Las autoridades israelíes han privado a la mayoría de los más de dos millones de gazatíes de la cantidad mínima de agua desde que comenzó la guerra en octubre de 2023 hasta septiembre de 2024, lo cual ha contribuido a la muerte y a la propagación de enfermedades entre la población de la Franja. Esta es la conclusión a la que ha llegado la organización Human Rights Watch (HRW) después de entrevistar a decenas de palestinos, trabajadores sanitarios y municipales, además de analizar imágenes por satélite de la destrucción causada por el Ejército israelí.

En su nuevo informe, “Exterminio y actos de genocidio: Israel priva del agua a los palestinos en Gaza”, HRW asegura que, debido a la destrucción del sistema sanitario en Gaza desde octubre de 2023, es imposible conocer el verdadero alcance de “las acciones de las autoridades israelíes que han privado a los palestinos del agua”. Sin embargo, la ONG asegura que “estas políticas han contribuido probablemente a miles de muertes”.

HRW recuerda que, al principio de la guerra de castigo que Israel lanzó contra Gaza tras los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre, varios ministros del Gobierno expresaron claramente su intención de privar a los civiles de Gaza del agua. Desde entonces, Israel ha cortado el suministro de agua y de otros bienes básicos para la supervivencia de la población. El agua que suministra Israel a Gaza a través de tres grandes tuberías es insuficiente y la producción local ha disminuido drásticamente debido a que Israel ha cortado también el suministro eléctrico y de combustible (necesarios para que funcionen las depuradoras, desalinizadoras, etc.) y ha dañado la infraestructura de agua.

Infraestructura fundamental del agua en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

Erez Oeste

NORTE

DE GAZA

Erez

Ciudad

de Gaza

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

ISRAEL

Zona humanitaria

de Al Mawasi

Paso de

Kissufim

JAN YOUNIS

Planta de tratamiento de aguas residuales

Planta desalinizadora

EGIPTO

Suministro de

agua israelí

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HRW

Infraestructura fundamental

del agua en Gaza

Jerusalén

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Área

ampliada

2 km

Erez Oeste

NORTE

DE GAZA

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Ciudad

de Gaza

Wadi Gaza

Franja

de Gaza

DEIR AL

BALAH

ISRAEL

Zona

humanitaria

de Al Mawasi

Paso de

Kissufim

JAN YOUNIS

Planta de tratamiento de aguas residuales

Planta desalinizadora

RAFAH

EGIPTO

Suministro de

agua israelí

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HRW

Según recoge HRW en su informe, la cantidad de agua potabilizada en Gaza en agosto de 2024 representaba alrededor del 25% de la cantidad potabilizada antes del conflicto, muy por debajo de lo que la población de la Franja necesita para sobrevivir. Además, casi la totalidad de los habitantes de Gaza se han visto desplazados y muchos de ellos se encuentran en zonas donde no hay infraestructura de agua adecuada –por ejemplo, en la llamada “zona humanitaria” de Al Mawasi, donde los gazatíes viven en tiendas de campaña, sin agua corriente ni saneamiento–.

La ONG también apunta que las autoridades israelíes han “restringido de forma significativa la entrada de ayuda humanitaria en Gaza” y “han bloqueado de forma específica los suministros relacionados con el tratamiento y la producción de agua”, incluidos sistemas de filtración de agua, depósitos de agua y material necesario para reparar dicha infraestructura. 

Restricciones y destrucción deliberada

HRW habló con varios trabajadores de organizaciones humanitarias que explicaron que las autoridades israelíes prohíben la entrada en Gaza de los productos llamados de “doble uso”, esto es, que pueden ser empleados para fines militares; pero no han aportado una lista de los productos vetados ni una explicación escrita de por qué se consideran tales, y no han aceptado las apelaciones de las organizaciones tras el veto de algunos bienes vitales.

Un trabajador de un consorcio de organizaciones humanitarias y agencias de la ONU que se encarga de agua, saneamiento e higiene dijo a HRW que han hecho frente a varios impedimentos de las autoridades israelíes, que han evitado que se reparen las infraestructuras, que entren en Gaza los materiales relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, y que no han garantizado la seguridad de los que ofrecen ayuda de este tipo. “Nunca he estado en una respuesta [humanitaria] en la que, dos meses después de mi llegada, la situación es peor que cuando llegué”, lamentó el trabajador de forma anónima.

Según la investigación de HRW, desde el comienzo de la guerra en Gaza las fuerzas israelíes han atacado de forma deliberada y dañado o destruido instalaciones de agua, saneamiento e higiene, entre ellas, cuatro de las seis plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja y un importante depósito de agua en el sur.

La ONG ha hablado con médicos y personal sanitario sobre las enfermedades derivadas del consumo de agua no potable y también de la falta de higiene, y de las condiciones insalubres en las que viven muchos habitantes de Gaza. “La deshidratación y la desnutrición también socavan la capacidad de las personas para curarse de heridas y enfermedades, lo que provoca infecciones, enfermedades y muertes”, afirma HRW en su informe. Varios trabajadores sanitarios dijeron a la organización que atendieron a muchas personas cuyas heridas no sanaban o pacientes que sucumbieron a enfermedades porque su sistema inmunológico estaba debilitado.

Varios médicos y enfermeras relataron a HRW haber visto un gran número de bebés sufriendo desnutrición, deshidratación e infecciones durante sus primeros meses de vida, lo que en algunos casos les causó la muerte. Asma Taha, una enfermera de pediatría que trabajó como voluntaria en Gaza en mayo de 2024, afirmó que entre uno y tres bebés perecían “cada día” por una combinación de estas causas.

Un posible crimen de guerra

HRW recuerda que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe atacar, destruir, retirar o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluida la infraestructura de agua y saneamiento; y cuando esos ataques son deliberados, la destrucción puede constituir un crimen de guerra. Las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente la infraestructura de agua y saneamiento en Gaz, y han inutilizando casi toda esa infraestructura, agrega la ONG.

“La destrucción intencional de objetos indispensables para la supervivencia por parte de las autoridades israelíes y su inutilización equivale a un crimen de guerra”, concluye.

Además, también es un crimen de guerra el empleo del hambre como arma y “el hambre incluye la privación de agua”, especifica HRW. “Las acciones de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir e inutilizar intencionalmente la infraestructura hídrica esencial para la supervivencia de la población civil en Gaza constituyen el uso del hambre como método de guerra”.

Eran las cinco de la madrugada del 13 de octubre de 2023 cuando Omar, un padre de familia que residía en la calle Yarmouk, en el norte de Gaza, se despertó por los bombardeos israelíes. “Salté de mi apartamento e intenté salir”, contó Omar a la organización Human Rights Watch (HRW), recordando cómo intentó escapar tras el impacto de dos bombas que sacudieron su edificio. Sin haber recibido ninguna orden de evacuación previa, Omar perdió a cuatro familiares, incluido su hijo de seis años.

