Más metros residenciales frente al criterio de los técnicos de Urbanismo y con unas contraprestaciones al Ayuntamiento muy discretas. El Gobierno del PP en Zaragoza llevará a aprobación definitiva una operación urbanística que permitirá levantar junto al estadio de La Romareda una torre de 16 alturas y 204 viviendas en el solar del antiguo Convento de Jerusalén. La promotora, Enta Properties –del Grupo Bancalé–, podrá construir 25.255 metros cuadrados de techo residencial, valorados en hasta 96 millones de euros con los precios de venta de la propia tasación municipal; a cambio, pagará al Consistorio 22,4 millones.

Así consta en el expediente de la modificación aislada del Plan General, al que ha tenido acceso elDiario.es. La aprobación definitiva corresponderá en todo caso al pleno, aunque hasta el momento la iniciativa ha contado con el apoyo de Vox y de la concejal tránsfuga. Por los 1.405 metros que superan lo avalado inicialmente, y que pueden suponer hasta 5,3 millones más en ventas, el Ayuntamiento apenas ingresará una cantidad adicional de 160.600 euros.

La iniciativa con siste en recalificar un solar, hasta ahora de uso religioso privado, para permitir usos residenciales y terciarios. El suelo, adquirido en 2018 por Bancalé por unos 8,8 millones de euros, pasará a albergar 204 viviendas —68 de ellas en alquiler obligatorio durante al menos diez años— y dos residencias asistenciales. A cambio, la empresa promotora abonará al Ayuntamiento 22,4 millones de euros. Las viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad, a partir de los parámetros del convenio.

La operación recibió el visto bueno previo del Consejo de Gerencia de Urbanismo en junio. Ese aval se refería a una propuesta concreta: 23.850 metros cuadrados de edificabilidad residencia, 15.595 de usos terciarios y un máximo de 204 viviendas, hasta 39.445 metros cuadrados en total.

El promotor aumenta la edificabilidad

El proyecto que Enta presentó más tarde elevó la parte residencial en 1.405 metros, casi un 6% más. Ante esto, el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, del área de Urbanismo, consideró que se tomara “como referencia” la superficie previa y avisó de que “cualquier alteración sustancial de dichos parámetros” requeriría “una nueva valoración técnica y, en su caso, un nuevo pronunciamiento de los órganos municipales competentes”. El 25 de junio, el pleno aprobó inicialmente la modificación y condicionó la aprobación definitiva a que el nuevo proyecto cumpliera “las prescripciones informadas por los servicios municipales”.

Pero el documento que Enta aportó en septiembre para la aprobación definitiva no rebajó la edificabilidad, sino que la elevó. Así, mantuvo los 25.255 metros residenciales y subió los terciarios a 17.120, con lo que pasó a 42.375 metros, 3.000 más que lo avalado en junio.

Finalmente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística concluyó que la modificación no era “de carácter sustancial”, con lo que la tramitación podía continuar, y solo solicitó que el pleno tomara “conocimiento”..

Preguntado por este medio, el Ayuntamiento atribuyó el lunes el aumento en la edificabilidad a que “en el proyecto inicial no se habían contabilizado los usos previstos en la planta sótano”. Según consta en el expediente, esa explicación solo podría aplicarse a la parte terciaria, en la que el informe técnico da por buena –sin verificarla– la explicación de la entidad promotora. Pero en cuanto al suelo residencial los técnicos de Urbanismo dejan claro que esa superficie “ya figuraba en la documentación sometida a aprobación inicial”.

La compensación para el Ayuntamiento respecto a los 22 millones de euros publicados en junio sube en 398.450 euros.

De cero viviendas a una torre de 16 alturas

Pero el salto respecto al planeamiento vigente es mayor. La parcela está calificada como equipamiento privado –de uso religioso– y no admite viviendas. Su edificabilidad, confirmada en mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una sentencia, es de 12.241,50 metros cuadrados. La modificación la multiplica por 3,5 y la altura máxima se incrementa “de 8 a 16 alturas”, según los técnicos municipales de Urbanismo. El volumen más alto, de planta baja más 14 plantas y ático, se sitúa en la esquina de la calle de Jerusalén con el paseo de Isabel la Católica.

De las 204 viviendas, 68 se destinarán al alquiler durante un mínimo de diez años y 136 serán libres. Enta Properties pagará la mitad de la compensación en los 15 días siguientes a que el acuerdo sea firme, mientras que el resto deberá desembolsarlo al obtener la licencia de edificación.

Zaragoza ha crecido hacia el sur, pero su distribución de comisarías de Policía Nacional continúa respondiendo a una organización establecida hace más de una década. Seis asociaciones vecinales de Arcosur, Rosales del Canal, Valdespartera, Montecanal y Valdefierro se han unido para reclamar la creación de una sexta comisaría de distrito que dé servicio a esta zona de la ciudad, donde residen ya más de 43.700 personas y cuya población podría alcanzar los 100.000 habitantes cuando se complete su desarrollo urbanístico.

Bajo el lema 'Luz azul en el Distrito Sur', la campaña, promovida por la Asociación de Vecinos Arcosur 360, plantea dos reivindicaciones: una mayor presencia policial visible durante las tardes y noches y la construcción de una comisaría de Policía Nacional que atienda a los cuatro barrios que integran el Distrito Sur.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones Arcosur 360, Entrelagos de Rosales del Canal, Parque Libro de la Selva y Los Montes de Valdespartera, Los Sauces de Montecanal y Corredor Verde de Valdefierro. Las dos últimas incorporaciones han sido Los Sauces y Los Montes, que se sumaron este lunes a una petición que reúne ya a colectivos de todos los barrios del distrito y del vecino Valdefierro.

El presidente de Arcosur 360, Antonio Palacios, aclara que la reivindicación no responde a una situación de inseguridad grave. Aunque se han producido incidentes aislados, como actos vandálicos contra vehículos en la calle Centauros del Desierto, junto al acceso al recinto ferial, o robos en trasteros, especialmente numerosos en estos desarrollos residenciales, los vecinos no consideran que el Distrito Sur sea una zona conflictiva. Lo que reclaman es una mayor proximidad policial y una presencia habitual de patrullas que contribuya a reforzar la sensación de seguridad.

Palacios pone como ejemplo Montecanal, donde reside población de mayor edad para la que considera especialmente importante contar con una presencia policial cercana y visible. De hecho, el nombre de la campaña hace referencia a las luces azules de los vehículos policiales, cuya presencia transmite tranquilidad a los vecinos, pero que no resulta habitual en las calles del distrito. “Cuando viene alguna patrulla, la gente gira la cabeza con sorpresa”, explica.

Un mapa policial anterior al crecimiento del sur

Zaragoza dispone de cinco comisarías de distrito de Policía Nacional, situadas en Actur-Rey Fernando, Arrabal, Centro, Delicias y San José. Su distribución quedó recogida en la Orden INT/28/2013, cinco años antes de la creación administrativa del Distrito Sur, en 2018.

Desde entonces, el crecimiento residencial de Arcosur, Rosales del Canal, Montecanal y Valdespartera ha transformado esta parte de la capital aragonesa. Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2026 aportados por las asociaciones, el distrito suma 43.705 habitantes y ocupa una superficie de 60,5 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo más extenso de Zaragoza.

Los colectivos vecinales consideran que esta expansión demográfica y territorial justifica revisar la distribución de las instalaciones policiales. Como referencia, señalan que Sevilla, con una población ligeramente inferior a la de Zaragoza según el INE a comienzos de 2025, contaba con seis comisarías de distrito en la misma orden ministerial.

Palacios recuerda que la capital andaluza también tuvo que adaptar su organización policial al crecimiento urbano y considera que Zaragoza debería anticiparse a una situación similar. A su juicio, el mapa policial de 2013 ha quedado desfasado respecto a una ciudad que se ha expandido considerablemente hacia el sur.

El presidente vecinal señala, además, que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del importante crecimiento demográfico que todavía tienen por delante estos barrios. Por ello, considera que una zona que podría alcanzar los 100.000 habitantes no puede seguir siendo tratada como un conjunto de barrios dormitorio, sin los servicios y equipamientos públicos que corresponden a su población.

Las asociaciones también ponen el acento en las distancias que separan los nuevos barrios de las instalaciones policiales existentes.

14 kilómetros hasta la comisaría de San José

Según los cálculos recogidos en la campaña, desde Arcosur hay unos 14 kilómetros hasta la comisaría de San José, un desplazamiento que puede prolongarse hasta 57 minutos en transporte público. Para acudir a la de Delicias, que identifican como la más próxima para presentar una denuncia presencial, estiman un trayecto de 42 minutos en autobús.

Palacios incide en las dificultades que supone desplazarse hasta Delicias, un distrito densamente poblado y con problemas de aparcamiento, para realizar trámites como la presentación de denuncias. También señala los desplazamientos que deben afrontar los vecinos para renovar el DNI, al no disponer de una oficina de expedición en el Distrito Sur. Entre los trayectos, la búsqueda de estacionamiento y las gestiones, sostiene que estos trámites pueden acabar ocupando buena parte de la mañana.

A ello añaden las limitaciones que, a su juicio, presenta la presencia de Policía Local en estos barrios. Señalan que únicamente Valdespartera figura en el servicio municipal de policía de barrio, con horario de 8.00 a 21.00 horas, mientras que las patrullas nocturnas tienen como referencia el cuartel de La Paz, situado a unos 11 kilómetros de la entrada de Arcosur.

Los vecinos reclaman, por tanto, no solo una nueva comisaría de Policía Nacional, sino también más patrullas de Policía Local, dado que el distrito no está incluido en la policía de barrio, y una mayor cobertura del servicio de policía de barrio en Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal.

Una parcela de más de 57.000 metros cuadrados en Arcosur

La campaña no se limita a reclamar unas instalaciones policiales, sino que plantea una posible ubicación. Las asociaciones proponen estudiar la parcela de equipamiento S-2 de Arcosur, de 57.379 metros cuadrados, situada junto a la glorieta de la avenida de Casablanca, entre Arcosur y Rosales del Canal.

Defienden que su emplazamiento permitiría acceder rápidamente a los cuatro barrios del distrito, con recorridos de uno o dos minutos hasta sus primeras viviendas, según sus estimaciones.

Se trata, en cualquier caso, de una propuesta vecinal cuya viabilidad urbanística y funcional está pendiente de estudiar. La decisión sobre la ubicación definitiva correspondería a las administraciones competentes. “No pedimos nada extraordinario. Pedimos que el mapa de la seguridad se ponga al día con el mapa de la ciudad”, sostiene Antonio Palacios, presidente de Arcosur 360, quien recuerda que Valdespartera ya alberga instalaciones de la Guardia Civil.

Las asociaciones dirigirán su petición a la Dirección General de la Policía y a la Delegación del Gobierno en Aragón, además de trasladarla a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Junta Municipal del Distrito Sur.

También pretenden que la Junta Municipal debata y apruebe una posición institucional sobre la necesidad de contar con una comisaría propia.

La iniciativa incluye un registro de incidencias para recoger experiencias de los residentes, sin identificar personas ni domicilios concretos, y una campaña de adhesiones entre los establecimientos comerciales, que podrán exhibir el cartel de “Luz azul en el Distrito Sur” en sus escaparates.

Los seis colectivos han elaborado un pliego común de reivindicaciones que cada asociación ha adaptado a las necesidades específicas de su barrio. “Cuando asociaciones de cuatro barrios piden lo mismo, ya no es la queja de un barrio: es una necesidad del distrito”, defiende Palacios.

