Las asociaciones ecologistas ANSE y WWF han alertado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia sobre la aparición de ejemplares de atún rojo muertos en las costas murcianas.

El velero ELSE de la Asociación de naturalistas del Sureste (ANSE) ha avistado a lo largo de este mes de septiembre unos siete ejemplares de atún rojo de entre 150 y 200 kilos de peso en la parte exterior del polígono de acuicultura de San Pedro del Pinatar (Murcia). A esto se suma las numerosas alertas que han publicado bañistas en sus redes sociales, con imágenes de los restos de los atunes varados en la orilla en distintos estados de descomposición.

Las organizaciones muestran su preocupación y temen que algunos operadores estén incumpliendo medidas de protección del atún rojo para no perder posibilidades de pesca. La población del atún rojo en el mediterráneo se vio mermada a principios de siglo por su pesca excesiva. Tras el año 2007, con la llegada del plan de recuperación que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), se ha logrado recuperar la población paulatinamente. A su vez, tanto la Política Común de Pesca, como la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera aprobada este año, establecen que los repartos de derechos de pesca deben hacerse incentivando una pesca más social y ambiental, elemento que se ha aplicado sólo tímidamente en esta pesquería.

Por otra parte, la retirada de los cadáveres de las playas a través de gestor autorizado está siendo costeado por los ayuntamientos, y en algunos casos se ha observado a personas troceando a los animales para su consumo, lo que pondría plantear riesgo para la salud.

La semana pasada, vecinos de la urbanización Las Gaviotas, en el km 5 de La Manga, divulgaban imágenes en redes sociales de salida de toallitas y aguas residuales a través de una grieta en la zona superior del emisario, que presenta  varias decenas de metros a flote muy cerca de la playa.

ANSE recuerda que los emisarios situados en la vertiente mediterránea de La Manga solamente deberían de transportar aguas residuales en casos excepcionales de inundaciones que colapsen la red de alcantarillado, al carecer la zona de red separativa de aguas pluviales y residuales, o por rotura o mal funcionamiento de las estaciones de bombeo.

El emisario del km 5 está vertiendo aguas residuales desde hace al menos una semana, suponiendo que no lo hiciera desde hace más tiempo, desconociendo desde la asociación si está evacuando la totalidad o solo parte de las aguas residuales sin depurar que recibe desde el resto de La Manga, antes de elevarlas a través del Monte Blanco hacia la parte de La Manga que pertenece al municipio de Cartagena, y desde aquí a la depuradora Sur del Mar Menor.

Las aguas residuales generadas en La Manga son transportadas hacia la depuradora Mar Menor Sur, situada dentro del Parque Regional de Calblanque, al norte de Cala Reona, en el término municipal de Cartagena. La impulsión de las aguas residuales desde La Manga se realiza mediante varias estaciones de bombeo, que a menudo presentan problemas de mantenimiento, principalmente durante la época veraniega, debido al notable incremento de la población y de sus vertidos asociados.

Al parecer, la subida a superficie de un tramo del emisario del km 5 de La Manga viene ocurriendo de manera recurrente a lo largo de los últimos años, permaneciendo permanentemente descubierto al menos desde el año pasado, con peligro para las personas y la navegación.

La asociación ha remitido sendas denuncias a la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas para que investiguen la magnitud de los vertidos al Mediterráneo de las aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado del Ayuntamiento de San Javier en La Manga, y se tomen las medidas necesarias para su cese inmediato,  a la vez que se determinan las causas que lo han motivado, con el fin de determinar si se trata de un problema puntual o estructural, que requeriría de importantes mejoras e inversiones.

Los naturalistas recuerdan que, en enero de 2017, el Área de e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena dirigió un escrito al Ayuntamiento de San Javier para que se procediera a la legalización de la actividad que realizaba desde La Manga de vertido al alcantarillado. En dicho escrito recordaba también el Ayuntamiento de Cartagena que este servicio no suponía ningún coste para el Municipio de San Javier, generador de los vertidos.

Técnicos de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han instalado durante los últimos meses casi 300 refugios artificiales y cajas-nido en el marco del proyecto FLUVIATILIS (1). La iniciativa pretende aplicar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el fomento de la bioeconomía a través del control biológico, con el fin de mejorar la gestión de plagas en arrozales, huertos y choperas, así como reducir la presencia de insectos molestos o peligrosos para la salud pública (mosquitos y otros dípteros). 

Con la colocación de refugios se pretende favorecer a diferentes vertebrados ligados a los ambientes ribereños de forma que la sociedad obtenga servicios ecosistémicos (control de plagas) reduciendo la necesidad de fitosanitarios. Así, se han distribuido hasta la fecha 270 cajas para las siguientes especies 27 cajas nido para Carraca, Abubilla o Autillo, 6 para Agateador europeo, 56 para Carbonero común, 28 para Herrerillo común, 5 para Cárabo, 3 para Mochuelo y 145 refugios artificiales de diferentes modelos para murciélagos. A día de hoy, algunas de estas cajas han sido ya utilizadas para la nidificación por las aves objetivo y como refugio por numerosos murciélagos.

Las cajas se han instalado en las riberas y cultivos próximos de los ríos Segura y Mundo, en el tramo comprendido entre los embalses del Cenajo y Camarillas, y el Espacio Natural Protegido del Cañón de los Almadenes. La medida se ha puesto en marcha con la participación de agricultores y propietarios de fincas de la zona de actuación (2), destacando la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Arroz de Calasparra”, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad de Regantes “El Esparragal”, la Fundación Santuario de la Esperanza y el Ayuntamiento de Calasparra. También ha sido decisiva la implicación de voluntarios y escolares en la construcción de algunos refugios. Como medida de compra verde, las cajas han sido producidas por carpinteros locales empleando madera certificada procedente de explotaciones españolas. 

El proyecto FLUVIATILIS comenzó en septiembre de 2022 con el objeto de aumentar la resiliencia de los ríos frente al cambio climático a través de la custodia fluvial, la conservación y la rehabilitación de los ecosistemas riparios, El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.  

El pasado sábado, cientos de personas protestaban en La Manga del Mar Menor exigiendo medidas para frenar la contaminación en la laguna salada. A esa misma hora, a apenas 4 kilómetros de distancia, más de medio centenar de barcos celebraban un macrobotellón en las inmediaciones de una de las islas del Mar Menor, la isla Ciervo.

Durante esa noche, la empresa de barcos FlippaBoat organizó una excursión en barco por un importe de 25 euros y, paralelamente, en la misma zona tuvo lugar un concierto organizado, entre otros, por un concejal del PP del Ayuntamiento del municipio costero de La Unión.

De acuerdo con las asociaciones ecologistas y en defensa del Mar Menor, este incidente ha puesto en peligro la integridad del ecosistema de la zona, que se trata de un espacio ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves).

“Esto lo llevan haciendo toda la vida. Los barcos van a la Isla Perdiguera, la del Ciervo y la del Barón, fondean donde les da la gana sin ningún control para beber y pasar el día”, denuncia Rocío García, una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. Asegura que los sábados y domingos las inmediaciones de la Isla del Ciervo “se llenan de barcos”, aunque reconoce que jamás había visto una fiesta organizada.

Asegura que todos los barcos que fondearon ese día arrastraron alga de la zona, rica en feofícea, un vegetación frágil vital en el ecosistema de la laguna. Donde se congregaron las embarcaciones también es lugar de recuperación del pez fartet, una de las especies de vertebrados en mayor peligro de extinción, que además se encuentra en época de reproducción: “Ha sido como hacer macrobotellón al lado de la madriguera de un lince ibérico”, ejemplifica Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción.

A Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), le preocupa especialmente la frecuencia con la que se realizan estas concentraciones de barcos: “Cuando sopla viento de levante en el interior norte de La Manga, junto a la encañizada, pueden concentrarse hasta 100 barcos”. El director de ANSE explica que “si queda alguna nacra - un bivalvo en peligro de extinción- en esa área del suelo marino es muy difícil que pase el verano”.

“No hubo organización”

El Capitán Marítimo de Cartagena, Óscar Villar, asegura que el macrobotellón que se rige por el decreto 62/2008 de Capitanía, “no tenía autorización”. Requiere formalizar una documentación y establecer un dispositivo de seguridad“, subraya. Desde S.O.S. Mar Menor han interpuesto una denuncia tanto a la Fiscalía como al Seprona contra lo ocurrido.

