La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

Los profesionales del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza serán los encargados de pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar 2026. La ciudad reconocerá así la labor desarrollada durante un verano especialmente complicado por los incendios forestales, en el que sus efectivos han participado en diferentes intervenciones tanto en Zaragoza y Aragón como en otros puntos de España.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comunicado personalmente la decisión con un mensaje que se ha escuchado por megafonía en todos los parques de bomberos de la ciudad con el fin de expresar el agradecimiento de Zaragoza a quienes han estado en primera línea frente al fuego durante los últimos meses.

“Este año queremos que las primeras palabras de las Fiestas del Pilar sean las vuestras”, les ha anunciado la alcaldesa, quien ha destacado que “pocas personas representan mejor lo que queremos celebrar en nuestras fiestas: servicio, valentía, solidaridad y amor por los demás”.

La elección llega después de un verano especialmente exigente para los servicios de emergencias por los incendios registrados en diferentes puntos del país. Los efectivos del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil han trabajado frente al fuego en la propia ciudad y en distintos puntos de Aragón, pero también se han desplazado fuera de la comunidad para colaborar en dispositivos desplegados en otras zonas de España, como Madrid.

“Mientras muchos estábamos pendientes de las noticias, vosotros estabais allí: trabajando durante horas, enfrentándoos al fuego, protegiendo pueblos, montes, viviendas y, sobre todo, personas”, ha destacado la alcaldesa.

A través del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, el Ayuntamiento quiere hacer extensivo este reconocimiento a todas las personas que han trabajado frente al fuego durante este verano: los bomberos de otros puntos de Aragón y de España, los voluntarios de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de emergencias y todos los profesionales y voluntarios que han estado en primera línea.

El Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza está integrado actualmente por 492 profesionales. De ellos, 424 son bomberos, entre los que se encuentran 10 mujeres, y 46 son médicos, enfermeros y técnicos de atención sanitaria. La plantilla se completa con personal administrativo.

La historia del servicio municipal se remonta a 1863, año en el que se creó la Compañía Municipal de Bomberos de Zaragoza, origen del actual Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Desde entonces, su trayectoria ha estado ligada a la protección y seguridad de la ciudad y sus habitantes.

Los profesionales del Servicio asumirán así uno de los papeles protagonistas en el inicio de las Fiestas del Pilar 2026, cuando salgan al balcón del Ayuntamiento para pronunciar el pregón ante los miles de zaragozanos y visitantes congregados en la plaza del Pilar.

“Gracias por estar cuando más os necesitamos. Y este año, el primer aplauso de las Fiestas del Pilar será para vosotros”, ha concluido Chueca.

Venezuela será el país invitado

Las Fiestas del Pilar de este año tendrán a Venezuela como país invitado. La capital aragonesa homenajeará así al pueblo venezolano, a su riqueza cultural y a la resiliencia demostrada ante las dificultades que ha atravesado durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos que han golpeado recientemente al país.

Con esta distinción, Venezuela se convertirá en uno de los grandes protagonistas de las próximas Fiestas del Pilar. El momento central de su participación tendrá lugar durante la Ofrenda de Flores del 12 de octubre, cuando la bandera floral venezolana ocupará un espacio destacado en el manto de la Virgen del Pilar.

Dentro de la programación cultural se incluye el concierto de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por Manuel Jurado, músico venezolano afincado en España desde hace ocho años. Creada inicialmente para reunir a músicos venezolanos residentes en España, la agrupación ha evolucionado hasta convertirse en una orquesta sinfónica iberoamericana abierta a intérpretes de diferentes procedencias.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a VLZGZ SL, la promotora del Festival Vive Latino Zaragoza, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre en la capital aragonesa, por impedir la entrada con comida y bebida adquirida en el exterior del evento y por impedir el reacceso al recinto una vez empezados los conciertos.

La denuncia ha sido interpuesta ante la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón, ha informado la asociación de consumidores.

Facua ha podido comprobar que en la web del festival aparece como condición que “no está permitido entrar comida ni bebida del exterior” y que “el festival ofrece, además de horas de música en directo, una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos y preferencias”.

Además, también señala que “el horario de salida permitido será desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, pudiendo entrar nuevamente cuando se quiera mientras dure el festival. Del mismo modo, a partir de las 21.00 horas se podrá salir, pero no volver a entrar”.

En este sentido, FACUA se dirigió al Gobierno de Aragón para preguntarle si, tal y como recoge la normativa autonómica de espectáculos públicos, estas condiciones impuestas por el Vive Latino habían sido “visadas” por la administración autonómica, es decir, si el órgano competente había tenido conocimiento de ellas y dado su beneplácito.

El Gobierno de Aragón, sin embargo, respondió a la asociación indicando que “la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón no ha visado condiciones, instrucciones y reglas particulares de admisión al festival Vive Latino, en su edición del año 2026”.

Cláusulas “abusivas”

Facua ha recordado que la prohibición de acceder con alimentos del exterior no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del festival ni a ninguna otra causa objetiva, sino “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios”, forzando a los consumidores a adquirir bienes de consumo dentro del recinto a precios “notablemente superiores” a los que podrían encontrar en el mercado, restringiendo su libertad de elección y causándoles un perjuicio económico.

Así, esta práctica es la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor, ya que comer y beber dentro del recinto sí esta permitido, prohibiéndose únicamente si los alimentos no son adquiridos en el interior.

De igual forma, en cuanto a la prohibición del reacceso desde una determinada hora, la asociación ha considerado que esta medida se sustenta única y exclusivamente en criterios de rentabilidad para la promotora, buscando la empresa del festival su “enriquecimiento de manera ilícita”.

A su vez, entiende que no hay justificación para la aplicación de esta norma, pues si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al normal desarrollo del espectáculo o suponer un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reacceso a las mismas durante todo el evento.

Por todo ello, Facua ha instado a la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de Aragón a que investigue al Vive Latino Zaragoza por la imposición de cláusulas abusivas y le abra el correspondiente expediente sancionador.

La empresa mexicana EDF ha presentado por fin el aval de 300.000 euros para Distrito 7-Giesa, donde se va a ubicar la 'ciudad del cine' de Zaragoza. Lo ha hecho cuatro meses después de la adjudicación directa a cargo del Gobierno del PP, aunque el plazo era de 15 días, y tras haber presentado fuera de plazo la oferta en el concurso público previo. A pesar de todo esto, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado este miércoles que se trata de “una concesión con todas las garantías”, algo que la oposición pone en duda. Además, la regidora ha anunciado que se va a licitar el servicio de formación profesional que incluye el complejo, que inicialmente iban a ser entregado a dedo a San Valero: en todo caso –en palabras de la propia alcaldesa–, esta Fundación “tiene muchas probabilidades” de llevarse el concurso.

Una vez presentado el aval, el Ayuntamiento puede ya formalizar el contrato de la concesión demanial con la firma, lo que permitirá desbloquear la instalación, que ha costado 20 millones de euros. El objetivo, según ha manifestado la primer edil en una visita al complejo, es que a finales de octubre se lleve a cabo la entrega de las obras y que “como máximo en enero de 2027” haya ya actividad en Distrito 7.

Chueca se ha congratulado por estar encarando “el final de la transformación de lo que antes era una fábrica abandonada” en el barrio de Las Fuentes para dedicarlo a la industria audiovisual: “Zaragoza no tenía unas instalaciones a la altura de las necesidades”, ha afirmado la alcaldesa, que ha vuelto a calificar de “proyecto estratégico” Giesa.

El cronograma, ha afirmado, está “cumpliendo”. “Estamos hablando de más de 26.500 metros cuadrados de transformación manteniendo la esencia del propio edificio del principio del siglo XX”, ha señalado.

“Una empresa de gran reputación”

Respecto a la formalización del contrato con EFD, Chueca se ha felicitado por tener a “una empresa de gran reputación a nivel internacional”, lo que desde su punto de vista garantiza que la apuesta será un “éxito” y convertirá a Zaragoza en “un referente” de cara a “atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel”.

La regidora se ha referido también a las clases de FP audiovisual privado, que han tenido que retrasarse un año por el fracaso en los tribunales de la concertación educativa lanzada por el Gobierno de Aragón. Los “400 alumnos” llegarán el próximo curso.

Además, Chueca ha anunciado que el Gobierno del PP da marcha atrás a la adjudicación directa de este servicio al grupo San Valero –que gestiona entre otros la Universidad San Jorge– y sacará un concurso público para la FP privada, en el que la alcaldesa ya ha adelantado que el mencionado grupo tiene “muchas probabilidades” de ganar.

También se volverá a sacar a concurso la restauración del complejo, el tercero de los fracasos del proyecto de Giesa ya que quedó desierto. “Estamos estudiando cómo mejorar la licitación”, ha apuntado Natalia Chueca.

Un procedimiento “arbitrario”

Desde la oposición, el concejal del PSOE Horacio Royo ha lamentado “el empeño de Chueca en seguir adelante” con la adjudicación a una empresa que ha presentado los avales “fuera del plazo legalmente establecido”, en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial.

Royo ha exigido a la alcaldesa “volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos” en los usos de esta instalación que ha contado con fondos europeos. “Desde el Grupo Socialista solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre”, ha valorado.

El edil socialista ha calificado este nuevo hecho como una “huida hacia adelante de la propia alcaldesa” y recordaba que desde el PSOE seguiremos trabajando en pro de un proyecto favorable para los vecinos y para la ciudad.

Por su parte, Zaragoza en Común (ZEC) ha vuelto a mostrar su “preocupación por el modelo planteado para Distrito 7, un proyecto ubicado en el antiguo complejo de Giesa, patrimonio público municipal, para cuya rehabilitación y equipamiento el Ayuntamiento de Zaragoza prevé destinar más de 20 millones de euros de dinero público”. “El Ayuntamiento pone el edificio, pone el dinero para rehabilitarlo y equiparlo y después son empresas privadas las que van a aprovechar esas instalaciones. Nos parece que hay una apuesta clarísima por poner recursos públicos al servicio de intereses privados”, ha señalado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.