Omar es uno de los muchos testimonios recogidos en el informe 'Desesperados, hambrientos y asediados: desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por Israel' que HRW ha publicado este jueves. La ONG acusa al Gobierno israelí de cometer crímenes de guerra por el desplazamiento masivo del 90% de la población gazatí: 1,9 millones de personas se encontraban desplazadas en octubre de 2024, según la ONU. “No existe ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo por parte de Israel de casi toda la población de Gaza, a menudo varias veces”, afirma HRW.

Órdenes de evacuación confusas

Desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás contra Israel, el Ejército israelí ha emitido al menos 184 órdenes de evacuación en Gaza, según HRW. Una de las órdenes más amplias se publicó el 13 de octubre, obligando a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. A pesar de los bombardeos en la madrugada de ese día, HRW verificó que la orden de evacuación general no fue enviada hasta las 07:15 de la mañana, cuando el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, la compartió en su cuenta de Facebook.

“La evacuación de civiles debe ser una medida de último recurso y debe ofrecer garantías de seguridad”, indica el informe de HRW, que cuestiona la efectividad de los protocolos de evacuación, describiéndolos como “confusos y contradictorios”. Los testimonios destacan que las comunicaciones eran inaccesibles para la mayoría de los civiles, quienes enfrentaron apagones deliberados de electricidad y cortes de internet. “No teníamos forma de saber qué hacer ni adónde ir”, recuerda Ghassan, residente de Yabalia, cuyo barrio fue bombardeado pocas horas después de que Israel lanzara panfletos de evacuación desde el aire.

“El sistema de evacuación de Israel ha perjudicado gravemente a la población y, a menudo, sólo ha servido para sembrar el miedo y la ansiedad”, afirma HRW en su nuevo informe. La ONG dice que ese sistema ha sido ineficaz, pese a que Israel ha defendido que las órdenes de evacuación buscan proteger a los civiles palestinos.

En primer lugar, el sistema presuponía que todos los gazatíes contaban con cobertura, señal y teléfonos con batería suficiente para recibir las alertas. Tan solo un día antes, el 12 de cotubre, el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Defensa, Israel Katz, decía: “No se activará ni un solo interruptor eléctrico, ni se abrirá un solo grifo y no entrará ni un solo camión de combustible hasta que los rehenes israelíes sean devueltos a casa”. 

La realidad es que, desde el 7 de octubre de 2023, los servicios telefónicos y de internet en Gaza sufrieron importantes interrupciones debido a los daños en la infraestructura de comunicaciones, cortes de electricidad, bloqueos de combustible y, aparentemente, apagones deliberados por parte de las autoridades israelíes. Además, HRW detalla que las órdenes de evacuación difundidas en internet eran a veces inexactas y cambiaban durante el día, lo que requería que las personas estuvieran constantemente conectadas y revisaran la información.

El Ejército de Israel también empleó la difusión de mapas que presentaban inexactitudes e incongruencias. La orden de evacuación general, emitida el 13 de octubre de 2023, contenía una instrucción principal para los residentes del norte de Gaza: dirigirse al sur. Los folletos lanzados desde el aire incluían un mapa rudimentario de Gaza en el que se indicaba adónde debían desplazarse los civiles. Pero, posteriormente, las órdenes de evacuación se volvieron más específicas. En ese momento, las autoridades israelíes “indicaban la evacuación de determinados barrios, a menudo con mapas y flechas que señalaban la dirección en la que debían huir. Sin embargo, debido al tamaño y la escala de los mapas compartidos, no siempre era posible para el lector saber si se encontraba en una zona prevista para la evacuación”, subraya HRW.

El 1 de diciembre de 2023, el Ejército israelí publicó un mapa en su sitio web, al que se podía acceder mediante un código QR desde un teléfono móvil, que dividía Gaza en una cuadrícula de 620 bloques numerados. A partir de ese momento, siguió publicando folletos y mensajes en las redes sociales en los que se indicaban los bloques que debían ser evacuados. Sin embargo, HRW denuncia que cerca de 31.000 personas en Jan Yunis “no recibieron una orden de evacuación completa debido a errores en los mapas”. Estos presentaban imprecisiones, como “resaltar parcialmente o incorrectamente las zonas de evacuación, lo que dificultaba saber quién debía evacuar”. En algunos casos, “las órdenes de evacuación contenían instrucciones contradictorias, por ejemplo, pedir a la gente que saliera de ciertas zonas mientras simultáneamente marcaban esas mismas zonas como destinos” seguros a los que podían dirigirse.

Por último, la organización denuncia que las órdenes de evacuación a menudo carecían de indicaciones de tiempo precisas. Sin saber cuándo empezarían los bombardeos, los civiles se veían obligados a huir bajo una presión extrema sin tiempo para actuar. “Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto”, destaca HRW.

“No teníamos ni idea de adónde nos dirigíamos”, dice Ghazal, una niña de 14 años con parálisis cerebral. “Ese periodo fue el más duro por el que he pasado. Son recuerdos negros a los que no quiero aferrarme porque no quiero seguir pensando en ellos”, explica Ghazal, que había perdido sus dispositivos de asistencia en un ataque contra su casa el 11 de octubre de 2023 y que intentó seguir las órdenes de evacuación del 13 de octubre para huir hacia el sur. 

“Yo era una carga para [mi familia], una carga extra junto a sus pertenencias. No encontraba ningún medio de transporte. Incluso a las personas sin discapacidad les costaba caminar, así que puedes imaginar lo que era para alguien con discapacidad”. Ghazal relata que intentó esforzarse por hacer el camino a pie el mayor tiempo posible. “En ese momento sentí que la muerte estaba cerca. Me rendí y me senté en el suelo en medio de la carretera, llorando. Les dije que siguieran sin mí”. 

Limpieza étnica

El desplazamiento de la población de Gaza también ha llevado a algunos expertos a señalar posibles actos de limpieza étnica, que una comisión de la ONU define como “una política destinada a expulsar a un grupo étnico de un área determinada mediante la violencia o amenazas”. HRW argumenta que los desplazamientos en Gaza, motivados por ataques intensificados y el bloqueo, responden a una estrategia de desalojo de palestinos de ciertos territorios.

Sin ir más lejos, en una entrevista con elDiario.es, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, aseguró que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una “limpieza étnica a través de medios genocidas”.

HRW sostiene que las declaraciones de funcionarios de alto nivel israelíes evidencian una intención de despojar a la población de sus tierras mediante desplazamientos masivos y forzosos. “Israel no puede justificar estos desplazamientos citando la presencia de grupos armados, si no garantiza zonas seguras para los civiles desplazados”, añade el informe. Esas zonas han sido designadas por el Ejército en el sur y centro de Gaza, en Al Mawasi, pero la seguridad en ellas no esrá garantizada ya que han sido objetivo de ataques reiteradamente.