Con esta campaña aspiran a situar la dotación policial entre las prioridades de una de las zonas de mayor expansión residencial de Zaragoza, sin presentar el distrito como un foco de delincuencia, sino reivindicando que el crecimiento de la ciudad vaya acompañado de unos servicios públicos adecuados a las necesidades de sus habitantes.

El número dos del Gobierno del PP en Zaragoza, Ángel Lorén, ya no quiere que lo defiendan los abogados municipales en el procedimiento abierto por la quiebra de Cublan Inversiones, la antigua concesionaria del spa de Ranillas. El primer teniente de alcalde y consejero de Presidencia ha pedido una defensa externa pagada por el Ayuntamiento de Zaragoza, para lo que cuenta con un informe jurídico favorable.

Hay que recordar que Lorén figura como afectado en la parte del concurso de acreedores en la que el juzgado de lo Mercantil decide si la quiebra fue fortuita o culpable y quién responde por ella. Cublan se declaró en concurso en 2022, pocos meses después del cierre del spa, con una deuda de unos 14,6 millones de euros. En mayo de 2023, la empresa y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Consistorio. Atribuyen la quiebra a dos decisiones municipales: la denegación de la licencia de actividad en noviembre de 2021 y la negativa, en enero de 2022, a autorizar un crédito hipotecario con el que la empresa pretendía salvar el negocio. En julio de 2026, la jueza Carmen Villellas citó como afectados a nueve miembros del gobierno municipal de entonces, entre ellos Lorén.

El propio informe municipal, avanzado por 'Heraldo' pero que ha podido confirmar este periódico y que el Gobierno de Zaragoza ya ha aprobado, deja claro lo que está en juego. Los Servicios Jurídicos reconocen que en ese proceso se pretende declarar la “responsabilidad de carácter personal” de un miembro de la corporación “como consecuencia del ejercicio de sus funciones”. No se discute solo si el Ayuntamiento debe responder ante la concesionaria, sino si también deben hacerlo, con su patrimonio, quienes tomaron las decisiones. El documento señala que Cublan reclama que el Ayuntamiento y esos cargos sean condenados de forma conjunta.

Junto a Lorén, que entre 2019 y 2023 era cuarto teniente de alcalde en el gobierno de PP y Ciudadanos, figuran en la lista el entonces alcalde y hoy presidente de Aragón, Jorge Azcón; la actual alcaldesa, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes, María Navarro; el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano; Sara Fernández, y los exconcejales Carmen Herrarte, Javier Rodrigo y Patricia Cavero.

Del abogado municipal a un despacho especializado

A finales de julio, la Alcaldía había concedido a Lorén un abogado y una procuradora del propio Ayuntamiento, como él había solicitado. Menos de dos meses después cambió de criterio y pidió ser defendido por dos abogados de Barcelona y Madrid del despacho R&S Concursalistas, especializado en quiebras. La normativa municipal permite a cualquier cargo elegir a sus propios abogados, aunque eso supone renunciar a los del Ayuntamiento. El concejal asegura que contar con dos letrados no encarecerá la factura.

Para justificar que el Ayuntamiento pague, los Servicios Jurídicos se apoyan en un criterio del Tribunal Supremo sobre cuándo una administración puede costear la defensa de sus cargos. Ese criterio está pensado para juicios penales y el informe lo reconoce, pero lo considera aplicable en este caso.

Según consta en el propio informe, suscrito por el jefe de la Asesoría Jurídica municipal, el Supremo exige que al final quede acreditado que no hubo responsabilidad. El documento no explica sin embargo cómo se aplicaría en este caso. Como no existe un tope para lo que puede cobrar la defensa de un concejal, los Servicios Jurídicos proponen aplicar el de los funcionarios. La factura podría acabar pagándola la aseguradora municipal.

El informe concluye que la defensa de Lorén no choca con los intereses del Ayuntamiento: como Cublan pide condenar a la vez a la institución y a sus antiguos responsables, ambas defensas van en la misma dirección.

El spa, construido para la Expo 2008, está cerrado desde febrero de 2022. Además del concurso, Cublan ha ganado al Ayuntamiento en otros dos frentes. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluyó que la empresa tenía derecho a su licencia, un fallo que no se conoció durante más de dos años. Y en 2026, el mismo tribunal obligó al Ayuntamiento a pagar los salarios pendientes a cuatro antiguos trabajadores.

Otro lío a la vista con el pelotazo urbanístico para pisos de lujo junto a La Romareda. El Gobierno del PP en Zaragoza ha corregido la nota de prensa en la que informaba este lunes sobre la aprobación definitiva del denominado proyecto 'Living Romareda', el complejo residencial y asistencial que el Grupo Bancalé levantará en el solar del antiguo Convento de Jerusalén. La primera versión del comunicado incluía una referencia explícita a la edificabilidad del proyecto: el texto precisaba que las 220 viviendas anunciadas quedaban “ajustadas en la concreción técnica del convenio en una previsión de 204 viviendas sobre una edificabilidad bruta residencial de 25.255 metros cuadrados de techo”. La segunda versión suprime ese inciso por completo y se limita a indicar que el proyecto contempla “hasta 204 viviendas”.

Hay que recordar que la operación consiste en la transformación del solar del antiguo espacio monástico, en el paseo de Isabel la Católica, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar su calificación de equipamiento religioso privado por una nueva zonificación que permite usos residenciales y terciarios. El suelo, adquirido en 2018 por el Grupo Bancalé por unos 8,8 millones de euros, pasará a albergar 204 viviendas —68 de ellas en alquiler obligatorio durante al menos diez años— y dos residencias asistenciales. A cambio, la empresa promotora abonará al Ayuntamiento 22,4 millones de euros. Las viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad, a partir de los parámetros del convenio.

La modificación en la mencionada nota llega después de que el Ayuntamiento informara de un incremento de casi 3.000 metros cuadrados de techo en relación con la edificabilidad que se contemplaba inicialmente. Con posterioridad, el equipo de gobierno ha eliminado el único pasaje de la nota que ponía en relación el número de viviendas con la superficie edificable que las sustenta. Es precisamente el dato que permite verificar si las cifras que maneja el Gobierno municipal son asimilables lo que establece el convenio urbanístico aprobado y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 19 de mayo. Además, reduce el número máximo de viviendas previstas en el sector de 220 a 204.

Ese fallo judicial, que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto, fijó que la edificabilidad legal de la parcela conforme al PGOU vigente era de 12.241,50 metros cuadrados de techo. Sin embargo, el convenio definitivo aprobado este lunes ha consolidado 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios, casi 5.000 metros más de lo que el tribunal reconoció como edificabilidad total atribuible al solar, y por encima incluso de los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

Superficie solo para sótanos

El Ayuntamiento ha aclarado, a preguntas de elDiario.es, que el incremento de edificabilidad respecto a la propuesta inicial se debe a que “en el proyecto anterior no se habían computado los usos previstos en la planta sótano, que de acuerdo con la normativa del PGOU computan como edificabilidad”. La institución municipal ha justificado además que el escaso aumento de la compensación económica –apenas 401.839 euros por casi 3.000 metros cuadrados adicionales– tiene que ver con el menor valor unitario de las superficies bajo rasante y a que la ley solo grava el 10% del incremento de aprovechamiento. Esta explicación sin embargo no da respuesta a por qué la edificabilidad total aprobada –42.375 metros cuadrados de techo– triplica los 12.241,50 metros cuadrados que el TSJ fijó en mayo como edificabilidad legal de la misma parcela.

La operación ha recibido el rechazo del PSOE. La concejal socialista Ros Cihuelo ha señalado que “el consejero (Víctor) Serrano ha vendido hoy como una nueva conquista lo que todavía tiene que demostrar con hechos”, y ha criticado que “modificar el planeamiento para facilitar una operación inmobiliaria millonaria no significa que responda al interés general”. Para Cihuelo, las viviendas previstas, con precios que estima en “400.000 o incluso 500.000 euros”, responden a “la política que está impulsando Chueca en nuestra ciudad para el beneficio de los especuladores”, y ha lamentado que “detrás de estas promociones no se encuentran, de forma prioritaria, familias que buscan un hogar”.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite al Grupo Bancalé transformar el antiguo convento de Jerusalén, anexo al estadio de La Romareda, en un complejo residencial y asistencial de 220 viviendas y dos residencias. Una operación, bautizada como 'Living Romareda', que consolida uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad en los últimos años: una parcela adquirida en 2018 por unos 8,8 millones de euros se convierte en un proyecto cuya edificabilidad más que se triplica y cuyas viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado el plan como un ejemplo de regeneración urbana. “Zaragoza avanza con determinación en la resolución de cicatrices urbanas que llevaban décadas lastrando la escena urbana de nuestros barrios”, ha declarado este lunes, y ha valorado que su impulso responde “directamente al interés público”.

En junio, cuando se aprobó inicialmente el proyecto, los ingresos para el Ayuntamiento se situaron en 22 millones de euros, la cifra que el promotor había propuesto como tope máximo en diciembre de 2025. El convenio urbanístico aprobado este lunes fija esa compensación en apenas 400.000 euros más. Lo que en ese momento era una estimación del propio interesado sin justificación técnica acreditada –así lo señaló el informe de la arquitecta jefa del Servicio Técnico de Planeamiento, que advirtió de que la propuesta económica no iba acompañada “de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”– se ha convertido diez meses después en la cifra definitiva del convenio, incrementada en un 1,8%.

A cambio, la edificabilidad total del proyecto ha crecido. El convenio definitivo recoge 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y 25.255 para uso residencial, un total de 42.375 metros cuadrados, frente a los 39.445 metros cuadrados de la propuesta inicial. Así, el promotor obtiene casi 3.000 metros cuadrados adicionales de edificabilidad por 400.000 euros más de compensación. Cuestionadas al respecto, fuentes municipales se limitan a señalar que “la estimación de todo, atada y bien analizada por los técnicos municipales, da el resultado del importe total que se indica”.

El trasfondo judicial

La operación tiene además un trasfondo judicial que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto desde mayo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en una sentencia que la edificabilidad terciaria que consolida el convenio –17.120 metros cuadrados– supera en casi 5.000 metros la que el tribunal reconoció como correcta bajo el planeamiento vigente, e incluso supera los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

El fallo del TSJ resolvió además que la cesión de 1.135 metros cuadrados para la apertura de un nuevo vial entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán debía realizarse de forma gratuita y sin contraprestación. El promotor había litigado durante años para que fuera considerada onerosa y, por lo tanto, generadora de edificabilidad adicional. El convenio hecho público este lunes recoge esa cesión gratuita, que Serrano ha presentado como una aportación del promotor al barrio. “Hemos escuchado a los vecinos y a los grupos políticos para mejorar sustancialmente el proyecto”, ha declarado el consejero, que ha destacado que la cesión “transformará un recinto amurallado en un espacio permeable y con mejores dotaciones de movilidad para todo el barrio.”

La tramitación del expediente ha durado diez meses desde que Enta Properties, la sociedad del Grupo Bancalé propietaria del solar, presentó la solicitud en diciembre de 2025. El proceso ha pasado por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, la Comisión de Urbanismo y el período de información pública, en el que solo se presentaron tres alegaciones de vecinos particulares. “Durante el periodo, durante lo que ha sido el expediente y de cara a esta aprobación definitiva solamente ha habido tres alegaciones de tres vecinos”, ha confirmado el propio Serrano. La aprobación definitiva ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y con el rechazo de PSOE y Zaragoza en Común.