La formación cuestiona asimismo el planteamiento de la formación vinculada al proyecto, que también se ha orientado hacia entidades privadas y formación concertada. Para Zaragoza en Común, si se moviliza una cantidad tan importante de recursos públicos y se pone a disposición del proyecto un edificio que forma parte del patrimonio municipal “deben existir garantías claras sobre el beneficio que obtiene la ciudadanía”.

“Una chapuza de gestión”

Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado que la alcaldesa de Zaragoza “intenta maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación”. “La alcaldesa vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión. Han tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes”, ha continuado Torres.

La portavoz de Vox cree que “presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real”.

Sobre la formación profesional, Torres ha afirmado que “el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales” y ha celebrado que el Gobierno del PP “haya atendido la exigencia de Vox de licitar públicamente las patas de educación y restauración”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presumido este lunes de estar aplicando la “máxima transparencia” con las obras del nuevo estadio a través de la sociedad La Nueva Romareda, con mayoría de capital público. Pese a ello, el Gobierno del PP sigue sin dar a conocer los polémicos contratos que han permitido al socio privado –el Real Zaragoza SAD, en manos de inversores extranjeros– recibir ocho de los diez millones transferidos por Ibercaja para la denominación del campo de fútbol año y medio antes de su estreno.

En su primera comparecencia del curso político, con un acto en el que ha visitado la marcha de las obras del Centro Deportivo Municipal Sur, la regidora ha tenido que atender numerosas cuestiones de actualidad, y entre ellas ha estado el rescate del club de fútbol el pasado mes de marzo, cuando la propiedad del equipo blanquillo facturó a la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón– los mencionados ocho millones de euros.

“No tengo ningún problema en hacer pública cualquier información que pueda ser pública”, ha señalado Chueca, que ha matizado que la sociedad La Nueva Romareda “no es un expediente de la del Ayuntamiento”, en referencia a que se trata de una sociedad mercantil: “Todo lo que legalmente pueda ser público estaré encantada de hacerlo público”, ha señalado.

La alcaldesa ha asegurado que aplica la “máxima transparencia” y se ha referido a los contratos: “Se han ido contando y se han hecho públicos”, ha indicado, pese a que lo único que ha trascendido han sido las notas de prensa oficiales, en las que se omiten cuestiones fundamentales de los documentos. Por ejemplo, que la mayor parte de la cantidad transferida por Ibercaja no iba a quedarse en la sociedad La Nueva Romareda, sino que terminaría en las arcas del club, cuya propiedad pasó semanas después de esta operación a un fondo de capital riesgo internacional.

A su vez, la regidora ha puesto el énfasis en que “las condiciones en el contrato de gestión” que han terminado suscribiéndose “son mejores de las que se contaron inicialmente, cuando arrancó el proyecto”. “Hemos negociado con el club para mejorar las condiciones para la sociedad. No hay nada que ocultar”, ha insistido.

Relación con Vox

Sobre la relación con el grupo municipal de Vox –que entre otras cuestiones se ha mostrado crítico precisamente con el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza–, ha avanzado que la semana que viene mantendrá una reunión para retomar las conversaciones y ver “exactamente cuál es la situación” después de que este año pusieran unos condicionantes sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para aprobar el presupuesto de 2026.

“Yo lo acepté con una condición muy clara que era el que no pusiese en riesgo las bonificaciones al transporte. La ZBE puede estar sujeta a modificaciones siempre que esté dentro de la ley y que además esté dentro del marco que marca el Ministerio de Transportes para la concesión de la subvención al transporte público a los ciudadanos de Zaragoza. Eso no lo vamos a poner en juego”, ha avisado.

A su parecer, esta solución “es satisfactoria” para todos los objetivos y ha emplazado a Vox a que decida si lo acepta o no para poder seguir avanzando en la tramitación y en cumplir el compromiso de presentar el presupuesto de 2027.

Parque de Atracciones

Sobre la continuidad del Parque de Atracciones, ha informado de que “está ya empezando a solucionarse definitivamente y poder arrancar este proyecto que ha costado varios meses más de lo que nos hubiese gustado”. Ha asegurado que está dentro de los plazos “razonables” de una licitación “tan relevante y de tantos años de vida”.

Ha indicado que el objetivo es que se pueda abrir “cuanto antes”, pero ha dicho desconocer “con exactitud” si es posible llegar a las fiestas del Pilar. “Estoy convencida de que en este momento en el que ya se ha llegado a un acuerdo, de que ya se está solucionando el problema que había administrativo entre los socios, pues sin duda los nuevos socios o la nueva sociedad, la que ha quedado, es la que tiene el mayor interés en abrir cuanto antes para poder aprovechar un buen momento como es el Pilar, así que en breves lo sabremos”.

El pago al Real Zaragoza SAD el pasado mes de marzo de ocho millones de euros desde la sociedad La Nueva Romareda, en la que los socios mayoritarios –suman un 80%– son el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, ha unido a la oposición municipal: tanto el PSOE como Zaragoza en Común (ZEC) y también Vox se han mostrado críticos, en mayor o menor medida, con esta iniciativa. El equipo de gobierno lamenta el “ruido político” y destaca la “necesidad histórica para la ciudad” del nuevo estadio.

Como adelantó este periódico, la transferencia proviene de los diez millones de euros que Ibercaja traspasó a cambio de aportar el nombre al campo portátil –Ibercaja Estadio, en uso hasta la temporada que viene–, y al estadio definitivo –Ibercaja Romareda, cuyo estreno no se prevé hasta dentro de un año–. Según consta en el informe de auditoría y cuentas anuales abreviadas de La Nueva Romareda del ejercicio 2025, que se puede consultar en la web de la entidad, el club deportivo emitió el 4 de marzo una factura a su favor por ocho millones de euros derivada del contrato de 'naming rights'.

Se da la circunstancia de que la propiedad del Real Zaragoza cobró los ocho millones de euros por el nombre del estadio definitivo casi año y medio antes de la inauguración de la infraestructura, y en principio –porque el contrato de arrendamiento no se ha hecho público– antes también de que el propio club empiece a pagar el canon comprometido.

La respuesta de los grupos políticos de la oposición ha sido unánime.

El más vehemente ha sido el PSOE, cuya portavoz, Lola Ranera, y el representante en la Comisión de Presidencia, Horacio Royo, han comparecido para criticar la “falta de transparencia” del PP. “Es tiempo de que el equipo de gobierno nos cuente toda la verdad”, ha manifestado el edil socialista.

Esta formación ha anunciado, en boca de Royo, que solicitará en una comisión extraordinaria que se expliquen las cuestiones que generan dudas en este conflicto. Por un lado, el hecho de que se suscriba un contrato de arrendamiento por un negocio “que no existe”, dado que el estadio es hoy por hoy “unos armazones de hormigón y hierro”. En segundo lugar, tener conocimiento del contenido del mencionado contrato, para descartar la idea de que “se firmó exclusivamente para dar cobertura al pago de los ocho millones del contrato de patrocinio”. También si ha habido “algún tipo de carencia por el cual el Zaragoza no vaya a pagar hasta que nos entregue el estadio”, toda vez que ya ha cobrado por el 'naming'. Y, por último, “si se ha cumplido el pacto de socios en la parte en la que decía que el Real Zaragoza tenía que establecer garantías hipotecarias sobre el pago de esos arrendamientos”.

Por su parte, la portavoz socialista ha informado de que reclamarán en la junta de portavoces del próximo lunes “una copia de los contratos” que no se han hecho públicos. “La sensación que se da es que tienen mucho que ocultar”, ha lamentado Ranera, que ha planteado que el PSOE, como grupo mayoritario de la oposición, entre en el consejo de administración de La Nueva Romareda. “¿Para qué se creó esta sociedad? ¿Para no dar cuenta de nada? ¿Para no dar cuenta a nadie, a ningún grupo político? ¿Para no dar cuenta al final a los ciudadanos?”, se ha preguntado la edil socialista, quien ha criticado la firma de un contrato de explotación para “un campo que aún no está hecho”.

“Muy grave”

Mientras, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, considera “muy grave” las informaciones conocidas. “Esto demuestra que teníamos razones más que suficientes para exigir una auditoría externa y un control mucho más riguroso de la gestión de La Nueva Romareda”, ha expresado la edil, quien ha recordado que “esto no es fútbol, es dinero público”. “Y el dinero público no puede utilizarse para tapar agujeros de una sociedad deportiva privada mientras La Nueva Romareda acumula millones de pérdidas”, ha indicado.

“Zaragoza en Común seguirá fiscalizando y denunciando cada una de estas operaciones. Que quede claro: no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Seguiremos investigando, pidiendo información y exigiendo auditorías externas e independientes. Pese a no estar dentro de la sociedad, ya que no nos lo han permitido, tenemos voluntad política para defender a la ciudadanía y controlar al Gobierno”, ha abundado Tomás.

Finalmente, desde el grupo municipal de Vox también han mostrado su oposición, aunque de forma más escueta. Así, fuentes de la formación han querido manifestar su “total disconformidad” con el pago de esos ocho millones de euros al Real Zaragoza SAD desde la sociedad La Nueva Romareda “por entender que no vela por el interés general”.

La “obsesión” del PSOE

Por su parte, el Gobierno de Zaragoza ha optado en su reacción por criticar al grupo socialista, del que ha destacado su “evidente obsesión” hacia el proyecto de la Nueva Romareda. “En lugar de ejercer una oposición constructiva y trabajar por el futuro de los zaragozanos, el PSOE ha decidido convertir un proyecto estratégico e ilusionante para la ciudad en una trinchera ficticia y partidista, demostrando una preocupante falta de proyecto propio para Zaragoza”, han señalado fuentes municipales, que han evitado aclarar en su respuesta el pago de los ocho millones a la sociedad anónima deportiva.

