Los inquilinos de las primeras 78 viviendas de las 384 de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza podrán entrar a vivir este verano tras adjudicarse en un sorteo “público y transparente” a través de una plataforma en la que se tendrá que inscribir los interesados y que gestionará la empresa Brial, que es la constructora ha levantado este bloque en el distrito de Valdefierro.

En los próximos días, la compañía anunciará la apertura de la plataforma digital para ofrecer toda la información y se abrirá un plazo de dos semanas para que se formalicen las inscripciones. Así lo ha detallado este viernes la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita a las nuevas viviendas, que tendrán unos precios del alquiler “de entre 414 y 548 euros mensuales”.

Pasado ese plazo, se hará la adjudicación “totalmente transparente para que todos los interesados tengan las mismas oportunidades y se hará un sorteo ante notario de tal forma que los agraciados puedan ser los próximos inquilinos”, ha continuado la alcaldesa en su visita a un bloque de 18 pisos en la calle de Mercurio, 24-26.

Cada promoción de las próximas que se van a inaugurar en la capital aragonesa tendrá su propia bolsa de aspirantes, siempre a iniciativa de la correspondiente constructora.

En estas 78 viviendas van a poder vivir más de 300 personas y, aunque en general son de dos habitaciones, también las hay de otra tipología para atender distintos perfiles de ciudadanos, como viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y otras para familias numerosas, con un máximo de entre 6 y 7 personas.

“Es un hito importante”, ha enfatizado Chueca para añadir que esta viviendas cumplen uno de los requisitos exigidos para obtener fondos europeos que es la eficiencia energética con el consiguiente beneficio “no solamente en reducir las emisiones de CO₂, sino también un beneficio directo en el bolsillo de los futuros inquilinos porque van a tener un coste mínimo en los suministros”, ha hecho notar Chueca.

Otros distritos

En una comparecencia ante los medios tras recorrer dos de los inmuebles, Chueca ha recordado que Zaragoza ha impulsado 384 viviendas con fondos europeos que se ubican en distintos barrios y distritos, como en Valdefierro con 190 viviendas, incluida esta promoción de 78; y que se localizan en las calles de Mercurio, Andrómeda, Piscis, Júpiter, Osa Menor, Argos y Venus. En San José hay 58 viviendas; en Las Fuentes 112 pisos y en el Arrabal otros 24 a través de una cooperativa en el camino Torrecillas.

La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante la fórmula del derecho de superficie durante 50 años, prorrogable de 75 años, destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Las empresas adjudicatarias de estos proyectos, según ha informado el Ayuntamiento, han desarrollado estos inmuebles de alta calidad arquitectónica, con los sellos Passive Haus, LEED, BREEAM o WELL, y se encargarán ahora también de la gestión del mantenimiento y la explotación.

La construcción de estas 384 viviendas supone una inversión total de 56,3 millones de euros, de los que 15,5 millones vienen de fondos europeos Next Generation y el resto son fondos municipales. Una inversión municipal que permite “ampliar el parque de vivienda pública de Zaragoza y poner en marcha una de las políticas más ambiciosas que se pueden pensar y que hay ahora mismo en ninguna otra ciudad española”. Al respecto, Chueca ha comentado que, además de estas 384 viviendas con fondos europeos, hay hasta un total de 3.438 gracias al Plan Más Vivienda en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la promoción de estas viviendas en régimen de alquiler asequible repartidas en doce distritos a través de 4 planes operativos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con 2.748 pisos nuevos a través de la alianza con el Gobierno de Aragón para usar suelos dotacionales infrautilizados; otro son los 384 pisos repartidos en 11 promociones mediante colaboración público-privada a través de fondos europeos.

El tercero es el Plan de Vivienda Zamoray-Pignatelli, con 125 pisos en una intervención directa municipal para regenerar el Casco Histórico con 29,1 millones de inversión –nueva planta y rehabilitación–; y el cuarto son otros 145 hogares a través de las políticas activas de Zaragoza Vivienda –32 pisos en Torrero, 13 en el Arrabal, calles de Horno y Lacruz, 37 en Miguel Servet o 27 compras a entidades bancarias–.

Requisitos y condiciones para acceder

En estos casos son viviendas públicas de alquiler asequible con cuotas que no pueden superar el 30% de los ingresos que tenga la unidad familiar, de tal forma que tendrán una bonificación para que pueda ser un precio asequible a todos los bolsillos.

Sobre todo, están pensadas en “las familias más jóvenes que buscan independizarse, tener su propia autonomía”, y en el caso del edificio de Valdefierro oscilarán entre los 414 euros y 548 euros. “Es la mejor prueba de que mi gobierno busca soluciones a los problemas con hechos y realidades”, ha recalcado.

La alcaldesa de Zaragoza ha avanzado que seguirá trabajando en esta línea para que “nuevas familias puedan empezar una nueva vida y crear un hogar”. Asimismo, ha querido hacer notar que hacer estas viviendas “no es fácil conforme a los pliegos muy exigentes de los requisitos que se exigen desde Europa y también hacerlo en tiempo”. Al respecto, ha comentado que muchas ciudades han renunciado a solicitar fondos europeos, Next Generation, precisamente por la “exigencia y el difícil cumplimiento” que tienen para los técnicos y para las instituciones, ya que obliga a trabajar en tiempo récord.

“Aquí se ha trabajado gracias a la colaboración público-privada, que hay que poner en valor desde la administración, pero también desde la iniciativa privada, como es el caso de la promotora Brial. Es para que nos sintamos orgullosos del trabajo que se está haciendo y de las oportunidades que estamos dando a los jóvenes en Zaragoza”, ha concluido.

El informe técnico de Planeamiento municipal sobre la recalificación a la carta que proyecta el Gobierno del PP en Zaragoza en el antiguo Convento de Jerusalén, a propuesta de un inversor privado, desmiente al consejero de Urbanismo: no hay “valoración técnica que justifique” los 22 millones de euros propuestos por el promotor como compensación ante el pelotazo urbanístico. Además, el documento deja claro que la edificabilidad del sector es menor a la apuntada por la entidad privada.

El estudio, de ocho páginas –y que incluye un inusual nivel de detalle para este nivel de la tramitación, cuando hay solo una propuesta inicial–, esta fechado en enero, un mes después del escrito presentado por Enta Properties. Propiedad del grupo Bancalé, esta firma aspira a que el Ayuntamiento recalifique parte de la parcela, actualmente calificada como dotación local de equipamiento privado o religioso, para levantar en una de las zonas más caras de la ciudad 220 viviendas de lujo, una residencia de mayores y otro desarrollo terciario, ya sean oficinas, un hotel o un centro docente. Como contraprestación para el denominado 'Proyecto Living Romareda', Enta Properties aportaría un máximo de 22 millones de euros, “el límite máximo de viabilidad económica del proyecto”.

Y, pese a que el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que para sustentar esta propuesta había ya “un borrador”, lo cierto es que el Servicio Técnico de Planeamiento Municipal –el informe lo suscribe la jefa de la oficina– apunta que la propuesta económica de 22 millones de euros “no se acompaña de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”.

Lo único que hay, que conste hasta el momento, es la valoración llevada a cabo por el propio inversor para determinar ese importe de 22 millones, que abarcaría todos los conceptos, incluido el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias para las dotaciones.

La edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad –cuántos metros cuadrados se pueden construir a partir de la superficie de un suelo–, la propuesta del promotor sitúa este índice en 1,6676, una cifra que enmarca en el “área homogénea” de la Gran Vía; es decir, en línea con el entorno del barrio. Sin embargo, la jefa de Planeamiento es clara: “Debe dejarse constancia expresa de que la edificabilidad del sector es el 1,5, con lo que la superficie edificable es de 12.241 metros cuadrados, y no 15.595 como apunta el inversor privado.

Esto puede tener implicaciones ya que los desarrollos propuestos para el sector deberían reducirse en más de un 10% respecto a lo previsto. La propuesta de Enta Properties era de 204 viviendas de lujo, de las cuales 70 se reservarían para alquiler, pero el Ayuntamiento aumentó el número de pisos hasta 220 –sin justificar el porqué de esta subida–.

El mencionado porcentaje no se aleja mucho de los 1.135 metros cuadrados de superficie que ocupará el vial que debe atravesar el sector y que el promotor deberá asumir finalmente con carácter gratuito, tal y como ha determinado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia en primera instancia dio la razón a Enta Properties al considerar que la cesión era onerosa y que generaba edificabilidad.

El informe de Planeamiento y Rehabilitación también hace un recorrido por dos propuestas anteriores del grupo Bancalé en el mismo Convento de Jerusalén, de 2018 y 2019, que no fructificaron. La diferencia con la actual, recuerda la arquitecta municipal, es que entonces se dirimía un “trasvase de aprovechamiento urbanístico municipal previamente reconocido” y ahora se trate de la “atribución de nuevos usos”.

El Ayuntamiento de Zaragoza realizará una segunda fase del Plan Especial de Inspección Técnica de Edificios (ITE) con el objetivo de garantizar la seguridad constructiva y la estabilidad estructural en el Casco Histórico y la finalidad es que concluya en agosto. Tras la finalización del plan desarrollado en el ámbito de las calles de Mariano Cerezo, Ramón Pignatelli y José Zamoray, esta segunda fase centrará sus esfuerzos en un área de gran tránsito peatonal y comercial como es el Tubo.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha trasladado este anuncio para explicar que antes de su inicio se llevará al Consejo de Gerencia de Urbanismo para dar cuenta a todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

Respecto al espacio elegido para la ampliación de este plan especial, Serrano ha querido recordar que “el entorno del Tubo no es solo un entramado de calles en el Casco Histórico, sino que constituye una de las principales señas de identidad cultural, turística y gastronómica de Zaragoza. Sus estrechas e históricas callejuelas, como Estébanes, Libertad, Cinegio y Cuatro de Agosto, son el corazón indiscutible de la vida social de la ciudad y un imán imprescindible para los visitantes”.

Como ha apuntado el consejero, “en esta emblemática zona se concentra una altísima densidad hostelera, albergando más de medio centenar de bares y restaurantes tradicionales; de hecho, vías tan populares como la calle Estébanes llegan a aglutinar cerca de una veintena de locales en apenas unos metros. Este constante e intenso tránsito peatonal convierte a El Tubo en un motor económico y de ocio fundamental de la capital aragonesa, lo que hace aún más prioritaria la labor municipal de revisar y garantizar la máxima seguridad estructural de sus inmuebles, reclamando a sus propietarios las mejoras y actuaciones que se detecten como pertinentes”.

Requerir a propietarios

Este nuevo plan de inspección tiene como objeto definir y programar las revisiones necesarias tanto en edificaciones como en solares. La finalidad de estas acciones es requerir a los propietarios el cumplimiento del deber de conservación, regulado por la Ordenanza Municipal, para eliminar en lo posible cualquier estado de inseguridad en las edificaciones de la ciudad. “El área de actuación escogida para esta segunda fase comprende la manzana delimitada por la calle de Cinegio, la calle de los Estébanes, la calle Libertad y la calle Cuatro de Agosto”, ha detallado Serrano, por lo que “se prevé girar la inspección y análisis de unos 17 inmuebles y solares de este céntrico sector”.

La urgencia de actuar se debe a los avisos registrados durante el pasado año 2025, principalmente por parte del cuerpo de Bomberos, tras los cuales el Servicio de Inspección Urbanística detectó un deficiente estado de conservación en varias fincas. Las visitas preliminares sacaron a la luz diversas particularidades que aumentan la complejidad urbanística del área, destacando la presencia de antiguas bodegas que conectan distintas fincas y la existencia de estancias que se solapan entre diferentes propiedades.

Debido a estos hallazgos, el Ayuntamiento ya tuvo que dictar órdenes de ejecución y providencias de emergencia para atajar los riesgos potenciales. En la actualidad, a raíz de estas incidencias, ya existen expedientes abiertos relativos a fincas ubicadas en la calle de los Estébanes números 12-14, en la calle Libertad números 6 y 10, y en calle Cuatro de Agosto número 19.

Con la puesta en marcha de este plan, el Ayuntamiento también quiere dar respuesta a las peticiones de los hosteleros de la zona. A raíz de los recientes expedientes abiertos en algunos de los inmuebles del área, los propietarios de los establecimientos mostraron su preocupación y trasladaron a los servicios municipales otros posibles espacios que requieren de una revisión o en los que han detectado diversas incidencias. De este modo, el propio sector hostelero se ha convertido en el principal interesado y en una parte muy activa de este proceso, demostrando su compromiso y colaboración para garantizar la seguridad, el buen mantenimiento y la excelencia de un espacio que es vital para la ciudad

Metodología y calendario

A diferencia del gran volumen de edificios revisados en el entorno Pignatelli-Zamoray, el reducido número de inmuebles de este nuevo ámbito permitirá girar visita de inspección a la totalidad de las fincas, independientemente de su situación respecto al cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Las revisiones se ocuparán de garantizar la seguridad de los inmuebles y se llevarán a cabo por medios organolépticos y se examinará el estado general de los elementos estructurales y de las cubiertas. Asimismo, se inspeccionarán minuciosamente las fachadas, prestando especial atención a aquellas recayentes a la vía pública; y se revisarán exhaustivamente las instalaciones de saneamiento.