Más plazas de aparcamiento

Como novedad respecto a la aprobación inicial de junio, el convenio definitivo incorpora la obligación de construir un 20% adicional de plazas de aparcamiento privado por encima del mínimo legal, condición que Vox exigió para apoyar el proyecto. “Esos aprovechamientos vienen a suponer en número aproximadamente unas 100 plazas de aparcamiento más de las que había previsto”, ha explicado Serrano. Las viviendas destinadas a alquiler –entre 68 y 70 de las 220 previstas– deberán mantenerse en ese régimen durante un plazo mínimo de diez años.

El Grupo Bancalé, fundado por el empresario aragonés Juan Ramón Fabre Marqués, adquirió la parcela del antiguo convento en septiembre de 2018. La sociedad compradora, Enta Properties SL, es una filial del grupo cuya administración única corresponde a Bancalé Servicios Integrales SL. La parcela estuvo bloqueada durante años por un procedimiento judicial sobre licencias de demolición y apertura que concluyó con la sentencia del TSJ de mayo de 2026. El Ayuntamiento fue condenado en costas en primera instancia por inactividad administrativa prolongada ante las solicitudes de licencia presentadas por el promotor en 2019.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que acudirá al Consejo de Transparencia para reclamar amparo y garantizar su derecho de acceso a la información si el Gobierno de Natalia Chueca continúa sin facilitarle el contrato de arrendamiento de industria de ocho millones de euros suscrito entre la sociedad La Nueva Romareda y el Real Zaragoza SAD.

Tras casi dos meses de reclamaciones sin respuesta, el PSOE presentará este lunes un nuevo requerimiento y denuncia que una sociedad participada en un 89% por las administraciones públicas supedite la entrega del documento a la autorización de Ibercaja y del club de fútbol.

La concejala ha criticado que el acceso a un documento relacionado con una inversión mayoritariamente pública dependa de la autorización de Ibercaja y del club de fútbol, y ha advertido de que los retrasos en la construcción del nuevo campo podrían incrementar los costes del proyecto en 135.000 euros mensuales por la necesidad de prolongar el alquiler del Ibercaja Estadio.

Según ha explicado Ranera, la existencia de este contrato salió a la luz a finales de agosto, cuando los socialistas tuvieron acceso a una auditoría de la sociedad en la que figuraba, dentro del apartado de hechos posteriores al cierre del ejercicio, la formalización de dicho acuerdo.

El documento recoge, según la portavoz, que el contrato se firmó el pasado 2 de marzo y que dos días después, el 4 de marzo, se abonó la correspondiente factura. Sin embargo, el PSOE asegura que desconoce las condiciones pactadas, los conceptos incluidos en los ocho millones de euros y las obligaciones asumidas por las partes.

Tras conocer su existencia, los socialistas solicitaron una Junta de Portavoces extraordinaria, que se celebró el 31 de agosto. En aquella reunión se acordó reclamar a la sociedad La Nueva Romareda y a la alcaldesa la documentación correspondiente.

Posteriormente, el 25 de septiembre, se reunió la sociedad y, según la comunicación remitida al PSOE el 2 de octubre, se acordó por unanimidad solicitar autorización formal tanto a Ibercaja como al Real Zaragoza para poder exhibir el contrato de arrendamiento.

Esta respuesta ha provocado las críticas de Ranera, que considera “inadmisible” que el derecho de información de los representantes municipales quede supeditado a la decisión de entidades privadas.

Quién decide sobre el dinero público

Ranera ha recordado que las administraciones públicas controlan conjuntamente el 89% de la sociedad responsable de la construcción del nuevo estadio, una operación que ha situado entre las mayores inversiones acometidas en Zaragoza desde la Expo de 2008 y la implantación del tranvía.

La portavoz socialista ha subrayado que el proyecto alcanza ya una inversión de unos 200 millones de euros y ha cuestionado que los representantes públicos no puedan acceder a toda la documentación económica relacionada con su desarrollo. “¿Es Ibercaja y el Real Zaragoza quienes deciden sobre el dinero público? ¿Quién toma las decisiones en este Ayuntamiento? ¿Para qué se creó esta sociedad? ¿Quizá se creó para no dar cuenta de nada y para que no haya control por parte de la ciudadanía?”, se ha preguntado.

En este sentido, ha insistido en que la participación mayoritaria de las administraciones obliga, a su juicio, a garantizar la fiscalización de las decisiones económicas y contractuales. “¿Por qué no hay transparencia? ¿Por qué hay tanto oscurantismo? ¿Por qué no conocemos las cuentas?”, ha planteado Ranera, que también ha denunciado un trato desigual entre los concejales municipales.

La portavoz socialista ha recordado que el consejero municipal Víctor Serrano mostró el contrato durante una comisión extraordinaria, por lo que considera injustificable que el Gobierno municipal disponga del documento mientras la oposición continúa sin recibirlo. “¿Por qué algunos concejales, como el señor Serrano, sí que tienen el contrato y el grupo municipal socialista no lo tiene?”, ha cuestionado.

Ante la ausencia de respuesta, Ranera ha anunciado que el grupo socialista presentará este mismo lunes un nuevo requerimiento para exigir la entrega del documento a la mayor brevedad. Si no obtiene una contestación satisfactoria, el PSOE acudirá al Consejo de Transparencia para solicitar amparo y reclamar el acceso a la información. “El derecho a la información lo tenemos los concejales igual que lo tiene Víctor Serrano, que es quien tiene este contrato”, ha defendido.

El coste de los restrasos: 135.000 euros al mes

A las críticas por la falta de información, Ranera ha añadido su preocupación por los retrasos conocidos recientemente en la ejecución de las obras del nuevo estadio.

Según ha advertido, el incumplimiento de los plazos inicialmente previstos podría impedir que el Real Zaragoza disponga de las nuevas instalaciones durante parte de la temporada 2027-2028, lo que obligaría a prolongar la utilización del Ibercaja Estadio, el recinto provisional construido para albergar los partidos mientras se ejecuta la Nueva Romareda.

La portavoz socialista ha cifrado en unos 135.000 euros mensuales el posible sobrecoste derivado de ampliar el alquiler de estas instalaciones. “En los últimos tiempos hemos conocido que va a haber un retraso en las obras. Esto, lógicamente, generará unos sobrecostes porque habrá que alquilar más meses el Ibercaja Estadio”, ha advertido.

Ranera ha reclamado que el Gobierno municipal aclare el alcance del retraso, sus consecuencias económicas y quién deberá asumir los gastos adicionales que puedan producirse. “Ya va siendo hora de que la alcaldesa dé explicaciones a la ciudadanía y a los grupos políticos”, ha insistido, al tiempo que “se ha preguntado ”qué tiene que ocultar y por qué nos oculta información“.

Ya se ha pedido permiso a las empresas

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha amparado en que el contrato de ocho millones de euros entre la sociedad La Nueva Romareda y el Real Zaragoza contiene cláusulas de confidencialidad que obligan a recabar la autorización de las partes firmantes antes de facilitarlo a los grupos municipales. No obstante, según ha explicado, el Consejo de Administración de la sociedad ya ha dado su visto bueno a la petición trasladada por la alcaldesa, Natalia Chueca, y ahora se está a la espera de la conformidad por escrito de Ibercaja y del Real Zaragoza. “Ese es el compromiso que asumió la alcaldesa y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, ha afirmado.

Serrano ha reprochado a la portavoz socialista, Lola Ranera, que vuelva a plantear una cuestión “manida” precisamente cuando Zaragoza vive, a su juicio, un momento de ilusión por la visita de representantes de la selección española de fútbol y la exhibición de la Copa del Mundo. Ha acusado al PSOE de intentar “oscurecer los buenos momentos que vive la ciudad” y ha defendido la transparencia del Gobierno municipal. Asimismo, ha restado importancia al contenido del contrato, que asegura haber examinado en una versión anonimizada, y ha vaticinado que las críticas socialistas acabarán siendo “una tormenta en un vaso de agua”.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha puesto a la venta una parcela en los antiguos suelos de Filtros Mann, en el barrio de La Jota, para que un promotor privado construya hasta 91 viviendas de precio libre. El solar está donde la prolongación de la calle de Isla Dragonera se encuentra con el nuevo vial paralelo a las vías del tren. El Ayuntamiento lo recibió gratis mediante el 10% del aprovechamiento urbanístico que el desarrollo del ámbito debe ceder al municipio. Pese a que la ley estatal de Suelo destina ese patrimonio a vivienda protegida, el pliego no fija precios máximos de venta ni reserva ningún piso asequible.

El anuncio de licitación se aprobó por resolución del Gobierno de Zaragoza esta pasada semana. El precio de salida es de 3.778.890,47 euros sin IVA y solo puede mejorarse al alza. Este importe lo fijó el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda tomando como referencia los precios de las promociones de obra nueva del entorno, y equivale a 1.418,33 euros por metro cuadrado de suelo, 366,61 euros por metro cuadrado edificable y 41.526,27 euros por vivienda.

La parcela, para levantar baja más siete alturas, mide 2.664,32 metros cuadrados. Da por el norte a la prolongación de la calle de Isla Dragonera y por el este, al vial que discurre junto al trazado ferroviario. Se trata de la parcela en la que se materializa la cesión del 10% que corresponde al municipio en un ámbito en el que se levantarán 914 viviendas.

Los criterios de la enajenación: prima el precio

El Ayuntamiento ha presentado la operación como una venta en la que se dará “gran importancia a la propuesta técnica”, según las fuentes municipales que citó 'Heraldo' el día de la aprobación. Pero el pliego dice otra cosa: la calidad y eficiencia del edificio y la reducción de plazos suman 10 de los 100 puntos, mientras que la oferta económica reparte hasta 85 puntos y el adelanto del pago, otros 5. La sostenibilidad energética, ambiental o social del edificio puntúa como máximo 5.

El adjudicatario tendrá que pagar al menos el 20% del precio, más IVA, en los 15 días hábiles siguientes a la notificación, y el resto antes del 30 de junio de 2027. Entre los fines de la venta, el propio pliego menciona “el cumplimiento de los ingresos municipales”. Solo pueden optar empresas con experiencia acreditada en al menos una promoción de 80 viviendas o más en los últimos diez años, lo que deja fuera a los promotores pequeños.

El Gobierno municipal se apoya para la operación en la Ley de Urbanismo de Aragón, que permite vender por concurso con varios criterios los suelos del patrimonio público para los que el planeamiento prevé uso residencial sin exigir vivienda protegida. Frente a esto, la ley estatal de Suelo dice que los bienes que forman necesariamente ese patrimonio, entre ellos las cesiones obligatorias, deben destinarse a vivienda con algún régimen de protección pública.

Esa contradicción ya llegó al Justiciazgo de Aragón por otra venta, la de los antiguos terrenos de Alumalsa en el barrio de San José, entre la calle de Neptuno y la calle de Santa Gema y donde se pueden construir más de un centenar de viviendas. En su respuesta a la Justicia, los servicios municipales sostuvieron que destinar esos suelos a vivienda pública supondría una importante pérdida patrimonial para el municipio, y que el dinero de la venta se dedicaría por ley a conservar el patrimonio municipal de suelo. El 21 de julio de 2026, la Justicia, Concepción Gimeno, sugirió al Consistorio que interpretara el uso residencial de esas parcelas en coherencia con los fines que la ley aragonesa fija para el patrimonio público de suelo, y que tuviera en cuenta las expectativas vecinales. El Ayuntamiento adjudicó las dos parcelas por 9.353.000 euros a Residencial del Canal S.L.

Suelos contaminados y riesgo de inundación

La parcela se vende sin derecho a reclamar por la superficie ni por condiciones geológicas que encarezcan la obra. Los acuerdos del proyecto de urbanización del área reconocen la presencia de suelos contaminados: no exigen una descontaminación general, pero sí un plan de seguimiento del movimiento de tierras y una dirección medioambiental durante la excavación, como condición de la licencia de obras. El Registro de la Propiedad anotó también un riesgo bajo de inundabilidad en parte del área, con un periodo de retorno de 500 años, según la cartografía del SITEbro.