“La Nueva Romareda no es el capricho de un gobierno, es una necesidad histórica de la ciudad y una pieza clave para consolidar a Zaragoza como sede del Mundial 2030. La obsesión del PSOE por torpedear este proyecto demuestra que prefieren que a Zaragoza le vaya mal si creen que con ello pueden obtener algún rédito electoral”, han incidido desde el equipo de gobierno. Se trata, ha valorado, de “una cortina de humo para ocultar que carecen de un modelo de ciudad alternativo”.

Respecto a la información requerida, el Gobierno municipal se ha limitado a señalar que las cuentas de la sociedad La Nueva Romareda “son públicas y accesibles” y que pasan “todos los controles públicos exigidos, en los que no se ha encontrado ninguno de los grandes desastres que llevan anunciando los socialistas desde que nació el proyecto”.

El programa de incentivos al consumo Volveremos ha puesto en marcha este miércoles, 26 de agosto, en Zaragoza su campaña de 'La Vuelta al Cole', con un presupuesto de 2.976.608 euros, el mayor destinado hasta la fecha a esta iniciativa en la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón aportan 1.488.302 euros cada uno, lo que supone un incremento superior al 10% respecto al presupuesto de la campaña del año pasado. El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha presentado la campaña en la librería 'Tu tienda de al lado', en Rosales del Canal, uno de los establecimientos que concentra una elevada actividad durante estas fechas.

Desde este miércoles, los usuarios de Volveremos pueden acumular un 20% del importe de sus compras realizadas todos los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, hasta que se agote el saldo disponible. La cantidad generada se incorpora al monedero virtual de la aplicación y puede utilizarse posteriormente cualquier día de la semana y en cualquiera de los negocios participantes, hasta el 31 de diciembre de 2026. En Zaragoza, más de 2.300 comercios y más de 100.000 usuarios regirstrados forman parte de la red del programa.

Para beneficiarse de los incentivos es necesario descargar la aplicación móvil Volveremos, disponible para Android e iOS, registrarse y presentar en el establecimiento el código QR generado por la propia aplicación.

Tras realizar la compra, el usuario recibe en su monedero el 20% correspondiente, que podrá emplear en posteriores adquisiciones. La campaña busca así apoyar al comercio de proximidad y, al mismo tiempo, aliviar el incremento de gastos que afrontan las familias durante el inicio del curso escolar, especialmente en la compra de libros, material, ropa, calzado o equipamiento.

Gimeno ha destacado durante la presentación que el objetivo de la campaña es que “no haya ningún sector que se pueda quedar fuera de esta vuelta al cole”, más allá de las librerías y papelerías.

El consejero ha señalado que las familias afrontan después del verano una época de especial esfuerzo económico, ya que a los gastos propios del inicio del curso se suman las compras necesarias para reponer los productos básicos del hogar después de las vacaciones.

“Volveremos es la medida pública más eficaz que existe para estos momentos”, ha asegurado, al considerar que el saldo supone “un verdadero alivio para miles de zaragozanos” y, a la vez, un respaldo para los establecimientos comerciales después del mes de agosto.

El consejero ha subrayado también que la campaña pretende servir como primer impulso para los comercios durante una época del año tradicionalmente complicada, especialmente en los meses de julio y agosto. Aunque Gimeno ha señalado que el turismo ha permitido este año una mayor actividad en el comercio y la hostelería de los barrios de Zaragoza, ha defendido que el programa puede ayudar a los establecimientos a afrontar con una mejor posición el tramo final del ejercicio.

En este sentido, ha recordado que Volveremos ha superado ya los 300 millones de euros en ventas en Zaragoza desde su implantación en 2020 y que en 2025 volvió a batir su récord anual, con más de 81,3 millones de euros en ventas.

15,6 millones de euros en ventas

La nueva campaña llega después de la primera oleada de Volveremos de 2026, desarrollada en junio con un presupuesto de 1,882 millones de euros.

Desde la reactivación del programa este año se han generado ya más de 15,6 millones de euros en ventas, mientras que los usuarios mantienen actualmente alrededor de 900.000 euros de saldo sin gastar en sus monederos virtuales. Gimeno ha pedido a las familias que utilicen progresivamente estas cantidades y no esperen hasta final de año, ya que existen límites de utilización mensuales y por establecimiento.

El consejero ha explicado que esos 900.000 euros pendientes de consumir pueden generar todavía varios millones de euros de ventas en los comercios adheridos. “Que no lo dejen para el final”, ha reclamado, al recordar que el saldo acumulado durante las campañas puede utilizarse hasta el 31 de diciembre, pero que los usuarios deben tener en cuenta los límites existentes. La intención del Ayuntamiento, ha añadido, es que “ni un solo euro se devuelva a las arcas municipales” por no haber sido utilizado, sino que todo el saldo termine repercutiendo en el comercio local.

Una de las principales novedades incorporadas este año es el denominado 'Bizum de Volveremos', que permite transferir saldo entre usuarios de la propia aplicación. De esta forma, familiares y amigos pueden compartir las cantidades acumuladas y facilitar su utilización antes de que termine el año.

La medida pretende evitar que parte del saldo generado quede sin consumir, algo que en anteriores campañas suponía que entre un 10% y un 15% de las cantidades disponibles no llegaran a utilizarse por falta de tiempo, despistes o por alcanzar los límites establecidos.

La campaña incorpora además mejoras dirigidas directamente a los establecimientos. Los comercios cuentan con un nuevo espacio dentro de la plataforma desde el que pueden consultar en tiempo real sus transacciones, tickets y facturación, así como realizar un seguimiento de las liquidaciones.

Gimeno ha indicado que Volveremos debe continuar evolucionando para facilitar el trabajo de los comerciantes: “Cualquier segundo que consigamos reducir la venta es tiempo, y es un tiempo de oro para los comerciantes”, ha señalado ante las colas que ya se registraban este miércoles en el establecimiento de Rosales del Canal.

Comercio de calles en obras

La evolución del programa se completa con campañas específicas desarrolladas durante el año para determinados sectores o zonas comerciales. Entre ellas se encuentran las iniciativas vinculadas al comercio de calles en obras, que en su última edición generó más de 600 transacciones y 132.000 euros en ventas. Para Gimeno, el éxito de Volveremos se explica también por la planificación conjunta entre las instituciones y las organizaciones de comerciantes, que permite situar las campañas en momentos estratégicos para estimular el consumo.

En cuanto a los hábitos de compra, el consejero ha explicado que los sectores con mayor volumen de ventas no siempre coinciden con aquellos en los que más se utiliza posteriormente el saldo. Las compras de mayor importe, como las relacionadas con muebles o electrodomésticos, pueden generar cantidades elevadas en el monedero, mientras que posteriormente el saldo se utiliza principalmente en alimentación y productos de primera necesidad, que representan más de un tercio del consumo, además de textil, calzado y otros gastos cotidianos.

La campaña de 'La Vuelta al Cole' de Volveremos se mantendrá activa los miércoles y viernes hasta que se agote el presupuesto disponible. Después de esta segunda oleada de 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé todavía una nueva campaña en otoño, con otros dos millones de euros municipales pendientes de activar. El programa encara así el tramo final del año con el objetivo de seguir movilizando el consumo y reforzando la actividad de los pequeños comercios de los barrios zaragozanos.

Las críticas se le acumulan al Gobierno de Zaragoza por la reforma del entorno de la plaza de San Miguel, como ya sucediera con Salamero o Santa Engracia, y por motivos similares. A los meses de retrasos que acumulan las obras se unen las protestas por el diseño de esta infraestructura viaria, en la que el cemento vuelve a ser el elemento más visible. Se trata, según el colectivo ecologista, de otra “oportunidad perdida”, algo que los vecinos ilustran con temperaturas de más de 46 grados en las últimas semanas. Y todo esto se produce mientras la alcaldesa, Natalia Chueca, vende en redes sociales la candidatura de la ciudad como “capital verde europea” para 2028.

El caso, según denuncia Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), de un caso “más grave” que los anteriores porque ahora llevan “años recordando de la necesidad de sombras y zonas verdes” en el entorno. “Mucho dinero gastado para conseguir una plaza cementada donde la estancia apenas será posible”, lamenta la entidad, que cree “probable” que este “espacio público” también acabe siendo “ocupado” por la “explotación privada de la hostelería, como suele ser habitual”.

Ansar explica en una nota que “se han talado más de la mitad de los árboles que, se suponía, iban a conservarse”, y que los trabajos que se desarrollan en la plaza “están dañando al resto, sin una protección adecuada del entorno del árbol, rebaje del suelo con raíces desnudas” o “vertidos de cemento en el entorno”. Además, indica que “se ha reducido el tamaño de los alcorques y podado los ejemplares restantes”. “Para nada sirve que pregonen de forma repetitiva el gran número de árboles que se van a plantar en la ciudad cuando permanentemente en cada remodelación de calle, plaza, parque desaparecen los que allí existían”, zanja Ansar.

La asociación asegura que va a dirigirse al Ayuntamiento de Zaragoza para reclamar el proyecto técnico de protección del arbolado que “teóricamente la empresa adjudicataria Mariano López Navarro debería haber presentado y el estado de su cumplimiento”.

La ola de calor ha sido especialmente intensa en ese punto de la capital zaragozana, donde los residentes han mostrado termómetros por encima de los 46 grados en las fachadas de los comercios, lo que hace presagiar lo que sucederá en cada estío ante la falta de árboles.

Desde la Plataforma de Vecinos Afectados por las obras, Josán Salvador ha recordado las afecciones de ruidos y molestias debido al adelanto de los horarios por las altas temperaturas: “Están prácticamente trabajando doce horas diarias y el ruido comienza antes de las siete de la mañana. No se puede vivir en estas condiciones mucho más tiempo ya”.