El derecho al retorno y la obligación de reparación

Frente a esta situación, el derecho al retorno de los palestinos desplazados se convierte en una demanda de justicia en medio de la crisis. HRW subraya este derecho –consagrado en el derecho internacional y en la Resolución 194 de Naciones Unidas–, que garantiza a los desplazados la posibilidad de regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades, o recibir compensación si la restitución no es posible. “El derecho al retorno no solo representa una reivindicación histórica de los palestinos, sino también una demanda de reconocimiento del daño sufrido y de reparación adecuada”, reza el informe.

“Israel ha violado descaradamente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo en grandes zonas”, denuncia HRW, que en su informe recoge también la destrucción de amplias áreas de la Franja.

Sin embargo, la organización destaca que las autoridades israelíes no han ofrecido condiciones ni garantías para el retorno de los desplazados, mientras que las condiciones en los refugios temporales, donde se hacinan decenas de miles de personas, son insostenibles. “Estamos en una tienda de plástico; no hay agua ni comida. Y esto es lo que Israel llama zona segura”, explica Omar, quien ahora sobrevive en Jan Yunis.

En torno a 3.000 niños han sido víctimas de las detenciones masivas en El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició hace dos años su ofensiva contra las pandillas, según un informe de Human Rights Watch. Entre ellos, hay niños de tan solo 12 años.

El informe de la ONG de derechos humanos se basa en una revisión de los expedientes y en casi 100 entrevistas a víctimas, policías y autoridades. En él, documenta la detención arbitraria de los niños y unos malos tratos que, en algunos casos, alcanzan la categoría de tortura.

Desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022, las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a más de 80.000 personas en redadas en barrios controlados por las pandillas y asolados por la violencia.

Dos bandas dominaban El Salvador desde la década de los 90: la Barrio 18 y la MS13. En un país de seis millones de habitantes, las pandillas sumaban un total de 60.000 miembros en 2015. Extorsionaban a la mayoría de los negocios y la tasa anual de homicidios llegaba a 103 por cada 100.000 habitantes.

Bukele ha metido entre rejas a más del 1% de la población, transformando el que era uno de los países más violentos de América Latina en uno de los más seguros. Según los datos oficiales, la tasa anual de homicidios cayó en 2023 hasta 2,4 por cada 100.000 habitantes.

Pero las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y una vulneración generalizada de los procesos legales.

Sin vínculos con las pandillas

La investigación de Human Rights Watch (HRW) demuestra que muchos de los menores detenidos en esta ofensiva no tienen relación aparente con las pandillas ni con actividades criminales. En prisión, los menores sufren hacinamiento, mala alimentación, y una atención médica deficiente. También les niegan el acceso a abogados y a sus familiares.

En algunos casos, hubo niños recluidos junto a adultos durante sus primeros días de detención. Después los trasladaron a centros superpoblados de menores, descritos en el informe como “entornos peligrosos y deshumanizantes que no priorizan el bienestar y la reintegración de los niños”.

Más de 1.000 menores han sido condenados a penas de entre dos y 12 años de cárcel, a menudo con testimonios policiales no corroborados y por cargos amplios como la de asociación ilícita.

Muchos de los menores fueron coaccionados para que confesaran su pertenencia a las bandas con una combinación de malos tratos y de acuerdos abusivos.

Revisar los casos

El informe de HRW pide al Gobierno de El Salvador que revise los casos de las personas detenidas durante el estado de excepción, priorizando los de niños y de personas vulnerables.

La ONG también pide a los gobiernos de otros países, y a las instituciones financieras internacionales, que se abstengan de aprobar préstamos que beneficien a organismos directamente implicados en el abuso, como las fuerzas de seguridad, el sistema carcelario, y la oficina del fiscal general.

“La dureza con que el gobierno va contra los niños aumenta el riesgo de perpetuar el ciclo de violencia en El Salvador”, dice Juanita Goebertus Estrada, directora de Human Rights Watch para las Américas. “Los gobiernos extranjeros deben pedir al gobierno que termine con las violaciones de los derechos humanos y proteja la vida y el futuro de los niños”.

Pese a los bien documentados casos de abusos contra los derechos humanos durante la represión, la mejora en la seguridad ha contribuido a hacer de Bukele uno de los presidentes más populares de la región.

La Constitución de El Salvador prohíbe un segundo mandato consecutivo a los presidentes, pero los nuevos magistrados colocados en el Tribunal Constitucional por Bukele dictaminaron que podría presentarse de nuevo. La ventaja que sacó en febrero durante su segunda elección fue de tal calibre que El Salvador está a punto de convertirse en un país de partido único.

Traducción de Francisco de Zárate

Las fuerzas israelíes “están matando a niños palestinos” en Cisjordania, donde este 2023 ya han muerto por disparos del Ejército o la Policía de Fronteras “al menos 34” menores, lo que “va camino de igualar o superar los niveles de 2022, el año más mortífero para los niños palestinos en Cisjordania en 15 años”, ha denunciado este lunes Human Rights Watch (HRW).

“Las fuerzas israelíes están matando a tiros a niños palestinos que viven bajo ocupación con frecuencia cada vez mayor”, ha afirmado la ONG en un comunicado, según la Agencia EFE.

Además, ha subrayado “el aumento del uso de la fuerza letal” por parte de Israel “con impunidad sistemática” y “casi sin ningún recurso para rendir cuentas”, en el marco de una escalada que este año se ha saldado ya con un total de 186 palestinos fallecidos en Cisjordania.

En una investigación, HRW ha documentado cuatro incidentes en los que murieron menores por fuego israelí entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, como Mahmoud al Sadi, de 17 años, al que le dispararon cerca del campamento de refugiados de Yenín, uno de los focos de la violencia en Cisjordania.

Según la ONG, el menor fue asesinado cuando iba al instituto, en noviembre de 2022, y se detuvo al escuchar disparos. Las imágenes y testimonios analizados por HRW demuestran que no portaba un arma y que se situaba a más de 300 metros de donde estaban teniendo lugar tiroteos entre las fuerzas israelíes y milicianos palestinos. El Ejército israelí no investigó la muerte del menor y alegó que sus soldados estaban llevando a cabo una redada en el campamento de Yenín, donde se produjo un intercambio de fuego con combatientes palestinos.

En el caso de Mahmoud al Sadi y otros tres menores fallecidos, HRW asegura que “las fuerzas israelíes dispararon a la parte superior del cuerpo sin, según testigos, emitir advertencias ni usar medidas contundentes y menos letales como gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento o balas recubiertas de goma”.

Además, dispararon a los menores sin que estos representaran una amenaza directa a la vida de las tropas, según la investigación. Por ejemplo, el joven Mohamed al Sleem, también de 17 años, “recibió un disparo en la espalda mientras huía de soldados israelíes después de que un grupo de amigos con el que estaba les arrojara piedras y supuestamente cócteles molotov” en el pueblo cisjordano de Azun.