Las viviendas tardarán. El comprador tendrá de plazo hasta octubre del año que viene para pedir la licencia y la obra deberá durar entre 21 y 30 meses, así que los primeros pisos no se entregarían antes de 2029 y lo más probable es que lleguen en 2030. Tampoco podrá revender el solar sin autorización municipal hasta terminar el edificio.

La peña de Los Goyescos ha expresado su malestar por la organización y el desarrollo del pregón de las peñas, celebrado el pasado sábado 10 de octubre durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza. En un comunicado difundido por su junta directiva, la agrupación denuncia situaciones de tensión e inseguridad durante el recorrido y reclama a los responsables de la organización que adopten medidas para evitar que se repitan. A estas críticas se suma ahora la Unión Peñista de Zaragoza, que asegura que “lo ocurrido no es un hecho aislado ni una situación imprevisible”, sino un problema que lleva años denunciando y que se agrava en cada edición.

La polémica se centra en el propio recorrido y en la organización del público durante una jornada, que se prolongó desde las 18:00 hasta aproximadamente las 22:00. La junta directiva sitúa en la calle de Don Jaime I, uno de los principales puntos conflictivos, y es que los peñistas tuvieron que permanecer allí durante dos horas mientras se celebraba el pregón del Ayuntamiento.

La peña Los Goyescos denuncia que la situación llegó a generar momentos de tensión entre los asistentes: “Durante ese tiempo, nuestros peñistas tuvieron que soportar insultos, empujones y lanzamiento de vallas, además de presenciar peleas y momentos de gran tensión”.

La Unión Peñista coincide y alerta de que “la convivencia de peatones ajenos al acto y vehículos en movimiento, sin separación física ni control de accesos, generaba un riesgo evidente de accidentes que podría haber tenido consecuencias graves”.

Falta de seguridad y problemas con el vallado

Una de las principales quejas se dirige a la distribución de la presencia policial durante el trayecto, y es que aseguran que no encontraron apenas agentes y señalan que el primero que vieron estaba junto a la puerta de La Seo. “Nos preocupa especialmente que, desde la plaza de España hasta las inmediaciones de la plaza de La Seo, no encontramos presencia policial”, señala la Peña Los Goyescos.

Por otro lado, la Unión Peñista recuerda que lleva años reclamando la recuperación del vallado a lo largo de todo el recorrido, después de que el Ayuntamiento retirara esta medida de protección. “Las vallas no eran un capricho. Eran una medida fundamental de seguridad cuya retirada nunca compartimos y cuyas consecuencias llevamos años advirtiendo”, sostiene.

En años anteriores, los responsables municipales dijeron que no había vallas suficientes para cubrir todo el trayecto. Ante esta situación, afirma que llegó a ofrecer a colocar vallas y asumir ese coste económico, aunque ambas propuestas fueron rechazadas. “Gracias a las gestiones realizadas con Raúl Ortega, responsable de Producción de Zaragoza Cultural, a quien queremos agradecer expresamente su colaboración, conseguimos que el vallado se prolongara hasta el paseo de Echegaray y Caballero”, explican.

Ambas agrupaciones reconocen que el pregón oficial requiere un dispositivo de seguridad, pero consideran que los participantes en el desfile de las peñas deben contar con una protección equivalente. Además, la Unión Peñista aclara que sus críticas no se dirigen contra los agentes que intervinieron para ayudar a los participantes durante los momentos de tensión.

Exigen mejoras en el recorrido

“Las peñas no somos un estorbo: somos parte de la historia, la identidad y las fiestas de Zaragoza, y merecemos un pregón digno y seguro”, sostiene la junta directiva de Los Goyescos. Además, en el comunicado, la peña afirma que “hemos decidido no volver a participar en un recorrido del pregón que transcurra por la calle Don Jaime I”.

Desde Unión Peñista tienen claro que el objetivo es analizar lo ocurrido, revisar las deficiencias del dispositivo y acordar medidas concretas sobre el vallado, el control de accesos, la separación entre peatones y vehículos y la presencia policial a lo largo de todo el recorrido.

Concluye que estas reivindicaciones no son nuevas y recuerda que lleva más de 40 años celebrando el pregón de las peñas. “No queremos esperar a que ocurra una desgracia para que se nos escuche”, advierte.

El Ayuntamiento responde a las peñas

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha asegurado este jueves que no han recibido ninguna información ni reclamación por parte de las peñas y que han conocido sus quejas por la prensa. Ha dicho que desde Zaragoza Cultural están “siempre dispuestos a sentarnos y hablar con ellos” y que lamenta “las molestias y problemas que haya podido haber”.

Ha explicado que, de cara “a esa mayor comodidad” se pusieron vallas para bajar por Don Jaime, pero “si no ha funcionado óptimamente se puede mejorar, como todo, con todos nos sentamos a hablar”. Ha resaltado la variedad de actos que hay en el programa de fiestas, que “recoge todas las actividades que se organizan de forma privada”.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la demolición del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos, en el entorno del Portillo de Zaragoza, solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa). La resolución, fechada el pasado 8 de octubre y difundida este miércoles por el Ayuntamiento de Zaragoza, permite continuar los trabajos, aunque no supone una sentencia definitiva sobre el fondo del litigio ni resuelve el conjunto de las controversias patrimoniales y urbanísticas que acompañan a la transformación de este espacio.

El Gobierno municipal ha recibido el auto como un respaldo a su actuación y ha aprovechado para cargar contra Apudepa, a la que atribuye una “estrategia de bloqueo político” y un supuesto afán de “paralizar el progreso de la ciudad”. Sin embargo, las reivindicaciones que han mantenido tanto esta entidad como la Asociación Vecinal Joaquín Costa y otros colectivos ciudadanos van más allá de la conservación de un edificio: incluyen la protección de la arquitectura contemporánea, la creación de equipamientos públicos y un modelo de movilidad que reduzca el protagonismo del tráfico en el futuro entorno del Portillo.

El portavoz municipal, Víctor Serrano, ha asegurado que la resolución demuestra que los proyectos del Ayuntamiento “cuentan con todas las garantías legales, técnicas y urbanísticas”. También ha reprochado a Apudepa haber recurrido a los tribunales cuando el destino del inmueble estaba previsto desde hacía dos décadas y ha considerado que la protección del patrimonio no puede convertirse en un “subterfugio” para impedir el desarrollo de Zaragoza.

La defensa del edificio se había articulado en torno a un manifiesto promovido por Apudepa y respaldado, entre otros colectivos, por la Asociación Vecinal Joaquín Costa, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), CGT de Correos, la Urbanización Parque Roma, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Delicias y Zaragoza No Se Vende.

Las entidades defendían el valor arquitectónico, histórico y social del antiguo centro postal, proyectado entre 1970 y 1972 por el arquitecto José Luis González Cruz. Consideraban que constituía un ejemplo significativo de la arquitectura contemporánea zaragozana, con características vinculadas al Movimiento Moderno y al brutalismo, y reclamaban su conservación frente a la demolición prevista en el proyecto de urbanización.

Entre sus argumentos figuraba la inclusión del inmueble en los registros de la Fundación Docomomo Ibérico, dedicada a documentar y conservar la arquitectura del Movimiento Moderno. También invocaban las valoraciones de especialistas en patrimonio y arquitectura, aunque este reconocimiento documental no supone por sí mismo una figura de protección legal.

Las asociaciones reivindicaban, además, la memoria social de un edificio que durante décadas estuvo vinculado al servicio postal y al trabajo de numerosas personas. Frente a su desaparición, proponían estudiar su rehabilitación y reutilización para equipamientos públicos, entre ellos instalaciones educativas y culturales que pudieran atender necesidades pendientes de la ciudad.

La movilización había conseguido reunir 2.142 firmas hasta el 10 de febrero de 2026, según los datos difundidos por las propias entidades.

Apudepa solicitó el 21 de enero de este año la declaración del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o, subsidiariamente, como Bien Catalogado. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón rechazó posteriormente su protección, apoyándose en informes técnicos que cuestionaban la singularidad arquitectónica del inmueble y su adscripción al brutalismo.

El conflicto por Correos forma parte de un debate más amplio sobre la transformación de los antiguos terrenos ferroviarios del Portillo, una operación urbanística largamente esperada que debe permitir la creación de nuevas zonas verdes, equipamientos y conexiones entre barrios.

En mayo de 2025, la FABZ y distintas asociaciones vecinales presentaron alegaciones al proyecto de urbanización, con especial atención al diseño de la movilidad y al impacto del tráfico sobre las zonas residenciales próximas.

Entre sus principales objeciones figuraba la ampliación de la capacidad de la calle Escoriaza y Fabro, donde el proyecto contemplaba tres carriles de circulación, así como los efectos de la reorganización de Anselmo Clavé. Las entidades advertían de que estas actuaciones podían incrementar el tráfico en el entorno del futuro parque y reclamaban aprovechar la intervención para avanzar hacia un modelo urbano menos dependiente del vehículo privado.

También planteaban la necesidad de mejorar las conexiones peatonales, atender las demandas de equipamientos públicos y garantizar que la recuperación del Portillo beneficiase realmente a los barrios colindantes.

Estas alegaciones evidencian que la controversia no se ha limitado a la conservación del antiguo Correos. Las organizaciones vecinales han reclamado la transformación del espacio ferroviario, pero han cuestionado algunas de las soluciones elegidas para llevarla a cabo.

Reproches del tribunal

Según los extractos del auto difundidos por el Ayuntamiento, el TSJA considera relevante que el edificio estuviera fuera de ordenación desde la modificación del planeamiento aprobada en diciembre de 2005, cuando ya se contemplaba su demolición.

La resolución señala que existieron distintas oportunidades para cuestionar los instrumentos urbanísticos o solicitar la protección del inmueble y reprocha que se dejara transcurrir un periodo tan prolongado antes de acudir a la vía judicial.

“La diligencia del interesado a la hora de pretender la tutela judicial debe ser relevante, y cuanto mayor haya sido su desidia, menos razones hay para concederlas”, recoge el comunicado municipal al reproducir el razonamiento del tribunal.

El TSJA también se apoya en los informes técnicos que descartan el carácter excepcional del edificio y cuestionan su clasificación dentro del movimiento brutalista. Según esos informes, se trataría de una construcción funcional propia de su época, sin valores singulares suficientes para justificar su protección.

En su ponderación de los intereses afectados, el tribunal tiene en cuenta las consecuencias de paralizar unas obras que afectan a la avenida de Anselmo Clavé y que se prolongarán durante varios años. También recoge la estimación de Zaragoza Alta Velocidad, que cifró en casi 1,8 millones de euros el perjuicio económico derivado de una eventual suspensión de los trabajos.

El auto rechaza las medidas cautelares sin imponer las costas procesales a Apudepa.

El Ayuntamiento interpreta la resolución como un nuevo respaldo judicial a su política urbanística, después de que otra decisión judicial reciente rechazara las pretensiones cautelares de Apudepa relacionadas con el edificio número 12 de la calle Estébanes.

Serrano ha defendido que el Gobierno municipal continuará impulsando los proyectos de transformación urbana y ha acusado a quienes recurren estas actuaciones de pretender mantener Zaragoza “inmovilizada y anclada en el pasado”.

Por el momento, la decisión del TSJA permite mantener el calendario de las obras del Portillo, pero no pone fin al procedimiento judicial principal ni elimina las discrepancias sobre el valor patrimonial del antiguo Correos y el modelo urbanístico previsto para este enclave.