El calendario proyectado estima una duración aproximada de ocho semanas --dos meses-- para completar las labores. Para cumplir con estos plazos, cada pareja de técnicos realizará una visita de inspección a la semana, incluyendo en estas visitas tanto a los solares como a los inmuebles con expedientes ya en curso. Luego se emitirán informes técnicos que reflejarán las incidencias y derivarán en las correspondientes órdenes de ejecución.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Obligación

Asimismo, la ITE es una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años. No obstante, es conveniente prestar atención a la evolución y mantenimiento de los inmuebles, dado que cada uno tiene sus particularidades. Sin embargo, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona de Zamoray-Pignatelli, en la primera fase de este proyecto, impulsado por la antigüedad edificatorio del entorno, las condiciones socioeconómicas del área, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales.

En este primer plan especial, el informe final finalizó con el chequeo a 259 espacios, de los que 240 son inmuebles y 19 solares, que arrojó que 60 de ellos están en perfecto estado, 168 tenían patologías que resolver y 7 terminaron con una providencia por grave riesgo.

En general, entre las patologías más comunes encontradas en todas las revisiones, las más destacadas fueron los problemas de humedades (49,03% de los inmuebles), en las red de saneamiento (35,91% de los edificios), los daños en cubierta (35,52% de las fincas) o la presencia de xilófagos (5,02% de los edificios visitados).

Así, se prosigue con una segunda fase de este proyecto, donde volverá a contarse con los recursos propios municipales formado por un equipo de trabajadores y agentes inspectores compuesto por 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos, con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento, así como la colaboración de la Policía Local.

“Los técnicos municipales realizan antes del inicio de las inspecciones una ingente labor de clasificación y revisión del estado actual de los inmuebles, número visitas, situación actual de la ITE, emisión de informes que reflejan el estado de las edificaciones e inicio de expedientes en el caso de reseñar incidencias”, ha recordado Serrano.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado este lunes por el PP ha servido para tensionar y enconar aún más las posiciones entre el Gobierno del PP, apoyado por los concejales de Vox, y la oposición del PSOE y Zaragoza en Común. Populares y ultras han conseguido que se aprobaran tres mociones, en una de las cuales se condena la trama de influencias investigada en el caso Plus Ultra, en la que aparece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado: “No estamos para convertir el Ayuntamiento en un tribunal político al servicio del PP”

Otro apartado de la mencionada moción aprobada manifiesta la “máxima preocupación por la posible utilización de estructuras y decisiones del Estado al servicio de intereses privados, partidistas y clientelares. Y exige al Gobierno de España ”explicaciones inmediatas y completas“ sobre los hechos investigados en el caso Plus Ultra.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que siguiendo el rastro del dinero se ha imputado a Zapatero por varios delitos lo que constituye “uno de los hechos de mayor gravedad política e institucional en España” por el rescate de Plus ultra. Ha recordado que esta situación se ha denunciado por históricos del PSOE que hablan de “Estado fallido” y mencionan “peligrosas similitudes” entre Zapatero y el exprimer ministro de Italia, Bettino Craxi, que perdió la protección parlamentaria frente a acusaciones judiciales y supuso la disolución del Partido Socialista italiano y su muerte en el exilio en Hamamed (Túnez).

Le ha preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, si solicitará la apertura de un expediente informativo sobre Zapatero como hizo en su día con el concejal, Alfonso Gómez Gámez, que apareció en un documento sobre la Mina Muga, entre Navarra y Aragón.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dudado de la eficacia de este pleno que “solo sirve para que el PSOE pase un mal rato, pero no se soluciona nada de la ciudad”. Le ha recordado al PP que tiene condenas por corrupción y varias causas pendientes de juicio. “No se puede convertir el Ayuntamiento de Zaragoza en la subsede de Génova, porque aunque el caso de Zapatero huele mal, no puede ser un tribunal político al servicio del PP”, ha atacado Elena Tomás, quien ha preguntado además al PP si apoyaban su enmiendas transaccionales en las tres mociones con medidas concretas hacia los expresidentes o “siguen con su demagogia habitual”.

“Qué PSOE”

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia, pero ha recordado la gravedad de lo que se recoge en el auto del juez sobre la imputación a Zapatero.

El concejal de Vox, David Flores, ha trasladado el apoyo a los jueces que siguen estos casos para señalar que “llueve sobre mojado porque el historial del PSOE es largo” y al PP le ha dicho si es el Partido popular que “añora” votar con el PSOE, en referencia a las declaraciones del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludía al PSOE que en su día “había admirado y que ya no existe”.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha comentado que es el tercer pleno extraordinario del PP para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la mayoría de sus mociones versan sobre lo mismo. “Instrumentalizan las instituciones, pero gestionar nada”, ha zanjado. La edil socialista ha dicho que “no vale todo y no se pueden asaltar los cielos, hay que hacerlo con humildad, de lo que la alcaldesa anda floja”. Ha avanzado que no permitirá que el PP “de lecciones de corrupción porque aún se oyen los martillazos en Génova”.

Lorén ha replicado a Vox que “se necesita al PSOE honrado” y al PSOE que “el PP defiende a los jueces honrados”. Ha comentado que “hasta Ferreras en La Sexta califica de brutal” el auto del juez sobre Zapatero para preguntar como será cuando se conozca el sumario.

Dimisiones y elecciones

La segunda moción del PP, que ha tenido el mismo resultado en la votación, condena la “degradación institucional” provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno político de Sánchez, a quien exige su dimisión inmediata y de todo su Gobierno por la pérdida de credibilidad democrática que supone mantener al frente del Ejecutivo a un PSOE y a un presidente cercados por investigaciones y escándalos de “extrema gravedad”. Asimismo, se reclama convocar elecciones generales por “higiene democrática”, para decidir el futuro político de España y poner fin a una situación de deterioro institucional “incompatible” con la confianza que merecen las instituciones.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Mendoza, ha dicho que Sánchez, tanto si no sabía lo que ocurría como si estaba al tanto “tiene que ir a la calle por inútil o por delincuente”, pero en ambos casos “no puede seguir al frente del Gobierno de España”. A la bancada del PSOE les ha dicho que “no son compañeros inocentes, sino cooperadores necesarios porque quien sostiene a una mafia es parte del problema”. Mendoza ha reclamado “dimisión, justicia y urnas y que dejan hablar a los españoles ya”.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que la moción pretende usar el pleno para una confrontación partidista de política nacional, además de ser “cínica” porque el PP “ve la corrupción ajena pero se vuelve ciego para ver la de su partido”.

“Degradación moral”

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha tildado de “gravísimo” lo que ocurre y que es una “degradación moral que comenzó en marzo de 2004”. Ha dejado claro que “la actual corrupción o podría entenderse sin el actual Gobierno y viceversa”. Se ha preguntado qué tiene que pasar para que el PP “deje de negociar con el PSOE” como el Tribunal de Cuentas. “No son culpables, pero forman parte del problema”, ha resumido.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para asegurar que el PP “son los herederos del franquismo” y ante la petición de la convocatoria electoral ha replicado que el presidente Sánchez “convocará elecciones cuando quiera”.

La tercera y última moción, que también ha prosperado, recoge el respaldo expreso a jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Exige al Gobierno de España y al PSOE que cesen en sus ataques, descalificaciones y campañas de descrédito contra jueces, tribunales, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y medios de comunicación que investigan casos de corrupción que afectan al entorno socialista, al tiempo que condena cualquier estrategia de desinformación, presión o descrédito institucional dirigida a socavar la confianza de los ciudadanos. Finalmente, se insta al Gobierno de España y al PSOE que colaboren con la Justicia.

El programa de apoyo al comercio local Volveremos arranca este miércoles una nueva edición con dos novedades principales: la incorporación de más actividades autónomas al tramo financiado por el Gobierno de Aragón y una funcionalidad similar a Bizum que permitirá transferir saldo entre usuarios. La iniciativa vuelve días después de las críticas desde algunos comercios incorporados por los problemas fiscales generados, pero el Ejecutivo autonómico ha relativizado estas valoraciones: “Siempre ha sido una subvención”, ha apuntado Carmen Herrarte, directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo.

La primera de las tres campañas previstas para 2026 contará con una bolsa inicial de 1,88 millones de euros en descuentos. De esa cantidad, el Ayuntamiento de Zaragoza aporta un millón de euros y el Gobierno de Aragón otros 882.000 euros.

Las compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos generarán un saldo acumulable del 20%: un 10% financiado por el consistorio y otro 10% por el Ejecutivo autonómico.

Más allá de esta primera campaña, Volveremos movilizará durante 2026 en torno a 8,5 millones de euros en incentivos al consumo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado 4,5 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón aportará 2,9 millones, una cantidad que podría ampliarse a lo largo del ejercicio. A estas cifras se suman las aportaciones de los otros 71 municipios participantes.

En total, el programa llegará este año a 72 localidades aragonesas, 50 más que hace dos años. El Ejecutivo autonómico estima que la iniciativa alcanzará a cerca de 3.500 comercios y a casi 1,1 millones de potenciales usuarios, el 81% de la población aragonesa. Entre los nuevos municipios incorporados figuran Albarracín, Arens de Lledó, Ariza, Biescas, Calamocha, Calatorao, Daroca, Formiche Alto, Laspuña, Lécera, Mazaleón, Monreal del Campo, Montalbán, Mora de Rubielos, Urriés y Utrillas.

Las ventas generadas por la última edición superaron los 98 millones de euros, 28 millones más que el año anterior.

Para participar, los usuarios deben descargarse la aplicación disponible para Android e iOS, registrarse y presentar el código QR generado por la plataforma. El importe acumulado se incorpora a un monedero electrónico que puede utilizarse posteriormente en cualquiera de los negocios adheridos.

Novedades en 2026: bizum y más autónomos

La principal novedad tecnológica del programa será la posibilidad de transferir saldo entre usuarios registrados. A través de una nueva pestaña denominada “Transferir saldo”, los participantes podrán enviar parte de su monedero electrónico a familiares o amigos utilizando únicamente el correo electrónico asociado a la cuenta.

La directora general de Pymes del Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida busca aportar mayor flexibilidad al sistema y evitar que el saldo acumulado quede sin utilizar. El mecanismo funcionará de forma similar a Bizum, aunque limitado al ecosistema de Volveremos, favoreciendo que el dinero continúe circulando dentro de la red de comercios adheridos.

La otra gran novedad es la ampliación de las actividades que podrán beneficiarse del tramo financiado directamente por el Gobierno de Aragón. Además del comercio, podrán participar profesionales autónomos y negocios de servicios de proximidad como peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros pequeños establecimientos.

Esta ampliación es posible por la integración de Comercio, Consumo y Pymes y Autónomos en una misma dirección general. Hasta ahora, las ayudas autonómicas se limitaban a determinados epígrafes comerciales del IAE, mientras que la nueva estructura permite incorporar actividades que anteriormente quedaban fuera.

Malestar de autónomos

A pesar de que Volveremos es un programa de apoyo a pequeños comerciantes, algunos han mostrado su malestar al desatarse un lío fiscal con autónomos que tributan por módulos y que niegan haber recibido subvenciones, pese a que se le obliga a ello. Algunos negocios ya han advertido, tal como publicó este periódico, que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

Carmen Herrarte ha respondido a las quejas recodando que Volveremos es, jurídicamente, una subvención al comercio local y que esta condición figura expresamente en toda la documentación de adhesión. “La convocatoria a la que los establecimientos se adhieren voluntariamente deja claro que se trata de una ayuda al comercio. No es una cuestión opinable, sino la naturaleza legal del programa”, ha señalado.

La responsable autonómica ha insistido en que la obligación de declarar las ayudas públicas no supone ninguna novedad para los autónomos. “Todos los autónomos conocen sus obligaciones tributarias y cuentan con asesores o gestores que saben cómo debe declararse cada ayuda en función de las características de cada negocio”, ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que no existe una única forma de tributación. “Hay autónomos que tributan por estimación directa y otros por módulos. Cada caso tiene su tratamiento fiscal y son los profesionales que les asesoran quienes deben determinar cómo proceder”, ha indicado.

“Un contacto frecuente”

Herrarte ha asegurado además que la mayoría de los comerciantes adheridos al programa no ha trasladado ninguna queja sobre esta cuestión. “Mantenemos un contacto frecuente con ellos y las encuestas que realizamos muestran que no existe un malestar generalizado. La inmensa mayoría está al corriente de sus obligaciones fiscales y conoce perfectamente el funcionamiento del programa”, ha afirmado.

La directora general ha recalcado que las condiciones de Volveremos no han cambiado desde su puesta en marcha. “Siempre ha sido una subvención y siempre se ha declarado como tal. No ha habido modificaciones en las bases de las ayudas ni en los documentos de adhesión que firman los comercios”, ha señalado.

Asimismo, ha defendido la utilidad económica de la iniciativa. Según ha explicado, se trata de una ayuda con un elevado efecto multiplicador sobre el consumo, que contribuye a generar hábitos de compra en el comercio de proximidad y a evitar la fuga de gasto hacia las grandes plataformas digitales.

“Es una herramienta que está al servicio de los municipios y de las asociaciones de comerciantes para atraer compras, fidelizar clientes y reforzar el comercio local. No es una subvención tradicional, sino una herramienta adaptada a los retos actuales del sector”, ha destacado.

Quién da más

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han realizado este lunes a primera hora una gran puesta en escena para presentar el inicio del programa de apoyo al pequeño comercio, Volveremos. En el lugar elegido, la librería General, aunque el presidente Azcón la ha confundido con otra, la librería Central, se han dado cita numerosos cargos de ambas instituciones que, por momentos, parecían estar compitiendo en quién daba más.