Una reivindicación “clave” para esta plataforma es instalar una fuente de lámina de agua que consiga bajar la temperatura en verano. “Esto va a más y el año que viene hará más calor y dentro de dos años más, por lo que una pérgola no es la solución para bajar la temperatura”, ha rechazado al esgrimir que “solo echará agua cuando llegue alguien y apriete, mientras tanto, no bajará la temperatura”.

Retrasos en los pagos

Los comerciantes de la zona también han manifestado su preocupación, como es el caso de Carmen Fontdevilla, que ha señalado la falta de información sobre los plazos. “Los clientes llaman y llegan aquí y se sorprenden. Se alargan los plazos y no terminan por ningún lado”, ha explicado, antes de recordar que hay “un problema real” de accesos a la plaza. Además, los comerciantes califican de insuficientes las ayudas lanzadas por el Consistorio por las pérdidas de sus negocios, denuncian retrasos en los pagos y añaden “lo que realmente quiero es poder trabajar”.

Este jueves, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha criticado de hecho la “promesa absolutamente incumplida” de la alcaldesa. “Tenemos un gobierno y una alcaldesa incapaces y llenos de soberbia, mientras estamos ante un serial de Chapuzas Chueca que, una vez más, afecta a los ciudadanos, con una ciudad absolutamente levantada con el único objetivo de cortar cintas para las elecciones del año que viene”, ha lamentado la edil socialista,

Las protestas proliferan mientras la regidora 'vende' en redes sociales la urbe como aspirante a capital verde dentro de dos años. “Zaragoza está entre las ciudades finalistas que compiten por ser Capital Verde Europea 2028, pero llegar hasta aquí ya es un orgullo enorme. Detrás hay años de trabajo y una transformación que estamos haciendo juntos”, señalaba el lunes en un mensaje atemporal en X. Entre los ejemplos, citaba la recuperación del Huerva, la creación de parques, el Bosque de los Zaragozanos o la apuesta por la movilidad.

Por su parte, el Gobierno municipal ha reaccionado a las críticas del PSOE acusando a este grupo de un “alarmismo injustificado”. Ha atribuido los retrasos a que se trata de una intervención en el Casco Histórico de Zaragoza, con lo que existe la “obligación legal y moral de cuidar y estudiar nuestro patrimonio arqueológico”. Y ha asegurado que la obra “avanza de manera controlada” ante “una intervención urbanística de alta complejidad técnica”.

Fuentes municipales han incidido en que durante los trabajos se han hallado “restos arqueológicos a baja profundidad”, que son “más de los previstos” y que “arrojan una valiosa información histórica, cultural y patrimonial sobre el pasado de la ciudad”. Esto, han indicado, ha obligado a “reajustes en el calendario”.

La obra civil estará finalizada antes de las fiestas del Pilar, han señalado desde el Gobierno municipal. Respecto al arbolado, han aclarado que se ha llevado a cabo un “análisis exhaustivo”, que se han “mantenido los árboles de gran porte existentes ya en la plaza”, salvo uno que tenía una “fuerte inclinación” más otros pequeños “y cuyas raíces interferían con los servicios del subsuelo”. Además, se incorporarán 16 nuevos ejemplares.

Las cuentas de 2025 de la sociedad La Nueva Romareda SL, participada de forma mayoritaria por Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón –ambas instituciones, gobernadas por el PP– y minoritariamente por el Real Zaragoza, reflejan la precaria situación de la entidad, que acumula pérdidas de 12 millones de euros en dos ejercicios. Pero la documentación depara otra importante novedad: que el dinero transferido por Ibercaja en concepto de 'naming' por el campo de fútbol ha ido a parar casi al completo a la sociedad anónima deportiva: 8 de los 10 millones ingresados fueron traspasados a la propiedad del club el pasado mes de marzo. Lo más llamativo es que este rescate se produjo año y medio antes de que se inaugure el propio estadio.

Así consta en el informe de auditoría y cuentas anuales abreviadas de La Nueva Romareda a 31 de enero de 2025, que es público y se puede consultar en la web de la entidad. En el penúltimo apartado, referido a 'hechos posteriores', el documento indica que el 2 de marzo la sociedad suscribió con el Real Zaragoza SAD el contrato de industria para la explotación del estadio Ibercaja Romareda, en el que se regula el régimen de cesión de uso del estado y de sus instalaciones complementarias. También se recogen las condiciones económicas aplicables, incluida –señala el informe– “una renta fija de carácter progresivo y una renta variable vinculada a determinados eventos”, y la delimitación de las obligaciones de cada parte.

A su vez, la auditoría incorpora el pago al club deportivo de ocho millones de euros a través de una factura, una transferencia derivada del contrato de 'naming rights' que Ibercaja suscribió con La Nueva Romareda. La justificación reflejada es que el mencionado contrato, que el Gobierno municipal evita hacer público, “prevé la subrogación del Real Zaragoza en las obligaciones derivadas” de este acuerdo.

Mientras, la auditoría también recoge como 'hecho posterior' la ampliación de capital de 16,6 millones de euros acordada el 18 de diciembre de 2025, ya que la escritura pública se inscribió el 16 de febrero de este año.

El pago de ocho millones de euros a la propiedad del Real Zaragoza se produjo en un momento de extrema debilidad para las arcas de la sociedad anónima deportiva, que en primavera llegó a retrasar el pago de nóminas a la plantilla por problemas de liquidez. Cuatro meses después de esta millonaria transferencia tuvo lugar la compraventa del club, el mes pasado, a un fondo de capital riesgo internacional.

Un contrato que no ha salido a la luz

Lo llamativo es que este abono se produce mucho antes de que el estadio llegue a inaugurarse, algo que está previsto que se dé dentro de un año, para el inicio de la temporada 2027-28, y si no hay retrasos.

Las tres partes hicieron público en febrero la firma del contrato de arrendamiento de industria del Ibercaja Romareda, un documento que no se ha dado a conocer en su integridad pese a las peticiones de los grupos de la oposición y de los medios de comunicación. Según fuentes municipales, esto es así porque al ser una sociedad limitada está sometida “a ciertos controles de transparencia y a las normativas de contratación pública en aquellos aspectos vinculados a la licitación de las obras”, pero “su marco general de constitución y funcionamiento es puramente mercantil”. Y ponen como ejemplo que el caso del Tranvía de Zaragoza es similar, aunque aquí el capital es muy mayoritariamente privado.

Tal y como consta en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, el club comenzará abonando 1,1 millones de euros al año en concepto de canon por la explotación del estadio. Esto sucederá lógicamente cuando el campo esté en uso. Entretanto, la sociedad anónima deportiva ya ha percibido ocho millones de euros derivados del contrato de 'naming' para los aprovechamientos publicitarios.

La mencionada nota añade, en relación con este último contrato –que tampoco se ha hecho público–, que “el Real Zaragoza acepta y asume las obligaciones y compromisos”.

Casos anteriores

Este capítulo se suma a los vividos con anterioridad, en los que las dos instituciones gobernadas por el PP han favorecido a la propiedad del club blanquillo. La sociedad anónima deportiva no atendió sus obligaciones financieras en 2024, cuando debía pagar 6,8 millones de euros y no lo hizo: pese a las graves consecuencias derivadas de ello, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón hicieron la vista gorda y reprogramaron los pagos.

Y no hay que olvidar que el nuevo estadio, que según dijo públicamente Jorge Azcón no iba a costar un euro a las arcas públicas, ya tiene comprometidos más de 150 millones de euros del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Situación financiera de la sociedad

Mientras, la sociedad Nueva Romareda SL acumula 11.979.175,10 euros en pérdidas en sus dos primeros ejercicios (2024 y 2025). Prácticamente la totalidad de ese agujero –11,28 millones– se generó el primer año, cuando la compañía tuvo que dotar una provisión de 11.500.517,22 euros al reconocer que el contrato del estadio modular provisional –el suministro e instalación del recinto donde juega el Real Zaragoza mientras se construye el definitivo– iba a generar pérdidas: los ingresos previstos por su explotación (alquiler, publicidad, derechos comerciales) no cubrirían el coste del contrato.

Esa provisión, aunque contabilizada en 2024, no se reconoció hasta la formulación de las cuentas de 2025, lo que obligó a reformular retroactivamente el resultado del ejercicio anterior. En 2025, en cambio, la sociedad ya opera con pérdidas mucho más contenidas (702.730 euros), ligadas a gastos ordinarios de estructura y no al estadio provisional.

El agujero en los resultados no ha mermado la salud financiera de la sociedad porque se ha compensado con inyecciones de capital muy superiores a las pérdidas: en 2025 los socios realizaron dos ampliaciones, de 10,1 millones (julio) y 16,6 millones (diciembre), que han elevado el capital social hasta los 77,2 millones de euros y han dejado el patrimonio neto en 65,2 millones, muy por encima del que tenía la sociedad al constituirse.

De ese capital, el 39,77% corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza y el 39,51% a la Corporación Empresarial Pública de Aragón –es decir, suma casi cuatro quintas partes de origen público–, frente al 20,73% que aporta el Real Zaragoza SAD.

El Tribunal Supremo ha confirmado el pago de una indemnización de 214.594 euros que el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que realizar a los dos hijos de un fontanero municipal que falleció a causa de su exposición prolongada al amianto. En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal da la razón a los demandantes tras un litigio con el Consistorio zaragozano que comenzó en 2019, cuando los hijos del trabajador fallecido interpusieron un recurso contra una resolución de Ayuntamiento que desestimó la reclamación de daños y perjuicios ocasionados a su padre, todo ello en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración municipal.