Otro caso parecido fue el de Adam Ayad, de 15 años, que recibió impactos de bala por la espalda cuando tiraba rocas y un cóctel molotov a fuerzas israelíes en un campo de refugiados de la localidad de Belén.

HRW ha destacado que este tipo de incidentes no suelen derivar en procesos judiciales contra las fuerzas implicadas y, en el periodo 2017-2021 hubo “menos del 1% de denuncias” que derivaron en acusaciones, pese a que en aquel período las fuerzas israelíes “mataron al menos a 614 palestinos” considerados civiles.

Por ello, la ONG pide a “los aliados de Israel, sobre todo Estados Unidos”, que presionen a este país, porque si no “más niños morirán”.

También insta a la Secretaría General de Naciones Unidas “a incluir a las fuerzas armadas israelíes en su informe anual sobre violaciones graves contra niños en conflictos armados para 2023”, y sugiere que se les considere “responsables de la vulneración de matar y mutilar a niños palestinos”.

“Demolición punitiva”

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el Tribunal Supremo de Israel ha aprobado la “demolición punitiva” de la casa familiar de un palestino de 13 años, que se encuentra en prisión preventiva “por cargos injustos” en relación con la muerte de un agente de la Policía de Fronteras israelí.

El menor, Mohammed Zalabani, acuchilló al policía a bordo de un autobús, en un puesto de control en Jerusalén Este (parte palestina ocupada por Israel), pero lo que causó la muerte del hombre fue el disparo de un guardia privado de seguridad, según demostró la autopsia. El chico de 13 años está acusado de su asesinato y está en detención, a la espera de ser juzgado.

Después del incidente, el Ejército israelí ordenó la demolición del apartamento de la familia Zalabani, en el que viven sus tres hermanos, uno de los cuales es un bebé, tal y como ha detallado AI en un comunicado. Una ONG israelí presentó un recurso contra la orden militar pero el Tribunal Supremo del país lo ha rechazado.

“Las demoliciones punitivas de Israel son una forma ilegal de castigo colectivo, que constituye un crimen de guerra”, ha asegurado AI en ese comunicado, en el cual ha recordado “el papel del Tribunal Supremo en aplicar el apartheid contra los palestinos”.

“Los padres y hermanos de Mohamed Zalabani no estaban involucrados en el ataque, pero ahora hacen frente a la pérdida de su casa y al desplazamiento debido a este acto de venganza, que está completamente separado de la justicia y el Estado de derecho”, ha agregado AI.

Asimismo, la ONG ha lamentado que las demoliciones punitivas suelen ir acompañadas de incursiones violentas por parte de las fuerzas israelíes, que “puede causar serios daños en las casas de los vecinos” y “siembran el terror entre las comunidades palestinas”.

Las autoridades israelíes suelen emplear este “castigo colectivo” contra supuestos atacantes palestinos y el Tribunal Supremo ha aprobado la mayoría de las órdenes de demolición porque considera que desaniman a otros atacantes, a pesar de que un comité militar israelí dijera en 2005 que no desincentivaban los ataques, lo cual llevó a la suspensión de esta medida durante casi una década, hasta 2014.

La novia de Amani puso fin a la relación entre ambas en junio de 2021. Durante meses, sus padres habían estado “negándose a dejarla salir de casa” y “presionándola para que se casara con un hombre”. No era la primera vez, cuenta esta activista y escritora de Túnez de 27 años en un testimonio recogido por Human Rights Watch (HRW), que una mujer la dejaba por no ser un hombre, por no ser una pareja, dice, “lo suficientemente buena”.

Según explica a la organización, las mujeres queer que conoce “o bien han sido coaccionadas para casarse con un hombre o bien han roto con una novia que fue coaccionada para casarse con un hombre”. “Está en todas partes. Es el telón de fondo de nuestras vidas”, dice. Amani, denuncia HRW, corre el riesgo de sufrir violencia física, acoso sexual y detenciones arbitrarias por parte de la Policía tunecina. De hecho, ha pasado por las tres situaciones.

“La experiencia de Amani es múltiple: es objeto de ataques por ser homosexual y tener apariencia masculina; también corre el riesgo de sufrir amenazas y agresiones como activista lesbiana, y se encuentra en una situación de precariedad jurídica debido a las leyes contra el colectivo LGBT”, explica la ONG. “Además, corre el riesgo de ser detenida y acosada discriminatoriamente en la calle por ser mujer fuera de la ciudad natal de su familia, y de ser acusada reiteradamente por la policía de huir”.

Su caso sirve de introducción de un extenso informe publicado este martes por la organización especializada en derechos humanos, que documenta cómo las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias de todo el mundo “se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad, familiares y otros, junto con la discriminación generalizada que les impide construir relaciones, hogares y familias”.

En una investigación en más de 20 países, Human Rights Watch denuncia cómo los regímenes legales machistas y patriarcales –como la tutela masculina, las leyes de herencia desiguales y la discriminación contra las mujeres solteras– violan los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y “las dejan en una situación de desventaja significativa en prácticamente todos los aspectos de sus vidas”. A ello se suma la discriminación en otras áreas, como el trabajo, los servicios de fertilidad, la migración o el acceso a la justicia.

Un ejemplo son los regímenes jurídicos que exigen que las mujeres obtengan el permiso de un tutor masculino para alquilar un apartamento, o que dan prioridad a los hijos varones en la herencia de tierras, a menudo significan que ninguna de las integrantes de una relación de personas lesbianas, bisexuales o queer puede alquilar, poseer o heredar una vivienda. Según datos del Banco Mundial citados en el informe, dos quintas partes de los países de todo el mundo limitan los derechos de propiedad de las mujeres, lo que representa “una barrera económica y legal a menudo insuperable” para las parejas de lesbianas, bisexuales y queer.

Erin Kilbride, investigadora de derechos LGTB y derechos de la mujer en HWR y autora del informe, explica en un comunicado que rara vez se documenta “la magnitud de la violencia brutal, la discriminación legal y el acoso sexualizado a los que se enfrentan” estas mujeres. La ONG remarca que hay una grave falta de investigación y políticas“ que se centren específicamente en los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y queer, y también ve necesario apoyar el trabajo de las activistas.

Matrimonios forzados

Tras entrevistar a 66 activistas, investigadoras, abogadas y líderes de movimientos lesbianas, bisexuales y queer entre marzo y septiembre de 2022, Human Rights Watch concluye que el matrimonio forzado es una de las diez áreas clave de abusos contra los derechos humanos que más afectan a la vida de estas mujeres.

“La heterosexualidad obligatoria, la presión para casarse con hombres y las prácticas de matrimonio coercitivo fueron los abusos más frecuentemente denunciados experimentados por las entrevistadas, incluyendo en Canadá, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Tanzania, Túnez y Ucrania”, reza el informe de HRW.

