empresa que produce componentes electrónicos para algunos de los expositores en el MWC, despidió a 87 personas el junio pasado alegando reducción de pedidos, entre las que había 63 miembros de un sindicato. El Departamento de Trabajo de Filipinas abordó el caso como práctica antisindical y exigió la readmisión de las 87 personas. La empresa, sin embargo, combatió esta decisión y obligó a muchas a aceptar compensaciones por el despido. Este enero sólo 22 personas que habían resistido a aceptar la compensación fueron finalmente readmitidas, pero no con las mismas condiciones, como exigía el Departamento, y fueron aisladas en un pabellón aparte para restringir el alcance de su discurso.

En el MWC, en ningún pabellón aislado representantes de las personas trabajadoras abordarán los abusos a los derechos humanos y laborales a las personas que forman la fuerza de trabajo de la industria del móvil. No lo harán aunque tienen un peso mayoritario en el sector de la electrónica, que emplea a más de 18 millones de personas en todo el mundo. El “business as usual” imperará en la Feria de Barcelona mientras afuera continúa la lucha diaria por la justicia global de las que “somos el 99%”.

Hace dos semanas se alcanzó un acuerdo para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales a practicar un comercio más responsable, el Reglamento de los "minerales de conflicto"

De prosperar, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por conflictos o violaciones de derechos humanos

Esta semana conmemoramos la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un enorme hito con el que representantes de los 5 continentes establecieron, por primera vez en la historia, los derechos fundamentales que deben respetarse en el mundo entero.

68 años después, podemos aclamar que la Unión Europea (UE) es líder mundial en su defensa. Los europeos, con una larga tradición democrática, somos muy críticos, porque queda mucho por hacer y errores que corregir, pero no podemos poner en peligro lo que tanto nos ha costado construir. En el año 2012, la UE fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a los más de 50 años de paz y estabilidad que han sido posibles gracias a un complejo modelo de integración que, aunque con una gobernanza todavía ineficiente, es visto desde fuera como modelo de referencia.

Movidos por nuestros valores en defensa de los derechos humanos, hemos aprobado una nueva legislación europea para prohibir el comercio de productos que puedan emplearse para infligir torturas o la pena de muerte. Y hace tan solo dos semanas se alcanzó otro acuerdo histórico entre las Instituciones Europeas para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales, a practicar un comercio más responsable. Me refiero al llamado Reglamento de los “minerales de conflicto”. De prosperar esta propuesta, que aún deberá someterse a aprobación de los miembros del Consejo y del Parlamento Europeo, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio, deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por graves conflictos o violaciones de derechos humanos.

Con el comercio ilegal de estos minerales -que están presentes en productos de uso tan cotidiano como nuestros móviles, coches o lavadoras, por ejemplo-, se financian algunos de los peores conflictos armados, como es la guerra civil de la R.D. del Congo, donde más de cinco millones de personas han sido asesinadas desde 1998, más que las vidas perdidas en la II Guerra Mundial.

Los grupos armados que controlan estas minas atemorizan y controlan poblaciones enteras, empleando la violencia sexual como su más terrible arma de guerra.

Al Parlamento Europeo han llegado testimonios terriblemente trágicos, entre ellos fue conmovedor el del Dr. Denis Mukwege, a quien concedimos el Premio Sajarov en 2014. Este ginecólogo congoleño ha fundado un hospital donde atienden, reconstruyen genitalmente y asisten psicológicamente a miles de niños y mujeres víctimas de violación. Se estima que, cada hora, 48 mujeres son violadas en el Congo.

No podemos cerrar los ojos.

La UE es uno de los mayores importadores de estos 4 metales, con el 35% del comercio mundial. Y no basta con exigir el cese de la violencia y el respeto al Derecho Internacional. Debemos emplear todas las herramientas a nuestro alcance, para hacer de nuestros principios una realidad. De ahí la importancia de legislaciones comerciales como esta.

El Reglamento de los Minerales de Conflicto hará una distinción entre las empresas más directamente vinculadas a las minas, como las fundiciones o refinerías, del resto de empresas que comercian con minerales ya transformados, componentes o productos ya acabados. Los primeros, estarán plenamente obligados a cumplir con el nuevo procedimiento de trazabilidad e información a partir del año 2021. Los segundos, tendrán la opción de acogerse voluntariamente al sistema.

Se ha pensado también en las PYMES y en aquellos que importan materiales reciclados. Ninguno de ellos estará obligado, pero sí podrán aplicarlo voluntariamente. No hay que obviar que, según estimaciones de la Comisión, el coste de aplicar el nuevo marco de diligencia, podría llegar hasta los 15.000 euros de partida y a unos 2.500 euros de mantenimiento al año, dependiendo del tamaño de la empresa.

También se han marcado unos volúmenes de importación mínimos a partir de los cuales las empresas estarán sujetas al deber de diligencia. Los socialistas hemos exigido que se garanticen los necesarios controles y que, en caso de constatarse elusiones, se revisen los límites. Una vez aprobada la nueva regulación, lo más importante será recabar de la Comisión unas buenas medidas de acompañamiento y una estricta evaluación de su efectividad, que tendrá lugar cada tres años.

Creo que este nuevo reglamento de los minerales en conflicto es una buena prueba de cómo, a través del comercio bien regulado, se pueden defender los derechos humanos. Partíamos de una posición muy difícil, en la que conservadores, populares y liberales, con mayoría en el Parlamento Europeo, se oponían frontalmente a la obligatoriedad del sistema. De hecho, el Gobierno de Rajoy ha sido uno de los más activos miembros del Consejo contra ella. Pero el sistema totalmente voluntario que los conservadores defendían no funciona: existe ya en el marco de la OCDE y a él se han acogido únicamente un 4% de las alrededor de 420 empresas europeas. Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero es un buen paso adelante y las atrocidades que están ocurriendo tiene que parar.

Si las fuerzas progresistas hemos logrado este paso, ha sido también gracias a la labor de muchas organizaciones que, como Amnistía Internacional o Alboan, han realizado un valioso trabajo de sensibilización y denuncia.

Como decía Ban Ki Moon, ex secretario general de la ONU: “El ejercicio de los derechos humanos no es un sueño, es un deber por el que todas y todos debemos trabajar hasta lograr su aplicación universal”.

Algo que tener muy presente esta semana en que celebramos la conquista de los Derechos Humanos y en la que también, el Reglamento Europeo de los Minerales de Conflicto deberá someterse a aprobación por los representantes de los Estados miembros.

Espero y deseo que, esta vez, el Gobierno de Rajoy, esté a la altura.

Inmaculada Rodríguez-Piñero

Eurodiputada de S&D, miembro de la Comisión de Comercio Internacional

Entre las modelos, las luces y una montaña rusa virtual, saco las piedras de coltán que nos regalaron el año pasado en una mina congoleña (una más). Entre los stands del Congreso Mundial del Móvil (WMC) están todas las grandes marcas. Es la gran cita anual de la telefonía móvil. Estamos a finales de febrero, en la entrada chilla el eslogan “el móvil lo es todo” y Europa aún no ha regulado el mercado de los minerales de sangre que alimentan este “todo”.

Las fuentes de Montjuïc deleitan con colores a los acreditados internacionales en una “Barcelona, capital del móvil”, mientras la ausencia de los dos grandes protagonistas, el coltán y Congo, dibuja la paradójica desconexión de la sociedad hiperconectada.

Tras diez años cubriendo la guerra más mortífera del planeta, en República Democrática del Congo y siguiendo el comercio de minerales sacados de miles de minas artesanales, me encuentro en mi ciudad natal investigando el otro lado de la cadena: los compradores. En la zona donde se libra el conflicto, en Congo, es donde se concentran las reservas más grandes del mundo de coltán (tántalo).

“El tántalo (que se extrae del coltán) tiene unas propiedades únicas”. Eva Vidal, ingeniera de la UPC, abre cuidadosamente un teléfono y levanta con las pinzas una pequeña pieza dorada. “Sin él, los smartphones no funcionarían y actualmente no hay alternativa para reemplazarlo”.

Sin control

Es el metal más valioso de nuestra era, insustituible por ahora, y, a pesar de que el boom del coltán estalla en los años 2000, el mercado mundial de los componentes para móviles apenas se está empezando a regular, y sin consistencia. El pionero fue Estados Unidos, que aprobó la primera ley en 2010. Se insta a las empresas a presentar un informe anual a la Comisión de Bolsa y Valores explicando de dónde salen sus componentes. Pero los resultados del primer examen reflejan el fracaso.

Amnistía Internacional concluye que, en la primera entrega de resultados, en 2014, el 80% de las empresas no controla o no revela la procedencia de sus componentes, a pesar de la regulación. Entre las empresas estudiadas están Apple, Honda, Google, Boeing, Tiffany, Microsoft o Walt Disney.

