El retraso en la apertura del Parque de Atracciones de Zaragoza supondría un “incumplimiento muy grave” en las condiciones establecidas en el pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa gestora. Sin embargo, debido a un error en la redacción, el documento no especifica el tiempo exacto de demora al haber dejado el plazo máximo como “más de XX meses”.

La garatía con la que cuenta el Ayuntamiento, en caso de incumplimientos de los pliegos, es de 600.000 euros, un 4% de los 15 millones de euros requeridos como inversión inicial mínima. Según las condiciones del contrato, dicha garantía debe ser incautada por la administración en la mayoría de los supuestos de extinción de la concesión por incumplimiento del contratista. Sin embargo, al no existir una cifra concreta de meses, el Consistorio se queda sin base técnica para ejecutar estas sanciones.

El error se localiza dentro de la Cláusula 25 dedicada al Régimen de Penalidades. Según el texto oficial, las infracciones categorizadas como muy graves conllevan multas que oscilan entre los 7.001 y los 20.000 euros, además de ser una causa directa para la extinción de la concesión. Los mismos pliegos recogen una serie de causas por las que se extinguiría el contrato con la empresa. La octava es la “comisión de cualquiera de los incumplimientos calificados como muy graves”, como sería el retraso en la apertura. Sin embargo, al no estar establecido el número de meses de dicho retraso, esta causa pierde efectividad, ya que el Ayuntamiento no podrá utilizarlo como causa de extinción.

Estos pliegos fueron calificados por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, como “demasiado exigentes”. Explicó que el documento planteaba la renovación de un parque envejecido, la ampliación de su superficie e incluía nuevas atracciones, un parque acuático, espacios inmersivos y un área destinada a eventos. Además, el Plan Económico-Financiero sobre la modernización del parque, que sirvió de base para fijar los mínimos de la licitación, solo es accesible para los licitadores “previa solicitud de acceso al expediente” ante la Oficina de Gestión del Espacio Público.

La alcaldesa de Zaragoza recordó hace unas semanas que, si no se llega a un acuerdo, la nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Sin embargo, al no estar establecido en los pliegos el número de meses que se retrasase la apertura, esto no sería un motivo para recuperar dicho aval.

La nueva concesión está formada por dos partes: Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo. Debido a la falta de entendimiento entre las empresas, el Ayuntamiento ratificó el 1 de abril la continuidad del anterior concesionario para intentar evitar la interrupción del servicio. Por el momento, el recinto está abriendo de forma limitada para las comuniones y eventos ya agendados. La adjudicación del nuevo parque de atracciones de Zaragoza salió adelante con una única oferta, sin mejoras sobre los mínimos exigidos y con una valoración técnica de apenas 36,5 puntos sobre 65.

Críticas políticas

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha puesto el foco en la falta de plazo definido en las claúsulas de incumplimientos de los pliegos del proyecto: “El PP no sabe licitar ni leer sus propios borradores”. No es la primera vez que la edil de ZeC manifiesta sus críticas a la gestión de esta licitación. Ha considerado que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son “un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

El concejal socialista Horacio Royo ha calificado de “fracaso estrepitoso” la gestión del Gobierno de Natalia Chueca respecto al Parque de Atracciones, asegurando que el proyecto “ya está muerto” y que la alcaldesa se ha convertido en su “enterradora”. Royo critica que, tras realizar una modificación del PGOU y redactar unos pliegos que resultaron ser “humo”, el recinto permanezca cerrado por primera vez en 50 años, dejando a “81 trabajadores con un ERE”. Según el edil, el Ayuntamiento ha evitado obligar a la concesionaria a recepcionar las instalaciones en las fechas previstas, justificando prórrogas sin “base técnica ni jurídica” y perdiendo el cobro del canon y las inversiones prometidas.

La oposición denuncia que el consistorio se ha posicionado a favor de los intereses de una de las empresas en conflicto en lugar de exigir la apertura y la “obligación de subrogar” a la plantilla marcada por ley. Royo sostiene que la Dirección General de Proyectos Estratégicos negoció la entrada de un inversor “sin capacidad económica ni técnica”, lo que ha derivado en un “castillo de naipes” que compromete empleos directos e indirectos. Ante lo que considera una “pésima gestión” basada en una visión irreal de la ciudad, el PSOE ha instado a la asunción de responsabilidades políticas, advirtiendo que, de no haber ceses inmediatos, el consejero Ángel Lorén “tendrá que dimitir”.

Protesta por la situación del Parque

Este domingo, los vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han en la plaza de Las Canteras para exigir la dimisión de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En el comunicado denunciaron “la mala gestión del parque de atracciones que ha llevado a que en la actualidad este cerrado, peligra el puesto de los trabajadores y sigue sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación”.

El colectivo vecinal critica la “opacidad del proyecto”: “El equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y se aprobó con los votos de PP VOX la modificación del Plan General por lo que según indican no quedó otra alternativa que ir a los tribunales”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado esta mañana un escrito ante la Justicia de Aragón para exigir una actuación urgente por la vulneración de derechos que están sufriendo las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca. “Una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias”, ha valorado Ranera, para quien la alcaldesa está actuando “bajo la deriva del PP y de Vox, que nos están llevando al odio, el racismo y la xenofobia”.

En la queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca “restablezca la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública”. Ranera pide que se garanticen los derechos de estas personas después de que, el pasado viernes, el Gobierno de Chueca enviara una instrucción interna dirigida al personal municipal de las Juntas de Distrito y otros servicios, en la que, expresamente, “se ordenó derivar a la plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes”. El PSOE denuncia que la restricción del trabajo de las Juntas de Distrito no responde a ninguna lógica administrativa, sino a un criterio discriminatorio.

Ranera ha agradecido la labor de los trabajadores municipales que, en algunos casos, se han declarado insumisos a esta orden y están atendiendo a estas personas para garantizar la prestación del servicio público. “Trabajadores municipales que creen en el servicio público y decidieron desoír esa orden porque sabían que se estaba generando un proceso discriminatorio. Los derechos de los ciudadanos son iguales para todos”, ha subrayado.

De hecho, los funcionarios recuerdan que el servicio solicitado por estas personas puede prestarse en el Registro del edificio del Seminario y en las Juntas de Distrito, sin que tenga sentido centralizarlo únicamente en la Plaza del Pilar.

Asimismo, destacan que en todos los procesos de regularización se han producido incrementos de trabajo e incluso colapsos en algunos servicios municipales. “La diferencia es que los distintos consistorios, de todo signo político, adoptaron medidas para agilizar los procesos”, ha señalado.

“La Justicia de Aragón tiene que poner fin a esta situación discriminatoria, porque estas personas tienen derechos, tienen dignidad y llevan tiempo viviendo en nuestra ciudad. No podemos dejarnos arrastrar por la deriva de la ultraderecha en este Ayuntamiento”, ha añadido Ranera.

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.

El Gobierno de Zaragoza ya tiene listo, para someter a información pública, el proyecto básico y de ejecución de las obras de la futura Escuela Infantil de Arcosur que, con un presupuesto de 2.980.017,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses, podrá comenzar su construcción antes de este verano de 2026, dado que tanto la redacción del proyecto como la ejecución de obras se licitó de forma conjunta con el objetivo de reducir los plazos ante una demanda vecinal en incremento dada la ampliación poblacional que está sufriendo el Distrito Sur.

Así lo ha afirmado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha desgranado los detalles del proyecto, que se levantará en una parcela municipal situada en el barrio, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros. “El edificio se creará bajo criterios de diseño y construcción saludable y de alta eficiencia energética. Se ha cuidado la transparencia y la comunicación visual entre espacios favoreciendo la luz natural y una correcta gestión de la iluminación y la privacidad, garantizando la máxima eficiencia energética y confort con la mínima demanda energética. Asimismo, se ha proyectado de forma que se minimice el mantenimiento durante la operación del edificio”, ha ahondado la alcaldesa.

La construcción del edificio será modular y de obra nueva, cuya volumetría y tratamiento de las fachadas “buscará una integración armónica con el paisaje urbano y natural, mediante líneas limpias y una escala adaptada al uso infantil”, ha explicado Natalia Chueca. La geometría se propone con forma de “L”, de manera que se dividen los espacios educativos en “dos alas, permitiendo la separación por edades y niveles de desarrollo”, ha apuntado la primera edil. Los espacios para el alumnado se abren hacia el núcleo de la parcela mientras que los espacios de servicio se abren hacia el exterior de la parcela. 

La construcción del edificio se realizará desde un punto de vista modular industrializado, de forma que estará compuesto por 43 unidades modulares que serán fabricados y construidos offsite, transportados en 3 dimensiones totalmente terminados y unidos in situ sobre la cimentación de hormigón armado. 

El proyecto consta de dos tipologías de módulo: 25 unidades de aproximadamente 9x3 m y 18 unidades de 6,6x 3 m. Además, cuenta con 6 unidades de porche y un porche de mayores dimensiones de acceso. Cada uno de los módulos es autoportante, aunque in situ se conectarán estructuralmente unos a otros así como a la cimentación.