Natalia Chueca comenzaba ufana la presentación, recordando que tanto comerciantes como ciudadanos que se encuentra cuando recorre barrios, “siempre me preguntan: ¿cuándo vuelve Volveremos?”. La alcaldesa, además, recordaba tres premios nacionales obtenidos como reconocimiento al programa y la mejora de la herramienta desde que lo pusiera en marcha por primera vez Azcón cuando fue alcalde de la ciudad.

Por su parte, el presidente aragonés avanzaba novedades de su gobierno: la incorporación de autónomos en su parte autonómica y el bizum como novedad. Y si Natalia Chueca sacaba pecho de los premios, Azcón llegaba al superlativo asegurando que no haya ciudad o comunidad autónoma en toda España que tenga un programa como Volveremos.

En lo que ambos están completamente de acuerdo es en no admitir preguntas tras sus intervenciones y en aprovechar las mismas para introducir alguna crítica al Gobierno central, como la subida del IVA de la luz y el gas desde hoy al 21%, tras desactivarse gradualmente algunas de las medidas incluidas en el plan aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Volveremos en cifras

Volveremos genera un importante retorno económico para el comercio local. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por cada euro invertido por las administraciones se generan más de diez euros en ventas.

En Zaragoza, las operaciones vinculadas al programa alcanzaron los 81,3 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior y la cifra más alta desde su puesta en marcha. Más de 2.300 comercios participaron en 937.000 transacciones, un 30% más que en 2024.

La facturación media asociada a Volveremos fue de 39.321 euros anuales por establecimiento, unos 3.276 euros mensuales, casi mil euros más al mes que en la campaña precedente.

La renaturalización del Huerva, el afluente del Ebro en Zaragoza, es una obra compleja como todas las adecuaciones de ríos a su paso por las ciudades realizadas desde los años noventa. En algunos casos estas recuperaciones de riberas, flora y fauna se han realizado con la aprobación de ecólogos, botánicos y biólogos expertos. En muchas otras intervenciones, estos expertos plantean serias dudas de que se alcance una recuperación real del ecosistema de los cauces y que se mejore a largo plazo la vida de los vecinos. En los últimos años para expertos en restauración fluvial, se valoran positivamente las intervenciones del Guadarrama en Collado Villalba (Madrid), de los ríos Mèder y Gurri en Vic (Barcelona), o de las riberas del Piles y el Peñafrancia en la parte este de Gijón (Asturias). 

En el caso del Huerva se trata de un río del sur de la provincia de Zaragoza, especialmente contaminado por las industrias cercanas a la ciudad (en Cadrete, María o Cuarte de Huerva) desde los años 60, y que según expertos e instituciones contiene sedimentos de metales pesados en el fondo de su cauce. Esto lo ha convertido en un río especialmente degradado, con afectaciones graves a la fauna. A esto hay que añadir la urbanización hasta la propia orilla del río invadiendo su llanura de inundación natural. Finalmente en 2021 se aprobó un plan para regenerarlo, con financiación de la Fundación Biodiversidad y ejecutado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dudas y quejas sobre flora y otros aspectos del proyecto 

Biólogas y botánicos de ANSAR, la Asociación Naturalista de Aragón, dedicada desde los años ochenta a estudiar y divulgar el medio ambiente de nuestra comunidad autónoma, indican que se están incorporando demasiadas especies de árboles y arbustos de fuera de la ribera, contradiciendo el principio básico de una restauración fluvial. Para estos especialistas, la principal preocupación es aumentar el número de árboles y arbustos originarios del Valle del Ebro en la renaturalización, capaces de resistir sus altas temperaturas y futuras épocas de sequía. Explican que “los árboles adaptados a las riberas de la capital, como pueden ser los álamos (chopos), sauces blancos o fresnos nos parecen apropiados. También hay árboles como el almez, muy resistente a las altas temperaturas, plantado en la ciudad en muchos puntos, cuyos frutos son alimento para las aves de la ciudad y que no representan un problema. Todos ellos proporcionan sombras agradables y se adaptan bien y forman parte del ecosistema del Ebro y sus afluentes”. 

Otras especies de arbustos típicas de la zona son los romeros y las aliagas, o los tamarices, que se adaptan a los suelos calizos. Los expertos conocen la presencia en diferentes puntos de la capital de “tilos, que en muchas variedades son especies alóctonas o de fuera del Valle, y requieren mucho cuidado y riego hasta que consiguen adaptarse al clima continental con escasez de lluvias, o directamente especies ornamentales como cinamomos o Melias, con un fruto tóxico que las aves rechazan como alimento y que debe limpiarse de las calles”. Los cinamomos (Melia azedarach), originarios de Asia, son árboles ornamentales, con flores violetas durante un breve periodo, pero que acumula frutos durante el año. Están presentes en muchas ciudades y hay informes sobre la toxicidad de sus frutos desde 2011 por instituciones como la Universidad Autónoma de Barcelona, que desaconseja que estén cercanos a zonas infantiles. En Zaragoza pueden encontrarse muchos ejemplares, como los situados en el Balcón de San Lázaro en las fuentes junto al Puente de Piedra en el Rabal y junto a un parque infantil. 

Los expertos explican que “árboles no autóctonos que ya se están plantando en la renaturalización del Huerva, o arbustos ornamentales exóticos y árboles frutales incluidos en el proyecto van a requerir riego específico y tienen mucho más complicado adaptarse al suelo arcilloso y calizo de nuestra zona”. Pese haber acudido a diferentes reuniones informativas o haber aportado diversos informes, para ellos “tanto en la renaturalización del Huerva, como en otros proyectos de la ciudad donde va previsto nuevo arbolado, vemos que muchas veces se tienen en cuenta criterios técnicos o de simple resistencia a la sequía para incluir especies de otras zonas de Aragón, o directamente exóticas (muchas de Asia) que se convierten en invasoras, y se olvida que el ecosistema es un engranaje delicado que funciona teniendo en cuenta todas las variables”. Especialistas en ornitología también realizan conteos de las distintas especies de aves que publican de manera transparente en webs europeas, advirtiendo que “las obras están afectando a las especies que vivían en el río, que han ido en descenso en el último año y medio, y aunque esperamos que simplemente se hayan ido a otros puntos del Ebro cercanos no lo sabemos con certeza”. 

También advierten que “las pasarelas constituyen un obstáculo transversal en momentos de avenidas del río (subidas repentinas del cauce), teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación climatológica donde se suceden los fenómenos climatológicos extremos”. 

Respecto a la eliminación total de las especies tóxicas, los naturalistas precisan que los ailantos, “una especie invasora tóxica que ha de retirarse, proporcionaban sombra, y sujetaban taludes. Estos se han desmoronado arrastrando otros árboles no invasores ni perjudiciales. Además, ” nos preocupa cómo se están cuidando los árboles ya existentes, cubiertos en muchas ocasiones de materiales necesarios para la construcción que pueden afectar a sus raíces o asfixiarlos, y por desgracia también nos preocupa que se estén talando árboles sin justificación, porque nos lo transmiten vecinos de diferentes puntos de la ciudad“. 

Por eso consideran que “no se ha respetado la ordenanza municipal de protección del arbolado urbano”. 

Colectores, pasarelas y vecinos 

Una de las intervenciones que supone esta renaturalización tan compleja, pues no solo se están interviniendo las riberas del Huerva, o realizando mejoras en parques ya existentes como en el Paseo de la Mina (cerca del centro de mayores Laín Entralgo) o en Miguel Servet (Parque de Villafeliche) son colectores y canalizaciones. Ambientalistas y asociaciones de vecinos sí valoran positivamente la construcción de un colector de gran tamaño cerca del Camino de las Torres, y recolectores de agua fluvial y mejoras en las tuberías, pues el fondo del río “está contaminado. En los años 60 el Huerva sufrió un desastre ecológico por vertidos, y acumula materiales pesados en su fondo”, recuerdan los medioambientalistas. La Universidad de Zaragoza ha elaborado gravas para mejorar los sedimentos, aunque es complicado que se recupere solo con los colectores y estas mejoras y tendrán que hacerse seguimientos para comprobar su estado. 

Pero la obra también incluye nuevos parques, que algunas asociaciones vecinales valoran como pequeñas plazoletas con parte de vegetación y frutales y no parques o zonas verdes con entidad. Donde ha habido muchas más discrepancias, que continúan actualmente, es con las pasarelas proyectadas para conectar las orillas del Huerva. En la zona de Manuel Lasala, la nueva pasarela proyectada, según el Ayuntamiento, “no convenció a los vecinos, que protestaron y elevaron sus quejas, por considerar que iba muy cerca de la fachada de sus viviendas y ventanas. Tras varias reuniones (con técnicos algunas y con Víctor Serrano, teniente de alcalde de urbanismo, en otras), estudios, consultas con la CHE... se optó, con mejor aceptación por parte de los vecinos, a moverla unos cuantos metros de su posición diseñada originalmente. Esto hace que la pasarela no esté frente a ninguna ventana de los edificios”. Mientras que el consistorio considera que se atendió la reclamación, a día de hoy algunos vecinos de esta zona de Manuel Lasala o calle La luz siguen sin estar convencidos, pues consideran sus viviendas van a estar mucho más expuestas. 

En la parte de Jorge Cocci, el Parque Bruil, Tenerías y la desembocadura en el Ebro, las vecinas están más preocupadas por cómo quedarán las riberas y el Parque Bruil finalmente, donde voluntariamente desde hace años realizan tareas de cuidado del arbolado para evitar su deterioro, y por las molestias que llevan sufriendo desde hace meses, por materiales de construcción, ruido y entrada de camiones. La escuela infantil municipal 'Parque Bruil' por ejemplo hace muchas semanas tienen las obras de la ribera junto a su patio, igual que las casas del final del barrio o el parque. 

Estos vecinos de la AVV Parque Bruil San Agustín sí que han seguido con preocupación talas o retirado de árboles sin justificaciones, y han intentado informarse o acudir a reuniones con el Ayuntamiento o trasladar sus propuestas o preocupaciones desde el principio del proyecto. Consideran que “llevamos muchos años cuidando de las riberas y la zona del Parque Bruil de manera voluntaria e incluso proponiendo que se protejan árboles singulares como el Almez y que reciban premios, y sentimos que hemos estado fuera de la toma de decisiones”. Esta asociación también nos ha trasladado un suceso el pasado 9 de mayo, probablemente debido a una tormenta fuerte, cuando “encontramos aguas negras y restos de basuras en el parque. Hemos preguntado a la Fundación Ecociudad si se debe a la obra, y no hemos recibido ninguna respuesta por el momento”. Así, vecinos y ambientalistas han transmitido a este medio que sus propuestas no han sido escuchadas, o parcialmente tras realizar numerosas quejas, y sobre todo que su participación en reuniones con el Ayuntamiento se ha limitado a ser informadas pero no han podido sugerir cambios, mejoras o participar en las decisiones de un proyecto tan ambicioso. 

La regeneración del Huerva y los futuros escenarios climatológicos

Esta renaturalización, como los que se llevan a cabo en ríos de otros municipios, ha de tener en cuenta las Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Cuando los expertos en medioambiente valoran negativamente algunos aspectos no sólo trasladan sus informes o sugerencias al Ayuntamiento de Zaragoza y otras instituciones locales, sino también a la Fundación Biodiversidad, un organismo estatal que pertenece al Ministerio de la Transición Ecológica (MITECO) e impulsa este tipo de proyectos de desarrollo de medioambiente armónico en las ciudades. Fuentes de esta Fundación dejan claro que “recomiendan a las entidades que lideran estas renaturalizaciones que realicen diagnósticos y estudios previos para implementar medidas de adaptación a escenarios de climas futuros”. Es decir, que recomiendan realizar estudios en profundidad previos, y también consultar sus propias herramientas sobre el cambio climático. Según la Fundación “la proyección de la evolución del cambio climático, en función de las emisiones y concentraciones futuras prevé un calentamiento global severo a finales de siglo”. Aunque la Fundación Biodiversidad no lleva a cabo la ejecución de los proyectos de renaturalización, sí que mide su impacto o realiza estas recomendaciones previas y realiza seguimientos. Ellos se basan en indicadores, y concretamente para el tema del arbolado que preocupa a los expertos en medioambiente en este proyecto, proponen una “coherencia ecológica de las especies vegetales plantadas, medir la proporción de especies autóctonas correspondientes a formaciones vegetales del contexto ecológico local, sobre el total de especies plantadas.” También que se empleen “especies adaptadas al clima futuro, es decir, medir el tanto por ciento de especies de árboles y arbustos inventariados en el municipio, con requerimientos bajos de mantenimiento y desarrollo (de riego y crecimiento), de acuerdo a condiciones previsibles de clima futuro en el contexto local”. 

El contexto local climático futuro para Zaragoza capital y los municipios cercanos es fácil de encontrar, pues ya se elaboró un Plan de Adaptación del Cambio Climático de Zaragoza en 2021, lanzado por el propio Ayuntamiento, donde las principales amenazas climáticas para los próximos años recogidas son el calor extremo, con periodos más frecuentes de sequías y mayor posibilidad de incendios, y también las inundaciones.