Según recoge la ONG, la documentación sobre matrimonios heterosexuales forzados es escasa y cita un informe de 2019 de la organización OutRight que documentó varios casos en los que el matrimonio forzado fue la última forma de violencia infligida a una persona después de haber sido sometida a las llamadas “violaciones correctivas” (en un intento de cambiar su sexualidad).

HRW escuchó historias similares a las de Amani de otras personas de todo el mundo afectadas por matrimonios con hombres a los que no querían o que no pueden abandonar. En Malawi, Asante, lesbiana, ha sido agredida físicamente dos veces por el marido de su pareja bisexual, una mujer que quiere divorciarse pero no tiene dinero para conseguirlo. Liliya, de Kirguistán, fue obligada por sus padres a casarse con un hombre a los 19 años. “No hay camino hacia la libertad si no te casas [con un hombre]”, dice Lliliya, fundadora de una organización en defensa de los derechos del colectivo.

De acuerdo con HRW, las violaciones de los derechos de propiedad de las mujeres a menudo obligan a las lesbianas, bisexuales y queer a casarse con hombres para tener acceso a la tierra y a la propiedad, lo que contribuye a las prácticas matrimoniales coercitivas e impiden a quienes se divorcian de sus maridos o enviudan inicien nuevas relaciones no heterosexuales y económicamente viables más adelante.

Impunidad

Muchas entrevistadas explican que quienes, dentro de esta comunidad,, tienen apariencia masculina se enfrentan “a toda una vida de marginación económica, discriminación y acoso en el trabajo, maltrato psicológico, así como ataques de las fuerzas de seguridad y violencia física y sexual”. Activistas de Argentina, El Salvador y Kirguistán explican que estas personas “a menudo se ven obligadas a hacer trabajos precarios con prácticas laborales deficientes (trabajo agrícola, trabajo sexual y talleres de automóviles, respectivamente) o campos dominados por hombres, en los que sufren abusos físicos y sexuales”.

El informe también denuncia que la violencia policial se dirige a las personas de presentación masculina de manera diferente a sus contrapartes de apariencia femenina.

Las personas y parejas de aspecto más femenino sufren ataques en público que les obligan a limitar sus movimientos, denuncia el informe. La ONG ha recopilado relatos de nueve parejas “asesinadas o brutalmente atacadas en solo cinco países (Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) desde 2015”. Las entrevistadas afirman que estas agresiones les llevan a “autocontrolar” sus movimientos por miedo a salir de casa con su pareja.

En este sentido, la entidad denuncia que la impunidad de los crímenes violentos contra lesbianas, bisexuales y queer es “rampante”. Pone como ejemplo el caso de Sheila Adhiambo Lumumba, lesbiana no binaria de 25 años, que en abril de 2022 fue hallada desnuda y asesinada en su dormitorio al norte de Nairobi. “Durante las semanas posteriores al asesinato, la Policía keniana no investigó adecuadamente el caso, dejando a los amigos y familiares de Sheila la tarea de recoger pruebas y grabaciones de las cámaras de seguridad”.

HRW exige a las autoridades gubernamentales que investiguen exhaustivamente y de manera transparente las denuncias de violencia y que elaboren leyes, políticas y protocolos que protejan explícitamente los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y queer y las personas no binarias. También piden “reformar los sistemas patriarcales de control, incluidas las leyes, políticas y prácticas de tutela masculina, así como las leyes discriminatorias.

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Human Rights Watch entrevistó a 60 personas en 20 países: Argentina, Canadá, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, Japón, Kenia, Kirguistán, Líbano, Malawi, México, Polonia, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Túnez, Ucrania y Uganda.

Hizo otras seis entrevistas a activistas de Austria, Bulgaria, Alemania, Italia, Rusia y España en la Conferencia EuroCentralAsian Lesbian celebrada en Budapest del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

El nivel civilizatorio es directamente proporcional a la existencia y capacidad de realización de los derechos humanos. Lo expreso así de contundente. En el último siglo hemos visto cómo se ha ido elaborando una normativa universal de derechos, plasmados en diferentes pactos elaborados desde Naciones Unidas. Es, sin duda, un gran avance de la humanidad, pues la existencia de normas posibilita la exigencia de su cumplimiento, aunque se hagan oídos sordos en muchos contextos. El primer problema, como todo el mundo sabe, es el divorcio entre lo que está escrito en las leyes y lo que realmente se puede cumplir, pues el papel mojado es también una norma universal. La pregunta, por tanto, no es si hemos de elaborar más leyes o pactos, que sí hay que hacerlo, sino la forma de obligar a los Estados a que lo que firman o legislan se pueda llevar a cabo de forma cabal.

Hay 18 pactos internacionales importantes que ya existen a nivel teórico y concreto, con bastantes países que los han firmado y ratificado. Pero, sin contar los microestados, hay 35 países que no han firmado ni siquiera la mitad de estos instrumentos de defensa de los derechos. Debería preocupar que estos países tengan derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que incluso puedan ser escogidos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Más preocupante es, incluso, que, de los miembros permanentes de este Consejo, y con derecho a veto, Estados Unidos solo haya ratificado cinco; China, ocho, y Rusia, nueve, la mitad. Va en contra del espíritu y la letra de la Carta fundacional de Naciones Unidas. Además, China se presenta ante el mundo como la abanderada del multilateralismo y un “nuevo orden” basado en Naciones Unidas, cuando no cumple con sus principios fundacionales. También es inquietante que países superpoblados, como la India, solo hayan ratificado 8 instrumentos. Estos 35 Estados tienen una población que supone el 54% del total mundial. Dicho en otras palabras, algo más de la mitad de la población del planeta vive en países que no se han comprometido con la mayoría de los instrumentos de derechos patrocinados por Naciones Unidas, lo que nos proporciona una primera idea de la desprotección a que están sometidas las comunidades a escala legislativa. Luego hay que sumarle el incumplimiento de lo ya firmado. La situación, por tanto, no es nada boyante, a pesar de los avances normativos.

Otro aspecto a considerar es si los derechos humanos recogidos en los pactos internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen un sesgo occidental, y no representan la variedad de culturas y tradiciones que hay en el mundo. Se cuestiona su universalidad, lo cual podría tener sentido, pero lo hacen de manera particular quienes tienen menos respeto por las normas existentes. De hecho, países como China han puesto el énfasis en que los derechos colectivos han de primar sobre los individuales, justificando así la falta de libertades políticas en su país. Estos debates suelen tener un trasfondo geopolítico y de ocultación de realidades poco presentables, de manera que resulta demasiado fácil criticar o denigrar a un tercero, y no ver la viga en el propio ojo.