Las aulas se prolongarán hacia el exterior a través de porches. El equipamiento de uso educativo contará con una superficie útil interior de 923 m² distribuida en: 6 aulas, 3 aseos infantiles, 3 dormitorios, biberonería, aula de atención especial y área polivalente. Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. El espacio contará con una zona exterior de estacionamiento.

La superficie útil de los porches será de 142 m², compuesta por un porche de acceso y 6 porches que dan acceso a una zona ajardinada de 636 m² desde las aulas. La superficie construida de la escuela será de 1.010 m² y la de los porches de 155 m², haciendo un total de superficie construida de 1.166 m².

El proyecto se apoya en criterios de coherencia formal, sostenibilidad y confort, garantizando espacios seguros, accesibles y acogedores, donde el contacto con el exterior y la calidad ambiental favorecen el aprendizaje y la convivencia. Los espacios exteriores permiten crear un contexto saludable, activo y en relación con el medio ambiente, convirtiéndolos en áreas de aprendizaje al aire libre. Se proyectarán con materiales continuos, elementos de vegetación, zonas ajardinadas y árboles de hoja caduca que permitan la sombra en verano y el soleamiento en invierno.

Su ubicación y configuración en la parcela buscan la mejor integración con la urbanización existente y mejor orientación en cuanto a soleamiento y privacidad. La forma del edificio y su ubicación permiten así una construcción de diseño bioclimático y saludable, que posibilita y favorece la captación solar pasiva en invierno, la protección en verano y la ventilación natural cruzada. Todas las aulas tendrán orientación Este para aprovechar la luz de la mañana, mientras que en las zonas Suroeste y Noroeste estarán las áreas de servicio. De esta forma se protege la zona de recreo del cierzo.

Asimismo, las envolventes se protegerán con láminas transpirables, cintas expansivas y de altos niveles de aislamiento, garantizando así los valores óptimos de hermeticidad y confort térmico-acústico.

“Os damos la bienvenida a nuestro parque, aunque nos lo quieran quitar”. Decenas de vecinos del entorno de Madalena-Tenerías han acudido este domingo al vermú reivindicativo convocado en la zona para denunciar la situación que se vive desde hace meses en el barrio, especialmente en el entorno del Parque Bruil y del albergue municipal, donde se concentra un número creciente de personas sin hogar.

La convocatoria, con un importante carácter festivo, retoma las quejas ya expresadas por el tejido vecinal, que advierte de que el cierre y las actuaciones puntuales en el parque no han resuelto el problema, sino que han provocado desplazamientos a otros puntos del entorno. En su posicionamiento, sostienen que “esconder un problema no es solucionarlo” y que la situación responde a una cuestión estructural vinculada al acceso a la vivienda. Entre los convocantes han estado las asociaciones de vecinos Parque Bruil San Agustín y Madalena Calle y Libertad, las AMPA del CEIP Tenerías, del IES Pedro de Luna o de la escuela infantil municipal Parque Bruil, el Espacio Colectivo Vía Láctea o la Asociación Socioeducativa Gusantina.

Esta reivindicación se da en la semana en la que el Gobierno del PP en Zaragoza ha decretado el cierre nocturno del parque. Esta limitación, que será “virtual” ya que en un principio no habrá cierre físico, sí permitirá llevar a cabo actividades como pasear al perro o transitar. La decisión ha provocado sin embargo indignación entre los colectivos vecinales, que han querido hacer patente su “malestar” con el Ayuntamiento por la falta de diálogo, por “criminalizar” a los inmigrantes y por vulnerar “los derechos de libre acceso”.

En este sentido, el colectivo insiste en que “el auténtico problema son las dificultades que un sector cada vez más amplio de la población tiene para acceder a una vivienda en condiciones dignas” y reclama medidas coordinadas de todas las administraciones. Entre ellas, citan la creación de un parque de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda precaria o la limitación de precios del alquiler.

También plantean un paquete de soluciones sociales y de emergencia, como la implementación de modelos de atención tipo first housing, la ampliación de recursos para evitar que nadie tenga que dormir en la calle, la descentralización de los servicios del albergue y la puesta en marcha de un servicio de mediación para reducir conflictos vecinales.

“Nadie puede pensar que dormir en la calle resulte placentero”, subrayan, defendiendo que ni parques, ni portales ni estaciones deben funcionar como espacios de pernocta. Al mismo tiempo, remarcan que su reivindicación no es contra las personas sin hogar, sino a favor de una respuesta habitacional digna: “Pedimos que el Ayuntamiento haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro”.

El manifiesto también incluye demandas urbanas para el entorno del barrio, con la petición de un “Parque Bruil vivo, abierto, verde y limpio”, la renovación de las zonas infantiles inclusivas y la reapertura del kiosco con precios asequibles. Además, reclaman la conservación del arbolado histórico y la ejecución de las obras de la escuela infantil La Piraña, para evitar desplazamientos a otros barrios y garantizar el servicio en la zona.

A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con su día a día.

Esta funcionaria, que quiere mantener tanto su anonimato como el del centro desde el que opera, explica a este diario que han tomado la decisión a primera hora de la mañana, en cuanto han recibido la instrucción: “Nos hemos reunido y hemos decidido que seguiríamos como siempre”, apunta. Asegura que sacar el volante de empadronamiento es una labor que llevan a cabo “a diario”, ya sea “para hacer un examen de la escuela de idiomas o para sacarse un bono de transporte público”. “Cuando va bien el sistema”, matiza, el proceso es “muy rápido”.

La empleada municipal asegura desconocer por qué ha tomado esta decisión el Ayuntamiento, pero tiene claro que continuarán atendiendo a los migrantes: “Lo hacemos por las personas que vienen, por supuesto, pero también por nuestras propias compañeras en la casa consistorial: si puedo hacer algo y evitar aumentarles la carga de trabajo, no voy a enviar a una persona hasta ahí. No voy a quitarme el trabajo si puedo hacerlo”, sostiene.

Ese volante de empadronamiento es necesario porque así los migrantes pueden demostrar el tiempo que llevan asentados aquí. El requisito impuesto por el Gobierno central es que hayan residido en España más de cinco meses.

La funcionaria reconoce a su vez que han notado “más trabajo” en días pasados, especialmente el primer día, cuando “la carga fue muy fuerte”, aunque este viernes ya había bajado. “El problema es que nos pedían algo que no podemos hacer aquí, el informe de vulnerabilidad. La gente vino sin estar informada y eso sí que generó colapso”, cuenta. En este caso, el equipo de gobierno ha optado por derivar el trámite a la Casa de las Culturas en vez de en los centros municipales de Servicios Sociales, como habitualmente.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

La polémica por las facturas para medios de comunicación del Gobierno del PP en Zaragoza que no se incluyen en el Portal de Transparencia ha llegado al pleno municipal. Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, ha cuestionado al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, por el gasto vinculado a la oficina municipal para el asesoramiento en la implantación de comunidades energéticas en barrios rurales. Según la formación, el Ayuntamiento ha utilizado este proyecto para financiar a medios que considera de “extrema derecha”, lo que a su juicio supone un “patrón del PP para financiar a sus medios afines”. Entre los beneficiarios están EDA TV –el portal de información de Javier Negre–, Periodista Digital, OkDiario o El Debate.

La denuncia de Domínguez ha señalado una posible irregularidad administrativa en lo que ha calificado como un “fraccionamiento de contratos”. El concejal ha revelado que se han emitido 24 facturas por importes “muy similares” que, en su conjunto, superan los 100.000 euros. Al tramitar estos pagos de forma individual, Domínguez sostiene que el Consistorio ha evitado la “licitación pública” en una cantidad que es “superior a lo que se establece para un contrato menor”. Además, ha criticado que estas operaciones se publiquen en el registro “sin especificar que es publicidad institucional”, algo que en su opinión “incumple la ley de transparencia”.

Durante su intervención, el edil ha desglosado la lista de beneficiarios, mencionando varios medios de comunicación. Domínguez ha cuestionado “dónde está la neutralidad y el pluralismo” en un reparto que, según sus datos, destina el “91% de los gastos” a medios del “espectro de la derecha mientras” se deja fuera a otros “con más recorrido e impacto” o a la televisión y radio pública. “Los fondos europeos se están usando para financiar a sus medios amigos”, ha sentenciado el concejal de la oposición.

Esta no ha sido la única alusión de Suso Domínguez a la gestión de la Dirección de Comunicación del Gobierno municipal. En la siguiente interpelación, el edil de ZeC le ha trasladado a Serrano: “Nosotros no somos los que estamos teniendo bajas en el área de Comunicación estos días, habría que ver lo que está pasando”. Hacía así referencia a la ruptura en el gabinete registrada en los últimos días debido a desavenencias internas y que se ha saldado con dos dimisiones.