Tanto Diego Paredes, dueño de la empresa que organizó la excursión en barco FlippaBoat, como Ginés Guzmán, batería del grupo que tocó en la Isla del Ciervo y concejal del PP en el Ayuntamiento de La Unión, se exculpan de la organización del macrobotellón: “Acudimos a la fiesta con el barco, pero no la organizamos. En mi barco podrían ir cerca de 40 personas”, defiende Paredes, que asegura que incluso llegaron tarde al concierto: “El año pasado, lo hicieron en el mismo sitio y el mismo grupo de música”, sostiene.

Sin embargo, en los carteles donde anuncian la excursión de ese día promocionan “música en directo” y “un concierto único en el Mar Menor”.

Guzmán, por su parte, quien también fue uno de los compromisarios del Partido Popular de la Región que acudió al congreso nacional de los populares celebrado en Sevilla, asegura que el concierto se trataba de la celebración de una fiesta privada de cumpleaños: “Fue una reunión de amigos con unas pocas embarcaciones a la que se fueron sumando otras alrededor para nuestra sorpresa. No hubo organización, ni convocatoria previa, ni siquiera informal. No se cobró por tocar, ni se cobró dinero a nadie por asistir”.

Aguas grises y negras

Rocío García alerta de la gran concentración desperdicios de generan cada semana los barcos en las islas del Mar Menor: “La gente se deja en la Isla del Ciervo bolsas de basura, como si alguien fuera a recogerlas. Cuando tenía el barco iba y limpiaba las tres islas. Una vez hasta recogí un carro de la compra”.

“Los puertos del Mar Menor no tienen un servicio para vaciar las aguas negras y grises”, sostiene el director de ANSE. “Un barco con un váter, genera un agua residual. ¿Dónde van las aguas negras de los barcos del Mar Menor? Al Mar Menor”, denuncia Pedro García, que recuerda que esas aguas deben ir a la red de alcantarillado para su tratamiento.

“Una postal” del Mar Menor

“La fiesta nos ha devuelto un poco a la realidad”, reflexiona Pedro García. “Este es el Mar Menor: un enorme aparcamiento de barcos con once puertos deportivos y unos 4.000 barcos”.

El director de ANSE afirma que la albufera es un sitio relativamente seguro para ir en barco, incluso por gente inexperta, por lo que atrae a “gente que le gusta irse de fiesta, un turismo muy dominguero”, define. “La fiesta del pasado sábado ha sido una postal de lo que se ha ido sembrando durante muchos años”. 

Desde la asociación naturalista denuncia la “inacción” por parte del Gobierno regional en controlar que se cumpla la ley del Mar Menor e insiste en que la normativa ambiental la aplica la Comunidad Autónoma. Pedro García argumento que el Mar Menor es un espacio natural protegido y la Comunidad es la capacitada para regular las actividades que se desarrollan en la laguna salada. “Una de las actividades que puede regular es el fondeo: podrían establecer un mapa de fondeo con boyas, también evitaría que dos barcos pudieran ponerse juntos”, sugiere.

El pasado martes, por su parte, el consejero murciano de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, declaró ante los medios que no se mostraba “en contra de que se lleve a cabo ningún tipo de concentración de embarcaciones con un fin lúdico porque me parece totalmente razonable y adecuado tanto en el Mar Menor como en cualquier sitio”.

La Asociación ecologista ANSE ha denunciado un vertido de aguas residuales sin depurar en el kilómetro 5 de La Manga. En las imágenes divulgadas por los ecologistas se aprecia como a través de la grieta de un emisario submarino salen al mar toallitas y otros vertidos.

De acuerdo con la formación, este emisario está vertiendo aguas residuales “desde hace al menos una semana, suponiendo que no lo hiciera desde hace más tiempo”. Se desconoce si está evacuando la totalidad o solo parte de las aguas residuales sin depurar que recibe desde el resto de La Manga, que deberían ser transportadas hacia la depuradora Mar Menor Sur, situada dentro del Parque Regional de Calblanque, al norte de Cala Reona, en el término municipal de Cartagena.

La formación naturalista recuerda que los emisarios situados en la vertiente mediterránea de La Manga solamente deberían de transportar aguas residuales “en casos excepcionales de inundaciones que colapsen la red de alcantarillado, o por rotura o mal funcionamiento de las estaciones de bombeo”.

ANSE ha remitido sendas denuncias a la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y a la Demarcación de Costas para que investiguen la magnitud de los vertidos al Mediterráneo de las aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado del Ayuntamiento de San Javier en La Manga, y se tomen las medidas necesarias “para su cese inmediato”,  a la vez que se determinan las causas que lo han motivado, y si se trata de un problema puntual o estructural, que requeriría de “importantes mejoras e inversiones”.

El Llano del Beal es una pequeña población de Cartagena donde viven poco más de 1.300 habitantes, un lugar tranquilo a apenas 10 kilómetros de la costa. En esta pequeña diputación, que se puede atravesar en apenas cuatro minutos en coche, todos los vecinos comparten un inquilino incómodo que lleva más de 20 años instalado en la zona. Se trata de la balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de más de 1.000 metros, situado a apenas cinco de algunas viviendas.

En 2001 el Gobierno Regional aceptó la cesión gratuita de los terrenos en los que se encuentran estos residuos para proceder a la restauración de la zona. De acuerdo con Ecologistas en Acción, se invirtieron 5.452.12 millones de euros en la descontaminación de la balsa, sin éxito. Tras dos décadas, el Gobierno de la Región de Murcia ha declarado de emergencia las obras y actuaciones para sellar la balsa Jenny, un mes después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena le diese 20 días para cumplir esta medida cautelar.

El cierre de la zona costará 815.000 euros y llevará unos seis meses de trabajo. La obra consistirá en un “sistema de filtro activo de carbonato cálcico con barreras reactivas” y un “sistema de canalización y recogida de aguas pluviales de escorrentía e infiltración que atraviesan la parcela procedentes de la cuenca vertiente aguas arriba, esta canalización estará dotada de lechos de grava caliza”. Adicionalmente, la Dirección General de Medio Ambiente tendría que haber instalado “de inmediato” una valla que delimitase el perímetro de la balsa e impidiese el acceso de personas y fauna al interior del depósito: “No se ha producido ninguna medida práctica ni preventiva y urgentes que el juzgado planteó a la Administración regional, en concreto a la Dirección General de Medio Ambiente”, subraya Pedro Belmonte, miembro de Ecologistas en Acción.

El presidente de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, Juan Ortuño, celebra la imposición de estas medidas para la protección del Mar Menor, pero les preocupa que la contaminación por vía aérea continúe llegando a los vecinos del Llano del Beal: “Las medidas lo único que van a hacer es quitar la acidez del agua, pero los vecinos aún sufrimos la erosión eólica”, explica Ortuño.

Para Belmonte, la balsa Jenny es uno de los grandes problemas medioambientales que tiene la Sierra Minera y de La Unión. El ecologista explica que existen muchas balsas estériles en la Sierra Minera de La Unión, además de balsas ácidas de Zinsa y los fosfoyesos radiactivos de los terrenos de El Hondón: “Para colmatar esto tenemos el problema no resuelto de la bahía de Portmán y la contaminación de nitratos y fosfatos en el Mar Menor”, recuerda Belmonte. “Un súmum de problemas medioambientales que, a nuestro juicio, tienen una arista de salud pública”, describe desde Ecologistas en Acción. “Estos residuos provocan la contaminación de suelos, acuíferos, producen la llegada de metales pesados al Mar Menor y también la dispersión aérea de partículas”, asegura.

“Regalo envenenado”

Durante la descontaminación fallida de la balsa Jenny en 2001 “no hubo vigilancia ni control de la forma en la que se ejecutó el proyecto, independientemente de que fuera mejor o peor”, apunta Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Para el ecologista, la Administración no estableció las medidas para garantizar que el proyecto se ejecutase de manera adecuada: “Se malgastaron cinco millones de euros”.

“La Comunidad aceptó con todas las consecuencias el regalo envenenado de la balsa Jenny. El problema de estas cosas con el tiempo es que, independientemente de la responsabilidad penal, nadie asume su responsabilidad política”, lamenta García, que recuerda que el consejero de entonces, Antonio Cerdá, negó la existencia de la contaminación del Mar Menor y asistió la restauración de la balsa Jenny, “aceptando la donación de los terrenos y ejecutando el demencial proyecto que no se debería haber ejecutado con dinero público, al menos no de forma tan chapucera”.