En Bruselas es un taxista ruandés –guiños de la vida– el que me recoge en el aeropuerto y me lleva hasta el Parlamento Europeo. Es junio de 2015, la europarlamentaria Marie Arena, que ha luchado junto a otros diputados para que la ley sobre minerales de sangre en Europa tire adelante, ha convocado a una sesión para contar cuál es la situación en Congo.

Hablo de los empresarios congoleños, los que, lejos de Europa, se dedican a la compra-venta de coltán. La desinformación sobre Congo es sorprendente y, desde las elegantes instalaciones del Parlamento, superpobladas de cámaras y periodistas, me acuerdo de Sadok, el presidente de los comerciantes de Kivu Norte (la provincia congoleña más rica en coltán): “Tenemos que bailar al ritmo del mercado internacional. Nuestras voces no cuentan”. A pesar de ser los principales suministradores de este mercado, la decisión se toma en otra parte.

Arena fue optimista. Se acababa de llegar a un acuerdo y Europa iba a empezar a regular. Pero la ley europea es aún más laxa que la norteamericana. Solo exige certificar a las empresas que importan el mineral en bruto, lo que exime a la mayoría, que importan los componentes con el mineral ya transformado.

“Queremos regulación y certificación en toda la cadena. Que cualquier pieza que entre a Europa esté certificada. Desde el agujero donde sale el coltán, hasta el lugar donde, transformado, llega a Europa”, afirma el europarlamentario Javier Nart (Ciudadanos): “Si no circulamos a 120 por las calles de Madrid es porque hay sanción. Las cosas si no se regulan, no funcionan. Y a los grandes empresarios con las manos exquisitamente limpias, yo les llevaría a ver lo que está pasando en Congo”.

Sin información

“Congo es un conflicto conocido, pero su vínculo con la producción de nueva tecnología se desconocía por la mayoría de parlamentarios europeos”, señala Ernest Urtasun, europarlamentario de ICV. Lleva de nuevo la gran paradoja. En la Unión Europea hay 880.00 empresas que usan el tántalo, el estaño, el tungsteno y el oro en la producción de bienes de consumo.

“En Europa vamos muy atrasados en regular esto. No éramos conscientes de cuál era el coste humano de este tipo de metales y qué efectos tenían en un conflicto. Es fruto de la movilización de la sociedad civil y con el desarrollo de las nuevas tecnologías la cuestión se pone encima de la mesa”, explica Urtasun.

Urtasun reconoce así la fuerza de la ciudadanía, de un centenar de entidades, ONG, activistas y periodistas que llevan años trabajando para que Europa asuma responsabilidades. En España es el caso de Alboan, Redes o Justicia i Pau, o de las campañas informativas de #ConflictMinerals o #ConnectCongo.

Pero es esta misma red la que critica y rechaza el primer paso tomado por Europa, no solo por ser demasiado débil. También por no contar con las voces locales.

“Quienes lo bloquean son los gobiernos”, asegura Urtasun. “El argumento (que usan) es que pedir evaluaciones demasiado exhaustivas puede tener un efecto negativo sobre la actividad de las pequeñas y mediana empresas, tener un coste económico muy elevado, y dejaría de hacerlas competitivas”. Y concluye: “La industria está jugando un papel de presión fuerte”.

Un negocio millonario, en muy pocas manos y mala información. Con el condensador de tántalo en la mano, Eva Vidal, ingeniera, dice que ellos tampoco tienen forma de saber de dónde procede el mineral. El mercado es opaco y la poca información que trasciende sobre el conflicto es sobre el sufrimiento de las víctimas, no sobre sus vínculos con Europa, importador del 25% de los llamados minerales de sangre.

El único intento: Fairphone

Como consumidores, actualmente, no hay manera de estar seguros que nuestros teléfonos no llevan minerales de sangre. En un espacio alternativo al Congreso Mundial del Móvil, se habla de cómo cambair la industria. La representante de Fairphone, Daria Koreniushkina, cuenta esta alternativa: “Estamos construyendo un smartphone con el objetivo de resolver los problemas sociales y ambientales que genera la cadena de suministro que hay detrás la fabricación de los teléfonos. Desde las minas, pasando por el diseño o la producción en las fábricas y hasta al final, en el momento del reciclaje, para evitar los residuos electrónicos”.

“El aspecto más urgente son los cuatro minerales de sangre. Hemos logrado acceder a estaño y tántalo libres de conflicto procedentes de Congo y en el Fairphone II hemos introducido oro certificado. Es la primera vez que se lanza un proyecto así en la industria de la electrónica de consumo.”

El de Fairphone es un objetivo que se topa con la gigantesca industria. “Sabemos que en algún momento un mineral limpio de conflicto se puede fundir con otras fuentes”. Así que mantener el móvil limpio “es casi imposible”.

Aún así, Koreniushkina es optimista. “Hay 90.000 persones en Europa que han optado por comprar un Fairphone, y eso resulta inspirador. Porque es gente que ha demostrado que quiere marcar una diferencia, que quiere productos más éticos. Y creemos que eso puede motivar a toda la industria a actuar de forma más responsable”.

“Mobile is everything”, predica l’edició d’enguany del Mobile World Congress en què predominarà la cara més amable de la tecnologia. “És una gran paradoxa i fins i tot és hipòcrita que visquem en una societat hiperconnectada on abunda la informació i alhora visquem desconnectats de quin és l’origen d’aquest benestar”, reflexiona a Catalunya Plural la periodista Gemma Parellada, que des del 2006 segueix informativament la realitat de la República Democràtica del Congo (RDC) i que recentment ha fet el reportatge Viatge a la zona zero del món digital.

“En molts aspectes de la nostra vida diària hi ha una part d’Àfrica, com és el cas del coltan als nostres telèfons”, assegura. Segons dades de l’organització Friends of the Congo (Amics del Congo), el país africà concentra prop del 80% del coltan mundial, un mineral de color negre pissarra que resisteix altes temperatures i que s’utilitza per a les bateries de dispositius mòbils, GPS o ordinadors, entre altres aparells.

“I quin és el retorn que ells tenen de nosaltres? Àfrica segueix sent el lloc on tot s’hi val”, lamenta Parellada. A l’Estat espanyol la combinació de telèfons fixes i mòbils excedeix els 150 telèfons per cada 100 persones. A la República Democràtica del Congo, pel mateix nombre de persones només n’hi ha 48. Són dades del CIA World Factbook que il·lustren la paradoxa d’un país que malgrat que té una de les reserves de coltan més riques del món queda molt al marge del nivell de desenvolupament dels països occidentals.

La guerra pel control dels recursos i les seves víctimes

“El Congo és el cor de l’Àfrica, la realitat, però, és que la gent hi viu un infern. Tothom vol el seu tros de Congo perquè és un país ric en minerals”, assegura l’activista Dedy Mbepongo Bilamba en el documental Crisi al Congo: destapant la veritat.

Parellada explica que el del Congo és el conflicte més mortífer des de la Segona Guerra Mundial. “Estem parlant dels grans gegants mundials, tecnologia, equipaments mèdics, etc. Els drons o les armes de control remot també necessiten coltan... Estem parlant de fluxos molt grans. Al Congo hi és tothom, hi ha molts països que hi tenen la mà posada”, diu la periodista.

Quin paper juga però el coltan en aquest conflicte? Ho preguntem a una altra periodista, la congolesa Caddy Adzuba, reconeguda per la denúncia que fa des de fa anys sobre la relació del comerç il·legal del coltan amb el conflicte del seu país. “El coltan no és la causa principal de la guerra, la guerra que ha començat no ha començat pel coltan però els minerals han esdevingut una oportunitat per alimentar aquesta guerra”, assegura a aquest diari.

Adzuba explica que el cicle de guerra al Congo va començar per la necessitat d’un canvi polític després d’un règim dictatorial a través d’una guerra d’alliberament. “Entre els països veïns que van acceptar ajudar el Congo a fer la guerra l’any 96 hi ha Ruanda o Burundi i malauradament la comunitat internacional va veure-ho com una oportunitat per estabilitzar el país i alguns països de la UE o els Estats Units van implicar-se, no per ajudar els congolesos a fer l'alliberament sinó per controlar-ne els recursos”, relata en un francès pausat. “Per tant, l’origen de la guerra no és el coltan però el capitalisme mundial s’ha aprofitat de la situació. Hem vist gent armada que s’ha instal·lat a les mines i un cicle de violència”, resumeix.

El negoci del coltan, en lloc de ser una font de riquesa per al país, és un negoci que sovint acaba beneficiant als grups armats que controlen les mines. L’explotació dels minerals de manera il·legal té com a conseqüència, segons Adzuba, que hi hagi una categoria de persones més vulnerables: les dones i els infants. “En el cas de les dones una conseqüència és la violència sexual. Planifiquen violar totes les dones d’un poblat perquè d’aquesta manera la comunitat queda anul·lada, ja que la dona té un rol social de cohesió”, comenta.

En una població on prop de la meitat són menors d’edat i on l’extracció del mineral és sovint complicada per un cos adult, molts menors són víctimes de treball forçat i l’explotació infantil. “Són utilitzats a les mines, obligats a deixar l’escola i esclavitzats, i la prostitució forçada també existeix entre les nenes”, explica Adzuba.