El consejero admite un gasto de 142.050 euros

Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo, ha calificado la intervención de “lamentable” y ha acusado a Domínguez de mostrar un “sectarismo dictatorial”. Serrano ha argumentado que la campaña de comunicación es una “acción obligada” y “específicamente contemplada” por las condiciones del IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El edil del PP ha defendido que su área ha sido “austera” y ha precisado que el gasto final ha sido de 142.050 euros, asegurando que “toda la transparencia del mundo” está garantizada en estas facturas.

Serrano ha intentado rebatir las críticas de parcialidad citando la inclusión de otros medios como la Cadena Ser o 'El Periódico de Aragón' en la memoria justificativa. Asimismo, ha recordado polémicas de Zaragoza en Común cuando estaban al frente del Consistorio. El debate ha concluido con el Gobierno municipal insistiendo en que se ha limitado a cumplir con las “actuaciones de publicidad” exigidas por el Gobierno de España, mientras la oposición mantiene que se han utilizado criterios “sesgados” para evitar el control público y la transparencia.

La denuncia de Domínguez en el pleno llega tras la información recabada por este diario, que acredita cómo el Consistorio ha “eludido de manera sistemática” la publicación de estas facturas en el portal de Transparencia. Según los datos analizados, existen pagos por campañas como la reforma del río Huerva que no figuran en el apartado correspondiente. Entre los casos más significativos destaca una factura de 6.050 euros pagada a EDA TV por un banner publicitario que, según los registros a los que se ha tenido acceso, solo obtuvo “once clics” en cuatro días.

Los datos contables ponen cifra al crecimiento del gasto publicitario bajo el actual mandato: la partida de 'Información municipal' ha subido un 160% respecto a 2019, alcanzando los 1,1 millones de euros. Sin embargo, este diario ha podido constatar que el desembolso real llega a triplicar lo que consta en el Portal de Transparencia. Esto se debe a que numerosas facturas se tramitan desde servicios ajenos a Comunicación, como Arquitectura o Infraestructura Verde, destinando fondos a medios como OkDiario, The Objective o El Debate.

La lluvia arreciaba en esta mañana fría y gris del domingo 12 abril. Con el paraguas en una mano y con un clavel en la otra, la gente se agrupaba en torno al Memorial por las víctimas del franquismo del Cementerio de Torrero. Por primera vez desde que se realiza el homenaje (2010), llovía en este día de recuerdo y memoria, lo que no ha impedido que se lleve a cabo. Tras unas breves palabras, la comitiva avanzaba a depositar las últimas flores en la tapia del cementerio donde se produjeron los fusilamientos. Allí leía unas palabras Pilar Coloma, graduada en Historia y doctoranda en la Universidad de Zaragoza, en memoria de las profesoras represaliadas en Aragón y, finalmente, el Coro Libertario de Torrero entonaba unas canciones, acompañado del coro francés La Rojinegra.

Se cerraba así un homenaje que ha salido adelante, un año más, gracias a la solidaridad ciudadana. “Seguiremos tirando de solidaridad, ya que no podemos tirar de ayuda oficial”, explica a este medio Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que convoca y organiza este acto. Por tercer año consecutivo, desde la llegada de Natalia Chueca (PP) al poder, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha colaborado en el homenaje. Preguntados por la falta de apoyo institucional, desde el Consistorio se limitan a decir que no saben dónde está la noticia y que simplemente es el tercer año que no se financian las flores.

Desde 2010 y hasta el gobierno de su predecesor –Jorge Azcón (PP)–, el Ayuntamiento de Zaragoza había contribuido en la financiación de las flores, la contratación del equipo de sonido y la aportación de sillas para los asistentes. “Por lo que nosotros sabemos, las flores valían alrededor de unos 1.500 euros, los 3.700 claveles, más o menos”, dice Gómez, en base a la experiencia de los últimos dos años, sobre la ofrenda floral, que de nuevo ha sido financiada a través de donaciones. Una vez más, el grupo María Confussion –a pesar de que no ha podido cantar por las condiciones meteorológicas– ha aportado el equipo de sonido y tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida iban a prestar las sillas para esta ocasión, que finalmente no se han podido utilizar por la lluvia. “Las sillas, eso sí que fue muy sangrante, porque hay mucha gente que es muy mayor. Están ahí al sol, una hora que puede llegar a durar el acto (…), ya era como un ataque directo a familiares de personas que están allí representadas”, comenta el presidente de ARMHA.

Pedagogía de la memoria

El Memorial del Cementerio de Torrero fue aprobado en 2009 por unanimidad de todos los partidos políticos que entonces formaban el Ayuntamiento de Zaragoza: PSOE, PP, CHA, PAR e IU. “No queríamos números, queríamos nombres”, recuerda Gómez sobre dicho momento en el que parecía que había cierto consenso democrático. El memorialista recalca la necesidad de este tipo de actos y de que esas 3.543 personas que fueron asesinadas no caigan en el olvido debido al momento de polarización en el que vivimos: “Lo verdaderamente grave es que haya grupos de WhatsApp que dicen que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta”, dice en relación a los mensajes salieron a la luz en 2020 de ex altos mandos del Ejército y a los que Vox se refirió como “su gente”.

Con esto en mente, ARMHA –que cumplió 20 años el pasado mes de marzo– trabaja para que la memoria histórica de Aragón no quede en el olvido. Su proyecto 'Con nombres y apellidos' ha superado los 50.000 registros. Una base de datos con 50.000 nombres, historias de vida, resistencia y memoria, accesible para familiares, investigadores y el público general. A través de la investigación histórica, distintos homenajes, exposiciones, actividades y rutas memorialistas, la asociación busca hacer pedagogía de la memoria para que esa parte de la historia de España, y de Aragón en concreto, no se vuelva a repetir.

“Siempre hemos dicho verdad, justicia y reparación, pero también hemos añadido garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son obviamente un desiderátum, porque nunca se puede saber lo que puede pasar”, reflexiona Gómez. “Si haces verdaderas políticas de memoria, es más fácil que los chavales no puedan decir que con Franco se vivía mejor. Pero claro, si no tienen ni puñetera idea de cómo se vivía con Franco, porque no se lo ha explicado nadie, pues entonces difícilmente van a poder hacer ninguna comparación”.

La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza ha acabado convirtiéndose en un recorrido plagado de tropiezos políticos, dudas técnicas y ahora, desavenencias entre los socios. Desde las primeras reuniones discretas en restaurantes pagadas con dinero público hasta el bloqueo actual de la concesión. Este proyecto empezó a fraguarse en 2024 y actualmente, en abril de 2026, el parque solo abrirá para eventos ya comprometidos —siempre y cuando las atracciones obtengan el certificado de seguridad y se valide la situación económica de la empresa— y 81 trabajadores sin saber si van a conservar sus empleos.

Este viernes, el Parque de Atracciones ha recibido del Ayuntamiento de Zaragoza la autorización de apertura tras entregar el plan detallado de los eventos comprometidos con sus fechas cerradas y la primera será este sábado, día 11 de abril. El plan que la nueva concesionaria ha entregado al Consistorio señala que quieren cumplir con los compromisos de los banquetes ya concertados. A partir del 6 de junio, tras finalizar los compromisos de los banquetes existentes, el Parque de Atracciones prevé la “reapertura progresiva de su instalaciones al público en general”, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones: la obtención de certificado de seguridad del 80% de las atracciones, por lo que técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza analizan la seguridad de las atracciones, y la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado. Las dudas, pues, continúan.

Sin embargo, los trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza han reclamado abrir “con la calidad que los zaragozanos se merecen, no de tapadillo y solamente para 70 comensales”, según ha calificado el presidente del comité de empresa, Raúl Jiménez, en el día de entrada en vigor del Expediente de Regulación Temporal de Empleo —ERTE— para sus 81 empleados, víspera de la apertura reducida de las instalaciones para atender dos comuniones.

El origen: comidas pagadas con dinero público

El punto de partida es septiembre de 2024. El día 9, el coordinador general del área de Presidencia, Felipe Castán, junto a otros altos cargos municipales, mantuvo una comida con consultores del sector en el restaurante El Real para analizar el futuro del parque. El 13 de noviembre se repitió la escena: una segunda comida, también en el mismo establecimiento, en la que se reunió el director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, con funcionarios, asesores y consultores externos para avanzar en el diseño de la ampliación. El 19 de febrero se reveló que dichas comidas fueron pagadas con dinero público: 530 euros en total. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. El 20 de febrero, Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

Antes de conocerse que estos encuentros se habían financiado con dinero público, el 18 de noviembre la Comisión de Urbanismo aprobó inicialmente la modificación del PGOU. El 28 de ese mismo mes, el pleno dio luz verde definitiva con los votos de PP y Vox a una ampliación de 40.000 metros cuadrados —hasta alcanzar las 15,21 hectáreas— que incluye un parque acuático y cuya gestión recaería en una empresa privada. El proyecto se apoyaba en suelos ya previstos en el planeamiento desde 2005, aunque nunca desarrollados, en una zona que actualmente combina espacios sin uso con masa forestal similar a la de los Pinares de Venecia.