“La empresa carece de trabajadores”. Así figura textualmente en el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza , asumiendo la información que el Ayuntamiento aportó en sus formularios para instar su concurso de acreedores. Sin embargo, la entidad mantiene todavía a trabajadores en activo vinculados a la organización —y uno más en situación de excedencia forzosa, seis en total— , según ha podido confirmar este diario, en medio de una absoluta incertidumbre laboral y acumulando nóminas impagadas desde el pasado mes de febrero.

El auto, firmado el pasado 6 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, recoge que la fundación solicitó un procedimiento especial para microempresas con liquidación sin transmisión de empresa y señala expresamente que “la empresa carece de trabajadores” y que “la empresa se encuentra sin actividad”. El mismo documento declara el concurso sin masa de la fundación. La existencia de trabajadores vinculados a la fundación era conocida públicamente desde hace meses. Parte de la plantilla continúa ligada a la entidad pese a acumular nóminas impagadas y encontrarse todavía pendiente de la resolución definitiva del proceso concursal. En esta situación, una denuncia anónima presentada a través del canal interno del Ayuntamiento de Zaragoza alerta de “presuntas irregularidades” en el proceso de liquidación de la entidad y habla de una “estrategia planificada de desmantelamiento” y un supuesto “vaciado patrimonial”. La denuncia interna sostiene que esa afirmación trasladada al juzgado “induce a error” al órgano judicial e “invisibiliza” la situación laboral de los empleados. Este medio ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

El escrito reclama además que se investigue el proceso de liquidación de la fundación, la devolución de proyectos europeos y el traspaso de activos vinculados a Etopia. La comunicación, presentada al amparo de la Ley 2/2023 de protección de informantes, denuncia además una supuesta “estrategia planificada de desmantelamiento” de la entidad para conducirla a una situación de “inviabilidad económica”.

La situación de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento se ha convertido durante las últimas semanas en un nuevo frente político en la ciudad. Zaragoza en Común acusa al Gobierno de Natalia Chueca de haber llevado “deliberadamente” a la entidad a la quiebra, mientras que el Ayuntamiento sostiene que la fundación era económicamente inviable y que su continuidad no podía garantizarse.

Etopia abrió en 2013 como uno de los principales espacios municipales dedicados a la innovación, la cultura digital y la experimentación artística. Durante años se convirtió en una referencia nacional en proyectos vinculados a la tecnología, la divulgación científica y la creación cultural contemporánea. Según la memoria de actividades de 2023, el último ejercicio completo antes del inicio del proceso de liquidación, la fundación gestionaba once proyectos con financiación externa y desarrollaba talleres, conciertos, exposiciones, laboratorios infantiles, residencias artísticas y becas que daban servicio a unas 40.000 personas al año.

Fuentes de la plantilla sostienen además que la entidad mantenía proyectos europeos concedidos hasta 2027 y unas cuentas “saneadas” cuando el Ayuntamiento anunció en 2024 el cambio de orientación de Etopia y el inicio de la liquidación. La denuncia también cuestiona la versión mantenida por el Gobierno municipal sobre la salida del Ayuntamiento de la fundación. El escrito habla de un supuesto “control absoluto” del Consistorio sobre la entidad incluso después de anunciar su desvinculación del patronato en 2024 y sostiene que siguió ejerciendo funciones de dirección y gestión.

Para demostrar esa tesis, el comunicante aporta varias actas internas de la fundación. Entre ellas, una sesión extraordinaria celebrada en mayo de 2025 en la que el consejero de Economía y Transformación Digital, Carlos Gimeno, figura como representante LEAR de la entidad y recibe poderes generales en materia laboral junto a otros miembros del patronato. La denuncia también pone el foco en el proceso de modificación estatutaria aprobado en abril de 2024 para facilitar la salida municipal de la fundación. Según el escrito, aquella decisión se adoptó “sin alcanzar la mayoría reforzada” exigida por los estatutos de la entidad, una cuestión que posteriormente derivó en objeciones del Protectorado de Fundaciones de Aragón, que obligó el año pasado a constituir un patronato provisional integrado por el Consistorio, Ibercaja y la Universidad de Zaragoza para poder completar legalmente el proceso.

Otro de los apartados denuncia un supuesto “vaciado patrimonial” de la fundación mediante el traspaso o pérdida de activos vinculados a Etopia, entre ellos marcas, dominios web, perfiles en redes sociales y bases de datos de usuarios. La comunicación también cuestiona la cesión del programa Etopia Kids a la Fundación Hiberus y reclama que se investigue si esos movimientos se realizaron sin expedientes de concurrencia pública, mutación demanial o licitación.

Choque político en el pleno

En sus conclusiones, la comunicación reclama la apertura de una auditoría de regularidad estatutaria y pide investigar la devolución de fondos europeos, la gestión del concurso de acreedores y el traspaso de activos vinculados a la fundación. Desde el Ayuntamiento han defendido en todo momento, y así lo volvió a hacer el propio Carlos Gimeno durante el pleno de este jueves. El concejal volvió a definir Etopia como un “chiringuito de la izquierda” y les acusó de “colonizar la fundación con su gente”.

Las declaraciones se produjeron como respuesta al concejal de ZeC, grupo que presentó una moción para “condenar la censura cultural que ha llevado a la quiebra a la Fundación”. Suso Domínguez afirmó que la gestión del Consistorio ha sido “negligente” y que se ha “impulsado un proceso de desmantelamiento”. En el mismo pleno, el concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, criticó que se haya quebrado a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y preguntó si la autopsia “se hará en un hospital público o privado para cobrar el último servicio a la ciudad”.

Además, Gimeno cargó contra la figura del gerente, de excendencia desde hace más de un año: “Ahora está de jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Aragón, del sanchismo que ayer fue a Roma a recibir la bendición del Papa y se fue con la extrema unción”, ha ironizado, acusando a los partidos de izquierda de “colocar a dicho gerente”. Sin embargo, tal y como ha recordado Domínguez, dicho cargo fue nombrado por la ex consejera popular Carmen Herrarte. Respecto a las acusaciones sobre el proceso de “desmantelamiento”, Gimeno no se pronunció y sostuvo que parte de las actividades desarrolladas en el centro no justificaban el volumen de recursos públicos invertidos.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suprimir la limitación de conceder licencia para hacer viviendas en locales que no sean la malla básica por lo que se extenderá también a calles fundamentales y estratégicas que pueden ser zonas saturadas.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este punto del pleno al explicar al quitar la limitación de las zonas saturadas “se contribuye mucho mejor a la escena urbana en aquellas zonas de la ciudad donde en su día se declaró una zona saturada”.

Ha diferenciado dos tipos de zonas saturadas, las que operando como tal y a las que se han incorporado el sector de la plaza de San Francisco o de la plaza de San Miguel; y las otras en las que “ya no hay tanta actividad de hostelería”, como la zona El Royo y Zumalacárregui, donde ha ido desapareciendo los locales de hostelería, pero se mantiene esa zonificación.

Serrano ha comentado que hay muchos locales vacíos que llevan años de abandono y de vacío, y ha confiado en que con esta modificación se facilita la vivienda. “En aquellas zonas de la ciudad donde queremos que se implante más hostelería, tiene sentido que en locales que están vacíos se pueda construir vivienda, respetando los parámetros de la modificación en cuanto a metros cuadrados, ventilación e imposibilitando que se pueda hacer infravivienda en estos locales”, ha diferenciado.

“Alimentar a los especuladores”

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta segunda modificación profundiza en romper el consenso y ha pedido garantizar que no habrá infravivienda y no se considera estructural sino puntual porque se han transformado más de 400 locales en los últimos años. Domínguez ha alertado de que esta modificación “trata de saltarse el informe previo” de que pueda ser una vivienda y se justifica con el interés público y la necesidad de vivienda cuando se alimenta un nuevo nicho de negocio que da rentabilidades más amplias que la vivienda. “Es alimentar a los especuladores y para el PP no es un medida puntual es un patrón”, ha diferenciado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que han impulsado esta medida porque, de forma discreta, ayuda a resolver parte del problema de la vivienda, revitaliza los barrios, y tiene un control al exigir unos requisitos mínimos de habitabilidad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha manifestado que se llegó a un consenso para evitar que en zonas saturadas hubiera viviendas “no por capricho, sino porque se puede transformar en vivienda de uso turístico” (VUT) a juzgar por la experiencia de otras ciudades. Cihuelo ha asegurado que las VUT retiran la posibilidad de disponer de vivienda al resto de los ciudadanos y para dinamizar las calles con locales vacíos ha propuesto llevar las actividades profesionales, mediante incentivos, para que liberen los pisos de los inmuebles y sean viviendas para vivir.

“No nos van a parar en hacer vivienda pública en Zaragoza y en Aragón”, ha enfatizado Serrano al replicar al PSOE, para dejar claro que Aragón es “cuantitativa y cualitativamente la que más vivienda publica crea y tiene en proceso de construcción”. Serrano ha criticado al concejal de ZeC que sugiriera que con esta modificación del PGOU intentaba prevaricar y le ha pedido que se retractara o sino tomaría las medidas legales oportunas, a lo que Domínguez le ha respondido que “haga lo que tenga que hacer” pero ha mantenido su intervención destacando que “siempre es muy prudente”.

Pocas actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza habrán tenido tanta repercusión en prensa como las obras en el río Huerva, financiadas en parte con fondos europeos. El equipo de gobierno del PP ha gastado en apenas seis meses 230.000 euros en la promoción de esta iniciativa en medios de comunicación, incluidos varios ultraconservadores de ámbito nacional. Pese a que existe un Plan de Comunicación, hay registradas hasta 14 facturas que suman 76.000 euros fuera de este programa, visado por Intervención.

El mencionado Plan de Comunicación, adelantado este lunes por AraInfo y que suscribe la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, recoge entre sus beneficiarios a algunos de los principales medios aragoneses, pero también a otros como EDA TV –el canal del ultra Javier Negre y Vito Quiles–, The Objective, El Debate, Periodista Digital, ABC, El Confidencial, El Mundo o elEconomista. El programa, destinado a la difusión del proyecto Río Huerva y suscrito por la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal, recibió un informe favorable de la Intervención hace una semana y supone un gasto total reconocido de 152.012,06 euros, para un total de 34 facturas.

Para justificar la aportación a EDA TV, la Dirección de Comunicación del Gobierno del PP asegura que se trata de “un canal de televisión local con presencia en el ecosistema audiovisual de Zaragoza” que está especializado en “contenidos de proximidad y actualidad”, lo cual le otorga “una audiencia fiel en determinados segmentos de la ciudadanía zaragozana”. A The Objective, que según refleja el mismo documento se sitúa en el puesto 116 del ranking GfK DAM –el medidor oficial de audiencias digitales–, le incluye en la campaña por ser “un medio digital de análisis, opinión y periodismo de largo aliento, con una audiencia formada por líderes de opinión y ciudadanía comprometida con los valores cívicos y medioambientales”. “Su perfil editorial conecta especialmente bien con los mensajes de sostenibilidad y calidad urbana que transmite el proyecto Río Huerva”, añade. Mientras, Periodista Digital –del que ni siquiera aporta el dato de audiencia en GfK DAM, como en el resto de nacionales–, se adscribe al plan por su “trayectoria consolidada” y por llegar “a segmentos de ciudadanos que consumen medios alternativos”.

Con un importe máximo de 6.050 euros por medio, la campaña ha incluido a Henneo (Aragón Media Lab), El Periódico (Prensa Diaria Aragonesa), El Español (Publicaciones Digitales del Ebro), Hoy Aragón (ASG Ediciones Digitales de Aragón), Aragón Digital (Actualidad Media), Cadena COPE (Radio Popular Zaragoza) o Cadena SER (Radio Zaragoza), Onda Cero (Uniprex) o EsRadio Aragón (Proyecto Dadá Producciones). También han resultado beneficiarios medios locales de la capital aragonesa como Enjoy Zaragoza, Go Aragón o Zaragoza Ciudad (Hunteet Creativos).

Otros 76.000 euros

Pero en realidad el gasto del erario en la promoción del proyecto es un 50% mayor a lo reflejado en el plan, tal y como ha podido comprobar este medio a través del registro municipal de facturas. A lo largo del mes de diciembre, coincidiendo con la convocatoria electoral autonómica y pocas semanas antes de la campaña del 8-F, el Ayuntamiento de Zaragoza ya había comprometido 76.000 euros en 'vender' las obras del Huerva en medios de comunicación. La mayoría de estos se han visto doblemente beneficiados: esto es lo que sucede con El Español (12.100 euros), El Mundo (12.000 euros), El Confidencial (10.890 euros con IVA) o El Debate (9.680 euros), entre otros.

Así, el desembolso total en menos de seis meses por este concepto se eleva hasta los 228.699 euros.

Consultado por elDiario.es, fuentes de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza indican que el del Huerva es un “proyecto estratégico de ciudad” y que la financiación con fondos europeos conllevan partidas de comunicación para darle difusión. “Las cifras varían según proyectos y son compatibles con otras acciones complementarias que desde Comunicación se crean convenientes para reforzar la información en momentos puntuales”, añaden. “Como proyecto de alto interés para los ciudadanos, tenemos la obligación de difundirlo de la mejor manera posible”, concluyen las mismas fuentes.

El grupo municipal que sí ha reaccionado ha sido Zaragoza en Común, que ha indicado que se encuentra “valorando los mecanismos para denunciar ante Europa el posible uso irregular de los fondos europeos del Gobierno Natalia Chueca en materia de comunicación”, tanto en el caso del proyecto del Huerva como el de Comunidades Energéticas en Barrios Rurales, con características similares al primero.