Què s’ha fet fins ara en matèria legislativa?

El 2010 l’OCDE va adoptar les “Directrius sobre la diligència deguda per la gestió responsable de les cadenes de subministrament de minerals”. És a dir, que cada empresa es responsabilitzi de l’adequació a la legislació del material que ha rebut de la seva predecessora en la cadena.

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides va aprovar la Resolució 1952, que demanava als països que instessin als comerciants que importaven béns de la RDC que rendissin comptes d’una diligència deguda en la seva cadena de subministraments. Davant d’aquesta resolució, que senzillament “instava” però no obligava, els Estats Units van introduir disposicions obligatòries per empreses registrades als Estats Units que els exigeix que determinin si els productes que contenen determinats materials contribueixen al conflicte o a què es cometin abusos contra els drets humans a la RDC i països veïns, i que informin de les seves conclusions. Segons un informe d’Amnistia Internacional, que analitzava 100 dels informes presentats per 1.321 empreses Apple, Boeing y Tiffany & Co, gairebé el 80% de les empreses no controlen ni revelen adequadament si els seus productes contenen minerals procedents de zones en conflicte de l’Àfrica Central.

D'altra banda, la resposta europea no arriba fins al 2014, quan la Comissió Europea fa una proposta en una línia similar però amb un enfocament diferent: proposa la participació voluntària de les empreses, s'amplia l'abast més enllà de la regió dels Grans Llacs per parlar de “zones de conflicte” en general i se centra únicament en refineries i foneries. Al maig de 2015 el Parlament Europeu es va posicionar respecte a la proposta de la Comissió i va esmenar la proposta ja que va considerar que era insuficient i va elevar a obligatoris diferents requisits de transparència així com ampliar-lo a tota la cadena de producció.

Les esmenes aprovades estableixen que les companyies que estan al final de la cadena de subministrament, és a dir, les 880.000 empreses de la UE que utilitzen estany, tàntal, wolframi i or en la producció de béns de consum, segons dades del Parlament, han d'informar de les mesures que prenen per identificar i abordar els riscos detectats en les seves cadenes. Amb tot, les modificacions han de ser aprovades pel Consell -és una de les prioritats de la presidència holandesa perquè es faci abans de juny de 2016- i el text definitiu s'està negociant actualment.

Segons Caddy Adzuba, el que cal reivindicar a nivell europeu és “que les companyies deixin de comprar minerals que provenen de mines controlades pels rebels”. El problema, reconeix, és que comprar a les zones on hi ha una traçabilitat i està legalitzat és més car per a les empreses, que han de pagar impostos a través d’un contracte social, per reconstruir el medi ambient i impulsar polítiques de salut i socials. “Només a la meva província hi ha un centenar de mines i d’aquestes només un deu per cent són legals”, diu.

“Amb la llei aprovada no podem quedar-nos de braços plegats, la llei és una base, una eina de treball però cal controlar la seva aplicabilitat. La solució exigeix treballar en tots els sentits: amb la llei, la sensibilització dels governs i també de la gent que és qui al final consumeix”, reflexiona Caddy Adzuba.

És possible un telèfon mòbil més just?

“Actualment és impossible distingir els minerals de sang i els que no”, diu Gemma Parellada. Malgrat la dificultat, sí que hi ha algunes iniciatives per aconseguir un comerç més just. Una d’aquestes és Fairphone, que va començar com una campanya de sensibilització el 2010 i es va constituir com empresa a Holanda el 2013. Fairphone treballa amb matèries primes que recolzen economies locals i no milícies armades a través de minerals que provenen de zones lliures de conflicte al Congo.

Des de Fairphone, Daria Koreniushkina explica a Catalunya Plural que aquesta iniciativa “és un inici perquè és un símbol que dirigeix el moviment per una tecnologia més justa”. De moment més de 90.000 persones han adquirit un mòbil Fairphone. “És una eina que ens ajuda a veure que hi ha una demanda de productes ètics”, explica. “Més enllà de l’origen dels minerals, la primera baula de la cadena, Fairphone també busca adreçar problemes mediambientals i socials al llarg de la cadena de producció: des de la mineria i el disseny a la manufactura i el cicle de vida”, afegeixen des de l’empresa.

Caddy Adzuba pensa que la conscienciació dels consumidors és un dels punts en què cal treballar. “Cal sensibilitzar la població de comprar aquest tipus de telèfons i cal sancionar les empreses que continuen comprant els minerals que no respecten la línia de traçabilitat”, assegura. La diferència però entre uns telèfons i uns altres també passa pel preu de venda, condicionat en part pel cost de fabricació. “Si un quilo de coltan per la via legal costa 1.000 euros, per la via il·legal costarà 200 euros. És aquesta la complexitat”, diu Adzuba.

“Ningú vol que el seu mòbil estigui tacat de sang. Endreçar tot el mercat informal que ha anat creixent, i molt, no és fàcil. Hi ha milers de persones involucrades al Congo, als països veïns i a tots els intermediaris que hi ha en aquesta cadena”, afegeix Gemma Parellada.

La mateixa empresa Fairphone admet que encara els queda molt per fer per poder parlar d’un telèfon “just al 100%”. “Les cadenes darrere els productes electrònics són globals, complexes i inclouen centenars d’actors. Un telèfon intel·ligent conté més de 30 minerals. Com a primer pas ens hem centrat en els minerals de conflicte i de moment hem aconseguit integrar minerals com tin i tàntal de zones lliures de conflicte a la nostra cadena de producció”, comenta Koreniushkina. “El següent pas és fer el mateix amb més minerals però encara no sabem d’on provenen alguns”, admet.

“Mobile is everything”, predica la edición de este año del Mobile World Congress en que predominará la cara más amable de la tecnología. “Es una gran paradoja y hasta es hipócrita que vivamos en una sociedad hiperconectada donde abunda la información y a la vez vivamos desconectados de cuál es el origen de este bienestar”, explica a Catalunya Plural la periodista Gemma Parellada, que desde 2006 sigue informativamente la realidad de la República Democrática del Congo (RDC) y que recientemente ha hecho el reportaje Viaje a la zona cero del mundo digital.

“En muchos aspectos de nuestra vida diaria hay una parte de África, como es el caso del coltán en nuestros teléfonos”, asegura. Según datos de la organización Friends of the Congo (Amigos del Congo), el país africano concentra cerca del 80% del coltán mundial, un mineral de color negro pizarra compuesto de columbita y tantalita que resiste altas temperaturas y que se utiliza para las baterías de dispositivos móviles, GPS u ordenadores, entre otros aparatos.

“¿Y cuál es el retorno que ellos tienen de nosotros? África sigue siendo el lugar donde todo vale”, lamenta Parellada. En España la combinación de teléfonos fijos y móviles excede los 150 teléfonos por cada 100 personas. En la República Democrática del Congo, por el mismo número de personas sólo hay 48. Son datos del CIA World Factbook que ilustran la paradoja de un país que, a pesar de que tiene una de las reservas de coltán más ricas del mundo, queda muy al margen del nivel de desarrollo de los países occidentales.

La guerra por el control de los recursos y sus víctimas

“El Congo es el corazón de África, la realidad, sin embargo, es que la gente vive un infierno. Todo el mundo quiere su trozo de Congo porque es un país rico en minerales”, asegura el activista Dedy Mbepongo Bilamba en el documental Crisis en el Congo: destapando la verdad.

Parellada explica que el del Congo es el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. “Estamos hablando de los grandes gigantes mundiales, tecnología, equipamientos médicos, etc. Los drones o las armas de control remoto también necesitan coltán... Estamos hablando de flujos muy grandes. En el Congo está todo el mundo, hay muchos países que tienen la mano metida”, dice la periodista.

¿Qué papel juega el coltán en este conflicto? Se lo preguntamos a otra periodista, la congoleña Caddy Adzuba, reconocida por la denuncia que hace desde hace años sobre la relación del comercio ilegal del coltán con el conflicto de su país. “El coltán no es la causa principal de la guerra, la guerra que ha comenzado no ha comenzado por el coltán pero los minerales se han convertido en una oportunidad para alimentar esta guerra”, asegura a este diario.

Adzuba explica que el ciclo de guerra en el Congo comenzó por la necesidad de un cambio político después de un régimen dictatorial a través de una guerra de liberación. “Entre los países vecinos que aceptaron ayudar al Congo a hacer la guerra en el 96 están Ruanda o Burundi. Desgraciadamente la comunidad internacional lo vio como una oportunidad para estabilizar el país y algunos países de la UE o Estados Unidos se implicaron, no para ayudar a los congoleños a hacer la liberación, sino para controlar los recursos”, relata en un francés pausado. “Por lo tanto, el origen de la guerra no es el coltán pero el capitalismo mundial se ha aprovechado de la situación. Hemos visto gente armada que se ha instalado en las minas y un ciclo de violencia”, resume.