El debate se centró desde el inicio en el impacto ambiental. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, negó que la actuación implicara la tala de árboles y defendió que buena parte del ámbito corresponde a aparcamientos que no se modificarán, limitándose la intervención a cambios de calificación y nuevos accesos. Frente a ello, asociaciones vecinales de Torrero y colectivos ecologistas denunciaron la “privatización” de suelo público y alertaron de la posible eliminación de más de 2.000 pinos, además de cuestionar el diagnóstico municipal sobre el estado del pinar.

La oposición elevó el tono en el pleno. El PSOE acusó al Gobierno de actuar con opacidad y de anticipar decisiones antes de completar los procedimientos, mientras Zaragoza en Común habló de “modificaciones a la carta” y políticas ambientales “de pura literatura”. Vox, por su parte, respaldó la operación al considerar que no había “contraindicaciones” y que la ampliación era necesaria para garantizar la viabilidad de la futura concesión.

Sin embargo, la posición de Vox cambió unos meses después. El 14 de abril de 2025, la segunda fuerza política del Ayuntamiento —que el PP necesita para sacar adelante las propuestas y presupuestos— votó a favor de retirar el expediente en la Comisión de Urbanismo, alegando que el aparcamiento de pago previsto podría reducir las visitas al Monumento a la Legión. La decisión pilló por sorpresa al PP: la alcaldesa, Natalia Chueca, admitió que desconocía la posición de su socio hasta la víspera. Apenas once días después, el 25 de abril, Vox rectificó tras lograr el compromiso de garantizar aparcamiento gratuito en el entorno.

Impacto ambiental de la ampliación

En paralelo, crecieron las dudas sobre el encaje legal y ambiental del proyecto. El 29 de abril, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, instó a evaluar el impacto de la ampliación tras recibir las advertencias de la plataforma vecinal en defensa de los Pinares de Venecia. En su respuesta, subrayó el valor de este espacio como “sistema forestal consolidado” con funciones ecológicas y sociales clave para Zaragoza, y advirtió de la necesidad de analizar las consecuencias de la modificación urbanística en relación a la cobertura arbórea y la calidad del ecosistema.

El PSOE recogió ese planteamiento y exigió retirar el expediente ante un “más que posible vicio de legalidad”. Los concejales socialistas Horacio Royo y Ros Cihuelo defendieron que la actuación debería contar con una evaluación ambiental previa o, al menos, con un informe jurídico que justificara su ausencia, apoyándose en la legislación estatal. Alertaron además de que continuar con la tramitación podría desembocar en una judicialización del proyecto que acabase bloqueando la futura concesión, al tiempo que criticaron la “falta de rigor y de diálogo” del Gobierno municipal.

El Ayuntamiento rechazó estas acusaciones y sostuvo que la evaluación ambiental no es obligatoria en esta fase. Según el equipo de gobierno, la modificación del PGOU se limita a reajustar los límites de la parcela y sería más adelante, cuando se concretase el plan especial y los usos exactos del espacio, cuando pueda valorarse la necesidad de ese análisis. Los populares defendieron el trabajo técnico realizado y acusaron al PSOE de cuestionarlo “de manera infundada”. En junio de 2025, el Consistorio da un paso más y publica los pliegos de la licitación: la concesión fijó una inversión mínima de 15 millones de euros, un canon anual de al menos 70.000 euros y una aportación adicional para el mantenimiento de los Pinares de Venecia.

Aprobado justo del proyecto

El 29 de octubre se hizo pública el acta de la Comisión de Selección y solo se había presentado una candidatura, integrada por la familia Morte y la multinacional argentina Fénix Entertainment bajo la marca Noriland. La propuesta, que plantea una inversión de 17 millones de euros y la reapertura del parque en 2027, obtuvo 36,5 puntos sobre 65 en la evaluación técnica, un aprobado ajustado para una concesión de 50 años.

Los informes técnicos fueron especialmente críticos con varios aspectos clave del proyecto. Detectaron “deficiencias” en el diseño —calificado como “poco homogéneo y continuista”—, en el cronograma de ejecución —considerado “poco realista”— y en la estrategia medioambiental, donde se señala “una falta de concreción y de medidas verificables”. También se apuntaron “carencias” en la planificación de accesos, aparcamientos y fases de obra, así como dudas sobre la viabilidad de algunas infraestructuras propuestas y la “escasa innovación” en la oferta de atracciones y restauración. En materia medioambiental la propuesta obtuvo un 3,5 sobre 7 al presentar compromisos genéricos sin información técnica verificable sobre cómo se protegerá el entorno de los Pinares de Venecia.

Pese a que el Gobierno del PP prometió inicialmente que introduciría mejoras para ajustar el proyecto a las expectativas municipales, la realidad administrativa ha sido otra: el contrato se ha cerrado sin avances respecto a los mínimos exigidos. Para el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, el proceso es un “verdadero fiasco” que deja al Ayuntamiento sin margen de maniobra, ya que los pliegos no permiten exigir inversiones ni cánones superiores a los ya establecidos.

Frente a estas deficiencias, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, explicó el pasado 18 de marzo que la escasa concurrencia se debe a la “alta exigencia” del pliego. “El nivel de exigencia que se ha hecho en esta concesión no se ha hecho probablemente en ninguna”, afirmó Lorén, que justificaba así que las mejoras ya estaban integradas en las condiciones de salida, como la inversión mínima de 15 millones de euros o el canon para mantenimiento forestal.

81 empleos en el aire

El último capítulo —por el momento— de este proyecto ha llegado estas últimas semanas, cuando el traspaso de poderes entre las dos empresas ha saltado por los aires. El acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la alianza formada por la multinacional argentina Fénix Entertainment (80%) y la familia Morte (20%)— se ha roto por discrepancias económicas sobre el precio de las atracciones existentes y el recelo de los inversores argentinos ante la situación preconcursal de sus socios locales. Ante la imposibilidad de formalizar el acta de entrega, el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar la “orden de continuidad” prevista en el pliego, forzando a los Morte a seguir operando el recinto hasta el 3 de noviembre de 2026 para evitar el cierre total de la temporada.

Esta parálisis administrativa ha dejado a 81 trabajadores con incertidumbre respecto a su futuro. Mientras 29 empleados fijos acuden a diario a un parque desierto y sin actividad, otros 50 fijos discontinuos ni siquiera han sido llamados para iniciar la campaña. El comité de empresa, liderado por CCOO, ha explicado que en marzo debería haberse producido el llamamiento de los empleados para el inicio de la actividad laboral, pero no se produjo debido a que el nuevo adjudicatario no ha formalizado el contrato. Mapi, trabajadora del parque de atracciones, ha trasladado a los medios de comunicación la inseguridad laboral en la que se encuentra la plantilla, “en este momento de incertidumbre, los trabajadores fijos han seguido trabajando con la esperanza de que esto se solucionara, pero con un futuro incierto porque no sabían qué iba a pasar. Por otra parte, los fijos discontinuos hemos estado esperando una firma o una respuesta que nunca ha llegado, desde febrero o marzo.” 

La plantilla del parque de atracciones la conforman trabajadores y trabajadoras de diferentes edades. “Los que somos jóvenes podemos estar más tranquilos porque podemos buscar otras opciones, pero hay trabajadores en una situación mucho más complicada, después de casi 30 años trabajando, sin saber qué va a pasar”, ha asegurado la trabajadora del parque de atracciones. Ante este escenario, el sindicato atribuye la situación a una responsabilidad compartida entre las empresas que han optado a la licitación y el Ayuntamiento de Zaragoza, por su falta de previsión al establecer condiciones difíciles de cumplir en el pliego, así como por la supervisión sobre la solvencia de las empresas licitadoras. La solución propuesta por la empresa pasa por la aplicación de un ERTE hasta noviembre sin compensación para los trabajadores, una medida que CCOO califica de “inaceptable”. El sindicato denuncia que se pretende activar la actividad basándose únicamente en la “esperanza” de la plantilla, pero con un coste real para los trabajadores: quienes cuentan con prestación por desempleo la consumirán (la mayoría solo hasta julio) y quienes no dispongan de cobertura quedan en una situación de total desamparo.

Por su parte, el consejero Ángel Lorén ha evitado asumir responsabilidades, limitándose a señalar que la gestión de la plantilla es “responsabilidad exclusiva de la empresa”.

La oposición ha elevado el tono ante lo que consideran una dejación de funciones del Gobierno de Natalia Chueca. El portavoz socialista, Horacio Royo, ha censurado que el Ayuntamiento actúe como “mediador” en un conflicto privado en lugar de forzar el cumplimiento de lo firmado en enero. Para el PSOE, la falta de transparencia en las prórrogas y la incertidumbre sobre la apertura real del parque esta temporada confirman que el proyecto “estrella” del PP se ha estrellado antes de empezar. “Es un asunto interno de dos empresas que el Ayuntamiento usa como excusa para no hacer cumplir el pliego”, expresó Royo. Este jueves, Ranera exigió a Chueca que se “garantice” la subrogación de los empleados del parque, que “no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo”. Desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en Comisión, “es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades”.