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado de forma directa por un periodo de 30 años a Fundación San Valero –de carácter confesional y propietario de la Universidad de San Jorge– la parte formativa de Distrito 7, que a partir de septiembre ofrecerá siete grados de Formación Profesional (FP) en todas las ramas de audiovisual, con unos 400 alumnos que podrían pagar entre 60 y 70 euros al mes tras la resolución, todavía provisional, del Gobierno de Aragón para que sea una educación concertada el próximo curso académico.

Hay que recordar que la alcaldesa, Natalia Chueca, se verá también obligada a adjudicar de manera directa la gestión de la antigua fábrica de Giesa, donde aspira a explotar platós de cine, debido a que la única propuesta –de Equipment & Film Design España (EFD Studios)– llegó fuera de plazo.

Con el paso anunciao este miércoles, en Distrito 7 se ofrecerá FP tanto de grado medio en vídeo, disc-jockey y sonido; mientras que en grado superior se podrá elegir entre realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; producción de audiovisuales y espectáculos; sonido para audiovisuales y espectáculos; iluminación, captación y tratamiento de imagen; animaciones, 3d, juegos y entornos interactivos; marketing y publicidad.

Esta formación audiovisual que imparte Grupo San Valero en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) se trasladará a Distrito 7 y las instalaciones de la calle de Sainz de Varanda seguirán impartiendo la formación relativa sanidad y deportes. Además, Distrito 7 albergará cursos de especialización, formación para el empleo y programas universitarios vinculados a Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual.

Con esta adjudicación directa, añade el Ayuntamiento, se reconoce “la trayectoria y singularidad del grupo San Valero, del que forman parte Fundación San Valero, Fundación CPA Salduie y Fundación Universidad San Jorge, como única entidad aragonesa capaz de ofrecer de manera integrada toda la formación de la familia audiovisual de Imagen y Sonido, que abarca FP de Grado Medio y Superior, formación universitaria, formación para el empleo e investigación aplicada al sector audiovisual”.

30 años de concesión

El proyecto contempla que el Grupo San Valero realizará una inversión privada adicional de 600.000 euros en los dos próximos años, además de cerca de 4 millones de euros de canon durante el periodo concesional durante 30 años.

Chueca ha informado de que las obras de Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, están al 82% y la idea es que esté todo adjudicado en septiembre, incluida la filmoteca, excepto la parte de hostelería que se licitará más adelante.

Por su parte, el director general del Grupo San Valero, César Romero, ha defendido la colaboración público-privada al argumentar que este sistema de alianzas “se abre también al barrio de Las Fuentes”, para dinamizarlo y porque es “bueno” que este distrito tenga una oferta a partir de septiembre de siete ciclos en un sector que es de “talento y de crecimiento” y que para este grupo especializado en la formación es un “reto”.

Un “despropósito”

La oposición, sin embargo, no se ha mostrado tan entusiasta. El concejal del PSOE Horacio Royo ha tildado de “despropósito” la adjudicación directa y ha valorado que “demuestra el nulo talante democrático de la alcaldesa”. “Cuando existen serias dudas de la legalidad de la adjudicación directa de la unidad de producción, que se adjudique esta nueva parte del proyecto a una entidad educativa privada carece de justificación y ahonda en la irresponsabilidad de este proyecto, que supone regalar un edificio en el que todos los zaragozanos hemos invertido 20 millones de euros a una entidad privada para desarrollar negocios privados”, ha abundado, antes de anticipar que valorarán “ampliar las acciones legales” ya emprendidas por los socialistas.

Por su parte, el edil de Zaragoza en Común Suso Domínguez ha calificado de “nuevo regalo a sus amigos” esta adjudicación directa en Distrito 7, concedida “sin ningún tipo de concurrencia competitiva” a una entidad privada que “se va a beneficiar de la inversión del Ayuntamiento de más de 20 millones en este espacio”. “El Gobierno de Natalia Chueca hará todo lo posible por sacar este proyecto adelante aunque sea traspasando la legalidad y sin apoyar el beneficio de la ciudad”, ha añadido Domínguez.

El Gobierno del PP en Zaragoza impulsará una nueva recalificación a la carta. El grupo inversor aragonés Bancalé levantará hasta 220 viviendas de lujo en el solar del antiguo convento de San Juan de Jerusalén, situado junto al estadio de La Romareda, que irán acompañadas por una residencia de la tercera edad y una residencia sanitaria.

El denominado 'Proyecto Living Romareda' –del que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha informado personalmente a un grupo de medios entre los que no estaba invitado elDiario.es, entre otros– será abordado el próximo lunes en el Consejo de Gerencia de Urbanismo. Se trata de una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que la actual calificación de equipamiento de usos terciarios y de residencial se ampliará para incluir “vivienda destinada a la venta y al alquiler”, tal y como ha indicado el Gobierno municipal en boca del propio Serrano a través de una nota de prensa.

Hace tres años del derribo de este espacio, que Enta Properties –firma de Bancalé, de la que es propietario el empresario Juan Fabre– adquirió en 2019 por unos seis millones de euros. Cinco años antes el convento se había quedado sin uso al abandonar la instalación las últimas cinco monjas. Ya entonces hubo polémica: Zaragoza en Común trató a última hora de proteger el inmueble para evitar su derribo, pero la llegada del PP a la Alcaldía frustró su objetivo y la piqueta acabó con todo.

En un principio, el objetivo declarado era levantar un complejo residencial para personas mayores y una residencia de estudiantes sanitarios, aprovechando la cercanía del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para una inversión prevista de 80 millones de euros. Ahora, la perspectiva ha cambiado de forma ostensible.

La parcela, ha asegurado el Gobierno municipal, “consolidará un desarrollo residencial y social clave en el distrito Universidad”. El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de uso residencial, lo que se traducirá en la construcción de un total 220 nuevas viviendas. El Ayuntamiento pretende “asegurar un impacto social directo” al comprometer que “el 35% de este volumen”, cifrado en 70 pisos, “se destinará exclusivamente al alquiler de larga duración”.

También hay previstos nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie, de hectarea y media, se destinará a la creación de un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad “cuya ubicación es inmejorable” dada su proximidad con el Servet y también con el Hospital Clínico. Y la otra parte acogerá “usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados”, lo que el equipo de gobierno ha concretado en “una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados”.

A cambio del cambio de usos urbanísticos del suelo, que permitará al promotor ingresar mucho más dinero del previsto, Enta Properties se compromete a compensar económicamente al Ayuntamiento con 22 millones de euros. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica”, ha valorado el consejero municipal de Urbanismo.

“Oscurantismo y falta de transparencia”

Menos optimista se ha mostrado la concejal socialista Ros Cihuelo, que ha lamentado “el oscurantismo y la falta de transparencia” de Natalia Chueca, “una tónica más que general propia de un gobierno del PP más interesado en los negocios y los intereses privados que en resolver los problemas reales de los zaragozanos”. Cihuelo ha admitido que hay que hacer vivienda, “pero no de cualquier forma”. “El Ayuntamiento tiene que priorizar vivienda pública y asequible. Sin embargo, operación urbanística parece que está subordinada al negocio privado. No es un proyecto de ciudad, es un expediente inmobiliario”, ha valorado.

Cihuelo ha señaldo que con esta iniciativa urbanística “el PP vuelve a plantear una modificación puntual del PGOU impulsada desde una iniciativa privada, adaptando el planeamiento urbano a las necesidades de un promotor concreto, en lugar de responder a una planificación estratégica pensada para el conjunto de la ciudad y de sus vecinos”. Para la edil socialista, el equipo de gobierno “vende 70 viviendas de alquiler como un gran avance cuando Zaragoza necesita una apuesta decidida por vivienda pública y asequible, no operaciones inmobiliarias maquilladas con un componente social limitado”. Por todo ello, ha anunciado que su grupo pedirá “la retirada del expediente” para “poder estudiarlo de forma detallada”.

La Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), en nombre de otras cinco entidades, ha cargado contra la modificación urbanística impulsada por el PP en el Ayuntamiento para regularizar Torre Outlet de Pikolin, ubicado en la carretera de Logroño, y ha exigido la retirada inmediata del expediente que irá este jueves al pleno municipal. Su presidente, Arturo Sancho, denuncia que el consistorio está intentando legalizar “a la carta” un proyecto declarado ilegal en cuatro ocasiones por los tribunales y advierte de que la reforma podría abrir la puerta a nuevos macrocentros comerciales en distintas zonas de Zaragoza sin informes suficientes sobre movilidad, seguridad o impacto urbanístico.

Sancho ha realizado una dura crítica contra la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar regularizar la situación de Torre Outlet, asegurando que se trata de una “chapuza”, una “modificación a la carta” y una “huida hacia adelante” que podría tener consecuencias muy graves para el modelo urbanístico y comercial de la ciudad.

El presidente de la FABZ ha denunciado que el expediente presentado por el Ayuntamiento carece de informes fundamentales para valorar el impacto real de la modificación, ya que no existe ningún estudio serio sobre el impacto comercial o la movilidad y cómo afectaría esta recalificación no solo a la carretera de Logroño, donde se ubica Torre Outlet, sino también a otras zonas de Zaragoza que podrían verse beneficiadas por futuras modificaciones similares. Tampoco, afirma, se han elaborado informes de seguridad relacionados con riesgos geológicos como las dolinas, un problema conocido en determinadas áreas de la ciudad. Para la FABZ, esta ausencia de estudios demuestra que el proyecto se está tramitando sin planificación rigurosa ni análisis técnico suficiente.

Las alegaciones no proceden únicamente de la Federación de Barrios, en coordinación con UGT, CCOO, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Zec, sino también de particulares y otras personas ajenas a la organización. Precisamente, algunas de esas otras alegaciones incorporan análisis detallados sobre las consecuencias comerciales y urbanísticas que podría provocar esta modificación del Plan General. Según esos documentos, hasta seis parcelas industriales cercanas a Torre Outlet podrían cumplir los requisitos necesarios para ser recalificadas como suelo comercial. Estas parcelas, conocidas como “pastillas”, reúnen características similares a las de Torre Outlet: tener una superficie superior a 50.000 metros cuadrados; estar situadas dentro del cuarto cinturón de Zaragoza; encontrarse a menos de 100 metros de una zona residencial o urbanizable; un compromiso de las naves industriales de alrededor de irse de la superficie; poder concentrarse bajo un único propietario, condición que Sancho considera la más sencilla de cumplir, ya que bastaría con adquirir la totalidad de la parcela.

A juicio de Sancho, esto significa que el Ayuntamiento no solo estaría tratando de legalizar un centro comercial declarado ilegal por los tribunales en cuatro ocasiones, sino que además estaría abriendo la puerta a una expansión masiva de nuevas superficies comerciales en Zaragoza. De hecho, ha llegado a advertir de la posibilidad de crear un “super megacentro comercial”, varias veces más grande que el actual complejo de Torre Outlet. Explicó también que algunas de las parcelas identificadas alcanzan dimensiones muy elevadas, con superficies de 71.000, 136.000, 78.000, 58.000, 72.000 y 59.000 metros cuadrados. Aunque todavía faltaría determinar si pertenecen a un único propietario o a varios, Sancho ha minimizado esta cuestión al considerar que la propiedad puede concentrarse fácilmente mediante compras, mientras que otras condiciones urbanísticas son mucho más difíciles de modificar.

El presidente de la FABZ también apunta que los efectos de esta recalificación no se limitarían a la carretera de Logroño, sino a otras zonas de la ciudad como la carretera de Castellón o Cogullada también podrían verse afectadas por modificaciones similares, convirtiéndose en nuevos espacios susceptibles de explotación comercial. Sin embargo, el expediente municipal no incluye ningún análisis sobre cómo estos cambios afectarían al conjunto de Zaragoza, ni desde el punto de vista comercial, ni en términos de movilidad o seguridad.

Sancho ha acusado al Ayuntamiento de actuar sistemáticamente para esquivar las resoluciones judiciales y recuerda que los tribunales han declarado ilegal el proyecto en varias ocasiones y que, lejos de aceptar esas decisiones, el gobierno municipal ha respondido impulsando sucesivas modificaciones urbanísticas para intentar adaptar la normativa al centro comercial. La dinámica lleva produciéndose desde hace doce años y constituye una estrategia permanente de “huida hacia adelante”. También recuerda que una modificación anterior del Plan General promovida por el actual responsable de Urbanismo ya fue anulada por los tribunales.

En este contexto, la FABZ reclama al Ayuntamiento que retire el expediente previsto para aprobación en el Pleno municipal y que paralice el proceso hasta elaborar todos los informes técnicos necesarios. Sancho ha insistido en que lo primero que debería hacer el consistorio es reconocer públicamente que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido ilegales. Solo a partir de ese reconocimiento, dijo, podría abrirse un diálogo serio sobre posibles soluciones. Sin embargo, denuncia que durante todos estos años Urbanismo “nunca se ha puesto en contacto con las entidades vecinales para escuchar sus planteamientos ni buscar acuerdos”.

Con respecto al argumento del empleo utilizado por el Ayuntamiento para defender la continuidad de Torre Outlet, Sancho ha cuestionado la sinceridad de ese discurso y aseguró que el gobierno municipal solo utiliza la defensa de los puestos de trabajo cuando le interesa políticamente. Como ejemplo, mencionó despidos y recortes anteriores en servicios municipales como en la propia Federación de Barrios o las Casas de Juventud donde, según él, no existió la misma preocupación institucional. En su opinión, el empleo no puede servir como justificación para mantener actuaciones urbanísticas declaradas ilegales por los tribunales.