El naturalista explica que la restauración de las zonas afectadas por la minería es obligación de los titulares de las explotaciones. Si los titulares de las explotaciones mantienen abierta la posibilidad de explotación de un recurso están obligados a tratar todas aquellas superficies que todavía tienen el inventario de recursos aprovechables. “Por sorprendente que parezca estas zonas abandonadas aún tienen la posibilidad de continuar con esa actividad, aunque en la mayor parte de los casos ya no sea rentable. Por tanto tienen la obligación de proceder a la restauración”, zanja García.

Más residuos en Los Blancos

El pasado 11 de mayo el Seprona tomó muestras sobre tres parcelas situadas junto al vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, también ubicado en el Llano del Beal. Lo hicieron tras la petición realizada por la asociación Ecologistas en Acción al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena en la causa abierta contra la empresa Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente por el retraso de ocho años en el sellado de esta antigua corta minera.

El juzgado ordenó en enero estas diligencias para aclarar si la fuga de residuos mineros denunciada por el Seprona en 2013. Los residuos de Los Blancos proceden de la balsa Jenny, de la que se trasladaron un millón de toneladas de material contaminado a este solar. Nueve años después, se investiga si se ha contaminado suelos agrícolas.

El nuevo Plan del Tajo, que propone una subida del 43 por ciento de los caudales ecológicos del Trasvase, lo que supone recortar 105 hectómetros anuales de entrada de agua a la cuenca del Segura, se aprobará previsiblemente el próximo martes en el Consejo del Agua. La medida será elevada al Ministerio de Transición Ecológica, que podrá modificarla antes de que sea aprobada por decreto por el Consejo de Ministros.

Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ven con buenos ojos la disminución del caudal, que podría promover “una mejor gestión del agua disponible”: “Que disminuya el volumen de caudal que se tiene previsto podría incentivar a que se reorganicen las cosechas y se reduzca la superficie de regadío, lo que beneficiaría al Mar Menor”, asegura Pedro García, director de ANSE. El naturalista subraya que esto dependerá de si la disminución del agua del trasvase no se ve recompensada por un incremento de la producción de las grandes desaladoras murcianas como la de Torrevieja: “Con la reducción se seguirá disponiendo de un caudal suficiente como para mantener buena parte del regadío”, insiste.

La semana pasada, las lluvias arrastraron la mayor parte de las aguas contaminadas por nitratos y fosfatos que eran aprovechadas por los regantes, arrojándolas al Mar Menor: prácticamente todas las depuradoras de la comarca han vertido sus aguas en dirección a la albufera, como la depuradora de Torre Pacheco y la de Cartagena, que de acuerdo con ANSE, debería verter hacia la cuenca del Mediterráneo. Como resultado, el Mar Menor ha recibido un caudal constante de agua con nitratos y fosfatos, extremadamente perjudiciales para su ecosistema: “Hemos conseguido que la lluvia sea un problema para el Mar Menor, por lo que arrastran, no por la lluvia en sí”, incide Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción.

“Actualmente el acuífero del Campo de Cartagena está sobrecargado, hay un caudal descomunal que puede ser aprovechado siempre y cuando no se deje en manos exclusivamente de las comunidades de regantes”, recuerda García.

El PP exige la paralización del Plan del Tajo

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, ha tildado el Plan del Tajo como “uno de los mayores ataques a la Región” y ha exigido su paralización, asegurando que “el recorte al Trasvase Tajo-Segura también pondrá en riesgo el abastecimiento en los hogares de la Comunidad”. Los populares cuestionan al Ministerio de Transición Ecológica por acepta rebajar los caudales ecológicos del Ebro y del Guadalquivir, y con respecto al Tajo,  pretenden “no tener en cuenta las alegaciones técnicas y modificarán los caudales a su antojo político por puro sectarismo”.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho al respecto del nuevo Plan Hidrológico del Tajo que su intención es encontrar la “máxima eficiencia en el consumo” del agua “preservando los recursos naturales”, premisa ante la que el Gobierno seguirá “trabajando y escuchando” a sabiendas de “lo sensible que es el tema”. En todo caso, ha insistido en que hay que “buscar el equilibrio” entre las cuencas de cabecera y las beneficiarias, en una estrategia que pasa por “una regulación que cada vez procura ser más cuidadosa” para todos los territorios.

Por sexto día consecutivo el Mar Menor se ahoga. Decenas de miles de peces muertos han vuelto a naufragar en las playas de la laguna salada. La imagen no es nueva: en octubre de 2019 la playa de Villananitos, situada en las costas del Mar Menor, amaneció con cientos de peces muertos.

Ante esta situación, el pasado viernes el jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, propuso tres medidas ante este nuevo episodio de anoxia del Mar Menor. El presidente de la Región exigió que el Estado le cediese las competencias de costas y la cuenca, ha anunciado el lanzamiento de un decreto para prohibir la entrada de “nutrientes” por la rambla del Albujón y ha recuperado la propuesta de Vox de recuperar el calado de la gola de Marchamalo.

Miras ha asegurado que “ya que le responsabilizan de lo ocurrido quiere asumir la responsabilidad” y que ha hecho “todo lo posible” por el Mar Menor con las herramientas actuales. La catedrática de la Universidad de Alicante, Francisca Giménez, reprocha al Ejecutivo regional que “no ha hecho ni una sola propuesta relacionada a sus competencias”. Julio Más, exdirector del Centro Oceanográfico de Murcia, objeta, y denuncia que la Región “no aplica la directiva de nitratos ni el límite legal de 1.500 metros para el uso de abonos nitrogenados. No aplica las leyes que él promulga, pero pide una serie de competencias que no tiene ninguna comunidad autónoma y que van en contra del criterio científico generalizado”.

“Llevamos años pidiendo medidas que no se han puesto en práctica. Pedimos que se redujera la superficie de agricultura intensiva a como mínimo 10.000 hectáreas de regadío. Que la Administración se hiciera cargo de las 8.500 hectáreas de regadío ilegales que la Comunidad había negado hasta que la Confederación Hidrográfica confirmó su existencia, planteamos una red de filtros verdes de humedales y medidas para que las aguas residuales no acaben en el Mar Menor cada vez que hay una lluvia intensa”, recuerda Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

“Medidas de guerra entre administraciones”

Giménez insiste en el margen de acción que posee Miras con las competencias actuales, y añade que lo propuesto en la rueda de prensa del pasado viernes “son medidas de guerra entre administraciones, no de buscar soluciones”. Preocupa a la catedrática la propuesta de recuperar el calado de la gola de Marchamalo. Esta medida ya fue sugerida por Vox en 2019 y descartada por la comunidad científica: “Cuando entre suficiente agua del Mar Mediterráneo al Mar Menor lo que puede provocar es que entre el patógeno que ha matado a la nacra en el Mediterráneo. Se está poniendo en riesgo a los últimos ejemplares de esta especie en peligro crítico de extinción”. La catedrática advierte de que “ese agua que va a salir va a alterar el agua y la calidad de las playas de La Manga que dan al Mediterráneo”.

En lo que respecta a la prohibición de la entrada de nutrientes a la rambla del Albujón, Giménez observa que “si haces esa propuesta de cerrar el acuífero con unos gastos públicos impresionantes y sigues introduciendo agua en el acuífero, ¿de qué sirve?”.

El exdirector del Oceanográfico no duda en acusar a Miras de haber caído en una “falacia”: “El Gobierno regional se exculpa rebotando el problema a la Administración central de que está entrando agua a través de los cauces, que son competencia del Estado. La cuestión es que el Sureste es uno de los ecosistemas más áridos de Europa. Prácticamente no llueve, no hay cauce permanente salvo el río Segura, que es el más regulado de Europa. Entonces ¿cómo puede ser que una rambla del Albujón y otras de la vertiente del Campo de Cartagena tengan agua todo el año? ¿De donde viene el agua? Del regadío intensivo, que es competencia de la comunidad autónoma”, explica el antiguo director.

Nitratos, fosfatos y herbicidas

“Realmente el problema no es el agua. El agua no es natural, es de riego, y el problema son los nitratos, fosfatos minerales y herbicidas y otros compuestos que lleva en disolución. Entonces la base argumental de que es la cuenca hidrográfica controlada por el Estado es la que causa el problema se cae por su base. Esas cuencas no deberían tener agua y el problema no es el agua, sino lo que lleva”, abunda Mas.