Por parte de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha acusado al Gobierno del PP de incurrir en una “falta de responsabilidad con la plantilla y la ciudadanía”. Ha recordado que el parque puede seguir abierto hasta noviembre de 2026 “siempre que las atracciones estén en condiciones óptimas de manteamiento” y que esto posibilitaría pagar a la plantilla: “Creemos que es un claro ejemplo de la pésima gestión del gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

Varios cascotes de piedra caliza se han desprendido recientemente del lienzo de la muralla romana de Zaragoza, específicamente en el tramo situado junto a la iglesia de San Juan de los Panetes, próximo al Mercado Central de la capital. El incidente ha dejado al descubierto material de disgregación en la base del monumento, evidenciando el avanzado estado de erosión superficial que padece este Bien de Interés Cultural (BIC), que los peritos municipales achacan a las últimas lluvias, afectando a las capas inferiores de la muralla. Tal como ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, técnicos del servicio de arqueología aplicarán algún pequeño tratamiento de consolidación a estas piedras areniscas. Este desprendimiento se suma a las patologías crónicas que presenta la estructura, caracterizadas por una marcada erosión diferencial, pérdida de mortero en las juntas y la descamación de los sillares debido a la humedad por capilaridad y las vibraciones del tráfico urbano.

Estos daños, que hoy se manifiestan en grietas y oquedades, motivaron en 2018 una denuncia pública del entonces líder de la oposición y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. En aquel momento, Azcón afirmó de forma tajante que el “maltrato al patrimonio histórico de Zaragoza debe tener consecuencias” y anunció que exigiría responsabilidades por “no garantizar la protección” del monumento. Nueve años después de aquel pronunciamiento, la evidencia física del legado romano revela que el paso del tiempo es tan implacable con la piedra como con la hemeroteca.

Ante la persistencia del deterioro y la caída de material, el Ayuntamiento instaló en 2025 un vallado perimetral de seguridad de 1,80 metros para frenar el desgaste físico de la piedra. La intervención se realizó de manera urgente apenas unas semanas antes del inicio de la Semana Santa, con el objetivo principal de evitar que el lienzo de piedra caliza fuera utilizado como “grada” o plataforma por el público durante el paso de las procesiones, un uso intensivo que el Ayuntamiento identificó como un factor crítico en la aceleración de la disgregación de los sillares. Hoy, los arqueólogos municipales recomiendan ampliar el vallado.

Apudepa ve peligrar la muralla

Para Lourdes Gracia, restauradora de obras de arte y miembro de Apudepa, atribuir los daños de la muralla a las lluvias “es un despropósito” y añade que “eso es totalmente falso”. Según explica, ya para las fiestas del Pilar se registraban numerosos desprendimientos en uno de los lienzos exteriores. Además, durante la Semana Santa ese espacio se utilizó de forma masiva como graderío, lo que, a su juicio, confirma que se trata de “una muerte anunciada desde hace años”.

Incluso aceptando que las lluvias hayan podido agravar los últimos desprendimientos, Gracia subraya la necesidad urgente de aplicar un mantenimiento adecuado que debería incluir tareas de limpieza, uso de herbicidas y tratamientos hidrofugantes que permitan controlar la humedad, proteger la estructura y mejorar el entorno desde el punto de vista estético.

La restauradora también rechaza que toda la piedra pueda considerarse arenisca, ya que “cada sillar es de diferente naturaleza”. Advierte, además, de la existencia de procesos de deplacación que podrían derivar en nuevos desprendimientos si no se actúa con rapidez.

En este sentido, defiende la necesidad de una intervención que incluya una barrera física que limite el acceso de personas, aunque considera que el actual “encarcelamiento” no es una solución definitiva. Sin entrar a valorar la decisión final, que corresponde a los responsables de Patrimonio, propone alternativas más disuasorias y estéticas, como la creación de una lámina de agua a distinto nivel de la muralla. Esta medida, según explica, ayudaría tanto a evitar filtraciones como a impedir el acceso directo de los ciudadanos.

Asimismo, recuerda que, tras la demolición de la estructura anterior, la muralla ha quedado más expuesta a la intemperie, soportando temperaturas extremas en una zona sin arbolado.

Desde Apudepa denuncian que “la inacción del Ayuntamiento es constante”. En esta línea, Gracia critica que el actual equipo de gobierno “se pone la medalla del patrimonio”, mientras, en la práctica, se priorizan iniciativas de carácter estético y efímero como ´Zaragoza Florece´, ´Zaragoza Luce´o los grandes despliegues de iluminación navideña en la plaza del Pilar y Boreal en el parque José Antonio Labordeta. A su juicio, este tipo de apuestas evidencian una prioridad política centrada en el impacto visual y turístico, frente a la conservación estructural del patrimonio histórico.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia al hecho de que los datos sobre gastos de la publicidad institucional no estén accesibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, evitando explicar cuánto destina el equipo del PP a este capítulo. Tras limitarse a señalar que se siguen los mismos criterios de transparencia desde que se puso en marcha el tablón de anuncios en 2019, ha reconocido con indiferencia que “no hemos cambiado nada”. De hecho, — ha explicado—, no se modifica porque entonces se definió que esa era la fórmula correcta y “nos hemos ocupado de otras cosas, pero no de cambiar los criterios porque nos parecía que eran suficientes”.

Sin embargo, el modelo actual solo refleja parcialmente el gasto en medios de comunicación. El Portal de Transparencia se limita al denominado Tablón Municipal, mientras que una parte significativa de los pagos debe rastrearse en el registro de facturas, donde aparecen campañas que no figuran en la información pública habitual.

Aunque Chueca ha comparado el portal actual con el diseñado en 2019 cuando gobernaba Zec, lo cierto es que el presupuesto destinado a “Información municipal” alcanzó el año pasado cerca de 1,1 millones de euros, un 160% más que en 2019. No obstante, el gasto real en publicidad institucional triplica lo que se publica oficialmente, sin que exista un desglose completo ni criterios claros de distribución en función de la audiencia, como establece la normativa.

Parte de esta opacidad se explica porque numerosas campañas no se gestionan desde la Dirección de Comunicación, sino desde otros departamentos municipales, lo que fragmenta la información y dificulta su seguimiento.

Las facturas revelan pagos a medios locales y nacionales que no aparecen en el portal. Algunos casos muestran diferencias significativas entre lo declarado y lo realmente abonado, así como inversiones en campañas con escaso impacto medible. En conjunto, la situación evidencia un sistema de transparencia incompleto que impide conocer con precisión el destino de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y limita el control sobre su distribución.

La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.

Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.

La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.

El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.

Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.

Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.

El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.

UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.

El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.

Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.

El Parque de Atracciones de Zaragoza abrirá sus puertas en los próximos meses para atender los compromisos ya adquiridos, especialmente las comuniones previstas para abril y mayo. Sin embargo, más allá de esta actividad puntual, el futuro del recinto continúa sin resolverse, condicionado por el bloqueo en las negociaciones entre las empresas implicadas en la nueva concesión.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha reconocido que la situación actual “no es la deseable”, aunque ha subrayado que el origen del problema es ajeno al Ayuntamiento y responde a las dificultades económicas de la anterior concesionaria, actualmente en preconcurso de acreedores.

La empresa gestora actual se ha comprometido a atender los eventos ya cerrados, principalmente celebraciones familiares como comuniones, evitando dejar sin servicio a los clientes que habían reservado con antelación.

No obstante, el equipo de gobierno municipal no descarta que esta actividad será limitada y que la intención es no adquirir nuevos compromisos que puedan dificultar el traspaso a la nueva concesionaria, en un contexto marcado por la falta de acuerdo entre los socios.

Aval millonario y riesgo de sanciones

La nueva concesión está formada por dos partes:  Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora —la actual empresa del parque— , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo.

Desde el Ayuntamiento se les ha instado a retomar las negociaciones para alcanzar un entendimiento que permita desbloquear el proceso. “Son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”, ha señalado la alcaldesa.

El consistorio zaragozano cuenta con mecanismos para actuar en caso de incumplimiento. La nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Además, si no se respeta la orden de continuidad del servicio, podrían abrirse expedientes sancionadores. En el escenario más extremo, el Ayuntamiento podría ejecutar ese aval y volver a sacar la gestión del parque a licitación.

No obstante, la alcaldesa ha subrayado que el parque solo podrá abrir si cumple todas las condiciones de seguridad y cuenta con las revisiones necesarias en sus instalaciones. “Lo primero es la seguridad, no tanto el hecho de abrir o no”, ha insistido Chueca, dejando claro que no se permitirá la actividad si no se garantizan todas las condiciones.