Varios de los países considerados grandes o medianas potencias, se justifican diciendo que ya tienen legislaciones internas que se ocupan de los derechos humanos, y que, por tanto, no requieren de instrumentos universales. Siguen el conocido argumento del filósofo y político Edmund Burke (1729-1797), cuando se opuso a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa, argumentando que eran una abstracción que iba en contra de las leyes nacionales y era propio de los “salvajes desnudos”, rechazando el concepto de humanidad como fuente de derechos. Esta negación captó el interés de Hannah Arendt a mediados del siglo pasado, defendiendo el derecho a tener derechos, o el derecho de cada individuo a pertenecer a la humanidad, que debería ser garantizado por la humanidad misma, como garantía de ser tratados como semejantes, guiados por el principio de justicia. Arendt nos recuerda algo muy obvio, pero demasiado olvidado, y es que no nacemos iguales, sino que llegamos a serlo como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los mismos derechos.

Podemos preguntarnos sobre qué derechos estamos hablando de manera específica, ya que existen muchos y cada vez más a escala normativa. Un repaso a la actividad del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos nos puede dar una primera pista: espacio cívico y defensores de derechos humanos; la democracia, el derecho a participar y el proceso electoral; el espacio digital y derechos humanos; la libertad de reunión y de asociación, la libertad de opinión y expresión; las empresas y los derechos humanos; el cambio climático y el medioambiente; las medidas coercitivas unilaterales; la educación y los derechos culturales; la salud, la tierra y la vivienda; la pobreza, la alimentación, la protección social, el desarrollo sostenible, agua y saneamiento; albinismo, infancia y juventud; libertad de religión, pueblos indígenas, personas LGTBI, migrantes, minorías, personas mayores, personas con discapacidades; racismo, xenofobia e intolerancia; igualdad de género y los derechos de la mujer; administración de justicia y aplicación de la ley; pena de muerte, detención, desapariciones y ejecuciones, esclavitud y trata de personas, terrorismo, extremismo violento y tortura; prevención, alerta temprana y seguridad; emergencias humanitarias y situaciones de conflicto, y justicia de transición y mantenimiento de la paz después de un conflicto. El Alto Comisionado también tiene 43 relatores especiales o grupos de trabajo sobre temas específicos. Dicho esto, y viendo que los temas acaban incidiendo a todas las personas del planeta, ¿quién puede tener la autoridad moral para querer prescindir de estos instrumentos? Nadie.

En 2020, con motivo del 75º aniversario de las Naciones Unidas, su secretario general hizo un llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, poniendo énfasis en el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la participación de la ciudadanía, la justicia climática y el reforzamiento de los mecanismos existentes. El documento contiene varias propuestas, bastantes genéricas, que topan con algo estructural que limita su puesta en práctica: el protagonismo de los Estados, ya que son ellos quienes forman Naciones Unidas, no los pueblos, como describe la Carta fundacional. Por muy buenas intenciones que tenga el secretario general o quien ostente el cargo de alto comisionado, Naciones Unidas tiene serias restricciones para concretar sus propuestas sobre el terreno. Así las cosas, han de ser las organizaciones de la sociedad civil las que lleven el protagonismo, tal como ocurre ahora, pero de forma más contundente y con más alianzas. Hay maneras de hacerlo posible, y la agenda de cualquier movimiento por la paz ha de incluir acciones sobre los derechos humanos, en complicidad y como complemento al trabajo que ya realizan las organizaciones más especializadas en esta labor, en especial las que trabajan en países con altos niveles de represión. En este sentido, y de manera particular, merece una atención específica la protección de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con frecuencia perseguidas y represaliadas, cuando no asesinadas.

Es evidente que existe una estrecha relación entre el cumplimiento de los derechos humanos, o la posibilidad de ejercerlos, con el nivel de democracia de los países. También es cierto que hay algunas excepciones, en el sentido que hay algunos países, aunque pocos, en que el estado de bienestar tiene un índice superior al de las libertades individuales. Lo preocupante, sin embargo, es la enorme cantidad de países con democracias híbridas, donde hay elecciones sin que exista verdaderamente una democracia, y que, además, tienen bajos niveles de bienestar.

Como conclusión, el respeto hacia los derechos humanos ya consagrados en legislaciones nacionales y tratados internacionales no es un problema de falta de información, ni a nivel local ni a escala global, pues hay múltiples organizaciones que producen una ingente cantidad de informes, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. La dificultad estriba en el escaso convencimiento de muchos Estados respecto a la necesidad de implementarlos en sus políticas públicas, el llamado “enfoque de derechos”, que obliga a los Estados a considerar las causas y deficiencias que generan falta de garantías para su implementación y cumplimiento, muchas de ellas estructurales. La clave está, seguramente, en aumentar la participación de los colectivos afectados en la reivindicación de sus derechos, en un mayor conocimiento de los derechos exigibles, que es base para la rendición de cuentas por parte del Estado; en el apoyo de la ciudadanía hacia estas reivindicaciones, y en la construcción de unas nuevas relaciones entre Estado y la sociedad, en lo que hemos denominado en un nuevo o renovado contrato social.

Las claves están bien descritas (información, educación, recursos, voluntad, estrategia, receptores, empoderamiento, respeto y protección), aunque además se ha de poner el énfasis en que, junto a la titularidad de los beneficiados hay que considerar la titularidad de quienes tienen las obligaciones, y que sea un enfoque no discriminatorio y con dimensión de género. Lo difícil, por tanto, es cómo hacer cumplir esos derechos a escala estatal. En primera instancia, lo primero es creer sinceramente en estos principios. Conseguirlo es el reto que ha de asumir una agenda de paz.

Las fuerzas de Vladímir Putin tomaron el control de la zona donde vivía Svitlana, un barrio de la devastada ciudad ucraniana de Mariúpol, a mediados de marzo. El 15 de ese mes, los soldados rusos entraron en el sótano del salón de actos donde esta joven de 24 años se refugiaba junto a su familia y más de 50 civiles y ordenaron a todas las mujeres, niños y personas mayores que abandonaran el lugar.

Los llevaron a pie a una escuela cercana, que las fuerzas rusas y separatistas prorrusas de Donetsk estaban utilizando con fines militares, y luego a una antigua base militar, según su relato, recopilado por la organización Human Rights Watch (HRW). Los hombres más jóvenes, salvo pocas excepciones, no podían acompañar a sus familias. Svitlana y sus seis familiares permanecieron allí durante horas, eran unas 90 personas en total. Finalmente, sin ninguna explicación, los soldados los subieron en camiones militares. Llegaron a un pueblo cercano recién ocupado, donde pasaron la noche en el edificio de una escuela. A la mañana siguiente, los subieron a autobuses sin revelar su destino y los llevaron a Bezimenne, un pueblo cercano a la ciudad de Novoazovsk, en Donetsk.

Allí fueron sometidos al llamado proceso de 'filtración' junto a otros cientos de ucranianos, en su mayoría personas mayores, mujeres y niños. Svitlana cree que el personal lo formaban fuerzas prorrusas y algunas rusas. “Era una gran tienda de campaña... llena de gente sin insignias. Cuando entras, lo primero que te ordenan es que les des tu teléfono y la contraseña para desbloquearlo. (...) Por lo que pude escuchar en sus conversaciones internas, estaban cargando todos mis datos de contacto del teléfono en alguna base de datos suya”, dice la mujer.