El exdirector del Oceanográfico señala a la sobreexplotación del Campo de Cartagena como el gran enemigo del “Mar Menor”: “El Campo de Cartagena comienza a reproducir este sistema de regadío intensivo a través del agua del trasvase”. “Lo que el trasvase trajo fue una forma de gestión de la agricultura que descartaba cualquier otra. Desembocó en esto porque se acompañó de muchas actividades ilegales y un crecimiento de la agricultura intensiva. Hay que recordar que la Confederación Hidrógrafica del Segura ha permitido y legalizado esa proliferación. El trasvase instaló una forma de funcionamiento que hizo que muchos agricultores si querían sobrevivir debían funcionar de la misma manera”, explica el director de ANSE. “No quiere decir que haya que quitar el trasvase, sino reutilizarlo. Estamos frente a una gran crisis: o aumentamos la crisis o hacemos una reflexión profunda que nos conduzca hacia un sistema más sostenible”, matiza Julio Mas.

El pasado sábado Miras ha continuado defendiendo sus medidas en redes sociales, actualizando su foto de perfil por el logo de la asociación SOS Mar Menor. El jefe del Ejecutivo murciano insiste en que “la comunidad científica coincide en que el principal problema es la entrada de agua dulce con nutrientes desde el acuífero al Mar Menor, por ramblas y subsuelo, debido al elevado nivel freático del acuífero”, pero sin relacionar estos niveles con la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

En el día de hoy se ha llevado a cabo un webinar organizado por el PSOE de Cartagena y moderado por el secretario general del PSOE de Cartagena, Manuel Torres, para abordar la remodelación propuesta por la Autoridad Portuaria para la zona del Puerto de Cartagena.

El espacio de debate y reflexión ha contado con la presencia de representantes del sector de la arquitectura, patrimonio, ambiental y de movilidad para analizar la remodelación del Puerto de Cartagena tales como Marcos Ros, Jose Francisco López, Pedro García, David García, Luis de Miquel y Loto Fernández.

Marcos Ros, arquitecto y profesor de la UPCT ha indicado que “sin una idea estratégica de nuestro municipio no se pueden abordar las actuaciones puntuales que se hacen, como en este caso es esta remodelación. La falta de planificación municipal hace que esta actuación no aborde aspectos fundamentales y no responda necesidades como la conexión o la cohesión social con los barrios del entorno”. También ha hecho mención a la necesidad de “cambiar el modelo de las inversiones y las infraestructuras desde el punto de vista de la transición ecológica y sostenibilidad, la transición digital y la cohesión social. Este proyecto adolece de este aspecto fundamental con unos barrios pegados que con graves problemas sociales”.

Luis Enrique de Miquel, responsable del Museo de Arqueología de Murcia, ha asistido en calidad de representante de la FAVCAC, ha destacado que “los vecinos de Cartagena estamos muy cansados de proyectos y nos interesan más las hojas de ruta, lo cronogramas y los presupuestos”, en relación a los innumerables proyectos presentados y que no han sido llevados a la práctica.

Jose Francisco López, técnico en patrimonio e historiador del arte, ha manifestado que “una remodelación urbanística debe tener en cuenta los valores materiales e inmateriales del patrimonio histórico que son los que van a asegurar el éxito de la intervención urbana”, significando la singularidad del frente marítimo del Puerto de Cartagena.

David García, presidente de la asociación de vecinos de Santa Lucía, ha denunciado que “en Santa Lucía tenemos el mar ahí al lado, pero no podemos tocarlo ni verlo porque tenemos un muro de contenedores que nos lo impide”. Ha recordado que la ubicación de la terminal de contenedores “se debería recuperar para la ciudad con la playa urbana que nuestros abuelos disfrutaron y que nos ha sido arrebatada”.

Loto Fernández, representante del colectivo MoviliCT, ha denunciado que “la ciudad no está preparada para las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Cartagena” en relación a la falta de voluntad decidida de la autoridad municipal para facilitar la movilidad sostenible en el municipio. En relación al proyecto de remodelación ha incidido en que “el carril bici que aparece por el centro de la avenida queda muy bonito sobre el papel, pero ni es práctico y ni facilita su uso”.

Pedro García, director de ANSE, ha indicado “una ordenación (urbanística) a ‘cachos’ no parece muy coherente teniendo en cuenta que el conjunto de la bahía de Cartagena ha tenido muchos cambios en los últimos años, y puede ser el momento de tener en cuenta una remodelación completa y no de una parte”. También ha destacado que en su opinión “la bahía de Cartagena necesita de una renaturalización y ganar espacios verdes con sombra”.

El acto ha sido transmitido en directo a través de la página de Facebook del PSOE de Cartagena, donde puede volver a visualizarse además de haber sido publicado en Youtube.

“Es fundamental debatir y meditar acerca de las necesidades del municipio, y por ello, desde el PSOE vamos a seguir propiciando estos espacios de debate que fomentan la puesta en común de diferentes ideas y opiniones en busca de mejorar Cartagena”, ha finalizado Manuel Torres.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y el 'Fondo Mundial para la Naturaleza' (WWF España) han emitido un comunicado conjunto en el que cuestionan que el Gobierno de Murcia ejerza el 'derecho de retracto' con el objetivo de adquirir el cabo Cope y anular así su compra por parte de ANSE.

En la nota emitida, las organizaciones aseguran que promovieron la adquisición por las “administraciones competentes” del cabo Cope, en este caso a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Águilas. “ANSE se reunió expresamente para pedir su compra con fondos públicos y ofreciendo su ayuda para ello”. Por este motivo, consideran que con el ejercicio del 'derecho de retracto' se ha dado respuesta a su primera petición para “impulsar la protección de un lugar emblemático y amenazado, aunque se ha producido de una manera forzada y extraña”.

A los ecologistas les produce “desconfianza” las motivaciones del Gobierno regional a la hora de reclamar el cabo. Murcia justificó el retracto en que ya se había producido un interés en adquirir dichas parcelas por su parte y habían realizado una oferta de compra a Sareb, mayor que la pagada por la Fundación ANSE. Por el contrario, la propia sociedad gestora de activos confirmó a las pocas horas que este hecho no se había producido en ningún momento.

Las organizaciones consideran que sería “lógico” pedir explicaciones en sede parlamentaria e “incluso responsabilidades si se demuestra que no existió dicha oferta formal”. ANSE y WWF España ponen en duda cómo la Comunidad Autónoma “con las cuentas intervenidas y una enorme deuda pública” va realizar el pago para la compra del cabo Cope, mientras la acusan de “desmanterlar la administración ambiental y rebajando las exigencias normativas.

Por otro lado, a los ecologistas les genera “inquietud” que este acto se produzca antes de la aprobación, al menos en su fase inicial, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional, y con un pleito pendiente por Iberdrola Inmobiliaria para mantener el desarrollo urbanístico en terrenos del Parque. Según WWF y ANSE este proyecto debería ser rechazado públicamente por el Gobierno regional para ser coherente con el ejercicio de su derecho de tanteo y retracto en el caso del cabo Cope.

“La administración muricana debería iniciar, de manera urgente, el proceso de creación de la Reserva Marina comprometida por el presidente de la Comunidad Autónoma, y como ya hemos solicitado las organizaciones”, sentencian ambas organizaciones.

El Gobierno regional ofreció comprar el cabo Cope a través de un intermediario

La Consejería de Medioambiente de Murcia emitió un comunicado en el que indica que, en 2018, una inmobiliaria de Águilas se puso en contacto con la Comunidad Autónoma para ofrecer la venta del espacio protegido de cabo Cope, en venta por parte de Solvia. En septiembre de ese año la Comunidad, a través de la inmobiliaria, se pone en contacto mediante correo electrónico con Solvia Store Murcia y le hacen saber que están interesados en adquirir el espacio protegido. “Posteriormente se mantienen conversaciones y se ofrece una cantidad por el espacio protegido, que es rechazada por Solvia”.

De esta forma, el Gobierno regional reclama que Solvia debería haber notificado que ANSE estaba interesada en adquirir el cabo Cope, y alude al 'derecho de tanteo' como justificación. En la misma línea, la administración murciana sostiene que ejerce el derecho de retracto, en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La gestora de activos Sareb ha desmentido que el Gobierno de Murcia les intentara comprar Cabo Cope en 2018, un terreno de 270 hectáreas . La propia Comunidad aseguró a primera hora de la mañana que había ofrecido una cuantiosa suma de dinero a la sociedad gestora de activos hace dos años, oferta que había sido rechazada por ser “insuficiente”. Ahora, la compra desde la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) de Cabo Cope por 500.000 euros ha desembocado en el uso del 'derecho de retracto' desde la administración murciana, con el fin de adueñarse de esta parcela.