Incertidumbre también para la plantilla

El conflicto no solo afecta a la actividad del parque, sino también a sus trabajadores. Actualmente, 81 empleados dependen de esta concesión, y su futuro queda supeditado a la evolución del proceso. La posible subrogación de la plantilla en caso de cambio de concesionario “deberá analizarse jurídicamente”, según ha indicado la alcaldesa, lo que añade más incertidumbre a una situación ya compleja.

Los trabajadores vinculados a la familia Morte viven en un limbo legal y operativo. Del total, 29 empleados fijos acuden a diario a sus puestos en un recinto sin actividad alguna. “Están yendo a trabajar, pero no hacen nada”, lamentan desde el comité de empresa de CCOO, describiendo la estampa de un parque “desierto”. Peor es la situación de los 50 fijos discontinuos, que ni siquiera han sido llamados para iniciar la temporada. El sindicato, que mantiene la negociación del ERTE abierta hasta el 6 de abril, ha exigido informes financieros para entender cómo una empresa que acaba de ganar una concesión para 50 años pretende entrar ahora en concurso de acreedores.

Tras más de 70 años de historia, el Parque de Atracciones de Zaragoza se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su trayectoria y su continuidad dependerá de una negociación empresarial que, por ahora, sigue sin resolverse.

Festival de las flores en el Parque Grande

La actividad sigue en otros parques de la ciudad. Zaragoza Florece celebrará del 21 al 24 de mayo su sexta edición, un festival que el pasado año reunió a más de 360.000 visitantes. En 2026, el evento vivirá un hito especialmente simbólico: la recuperación entre sus espacios del Jardín Botánico “Francisco Loscos”, un rincón emblemático, ligado a la memoria viva del Parque Grande José Antonio Labordeta, que ha sido recientemente renovado —aunque con críticas entre los naturalistas por la reducción de especies— y que aspira a convertirse en el corazón vegetal de la ciudad.

Bajo el concepto creativo 'El jardín que imaginamos', el festival propone un recorrido artístico en el que distintos creadores florales reinterpretarán la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad. Cada instalación será concebida como una obra única que dialogará con el entorno y con el público, transformando los espacios del parque en un gran museo al aire libre. La propuesta reunirá a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales que aportarán nuevas miradas al lenguaje floral contemporáneo.

Durante cuatro días, Zaragoza Florece ofrecerá una programación diversa y abierta a todos los públicos, en la que el arte floral convivirá con la música, la gastronomía, las actividades familiares y las experiencias participativas. El festival mantendrá espacios ya consolidados, como el Mercado de las Flores, donde el público podrá descubrir y adquirir productos vinculados al mundo vegetal; la zona gastronómica, con una ampliada oferta de foodtrucks; y la zona de descanso y música en directo.

La reforma de las riberas del río Huerva, una actuación financiada con fondos europeos, es solo una muestra de cómo el Gobierno del PP en Zaragoza elude de manera sistemática publicar en el portal de Transparencia las facturas de campañas de publicidad. Al menos cinco pagos han sido destinados a medios de comunicación sin que consten en el apartado correspondiente. En una de ellas, de 6.060 euros para EDA TV –Estado de Alarma, el portal ultra impulsado por Javier Negre–, se especifica según ha constatado este periódico que el banner publicitario tuvo un total de once clics.

En total, solo el año pasado decenas de cargos que no figuran en el apartado de 'gastos de contrato de mediación prensa' de Transparencia y que hay que buscar uno a uno en el registro de facturas fueron destinados a medios de comunicación.

Cuestionado por este diario, el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza remite una vez tras otra al denominado Tablón Municipal, que incluye el desembolso en medios mes a mes. Según consta ahí, el Consistorio gastó 304.296,30 euros el año pasado: en 2024 fueron 283.578,77 euros; en 2023, el desembolso llegó a 334,240,23 euros. Ahí, los beneficiarios son públicos. Sin embargo, el dinero que el Gobierno del PP destina a este fin es mucho mayor, mucho menos aparente y sin correlación clara con la audiencia de los beneficiarios, como marca la normativa.

En principio, el Presupuesto municipal es el que determina el gasto en campañas publicitarias durante el año. En las cuentas aprobadas para el año pasado, la partida de 'Información municipal' ascendía a casi 1,1 millones de euros, con una subida del 160% respecto a los 422.000 euros que destinó Zaragoza en Común en su último presupuesto, el de 2019.

El grueso del gasto va destinado a 'Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación', con 900.000 euros; otros 160.000 euros son para 'Información municipal' y el resto, 30.000 euros, a adquisición de material. Sin embargo, este desembolso triplica lo que consta en el Portal de Transparencia, sin que haya más información respecto al resto de campañas de comunicación.

Gastos del servicio de Arquitectura o de Sostenibilidad

Pero es que, al bucear en el registro municipal de facturas, este periódico ha localizado pagos que no salen de la Dirección de Comunicación, sino de servicios distintos como el de Conservación de Arquitectura (una campaña sobre comunidades energéticas), Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico (la del río Huerva), Infraestructura Verde (Zaragoza Florece) o Economía y Consumo (actividades de mercado y comercio), entre otros.

Las decenas de facturas localizadas al margen del Tablón Municipal el año pasado fueron para servicios de comunicación y campaña en medios tanto locales (Enjoy Zaragoza, Extra Digital u Hoy Aragón, entre otros) como a nacionales (The Objective, Ok Diario, El Confidencial, El Debate o EDA TV, entre ellos).

Por ejemplo, en el Tablón Municipal –lo único que se cuelga en el Portal de Transparencia– no consta el año pasado ningún pago en 2025 al portal ultra de Javier Negre y, sin embargo, en el registro de facturas aparecen dos: una de marzo para la campaña del Zaragoza Luce (reportaje, banners y 57 cuñas emitidas) por 3.025 euros y otra para la campaña de implantación de comunidades energéticas en barrios rurales, un gasto de 6.043 euros asignado al Servicio de Conservación de Arquitectura.

Mientras, este año figura en el portal de contratación una factura a favor de EDA TV para una campaña sobre las actuaciones en las riberas del Huerva por la que el Ayuntamiento pagó 5.000 euros más IVA (6.050 euros) por un 'branded content' y un banner publicitario que entre el 13 y el 17 de marzo acumuló 11 clics.

En total, desde 2023 Estado de Alarma ha percibido 34.500 euros del Ayuntamiento de Zaragoza en campañas de publicidad institucional sin que ninguno de estos desembolsos figuren en el correspondiente apartado de Transparencia.

Otros dos ejemplos similares: The Objective y El Debate. El año pasado, según lo trasladado al Portal de Transparencia ambos medios recibieron algo más de 5.500 euros cada uno, la mayor parte provenientes de pequeños pagos mensuales de 330 euros y con una única actividad especial: en diciembre, por 2.600 euros para la campaña de Navidad. Sin embargo, en el registro de facturas el desembolso total en ambos medios nativos digitales superó los 11.500 euros sin IVA en cada caso, con campañas como el Zaragoza Luce, la reforma del Huerva o las comunidades energéticas.

Entre este bloque están también las dos únicas campañas concedidas por el Gobierno de Natalia Chueca a elDiario.es en 2025: sendos gastos de 1.000 euros sin IVA para el Zaragoza Luce y para promocionar el servicio Bizi.

Fuentes municipales han rehusado dar explicaciones sobre todas estas facturas.

Un puente del siglo XV por el que pasan a diario siete líneas de autobús. El estado del Puente de Piedra ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en Zaragoza: su peatonalización. La aparición de grietas en sus laterales en los últimos días ha intensificado las voces que reclaman limitar el tráfico.

El geógrafo Francisco Pellicer lo tiene claro: “Un absoluto sí a la peatonalización”. Recuerda que el puente ha sufrido daños a lo largo de su historia, especialmente por las crecidas del Ebro, y lo define como un punto “frágil”. “Antes de construirlo, el río hacía una curva y chocaba justo debajo del Pilar”, explica. La obra, en el siglo XV, corrigió ese trazado: “Es un trabajo monumental, a capazo, con un pico y una pala. En el siglo XV se hace este puente y se corrige la dirección del río para que entre perpendicular. Se ve en el propio río, más arriba son todo vueltas y abajo también, este es el único tramo recto en 400 kilómetros y es una obra humana”.

Pellicer considera que, si se somete a vibraciones de vehículos pesados —de autobuses— el monumento la sufre: “Son obras que se han consolidado, que se han mejorado, pero enseguida aparecen grietas, es decir, hay que tener un exquisito cuidado con esto. Por todo esto tiene que ser peatonal”. Defiende que el valor patrimonial del puente debería estar por encima del tráfico y propone desviar la circulación a otras infraestructuras como el puente de Santiago o el de Hierro.

También el fundador de Iberflumen, Pablo Polo, apunta a problemas estructurales. “La alarma llega por las grietas, pero el problema es de fondo”, sostiene. Habla de pilares erosionados, posibles movimientos y falta de mantenimiento: “Hay que curarle las cicatrices”. Incluso advierte de asentamientos: “El puente se está hundiendo, y se ve en las grietas laterales”.