Asimismo, ha denunciado el desgaste económico y judicial que esta situación provoca en las entidades vecinales. Explica que cada recurso contencioso supone un importante coste económico para asociaciones y ciudadanos, mientras que el Ayuntamiento continúa litigando utilizando dinero público. Pese a ello, ha dejado claro que la FABZ no piensa abandonar la batalla judicial después de doce años de conflicto. Advirtió que, si el Ayuntamiento sigue adelante con la modificación, volverán a recurrir a los tribunales y existen otras vías legales.

Sancho también ha incidido en que que Zaragoza ya es una de las ciudades europeas con mayor concentración de metros cuadrados de centros comerciales y alerta de que esta modificación podría agravar todavía más esa situación. Para la FABZ, el problema ya no afecta únicamente a Torre Outlet, sino al modelo de ciudad que se está impulsando y a las consecuencias urbanísticas, comerciales y sociales que podrían derivarse de este tipo de decisiones.

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario, este próximo lunes 1 de junio, a las 12.00 horas, para “alzar la voz contra la corrupción” tras conocerse el auto, de 83 páginas sobre el rescate por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, emitido por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que sostiene que “en el vértice de la estructura se sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero”.

La petición del pleno extraordinario, solicitada por el grupo municipal del PP el pasado viernes se ha debatido este martes y la alcaldesa, Natalia Chueca, ha acordado que se celebre el 1 de junio.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, ha argumentado esta petición al señalar que la ciudad “no puede quedar impasible ante la mayor degradación institucional de la democracia, ante la suma de hechos y hechos cada uno más grave que el anterior”.

Mendoza ha subrayado que “no hay precedentes en la historia de España” y, por primera vez, un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “esta imputado, entre otras cosas, por liderar una organización criminal”, además de tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales.

“Extrema gravedad”

“El expresidente del gobierno al frente de una organización criminal” ha enfatizado Mendoza para recalcar que es “otra trama de extrema gravedad, que jamás habría sido posible sin la intervención directa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que bendijo el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra”. “El problema no es sólo lo que hizo Zapatero, sino todo lo que permitió el gobierno de Sánchez y así lo queremos poner de manifiesto” ha precisado Mendoza en referencia al pleno extraordinario.

El Gobierno de España debe dar explicaciones “inmediatas” sobre el uso de dinero público, de todos los españoles para presuntamente fines privados y, por supuesto, “asumir” las responsabilidades que toquen asumir.

“Durante muchos años el socialismo nos habló de superioridad moral hoy realmente tienen que hablar de facturas falsas, de sociedades opacas, de pagos de rescates, de joyas en cajas fuertes y de secretarias”. Tras dejar claro que esa es la realidad del socialismo actual, Mendoza ha exigido a los concejales del PSOE que “den la cara” el próximo lunes y “dejen de ser cómplices de los desmanes de Sánchez, del Sanchismo y de su partido”.

A su juicio, la izquierda municipal, el Partido Socialista “tendrá que elegir o estar con la legalidad o estar con los corruptos”, ha diferenciado. Según Mendoza los zaragozanos merecen saber de qué lado están sus representantes públicos. El PP, “desde luego está del lado de la legalidad y la justicia y la de exigir todo tipo de responsabilidades que sean necesarias” para preguntar a los socialistas de qué lado están.

La Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada este lunes en Zaragoza ha concluido con el compromiso de reforzar la presencia policial en barrios zaragozanos de Delicias y Las Fuentes y avanzar en la puesta en marcha del sistema VioGen en la capital aragonesa. Policía Nacional y Policía Local intensificarán la coordinación operativa tras el repunte de robos registrado durante las últimas semanas.

El encuentro ha permitido analizar el desarrollo de la operación Mangosta, desplegada por Policía Nacional tras detectarse una sucesión de robos cometidos mediante el método del 'alcantarillazo', consistente en utilizar tapas de registro o alcantarillas para fracturar escaparates y acceder a comercios durante la noche.

Según el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el operativo acumula ya más de 40 detenidos y alrededor de 50 hechos esclarecidos y continuará activo, reforzando especialmente en horario nocturno mediante una reorganización de turnos y una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local.

Entre las medidas acordadas figura el incremento de patrullas entre la una y las seis de la madrugada, la franja en la que se concentraban la mayoría de los delitos. También se estudiará la combinación de vehículos uniformados y patrullas de paisano para mejorar tanto la capacidad preventiva como las detenciones.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que continuará ampliando la red de cámaras de videovigilancia y que los barrios más afectados por estos robos estarán entre las zonas prioritarias para futuras instalaciones.

'Pullitas' cordiales

La reunión entre la alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón llegaba precedida de semanas de reproches cruzados a golpe de declaración y comparecencia pública. Y aunque ambos dirigentes se esforzaron este lunes en subrayar la “cordialidad” del encuentro tras la Junta extraordinaria de Seguridad, las diferencias volvieron a asomar entre líneas, con varios recados lanzados en formato institucional y sonrisa diplomática.

Natalia Chueca abrió su intervención reivindicando el papel del Ayuntamiento en la convocatoria de la reunión y dejando claro desde el primer minuto quién había movido ficha. La alcaldesa recordó que fue ella quien solicitó el pasado 6 de mayo la Junta Local de Seguridad ante el aumento de delitos en Delicias y Las Fuentes para “conocer los medios que se están poniendo” por parte de quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil.

La respuesta de Fernando Beltrán llegó pocos minutos después y con puntualización incluida. El delegado del Gobierno quiso dejar claro que la maquinaria policial ya estaba en marcha antes de recibir la carta de la alcaldesa. “La operación arranca incluso antes de recibir la carta de la alcaldesa, ya se sabía que estaban esos hechos delictivos en marcha”, subrayó al detallar la operación Mangosta. Traducido al lenguaje político: gracias por la preocupación, pero nosotros ya estábamos trabajando en ello.

Beltrán también aprovechó para recordar el reparto competencial en materia de seguridad cuando explicaba que la ley atribuye al Estado la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero añadió que ese trabajo se desarrolla “con otro conjunto de instrumentos” en los que participan también las policías autonómicas, las policías locales e incluso la seguridad privada.

Ni siquiera el debate sobre cómo reforzar la vigilancia nocturna escapó a ese pequeño pulso institucional. Mientras desde el Ayuntamiento se defendía una mayor presencia visible de patrullas, el delegado del Gobierno bajó el asunto “al terreno muy técnico” para explicar que los coches rotulados tranquilizan al ciudadano… pero también alertan a los delincuentes. Según Beltrán, los vehículos camuflados permiten “muchísimo mejor la identificación y las detenciones”. Una forma elegante de decir que no todo se arregla con más luces azules.

El intercambio más fino llegó, sin embargo, al final de la comparecencia. Preguntado por las diferencias mantenidas en las últimas semanas sobre inmigración y regularización, Beltrán despachó el asunto con rapidez: “No lo hemos tocado en esta Junta Local de Seguridad, porque en este momento no produce problemas en materia de seguridad ciudadana”.

La frase parecía destinada a cerrar el debate, pero la alcaldesa recogió el guante poco después, cuando fue preguntada por el futuro del Real Zaragoza tras el descenso. Chueca defendió que la situación deportiva del club no debía mezclarse con el proyecto de la Nueva Romareda y aprovechó la explicación para deslizar una réplica indirecta: “Igual que ahora no hemos hablado de la seguridad en esta Junta Local de Seguridad y no hemos hablado del proceso de regulación de inmigrantes, porque si lo mezclásemos todo sería todo más complicado”.

Otro de los enfrentamientos entre ambas administraciones residía en la implantación del sistema VioGen que permitirá a la Policía Local colaborar en el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Durante los últimos meses, la alcaldesa había reclamado públicamente en varias ocasiones la incorporación de Zaragoza al sistema estatal de seguimiento de víctimas de violencia de género, llegando incluso a reprochar al Gobierno central la lentitud del proceso. Sin embargo, este lunes la pelota quedaba en el propio Ayuntamiento. El delegado del Gobierno se ha limitado a esperar hasta que Chueca designe los efectivos, mientras la alcaldesa ha explicado que las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de la nueva unidad se encuentran ya en su fase final y que la previsión es iniciar la formación en las próximas semanas.

Pero no todo han sido pullas. Ambos responsables institucionales han coincidido, aunque no con Vox, en trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más seguras de España y que los recientes episodios delictivos registrados en algunos barrios responden a situaciones coyunturales y no estructurales. En este sentido, el delegado del Gobierno ha destacado que la capital aragonesa presenta índices de criminalidad “10, 15 o incluso 20 puntos por debajo” de otras ciudades españolas de tamaño similar, mientras que la alcaldesa insistió en que Zaragoza mantiene “un índice de delitos reducido en proporción a su población”.

El malestar crece entre los pequeños comerciantes adheridos al programa Volveremos, la iniciativa estrella del PP para incentivar el consumo en el comercio local, después de que muchos hayan descubierto que Hacienda les obliga a tributar por cantidades que aseguran no haber recibido como ayudas reales. Algunos negocios ya advierten de que no volverán a participar en próximas campañas por sentirse “engañados” y “desamparados” ante un sistema que, denuncian, les ha generado un problema fiscal inesperado.

La polémica ha evidenciado además el desacuerdo sobre la responsabilidad de cada administración en la gestión del programa: mientras numerosos comerciantes sitúan el origen del problema en la entrada del Gobierno de Aragón, Zaragoza en Común señala directamente a la falta de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de las subvenciones.

Todo ello ocurre, además, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, cuya nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas entre comercios y consumidores.

El funcionamiento del programa se articula a través de una aplicación móvil. Los clientes generan un saldo o reembolso al realizar compras en establecimientos adheridos y posteriormente pueden utilizarlo en futuras adquisiciones dentro de la red comercial participante.

Según los comerciantes, el conflicto surge, especialmente entre los que tributan por módulos, tras la incorporación del Gobierno de Aragón al programa en 2025. Según explican, el dinero que adelantaron a los clientes aparece ahora computado automáticamente como subvención en una casilla de la declaración de la renta. “Los autónomos por módulos no nos podemos escapar”, resumen tres comerciantes del barrio de San José. Esto implica que muchos autónomos tienen que tributar por un dinero que, aseguran, nunca ha supuesto un ingreso real para ellos. Las cuantías oscilan entre los 100 y los 500 euros, según los afectados consultados.

“Yo no he recibido ninguna subvención”

L.V., propietario de una charcutería en el barrio de San José, asegura que nunca ha percibido una ayuda directa, sino únicamente el reembolso del dinero adelantado a los clientes mediante la aplicación del programa. Explica que los consumidores generan un saldo que utilizan en distintos comercios y que, hasta ahora, “el Ayuntamiento nos devolvía el dinero adelantado, tramitado a través de la Cámara de Comercio”.

El comerciante critica además la falta de información. Afirma que conoció esta situación a través de la asociación de comerciantes del barrio y denuncia que Hacienda ya refleja el importe como subvención.

“Durante años hemos funcionado muy bien con el Ayuntamiento y no ha pasado nada de esto. El problema ha sido al entrar el Gobierno de Aragón. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque yo no he recibido ninguna subvención. He facilitado una gestión y no he recibido más cantidad que la venta de mis productos”, sostiene.

Aunque reconoce que en las bases de la DGA aparece expresamente el término “subvenciones”, considera que “es un sinsentido y está mal hecho”. Además, teme que puedan producirse revisiones fiscales con carácter retroactivo.

“Me siento engañado y estafado”

También C.M, propietario de una tienda de moda y complementos en la avenida San José, expresa su malestar: “Me siento engañado, estafado y, si esto sigue así, no volveré a participar en el programa”, afirma.

Este comerciante coincide en que la situación cambió con la incorporación del Gobierno de Aragón a las últimas campañas. Insiste en que el verdadero beneficiario del programa es el cliente, ya que los descuentos recaen sobre sus compras, mientras que los comerciantes únicamente adelantan el dinero.

“El saldo generado lo paga tarde y mal la Cámara de Comercio y encima ahora nos computa como subvención”, denuncia.

Además, critica las diferencias entre quienes tributan por estimación directa y quienes lo hacen por módulos. Según explica, a los primeros se les han ofrecido indicaciones sobre cómo proceder fiscalmente, mientras que quienes tributan por módulos no tienen margen de actuación porque “la casilla ya aparece”.

“Estoy esperando que alguien me explique qué subvención he recibido. Yo lo que he hecho es el favor de adelantar una gestión, pero no me he beneficiado de ninguna cantidad. El dinero era mío y la venta es de mi producto”, añade.

C.M. también subraya que negocios como el suyo, dedicados a productos no esenciales, reciben un impacto distinto al de otros sectores como alimentación o electrodomésticos. Explica que muchos clientes terminan gastando los restos del saldo acumulado en comercios más pequeños o especializados y por tanto, tienen menos margen de beneficio. A esto se suma, dice, la atención que deben prestar a los clientes cuando la aplicación falla, pese a no tener ninguna responsabilidad técnica sobre ella.

“Es una labor social. Es bonito ver que los clientes se pueden beneficiar de descuentos y es verdad que el comercio se dinamiza, pero nosotros no ganamos nada”, concluye.