Los hijos solicitaron una indemnización de 350.000 euros por “daños y perjuicios” a su padre, además de una indemnización independiente por los “daños morales” sufridos tras la muerte de su progenitor. Antes de fallecer, el hombre había quedado incapacitado permanentemente por una enfermedad relacionada con el amianto.En 2022, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza estimó parcialmente el recurso de los hijos, condenando al Ayuntamiento al abono de una indemnización por importe de 286.126 euros, correspondiendo el 50% a cada uno de ellos.

Esa resolución fue recurrida, a su vez, por el Consistorio zaragozano y la aseguradora que debía satisfacer el pago, alegando que se había producido una doble indemnización por la misma causa, puesto que, decía, ya había pagado 264.562 euros, a lo que la nueva sentencia añadía otros 286.126 euros.

Un año más tarde, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó parcialmente el recurso y acordó, de ese modo, reducir la cuantía de la indemnización al restarle las cantidades que ya había abonado el Consistorio “como recargo de prestaciones de la Seguridad Social”. Aquella resolución, recogida en la sentencia del Supremo, reducía en un 25% la cantidad resultante “por haber concurrido el tabaquismo en la evolución de la enfermedad” sufrida por el padre de los demandantes.

En concreto, argumentó que “la cuantía procedente era de 286.126 euros, pero hizo abstracción de lo ya percibido, 264.562 euros”. “Consideramos que no puede ser así en cuanto, de aceptarse tal criterio, la muerte del padre de los recurrentes sería casi doblemente indemnizada”, agregó.

De nuevo, los hijos del trabajador fallecido impugnaron esa sentencia mediante un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, a la postre, fue admitido. Finalmente, el Ayuntamiento recurrió a su vez la sentencia del Supremo, que ha dado lugar a esta nueva sentencia del alto tribunal.

Ahora, en la resolución que resuelve el litigio, el Tribunal Supremo “reconoce el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por el Ayuntamiento de Zaragoza, en la cantidad de 214.594, más los intereses legales procedentes, por mitad para cada uno de ellos”. El alto tribunal argumenta que “no puede compartirse la afirmación” de que el fallecimiento “ya habría sido indemnizado” con el primer ingreso de dinero “y que el reconocimiento de la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia determinaría una duplicidad indemnizatoria”.

“Tal conclusión parte de una premisa errónea, pues los recurrentes nunca percibieron cantidad alguna correspondiente al ingreso efectuado por el Ayuntamiento, que no tuvo como destinatario al trabajador ni a sus causahabientes”, incide. Y añade: “Antes, al contrario, si se tiene en cuenta que el fallecimiento del trabajador se produjo pocos meses después del reconocimiento de la pensión y de la correspondiente mejora, resulta aún más evidente que el presupuesto del que parte la sentencia de apelación carece de fundamento, por lo que la conclusión alcanzada no puede ser compartida”.

Derecho a la pensión del 100%

El Supremo da por probado que el trabajador obtuvo el derecho general a la pensión del 100% al declararse su incapacidad permanente absoluta y que, habiéndose apreciado que en la enfermedad profesional causante de la baja “había colaborado la omisión de medidas de seguridad, dicha pensión debía incrementarse en un 50%”.

Considera, de esta forma, que el Consistorio, “en su condición de empleador, había omitido los medios de protección reglamentarios al trabajador”. Por ese motivo, indica el alto tribunal, el Ayuntamiento fue obligado a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la suma de 264.562 euros, destinada a la capitalización del recargo de prestaciones.

El Supremo remarca que esa cantidad “no fue abonada directamente al trabajador, sino ingresada en la Tesorería con la finalidad de garantizar financieramente el incremento de la pensión reconocido”.

“El beneficiario percibe dicho recargo a través de las sucesivas mensualidades de la prestación; sin embargo, extinguida la pensión por fallecimiento del titular, y sin perjuicio de los efectos que pudieran proyectarse sobre determinadas prestaciones derivadas, cesa igualmente la percepción del recargo, permaneciendo el capital ingresado integrado en el patrimonio de la Seguridad Social”, explica.

El Supremo concluye que la indemnización reconocida en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración “es plenamente compatible con el recargo de prestaciones por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, sin que proceda efectuar compensación o deducción alguna entre ambos conceptos dada su diferente naturaleza y finalidad jurídica”.

En suma, el alto tribunal reconoce el derecho de los hijos a percibir la indemnización fijada en la primera sentencia del TSJA o con la única reducción del 25 % apreciada por la Sala de Apelación. “Dicha indemnización deberá ser satisfecha por el Ayuntamiento demandado, con absolución de la entidad aseguradora, y devengará los intereses legalmente procedentes”, finaliza.

Las obras de renaturalización del río Huerva han cambiado el paisaje de la avenida Manuel Lasala desde que comenzaron a finales de 2024. Sin embargo, junto a la transformación de la calle, algunos vecinos aseguran que los trabajos están provocando problemas que afectan a su vida diaria. Vibraciones en los edificios, filtraciones en garajes, ruido desde primera hora de la mañana y la presencia de ratas son algunas de las quejas que denuncian.

Para el Ayuntamiento de Zaragoza la regeneración del Huerva representa la mayor obra de transformación urbana y medioambiental de la ciudad en las últimas décadas. Concebido como uno de los proyectos 'estrella' de la alcaldesa, cuenta con una inversión superior a los 30 millones de euros –financiamiento en parte impulsado por la Fundación Biodiversidad a través de fondos europeos NextGenerationEU–. El Consistorio defiende que los trabajos devolverán la biodiversidad a un cauce históricamente degradado. La intervención contempla la creación de un gran corredor verde de más de 100.000 metros cuadrados que conectará barrios desde la zona Universidad hasta Tenerías, la instalación de colectores para sanear el agua y la plantación de miles de árboles destinados a reducir el efecto de isla de calor.

Mientras, los vecinos de Manuel Lasala aseguran que las molestias han aumentado durante los últimos meses. Según asegura Balbina García, vecina afectada por las obras del Huerva, el movimiento de la maquinaria pesada provoca vibraciones que llegan a sentirse en el interior de los edificios. “Mi madre vive en Manuel Lasala, al principio de la calle, y yo vivo en La Ripa, al final. Vibraciones hemos tenido continuamente”, explica para subrayar que el problema se percibe en distintos puntos de la zona. Según comenta, el paso constante de la apisonadora hace que “las vibraciones se noten en todas las casas” y reconoce que “siempre te queda la duda”, aunque le han asegurado que no existe riesgo para la estructura de los edificios.

A estas molestias se suman, filtraciones de agua en varios garajes del entorno. García asegura que, en su comunidad, una filtración “duró casi dos meses” después de que se produjera un problema con unas tuberías durante las obras. “No puedes tener una filtración sacando cubos y cubos de agua de un garaje durante tanto tiempo”, lamenta. La vecina afirma que la incidencia no tuvo solución hasta que varios residentes pidieron al encargado de la obra que comprobara personalmente lo que estaba ocurriendo.

Otro de los aspectos que destacan es el ruido generado por la maquinaria. Los trabajos comienzan desde primera hora de la mañana y el descanso se ve alterado prácticamente a diario. “Desde las seis y media de la mañana empiezan ya a preparar los vehículos y las máquinas, y a las siete ya empiezan a toda marcha”, explica Balbina García. Aunque comprende que el horario se haya adelantado por las altas temperaturas, considera que “a las siete de la mañana es demasiado pronto para empezar a hacer tanto ruido”, especialmente para las familias con niños pequeños.

Los vecinos también alertan de un aumento de la presencia de ratas en la zona de sus garajes, tras las intervenciones. Esta vecina afirma que en su comunidad fue necesario realizar un tratamiento extraordinario de desratización y asegura que “no lo habíamos tenido nunca en el garaje”.

Los vecinos afectados aseguran haber trasladado algunas de estas incidencias a la comunidad del edificio y al Ayuntamiento. En el caso de las filtraciones, Balbina García explica que el administrador y la presidenta de la comunidad presentaron la correspondiente información, aunque sostiene que el problema no se resolvió hasta que varios vecinos avisaron directamente al encargado de la obra. “El Ayuntamiento decía ya lo arreglaremos, pero no puedes tener una filtración durante tanto tiempo”, afirma. Pese a las quejas vecinales, desde el Ayuntamiento de Zaragoza reconocen que unas obras de estas características pueden generar molestias, pero insisten en que su objetivo es recuperar una zona degradada y transformarla en un espacio verde.

A las protestas por el ruido, las vibraciones o las filtraciones se suma también la falta de aparcamiento. En una petición de la Plataforma zona 7 de Zaragoza aseguran que las obras han supuesto la eliminación de numerosas plazas de estacionamiento en calles como Cervantes y Zumalacárregui para facilitar el paso de camiones. Según sostienen, esta situación ha dificultado encontrar aparcamiento para los residentes y reclaman al Ayuntamiento la conversión de varias zonas azules en zonas de estacionamiento para residentes con el fin de compensar la pérdida de plazas durante las obras.

Denuncia por el “maltrato” al arbolado

A estas voces vecinales se sumó la denuncia que la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia presentaron ante el Ayuntamiento de Zaragoza. Los colectivos señalaron la calle Manuel Lasala como ejemplo del maltrato al entorno, criticando a la alcaldesa Natalia Chueca por tildar de “demagogos a los que denunciaban la situación del arbolado”. Frente a las promesas de nuevas plantaciones, las agrupaciones recordaron que existen “hechos y datos que corroboran la falta de cuidado del arbolado existente”, respaldados por protestas ciudadanas que denunciaban la tala continua, “el incumplimiento permanente” de la ordenanza municipal, “podas agresivas que desestabilizan los árboles y les provocan heridas irrecuperables” o la presencia de “miles de alcorques vacíos” en la ciudad.