“No hemos tenido nunca ninguna oferta por ese suelo ni por la parte de la Región de Murcia ni de ninguna administración pública”, señalan desde Sareb a este medio, también conocido como 'banco malo'. “Jamás hemos recibido ni oferta formal ni informal, ni nada”. Tampoco tiene constancia de la supuesta propuesta económica Solvia, gestor comercial de Sareb, cuyos servicios jurídicos están ahora mismo analizando la documentación remitida por el Gobierno murciano en el que reclaman el 'derecho de retracto'. “Estamos estudiando la petición y se actuará en consecuencia, cumpliendo la ley”.

Sareb señala que con el Gobierno de Murcia tienen un convenio de colaboración desde 2018 para impulsar la actividad económica en la Región: “Tenemos relación con ellos a nivel técnico, pero por ese activo en concreto no hemos recibido propuestas”. Desde la Comunidad Autónoma se reafirmar en la existencia de esa oferta y su rechazo en 2018, motivo por el que han tomado la decisión de poner en marcha el 'derecho de retracto', que abarcaría el parque regional de Cabo Cope y la playa Puntas de Calnegre.

La decisión de la comunidad autónoma, que supondría pasar a ser propietaria de los terrenos adquiridos por ANSE abonando la misma cantidad pactada entre Solvia y la asociación ecologista, se basa en el artículo 40 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Diversidad. La asociación ecologista decidió dar el paso de comprar Cabo Copue, en colaboración con WWF España, para “proteger” una de las últimas zonas costeras no urbanizadas de la costa mediterránea española.

Joaquín Sánchez Onteniente (en adelante, Joaquín), histórico de ANSE al que siempre le profesé muy sentida admiración por la precocidad de su sabiduría naturalista, sale en defensa de la compra de Cabo Cope, de la asociación en la que fue presidente y de su amigo Pedro García, actual presidente. Lo hace porque no entiende la “feroz oposición” de dos históricos ecologistas (Pedro Guerrero y yo mismo) a esa compra, y para ello ha preparado un texto en el que mezcla la desordenada relación de hechos (con recuerdos borrosos y análisis imperfectos), la alteración de la realidad y la contradicción expositiva y argumental. A ese cierto barullo histórico añade Joaquín la impronta de una pobre cultura política, y en esto parece no haber avanzado mucho desde que, hace años, se declarara apolítico. Todo esto lo hace, desde luego, como defensa del amigo ante –asegura, escandalizado– los ataques sufridos de nuestra parte, lo que, solo parcialmente, justifica un texto pobretón.

El artículo de Joaquín, 'Cabo Cope y el futuro', tiene un enfoque eminentemente histórico, como no podía ser de otra manera, lo que nos remite al pasado: es el pasado lo que existe, no el futuro, y mirando atrás es como nos reconocemos en nuestra desnudez e itinerario, y no siempre podemos justificar los cambios experimentados con eso de que “de sabios es rectificar”, ya que son muchos los desvergonzados que a ese eslogan se agarran para disimular su proceder.

Empiezo enmendando algunos errores en la breve revisión del “pasado decisivo”, el de la lucha antinuclear. Pedro Guerrero y yo iniciamos la lucha en Lorca y Águilas con nuestras propias armas, pero cuando supimos de la existencia de la asociación AEORMA, la única que en 1974 luchaba contra la energía nuclear y el franquismo, nos vinculamos a ella y a sus magníficos, y muy politizados, representantes. Fue cuando esta batalla se calmó, cuando creamos el Grupo Ecológico Mediterráneo, en septiembre de 1977, al amparo de Cabo Cope, y allí nos juramentamos para defender el Cabezo y el litoral (de Murcia y Almería). En efecto, en pocos años combatimos (por este orden, y sólo en lo que se refiere al litoral murciano) por Portmán, contra el puerto deportivo de Águilas, contra la urbanización de la Isla de Mazarrón, contra la carretera Mazarrón-Águilas y por la protección de Calnegre, contra el embarcadero recreativo de Isla Plana, contra los naturistas del Coto de las Salinas, en San Pedro, y en El Portús… y es verdad que nunca nos encontramos con ANSE, que estaba todavía apegada a las salinas de San Pedro.

La importante batalla por la Marina de Cope ha sido simultanea con la crítica de la autopista, del aeropuerto y del Gorguel, y esta combinación de causas, con acción judicial, la ha asumido Prolitoral, que nació como plataforma de grupos y en el que ANSE figuró desde su creación, si bien sus representantes no acudieron casi nunca a las reuniones; cuando se produjo la sentencia del Constitucional, en diciembre de 2012, sobre el Parque Natural Cabo Cope-Calnegre, ANSE se retiró de Prolitoral porque “el asunto Marina de Cope ya estaba resuelto”. ANSE ya era exclusivista y conservadora, había optado por un camino aparte, de propietaria y de alianza con las instituciones, y no se sentía nada a gusto con el estilo y las iniciativas de Prolitoral, de enfrentamiento sin tregua con el Gobierno regional. Hace unos días un concejal de IU de Águilas, aseguraba que, en diecisiete años no vio a ANSE en las manifestaciones a favor de la Marina de Cope; tampoco yo. Está claro que la Marina de Cope no ha figurado, de verdad y con implicación directa, en las preocupaciones de ANSE hasta que ha decidido concentrar su acción en adquirir Cabo Cope.

Pero el asunto de fondo que me parece que se desprende del escrito de Joaquín es la defensa de, digamos, la “política de adquisiciones” como signo del conservacionismo español e internacional, y para ello muestra algunos ejemplos, como Doñana, Montejo y La Trapa. Y hace trampa, porque en esta relación se olvida de señalar que se trataba de compras en situaciones de ausencia de protección, es decir, de peligro real, más o menos inminente: en los años de 1960 y 70 la preocupación administrativa por el medio ambiente era casi inexistente, el inventario de espacios protegidos, ridículo y, en consecuencia, los (escasísimos) casos de adquisición privada resultaban oportunos y meritorios. Este es el caso de Doñana y Montejo, actualmente espacios protegidos por las redes autonómicas y nacional. Acerca del caso de La Trapa, en la Tramuntana mallorquina –en la que intervine introduciendo a mi amigo Çesc Moll, presidente del Gob, en las instituciones administrativas de Madrid donde podía encontrar apoyo o financiación–, se trataba de una finca cuyo dueño quería venderla a los ecologistas del Gob, a un precio justo, y no había ninguna circunstancia de protección previa, desposesión o de transferencia de pública a privada.

Yo no he estado nunca contra este proceder, que siempre ha sido escaso y justificado: a ver si se me entiende que estoy contra la compraventa de Cabo Cope y contra la opción de ANSE por una “política de adquisiciones” y por un ecologismo en “islas de naturaleza”. Ninguno de esos espacios gozaba de protección previa. Cabo Cope posee cuatro regímenes proteccionistas. Joaquín no menciona en ningún momento a la Fundación de ANSE, como si su existencia no fuera esencial y estructural, muestra inequívoca de que ANSE no tiene nada que ver con lo que era ni con las organizaciones conservacionistas existentes en España, que carecen de ese empeño posesivo.

ANSE se ha transformado en una realidad nueva, que prefigura un modelo inmobiliario que no responde a tradición ecologista alguna, sino a un cierto cúmulo de eco-patologías. No insistiré, sin embargo, aunque sí lo hace mi apreciado interlocutor, en el exceso de ANSE de atribuirse en exclusiva la capacidad de proteger lo que no protegen las administraciones, porque ya he aludido a esto como una excusa de oportunistas que no están jugando limpio.

Y entro ya en el análisis más propiamente político, porque Joaquín encuentra extraña mi “brusca profesión de fe en las Administraciones públicas” como garantes de la conservación. No parece percibir que al ciudadano le corresponde exigir de esas Administraciones el cumplimiento de sus obligaciones, en este caso de conservación del medio ambiente; ni adherirse a ellas ni hostilizarlas, sino recordarles y exigirles sus obligaciones. Curiosa finta la que quiere hacerme Joaquín, como si llevando yo “toda la vida” atacando a esas Administraciones, ahora hubiese decidido (se supone que “de pronto”) identificarme con su proceder con tal de fastidiar a Anse.

Otra corrección, que creo de más calado, se la he de hacer para que precise su idea sobre los “cargos públicos” que dice que he ocupado, porque si se refiere a cuando fui director general de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha (1981-82: doce meses justos), que es todo mi currículum como cargo público, no lo veo muy relevante, y menos todavía en relación con el asunto que nos ocupa; aprovecho para decir que ese año fue muy útil para mí, por mi profunda vocación política (que sólo supera mi idea de libertad comprometida, siempre a la izquierda).