La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.

La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.

“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.

La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.

La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.

La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.

El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones

La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.

En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.

La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.

El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.

La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.

Un conflicto de intereses con el sector del taxi

El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.

Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.

La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.

“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.

UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.

Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar

A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.

La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.

“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.

La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.

Las fiestas del Pilar han cerrado su primer fin de semana marcado por el puente festivo, del viernes 9 al lunes 12 de octubre, con un balance de más de 1,6 millones de participaciones, según los primeros datos provisionales, en cuatro jornadas marcadas por el buen tiempo, la gran afluencia de público y el desarrollo de los actos sin incidentes relevantes y con una ofrenda de flores “récord”, según ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

“Lo interesante de la ofrenda de flores de ayer, que fue una ofrenda de récord, hubo más de 135.000 oferentes, para que se hagan una idea, el año pasado ya fue de récord y fueron 112.000 oferentes, este año estamos hablando de 135.000”, ha comparado. Chueca ha atribuido parte de este aumento de participación a todos los cambios que se han hecho en la forma de proceder que la hacen “muchísimo más ágil” y pudo finalizar justo unos minutos antes de medianoche de este mismo 12 de octubre.

La tradición, el folclore y la emoción han marcado una jornada que ha extendido la celebración por los escenarios musicales, los espacios familiares y los recintos de ocio de la ciudad. Sumando todos los actos se ha registrado un multitudinario día 12 de octubre, con 742.561 participaciones y la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar como principal protagonista ha reunido 544.530 participaciones, con 134.116 oferentes y 410.414 personas de público en la plaza a lo largo de la jornada.

La celebración ha vuelto a expresar el vínculo de Zaragoza con su patrona y la fuerza de una tradición que reúne a distintas generaciones y procedencias en torno a las flores, la indumentaria y la devoción. Durante su desarrollo se han celebrado también el XIV Concurso de Traje Aragonés y el XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales.

La jornada del 12 de octubre ha comenzado de madrugada con el Rosario de la Aurora, que ha congregado a 5.000 personas. En conjunto, los actos tradicionales del día han sumado 549.530 asistencias. La ofrenda de flores ha sido el acto más multitudinario, mientras que los actos del pregón reunieron a 198.700 asistencias, entre el desfile, la lectura, las retransmisiones y el Pregón de Interpeñas.

Otros puntos de la ciudad

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha acumulado desde el día 9 de octubre 99.000 asistentes, con los conciertos de Antonio Orozco y Dani Fernández y la actuación de los ganadores de los certámenes de jota; Espacio Zity ha sumado 105.000, y Estación del Norte ha congregado a 16.100.

La gran afluencia se ha extendido al Recinto Ferial de Valdespartera, con 240.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo, con 102.100, y el Mercado de Otoño, con 29.000. La programación infantil ha registrado 101.134 asistencias, entre ellas 65.500 en Río y Juego, y la Subida de la Virgen ha congregado a 18.200 personas, en uno de los momentos más emotivos de estas primeras jornadas.

El sistema de seguridad y las cámaras de conteo de la plaza del Pilar han registrado 1.243.286 accesos durante el puente, una cifra que refleja el intenso y constante movimiento de público en el corazón de las fiestas. Este registro de entradas ha puesto de manifiesto la gran afluencia a la plaza a lo largo de las jornadas, tanto para disfrutar de los actos programados como para compartir el ambiente festivo.

La notable presencia de visitantes de fuera de Zaragoza se ha reflejado en la ocupación de los alojamientos: los hoteles han alcanzado entre el 95 por ciento y el cien por cien durante el puente, mientras que los apartamentos turísticos y el camping han registrado un cien por cien de ocupación.

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha reunido a 9.000 personas entre la actuación de los ganadores del XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil y del CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa y el festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

Música en los grandes recintos

La música en directo ha continuado en los grandes recintos. Ana Mena y Marina Reche han congregado a 21.000 personas en Espacio Zity, mientras que Camela ha reunido a 8.000 asistentes en el Pabellón Príncipe Felipe.

En la Estación del Norte, Screamin' Cheetah Wheelies y Direi han contado con 2.300 asistentes, y Teenage Fanclub y Carasueño han reunido a 1.700 en el Jardín de Invierno.

Y el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor ha sumado 1.392 espectadores con This Is Michael, homenaje a Michael Jackson, en la Sala Mozart.

Por su parte, 'Zaragozando', dentro de El Pilar con Nuestros Mayores, ha congregado a 1.320 personas en sus dos funciones en la Sala Multiusos. La Unión Musical Torrero ha reunido a otras 250 personas en la cúpula geodésica del Parque La Granja.

La programación infantil ha registrado 32.430 asistencias, con Río y Juego como principal punto de encuentro familiar, con 26.500 visitas en el Frente Fluvial Expo. El Parque de las Marionetas ha recibido a 3.200 personas en el Parque José Antonio Labordeta y Las Tribus del Parque ha contado con 700 participantes.

Las propuestas infantiles también han llegado a los barrios. El León Garganchón ha reunido a 1.127 participantes en Santa Isabel, mientras que el Tragachicos ha contado con 903 en San José.

Valdespartera

Por otro lado, el Recinto Ferial de Valdespartera ha recibido 50.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo han registrado 26.000 y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha contado con 7.000.

En Valdespartera, la Feria de la Cerveza Oktoberfest ha reunido a 1.500 personas y el III Festival Internacional de Circo de Zaragoza ha sumado 1.825 asistentes. Las artes escénicas al aire libre han reunido a 920 personas, con 740 asistentes a Fisgoneo, de la compañía De Tal Palo, en Delicias de Circo, y 180 a Versus, de la compañía Passabarret, en Humor en Xior. El espectáculo Agua, Luz y Sonido ha congregado a 1.800 personas en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

Las Fiestas del Pilar han arrancado este sábado en Zaragoza con el tradicional pregón desde el balcón del Ayuntamiento, con una plaza abarrotada que ha registrado un aforo de 45.000 personas, en una jornada marcada por la sorpresa de los Bomberos de Zaragoza, que han descendido por la fachada de la casa consistorial minutos antes de dar paso a la alcaldesa. Los pregoneros han reivindicado en su intervención la solidaridad de la ciudad y han rendido homenaje a los compañeros fallecidos.

“Nos llaman héroes, pero hoy os queríamos decir la verdad: los verdaderos héroes de Zaragoza sois vosotros. Sois los héroes de esta ciudad, que a lo largo de la historia ha demostrado una fuerza, una valentía y una solidaridad indestructibles”, han expresado.

Los representantes del cuerpo han querido agradecer el apoyo recibido y recordar que detrás de los uniformes hay personas que comparten las mismas raíces y sentimientos que el resto de la ciudadanía. “Os aseguro que debajo de estos uniformes hay corazones aragoneses exactamente igual que los vuestros”, han señalado.

Como cada año, ha sonado el Canto a la libertad, de José Antonio Labordeta, una canción estrechamente ligada a la identidad aragonesa. Junto a ella, se ha escuchado la Cola de gaitas de los Bomberos de Zaragoza, una composición creada para poner música a los actos oficiales

El pregón de las Fiestas del Pilar ha estado precedido este año por una sorpresa audiovisual: un videomapping proyectado sobre la torre este de la basílica que ha recorrido los orígenes y algunos de los momentos más destacados de estas celebraciones. 

Zaragoza reconoce a Ibercaja y a referentes de la ciudad

La Fundación Ibercaja ha recibido la Medalla de Oro de Zaragoza coincidiendo con el 150 aniversario de la entidad. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado su vínculo histórico con la ciudad: “Hay instituciones que forman parte de una ciudad, y hay otras que ayudan a construirla. Ibercaja pertenece a estas última”.

El CEIP Ramiro Soláns ha sido nombrado hijo predilecto por su labor en favor de la educación pública, la inclusión y la convivencia. María José Llorente, en representación del centro, ha reivindicado una escuela capaz de transformar vidas y ha animado a “soñar a lo grande”. Entre los avances que ha destacado figura la reducción del absentismo escolar del 40% al 5%.

También ha recibido el título de hija predilecta Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Ha dedicado el reconocimiento a quienes han tenido que reconstruir sus vidas tras el terrorismo: “Nuestra historia no pueden escribirla quienes la intentaron destruir, nuestra historia la escribimos nosotros”.

El proyecto Libros que importan, de la Asociación Atrapavientos, ha sido distinguido por su labor de fomento de la lectura y su proyección internacional. Sus representantes han reivindicado con orgullo sus raíces: “Es muy chulo ser de Zaragoza”. 

Por su parte, Carlos Pascual López, presidente del Grupo Integra, ha recibido el título de hijo adoptivo y ha agradecido una distinción que, ha dicho, es “mucho más que un reconocimiento” para él y su familia.

El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza ha enmendado el error que mantenía en la ordenanza cívica multas muy graves de hasta 3.000 euros por dormir en la vía pública, al contrario de lo que anunció la alcaldesa, Natalia Chueca. El Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) publica este viernes la corrección que convierte la pernocta en infracción leve, con sanciones de 50 a 750 euros, una semana después de que la norma entrara en vigor y 29 días después de su publicación.

La rectificación reescribe dos artículos. En uno de ellos, el de las infracciones muy graves –el 41–, desaparece la letra que sancionaba usar zonas verdes, mobiliario y “demás espacios de dominio público local” para pernoctar, que pasa al 43, el de las leves.

Este periódico publicó el 2 de octubre, justo el día en que la ordenanza entró en vigor, que el texto oficial mantenía la pernocta como infracción muy grave, pese a que la alcaldesa había anunciado en mayo que la rebajaría porque 3.000 euros era “excesivo e inasumible”. El Ayuntamiento lo atribuyó entonces a “un error en la publicación del BOPZ” y aseguró que ya había pedido subsanarlo.

Días después, este periódico documentó con el expediente que el fallo no estaba en el boletín, sino en el texto que el Gobierno de Chueca llevó al pleno. Un informe del 15 de julio aceptó en parte la alegación de la Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar y rebajó la infracción a leve, pero el documento que salió de la comisión del 23 de julio la devolvió a las muy graves. Así lo aprobaron el 3 de septiembre PP, Vox y la concejala no adscrita.

El anuncio publicado este viernes mantiene, aun así, la versión municipal. Habla de “errores materiales en la publicación del anexo” y se ampara en la ley de procedimiento, sin citar ningún acuerdo del pleno. Lo firma el coordinador general del Área de Presidencia, Felipe Castán, por delegación del secretario general del pleno, y está fechado el 2 de octubre.

La ordenanza ha estado siete días en vigor con la redacción errónea. Cuando empezó a aplicarse, la acampada del Sindicato de Inquilinas estaba instalada en la plaza de España, un espacio al que alcanzaba la infracción de hasta 3.000 euros.

La programación infantil de las fiestas del Pilar ofrece esta edición más de 200 actividades. La gran novedad es Río y juego, que este año se amplía con nuevas zonas dada la gran acogida con la que cuenta año tras año. También podrán disfrutar de propuestas clásicas como la Comparsa Municipal de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, el Tragachicos y el León Garganchón o el Parque de las Marionetas.

Desde el 11 de octubre por la mañana, los más pequeños podrán conocer los nuevos espacios de Río y juego que, además de invitarlos a divertirse, cuenta con un componente educativo centrado en el medio ambiente.

Así, los menores de 3 a 6 años podrán disfrutar de D-Espacio Caracol, un nuevo espacio cerrado donde jugarán con barro, pintura, agua, cartón y telas. Para mayores de 4 años está pensado Entretelas, una zona para transformar el espacio con telas, trapillos y lanas.