En el caso concreto de las obras del Huerva a su paso por Manuel Lasala, los ecologistas denunciaron que se levantaron las aceras sin adoptar medidas de protección para las plantas, lo que “ocasionará un daño a las raíces” y “la desestabilización de los árboles” que, “como en otras ocasiones, los podrá volver inseguros, con lo que terminarán siendo talados”. Asimismo, criticaron que las replantaciones anunciadas incluyan especies exóticas no recomendadas o desaconsejadas por riesgo invasor, reclamando “otra concepción de la jardinería” y recordando que la prioridad debe ser “conservar el arbolado existente”, ya que las nuevas plantaciones “tardarán muchos años en producir sombra” para combatir las altas temperaturas.

La Zona de Bajas Emisiones fue fundamental para llegar a un acuerdo entre PP y Vox en Zaragoza y sacar adelante los presupuestos municipales. Sin embargo, cinco meses después se ha convertido en un escollo en la complicidad de ambos partidos, ya que las dos formaciones siguen sin cerrar la modificación de la ordenanza que regula esta área restringida al tráfico. El principal punto de discusión es la cantidad de días anuales en los que podrán imponerse sanciones a los vehículos que accedan al centro.

El acuerdo alcanzado a finales de febrero puso fin a tres meses de negociaciones y permitió sacar adelante unas cuentas de más de 1.039 millones de euros. A cambio del apoyo de Vox, el Gobierno de Natalia Chueca aceptó modificar la ZBE para que las restricciones al tráfico solo se activaran cuando se superaran los umbrales oficiales de contaminación, garantizando al mismo tiempo que el nuevo sistema cumpliera la normativa estatal y no pusiera en riesgo las ayudas al transporte.

Sin embargo, las negociaciones se han estancado. El Ayuntamiento sostiene que los informes técnicos elaborados durante los últimos meses concluyen que la ZBE debería permanecer activa alrededor de una veintena de días al año para cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Transportes y mantener las ayudas estatales al transporte público. Este martes, la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha acusado a Vox de “alejarse de lo pactado” y ha recordado que la condición del PP era que la ZBE cumpliese los requisitos del decreto de ayudas al transporte.

Gaudes ha explicado que, según los estudios técnicos que han llevado a cabo, la zona restringida debería activarse “unos 20 días al año”, una propuesta que, asegura, Vox ha rechazado. “Ha decidido no aceptar ese margen y aumentar unas condiciones que no se habían pactado”, ha afirmado.

La consejera también ha criticado la forma en la que Vox ha gestionado el conflicto. “La semana pasada remití la información y no he tenido contestación. Me sorprende que, antes de decirnos nada al equipo de gobierno, hayan decidido contarlo a la prensa. Ellos sabrán cuál es su manera de trabajar”, ha añadido.

Vox, por su parte, ha respondido a la consejera por medio de su portavoz, Eva Torres. En un comunicado ha mostrado su “absoluta sorpresa” por las declaraciones de Gaudes y ha recordado al PP que “los acuerdos de presupuestos están para cumplirse”.

Torres ha asegurado que la posición de Vox no ha cambiado desde febrero ha insistido en que la Zona de Bajas Emisiones debe estar ligada “estrictamente a los niveles de contaminación para evitar sanciones arbitrarias a los ciudadanos”. Ha reiterado que no se ha alcanzado “un acuerdo satisfactorio”: “Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que el PP consiga la seguridad jurídica que necesita y Vox consiga que los zaragozanos puedan circular libremente”.

La nueva Unidad Égida de la Policía Local de Zaragoza comenzará a andar con una participación mínima en el proceso de selección. El plazo para incorporarse al equipo se ha cerrado con una solicitud para la plaza de intendente y nueve para las ocho plazas de agente, una cifra que el sindicato CSL, mayoritario en el cuerpo, considera un “fracaso total” al no alcanzar, según sostiene, ni el 1% de la plantilla. Un resultado que llega tras semanas de enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los sindicatos por las condiciones económicas y organizativas del servicio.

El desenlace se produce, además, después de que el Ayuntamiento haya solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para facilitar la incorporación de las policías locales al sistema Viogén. La convocatoria autonómica permite financiar el cien por cien de las actuaciones subvencionables e incluye expresamente los complementos asociados a las guardias y a la atención de las víctimas de violencia de género.

El Consistorio anunció hace meses su intención de adherirse al sistema Viogén y conformar la Unidad Égida, encargada de asumir estas funciones dentro de la Policía Local. Aunque el número de aspirantes supera en uno las plazas convocadas para agentes, desde CSL sostienen que la escasa participación evidencia el “rechazo” de buena parte de la plantilla a las condiciones planteadas por el Ayuntamiento. “Significa que algo ha fallado”, resume el sindicato, que vincula el resultado al conflicto mantenido durante las últimas semanas.

En la reunión mantenida este miércoles entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales, el Gobierno municipal se comprometió a revisar las condiciones de la unidad una vez lleve un tiempo en funcionamiento. Sin embargo, según CSL, ese compromiso no incluye cambios en aspectos que consideran clave, como la disponibilidad telefónica o las condiciones laborales que han centrado la negociación, por lo que el sindicato no aprecia “visos” de que la situación vaya a modificarse.

Fuentes municipales evitaron valorar el número de aspirantes. “Cuando acabe el proceso de selección se harán las valoraciones pertinentes”, señalaron, al tiempo que recordaron que el plazo para presentar solicitudes ya ha concluido, pero que el procedimiento continúa ahora con la actuación del tribunal encargado de la selección.

Un conflicto enquistado

La negociación entre ambas partes se ha prolongado durante semanas. Los representantes sindicales denunciaron inicialmente que la propuesta económica del Ayuntamiento suponía una compensación de apenas 1,79 euros diarios por la disponibilidad exigida a los agentes, una cifra que calificaron de insuficiente para un servicio con las características de Viogén. Posteriormente, el Gobierno municipal anunció que había alcanzado un acuerdo para poner en marcha la Unidad Égida, aunque las organizaciones sindicales desmintieron que existiera ese consenso y acusaron al Consistorio de dar por cerrada una negociación que seguía abierta.

Los sindicatos remitieron la pasada semana un nuevo comunicado en el que califican de “surrealista” el proceso negociador. En él denuncian la “falta de seguridad jurídica” derivada de las modificaciones introducidas en la Orden General del Cuerpo, critican que el Gobierno municipal se haya negado a convocar una última Mesa General de Negociación para votar el acuerdo definitivo y acusan tanto al consejero de Régimen Interior como a la alcaldesa, Natalia Chueca, de permitir una situación que, a su juicio, “aboca al fracaso absoluto” la implantación de la Unidad Égida.

Frente a esas críticas, el Ayuntamiento ha defendido durante las últimas semanas que las condiciones ofrecidas son suficientes para poner en marcha el servicio y ha confirmado a este diario que ha solicitado las ayudas convocadas por el Gobierno de Aragón para sufragar parte de los costes de la unidad.

La convocatoria de subvenciones, publicada en junio en el Boletín Oficial de Aragón, está dotada con 300.000 euros y contempla la financiación del 100% de las actuaciones subvencionables. Entre ellas se incluyen expresamente los complementos e indemnizaciones del personal asociados a las guardias o a la atención de los casos de violencia de género, además de la formación de los agentes y otros gastos corrientes relacionados con el servicio.

La orden prevé, además, ayudas de hasta 250 euros mensuales por cada efectivo dedicado a estas funciones y de hasta 300 euros al mes para la coordinación de la unidad, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la convocatoria.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha pegado un gran bocado a la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes en la capital aragonesa, al reducirla de un millón de euros con que contaba la partida el año pasado hasta 400.000 euros en 2026, lo que supone un recorte del 60%. Esta subvención fue caótica en la pasada edición, al ser devuelta hasta dos veces por Intervención por fallos en la tramitación municipal. El PSOE ha acusado a los populares de “hacer pagar” a los pequeños empresarios los “errores de gestión” del equipo de gobierno, mientras que Economía ha respondido que a las mencionadas ayudas se sumarán otros 700.000 euros específicos para jóvenes.

La línea de subvenciones recién aprobada, la cuarta edición, aspira a impulsar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas, y permitirá impulsar actuaciones como la creación de contenidos digitales, acciones de marketing, digitalización o reformas orientadas a mejorar la accesibilidad.

En su presentación el martes participaron el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. El primero de ellos cifró en 1.727 autónomos y pymes los beneficiados desde 2023, con un total de 3.592.800 euros invertidos, incluyendo la convocatoria de este 2026.

El consejero de Economía manifestó que el objetivo de esta iniciativa es que “ningún pequeño negocio renuncie a modernizarse por falta de recursos” porque “impulsar el tejido empresarial es una prioridad, como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años”. Y recalcó que el compromiso del Ayuntamiento es “acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza”.

Dos líneas

Por su parte, la concejal de Vox recordó que esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo municipal de Vox para respaldar a los que “cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo”. “Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para “reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia”.

Hay dos líneas en esta ayuda. La primera de ellas, para la que se destinan 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda, dotada con 75.000 euros, busca subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica (Verifactu).

La reducción afecta a ambas líneas. Así, la destinada a la competitividad pasa de 750.000 euros a 325.000 euros, mientras que la segunda desde los 250.000 euros del año pasado.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Recorte “salvaje”

Este miércoles, el concejal socialista Guillermo Ortiz ha criticado el recorte, que después de que la convocatoria de 2025, que todavía no se ha pagado, ya sufriera otra reducción de un millón de euros. “Lejos de corregir los errores de gestión del área de Economía, el Gobierno de Chueca vuelve a hacer pagar las consecuencias a autónomos, comerciantes y pequeños empresarios”, ha lamentado.

El socialista ha recordado que en la última Comisión de Economía el propio Gobierno municipal reconoció que la convocatoria de 2025 se paralizó hasta en dos ocasiones por parte de Intervención al detectar propuestas de concesión de ayudas a solicitantes que no cumplían los requisitos establecidos. “Nos dijeron que existía un exceso de carga de trabajo para gestionar las ayudas. Y su solución ha sido recortarlas de forma salvaje en lugar de mejorar la gestión. Una vez más, quienes pagan la incompetencia del Gobierno municipal son los pequeños empresarios y comerciantes de Zaragoza”.