“El beneficiario es el cliente”

S.S., propietaria de una tienda de ropas de hogar también rechaza que las cantidades adelantadas puedan considerarse subvenciones. “Eso sería recibir una cantidad sin contraprestación de servicio o producto y yo estoy ofreciendo un producto. El beneficiario es el cliente”, afirma.

La vendedora insiste en que los negocios han dejado de cobrar temporalmente una parte de sus ingresos, pero sin obtener ningún beneficio adicional.

Sánchez considera igualmente que el problema surge tras la entrada del Ejecutivo aragonés en el programa: “Es un programa maravilloso nacido en la post-pandemia para incentivar el pequeño comercio, que ha tomado unas dimensiones y se les ha ido de las manos”.

Como solución, propone aplicar en la declaración del próximo año una desgravación autonómica equivalente al importe tributado este año en la declaración de la renta. “Este año no nos libramos: nos toca pagar y aguantarnos, pero el siguiente tiene que venir con la solución o no nos sumaremos al programa”, advierte.

S.S. habla de una “total injusticia” y asegura que “los gestores están que trinan”. En su caso, ha tenido que pagar 120 euros adicionales, aunque asegura conocer compañeros que han llegado a abonar más de 500 euros. “Es una pena porque se ha hecho con buena voluntad, pero se ha liado”, lamenta.

Ante la creciente preocupación, la Asociación de Comerciantes convocó una reunión este miércoles en las oficinas de FECOM, en Plaza Roma, con un responsable técnico de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón para resolver dudas sobre la tributación del programa, si bien los afectados no salieron satisfechos por la falta de empatía: “reconocen que algunos tenemos un problema pero te dicen que si no te interesa, que no te apuntes. Sin embargo, la clientela ya está acostumbrada y si ahora les dices que no estás en la aplicación, podríamos perder clientes”, se queja C.M. Igualmente, lamenta que las asociaciones de comerciantes no se hayan implicado a defender a una parte del comercio.

Zaragoza en Común responsabiliza al Ayuntamiento

Frente a la opinión de los comerciantes sobre las responsabilidades administrativas, el grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) considera que el problema deriva de la “opacidad y mala gestión” del Ayuntamiento de Zaragoza en la comunicación de los datos a la Base Estatal de Subvenciones.

El concejal Suso Domínguez sostiene que el Consistorio solo habría subido información de 752 de los 2.352 comercios adheridos al programa, lo que habría provocado que algunos establecimientos hayan recibido avisos fiscales mientras otros no han obtenido ninguna información clara ni instrucciones por parte del Ayuntamiento o de la Cámara de Comercio. “Mientras el Gobierno de Aragón subía los datos a transparencia, el Ayuntamiento ha seguido sin hacerlo”, compara.

Según Domínguez, ya en la segunda convocatoria del programa en 2021 existían informes de la intervención municipal que calificaban estas ayudas como subvenciones sujetas a la Ley General de Subvenciones. Sin embargo, denuncia que el Gobierno municipal de Natalia Chueca no ha actualizado correctamente los datos en la plataforma estatal y que solo recientemente, tras las quejas de ZEC, se han incorporado algunos registros de 2024.

El edil alerta de que esta situación está generando “incertidumbre y malestar” entre comerciantes que participaron “de buena fe” y que ahora se sienten desamparados ante posibles consecuencias fiscales. Además, teme que Hacienda pueda revisar ejercicios anteriores.

ZEC asegura que en el programa Volveremos de 2024 aparecen computados 4,9 millones de euros gestionados por la Cámara de Comercio, aunque solo constan registrados 2,3 millones en la base nacional de subvenciones. Es decir, “hay 2,5 millones que siguen sin aparecer pese a ser obligatorio y no sabemos a qué han sido destinados”, denuncia el grupo municipal.

Según Zaragoza en Común, muchos comerciantes descubrieron en esta campaña de la renta cantidades que desconocían y que nunca se les había advertido que debían declarar. Solo consta, aseguran, una circular enviada por la Cámara de Comercio en abril de 2026 informando de que algunas cuantías podrían aparecer reflejadas en Hacienda.

Para ZEC, todo ello evidencia “el caos y la falta de control” en el Área de Economía del Ayuntamiento y exige máxima transparencia sobre los 20 millones de euros destinados al impulso del comercio local. A juicio de Suso Domínguez, “son los datos mejor guardados del mundo”, aludiendo a la “opacidad” de las cuentas, por lo que ha vuelto a exigir una auditoría externa e independiente.

Por su parte, el consejero municipal Carlos Gimeno (PP) respondió a las críticas acusando a Zaragoza en Común de mostrar “una clara aversión a todo lo que sea bueno para el pequeño comercio”.

Respecto a la petición de una auditoría externa, Gimeno defendió los mecanismos de control del Ayuntamiento y recordó que las subvenciones están sujetas tanto a la intervención municipal como al control financiero posterior.

El edil explicó además que la publicación de ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) tiene un periodo de visibilidad limitado por ley. Según detalló, el Real Decreto 130/2019 redujo el tiempo de permanencia pública de las ayudas concedidas a personas físicas para evitar la elaboración de perfiles personales.

De este modo, las subvenciones concedidas a personas físicas permanecen visibles durante el año de concesión y el siguiente, mientras que las destinadas a personas jurídicas se mantienen publicadas durante cuatro años.

Gimeno recordó que el programa Volveremos 2024 en la capital contó con un importe final de 4,86 millones de euros y 2.045 beneficiarios únicos, y aseguró que la información sigue conservándose internamente, aunque ya no sea visible públicamente pasado el plazo legal. Asimismo, defendió que los datos correspondientes a 2025 sí pueden consultarse íntegramente en la plataforma estatal.

Volveremos en cifras

El programa Volveremos nació en 2020 impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y en 2024 se incorporó el Gobierno de Aragón. Su objetivo es fomentar las compras en pequeños comercios y dinamizar la actividad comercial en zonas urbanas y rurales de Aragón.

Según el informe de la Cámara de Comercio publicado este año, para los establecimientos adheridos “la aceptación de este saldo Volveremos como medio de pago se traduce en la percepción de una subvención a fondo perdido que cubre el 100% del importe del saldo admitido”.

El documento añade que la ayuda se clasifica como subvención a la explotación destinada a compensar parte del precio de venta de las operaciones comerciales, conforme a la Orden EEI/691/2024.

En 2025, el programa generó compras por valor de 98 millones de euros en el comercio de proximidad aragonés. El Gobierno de Aragón aportó 5 millones de euros, cantidad similar a la invertida por 62 ayuntamientos. A través de Volveremos se realizaron más de 1,15 millones de transacciones en 3.412 comercios y actualmente la plataforma cuenta con 136.400 usuarios.

El programa ha pasado de contar con 22 municipios participantes en 2024 a 72 en 2026 y, según los datos oficiales, por cada euro invertido se generaron más de diez euros en actividad comercial.

Además, las compras realizadas permiten pagar hasta el 50% del importe del ticket utilizando el saldo acumulado, tanto autonómico como municipal.

Mientras se desarrolla este momento de incertidumbre sobre el futuro de Volveremos, la nueva edición sigue sin arrancar pese a las expectativas generadas, especialmente entre los consumidores.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha licitado una parcela municipal de 26.500 metros cuadrados en Valdespartera para la construcción y explotación del futuro Centro Deportivo Municipal (CDM) Distrito Sur, un proyecto que incluye piscinas de uso público y un complejo deportivo privado cuya gestión recaerá en la empresa Enjoy Wellness Promoción Deportiva S.L.

La operación contempla una concesión de 75 años sobre un suelo municipal valorado en aproximadamente 2 millones de euros, mientras que el canon que abonará la adjudicataria durante todo ese periodo apenas superará los 1,8 millones, sin llegar a cubrir el coste del suelo, según ha denunciado este viernes la concejal socialista Marta Aparicio.

Además, el Gobierno municipal ha aprobado esta semana en la Comisión de Hacienda una declaración de especial interés para conceder beneficios fiscales a la empresa adjudicataria dentro de las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal. Aparicio ha recordado que este tipo de medidas “son legales, pero eso no significa que estén bien hechas”.

La edil socialista ha criticado que el Ayuntamiento vaya a asumir también una inversión cercana a 5 millones de euros para construir el Centro Deportivo Municipal integrado dentro de las instalaciones que posteriormente explotará la empresa privada. “Con la excusa de dotar al barrio de unas piscinas públicas, lo que hace Chueca es regalar suelo público y asumir inversiones millonarias para favorecer un negocio privado”, ha señalado.

Según las estimaciones del PSOE, si al reducido canon concesional se le descuentan tanto la inversión municipal como las bonificaciones fiscales aprobadas, la operación supondrá “una propina de alrededor de 4 millones de euros” para la adjudicataria.

Aparicio ha enmarcado esta actuación dentro de la política de beneficios fiscales impulsada por el Gobierno municipal a través del llamado Plan de Atracción de Empresas. “Solo hay que recordar las ayudas y bonificaciones concedidas a proyectos como Nueva Romareda, Quirón, Costco, Becton Dickinson o Tiro de Pichón”, ha señalado, lamentando que estas decisiones coincidan con la subida de tasas como el agua o las basuras para la ciudadanía.

La concejal socialista ha acusado además a Natalia Chueca de convertir el patrimonio municipal “en una herramienta al servicio de intereses privados”, citando otros proyectos como Giesa, Etopia o las piscinas de La Almozara. “Estamos hablando de cómo el Ayuntamiento está entregando patrimonio público mientras se exige más esfuerzo económico a los vecinos”, ha concluido.

“Se oponen a proyectos que generan riqueza y empleo”

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha reaccionado a las críticas socialistas lamentando que ese opongan a la llegada de proyectos empresariales que generan riqueza y empleo en la ciudad. “El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que tanto critica el Grupo Municipal Socialista, ha demostrado su utilidad para facilitar la llegada y la ampliación de empresas que están creando cientos de puestos de trabajo, muchos de ellos además cualificados”.

Además, alega que las bonificaciones fiscales de los proyectos que cumplen las condiciones del Plan Fiscal de Atracción de Inversiones son proporcionales a su creación de empleo y volumen inversor, tal y como está legalmente establecido en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza.

En este caso, además reprocha al PSOE que cargue contra el proyecto del Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, “un equipamiento altamente demandado por los vecinos de Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal, que por fin este Gobierno municipal va a hacer realidad. Y lo va a hacer, del mismo modo que en el CDM Aljafería, con el menor coste financiero posible para el Ayuntamiento, para no hipotecar a las generaciones futuras, haciendo compatible la puesta en marcha de grandes equipamientos municipales con la reducción de la deuda que durante años dispararon los gobiernos socialistas”, han concluido fuentes del equipo de gobierno.

La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado en su informe anual de control interno correspondiente a 2025 la existencia de “injerencias” y presiones por parte de gestores municipales durante la tramitación de expedientes. El documento, firmado por el interventor general, asegura además que durante el último año “ha aflorado una práctica deplorable” por parte de responsables municipales, que han tratado de influir en la interpretación de la legislación y en el sentido de los informes emitidos por este órgano.

El documento recoge que ya en el ejercicio anterior se había advertido de “la profunda injerencia” que suponía la remisión de expedientes “con exigencia de su emisión en plazos estrambóticos”, justificados por la necesidad de elevarlos al órgano competente pese al tiempo que habían permanecido previamente en tramitación en los servicios municipales. Sin embargo, la Intervención sostiene que la situación no solo se ha mantenido durante 2025, sino que además se han producido actuaciones más graves. En concreto, el documento señala que “hay gestores que se permiten el ‘lujo’ de dirigirse a la Intervención General indicando cómo debe interpretar la legislación aplicable a ‘su caso’ e indicando el sentido del informe a emitir”.

El informe no concreta a qué responsables se refiere ni identifica áreas municipales concretas, aunque sí advierte en distintos apartados de problemas reiterados en contratación, subvenciones, control del gasto y fiscalización de expedientes. Entre otras cuestiones, habla de un “elevado volumen de gasto irregular”, contratos sin cobertura contractual o deficiencias en la planificación de la contratación pública.

“Quien consiente o mira es cómplice”

Estas afirmaciones se han abordado en la Comisión de Hacienda celebrada este jueves. La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha preguntado a la consejera de Hacienda, Blanca Solans, si “apoya, consiente o condena” estos comportamientos denunciados por la Intervención. Tomás también ha reclamado que el Gobierno municipal solicite al servicio de Intervención los nombres y responsabilidades de las personas que habrían intentado influir en las decisiones del órgano fiscalizador para abrir expedientes y apartarlas cautelarmente de sus funciones mientras se investigan los hechos. “Quien los consiente o mira para otro lado es cómplice”, ha afirmado la portavoz de ZeC, que ha pedido medidas para garantizar que el interventor pueda desarrollar su trabajo “sin nadie que le presione y le dicte resoluciones”.

Marta Aparicio, concejal socialista, ha criticado que esta situación se perpetúe en el tiempo, puesto que en el informe de 2024 ya se hablaba de injerencias. “Hace un año le decía que ustedes hacen todo lo posible por huir del control, del control de la intervención, del control de la oposición, del control de los medios de comunicación, del control de los ciudadanos. Y también le decía que al final, todo sale a la luz. Pero se están pasado, se creen tan por encima de todo y de todos que piensan que pueden hasta darle instrucciones a la intervención de lo que tiene que hacer”. Ha lamentado asímismo que falte personal y espacio en Intervención: “Mal que les aprieten con los plazos, mal, todo muy mal y se lo decía el año pasado ya. Pero creo sinceramente que esto va mucho más allá de su incapacidad de gestión y de planificación”.