Según su testimonio, unos agentes le tomaron una fotografía y las huellas dactilares y de la palma de la mano y le hicieron una serie de preguntas, entre ellas los datos de su pasaporte y su domicilio. Tras el interrogatorio, cuenta, tuvo que rellenar un cuestionario sobre si tenía familiares que siguieran en Ucrania, qué opinaba de las autoridades y de los acontecimientos en Mariúpol y el resto del país, y si tenía algún vínculo con grupos armados de la derecha ucraniana. Después de otro interrogatorio, dice, le devolvieron su teléfono y la metieron en un autobús a Rusia. Dice que no les preguntaron si querían ir allí.

El de Svitlana es una de los casos recogidos en un extenso informe publicado este jueves en el que la organización de derechos humanos documenta cómo las fuerzas rusas y afiliadas han estado trasladando por la fuerza a civiles ucranianos, incluidos los que huyen de las hostilidades, a Rusia o a zonas de Ucrania ocupadas por las tropas de Moscú. HRW denuncia que los traslados forzosos suponen “una grave violación de las leyes de la guerra que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad”.

La ONG señala que las autoridades rusas y afiliadas también han sometido a miles de estas personas a la 'filtración', un proceso que considera una forma de control de seguridad “obligatorio, punitivo y abusivo”, en el que normalmente se recogen los datos biométricos de los civiles, incluidas las huellas dactilares y las imágenes faciales, se efectúan registros corporales, se registran las pertenencias personales y los teléfonos y se les interroga sobre sus opiniones políticas, como describe Svitlana.

“En la práctica, los civiles ucranianos fueron internados mientras esperaban a ser sometidos a este proceso, y muchos informaron de que fueron alojados en condiciones de hacinamiento y miseria durante periodos tan breves como varias horas y hasta casi un mes”, reza el documento, que matiza que los traslados forzados y el proceso de 'filtración' implican “abusos separados y distintos contra los civiles”, aunque muchos ucranianos experimentaron ambos.

Traslados desde Mariúpol y Járkov

El informe recoge el traslado forzoso de civiles ucranianos desde Mariúpol, al sureste, y la región de Járkov, al este, a Rusia y a las zonas ocupadas. La ONG ha entrevistado a 54 personas que fueron a Rusia, pasaron por la filtración, tenían familiares o amigos que fueron trasladados al país, o que apoyaron a ucranianos que intentaban salir de Rusia. También ha hablado con decenas de civiles de la zona de Mariúpol que pudieron escapar a territorio controlado por Ucrania sin someterse a la 'filtración'.

Los hallazgos reflejan que autoridades rusas y afines organizaron el transporte de las personas que huían de la ciudad portuaria asediada y dijeron a algunos civiles que no tenían otra opción que quedarse en las zonas ocupadas o ir a Rusia. Una mujer trasladada desde Mariúpol dijo a HRW: “Por supuesto, habríamos aprovechado la oportunidad de ir a Ucrania si hubiéramos podido, seguro. Pero no teníamos opción, ni posibilidad de ir allí”.

Otras cuentan que el personal militar o de los puestos de control daba instrucciones a los ucranianos que escapaban para que fueran a Rusia o a la autoproclamada “República Popular de Donetsk”. Quienes contaban con recursos económicos podían organizar su propio transporte hasta el territorio controlado por Ucrania.

En Járkov, vecinos de algunos pueblos y una ciudad de la región fronteriza con Rusia también fueron trasladados a la fuerza. Según HRW, algunas personas dijeron que se marcharon a Rusia voluntariamente, incluidos hombres que evitaron la ley marcial ucraniana que, con limitadas excepciones, no permite a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país.

El número total de civiles ucranianos trasladados a Rusia no está claro. Según la agencia rusa Tass, más de 3,4 millones de ucranianos han entrado en Rusia desde Ucrania. “No sabemos cuántos de ellos fueron llevados en contra de su voluntad, lo que constituye traslados forzosos”, dice a elDiario.es Belkis Wille, investigadora principal de crisis y conflictos de Human Rights Watch y coautora del informe. Sin embargo, según la ONG, “muchos han sido desplazados y transportados de una manera y en un contexto que los convierte en traslados forzosos ilegales”.

Las personas entrevistadas mencionaron 15 lugares, todos ellos en zonas bajo control ruso y de los separatistas de Donetsk, donde ellos mismos, sus amigos o familiares pasaron por el proceso de 'filtración'. “Es difícil saber si esta práctica es generalizada, nosotros lo hemos visto en el contexto de las personas que se marchan del área de Mariúpol”, dice Wille.

Salir de Rusia

Svitlana relata que se limitaron a meterlos a ella, su familia y a todos los que habían sido 'filtrados' en autobuses que los llevaron a la frontera rusa. Según el informe, aquella noche hacía frío y los autobuses no tenían calefacción ni baños. En el cruce, un agente distribuyó tarjetas de migración para rellenar, así como un formulario de solicitud para recibir un pago único de 10.000 rublos (unos 165 euros) del Gobierno ruso, que ella y sus familiares rechazaron. Cuenta que fue de nuevo interrogada con preguntas que ella consideró amenazantes.

Según explica, ella y su familia querían viajar por su cuenta, pero les dijeron que no tenían otra opción que continuar con el grupo que había cruzado la frontera con ellos en un autobús y luego en un tren hasta Vladimir, en Rusia. Una vez allí, su familia se negó a ir a un centro de estancia temporal y organizó su propio viaje con la ayuda de conocidos radicados en el país y finalmente llegó a Europa.

El informe indica que algunas de las personas que tenían acceso a móviles y redes sociales pudieron ponerse en contacto con activistas que les ayudaron a salir de Rusia hacia Estonia, Letonia o Georgia. En la frontera, sin embargo, algunas tuvieron dificultades porque se habían dejado sus documentos de identidad al huir de Ucrania.  

HRW exige a las fuerzas rusas y afiliadas que garanticen que los civiles puedan salir de forma segura hacia el territorio controlado por Ucrania si así lo desean. “Las leyes de la guerra prohíben que obliguen a los civiles ucranianos, individualmente o en masa, a evacuar a Rusia. Un traslado forzoso es un crimen de guerra y un posible crimen de lesa humanidad e incluye un traslado en circunstancias en las que una persona consiente en trasladarse solo porque teme consecuencias como la violencia, la coacción o la detención si se queda, y la potencia ocupante se aprovecha de un entorno coercitivo para trasladarla”.