El negocio del coltán, en lugar de ser una fuente de riqueza para el país, es un negocio que a menudo termina beneficiando a los grupos armados que controlan las minas. La explotación de los minerales de manera ilegal tiene como consecuencia, según Adzuba, que haya una categoría de personas más vulnerables: las mujeres y los niños. En el caso de las mujeres, la consecuencia es la violencia sexual. “Idean la violación de todas las mujeres de un poblado y de esta manera la comunidad queda anulada, ya que la mujer tiene un rol social de cohesión”, comenta.

En una población donde cerca de la mitad son menores de edad y donde la extracción del mineral es a menudo complicada para un cuerpo adulto, muchos menores son víctimas de trabajo forzado y explotación infantil. “Son utilizados en las minas, obligados a dejar la escuela y esclavizados, y entre las niñas, además, existe la prostitución forzada”, explica Adzuba.

¿Qué se ha hecho hasta ahora en materia legislativa?

En 2010 la OCDE adoptó las “Directrices sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales”, que obligan a cada empresa se responsabilice de la adecuación a la legislación del material que ha recibido de su predecesora en la cadena.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1952, que pedía a los países que instaran a los comerciantes que importaban bienes de la RDC que rindieran cuentas de una diligencia debida en su cadena de suministros. Ante esta resolución, que sencillamente “instaba” pero no obligaba, Estados Unidos introdujo disposiciones obligatorias para empresas registradas en Estados Unidos que les exigen que determinen si los productos que contienen determinados materiales contribuyen al conflicto o a que se cometan abusos contra los derechos humanos en la RDC y países vecinos, y que informen de sus conclusiones.

Según un informe de Amnistía Internacional, que analizaba 100 de los informes presentados por 1.321 empresas como Apple, Boeing y Tiffany & Co., casi el 80% de las empresas no controlan ni revelan adecuadamente si sus productos contienen minerales procedentes de zonas en conflicto del África Central.

La respuesta europea no llegó hasta 2014, cuando la Comisión Europea hace una propuesta en una línea similar pero con un enfoque diferente: propone la participación voluntaria de las empresas, se amplía el alcance más allá de la región los Grandes Lagos para hablar de “zonas de conflicto” en general y se centra únicamente en refinerías y fundiciones. En mayo de 2015, el Parlamento Europeo se posicionó respecto a la propuesta de la Comisión y enmendó la propuesta. Consideraba que era insuficiente y elevó a obligatorios diferentes requisitos de transparencia, así como ampliarlo a toda la cadena de producción.

Las enmiendas aprobadas establecen que las compañías que están al final de la cadena de suministro, es decir, las 880.000 empresas de la UE que utilizan estaño, tantalio –uno de los materiales extraídos del coltán–, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo, según datos del Parlamento, deben informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas. Sin embargo las modificaciones deben ser aprobadas por el Consejo -es una de las prioridades de la presidencia Holandesa para que se apruebe antes de junio de 2016- y el texto definitivo se está negociando actualmente.

Según Caddy Adzuba, lo que hay que reivindicar a nivel europeo es “que las compañías dejen de comprar minerales que provienen de minas controladas por los rebeldes”. El problema, reconoce, es que comprar en las zonas donde hay una trazabilidad y está legalizado es más caro para las empresas, que deben pagar impuestos a través de un contrato social, para reconstruir el medio ambiente e impulsar políticas de salud y sociales. “Sólo en mi provincia hay un centenar de minas y de éstas sólo un diez por ciento son legales”, dice.

“Con la ley aprobada no podemos quedarnos de brazos cruzados, la ley es una base, una herramienta de trabajo pero hay que controlar su aplicación. La solución exige trabajar en todos los sentidos: con la ley, la sensibilización de los gobiernos y también de la gente que es quien al final consume”, reflexiona Caddy Adzuba.

¿Es posible un teléfono móvil más justo?

“Actualmente es imposible distinguir los minerales de sangre de los que no”, dice Gemma Parellada. A pesar de la dificultad, sí hay algunas iniciativas para lograr un comercio más justo. Una de estas es Fairphone, que comenzó como una campaña de sensibilización en 2010 y se constituyó como empresa en Holanda en 2013. Fairphone trabaja con materias primas que apoyan economías locales y no milicias armadas a través de minerales que provienen de zonas libres de conflicto en el Congo.

Desde Fairphone, Daria Koreniushkina explica a Catalunya Plural que esta iniciativa “es ya un inicio porque es un símbolo que dirige un movimiento hacia una tecnología más justa”. De momento más de 90.000 personas han adquirido un móvil Fairphone. “Es una herramienta que nos ayuda a ver que hay una demanda de productos éticos”, explica. “Más allá del origen de los minerales, el primer eslabón de la cadena, Fairphone también busca resolver problemas medioambientales y sociales a lo largo de la cadena de producción: desde la minería y el diseño a la manufactura y el ciclo de vida”, añaden desde la empresa.

Caddy Adzuba piensa que la concienciación de los consumidores es uno de los puntos en los que hay que trabajar. “Hay que sensibilizar a la población de comprar este tipo de teléfonos y hay que sancionar a las empresas que continúan comprando los minerales que no respetan la línea de trazabilidad”, asegura. La diferencia pero entre teléfonos y otros también pasa por el precio de venta, condicionado en parte por el coste de fabricación. “Si un kilo de coltán por la vía legal cuesta 1.000 euros, por la vía ilegal costará 200 euros. Es esta la complejidad”, dice Adzuba.

“Nadie quiere que su móvil esté manchado de sangre. Ordenar todo el mercado informal que ha ido creciendo, y mucho, no es fácil. Hay miles de personas involucradas en el Congo, en los países vecinos y todos los intermediarios que hay en esta cadena”, añade Gemma Parellada.

La misma empresa Fairphone admite que aún les queda mucho por hacer para poder hablar de un teléfono “justo 100%”. “Las cadenas detrás de los productos electrónicos son globales, complejas e incluyen cientos de actores. Un teléfono inteligente contiene más de 30 minerales. Como primer paso nos hemos centrado en los minerales de conflicto y de momento hemos conseguido integrar minerales como tin y tantalio de zonas libres de conflicto en nuestra cadena de producción”, comenta Koreniushkina. “El siguiente paso es hacer lo mismo con más minerales pero todavía no sabemos de donde provienen algunos”, admite.

Sus dolores musculares y problemas pulmonares son demasiado comunes para tener poco más de 10 años. Lo son también los gritos recibidos, los abusos físicos y psicológicos, las decenas de horas de trabajo diario en una mina. El dolar y medio obtenido por cada fatídica jornada de extracción de cobalto, material fundamental para la fabricación de las baterías que acaban siendo comercializadas por una empresa china cuyos materiales, a su vez, acaban abasteciendo a Volkswaguen, Apple, Microsoft, Samsung, o HP, según los documentos a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional.

Una investigación de Amnistía Internacional y Afrewach ha seguido el rastro del cobalto obtenido de las minas artesanales de República Democrática del Congo donde centenares de menores son explotados. El equipo de ambas organizaciones ha perseguido los vehículos que transportan el material manchado de atroces vulneraciones de derechos humanos a los mercados donde lo acaban comprando empresas más grandes que, a su vez, aseguran suministrar a conocidas multinacionales.

“Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente”, dice Paul, huérfano de 14 años, a los investigadores de la ONG. Lleva trabajando en la mina desde los 12 años, cuando la escuela dejó de formar parte de su rutina. “Mi madre adoptiva quería que fuera al colegio, pero mi padre adoptivo estaba en contra y me explotaba haciéndome trabajar en la mina”.

Según Amnistía Internacional, buena parte del material responsable de los abusos sufridos por menores como Paul acaba en la filial congolesa CDM, propiedad del gigante chino del comercio de minerales Huayou Cobalt, abastecedor de cobalto de tres fabricantes de componentes de baterías de iones de litio: dos con base en China (Ningbo Shanshan y Tianjin Bamo) y una en Corea del Sur (L&F Materials), indican desde AI. En 2013, las tres empresas compraron cobalto a Huayou Cobalt por valor de 90 millones de dólares estadounidenses.

Entonces, Amnistía Internacional accedió a los listados de clientes “directos o indirectos” de estas tres empresas, y encontró marcas reconocidas a nivel mundial: Apple, Volkswaguen, Microsoft, Samsung, Sony o HP.

La organización asegura que ninguna de estas multinacionales ha proporcionado los datos suficientes para poder verificar de manera independiente de dónde procede el cobalto de sus productos. Por esta razón, concluyen que “no tienen en cuenta los riegos para los derechos humanos”.

No pueden demostrar si el origen de la batería de sus productos está en una de esas minas que Mathy describe con horror. Recuerda los maltratos y extorsiones recibidos por parte de los guardias de seguridad de la extracción en 2012, cuando tenía 12 años.