Los más aventureros tendrán en el Bosque Peripecia (a partir de 6 años) una zona de juego y aventuras ubicada cerca de la entrada del Acuario de Zaragoza. Túneles, puentes y cuerdas retarán su equilibrio. Esta zona sigue el principio de reutilización y economía circular, recuperando estructuras del Parque de los Insectos de Delicias.

Para niños de la misma edad está recomendando De paseo por el río, en el que una gran barcaza ha llegado cargada de animales que viven y visitan el entorno del río Ebro.

Además, para todas las edades serán novedad A-Tiza, en el que algunos de los animales de han vestido de negro y están preparados para que quien quiera pueda dejar su arte en su piel con tizas blancas; y por último Busca y rebusca, un juego en el que los niños tendrán que encontrar diez ranas escondidas por todo el espacio, desde la copa de un árbol o en la pata de un banco.

También se ha ampliado la zona Rebebé (0 a 2 años), que triplicará su espacio para dar cabida a la gran demanda existente, mientras que la Ballena de libros se complementará con un espacio con mesas y hamacas para leer cómodamente. Por su parte, la Cocina de las Maravillas inaugurará un nuevo mercadillo, con pequeños puestos.

Otra novedad es la Chirivainas Band, la nueva banda musical del Río y Juego que hará bailar a todo el mundo. Seis músicos en el escenario propondrán diversos bailes y juegos, siempre reforzados por personajes del Comando Yogur. Los espectáculos tendrán lugar por la mañana a las 12.30 horas y por las tardes a las 18.30 horas.

Grandes clásicos infantiles

Los barrios se llenarán también de actividades, con espectáculos para todos los públicos y propuestas sorprendentes. El teatro, el circo y la magia inundarán toda la ciudad, con una gran presencia aragonesa, como la compañía de Daniel Esteban y su espectáculo 'La casa del conde' que podrá verse en Garrapinillos, Marzomayea con 'Segu-rata' en San José, o Caleidoscopio Teatro con 'Los duendes del baúl' en Montañana.

Igualmente, llegarán a los barrios dos de las propuestas más clásicas de las fiestas: la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos y el León Garganchón.

La comparsa, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2024, llenará de carreras y música zonas como el Barrio Jesús, Arcosur o el Actur, entre otros, mientras que el León Garganchón y el Tragachicos harán parada en Torrero, Picarral o Valdespartera, entre otros.

Los parques de la ciudad serán otro de los puntos neurálgicos de la programación infantil. El Parque de las Marionetas volverá un año más al Parque Grande José Antonio Labordeta, con su XXVII edición.

Mantiene su filosofía de abrir un espacio a compañías aragonesas, nacionales e internacionales, donde se reúne el teatro de títeres y marionetas, teatro infantil y familiar, teatro de feria, instalaciones y propuestas escénicas de pequeño formato en un entorno abierto. También repite con una propuesta para para adultos el 12 de octubre a las 21.00 horas.

Las Tribus del Parque se harán fuertes en el Parque Grande José Antonio Labordeta con su espectáculo 'Magicus' durante cuatro días, mientras que el segundo fin de semana se trasladarán al Parque Bruil y al Parque de la Aljafería. Los Food Trucks también contarán con una amplia programación infantil con talleres y espectáculos teatrales y de magia.

El Recinto Ferial de Valdespartera será otro de los focos de atención para los niños zaragozanos. Además de las ferias, se celebrará el tercer Festival Internacional de Circo de Zaragoza, del 9 de octubre al 2 de noviembre.

Una novedad importante para las familias es que el dispositivo de estas fiestas incorpora también un nuevo sistema de puntos de referencia para menores que se hayan separado de sus familias o acompañantes mediante unas banderolas de tela amarilla con el mensaje “¿Te has perdido? Ven aquí”.

El sistema estará presente en Río y Juego --dos puestos fijos, situados en las dos entradas del parque--, el Parque de las Marionetas --zona de taquillas-- y también durante los recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos --punto móvil-- y en la plaza del Pilar, en el entorno de la Fuente de Goya, y en la Estación del Norte, situados en las zonas destinadas a personas con movilidad reducida (PMR).

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la campaña contra las agresiones sexistas para las Fiestas del Pilar de 2026, que recupera el lema del 'No es no' y desplegará siete 'Espacios seguros' en las zonas de mayor concentración de público. Estos recursos sustituyen a los anteriores puntos violeta, eliminados por imposición de Vox.

Los nuevos 'Espacios Seguros' mantienen entre sus funciones la prevención y atención ante agresiones sexistas y violencia sexual, pero, a diferencia de los antiguos puntos violeta, dejan de estar específicamente dedicados a la violencia machista e incorporan otras situaciones, como las violencias relacionadas con la identidad o los riesgos asociados al consumo de sustancias, las relaciones sexuales y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha defendido la continuidad de una campaña iniciada en 2021 y que, según ha señalado, ya es reconocible para la ciudadanía. Este año utiliza el formato de un concurso televisivo en el que un joven debe responder qué hacer cuando una mujer le dice que no quiere que la acompañe. La respuesta: “Respetar su no”. El mensaje se difundirá desde este martes en mupis, autobuses, redes sociales y antes de los conciertos.

Los siete 'Espacios seguros' estarán instalados en la plaza del Pilar, Recinto Ferial, Espacio Zity, Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light y la zona de foodtrucks del parque San Pablo, con un total de 186,5 horas de atención.

La estrategia municipal se completa con el protocolo contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y deportivos, al que están adheridos 146 establecimientos, y el programa 'Taxi seguro'. También se han organizado cuatro sesiones de defensa personal en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

PSOE y ZeC reclaman recuperar los Puntos Violeta

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha respaldado el mensaje de la campaña 'No es No', pero ha reprochado al Gobierno de Natalia Chueca que no lo acompañe de recursos específicos para proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Ranera ha situado como ejemplos la eliminación de los Puntos Violeta, sustituidos por los nuevos “Espacios Seguros”, y el retraso de Zaragoza en incorporarse plenamente al sistema Viogén.

A su juicio, los Puntos Violeta, impulsados desde el Ministerio de Igualdad, tenían una función clara: identificar un espacio de atención y acompañamiento para las mujeres que pudieran sufrir una agresión. “No era una cuestión estética ni de colores. Era una forma de decir alto y claro que la violencia machista existe y que las mujeres tienen derecho a recibir una atención específica”.

La socialista considera “muy preocupante” que la violencia machista se diluya ahora junto a otras situaciones bajo una denominación genérica y ha reclamado recuperar estos dispositivos específicos.

También la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha reclamado su recuperación, y ha destacado en su crítica que el cambio no supone, según sus datos, una ampliación de recursos. En 2024 hubo ocho Puntos Violeta y 225 horas de atención, mientras que para estas fiestas se anuncian siete Espacios Seguros y 186,5 horas. “No estamos hablando de ampliar recursos, sino de reducirlos con menos espacios y menos horas de atención”.

Tomás ha cuestionado además que bajo estos nuevos espacios se agrupen las agresiones sexistas con cuestiones como el consumo de alcohol y drogas o la conducción. “Todo puede ser importante”, ha señalado, pero considera que al integrarlo en un mismo dispositivo la violencia machista pierde un recurso “propio, reconocible y específicamente identificado para las mujeres”.

“Necesitamos nombrar la violencia machista, prevenirla y garantizar espacios especializados donde las mujeres sepan que pueden acudir y encontrar apoyo”, ha concluido.

Menos violeta pero más accesible

Las Fiestas del Pilar estrenarán este año un Punto Accesible en la plaza del Pilar para facilitar a las personas con discapacidad el disfrute de los conciertos. El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha esta experiencia piloto durante las actuaciones musicales de los días 10, 11, 12 y 14 de octubre.

El espacio ofrecerá información y atención personalizada en castellano, inglés y lengua de signos española, además de diferentes recursos adaptados. Entre ellos habrá cascos antirruido y tapones para personas con hipersensibilidad sensorial, mochilas vibratorias que permiten a las personas sordas percibir la música mediante vibraciones y lazos de inducción magnética para usuarios de audífonos o implantes cocleares compatibles.

También se instalarán códigos NaviLens para facilitar a las personas con discapacidad visual la localización del espacio y el acceso autónomo a la información. Los usuarios podrán valorar posteriormente las medidas mediante un cuestionario que servirá para estudiar su continuidad y posible extensión a otros actos.

El Punto Accesible funcionará de 21.00 a 00.00 horas los días 10, 11 y 14, y de 17.00 a 00.00 horas el Día del Pilar.

La segunda novedad es una web desarrollada por Zumo Cítrico en colaboración con el Ayuntamiento que permitirá consultar previamente las condiciones de accesibilidad de los actos y filtrar la programación según necesidades de movilidad, visión, audición o sensibilidad al ruido y las aglomeraciones.

Cada actividad incluirá información sobre accesos, zonas reservadas y recursos disponibles, además de mapas con transporte público y aparcamientos adaptados. La plataforma cubrirá los diez días de fiestas, del 9 al 18 de octubre, y se actualizará dos veces al día con los datos de la agenda municipal.

Lío resuelto... en principio. El error que fija en la ordenanza cívica de Zaragoza multas de hasta 3.000 euros por dormir en la vía pública no se produjo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ), como sostuvo el Ayuntamiento, sino en el texto que el Gobierno de Natalia Chueca llevó al pleno. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, muestra que el Consistorio aceptó en julio rebajar a leve la infracción, pero el dictamen que PP y Vox aprobaron el 3 de septiembre la mantenía entre las muy graves. La corrección de errores ya ha llegado a la Diputación Provincial y se publicará este viernes.

Hay que recordar que entre la entrada en vigor de la ordenanza cívica y la corrección de errores se han dado acontecimientos como la acampada del Sindicato de Inquilinas en la plaza de España, donde la Policía Local podría haber denunciado a los acampados por una infracción castigada con hasta 3.000 euros. De hecho, la alcaldesa llegó a amenazar con hacerlo: “Cuando hay una ordenanza, la Policía Local sabe perfectamente cómo tiene que actuar”, afirmó.

Fuentes del equipo de gobierno mantienen que se trata de un fallo de publicación. Una diligencia incorporada al expediente sostiene que el boletín “no incluyó, erróneamente,” los cambios derivados de la alegación y que el pleno aprobó la ordenanza “en los mismos términos” que la comisión del 23 de julio. El texto de esa comisión que consta en el expediente, sin embargo, recoge la pernocta como infracción muy grave. Y la diligencia deja en blanco la fecha en que la rectificación se envió al boletín.

La rebaja está documentada. El informe-propuesta de la Oficina de Presidencia del 15 de julio estimó en parte la alegación de la Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar. Mantenía la prohibición de pernoctar, pero concluía que “de muy grave se pasa a leve”: la infracción salía del artículo 41 y pasaba al 43, el de las leves. El texto de la ordenanza fechado el 17 de julio ya lo recogía así.

El cambio desapareció en la versión siguiente. Así, el texto que salió de la comisión de Presidencia –con el consejero Ángel Lorén al frente– del 23 de julio, firmado un día después, devolvía la pernocta al artículo de las infracciones muy graves y la borraba de las leves. En esa misma comisión, PP y Vox habían rechazado dos votos particulares que pedían suprimir la infracción muy grave: uno del PSOE, por 18 votos frente a 13, y otro de ZeC, por 19 frente a 12.

Otra revisión

El texto tuvo una revisión más. Una diligencia del 31 de agosto, tres días antes del pleno, corrigió otro fallo, un inciso de un voto particular de Vox que se había incorporado pese a haber sido rechazado, y dio el documento por “correcto”. La pernocta siguió como muy grave.