Desde el barrio del Arrabal, el enfoque es distinto. Su asociación vecinal recuerda que el puente es clave para la movilidad diaria. “El Ebro es la calle principal de Zaragoza”, resume su presidente, Rafa Tejedor. Por él pasan buena parte de las líneas que conectan el barrio con el centro, por lo que pide cautela: “No podemos permitir que una intervención afecte a esa movilidad”.

El PSOE denuncia la “falta de mantenimiento” 

En el plano político, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha pedido actuar “con urgencia”. Considera que el puente es “un símbolo de la ciudad” y denuncia falta de mantenimiento. Según afirma, el año pasado solo se ejecutó la mitad del presupuesto destinado a conservación de puentes. “Hay una desidia absoluta”, critica, y anuncia que pedirá una comisión para analizar su estado. Ranera también criticó las intervenciones artísticas que se han hecho o se han planteado en este monumento en los últimos años: “Natalia Chueca ve los puentes no como parte de la historia ni de la riqueza de la ciudad, los ve para anillarlos o para anclar muñecos por el puente”.

Se refiere al Ring of Luxe, un gran anillo de oro que se programó para colocar en el Puente de Piedra durante el festival Hola Primavera. Finalmente, no se pudo instalar debido a las condiciones meterológicas. Lo que sí que se instalo fueron los ‘Colosses’, unas esculturas que fueron ancladas a la estructura del Puente de Piedra. En ese momento, entidades patrimonialistas denunciaron el hecho al considerar que incumplía propia normativa municipal del Ayuntamiento, que establece para cualquier elemento que deba ser colgado “en ningún caso deberán ir ancladas al suelo o a cualquier otro elemento de la vía pública que pueda sufrir algún deterioro”. El Consistorio aseguró que la piedra no se vio afectada.

Frente a esto, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, rechaza que exista un problema de seguridad y acusa a Ranera de generar “alarmismo”. Defiende que los técnicos municipales revisan periódicamente estas infraestructuras y asegura que el servicio de conservación “hace su trabajo”.

Ese mismo día, Serrano anunció que el Consistorio sí prevé actuar dentro del Plan de Puentes. En las próximas semanas se adjudicará la redacción de un anteproyecto para el Puente de Piedra, que incluirá inspecciones técnicas más detalladas —con drones y ensayos específicos— y propuestas de intervención. Al ser un Bien de Interés Cultural, cualquier obra deberá contar con el visto bueno de Patrimonio. 

En este caso, la inspección principal de puente se centrará en el desgaste general de la sillería; las posibles grietas y fisuras; la vegetación, aterramiento y socavación en zampeados de las pilas; la erosión, desgaste y desprendimiento de los sillares en el muro de estribo izquierdo —aguas abajo—; y otros posibles deterioros y patologías adicionales. También se aprovechará para crear un modelo digital de todo el puente y sus estribos, incluyendo el muro de sillares en el muro de estribo izquierdo.

Además, se elaborará un informe de la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus' en las grietas de generadas en los sillares. Se deberá tener en cuenta las épocas de nidificación y elaborar un mapa donde se registren los nidos existentes. De hecho, el proyecto incluirá la redacción de un anexo con procedimientos a seguir en las posibles obras de rehabilitación para la protección y conservación de la avifauna del entorno. Para este puente también se incluirá un anteproyecto de mejora de iluminación ornamental y un estudio de movilidad del tráfico peatonal y de vehículos para el entorno y así minimizar posibles afecciones temporales que pudieran derivar de las obras.

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire. El Ayuntamiento ha confirmado este miércoles que la nueva adjudicataria no asumirá la gestión hasta el 3 de noviembre, después de que no se haya cerrado el acuerdo entre las empresas implicadas. Mientras tanto, la actual concesionaria seguirá al frente del recinto durante toda la temporada en aplicación de la orden de continuidad prevista en los pliegos.

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha explicado que la falta de acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. “No se ha alcanzado un acuerdo y eso nos lleva a aplicar el pliego”, ha resumido.

Detrás del retraso hay un problema económico. Según ha detallado Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminado de tensar la negociación.

El concejal ha reconocido que el Ayuntamiento ha intentado actuar como “mediador” para desbloquear la situación lo antes posible. Según Lorén, se han mantenido diversas reuniones con el objetivo de que el traspaso fuese “lo más rápido posible”, incluyendo un encuentro este mismo martes en el que se trasladaron las discrepancias económicas entre los socios. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo en dicha reunión —convocada a petición del actual concesionario—, el Consistorio se ha visto obligado a desistir en su intento de acelerar los plazos y regresar a las fechas inicialmente previstas en el pliego para evitar que el parque cierre.

Pese a todo, desde el Ayuntamiento insisten en que el concesionario es Moncayo y que sus problemas internos no deberían afectar al proceso. La empresa, de hecho, ha trasladado su intención de seguir adelante con el proyecto, ha dicho Lorén. Fenix, que aportó una fianza de 600.000 euros —la más elevada jamás depositada para esta concesión—, habría mostrado incluso interés en comprar la parte de los Morte dentro de Moncayo Leisure, lo que podría acelerar una eventual salida de la familia del accionariado. Los pliegos establecen que este movimiento tendrá que estar amparado por el Consistorio.

Sin acuerdo con los sindicatos

La parálisis administrativa se traduce en un escenario crítico para la plantilla. Actualmente, 81 trabajadores vinculados a la familia Morte viven en un limbo legal y operativo, ya que siguen dependiendo de la concesionaria actual mientras la nueva sociedad aún no ha asumido la subrogación prevista al no haberse firmado el acta de entrega.

De ellos, 29 empleados fijos acuden a diario a sus puestos en un recinto sin actividad alguna. “Están yendo a trabajar, pero no hacen nada”, lamentan desde el comité de empresa de CCOO, describiendo la estampa de un parque “desierto”. Peor es la situación de los 50 fijos discontinuos, que ni siquiera han sido llamados para iniciar la temporada. El sindicato, que mantiene la negociación del ERTE abierta hasta el 6 de abril, ha exigido informes financieros para entender cómo una empresa que acaba de ganar una concesión para 50 años pretende entrar ahora en concurso de acreedores. Ante este escenario, Lorén ha rechazado hacer declaraciones y ha reiterado que la gestión de la plantilla es “responsabilidad de la empresa”.

Pese a la situación, el Gobierno municipal sostiene que el parque abrirá esta temporada. La orden de continuidad obliga a la actual gestora a hacerlo “en las mismas condiciones” que hasta ahora, aunque será la empresa quien marque los tiempos. “No hay ningún indicio de que no se vaya a abrir”, ha insistido Lorén. En los pliegos, dicha cláusula establece que esta concesión es de interés público, por lo que se establece que si la adjudicación definitiva se retrasa de forma que impida firmar el acta de entrega antes del 28 de febrero, el gestor anterior está obligado a garantizar la continuidad de la actividad durante toda la temporada, desde el 1 de marzo hasta el 3 de noviembre.

El concejal también ha querido quitar hierro político al asunto y ha recalcado que la renovación no responde a un “proyecto estrella”, sino a la finalización de la concesión anterior.

El PSOE cuestiona un proceso “sin transparencia”

El portavoz socialista Horacio Royo ha cargado con dureza contra la gestión municipal y ha advertido de que el Ayuntamiento lleva semanas sin exigir el cumplimiento del contrato. “Hay un proceso al que concurrió una empresa que ganó la concesión, que se firmó en enero y solo está pendiente de que se entreguen las instalaciones”, ha señalado Royo, para quien la excusa de las discrepancias entre socios no justifica que el consistorio haya decidido no forzar la entrega. “Es un asunto interno de esas dos empresas que el Ayuntamiento ha considerado suficiente para no hacer cumplir el pliego”, ha criticado.

El socialista también ha cuestionado la transparencia del proceso, recordando que la prórroga de la concesión actual —prorrogada del 28 de febrero al 31 de marzo— se concedió “sin transparencia” y que ya en el último pleno su grupo advirtió de que nada generaba confianza en la actuación del gobierno.

Royo ha puesto el foco especialmente en la situación de los trabajadores. “Hablamos de algo muy serio: 81 familias que dependen de manera directa del parque”, ha señalado, añadiendo que otras empresas colaboradoras también se verían arrastradas si el parque no abre. Para el PSOE, el escenario más probable es precisamente ese: que el parque no llegue a abrir en toda la temporada. “El señor Lorén no lo ha garantizado, ha respondido con evasivas”, ha afirmado. Los socialistas han anunciado que pedirán la comparecencia de Lorén en el Ayuntamiento y exigirán que asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido.

El fuerte viento sigue soplando en Zaragoza y obliga al Ayuntamiento a activar este miércoles, 1 de abril, por quinto día consecutivo, el Plan Municipal de Emergencias, después de cuatro días con intensas rachas de Cierzo que seguirá rolando con virulencia, según la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la ribera del Ebro.

Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza activará también este miércoles el Plan Municipal de Emergencias (PMUZ), en concreto entre las 11.00 y 20.00 horas, si bien podría modularse en función de la evolución.

