Otro lío para el Gobierno de Zaragoza con el spa de Ranillas: el TSJA le obliga a pagar los salarios de exempleados del complejo

La gestión del centro termal y el spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, está generando problemas al Gobierno del PP en Zaragoza por tierra, mar y aire. O, lo que es lo mismo, por lo mercantil, por lo contencioso... y también por lo social. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó en abril que el Ayuntamiento debe asumir los salarios de cuatro extrabajadores de la concesionaria, Cublan Inversiones, que gestionó el centro hasta su quiebra. La sentencia confirma además que el Ayuntamiento incurrió en sucesión de empresa al recuperar las instalaciones tras la resolución de la concesión administrativa —la tesis que el Consistorio lleva año y medio negando en los tribunales— y le impone las costas del recurso.

El fallo, adelantado por la Cadena SER, se apoya en un auto firme del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, dictado el 24 de septiembre de 2024 dentro del propio concurso de Cublan, que ya había declarado que la reversión de la concesión al Ayuntamiento constituyó sucesión de empresa a todos los efectos laborales. Los cuatro demandantes de este pleito formaban parte de una plantilla más amplia: la de los 16 empleados que Cublan tenía de alta cuando el Ayuntamiento recuperó las instalaciones. La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había dado de alta de oficio a los 16 en el código de cuenta de cotización del Ayuntamiento, como sucesor de Cublan, con efectos retroactivos a 29 de septiembre de 2023.

Otros dos frentes

La sentencia social llega en un momento delicado para el Ayuntamiento, que libra con la TGSS dos batallas más por la misma cuestión de fondo: si heredó no solo la deuda, sino también la plantilla de Cublan.

El primero de esos conflictos se remonta también a 2024: la Dirección Provincial de la Tesorería resolvió liquidar las cuotas impagadas y sancionar al Consistorio por no subrogar a los 16 trabajadores que la empresa, para entonces quebrada, tenía en plantilla cuando el Ayuntamiento revirtió la concesión. Esa resolución fue ratificada por la propia Seguridad Social. El Gobierno de Zaragoza —con la alcaldesa Natalia Chueca al frente, junto a los consejeros Víctor Serrano, Sara Fernández y Ángel Lorén— acordó llevar esta sanción a la vía contencioso-administrativa, con lo que abrió un tercer frente judicial en el caso.

Menos de un año después, el Consistorio se vio obligado a recurrir una segunda resolución de la TGSS, esta vez por una cantidad mucho mayor. La Dirección Provincial de la Tesorería había abierto el 29 de abril de 2024 un expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las deudas de cotización que Cublan dejó impagadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, y reclamó entonces 464.162 euros. Tras las alegaciones municipales, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva resolvió en junio declarar al Ayuntamiento responsable solidario de esa deuda, pero elevó la cifra final a 467.064 euros por conceptos que incluyen descubiertos de cotización, vacaciones no disfrutadas y trabajadores dados de alta que no llegaron a figurar en los boletines de cotización.

El Consistorio recurrió en alzada, pero la Seguridad Social desestimó ese recurso y agotó la vía administrativa; con dictamen previo de la Asesoría Jurídica Municipal, el Gobierno de Zaragoza decidió el pasado mes de octubre volver a acudir al TSJA.

La justificación del Ayuntamiento

La defensa municipal es la misma en los tres frentes: sostiene que no hubo sucesión de empresa, sino la simple reversión de unos bienes municipales, y que la explotación seguía de hecho en manos de terceros —una agrupación de interés económico y una sociedad de gestión de golf constituidas por Cublan antes de perder la concesión—. El dictamen jurídico que respalda los recursos ante la TGSS, fechado el 6 de octubre, insiste en que la cuestión “sigue sin resolverse”. La sentencia social del 20 de abril, sin embargo, desmonta ese argumento con un dato incómodo para el Consistorio: fue el propio Ayuntamiento el que pidió en 2024 que se suspendiera este mismo procedimiento social hasta que el juez del concurso se pronunciara sobre la sucesión de empresa —alegando que esa competencia era exclusiva y excluyente del juez mercantil—, para después intentar obviar el fallo cuando le fue desfavorable.

El trasfondo de los tres frentes es el mismo conflicto, que se libra a la vez en lo mercantil, en lo contencioso y en lo social: en febrero de 2024, la Sección Primera del TSJA ya había dado la razón íntegramente a Cublan en la vía contenciosa, declarando que la empresa tenía licencia tácita desde 2011 y un “indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021, semanas antes de que el Gobierno de Zaragoza le denegara el aval que habría evitado su quiebra. Esa sentencia alimenta la tesis que Cublan y sus acreedores defienden desde mayo de 2023 en la pieza de calificación del concurso, donde piden que se declare culpable de la quiebra al Ayuntamiento. Esta pieza ha cobrado actualidad estos días con la citación como afectados de nueve responsables del gobierno municipal PP-Cs de 2019-2023, entre ellos el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.