No le encuentro, pues, sentido en que, el histórico de ANSE, enhebre mi caso con el de su admirado Pedro García, que dejó su “confortable y mejor pagado trabajo” en el Ayuntamiento de Cartagena para aventurarse en su modesta liberación en ANSE. Me lo pone a huevo, porque sobre esto ya dije hace tiempo a Pedro García lo que pienso, y es que no me gusta que los funcionarios abandonen su puesto para dedicarse a otras cosas, ya que ese puesto (con sus privilegios) lo pagamos los ciudadanos y si, como es el caso, su función era vigilar el medio ambiente de Cartagena –con sus aires, aguas y suelos envenenados– lo que hizo en realidad fue huir de un empleo incómodo y eludir responsabilidades; no me llevará, por ese camino, el entregado amigo del funcionario fugitivo, a ningún reconocimiento especial de admiración. No cabe duda de que es muy diferente el color del cristal con que Joaquín y yo miramos lo público, sea la Administración, sea el funcionariado.

Joaquín destaca, indignado, la “desafortunada comparación” que hago de los directivos de ANSE en el momento (presunto) de la firma de la compraventa, con no sé qué de encapuchados. Ahí forcé un poco la graduación, sí, de lo que califica como “mordaz estilo literario”, pero es que una foto así, a quién se le ocurre: tres pasmarotes embozados y ni papel ni bolígrafo ni notario... ¡ni la menor prueba de que hacían lo que decían que estaban haciendo! Pero hombre…

Insisto en que la historia ecologista no registra una alianza, en progresiva institucionalización, de un grupo conservacionista con las Administraciones públicas (a las que pretende criticar) y con empresas antiecológica: Joaquín debiera sentir alguna repulsa al maridaje, tan peligroso, entre ANSE e Hidrogea, por ejemplo. No encuentro posible que ese proceder pueda racionalizarse en favor de la naturaleza, y menos cuando la filosofía que subyace, y que tampoco se oculta, es de menosprecio de lo público. Demasiadas contradicciones, típicas del amarillismo político.

Acabo, sin salirme del marco histórico en el que siempre conviene contemplar a Cabo Cope, y esperando que nuestro traqueteo mutuo apenas nos enemiste (que, en este mundo tan atroz, los leñazos se dan y se reciben, y hay que aguantar con una sonrisa). Dudo, finalmente, de que a Joaquín le hiciera su padre aquella observación de que “Pedro Costa siempre está contra de los que mandan”. Conocí a su padre en la casa que tenían en Calarreona y me cayó rebién; yo era entonces un aguileño sólo conocido de mi familia y empezaba la lucha social, política y ecologista sin andadura anterior y descubriendo, sobre la marcha, la amplia y variopinta canalla confabulada contra el medio ambiente. Dice Joaquín que tenía entonces trece años: yo había cumplido veintiséis, el doble, así que fíjese mi querido amigo, la ventaja que le llevo.

La compra de Cabo Cope por parte de ANSE ha generado todo un debate en las redes sociales, agudizado por el análisis de Pedro Costa Morata publicado por este medio. El artículo, y una parte del ecologismo, considera que no tiene sentido adquirir este terreno en el municipio murciano de Águilas a la banca pública, por una parte, mientras que por otra, considera que no va a evitar que Iberdrola continúe con su proyecto de edificar sobre La Marina de Cope. Diversos ecologistas y expertos en sostenibilidad han aportado su visión sobre el tema.

Bernardo Robles, expresidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza Caralluma, explica los orígenes de la polémica: “Dentro del movimiento ecologista hay una corriente muy crítica con este tipo de actuaciones”. Para los que defienden la postura de Costa, “la protección ambiental no puede depender de que se vayan comprando propiedades para protegerla”.

Según Domingo Jiménez Beltrán, ex director general de la Agencia Europea del Medioambiente, “estamos hablando de percepciones distintas de un asunto, no creo que se trate de dos tipos de ecologismo”. Para él la filosofía del ecologismo radica en “adaptarse y adecuarse a las leyes de la naturaleza. Creo que eso es lo que hay que buscar en las acciones”.

Robles coincide con esta postura: “Las dos visiones son acertadas y complementarias y se aplican en distintos contextos”, y recuerda que “no es la primera vez que el movimiento ecologista adquiere fincas o propiedades”. WWF, quien ha apoyado a ANSE en este compra, ya adquirió en 1963 la Reserva Biológica de Doñana. El antiguo presidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza Caralluma admite que en su sociedad ecologista se han planteado adquirir una finca “como una herramienta naturalista para conservar bienes puntuales”.

Federico García Charton, miembro de Equo RM, va más allá: “No entiendo que si un grupo de forma autónoma y legítima decide tomar una decisión como ésta sean atacados por otros”. Coincide en que “la administración es la encargada de velar por el patrimonio natural de todos, pero este Gobierno ha evitado dar ese paso”. Beltrán se suscribe a esta idea: “La Región de Murcia es una de mejores regiones de Europa, pero también la que tratamos peor y gestionamos peor”.

Pedro García de ANSE, que ha preferido no valorar el contenido del análisis de Costa Morata, asegura que su asociación lleva “20 años” en una campaña para que la zona sea declarada como parque natural: “Nos reunimos con las administraciones la anterior legislatura para que adquirieran Cabo Cope y Marina de Cope. Como no funcionó decidimos emprender este paso”.

Desde ANSE, una asociación ecologista y naturalista que nació en 1973, subrayan que “esta medida es compatible con otras, las administraciones tienen que jugar un papel muy importante”.

“El Mar Menor también es un espacio público”

Pedro Costa Morata, aguileño y pionero en la lucha contra el programa nuclear en España, reitera su postura: “No se puede demostrar que dándole marcha a los principios liberales de conservación de la naturaleza”. Y añade que “son los poderes públicos los que deben responsabilizarse en primera instancia”. En su opinión, una zona “con tres protecciones” no se estaría salvando por la compra de ANSE.

Pedro García discrepa: “Incluso si hubiéramos conseguido que las administraciones hubieran comprado estos terrenos, no es una garantía de conservación necesariamente”. Recuerda que “el Mar Menor es un espacio público y está machacado. En su día Marina de Cope era un espacio natural protegido y fue desclasificado. La bahía de Portman era de todos y fue completamente destruida por los vertidos durante el régimen franquista”.

Ya le tengo advertido a Anse, y en especial a su líder Pedro García, de que su conducta viene dejando mucho que desear: por su comportamiento peculiar cada vez se distancian más de la ética ecologista (nada que ver con la primigenia Anse, esforzada e intachable) y con su ambición desmedida de poder y protagonismo se entremezclan, con pasmosa soltura, en tramas que unas veces los implican con instituciones tramposas (el Gobierno regional, singularmente) y otras con empresas abominables; y en alguna ocasión, con ambas a la vez.

Anunciando la compra de Cabo Cope (noticia espectacular que ha alterado el sopor de la cuarentena con un titular de impacto), Anse se marca un buen tanto y consigue, como es de suponer que pretende, ser protagonista de una operación rodeada de simbolismo y que no puede dejar insensibles a tantos y tantos que acusamos muy directamente cualquier noticia o suceso en torno al Cabezo y su entorno. Tengo que decir, en primer lugar, que cuando he visto en la prensa regional a los firmantes de la compraventa protegidos con sus mascarillas de ordenanza, la evocación me ha atrapado y no he podido evitar –Dios me perdone– imaginarme a un trío de encapuchados repasando el botín tras un asalto exitoso al correo del rey.

Porque resulta que Cabo Cope, propiedad de Bankia ya cuando era Caja de Madrid, es decir, banca pública, pasó a ser propiedad privada tras privatizar las cajas de ahorros la canalla del PP, pero regresó a patrimonio público cuando esa caja, administrada por aquella caterva de pillos y manirrotos, tuvo que ser rescatada y nacionalizada. Lo que compra Anse es, pues, una propiedad pública que, en la encrucijada urdida por un Estado depredador, la institución encargada de administrar la banca nacionalizada (la famosa Sareb) enajena y malvende, sin el menor escrúpulo social o ecológico.