“El pequeño comercio y los autónomos son quienes mantienen vivos nuestros barrios y generan empleo de proximidad. Sin embargo, el Gobierno de Natalia Chueca vuelve a darles la espalda”, ha insistido Ortiz.

Subvenciones para jóvenes

En su respuesta a los socialistas, fuentes del equipo de gobierno han explicado que la caída en estas subvenciones en un 60% se debe a que se ha creado “otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros”. De manera que entre las dos convocatorias, argumentan desde el Ayuntamiento, alcanzarían los 1,1 millones.

Además, el consejero de Economía Carlos Gimeno ha lamentado que el PSOE “cree alarmismo” en el tejido empresarial de la ciudad al asegurar en rueda de prensa que las ayudas del 2025 “no se han pagado, cuando se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera”, ha recalcado.

La nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana de Zaragoza no se aprobará finalmente este mes. Un error administrativo en la tramitación del expediente ha obligado al Ayuntamiento a aplazar su aprobación definitiva hasta septiembre, cuando estaba previsto que pasara por el pleno municipal de julio.

El problema se produjo en la documentación necesaria para llevar la norma a votación. El expediente no contaba con uno de los requisitos adminitrativos en los plazos que estaban establecidos, la documentación debía estar disponible para los grupos municipales con una antelación mínima de 48 horas antes del pleno. Al no cumplirse este requisito, el Gobierno de Zaragoza ha optado por retrasar su aprobación.

La aprobación definitiva tendrá que esperar así al primer pleno al acabar verano. El retraso no modifica el contenido de la ordenanza, que ya ha sido negociada entre el Partido Popular y Vox y que salió adelante con su apoyo.

Una norma con multas de hasta 3.000 euros

La norma pretende regular el uso del espacio público y establecer sanciones ante determinados comportamientos considerados incívicos.

Entre las medidas incluidas figuran multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. El texto contempla sanciones por actos vandálicos, grafitis o venta ambulante no autorizada, además de otras conductas como el botellón, despedidad de soltero o comportamientos que generen molestias en el espacio público.

Uno de los puntos que más debate ha generado durante la tramitación de la ordenanza es la sanción por dormir en parques y jardines. La norma incluye multas para quienes utilicen estos espacios públicos como lugar de descanso, una medida que ha sido especialmente criticada por su posible impacto en las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una regulación sobre el uso del espacio público, mientras que las entidades sociales y parte de la oposición consideran que puede acabar sancionando situaciones de vulnerabilidad.

La valla de una parcela municipal del barrio Arcosur de Zaragoza se ha convertido estos días en el símbolo de una reivindicación vecinal. Lazos y mensajes, colgados en el vallado, reclaman que ese suelo se destine a equipamientos públicos, como un instituto o una biblioteca, y no a la construcción de alrededor de 400 viviendas protegidas. En cada uno de los lazos, los vecinos han escrito el servicio que consideran prioritario para el barrio, con mensajes como 'biblioteca', 'mercado', 'centro cívico'.

La protesta parte de la Plataforma Vecinal de Arcosur, que insiste en que su rechazo no es a la vivienda pública, sino al cambio de uso de una de las últimas parcelas disponibles para equipamientos. “Nos movilizamos principalmente porque queremos que se llene de servicios, porque es un barrio totalmente en carencia de servicios”, explica Belinda Aldana, miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Los vecinos defienden que los pisos podrían levantarse en otros suelos municipales ya destinados a ese uso. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció el pasado 15 de julio un proyecto para construir 192 viviendas protegidas en parcelas residenciales del propio barrio. “El barrio está saturado de parcelas de vivienda. El Ayuntamiento tiene otras parcelas de uso público que puede destinar para este fin”, sostiene Antonio Palacios, también miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Arcosur tiene ya 12.000 habitantes y, cuando concluya su desarrollo urbanístico, podría alcanzar los 70.000 vecinos. Sin embargo, los vecinos denuncian que su crecimiento no ha ido acompañado de los servicios necesarios. “Lo que estamos pidiendo sería una biblioteca para nuestros jóvenes, un centro cívico, la creación de un instituto y un mercado principalmente para no depender de un vehículo para hacer la compra diaria”, enumera Belinda Aldana.

Servicio para otros barrios

Además, consideran que la ubicación de la parcela permitiría dar servicio no solo a Arcosur, sino también a otros barrios como son Montecanal y Valdespartera. “Podría dotar de servicios a tres zonas muy importantes del Distrito Sur, porque estamos justo en un triángulo donde se cortan nuestros barrios”, defiende Antonio Palacios.

La plataforma también defiende que el futuro uso de la parcela se decida mediante un proceso participativo y, con ese objetivo, ha puesto en marcha una encuesta para que los vecinos puedan elegir qué equipamiento consideran prioritario. Según la asociación, la iniciativa suma ya cerca de 1.300 apoyos.

Mientras tanto, la campaña continúa y cada día aparecen nuevos lazos en la valla, convertida ya en el símbolo de una movilización que reclama que el crecimiento residencial vaya acompañado de las dotaciones públicas necesarias. “Queremos que nuestros hijos también vivan cosas como estas. Todo el mundo paga sus impuestos y debe tener servicios en todos los barrios, no solo en unos pocos”, concluyen.

Zaragoza está más cerca de tener una ordenanza cívica después de que el texto saliera adelante este jueves en una comisión extraordinaria de Presidencia gracias al apoyo de Vox al PP. La iniciativa contempla un conjunto de sanciones entre las que se encuentran las despedidas de soltero, los grafitis o el botellón. También se contemplan multas por dormir en parques para combatir el sinhogarismo. Asimismo, la ordenanza prohíbe acceder con burka a dependencias municipales. Solo queda la aprobación definitiva en el próximo pleno para que la normativa vea definitivamente la luz.

La denominada Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, que sustituye a la derogada en 2014, establece un régimen sancionador con multas de entre 50 y 3.000 euros, divididas en infracciones leves, graves y muy graves, además de la obligación de reparar los daños causados al patrimonio público.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, los grafitis con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. Las sanciones se endurecen además cuando estos actos afectan a elementos declarados Bien de Interés Cultural.

Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero que alteren gravemente la convivencia y los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, recogen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores, abandonar bicicletas o patinetes en la vía pública y, tras las aportaciones incorporadas durante la tramitación, usar fuentes de sonido en el transporte público colectivo cuando alteren el descanso de otros usuarios. También se sanciona la ocupación de parques y jardines para pernoctar, aunque el texto rebaja esta conducta a falta leve tras la aportación de la Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar de Zaragoza.

La norma incorpora también una disposición que impide acceder a edificios y equipamientos municipales ocultando el rostro –con casco, pasamontañas, burka o niqab– sin identificarse previamente ante la Policía Local. Otras novedades incluyen el reconocimiento del derecho al descanso como parte del derecho a la salud, la incorporación de la salubridad como deber básico de convivencia y la prohibición de usar fuentes de sonido en el transporte público cuando perturben a otros viajeros.

El pacto entre PP y Vox

El texto ha salido adelante gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox, cuya portavoz, Eva Torres, ha reivindicado el papel de su formación como impulsora de la norma: “Fuimos el grupo municipal que puso encima de la mesa la necesidad de tener una ordenanza cívica para regular los comportamientos incívicos que provocan problemas de salud, sanitarios y de limpieza en Zaragoza”.

Torres ha recordado también que la moción que su grupo presentó en mayo de 2025, respaldada por unanimidad en el pleno, dio pie a que “más del 90 por ciento de los zaragozanos manifestaran la urgencia de contar con este marco regulatorio para mejorar su calidad de vida diaria”.

Por parte del equipo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha defendido que la aprobación del texto supone “un paso decisivo para que Zaragoza vuelva a disponer de una herramienta eficaz para proteger la convivencia, el espacio público y los derechos de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan las normas”.

“Nace del sectarismo”

El concejal socialista Horacio Royo ha censurado que el Gobierno de Natalia Chueca haya roto el diálogo con la oposición para pactar la norma con Vox, tras aceptar únicamente ocho de las 43 enmiendas presentadas por su grupo. A su juicio, la ordenanza “nace del sectarismo, no responde a los verdaderos problemas de convivencia de la ciudad, incorpora un evidente sesgo ideológico y vuelve a señalar a las personas más vulnerables”.

Royo ha recordado que fue el propio PSOE quien impulsó en 2021 la necesidad de una ordenanza cívica, recogiendo una recomendación del Justicia de Aragón tras la pandemia, pero ha lamentado que el resultado final se aleje de aquel planteamiento: “Todos compartíamos la necesidad de mejorar la convivencia, pero lo que hoy aprueban PP y Vox está muy lejos de aquel objetivo”.

El edil socialista ha calificado la norma como “una oportunidad perdida para construir un marco de convivencia útil, consensuado y centrado en los problemas reales de Zaragoza”, y acusó al PP de haber optado por “mirar a su socio de la ultraderecha antes que construir consensos”.

Royo también ha cargado contra el mantenimiento de las sanciones a personas sin hogar: “Una persona que vive en la calle no va a poder pagar una multa. Lo único que consigue esta ordenanza es acumularle deudas y estigmatizar aún más a quienes ya atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad”.

Por último, el concejal socialista ha rechazado el apartado sobre el uso del burka, que atribuye a una estrategia política de Vox asumida por el PP: “Han inventado un problema que no existe para ofrecer una solución que además puede ser ilegal”. En este sentido, ha advertido de que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo permite requerir la identificación cuando existen indicios de delito o infracción administrativa.