Por ello, al igual que estos días atrás, la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha pedido a la población extremar la precaución durante toda la jornada, especialmente en ese tramo horario.

El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kilómetros por hora, un umbral que se ha superado en algún momento todos los días desde el pasado sábado.

Este martes el viento ha soplado con fuerza desde primera hora de la mañana, por lo que el plan ha sido activado a las 08.00 horas con la previsión de mantenerlo hasta la 19.00 horas.

De momento, los Bomberos de Zaragoza han atendido las llamadas y servicios recibidos este martes, que aunque no han colapsado el servicio, no han cesado de producirse durante toda la mañana.

Cinco incidencias diarias

Los Bomberos han ido resolviendo las incidencias, en función de la prioridad y gravedad de las mismas. La mayoría de ellas han sido desprendimientos de vallas y chapas, caída de ramas y árboles o inspección de fachadas. Estos días, se han atendido de media 25 servicios diarios relacionados con el tiempo.

Como medida preventiva, durante el horario de activación del plan, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar.

Además, los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Otra vuelta de tuerca con la zona de bajas emisiones (ZBE) en Zaragoza. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes (PP), se ha reunido este martes con la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, con el objetivo de analizar los avances tras el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, que incluye un modelo sobre la ZBE que puede dejar en el aire las ayudas al transporte al dejarla de facto en nada. Ahora será una consultora externa la que analice este riesgo, que el Gobierno municipal minimizó semanas atrás a partir de un informe jurídico propio.

Gaudes ha explicado que el objetivo es precisamente “no poner en riesgo las ayudas” que recibe el Consistorio del Gobierno de España y que están condicionadas con la ZBE y, a la vez, adaptar esta norma al contexto de la ciudad. De ahí que, se haya acordado entre PP y Voz el “hacer un encargo a una consultora para dar respuesta a como establecer el sistema de medición de la calidad del aire en la ZBE –unidad móvil, estación fija, u otros dispositivos–, su ubicación y el coste”.

Además, la concejal del PP ha incidido en que “se debe realizar un estudio técnico con una consultora especializada para valorar el mejor modelo a aplicar salvaguardando las ayudas y subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible y a la mejora de la calidad del aire”.

En este sentido, Tatiana Gaudes ha incidido en que “ya desde la anterior Ccrporación la actual alcaldesa, Natalia Chueca, defendía que la normativa intransigente del Gobierno de Pedro Sánchez debía adaptarse a la configuración, características y necesidades reales de cada ciudad, y no establecer un criterio general que perjudicara a capitales como Zaragoza”.

Modificación de la ordenanza

Gaudes ha puntualizado que se trata de una modificación de la actual ordenanza en cuanto a delimitación, ubicación, e incluso los permisos de acceso son aspectos que se mantendrán, pero “ahora nos vamos a guiar por un parámetro de calidad del aire para la activación del régimen sancionador”.

Para poder implementar ese parámetro de calidad del aire se necesita conocer el histórico de la ciudad en este ámbito y a partir de ahí ir trabajando conforme a los objetivos que la Unión Europea marca para el año 2030.

Ha estimado que en el plazo de un mes estarían los resultados de la consultora y a partir de ahí se marcarán el siguiente ritmo de trabajo. “Nos emplazamos –ha indicado– en un mes cuando conozcamos los datos, los contaminantes más adecuados para marcar esos datos y también conocer la realidad de la calidad del aire en Zaragoza y las medias que arroja a lo largo del año”.

Una vez que se tengan el informe de la consultora –cuyo coste del contrato no es necesario que salga a licitación– se tendrá que proceder a la modificación de la ordenanza de ZBE que necesita una media de tres meses de tramitación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tatiana Gaudes ha asegurado que se ciñe a los requisitos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para acceder a las ayudas al transporte que son unos 23 millones entre 2025 y 2026. “Tenemos un informe de la Asesoría Jurídica que nos dice que está permitido dentro de la ley”, ha recalcado para añadir que otras ciudades están avanzando en este tipo de ordenanzas e incluso hay ordenanzas ya aprobadas.

“La realidad es que cada ciudad es distinta y cada ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, las ciudades lo que intentamos hacer es adaptarla para causar los menos problemas posibles a la ciudad. Por lo tanto, esto ya se está haciendo en otras ciudades de España” ha reiterado Gaudes para poner de ejemplo a Sevilla.

Discriminación

Por su parte, portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha añadido que la intención que siempre ha defendido su formación política en este asunto ha sido “siempre la de evitar que se discrimine a ningún zaragozano por entrar a su ciudad, a la ZBE, con su vehículo”. “No queremos vulnerar los derechos de aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para acceder al centro de su ciudad. Son entre 40.000 y 50.000 vehículos los que se iban a ver afectados y nos parece absolutamente discriminatorio”, ha aseverado Eva Torres.

En este sentido, desde el PP han dicho “compartir con VOX la convicción” de que la calidad del aire de Zaragoza no es comparable a la de otras ciudades de mayor tamaño o con una orografía más compleja, por lo que “sería razonable que nuestra Zona de Bajas Emisiones tuviera unas características diferenciadas”.

Dado que la norma vigente obliga a delimitar ese espacio en las ciudades, también se han mostrado de acuerdo en que el control y las sanciones “no deberían ser algo permanente, sino sólo aplicable en los momentos en los que se constate que hay una alta contaminación”.

Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial cada vez son más y se usan en más ámbitos. Sin embargo, sus fallos son constantes y demuestran que la mano humana sigue siendo necesaria: así sucedió en el Foro Turismo Zaragoza 2026, un evento impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Miembros Afiliados de ONU Turismo, en el que se utilizó un sistema de traducción automática con IA en lugar de una interpretación humana. Lo han denunciado los interpretes aragoneses, que han expresado su “preocupación” ante la decisión del Consistorio de utilizar este sistema que tuvo numerosos errores.

En una nota de prensa, recuperan algunos ejemplos que aparecieron en la traducción automática durante las jornadas: 'La Pedrera' apareció traducida como 'quarry ' (cantera); el Palacio Real de La Granja de Segovia como “the farm'”; 'MICE tourism' como “turismo de ratones”; la región de Emilia-Romagna como “Millermania” y bien de interés cultural como “Doctor Rocky”. “En un foro dedicado precisamente al patrimonio y a la cultura, este tipo de errores no son anecdóticos: alteran el contenido y distorsionan el mensaje que reciben los asistentes”, exponen los intérpretes.

Este colectivo profesional asegura que, tras asistir al congreso y observar de primera mano su funcionamiento, realizaron una encuesta entre el público con el fin de conocer su percepción. “Los asistentes identificaron una serie de deficiencias que nosotros mismos pudimos corroborar como intérpretes profesionales: frases incoherentes y confusas, errores reiterados que modificaban el sentido del mensaje, alucinaciones —inclusión en los subtítulos de conceptos que no figuraban en el discurso original—, traducciones literales, numerosas omisiones y autocorrecciones constantes en los subtítulos mostrados en pantalla”, exponen.

Este encuentro reunió a grandes expertos nacionales e internacionales en materia de turismo y patrimonio. “Precisamente por su vocación institucional y por su objetivo de reforzar la imagen de la ciudad y fomentar el turismo, la calidad de la comunicación multilingüe debería haber estado a la altura del mensaje que se quería transmitir, pero no fue así”, exponen.

Aseguran que los asistentes expusieron “la imposibilidad de seguir correctamente las ponencias mediante este sistema de traducción con IA”: “La experiencia resultó especialmente exigente y agotadora para el público que, para poder seguir el contenido, se veía obligado a leer unos subtítulos cambiantes, con numerosos errores y continuas correcciones, en lugar de poder acceder al contenido de forma clara, natural y completa”.

Critican que en un evento financiado con recursos públicos “la comprensión efectiva del mensaje por parte de los asistentes no puede considerarse un aspecto secundario, sino una exigencia básica de calidad y responsabilidad institucional. Cuando quienes acuden al encuentro no pueden seguir adecuadamente las ponencias ni comprender con claridad su contenido, no solo se resiente la experiencia del público, sino que se compromete gravemente la finalidad misma del evento”.

Concluyen el comunicado exigiendo una “comunicación rigurosa” del patrimonio de la ciudad: “Cualquier estándar inferior no solo perjudica al público, sino que empobrece la imagen que la ciudad proyecta de sí misma”.

Fuentes municiaples explican que Zaragoza Turismo ha trabajado con intérpretes profesionales en la organización de eventos y que se mantendrá la colaboración “sin obviar las posibilidades que plantean las nuevas tecnologías y las aplicaciones de IA, en función de las necesidades de cada acto”. En este foro en concreto, explican que el sistema de traducción se planteó como “un apoyo de ahí que se utilizará la IA, ya que se trataba de un foro internacional que se celebró en español y en inglés, y que no requería una traducción completa, ya que tanto los ponentes como los asistentes tenían un perfil internacional”.