Por supuesto que a los burócratas de la Sareb nadie les pide que sean sensibles a otra cosa que al interés –en definitiva– de las futuras instituciones financieras por cuya saneada privatización trabajan. Pero el Gobierno de la nación, muy en concreto el Ministerio para la Transición Ecológica, no debería permitir esa transacción tan perversa, digna de acabar en los Tribunales. Ni los de Anse debieran haber acudido a aprovecharse de la coyuntura, por más que se quieran proteger con ampulosas e hipócritas protestas de autobombo: “Una Junta Directiva de apasionados por la conservación…”, dicen en su nota, a la que acompaña la histórica foto de los enmascarados que llevan también a imaginar unos negociantes clandestinos que prevén desplumar a alguien (o algo: en este caso, los bienes públicos).

Cabo Cope está protegido y a salvo de construcciones y actuaciones contra el medio ambiente por su antigua calificación como no urbanizable de especial protección, y las más recientes declaraciones como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de especial protección de las Aves). ¿A cuenta de qué, la compra por los salvadores de Anse de este espacio? Convirtiendo en privada una propiedad pública, como es en la actualidad, tanto Anse como la Sareb (el Estado) se cubren de ignominia, ya que se alían para enajenar un bien público y perjudicar a los contribuyentes.

¿Vamos a asistir, como me temo, a que ese característico gigante, apenas perturbado en su pétreo y paciente silencio por andarines amantes de la naturaleza, se vea colonizado, al transformarse en propiedad privada, por la fanfarria –carteles, casetas, proyectos– del estilo de la que puntea un poco por toda la Región, con actuaciones tantas veces hueras, ridículas o fracasadas?

Vaya, vaya. En su festiva nota, Anse no deja de expresar su “empeño” por desterrar definitivamente el proyecto de urbanización de 'Marina de Cope', pero su operación inmobiliaria en nada contribuye a esta encomiable declaración. Para obstaculizar directa y eficazmente esa maldita urbanización lo que podían haber hecho, con el poderío financiero que demuestran, era comprar en medio del Parque Natural una de las fincas llamadas a ser urbanizadas: la mayoría de esos agricultores de la Marina de Cope, activos y diarios depredadores ambientales, estarían encantados de abandonar las lechugas y hacer caja. Así, Anse habría actuado limpia y lealmente.

¿Sensibilidad ecologista?

No veo, pues, el menor asomo de sensibilidad ecologista en la operación comercial de Anse, sino todo lo contrario: negocia, en secreto y sin que le importe lo más mínimo la opinión de las organizaciones ecologistas regionales, con los peligrosos e insensatos agentes anti-Estado de la Sareb.

Cuando se le pida a la ministra para la Transición Ecológica (con la que me dicen que Pedro García, el manager triunfador, tiene línea directa) que obstaculice esta desvergüenza y, si llega tarde, expropie Cabo Cope a esos oportunistas llamados ecologistas. Evitar que acabe Cabo Cope 'en manos de un fondo especulativo', como proclaman, tienen mucho de desfachatez.

No cabe duda, nos encontramos ante un caso singularísimo de admirable capacidad empresarial y de agudeza especulativo-inmobiliaria personificadas, ambas, en un ecologista antiguo, tenazmente empeñado en transitar el (peligroso) itinerario de la impostura. A los ecologistas no les vale todo, y mucho menos practicar las artes de empresarios y mercaderes por muy ecológico que parezca el objetivo.

Pedro García y los suyos están ganándose profundas y bien fundadas antipatías en el mundo ecologista, lo que no parece que les turbe gran cosa, atribuyéndolo a 'envidia' y, supongo, a conspiraciones de frustrados. Con el despegue como sociedad inmobiliaria (o fundación: lo mismo da), que es un paso importante en su estrategia íntimamente vinculada con su evolución a empresa de servicios, estos prósperos emprendedores se adhieren a la idea, grotesca por interesada, de que “para protegerla, a la naturaleza hay que privatizarla”, con lo que envilecen social y políticamente al ecologismo.

Sobre esto ya advertí fraternalmente en su día a Pedro García, ya que se trata de una perversa ideología que el ecologismo más social debe combatir, la exhiba quien la exhiba.

La tarea de conservación implica a toda la sociedad, principalmente a los poderes públicos y sobre ellos –decisores, administradores, legisladores…– hay que concentrar el esfuerzo exigiendo que cumplan con sus obligaciones; pero no negociando con ellos el levantamiento de sus deberes privatizando lo que es, o merezca ser, público. El ecologismo de Anse se ha convertido ya en un no-ecologismo, y no se le deberá considerar en adelante como grupo ecologista: como mucho, y de momento, comercial-conservacionista. En nuestra propia Región hay ejemplos de otros conservacionismos, mucho más claramente ecologistas, gestionando y cuidando territorios valiosos mediante acuerdo con sus propietarios sensibles, sin caer en el vicio de poseer y acumular.

Entre los listillos de Anse y los vende patrias de la Sareb hemos hecho un pan como unas hostias.

Aguas de Murcia y ANSE han firmado un nuevo convenio bianual para continuar con en el fomento de la biodiversidad en las instalaciones de la empresa municipal y así contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Más concretamente al Objetivo número 15: “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.

El nuevo convenio supone la continuación y ampliación de las acciones iniciadas en 2017 y que han permitido avanzar en la conservación y el conocimiento de la biodiversidad del término municipal, a través del establecimiento de nuevos bosques de ribera, la creación y seguimiento de bebederos para la fauna o la ejecución de refugios para murciélagos.

Además, prevé la conservación de poblaciones de polinizadores, la implicación de los trabajadores de Aguas de Murcia en el seguimiento de las aves o la publicación y divulgación de resultados.

José Albaladejo, Gerente de Aguas de Murcia y Chema Catarineu, presidente de ANSE, firmaron la renovación del convenio de fomento de la biodiversidad en la planta potabilizadora de Contraparada, tras visitar los resultados de las actuaciones desarrolladas en el convenio anterior.

Aguas de Murcia y ANSE han acordado continuar en los próximos dos años con las acciones de recuperación de la biodiversidad del municipio de Murcia con un importe de 71.552,60 €uros.

Como novedades, establecer áreas de reserva para polinizadores en las instalaciones de Aguas de Murcia a través de la creación de manchas de vegetación natural con flores y la colocación de refugios para abejas silvestres solitarias, que son los principales polinizadores en áreas mediterráneas y que se enfrentan a un severo declive por cambios de hábitats y uso de fitosanitarios.

Por último, el convenio establece la implicación de los trabajadores voluntarios de Aguas de Murcia en la iniciativa de ciencia ciudadana, BiObserva, de forma que los empleados aporten datos de seguimiento a largo plazo de la tendencia de aves comunes como el gorrión común, la golondrina común o el mirlo.

El proyecto de conservación de la Malvasía cabeciblanca en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cabezo Beaza (Cartagena) ha sido incluido junto a otros de entidades nacionales como ejemplo de Buenas Práctica para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Las acciones desarrollas en el marco del convenio de colaboración entre Hidrogea y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) para favorecer la conservación de la Malvasía cabeciblanca, cumplen con creces con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 - Vida de ecosistemas terrestres-.

El proyecto, cuyo último logro ha sido la reproducción de 3 parejas de este pato en peligro de extinción, lleva también asociado el Objetivo 6 - acciones en el marco del saneamiento y la depuración de aguas de calidad para la vida terrestre-; ODS 11 - ciudades y comunidades sostenibles- al ser compatible y generarse sinergias entre una actividad industrial y la conservación del patrimonio natural; y ODS 17, por ser todo fruto de la alianza entre una empresa privada (HIDROGEA) y una organización social sin fines lucrativos (ANSE). Asimismo, cumple con los Principios del Pacto Mundial 7, 8 y 9, de enfoque preventivo, de responsabilidad y de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

La inclusión de la Malvasía en el Dossier Especial sobre ODS, se enmarca dentro de la Campaña de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la celebración del Tercer Aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuentes de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU han informado de que en la Campaña de recopilación de buenas prácticas han participado un total de 77 entidades socias de la Red Española, de las cuales el 43% son acciones relativas a grandes empresas, como Telefónica, Ferrovial, Inditex o BBVA; el 32% a PYME, el 8% corresponden a entidades del Tercer Sector y el 4% a entidades educativas.

Asimismo, las temáticas más destacadas se han enfocado principalmente a salud, medioambiente y consumo responsable representados por el ODS 3 con un 14% de buenas prácticas presentadas, el ODS 13 (13%) y ODS 12 (10%), respectivamente.

El Dossier Especial puede consultarse en la página web www.pactomundial.org, en el aparado ‘Noticias’, ‘Celebra con Pacto Mundial el 3º Aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’.