Las ayudas a la mejora de la competitividad, lanzadas hace casi un año y dotadas con un millón de euros, se le atragantan al Gobierno del PP en Zaragoza. La Intervención municipal ha devuelto hasta en dos ocasiones el expediente con estas subvenciones debido al sinfín de errores detectados por el órgano de control en su tramitación. Según ha dicho este martes la coordinadora del Área de Economía, el trámite se resolvió de manera definitiva el pasado 10 de julio.

La convocatoria repartía casi un millón de euros entre autónomos y microempresas de Zaragoza, en dos líneas de ayuda: una de mejora competitiva general y otra ligada a la obligación legal de instalar caja registradora homologada y facturación electrónica. Se presentaron más de 500 solicitudes.

La primera resolución tuvo que corregirse de oficio poco después de aprobarse, por un error material en dos de sus anexos. El problema de fondo llegó cuando la Intervención General advirtió discrepancias en la imputación de gastos y en la acreditación de la cifra de negocio de los solicitantes, y obligó a repetir, solicitud por solicitud, el análisis de todas las candidaturas. Aquel parón obligó además a modificar las bases de la convocatoria para cargar el gasto al presupuesto del ejercicio siguiente.

Hecha esta corrección, el Gobierno municipal firmó una nueva resolución provisional que llegó a autorizarse y a contabilizarse. Pero entonces se produjo la segunda devolución: la Intervención remitió un nuevo informe en el que exigía corregir errores de puntuación y de porcentaje de subvención en varios expedientes. Así, se computaron puntos por tener trabajadores contratados que, según la Seguridad Social, no existían, lo que además cambiaba el porcentaje de ayuda aplicable; en otros casos ocurría lo contrario. El órgano de control detectó asimismo fallos en el criterio de antigüedad de la empresa, una entidad admitida pese a superar el límite de tamaño permitido y un solicitante que cobraba sin estar dado de alta como empresario. El informe instaba, además, a revisar el criterio de reparto entre gasto corriente e inversión para garantizar uniformidad en todas las solicitudes.

“Una chapuza”

Este martes, en la comisión de Economía, el concejal del PSOE Guillermo Ortiz ha puesto el acento en el retraso acumulado y en la gravedad de los fallos. Ha considerado “sorprendente ver que en la segunda parte de 2026 se estén resolviendo” subvenciones de 2025, y ha recordado que el propio expediente reconoce que Intervención detuvo la convocatoria al ver que era “una chapuza y una trapala del Área de Economía”. Lo más llamativo, a su juicio, es que el expediente refleja una segunda devolución, advirtiendo “numerosas irregularidades de nuevo”. Ortiz ha concluido que la falta de un “criterio uniforme en el reparto” –algo que Intervención reclama– revela un problema de fondo: “Si no les llegan a pillar, estaríamos hablando de que ustedes, presuntamente, están regalando dinero público a empresarios que no son beneficiarios de las ayudas”.

En su respuesta, la coordinadora del Área de Economía, Elena de Marta, ha reconocido que “ha sido una convocatoria muy complicada, con muchos problemas, fundamentalmente derivados del elevado volumen de solicitudes que ha habido”. Ha defendido el trabajo de su servicio y del propio órgano fiscalizador y ha matizado que desde su punto de vista “no se puede considerar que haya errores de bulto”. Y ha explicado que “el servicio tramitador ha asumido todos los criterios de Intervención, y de ahí la existencia de la resolución provisional”.

De Marta ha querido subrayar que el expediente ya cuenta con una “resolución definitiva con el informe favorable de la Intervención a todos y cada uno de los solicitantes”, aprobado el pasado 10 de julio, y ha relativizado que el expediente se devolviera tras estar ya autorizado, al recordar que “las resoluciones provisionales no generan derechos”.

Hace ahora un año desde que Bizi Zaragoza culminó su despliegue por toda la ciudad. Tras una primera fase iniciada el 15 de enero de 2025, el sistema alcanzó su configuración definitiva en julio de ese mismo año con la extensión de la red a todos los distritos, incrementando el número de estaciones y bicicletas disponibles y convirtiéndose en un verdadero servicio público de movilidad para toda Zaragoza.

Doce meses después de aquella implantación completa, los datos confirman que la bicicleta pública se ha integrado plenamente en los hábitos de movilidad de los zaragozanos y que el servicio se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y saludable.

Cuando se cumple un año desde la finalización del despliegue de la red, Bizi Zaragoza afronta una nueva etapa centrada en seguir mejorando la calidad del servicio y consolidando el papel de la bicicleta como uno de los pilares de la movilidad sostenible de la ciudad. Entre los aspectos más destacables figura el refuerzo incorporado a los servicios de rebalanceo de bizis entre las estaciones, cada vez más apoyado por el algoritmo de Inteligencia Artificial incorporado en las aplicaciones de gestión del sistema. Asimismo, se ha reforzado el servicio de mantenimiento. El taller mantiene una actividad intensa para conseguir que las bizis dañadas, vandalizadas o, simplemente, en revisión, estén el menor tiempo posible paradas. Sólo en este primer año de vida se han renovado más de 6.000 neumáticos. Es decir, cada bizi ha tenido al menos dos cambios de ruedas.

De cara al usuario, y coincidiendo con este primer aniversario, se implementa de manera formal el “periodo de gracia” de 10 minutos. Esto significa que, si al llegar a la estación de destino, el usuario encuentra que no tiene anclajes disponibles, tiene 10 minutos de tiempo extra para poder localizar sitio en una estación próxima. Hay que tener en cuenta que las estaciones de Bizi están ubicadas a una media de 300 metros entre sí en la ciudad consolidada. De esta manera, se minimiza el contratiempo que puede suponer que justo en ese momento la estación de destino esté completa.

Próximamente se lanzará la primera encuesta anual a los usuarios, que servirá para conocer más detalles sobre su opinión respecto al servicio y sus costumbres de uso, de manera que sirva como herramienta para mejorar la calidad del mismo.

Además, arranca una campaña de comunicación que tendrá como soporte el guardabarros trasero de las bicicletas, con la que se quiere agradecer a los abonados su fidelidad al servicio y celebrar, con ellos, este primer año de Bizi Zaragoza en toda la ciudad.

11,3 millones de viajes

Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos. Esto supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 desplazamientos de media en días laborables, reflejando que el sistema se utiliza principalmente para desplazamientos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias.

La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa. Cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios, cifra que supera los 11 viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovechamiento de la flota municipal.

El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de Bizi Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros. Para hacerse una idea de esta magnitud, esa distancia equivale a dar más de 720 vueltas completas a la Tierra por el ecuador. Cada bizi habría hecho, de media, algo más de 11.500 kilómetros en un año: teniendo en cuenta que Tour de Francia tienen un recorrido de 3.400 kilómetros, cada una habría completado 3,5 Tours enteros.

Este uso intensivo tiene además un impacto directo sobre la sostenibilidad urbana. Se estima que el servicio ha evitado ya la emisión de 593.707 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a reducir el uso de modos de transporte más contaminantes.

El crecimiento del sistema también se aprecia en el número de usuarios. Desde su puesta en marcha se han vendido 62.937 abonos anuales, además de 20.019 abonos mensuales, más de 314.900 abonos diarios y cerca de 463.200 billetes sencillos, lo que demuestra que Bizi Zaragoza responde tanto a las necesidades de los usuarios habituales como de quienes utilizan el servicio de manera ocasional.

Más usos que la bici privada

Uno de los indicadores más significativos de este primer año de implantación completa es la evolución del reparto modal entre bicicleta pública, bicicleta privada y vehículos de movilidad personal. Los aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad muestran que la bicicleta pública ha experimentado un crecimiento extraordinario. Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.

Al mismo tiempo, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%. Además, el número total de desplazamientos registrados en esos puntos aumenta un 22%, incremento que absorbe prácticamente en su totalidad la bicicleta pública, cuya utilización se multiplica por más de tres respecto al año anterior.

Estos datos ponen de manifiesto que la ampliación de la red durante la segunda fase ha permitido que muchos ciudadanos opten por la bicicleta pública para realizar desplazamientos cotidianos que anteriormente efectuaban en patinete, bicicleta privada o incluso mediante otros modos de transporte.

En términos generales, los aforos realizados durante 2026 muestran también que la bicicleta continúa ganando peso frente a los vehículos de movilidad personal. La cuota conjunta de la bicicleta alcanza ya el 69,9%, frente al 63,3% registrado en 2025.

El crecimiento del uso no ha supuesto un deterioro de los niveles de seguridad. Desde el inicio del servicio se han registrado 485 incidentes, una cifra que representa apenas el 0,0043% de los desplazamientos realizados.

Por otro lado, el tiempo medio de cada viaje se sitúa en 10 minutos y 35 segundos, lo que confirma que el sistema responde principalmente a trayectos urbanos de corta y media distancia, complementando eficazmente al transporte público y facilitando la movilidad entre barrios.

“Un éxito”

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que “el primer año de funcionamiento de Bizi Zaragoza en toda la ciudad confirma que la apuesta realizada por el Ayuntamiento ha sido un éxito. Hoy la bicicleta pública forma parte de la vida cotidiana de decenas de miles de personas y se ha convertido en una alternativa real para desplazarse de forma rápida, cómoda y sostenible”.

Gaudes ha señalado también que “los datos reflejan no solo un elevado nivel de utilización, sino un cambio profundo en los hábitos de movilidad. Cada vez más ciudadanos eligen la bicicleta pública para sus desplazamientos diarios, contribuyendo a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y hacer de Zaragoza una ciudad más saludable y más amable para vivir”.

La consejera ha añadido que “la implantación completa de la red ha permitido que el servicio llegue a todos los barrios y que la bicicleta pública gane protagonismo en el reparto modal de la ciudad. Ese era uno de los grandes objetivos del proyecto y hoy podemos afirmar que se está cumpliendo con resultados muy positivos”.