“Ellos pidieron dinero, pero no teníamos. Agarraron a mi amigo y le empujaron hacia un tanque que contenía aceite diesel. Yo corrí. Fui capaz de hui. Tenía miedo, me escapé y me escondí, pero vi lo que sucedido. Lloré...”, relata la menor. Este tipo de extorsiones y abusos son repetidos en otros testimonios presentados en el informe de Amnistía Internacional.

Las condiciones de trabajo descritas por los menores son análogas a la esclavitud. “Todas las tareas realizadas por los niños en las minas les obligan a llevar sacos pesados del mineral. Los niños aseguran llevar bolsas de entre 20 y 40 kilos”, denuncia Amnistía Internacional en su informe. La organización recuerda que llevantar estas grandes cargas de peso de forma habitak “pueden dar lugar a daños a largo plazo, como deformidades articulares y óseos, lesiones en la espalda o musculares”, añaden.

“Hay un montón de polvo y te duele todo el cuerpo”

Löic, otro menor que pasó por la mina, se acuerda del polvo que dificultaba su respiración. “Hay un montón de polvo, es muy fácil coger resfriados , y nos duele todo el cuerpo”, dijo el pequeño en testimonios recogidos por Amnistía Internacional.

“Los fascinantes escaparates y anuncios de las tecnologías de vanguardia contrastan acusadamente con los niños cargados con bolsas llenas de piedras y los mineros que desfilan por estrechos túneles excavados artificialmente, expuestos a sufrir daños pulmonares permanentes”, seapunta Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

“Los abusos que se cometen en las minas son como el dicho de 'ojos que no ven, corazón que no siente', porque en el mercado global de nuestros días los consumidores no tienen ni idea de las condiciones existentes en la mina, la fábrica y la cadena de montaje. Hemos comprobado que se compra el cobalto sin hacer preguntas acerca de cómo y dónde se ha extraído”, sostiene Emmanuel Umpula, director ejecutivo de Afrewatch.

Estás leyendo estas palabras desde una 'tablet' o un 'smartphone' fabricado en Asia, en el que probablemente tengas instalada la aplicación de Airbnb. Vistes ropa barata comprada en una gran superficie y el año pasado, cuando viajaste a Londres con una aerolínea de bajo coste, usaste Uber. En este párrafo hay unos cuantos términos que saldrían inevitablemente en cualquier conversación sobre la “economía del absurdo”. ¿Y eso qué es? Pues el título de un nuevo libro del profesor Josep Burgaya, un ensayo que ganó en 2013 el premio Joan Fuster y que ha sido recientemente publicado en español por la editorial Planeta.

“Es una economía que en lugar de proporcionar mejores niveles de bienestar al mayor número de gente posible, genera mucha más pobreza”, explica Burgaya a HojaDeRouter.com. “En lugar de satisfacer a la sociedad, es una economía al servicio de unas pocas personas y con unos niveles crecientes de desigualdad que la vuelven absurda, no tanto por la insatisfacción que genera como por su tendencia al colapso”.

Se trata de un sistema de bajos costes y precios difícilmente sostenible. El profesor de la Universidad de Vic afirma que nos dirigimos a un mundo de ingresos cada vez más bajos, con una precariedad laboral en aumento y cada vez más personas excluidas social y económicamente. “Por tanto, aunque los precios de los productos vayan bajando, llegará un momento en que la capacidad de consumo será insuficiente”, concluye. “Coincide la máxima capacidad productiva con disminución de la capacidad de compra, algo absolutamente absurdo”.

En el libro, estas ideas se aplican especialmente a las empresas tecnológicas y textiles que fabrican sus productos en fábricas de China o Bangladesh, a través de conceptos que explican el poder de las marcas o el “mundo de fantasía” - como lo define el propio Burgaya - que los consumidores se han creado: la posesión del producto como fetiche, la estimulación perpetua de la demanda o el hombre alienado que está permanentemente consumiendo.

Las tecnológicas no crean riqueza

Un capítulo del libro se centra en Apple. Además de denunciar las malas prácticas en materia de derechos laborales que se han producido en las fábricas chinas donde se ensamblan sus productos (el caso de Foxconn, que apareció por primera vez en los medios tras una oleada de suicidios en 2010, es de sobra conocido), también habla Burgaya de las técnicas que emplea la manzana mordida para pagar menos impuestos.

En el ejercicio financiero de 2012, las dos sociedades con las que opera en España declararon 6,5 millones de euros de beneficios 22 de pérdidas, respectivamente. ¿Cómo era esto posible, cuando en 2010 había generado 1.400 millones en ventas? Según explica Burgaya, “la empresa de las pérdidas (Apple Retail), la que gestiona las tiendas propias en España, compra el material a un precio muy elevado a la sociedad filial de Irlanda y, por tanto, Apple genera pérdidas aquí y beneficios allí. Es decir, crea así una ventaja fiscal notable”.

Sabiendo el daño que esto hace a las economías nacionales, ¿cómo permiten esto países como España? “Lo permiten porque es un tema difícil de resolver aisladamente en un solo país”, nos cuenta. “Es evidente que las corporaciones, si se les ponen dificultades aquí, se van a otro lugar. Los temas fiscales y tributarios se deberían resolver a nivel global” o, en el caso de Europa, en Bruselas. “Pero claro, una Unión Europea al frente de la cual tenemos a alguien que durante años ha dirigido un paraíso fiscal como es Luxemburgo, pues…”

Burgaya denuncia por ello la idea de que las grandes corporaciones generan riqueza. “Esto es solo relativamente cierto porque crear riqueza quiere decir dos cosas: crear ocupación, y ocupación digna (empleados, salarios, etc., y de esto las grandes corporaciones generan poco porque externalizan la producción en el tercer mundo), y pagar impuestos. Y la verdad es que gran parte de estas corporaciones prácticamente no pagan impuestos, porque tienen muchas posibilidades de operar en paraísos fiscales y de practicar elusión fiscal en los países occidentales. Es un poco una ficción”.

¿Los consumidores podemos hacer algo? Burgaya defiende la idea de un consumidor “consciente” y “que pidamos explicaciones, que queramos saber cómo está producido lo que compramos”. Sin embargo, admite que “fiar” todo a la conciencia del consumidor es un error: “Al final, es una cuestión de Estado. No podemos pasar al consumidor una responsabilidad que fundamentalmente tienen las instituciones públicas. Tienen que regular, tienen que evitar que haya productos con trabajo infantil o que han contaminado a gente que los estaba produciendo.La regulación es fundamental. Hay que evitar que puedan competir en nuestros mercados, por una cuestión de precios, productos que se han producido en condiciones inaceptables”“.

Y la economía colaborativa, ¿qué?

En el contexto actual, no se puede hablar de negocios sin citar la economía colaborativa. ¿Qué opina Josep de eso? “Es uno de los intentos serios, alternativos, a la economía dominante, pero no nos engañemos: aquí hay una economía básica, fundamental, que afecta a la mayoría de la población, y esta es la que hay que transformar”. Es decir, todavía hay que buscar algo que cambie el sistema económico en el que nos encontramos.

Empresas como Uber o Airbnb, ¿precarizan empleos o cambian las dinámicas? “Yo creo que las dos cosas a la vez”, opina. “Está cambiando las dinámicas y por tanto hay algunos elementos de estas nuevas formas que son inevitables y han venido para quedarse; por ejemplo, el combate de los taxistas contra Uber me parece un combate perdido de antemano y que les saldría más a cuenta buscar formas de colaboración en lugar de enfrentarse. Esta nueva economía, en algunos aspectos, va llevando a la precarización: dentro de poco, tener trabajo asegurado y unas ciertas garantías va a ser una ficción absoluta”.

Son, en definitiva, tiempos convulsos. “Si nosotros compramos determinados productos, en el extremo de la cadena productiva hay gente que sufre, está mal pagada, sobreexplotada”, resume el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En estos tiempos, el marco jurídico tiene mucho que decir. “Hay un problema de reglas, de mecanismos de redistribución. Y que se sepa, la redistribución, por lo menos en una economía de mercado, solo sigue dos vías posibles. Una es los salarios, y vamos cada vez a salarios más bajos y más precarios, y la otra es la tributación: cada vez la fiscalidad es más una cuestión de pobres. Como ya decía alguien, hace pobre pagar impuestos. Las grandes corporaciones, las grandes rentas de capital no pagan impuestos. Entonces, ¿qué redistribución vamos a hacer?”, se pregunta.

“Si desde el punto de vista económico se colapsa, desde el punto de vista democrático es difícil sostener un sistema de libertades”, advierte. “La democracia occidental se construyó sobre la ocupación, sobre el trabajo, sobre una cierta distribución de la renta. Si rompemos esta tendencia, si rompemos esta cultura, entra en crisis el sistema democrático, que se basa en unos ciertos acuerdos globales, sociales, entre generaciones… Esto se está rompiendo”. Así que todos tendremos que poner de nuestra parte para salir de esta “economía del absurdo” en la que nos han metido.