Biólogos y voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) han confirmado, por primera vez, la reproducción de la Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en las balsas que acumulan el agua depurada de la EDAR de Cabezo Beaza (Cartagena). Este logro se ha conseguido tan solo dos años después de la firma de un convenio de colaboración entre Hidrogea y la Asociación por el que se instalaron dos nuevas islas flotantes artificiales con un diseño mejorado.

Dichas islas han creado manchas de vegetación helófita que proporcionan refugio a las aves y las protegen de los depredadores. Tras varias semanas de sospecha de la presencia de individuos adultos en las islas artificiales, 3 machos y 4 hembras, el personal de ANSE ha confirmado el avistamiento de 4 polluelos de corta edad.

La isla elegida por las Malvasías para nidificar se instaló el pasado año con motivo del Día Mundial del Agua. Diecisiete meses después ha sido ocupada por varias malvasías, por lo que no se descarta que más hembras se vayan a reproducir este año.

Con las lagunas de Cabezo Beaza, la Malvasía cabeciblanca, que se encuentra en peligro de extinción y que en la depuradora constituye una población de unos 70 ejemplares; suma una nueva localidad de reproducción a las tres ya existentes en la Región de Murcia (Alhama, Campotéjar y Moreras).

Las primeras islas flotantes se instalaron hace once años pero gracias a la innovación aportada por las dos nuevas islas introducidas en el marco del convenio con Hidrogea, se han obtenido excelentes resultados en cuanto a uso por parte de las aves. Así, el año pasado se avistó un ejemplar de Cerceta pardilla y en el último censo, apareció un Porrón pardo, lo que en palabras de Jorge Sánchez, Biólogo de ANSE, “saca a la luz la importancia de las lagunas de la EDAR de Cabezo Beaza para tres anátidas catalogadas en España 'en peligro de extinción': la Cerceta pardilla, la Malvasía cabeciblanca y el Porrón pardo”.

Asimismo, ha añadido: “este hecho demuestra que el fomento de la biodiversidad integrada en actividades como la depuración de aguas puede conseguirse con medidas relativamente sencillas en periodos de tiempo razonables”. Desde la Asociación consideran que el uso de humedales artificiales por parte de las aves es una muestra del delicado estado de conservación de los naturales.

Por su parte, Javier Ybarra, Director General de Hidrogea explica que “la reproducción de la Malvasía en la Depuradora de Cabezo Beaza es un claro indicativo de la calidad del agua efluente y una apuesta por la integración y conservación del patrimonio natural durante la gestión del ciclo integral del agua”.

La Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) es un pato globalmente amenazado con la categoría de “En Peligro” y es una especie de interés comunitario según la Directiva Aves. Igualmente, tanto el Catálogo Español de Especies Amenazadas como el Catálogo Regional de Especies amenazadas catalogan a esta especie con la categoría de “En Peligro de Extinción”. En la Región de Murcia, se desarrolló un proyecto LIFE sobre esta especie y como consecuencia del mismo se redactó y aprobó un plan de Recuperación de la especie, que, curiosamente, recogía a Beaza como zona de presencia ‘sin nidificación’.

Hidrogea, Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste) y la Comunidad de Regantes Arco Sur del Mar Menor han unido fuerzas con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos para generar un ecosistema natural autóctono que ayude a frenar la escorrentía superficial y el consiguiente aporte de nitratos al Mar Menor. La Marea Azul de Hidrogea, proyecto de Voluntariado Corporativo de la empresa, ha dedicado las horas y el esfuerzo de una quincena de sus empleados para luchar contra la desertificación y la eutrofización del Mar Menor.

Los trabajadores acudieron al entorno de Cabo de Palos y los Belones para plantar especies autóctonas como el baladre, mirto, madroño, lavanda o palmito, propiciando con ello un ecosistema típico que contribuye a frenar la erosión del terreno y el aporte de fertilizantes al humedal. Según explicó el equipo de ANSE que dirigió esta repoblación, “con el cultivo de dichas especies vegetales a su vez se favorecerá a la conservación de las abejas y el aumento de especies depredadoras de las plagas que azotan el entorno”.

La Marea Azul de Hidrogea, comprometida con el Desarrollo Sostenible, continuará con la realización de actividades que generen un impacto positivo para el cuidado del entorno natural y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia.

HIDROGEA y ANSE continuarán colaborando conjuntamente con el fin de conservar el entorno de las lagunas de agua depurada, ubicadas en la EDAR Cabezo Beaza. Con la firma del convenio entre las dos partes, se comprometen a seguir realizando actividades para el seguimiento y protección de la flora y de la avifauna de la depuradora, en especial de las aves acuáticas y entre ellas la malvasía cabeciblanca, especie en peligro de extinción.

Así lo constataron con sus firmas el Director de HIDROGEA, Javier Ybarra Moreno, y el Presidente de ANSE, Chema Catarineu Guillén, quienes participaron posteriormente en la ruta ornitológica organizada por la Asociación de Naturalistas del Sureste, en un encuentro con la biodiversidad del entorno de las lagunas.

El evento pretendía poner en contacto con la naturaleza a los participantes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante el mismo, unas cuarenta personas recorrieron el entorno de las lagunas del Cabezo Beaza acompañados por técnicos y voluntarios de ANSE y representantes de HIDROGEA, para descubrir una treintena de aves, tales como el zampullín cuellinegro, tarro, ánade real, garceta, chorlitejo, abejaruco, cigüeñuela, garceta común o la estrella de las lagunas: la malvasía cabeciblanca, de la que se avistaron decenas de ejemplares, lo que es prueba irrefutable de que la calidad de las aguas depuradas de las lagunas proporciona a esta especie, el hábitat idóneo para descansar y reponer fuerzas.

Tanto Javier Ybarra, como Chema Catarineu, constataron que las islas flotantes instaladas en la laguna están cumpliendo con su cometido. En una de las ellas, unos polluelos de focha común se resguardaban del sol y de posibles depredadores. El objetivo para este año es seguir instalando estas plataformas flotantes con vegetación, para velar por las especies más vulnerables y que encuentren un lugar tranquilo donde desarrollar sus ciclos vitales.

El acuerdo conlleva además la puesta en marcha de iniciativas de concienciación medioambiental con centros escolares y otros colectivos, que están contribuyendo a difundir los valores ecológicos y naturales que encierran las lagunas artificiales de agua depurada, así como la necesidad de proteger nuestros hábitats.

¿En qué situación se encuentra la vegetación sumergida del Mar Menor después de su primera cartografía de detalle del año 2014?, ¿ha afectado la eutrofización de sus aguas a la vegetación del fondo?

Estas preguntas y otras son las que responderán Pedro García, director de ANSE; y Juan Manuel Ruíz, responsable del Grupo de Fanerógamas Marinas del Instituto Español de Oceanografía.

ANSE y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) presentan este lunes el informe 'Estado de conservación de la vegetación submarina del Mar Menor', a partir de las 21.00 horas, en la sede de la organización ecologista en Murcia, situada en la calle pintor José María Párraga, 11.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y el Instituto Español de Oceanografía han realizado un trabajo de comparación de los resultados obtenidos en su trabajo de Cartografía Bionómica del Mar Menor durante el año 2014, previo al episodio de eutrofización masiva de sus aguas, con el objetivo de conocer la afección que pudiera estar produciéndose en la vegetación bentónica y sus consecuencias sobre la ecología de la laguna.

“Base para la toma de decisiones”

“El Gobierno regional no va a tomar ninguna decisión que no esté avalada por el Comité de Seguimiento Científico del Mar Menor y no vamos a escatimar en inversiones”, destacó Pedro Antonio Sánchez tras visitar las zonas del Mar Menor para comprobar los trabajos que están desarrollando el grupo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) con centros oceanográficos de Canarias, Murcia y Málaga, y personal técnico y científico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

“Por primera vez vamos a conocer el estado de los fondos del Mar Menor, cómo se renueva el agua y vamos a tener un conocimiento exhaustivo de la evolución de los parámetros del agua en la capa más profunda de la laguna”, destacó el presidente de la Comunidad.

Esta campaña de medición del IEO, que comenzó la pasada semana, realiza un estudio integral y preciso de la hidrología del Mar Menor para contribuir al conocimiento científico del funcionamiento de la laguna. El equipo de investigación cuenta con la más avanzada tecnología en la materia, lo que permitirá obtener datos de alta resolución.

El presidente de la Comunidad apuntó también que en estos momentos “el Mar Menor está en una situación de estabilidad”, gracias al cese de nutrientes a la laguna, a través de la rambla del Albujón, “lo que ha permitido reducir la concentración de nitratos hasta en un 75 por ciento”