Mientras, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado “extraordinariamente grave” el escrito y ha explicado que pedirá al interventor “que precise qué áreas y expedientes concretos se han visto afectados por las injerencias y la práctica deplorable que denuncia”. “Estamos hablando de que está denunciando interferencias del Gobierno municipal sobre el control interno del Ayuntamiento de Zaragoza”, ha destacado. A su vez, ha incidido en el hecho de que el equipo de gobierno no haya elaborado –como también afea el órgano de control– un Plan de Acción en el que se deben establecer “las medidas correctoras de las deficiencias” detectadas en el pasado.

Por su parte, Solans ha evitado entrar en posibles responsabilidades concretas: “No apruebo estas conductas pero no puedo pronunciarme por algo que no se ha puesto en mi conocimiento”, ha respondido la consejera, que ha añadido que “para mejorar se necesita concretar aquello que de una forma general se dice”. La responsable municipal de Hacienda también ha defendido que muchas de las recomendaciones recogidas en el informe se han ido aplicando desde las distintas áreas municipales, aunque ha admitido que el plan de acción exigido por Intervención “no se ha documentado como tal”.

“Gasto irregular” y contratos sin cobertura

Más allá de las referencias a las presiones denunciadas por la Intervención, el informe anual de control interno del Ayuntamiento de Zaragoza también advierte de otras deficiencias en la gestión municipal. Entre ellas, menciona la existencia de un “elevado volumen de gasto irregular”, expedientes tramitados sin fiscalización previa y contratos que continúan prestándose “sin cobertura contractual”.

El documento también pone el foco en problemas “recurrentes” en subvenciones, contratación pública y control del gasto. En concreto, señala “deficiencias” en la tramitación de contratos menores, dificultades para controlar el gasto derivado de grandes contratos municipales y “retrasos” en la planificación y adjudicación de contratos públicos.

La Intervención también insiste en que carece de medios personales suficientes para desarrollar sus funciones de control de forma “eficaz y eficiente”. El informe recoge vacantes sin cubrir, falta de personal técnico y hasta problemas de espacio físico para incorporar nuevos trabajadores al servicio.

Si la sombra de Agapito Iglesias se cernió sobre el PSOE aragonés la década pasada, la figura de Jorge Mas –flanqueado por Joseph Oughourlian, Mariano Aguilar y el sempiterno Juan Forcén– promete hacer lo mismo con el PP aragonés, y en especial con Jorge Azcón y Natalia Chueca. Si hace no mucho alardeaban del proyecto deportivo y trataban de rascar votos dentro de La Romareda –aupados por la anterior propiedad–, ahora la espantada de ambos del palco de autoridades es tan llamativa como histórico el descalabro del club, abocado al descenso al fútbol semiprofesional. Una situación crítica que tendrá unas implicaciones en el pago por el nuevo estadio –más de 150 millones de euros públicos comprometidos hasta el momento– aún difíciles de calibrar.

El aficionado zaragocista guarda ya en la retina varias fotos para el recuerdo (negativo), pero una sobresale al resto: la del 23 de mayo de 2019, apenas a tres días de las elecciones municipales. Ese jueves, el entonces candidato por el PP Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, recorrió el césped de La Romareda junto con el ahora expresidente del club, Christian Lapetra, y el exvicepresidente, Fernando Sáinz de Varanda, para presentar su proyecto de nuevo estadio. Una utilización electoralista del Real Zaragoza, amparada por la propiedad –entonces, con César Alierta como máximo accionista–, que ya despertó fuertes críticas del resto de los partidos. En el colmo del absurdo, la sociedad anónima deportiva se vio obligada a sacar un comunicado de descargo y a recibir al día siguiente al cabeza de lista de Demos Más a la Alcaldía, Raúl Burillo.

Así empezó la historia con el club blanquillo de Jorge Azcón, a quien de manera progresiva se iría uniendo Natalia Chueca. Al menos la historia pública, porque la privada venía de antes, con un nombre destacado: el constructor Juan Forcén, amigo íntimo del dirigente aragonés e hilo conductor del consejo de administración del Real Zaragoza SAD desde el final de los tiempos de Agapito Iglesias. Hijo del histórico del PAR Isabelo Forcén, el empresario fue el principal responsable de traer a la capital aragonesa los inversores que ahora han llevado a un club histórico al borde del precipicio deportivo.

Unos inversores con nulo arraigo en la ciudad y en la sociedad aragonesa, vinculados en exceso al Atlético de Madrid y cuya cabeza visible, el millonario cubanoamericano Jorge Mas, es el presidente más invisible del fútbol profesional. Tanto que vive al otro lado del Atlántico, que apenas ha pisado el club y que está más pendiente de su equipo en Miami, con Messi al frente, y de arbitrar la reconquista de Cuba por parte de Donald Trump desde la Fundación Nacional Cubano Americana.

Junto a Mas aparece el máximo accionista del grupo Prisa, Josep Oughourlian, también principal propietario del club aragonés a través de la sociedad Gloval Tavira.

Ninguno de ellos dio la cara el pasado domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza cosechó una humillante derrota por 1-3 frente a un Sporting de Gijón que llegaba de vacaciones. Tampoco estuvieron el presidente Azcón o la alcaldesa Chueca, quienes han sido habituales cuando el viento soplaba a favor. Curiosamente, el único representante político de peso en el palco fue el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista”, afeó el lunes su número dos en la DPZ, Teresa Ladrero.

'Esta ruina empezó en los despachos', se podía leer en el campo de fútbol el domingo y también en redes sociales. Así, gran parte de la desastrosa mochila que arrastra el Real Zaragoza se atribuye al empresario soriano Agapito Iglesias, propietario en la etapa del socialista Marcelino Iglesias –a quien se ligó desde el primer momento– y que protagonizó una etapa marcada por la polémica, con procesos judiciales por supuesta compra de partidos que quedaron en nada y por un descenso a Segunda División pese a tener el presupuesto más alto de la historia, con una plantilla planificada para luchar por acceder a la Liga de Campeones: la deuda arrastrada por ese descalabro y los desmanes posteriores aún no se ha terminado de enjugar, quince años después.

A Iglesias le sucedió la Fundación 2032, con César Alierta al frente y otros empresarios aragoneses a su lado, Juan Forcén entre ellos. Pese a que consiguieron librar a la sociedad anónima deportiva de la liquidación y redujeron la deuda a través de un concurso de acreedores, los resultados sobre el césped fueron mucho más mediocres y no solo no se logró el ascenso, sino que la deriva fue cada año peor.

Ocho años después, a finales de 2022, llegaron los actuales propietarios, que no se han podido desembarazar de las sospechas de haber desembarcado en Zaragoza con un único fin: sacar rédito de la construcción del nuevo campo. El propio Jorge Mas está haciendo lo mismo en el Atlético Miami. Y como evidencia sólida aparece su cercanía al poder político del PP en Aragón, de nuevo con un enlace conocido: Juan Forcén.

De la mano de Azcón y Chueca, los propietarios del Real Zaragoza SAD han ido dando pasos para levantar la nueva Romareda. Un paso tras otro, todos en apariencia orquestados. Ni un euro iba a costar a las arcas públicas, según dijeron ambos dirigentes populares. Entonces la propiedad del club alegó que 40 años de explotación del campo, como se estableció en un principio, no eran suficientes, y el PP aceptó aumentarlos a 75 a través de la figura del derecho de superficie. Podemos recurrió al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y logró paralizar provisionalmente el proyecto en junio de 2023, pero el Tribunal Superior de Aragón revirtió esta decisión en menos de un mes. Pese al breve lapso temporal, el Real Zaragoza SAD arguyó que la inseguridad jurídica creada le obligaba a renunciar a la construcción: esto sirvió de excusa por un lado para que entrara capital público a través de una sociedad mixta –con un socio privado elegido a dedo–, y por el otro para que Azcón y Chueca hayan atribuido desde entonces esta circunstancia a “la oposición”. El círculo se cierra.

O no, porque los problemas no han dejado de agravarse. El coste para las arcas públicas del nuevo estadio ha ido aumentando al mismo tiempo que se reducía la aportación privada: el Real Zaragoza incumplió con los 6,8 millones de euros que debía desembolsar en 2024, lo que obligó a reprogramar el calendario de pagos, y esperó hasta última hora para aportar los 10 millones comprometidos para el año pasado.

Las consecuencias económicas del descenso

Como recuerda la Cámara de Cuentas de Aragón en un reciente informe, la “viabilidad” de la sociedad La Nueva Romareda “está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos”, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Pese a esto, la propiedad del club seguirá pudiendo explotar el nuevo estadio en forma de eventos deportivos y musicales. La entrada de Vox en la sociedad, sin embargo, ha obligado al PP a adoptar una posición más vigilante, y la alcaldesa ya ha recordado más de una vez que el pacto parasocial suscrito a tres bandas fija una penalización en caso de incumplir con los pagos: de aplicarse las cláusulas correspondientes, la sociedad anónima deportiva se quedaría sin los beneficios de la mencionada explotación.

Y ahora llega el escenario del más que posible descenso, lo que también tiene implicaciones directas. En primer lugar, porque el pacto parasocial establece unas aportaciones anuales menores para el club en Primera RFEF: el canon fijo baja de 1,1 millones a 275.000 euros, un 75% menos. A cambio, el Real Zaragoza recibiría menos dinero de Ibercaja en concepto de 'naming': de un millón de euros a 500.000 en la tercera categoría del fútbol español, diferencia que tendría que devolver porque la entidad bancaria ya transfirió el total de 10 millones comprometido. Pero la incógnita más importante es si la drástica reducción en los ingresos televisivos y por entradas puede afectar al compromiso de los máximos accionistas con el nuevo cambio. Porque el cronograma para la sociedad anónima deportiva con La Nueva Romareda, como se ha dicho, se mantiene y es claro: 5 millones este año, 12 millones en 2027 y 7 más en 2028, hasta un total de 24 millones de euros. La consecuencia de no pagar a tiempo: el Real Zaragoza SAD se quedaría sin los ingentes ingresos por la explotación del campo durante los próximos 75 años.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal rebajará la sanción prevista para las personas sin hogar que duerman en la calle, parques y jardines. La nueva Ordenanza Cívica contemplaba inicialmente multas de hasta 3.000 euros al considerar esta conducta como una infracción “muy grave”, pero finalmente pasará a tipificarse como “leve”, con sanciones de entre 50 y 750 euros. Lo ha dicho en una entrevista en la COPE Zaragoza, pero no ha incluido ninguna modificación a otras medidas que sancionan a las personas vulnerables de la ciudad, como pedir dinero en la calle o vender pañuelos en un paso de peatones.

La regidora ha justificado el cambio asegurando que el Ayuntamiento ha escuchado las críticas trasladadas por las entidades sociales durante el periodo de exposición pública de la norma. “Uno de los puntos que más sorpresa ha generado ha sido el hecho de que las personas sin hogar no puedan pernoctar en la calle, parques y jardines y que eso sea una sanción muy grave”, ha reconocido.

“Hemos estado en comunicación con la coordinadora de entidades sin hogar y les hemos escuchado. Es verdad que que sea muy grave es muy duro”, ha señalado Chueca, quien ha avanzado que el texto se modificará para que la conducta pase a ser considerada una infracción leve. “Va a seguir dando instrumentos jurídicos para que la Policía permita que no se formen asentamientos como los que tuvieron lugar en el parque Bruil”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido que “la calle no es para mantener campamentos ni asentamientos”, aunque ha admitido que la sanción inicial era “excesiva e inasumible”. “Hablamos de pasar de unos 3.000 euros, que era muy grave, a unos 50 euros —la normativa municipal establece que las sanciones leves pueden ir de los 50€ a los 750€—. Lo importante es tener el instrumento jurídico”, ha afirmado.

La modificación llega después de la polémica generada por una ordenanza que castigaba con hasta 3.000 euros dormir en la vía pública, una medida que distintas entidades sociales y partidos de la oposición calificaron de criminalización de la pobreza. El Ayuntamiento de Zaragoza, además, participó en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, donde se recoge expresamente que las personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

Pese a este cambio, el texto mantiene otras medidas criticadas por colectivos sociales. Entre ellas, la prohibición de la denominada “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. También se sanciona la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo”, así como la venta ambulante irregular o ‘top manta’, castigada igualmente con multas de hasta 3.000 euros.

Chueca ha vinculado además el incremento de personas sin hogar con las políticas migratorias del Gobierno central. “El problema de las personas sin hogar está creciendo en toda España como consecuencia de un Gobierno nacional que tiene las competencias en inmigración y no está aplicando una política de integración”, ha asegurado. Según la alcaldesa, Zaragoza ha registrado “un incremento del 60%” de personas sin hogar en los últimos años, aunque ha defendido que la tasa continúa “muy por debajo de la media nacional”.

La alcaldesa también ha reivindicado las políticas municipales impulsadas durante su mandato. “He sido la alcaldesa que más ha hecho por las personas sin hogar”, ha afirmado, antes de destacar la reforma del albergue municipal con una inversión de seis millones de euros y el aumento de plazas disponibles. Según ha explicado, la ciudad ha pasado de contar con 349 plazas de atención a personas sin hogar a superar las 500 sumando recursos municipales y convenios con entidades sociales.