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Las imágenes son propiedad de Lennon Ying-Dah Wong, editorial Planeta (Rudi Sebastian - Getty Images) y rickpilot_2000

Minerales como el coltán están en las entrañas de nuestros móviles u ordenadores, y también en las causas de cruentas guerras en África. En países en conflicto, las minas de estos productos están controladas por organizaciones violentas que, tras someter a sus conciudadanos a condiciones inhumanas para la extracción, se financian vendiendo las riquezas naturales del continente a intermediarios que hacen la vista gorda en un proceso comercial que termina, multinacionales de tecnología mediante, en los teléfonos o productos similares que compramos en las tiendas.

El próximo miércoles, 20 de mayo, el pleno del Parlamento Europeo debe pronunciarse sobre qué reglamento debe exigir la UE a las empresas que comercializan estos productos, denominados por muchos “minerales de sangre”. El acuerdo final, no obstante, dependerá de la decisión que tome el Consejo Europeo. 

Basándose en las directrices de la OCDE, la Comisión propuso en marzo de 2014 un Reglamento sobre los 'minerales de sangre' o 'minerales de conflicto'. La Comisión Europa es la encargada de proponer los textos legislativos para que el Parlamento Europeo se posicione antes de que lo hagan los gobiernos de los 28 Estados miembros en el Consejo. En la propuesta de la Comisión se pretenden eliminar los vínculos entre la extracción y el comercio de minerales con el objetivo de crear un mercado europeo de minerales comercializados de manera responsable por las empresas que participan en el proceso: extracción, transporte, venta, distribución y producción de determinadas partes de los sistemas, entre otros pasos.

El plan del Ejecutivo comunitario establecía “las obligaciones en materia de diligencia debida”. Es decir, que cada empresa se responsabilice de la adecuación a la legislación del material que ha recibido de su predecesora en la cadena; un concepto, el de diligencia debida, que ya deben cumplir en Europa, por ejemplo, las entidades financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales o la industria alimentaria en la trazabilidad de sus productos.

La principal polémica que acompaña a la propuesta de la Comisión radica en los afectados por la regulación: las empresas que “decidan autocertificarse como importadores responsable de los materiales o metales”. Autocertificarse: deja la sumisión a la futura legislación a la voluntariedad de las empresas que importan anualmente millones de euros en estos minerales.

Ya en el Parlamento Europeo, la comisión encargada de discutir el Reglamento fue la de Comercio Internacional (INTA): su informe, elaborado por el diputado rumano del Partido Popular Europeo Iulius Winkler, no modificó en gran medida la naturaleza voluntaria del proyecto, colocando el foco de la obligatoriedad exclusivamente en la parte de la cadena que corresponde a la extracción.

La comisión de Desarrollo (DEVE) también discutió la propuesta: todos los grupos mayoritarios del Parlamento apoyaron la obligatoriedad para las empresas y que se aplicase la diligencia debida en todas las etapas del proceso y no sólo en la inicial. Pero a esta comisión solo le correspondía elaborar una opinión que no tenía por qué ser tenida en cuenta, como así ha ocurrido pese a la amplitud del acuerdo.

Europa puede seguir el camino “alarmante” de EE.UU

“Por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa”. Este fue el motivo por el que la Unión Europea recibió el Nobel de la Paz en 2012. Con parte de Europa desangrándose económicamente, el galardón trataba de reconocer el orgullo del continente: ser el embajador mundial de los derechos humanos. Pero este perfil comunitario también está sumergido en una profunda crisis. Ahora, a la vez que se impide el acceso al continente de miles de africanos que huyen de los conflictos, Bruselas trata, sin demasiada rotundidad, de regular el comercio de minerales que sirven, precisamente, para financiar muchos de esos conflictos.

ONG como Amnistía Internacional avisan de que el sistema de control europeo puede terminar siendo tan insuficiente como el estadounidense –al que hace referencia explícita la Comisión en su propuesta–: la Ley Dodd Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada por el Congreso en 2010, requiere a las empresas presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un informe anual (el primero fue respecto a 2013) sobre la cadena de suministro de diligencia debida en relación a los minerales en conflicto. El resultado de un informe de Amnistía Internacional y Global Witness es claro: el 80% de las empresas no controlan sus suministros ni revelan con transparencia si en sus productos hay minerales procedentes de zonas en conflicto, por lo que llaman a la ciudadanía a presionar a los grupos políticos de la UE para que su regulación sea severa.

También lucha por una legislación exigente el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, quien analizó los resultados “alarmantes” que ha traído la Ley Dodd Frank en un artículo en The New York Times: “Sólo el 16% (de las corporaciones norteamericanas, gigantes como Apple, Microsoft, Intel, HP y un largo etcétera) podría indicar de qué país procedían sus minerales. Los resultados revelan que la mayoría de las empresas no son conscientes de si sus productos contienen minerales que han sido vendidos para financiar la violencia”. En el artículo, tras felicitar a las corporaciones que se han esforzado en mapear la cadena de suministro, critica a las que “se han escondido detrás de los grupos de la industria como la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para impugnar la ley en los tribunales”.

Mukwege también ha mirado a Bruselas, concretamente al presidente del Parlamento Martin Schulz, el mismo que le hacía entrega del premio Sajarov en 2014. Hace unas semanas Schulz recibió una carta del ginecólogo y activista congoleño en su condición de “testigo de las tragedias que sufre la población civil de mi país debido a un conflicto mantenido por grupúsculos que explotan minerales ilegalmente” en la que subrayaba que es “importante” el “dar un carácter vinculante a esta regulación y dirigirse tanto a los productos finales en Occidente como a las materias primas en estado natural en África”.

Qué dicen los eurodiputados españoles

En estos días se suceden las reuniones entre los distintos grupos políticos europeos para buscar unos acuerdos mínimos sobre si regular o no toda la cadena y qué sanciones aplicar, con la intención de no mostrar una Europa divida en el debate del pleno del martes 19 y en la votación del miércoles 20. Desalambre ha entrevistado a parlamentarios de ocho partidos españoles para conocer sus impresiones.

Pablo Zalba, del Partido Popular, (miembro de la comisión INTA) considera que, pese a que la propuesta de la Comisión es “un paso importante” que “va más allá de lo que ha hecho Estados Unidos”, “habría que ser más contundentes” y se lamenta de que las enmiendas que ha presentado “no han salido adelante”. Su compañera Teresa Jiménez-Becerril (miembro de la comisión DEVE), no cree que el Parlamento deba “poner sanciones” y apunta a que “esas empresas tendrían que pagar más sus impuestos en los países donde están” ya que “no tiene mucho sentido que luego toda la riqueza se vaya fuera y esas personas se queden siempre atrasadas”.

Ésta no es la solución para el vicepresidente de los socialistas europeos Enrique Guerrero (también miembro de DEVE), que exige una “trazabilidad obligatoria”, “regularizar” todo el proceso para que las empresas europeas tengan que “declarar obligatoriamente las condiciones en las que han obtenido” los minerales y “adquieran compromisos de comercializarlos en determinadas condiciones, o de no hacerlo cuando están alimentando conflictos”.

El cabeza de lista de Ciudadanos Javier Nart (comisión DEVE) pide “control y sanción” y que “ningún producto sea admitido en la UE si no se certifica toda la cadena que llevaba”; también advierte de que, de no ser así, y pone el ejemplo de nuestras importaciones tecnológicas de China, “se produciría una situación absolutamente hipócrita y pésima para Europa: nosotros cumplimos, los chinos no cumplen y nos lo venden más barato. ¿Qué acabamos de hacer? Destruir nuestra estructura industrial”.

Lola Sánchez (comisiones INTA y DEVE), de Podemos, apuesta por “sanciones que duelan”, pide que Bruselas abandone “la hipocresía y la falta de coherencia” y las sustituya por “valentía y voluntad política” ante el “expolio” de las empresas multinacionales europeas de las que la UE “funciona como embajadora por el mundo”; a su vez, en relación a que los productos importados de una China irrespetuosa con los derechos humanos en África serían más baratos, aboga por la “pedagogía” para “mostrar a la gente por qué merece la pena pagar un poquito más si estás salvando vidas”.

Marina Albiol (comisión DEVE), de IU, ve de “ilusos” pensar que las empresas van a cumplir la legislación de forma voluntaria: “El camino ha de ser que sean los Estados los que legislen y exijan que no haya explotación laboral, apropiación de sus recursos naturales...” y que “la UE controle lo que están haciendo sus empresas en terceros países”.

En opinión de Beatriz Becerra (comisión DEVE), de UPyD, los parlamentarios no son “diplomáticos” y deben “controlar y exigir” sanciones por incumplimientos, algo que también reclama para “la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros países”, y considera, respecto a las posibles relaciones comerciales desiguales en esta materia con potencias como China, que la clave es ser “un Gobierno que ejecuta un plan de Gobierno para 500 millones de ciudadanos” por encima del Consejo, “que necesariamente va a representar sus interesas nacionales. Así no habrá acuerdo”.