El pleno aprobó el dictamen el 3 de septiembre por 19 votos a favor y 11 en contra, con una única enmienda de Vox sobre la identificación en edificios municipales. Pero el acuerdo es contradictorio y contribuye a la confusión: uno de sus apartados resuelve las alegaciones “en el sentido” del informe del 15 de julio, que rebajaba la sanción, mientras que otro aprueba la ordenanza según el anexo, “que forma parte inescindible” del acuerdo y donde la multa es de 1.501 a 3.000 euros.

El texto que publicó el boletín el 10 de septiembre coincide con ese anexo. La única diferencia de contenido es la enmienda de Vox.

Una corrección de errores, este viernes

El Ayuntamiento ha optado por una corrección de errores en lugar de modificar la ordenanza. La Diputación Provincial, responsable del boletín, confirmó el lunes a este periódico que la ha recibido y que se publicará este viernes, 9 de octubre.

La ley de procedimiento permite a las administraciones rectificar en cualquier momento sus errores materiales, y el propio expediente recurrió a esa vía en julio para corregir una fecha y un número de voto. Una fuente conocedora del procedimiento considera que se trata de “un error” con “arreglo sencillo” y que debe prevalecer la estimación de la alegación. El Ayuntamiento no ha precisado quién firma la corrección ni con qué acto se ha acordado.

Hasta que se publique, el único texto oficial de la ordenanza es el que castiga la pernocta como infracción muy grave. Habrá estado en vigor una semana con esa redacción.

La huelga de limpieza y recogida de basuras de Zaragoza entra este martes en una nueva fase y lo hace con el conflicto cada vez más enconado. CGT y CCOO han convocado desde las 21.00 horas una huelga indefinida en los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios después de 20 meses de negociaciones sin acuerdo con FCC Medio Ambiente.

A las diferencias laborales se suma ahora un duro intercambio de acusaciones entre sindicatos y empresa, mientras la tensión que rodea al conflicto ha alcanzado también a la consejera municipal Tatiana Gaudes, que denunciará ante la Policía Nacional la aparición de una pegatina pidiendo su dimisión en el portal donde vive su madre.

Los sindicatos han convocado para esta noche piquetes informativos ante las instalaciones de FCC en la carretera de Castellón, que se repetirán a las 7.00 horas de este miércoles. A las 9.30 horas está prevista además una concentración en la sala Multiusos del Auditorio, coincidiendo con la celebración de la feria de empleo.

“Pedimos un convenio justo que garantice el poder adquisitivo, acabar con la precariedad y avanzar en medidas de conciliación e igualdad”, han señalado CGT y Hábitat CCOO al anunciar el comienzo de los paros indefinidos.

La huelga llega después de los paros parciales iniciados el pasado 30 de septiembre, que tuvieron un carácter todavía limitado y que los propios trabajadores presentaron como la antesala de la movilización indefinida si no se producía un acercamiento con FCC. Aquel día, la plantilla se manifestó por el centro de Zaragoza y trasladó posteriormente sus reivindicaciones al pleno municipal.

Detrás de la disputa por los porcentajes salariales hay un conflicto que los trabajadores llevan meses tratando de trasladar también al terreno de sus condiciones cotidianas. Durante aquella primera jornada de paro, dio voz a la advertencia lanzada por uno de los trabajadores el mismo día de la muerte de su compañero Fernando de que podían “matarse más trabajadores” si no se corregían determinadas condiciones de trabajo. El testimonio puso el foco en unas reivindicaciones que, según los sindicatos, van más allá de los salarios e incluyen la seguridad, la organización del trabajo, la conciliación y los permisos.

Ahora, con las negociaciones nuevamente bloqueadas, CGT y CCOO aseguran que la dirección de FCC en Zaragoza no ha presentado ninguna propuesta concreta que permita avanzar respecto a las ofertas ya rechazadas por la plantilla.

Los sindicatos sitúan además parte del conflicto en la relación económica entre la concesionaria y el Ayuntamiento. A su juicio, los responsables de FCC les han “empujado claramente a la convocatoria de huelga” con el objetivo de presionar al Gobierno de Natalia Chueca para que incremente el presupuesto del servicio y aumentar así el beneficio de la compañía.

“FCC está echando un pulso claro al Gobierno de Chueca para evidenciar y dejar claro que las multinacionales como esta tienen el poder de los servicios públicos y no los gobiernos”, sostienen CGT y CCOO.

FCC responde: “Basta ya de falsedades”

La empresa ha respondido elevando también el tono. “Basta ya de falsedades”, ha replicado FCC Medio Ambiente, que rebate las cifras y argumentos utilizados por los sindicatos y pone sobre la mesa los salarios y la jornada laboral de los trabajadores, informa Europa Press.

Según los datos facilitados por la concesionaria, la jornada equivale a 34 horas semanales, 1.585 horas al año, y el salario medio de la plantilla de limpieza pública se encuentra un 9,5% por encima del salario medio de Aragón para el conjunto de sectores.

FCC cifra entre 28.000 y 31.500 euros brutos anuales el sueldo de los peones y entre 34.500 y 40.000 euros el de los conductores. La compañía asegura además que las retribuciones de la plantilla se encuentran por encima de las correspondientes a puestos equivalentes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón.

La empresa rechaza igualmente que los salarios lleven años sin actualizarse. Según sus cifras, entre 2021 y 2024 aumentaron un 11,63% y la propuesta presentada para el periodo 2025-2027 supondría otro 9,4%. De aceptarse la oferta, sostiene FCC, el incremento acumulado desde 2021 superaría el 21%.

Otro de los principales puntos de fricción son los diez millones de euros adicionales consignados este año en el presupuesto municipal para el servicio. Los sindicatos han utilizado esa cifra para cuestionar la falta de avances salariales, pero FCC niega que ese dinero constituya un aumento directo de sus ingresos respecto al ejercicio anterior.

La empresa asegura que esos diez millones corresponden a conceptos pendientes de cobro, entre ellos revisiones de precios de ejercicios anteriores, amortizaciones crecientes y otras cantidades adeudadas. Mientras no se abonen, añade, es la propia concesionaria la que está soportando los costes financieros.

Una pegatina en el portal de la madre de Gaudes

Al margen de las actuaciones convocadas por los sindicatos, la tensión que rodea al conflicto ha tenido en las últimas horas otro episodio sucedido este lunes y que, según fuentes municipales, se denunciará ante la Policía Nacional. La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, denunció en su redes sociales la aparición de una pegatina con su imagen vestida con el uniforme de la limpieza y la palabra “dimisión” en el portal donde reside su madre.

“Hoy han colocado en la puerta de la casa de mi madre esto. Los vecinos lo han retirado para evitar que ella tuviera que verlo. Ningún otro portal señalado. Solo el suyo. Reivindicar es legítimo. Señalar el domicilio de un familiar, no”, denunciaba Gaudes .

A esta pegatina se suma una pintada realizada con espray verde en la pared de otro inmueble con el mensaje “Tatiana Gaudes dimisión”.

También la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, condenó inmediatamente lo sucedido. “Atacan al Estado de derecho, atacan a la libertad, atacan a concejales... así no”, ha escrito en X al compartir la denuncia de Gaudes.

No consta que los sindicatos convocantes de la huelga hayan reivindicado la autoría de estas acciones ni existe, con los datos conocidos, ningún elemento que permita atribuírselas.

La huelga indefinida comenzará así a las 21.00 horas después de unos primeros paros parciales y sin que las posiciones de FCC y los representantes de los trabajadores se hayan acercado. El conflicto entra además en una semana especialmente sensible para la ciudad, a las puertas de las Fiestas del Pilar.

El Jardín de la Garnacha del parque de Macanaz afronta su primera cosecha con dudas sobre el estado de las viñas y el mantenimiento que han recibido desde su plantación. La Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal, que ha seguido la evolución del espacio desde su puesta en marcha, considera que los cuidados no han sido suficientes y cuestiona también el propio planteamiento de la plantación.

El Jardín de la Garnacha comenzó a plantarse en marzo de 2025 en una superficie de unos 820 metros cuadrados junto al Ebro. El espacio reúne 129 vides de las tres Denominaciones de Origen de la provincia: 44 de Calatayud, 37 de Cariñena y 48 de Campo de Borja. La actuación supuso una inversión de más de 34.000 euros y se planteó dentro de la estrategia de Zaragoza vinculada a la garnacha y a la actividad vitivinícola de Aragón.

La idea era que este pequeño viñedo sirviera también para reforzar la relación de Zaragoza con la garnacha y acercar la cultura del vino a la ciudad. De hecho, cuando el proyecto se presentó, la alcaldesa Natalia Chueca explicó que las cepas formarían parte de la estrategia de Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha y que el jardín serviría como un atractivo para zaragozanos y turistas.

En la presentación de enero de 2025 llegó a definirlo como un “photocall” para que los visitantes pudieran fotografiarse ante el viñedo y la Basílica del Pilar. Sin embargo, un año y medio después de la plantación, la asociación considera que el proyecto no ha cumplido ese objetivo.

Uno de los principales problemas que señalan los vecinos se encuentra en el cuidado de las cepas cuando comienza a aparecer el fruto. “Cuando el fruto empieza a surgir, ahí no hay ningún tipo de tratamiento, no se meten las uvas dentro de las mallas para evitar que se pudran, para evitar que se la coman los pájaros, no hay una limpieza exhaustiva de la zona, no se realiza la poda de manera adecuada”, explica Rafael Tejedor, presidente de la Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal.

A esto se suma el estado de parte de las plantas. Durante los primeros meses de este año fue necesario replantar alrededor de un tercio de las cepas después de que varias se secaran, según señala Rafael Tejedor. El Ayuntamiento confirma que hubo que reponer algunas cepas, aunque sostiene que se debió a que determinadas plantas no se adaptaron al cambio de lugar y que entraba dentro de lo previsible en este tipo de plantación. “Algunas cepas hubo que reponerlas porque, por razones diversas, no se adaptaron al cambio de lugar. Pero todo fue dentro de lo previsible con este tipo de plantación”, explica el Consistorio.

“A lo mejor no es el sitio más idóneo para plantar vides”, apunta Rafael Tejedor. La alternativa que plantean pasa por otro tipo de vegetación que permita aprovechar el espacio del parque para generar sombra. “Con parras que crecen en alto y generen una zona de sombra, es lo que realmente necesita el parque, zonas de sombra, no necesita cepas”, sostiene.

Una primera cosecha con poco fruto

El resultado de esta primera cosecha ha vuelto a poner el foco sobre estas cuestiones. Los vecinos aseguran que actualmente pueden verse restos de los racimos, pero que apenas queda fruto en las plantas. “Están las raspas del fruto, porque el fruto no ha salido”, explica Rafael Tejedor.

La cuestión de la primera cosecha se suma así a una diferencia de planteamiento sobre el propio uso del espacio. Mientras los vecinos valoran el jardín también en función de su capacidad para producir fruto y convertirse en un atractivo vinculado a la garnacha, el Ayuntamiento insiste ahora en su carácter simbólico como jardín y en que no debe valorarse como un viñedo productivo.

También apunta que no está previsto introducir cambios significativos en el mantenimiento de las garnachas, aunque confía en que las cepas estén “mejor adaptadas conforme pase el tiempo”.

Sin apenas visitantes

La asociación también asegura que no ha observado de forma habitual trabajos de mantenimiento en el espacio. “No se ve nunca jamás a un operario trabajar ahí”, afirma.

“Todavía no hemos visto un solo turista que vaya a ver el viñedo”, afirma la entidad vecinal, que asegura no haber visto visitantes acudir al parque específicamente para conocer el viñedo. También cuestiona que el espacio haya tenido un papel relevante en las actividades relacionadas con la garnacha celebradas en la ciudad.