El vicepresidente de Verdes-ALE, Josep-Maria Terricabras (ERC), asegura que “todo reglamento europeo que no tenga sanciones es una homilía” y abre el abanico de éstas: “No se trata a menudo de poner una sanción directamente económica a alguien, sino de no renovarle ayudas de ningún tipo, de no favorecer su relación con otros...”.

Por último, Izaskun Bilbao (PNV) es vicepresidenta del grupo de los demócratas y liberales (ALDE), que representa un grupo de votos clave –aunque los diputados tienen libertad de voto real– porque aúna, por un lado, a diputados liberales en lo económico que prefieren dejar la regulación a la voluntariedad de las empresas y, por otro, a un perfil político que pide, como Bilbao, más responsabilidades. La eurodiputada exige “coherencia en las políticas que desarrollamos, transversalidad: no podemos estar hablando de ayuda humanitaria y por otra parte estar permitiendo la implantación de empresas europeas en países menos desarrollados o que están recibiendo la colaboración europea”, lo cual considera “un abuso y una inmoralidad” que “lo único que hace es permitir que crezcamos a costa de otros. Eso es una debilidad para Europa. Cita a Iñigo Urkullu: ”Iremos más lentos, pero iremos todos juntos“.

El siguiente paso del procedimiento legislativo ordinario será, una vez aprobada la posición del Parlamento Europeo, conocer en qué sentido se pronuncia el Consejo. Es decir, comprobar con qué autoridad y creencia en sus valores democráticos frente a las grandes corporaciones se ven los 28 Estados miembros al mirarse en el espejo que supondría una regulación exigente.

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa están trabajando en la elaboración de un reglamento europeo para establecer un sistema en la UE que certifique que la cadena de suministro de los minerales necesarios para la fabricación de aparatos tecnológicos se haga de forma responsable. El objetivo: evitar el rastro de sangre de conflictos financiados por y para su explotación.

El objetivo que motiva esta ley es contribuir a que se reduzca “la financiación de grupos armados y fuerzas de seguridad con ingresos generados por los minerales en las zonas de conflicto y de alto riesgo”, explica la resolución del proyecto.

Una realidad característica de la República Democrática del Congo (RDC), considerado por algunas organizaciones humanitarias como uno de los peores lugares del mundo en los que ser niña o mujer, según un estudio publicado en 2011 del American Journal of Public Health. El informe estima que 400.000 mujeres de 15 a 49 años fueron violadas entre 2006 y 2007, equivalente a 1.152 violadas al día. 48 cada hora.

Desde el inicio de la conocida como 'Guerra del coltán' (1998), se han documentado más de cinco millones de muertes y dos millones y medio de desplazados. Pese a que el conflicto armado terminó formalmente en el Congo con los acuerdos de paz entre 2002 y 2003, retirándose las tropas extranjeras, éste no ha cesado desde hace más de 50 años. Actualmente se concentra en el este del país, la zona más rica en recursos naturales.

El Congo es conocido por tener la mitad de la reserva de diamantes del mundo y ser rico en muchos otros minerales, como el cobre, el oro y el coltán (compuesto de columbita y tantalita). De este último, según diferentes estudios, podemos encontrar el 80% de sus reservas mundiales en la RDC.

El coltán es uno de los minerales necesarios para la fabricación de materiales electrónicos. Y esencial para la tecnología móvil. Los avances en esta industria, presentados hace unas semanas en el MWC 2015, no podrían darse sin estos minerales.

El contrabando de minerales

El negocio del coltán, a su vez, contribuye a la economía de la guerra olvidada en el Congo y a beneficiar a los actores armados, incluido el ejército nacional. Así lo han corroborado diversos estudios sobre el terreno. El más reciente, el informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de enero de 2015, realizado por un grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo.

En éste, por una parte, se documenta cómo el contrabando de minerales en zonas de conflicto persiste, aunque se haya avanzado en la rastreabilidad. Por otra, que el ejército congoleño y algunos grupos armados “siguen participando en el comercio de minerales que, probablemente, introducen material de zonas de conflicto en la cadena internacional de suministro”.

El grupo de investigadores confirmó que contrabandistas (entre ellos muchos coroneles) dirigen minerales como el coltán blanco —principal mineral objeto de contrabando y producido exclusivamente en el Congo— de Goma (RDC) a Rwanda. Allí el mineral es oscurecido y mezclado con el coltán negro producido en este país vecino. Posteriormente, explica el informe, se introduce en la cadena de suministro con etiquetas de validación de la cadena de distribución de estaño.

Por su parte, el International Tin Research Institute (ITRI) del Reino Unido, única empresa que ejecuta un sistema de rastreabilidad para el coltán, la casiterita y la wolframita en la RDC, cuestionó esta práctica ilegal de etiquetaje. El director general del ITRI, David Bishop, además, señaló que no consideraban que el contrabando fuera “tan significativo” y que los investigadores de ITRI no habían detectado ningún incremento de las exportaciones.

Sin embargo, el control de las minas en el Congo sigue siendo una lucha incesable y diversos estudios documentan cómo los grupos armados obtienen beneficio del comercio de los minerales.

Según el cuaderno “La guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos” de la Escola de Cultura de Pau, los actores armados protagonizan conflictos bélicos para conseguir el control de las minas de coltán y otros minerales y se benefician de tres formas. Por una parte, lo consiguen mediante “el control físico”, por el cual los grupos armados “pueden llevar a cabo directamente la expoliación de los recursos mediante grupos de trabajadores en régimen de esclavitud”, sea porque gestionan el comercio y la exportación de los recursos naturales o bien porque controlan y explotan las minas directamente.

Por otro lado, utilizan “mecanismos de explotación indirecta” como el establecimiento de tasas “en las propias minas y en el tránsito por carretera, estableciendo controles y barreras físicas en las vías de comunicación” o bien por aire, con “ tasas a las compañías aéreas que realizan el transporte hasta las oficinas de compra y exportación” en ciudades como Butembo, Goma y Bukavu. Finalmente, el comercio de los minerales es el tercer elemento por el cual se benefician y compran armas para la guerra. Además, que los grupos armados cometen saqueos y abusos sobre la población civil y otros grupos armados rivales.

Proyecto de ley “voluntaria” en la UE

La rendición de cuentas de las empresas distribuidoras de minerales se ha convertido en un objetivo clave de todos aquellos que trabajan para detener el conflicto en el Congo.

El acceso a la información que corrobora estas afirmaciones en las empresas tecnológicas es muy limitado. Por el momento, Enough Project elaboró un ránking en 2012 sobre el progreso de 24 empresas en su responsabilidad respecto a los minerales de conflicto, sin contar a Fairphone, compañía creadora del primer smartphone totalmente justo, que no aparece en la lista. Sólo dos de las empresas del ránking superan el 50% en este progreso (Intel, con el 60, y HP con el 54).

Ante la falta de información y aprovechando la celebración del congreso mundial de móviles en Barcelona, distintas ONG han intentado durante los últimos dos años que se realizara un espacio de debate en el MWC sobre la problemática del coltán.

Miquel Àngel Prieto, miembro de la Xarxa d’Entitats per la RDC, explica que se sigue trabajando en este tema pero que el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya no pueden asegurar un espacio dentro del MWC porque la organización de éste es privada. Cuando se planteó veces anteriores de forma directa a la organización del congreso, el GSMA, “tubo una mala recepción, como que no interesa que el tema se tratase públicamente” en el MWC, explica Prieto.

La ley trabajada actualmente en la UE podría dar respuesta a este contexto, pero el nivel de transparencia alcanzado es aún incierto ya que la Comisión no obliga a las empresas tecnológicas a facilitar su información. Ante críticas de ONG y algunos sectores del Parlamento Europeo, Fischer, responsable de comunicación de la ONG Justice et Paix Belgique, expone que esta propuesta inicial es justificada por la Comisión Europea con el argumento de que “el mercado se encargará de sancionar a una empresa cuando los consumidores vean que ésta no está en la 'White List' de importadores responsables”.

Por otro lado, el pasado lunes hubo un voto en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (PE), comenta el portavoz de la ONG, “en la dirección de que la cadena de suministro de estos cuatro minerales sea un mecanismo obligatorio para todas las empresas Europeas”. Aun así, explica, este voto es sólo opinativo: será la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE la que va a decidir el informe que va a ser aprobado el 13 de abril y posteriormente, “va ser el informe votado en el Parlamento entre el 18 y 20 de mayo”.

Sin embargo, señala Fischer, cuando empiece el trílogo (negociación entre la Comisión-Consejo-Parlamento) “veremos si van a cambiar las líneas o se va a mantener la propuesta de la Comisión Europea”. Eso dependerá de la posición del Parlamento.

“Mi tesorooooo...” La célebre frase de 'El Señor de los Anillos' bien podría aplicarse a nuestro móvil, ese dispositivo que llevamos siempre con nosotros y que acapara nuestra atención (hablar por Whatsapp, consultar Twitter, cotillear fotos en Instagram...) cual anillo único que se apodera de los pobres 'hobbits'.

Hay además otro elemento que convierte a nuestro móvil en un objeto tan valioso como un anillo: el oro. Un metal precioso que no solo se encuentra en joyerías o como un activo en el que invertir, sino también en las entrañas de tu 'smartphone'. Y no sólo el oro: otros metales de gran valor como la plata, el estaño o el paladio pueden hacer acto de presencia en el dispositivo.

No es casualidad que nuestro móvil esconda tales tesoros. Son tan atractivos para el mundo de la electrónica porque son muy buenos conductores de la electricidad. Y hay otros factores. El estañó, por ejemplo, no necesita temperaturas muy altas para fundirse y proporciona buenas soldaduras con otros metales.

“El oro se utiliza en los circuitos impresos, que son las placas donde van unidos los microchips. Antes de soldar el microchip, las placas se bañan en oro, y eso sirve para que se suelden mejor y se reduzca la resistencia de las placas al paso de la corriente eléctrica”, explica a HojaDeRouter.com Luis Hernández, profesor del departamento de ingeniería electrónica de la Universidad Carlos III de Madrid.

Según Hernández, el oro también se encuentra dentro de nuestro teléfono en forma de hilos finos que sirven para unir el silicio que hay dentro de un chip con unos puntos de conexión situados, de igual forma, en el interior del componente electrónico. Y si el fabricante de móviles desea alargar la vida de los botones y teclas, siempre tiene la opción de establecer las conexiones a partir de este material.

En cualquier caso, el oro no es algo imprescindible. Si bien el ingeniero señala que no existe ningún otro material que conecte mejor el silicio en el interior de un chip, no es necesario bañar en oro los circuitos impresos. “Es una cosa que se hace en los de alta calidad, que están en los móviles que son bastante más avanzados”.

Otro material que destaca por su conductividad es la plata. En esta caso, a diferencia de lo que sucede con las medallas, el metal precioso no se conforma con quedar segundo. En el mundo de la electrónica, la plata conduce igual de bien que el oro la electricidad. Combinado en forma de aleación con el estaño, el material también se emplea para soldar los chips con los circuitos impresos.

La presencia en los dispositivos del tántalo, el elemento químico que se extrae del polémico coltán - tristemente célebre por los conflictos que produce en ciertas regiones de África -, es menor de lo que se podría prever.

Desde el departamento de ingeniería electrónica de la Universidad de Valencia nos explican que para fabricar condensadores - un componente muy común no sólo en los teléfonos, sino en cualquier dispositivo electrónico -, “uno de los materiales más habituales es el tántalo”. O, más bien, solía serlo. A pesar de que aún se sigue utilizando, Hernández asegura que “el tántalo es cada vez menos necesario”.

Que nuestro 'smartphone' contenga metales preciosos no quiere decir que valga millones. Según el informe de Naciones Unidas sobre residuos electrónicos, para conseguir un gramo de oro deberíamos extraer el metal de 41 dispositivos. Si tenemos en cuenta que el precio del oro ronda los 31.623 euros por kilo, el gramo que conseguiríamos tendría un valor de 32 euros.

En cada móvil, por lo tanto, hay menos de ochenta céntimos de oro. Como afirman desde la Universidad de Valencia, si un fabricante de componentes electrónicos decide utilizar oro es porque, de entre todos los metales que conducen bien la electricidad, ha resultado el más barato.

Todos estos metales preciosos se pueden recuperar. Así lo demostró el pasado mes de febrero el Instituto Catalán ARTIC durante el Mobile World Congress, aplicando la hidrometalurgia para separar estos materiales y recuperarlos en su forma original, con su mismos valores y pureza. Es una técnica que, en opinión de Hernández, se ha convertido en el principal objetivo a la hora de reciclar los móviles.

En cualquier caso, no nos volvamos locos: nuestro 'smartphone' puede ser nuestro tesoro, pero no es una mina de oro. Lo sentimos.

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Las imágenes de este reportaje son propiedad, por orden de aparición, de Tessa Sheremeta, International Gem and Jewelry Show, Mauro Cateb y Tatsuhiko Miyagawa

La producción de dispositivos electrónicos ha estado en ocasiones ensombrecida por la sospecha de las condiciones laborales en las que se llevan a cabo y por el trato que suele sufrir el medio ambiente. No parecía posible que se pudiera hablar de comercio justo en este sector. Ahora, una empresa holandesa ha aceptado ese reto y la semana pasada presentaba en Londres el diseño del Fairphone (teléfono justo), anunciado como el primer móvil fabricado según principios éticos.

Con el lema “compra un teléfono, empieza un movimiento”, el que se hace llamar el “smartphone del futuro” pretende atajar los problemas derivados de fabricar un teléfono móvil apelando a la transparencia e intentando hacer las cosas mejor a lo largo de toda la cadena de producción. Aunque como reconoce Bas van Abel, fundador y director ejecutivo de Fairphone, es muy difícil hacer un teléfono absolutamente ético en todas sus fases. “Desde el principio, sabíamos que era poco probable que la primera edición del Fairphone fuera cien por cien justa. Pero no dejamos que eso nos desanimara. Incluso si no hemos alcanzado la perfección en nuestro primer intento, sabemos que podemos intentarlo y hacerlo mejor que el status quo [del resto de marcas] y ayudar a que la industria llegue a un estándar superior”.

Son varios los aspectos controvertidos a los que se enfrentan en la producción de los teléfonos móviles. El primero de ellos es el material del que están fabricados estos productos. “Cuando empezamos hace tres años, Fairphone se estableció como una campaña, una organización sin fines de lucro con la misión de crear conciencia sobre la relación entre los minerales de conflicto y de sus productos electrónicos”, explicaba el fundador en The Guardian el pasado julio.

Uno de los minerales, entre otros, que mayores conflictos acarrea en la fabricación de productos electrónicos es el coltán en la República Democrática del Congo. Desde Fairphone aseguran en este punto que lejos de evitar el problema, han decidido unirse a organizaciones que trabajan con minas libres de conflicto dentro del propio Congo, como Raise Hope for Congo y Conflict-free Tin Initiative. No son los únicos tampoco, otras marcas, tal y como publica un informe de la organización Conflict-free Tin Initiative, también han seguido este camino, como HP, RIM (Blackberry) o Motorola, que trabajan con estos u otros grupos similares en Congo.

Luces y alguna sombra de un móvil justo

Otro de los puntos de la cadena de producción denunciado repetidas veces por distintas organizaciones es el ensamblaje. Y más después de terribles sucesos como los suicidios en el ensamblador de origen taiwanés, pero operando en China, Foxconn en el año 2010. Aquí, como explican desde su web, Fairphone tuvo que claudicar a su intención de trasladar la fábrica de ensamblaje a un lugar del este de Europa.

“Todo el proceso de producción de electrónica ha sido desplazado a Asia, y buscar alternativas siendo una marca pequeña es imposible”, afirmaban. Este es sin duda uno de los puntos negros con los que se han topado. Finalmente, han optado por buscar a alguien en China que comparta sus principios y parecen haberlo encontrado en la compañía A’Hong, aunque también confesaban que no dejaban de albergar ciertas dudas.

Lo que sí ostentan con orgullo es que el Fairphone está pensado para que algunos de sus componentes puedan ser reciclables y para que su batería dure más tiempo que la de otros teléfonos y así ahorrar energía. Para ello usa una versión de Android 4.2 modificada por la Kwame Corp., una compañía especializada en aplicaciones de utilidad social. Además de que el diseño de los sistemas operativos son de código abierto, por lo que será libre y personalizable.

Todas las piezas pueden ser reemplazables y se comprometen, además, a hacerse cargo del dispositivo una vez que su vida útil finalice. Por cada Fairphone vendidos, 3 euros irán a la fundación Cloosing the Loop, que prepara proyectos en países donde el reciclaje de residuos electrónicos seguros aún no se facilita. Además, están construyendo alianzas con empresas que recogen móviles usados.

Próximamente

A pesar de las dudas y el escepticismo que se ha generado sobre si realmente es posible crear un teléfono que sea ético, ellos aseguran no abandonar su filosofía de negocio. “Como seguimos siendo transparentes en nuestras operaciones y mostramos a nuestra comunidad los pasos para hacer un teléfono, sentimos que nuestro movimiento tiene el potencial de influir positivamente en nuestro sistema económico”, dice el fundador de la empresa social.

El Fairphone cuesta 325 euros, IVA incluido, y ya están adelantando algunos de los detalles con los que contará el smartphone. Como que, aunque su sistema operativo se basa en Android, podrá funcionar con otros sistemas como Firefox OS o Ubuntu.

De momento, su primera incursión en el mercado no parece que haya tenido mala acogida, en su versión beta, de las 25.000 unidades que han llegado a fabricar, han vendido unas 15.000. Habrá que esperar a su lanzamiento definitivo en diciembre para saber si realmente este móvil solidario se hace un hueco en un sector copado por las grandes empresas y si continúa con su política justa.