A un año y medio de su plantación, el debate ya no se centra únicamente en cuánta uva ha producido el jardín, sino también en qué papel debe desempeñar este espacio dentro de la estrategia de Zaragoza alrededor de la garnacha y en cómo debe mantenerse en los próximos años.

La ordenanza cívica de Zaragoza ha entrado en vigor este viernes, 2 de octubre, precisamente con la acampada del Sindicato de Inquilinas instalada desde la víspera en la plaza de España. Y le afecta de lleno. El texto permite multar a cada persona acampada con entre 50 y 3.000 euros –en función del precepto que se aplique–, retirar las tiendas de inmediato e intervenir megáfonos y altavoces.

El Gobierno del PP, eso sí, evita valorar si aplicará o no la nueva normativa a los manifestantes. “Por el momento es una cuestión de orden público”, han apuntado fuentes municipales, que se han limitado a emplazar a informaciones posteriores.

La ordenanza, aprobada en el pleno del 3 de septiembre con los votos de PP, Vox y la concejala no adscrita y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 10 de septiembre, contiene tres tipos sancionadores en los que encaja un campamento.

El primero es el más duro. El artículo 13.3 considera infracción usar las zonas verdes, el mobiliario y los “demás espacios de dominio público local” para pernoctar o para hacer un uso “indiscriminado y excluyente” que impida su uso habitual al resto de ciudadanos. El artículo 41.f) lo califica como muy grave, con multas de 1.501 a 3.000 euros.

El segundo, incorporado durante la tramitación, tipifica la “ocupación prolongada” del dominio público “mediante tiendas, estructuras, enseres, colchones” u otros elementos. No tiene sanción propia, por lo que cae en una cláusula que lo califica como leve, con multas de 50 a 750 euros. El texto no precisa cuándo una ocupación pasa a ser “prolongada”.

Finalmente, el tercero está en la disposición final tercera, que reescribe el régimen sancionador de la Ordenanza de Uso de Zonas Verdes. Establece como leve, con multa de 50 a 250 euros, vulnerar la prohibición de acampar o instalar tiendas de campaña en las zonas verdes y en cualquier vía o espacio público. Esa restricción es anterior: acampar en la calle ya era sancionable en Zaragoza con anterioridad.

Si una misma conducta encaja en varias infracciones a la vez, la ordenanza obliga a aplicar la más severa. Para quien duerme en una tienda en la plaza, eso significa que puede acabar con la multa de hasta 3.000 euros y no con la de 50.

La alcaldesa, Natalia Chueca, anunció en mayo que pernoctar en la calle pasaría de muy grave a leve porque 3.000 euros era “excesivo e inasumible”. El texto publicado en el boletín, sin embargo, mantiene la pernocta entre las infracciones muy graves y no la recoge en ninguna de las 22 letras del artículo 43, el de las leves.

Mantener la plaza limpia no exime

La asamblea de la acampada en la plaza de España ha fijado como normas propias la limpieza estricta y la prohibición de alcohol. Lo segundo evita una infracción grave: beber en grupos de tres o más personas en una plaza se castiga con entre 751 y 1.500 euros. Pero lo primero no cambia la calificación, porque el artículo 13.3 sanciona la pernocta y el uso excluyente “con independencia” de que generen o no suciedad.

Al margen de las multas, la ordenanza permite a los servicios municipales retirar “inmediatamente” cualquier elemento instalado en la vía pública sin autorización y repercutir el coste a quien lo colocó. El artículo 13.8 prevé también la retirada inmediata de tiendas y enseres, en este caso “previo informe” y con custodia de los efectos personales.

Usar megáfonos, altavoces o “instrumentos de percusión” sin permiso municipal es infracción leve, y los agentes pueden intervenir los equipos en caso de negativa o reincidencia (artículo 32.2). También es leve gritar o cantar en la calle “cuando sea molesto para terceras personas” (artículo 28). Colocar pancartas en espacios municipales sin licencia es leve, y grave si el bien está catalogado.

El límite del derecho de reunión

La única mención al derecho de reunión está en el artículo 32.3, que deja a salvo el “derecho de reunión y manifestación legalmente comunicado”, pero solo respecto a las fuentes de sonido. Los artículos sobre pernocta, tiendas y pancartas no incluyen una cláusula equivalente.

La ordenanza, con todo, es un reglamento municipal. El derecho de reunión está regulado por ley orgánica, la autoridad competente es la Delegación del Gobierno y el artículo 40 excluye las conductas ya tipificadas en la legislación estatal. En Palma, la Delegación del Gobierno ha rechazado este viernes desmantelar una acampada similar al considerarla transitoria y amparada por ese derecho. La de Zaragoza prevé mantenerse al menos hasta la manifestación del sábado.

La vigilancia corresponde a la Policía Local. Los expedientes por el artículo 13 los tramita el Área de Medio Ambiente y Movilidad, y la incoación y resolución, al Gobierno de Zaragoza o al órgano en quien delegue.

Ceuta y Melilla están a cientos de kilómetros de Zaragoza, pero tuvieron una presencia destacada este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento. Hasta tres de las seis mociones presentadas por PP y Vox estuvieron relacionadas con las dos ciudades autónomas y las relaciones con Marruecos. Hubo también espacio para ETA y la política penitenciaria. Entre medias, dos iniciativas consiguieron quedarse en Zaragoza, aunque una de ellas para reclamar al Gobierno de España más efectivos de Policía Nacional.

El reparto resulta especialmente llamativo al contemplar en conjunto las 15 mociones incluidas entre los puntos 28 y 42 del orden del día. El PP presentó dos y Vox cuatro. De esas seis, cuatro estuvieron dedicadas fundamentalmente a cuestiones de ámbito estatal o alejadas de las competencias propias de un Ayuntamiento.

La primera llegó ya en el punto 28. El PP planteó que el Ayuntamiento expresara su “firme apoyo” a Ceuta y reclamara al Gobierno de España mantener allí los recursos necesarios para garantizar la normalidad, la seguridad y el orden público y el ejercicio de los derechos de los ceutíes.

Vox amplió considerablemente el radio de acción municipal. Su primera moción reafirmaba que Ceuta y Melilla son “irrevocablemente España”, condenaba la actuación de Marruecos y exigía la presencia y actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras. No sería la última visita del pleno zaragozano a las ciudades autónomas. En el punto 36, la formación volvía sobre ellas para reclamar al Gobierno de España medidas de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de reforzar un plan de actuación en Ceuta y Melilla.

Así que Ceuta o Melilla aparecieron en tres de las seis mociones de PP y Vox.

La cuarta iniciativa que llevó al Ayuntamiento fuera de sus competencias más inmediatas estuvo dedicada a ETA. Vox propuso mantener el reconocimiento a las víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, pero la iniciativa se extendía también a la política nacional: condenar lo que la formación denomina “blanqueamiento” de la violencia terrorista, rechazar la política penitenciaria del Gobierno de España y reclamar la ruptura de pactos con partidos que no condenen el terrorismo de ETA.

El viaje resulta especialmente llamativo si se recuerda qué defendía el propio Vox apenas unos meses antes. En marzo, todavía con Julio Calvo como portavoz municipal, la formación reivindicaba el “auténtico municipalismo” y sostenía que un Ayuntamiento debía ocuparse prioritariamente de “los pequeños problemas de los zaragozanos”, como la iluminación de las calles, la suciedad o el transporte público. Calvo llegó a resumirlo en “la baldosa rota, la farola que no funciona, la suciedad”. Tras su jubilación y salida del Ayuntamiento, Eva Torres asumió la portavocía del grupo. Ahora, tres de las cuatro mociones presentadas por Vox en el pleno de septiembre han llevado el debate hasta Ceuta y Melilla, Marruecos, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, ETA y la política penitenciaria.

Dos mociones consiguen quedarse en Zaragoza

Quizá por eso, entre Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia hubo también sitio para Zaragoza y la seguridad ciudadana. Vox presentó una moción directamente vinculada con una competencia municipal: reorientar la Policía Local hacia un modelo integral de seguridad urbana, actualizar sus indicadores y comenzar a reformar el Reglamento del cuerpo, que data de 1995.

El PP completó sus dos iniciativas con otra dedicada a la seguridad ciudadana en Zaragoza, aunque en este caso el destinatario volvía a ser el Gobierno central. Los populares reclamaron al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Aragón un aumento “estable y suficiente” de los efectivos y medios materiales de la Policía Nacional destinados a la capital aragonesa.

El mapa de preocupaciones cambia considerablemente al observar las otras nueve mociones del pleno.

Zaragoza en Común llevó tres. Una planteaba modificar el PGOU para establecer distancias mínimas entre nuevas gasolineras y viviendas y equipamientos y suspender cautelarmente licencias en Valdespartera y el Picarral; otra abordaba el conflicto laboral de la limpieza y las reivindicaciones de la plantilla de FCC; y la tercera volvía sobre el contencioso del Tiro de Pichón y reclamaba un pleno extraordinario para resolver el recurso pendiente.

El PSOE presentó cuatro iniciativas. La primera abordaba la seguridad del servicio del tranvía y las condiciones laborales de su plantilla; otra, la financiación y calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio; una tercera reunía varias cuestiones de la ciudad —gratuidad temporal de autobuses afectados por las obras, un plan extraordinario de limpieza, aceleración de la climatización de los colegios públicos y congelación de tasas y tarifas en 2027—; y la cuarta reclamaba reforzar las políticas municipales contra el cambio climático y avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.

Las dos mociones restantes correspondieron a la concejal no adscrita. Una sí volvió a sacar al pleno de Zaragoza, esta vez para declarar el “Día del Pueblo Saharaui en Zaragoza” y reforzar los vínculos con los campamentos de refugiados. La otra regresó a un asunto inequívocamente municipal: poner en marcha en centros de mayores y centros cívicos una campaña para prevenir y detectar el riesgo de caídas entre las personas mayores.

El resultado deja una curiosa radiografía de las prioridades que cada formación decidió convertir en moción en el pleno de septiembre. De las 15 iniciativas, seis procedían de PP y Vox y cuatro de estas colocaron el foco en Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas o la política penitenciaria. Mientras tanto, las otras formaciones llevaron al mismo salón de plenos la huelga de la limpieza, el SAD, el tranvía, las gasolineras junto a viviendas y colegios, el transporte afectado por las obras, la climatización de los centros educativos, las tasas municipales o el Tiro de Pichón, que no encontraron el apoyo de PP y Vox en casi ninguna.

La vivienda llegó por urgencia y no prosperó

La vivienda no figuraba, sin embargo, entre las 15 mociones ordinarias del pleno, aunque acabó entrando en el debate por la vía de urgencia. tras el desahucio de la anciana de 87 años de Madrid que ha acabado con movilizaciones en toda España. Por ello, Zaragoza en Común y PSOE presentaron otras dos iniciativas centradas en uno de los principales problemas de acceso a la vivienda: los desahucios, la estabilidad residencial y el encarecimiento de los alquileres. Ninguna salió adelante.

ZeC planteó instar al Gobierno de España a aprobar con carácter urgente un real decreto-ley con medidas estructurales contra los desahucios y en favor de la estabilidad residencial y reclamó al Gobierno de Aragón la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, entre otras medidas.

El PSOE llevó una segunda moción urgente para pedir a los grupos de las Cortes Generales que respaldasen los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda y, de nuevo, reclamar al Ejecutivo aragonés que Zaragoza sea declarada zona tensionada con el objetivo de favorecer una rebaja de los precios del alquiler.