Sobre los procesos de filtración, HRW sostiene que, si bien Moscú puede tener motivos legítimos para llevar a cabo controles de seguridad de las personas que intentan entrar voluntariamente en territorio ruso, estos procesos, en su alcance y en la “forma sistémica” en que se obligó a los civiles a someterse a él, “no tiene ningún fundamento legal y viola el derecho a la privacidad”. En lo relativo a las personas que no pasaron este proceso, “aparentemente debido a sus presuntos vínculos con el ejército ucraniano o con grupos nacionalistas”, la entidad cree que fueron detenidas en regiones controladas por Rusia.

Al menos 200 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos después de que no se les concediera asilo en el país norteamericano se han enfrentado a abusos o incluso a la muerte en El Salvador, según revela una investigación de Human Rights Watch (HRW).

La ONG ha contabilizado 138 casos de ciudadanos salvadoreños que fueron asesinado desde 2013. Además, se han reportado otros 70 en los que sufrieron violencia sexual, torturas y otros daños –generalmente a manos de pandillas– o que desaparecieron al poco de volver a su país de origen.

De los 1,2 millones de salvadoreños que se estima que viven en EEUU y no cuentan con la ciudadanía estadounidense, tres cuartas partes de ellos están indocumentados o tienen un estatus legal “precario o de carácter temporal”. Entre 2014 y 2018, EEUU deportó a 111.000 salvadoreños, y reconoció al 18,2% para recibir asilo (en otros países centroamericanos las tasas de reconocimiento de asilo superan el 75%).

Humans Right Watch puntualiza que pese a que la administración estadounidense no es la única responsable de estas violaciones, pues las pandillas en El Salvador abusan de los retornados y el gobierno salvadoreño hace “poco o nada” por protegerlos, EEUU está poniendo en peligro a los deportados, aún a sabiendas de que se enfrentan a este tipo de abusos.

“Ningún gobierno, ni organismo de la ONU, ni ONG han monitorizado qué está pasando con las personas deportadas una vez que vuelven a El Salvador”, explica el informe. Es por ello que pretenden cubrir esa falta de información en este respecto y denunciar como, al mismo tiempo que EEUU ha endurecido las políticas de asilo e inmigración, sigue incumpliendo su obligación de proteger a la población salvadoreña de regresar en una situación que la pone serio peligro. 

El informe ha determinado también que los salvadoreños fueron asesinados en un plazo de hasta dos años de regresar de Estados Unidos. Según medios citados por Human Rights Watch, 81 deportados murieron después de estar un año o menos en El Salvador, 14 en menos de una semana y tres de ellos fueron asesinados durante las primeras 24 horas en el país.

Asesinatos y violaciones al llegar a El Salvador

La ONG ha documentado el caso de Javier, que en 2010, cuando tenía 17 años, decidió emigrar hacia EEUU –hacia donde ya había huido su madre– para escapar de la violencia vecinal y de ser reclutado por las pandillas. A su llegada, se le denegó el asilo y fue deportado alrededor de marzo de 2017, cuando tenía 23 años. Su madre, Jennifer, relata qe cuatro meses después de llegara casa de su abuela, la Mara Salvatrucha (MS-13), lo asesinó “por sus tatuajes”. Según esta investigación, la tenencia de tatuajes puede suponer un riesgo, incluso si no tienen relación con las pandillas.

Angelina, una mujer salvadoreña que sufría abusos por parte del padre de su hija y de un integrante de una pandilla, huyó en 2014, pero miembros de las patrullas fronterizas la arrestaron en su intento por entrar en EEUU y fue deportada ese mismo año. En octubre, ya en El Salvador, el hombre que la acosaba volvió a acosarla y amenazarla: “Entró y me obligó a tener sexo con él por primera vez. Sacó su arma... tenía tanto miedo que obedecí”. Relata también que no se atrevió a denunciar al miembro de la pandilla que abusó de ella porque la amenazó con matar a su padre y a su hija, si ella no aceptaba ser “su única mujer”. Tras varias violaciones más, decidió volver a EEUU, con su hija, donde le concedieron protección frente a una posible deportación, y a su hija se le concedió asilo.

Según Elizabeth Kennedy, coautora del informe, “Estados Unidos ha tenido que saber lo que ocurría en El Salvador porque en las solicitudes de asilo se especificaba, explica a The Guardian. ”Esa es la realidad, pero las autoridades de EEUU la ignoran o no quieren creersela“.

“Los ataques a los solicitantes de asilos son únicos en la administración Trump. Han puesto incluso a más salvadoreños, y a otros, ante un riesgo de deportación que hace mucho más difícil que puedan presentar sus casos para recibir protección efectiva, apunta Kennedy. En la misma línea se ha pronunciado Alison Parker, directora ejecutiva del programa estadounidense de HRW y coautora de la investigación, ”se enfrentan a asesinatos, violaciones y otros actos de violencia tras ser deportados, en cifras sorprendetemente altas“, al mismo tiempo que el gobierno de EEUU ”limita su acceso a asilo y hace la vista gorda a los resultados mortales de sus políticas insensibles“.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2012 y 2017 las peticiones de asilo de salvadoreños en EEUU aumentaron un 1.000%, de las 5.600 hasta las 60.000. Este incremento se debe a la violencia y violaciones de derechos humanos que se perpetran diariamente en El Salvador, que ha registrado una de las tasas mundiales más altas de homicidios y violencia sexual, y se han contabilizado hasta 11.000 casos de desapariciones en la última década. 

Desde que a finales de enero de 2019, el presidente Donald Trump impusiera los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocidos como 'Remain in México' (Permanecer en México), casi todos los solicitantes de asilo han sido enviados de regreso a México, apuntan desde la ONG. Además, este programa vulnera el derecho a buscar asilo en EEUU, y la Cámara de Representantes ya ha iniciado una investigación sobre ello.

La ONG Human Rights Watch ha publicado unas imágenes de las “degradantes” condiciones de hacinamiento en las que viven miles de mujeres, niños y hombres detenidos en Irak por supuestos vínculos con Estado Islámico. La organización de derechos humanos, que informó el pasado jueves que había obtenido evidencia fotográfica de hasta tres instalaciones en la provincia de Nínive, ha denunciado que los centros no cumplen con las normas internacionales básicas. La ONG también alerta de que las duras condiciones podrían favorecer la radicalización de los presos más vulnerables.

En una de las fotografías, en una celda en la cárcel de Tal Kayf, aparecen decenas de mujeres y niños pequeños y es tal la falta de espacio que no se ve el suelo. Su ropa y pertenencias cuelgan de las paredes. En otra imagen, también de Tal Kayf, se ve un mar de adolescentes forzados a dormir en posición fetal por la falta de espacio en la celda juvenil.

Los centros de detención, las comisarías y las cárceles de Irak están desbordadas desde que hace dos años el Gobierno de Irak declaró la derrota de ISIS. Human Rights Watch y otras organizaciones humanitarias han recibido múltiples informes de las infecciones y enfermedades provocadas por el hacinamiento, así como de los problemas de salud originados por la falta de movilidad. Al menos cuatro personas han muerto bajo custodia y a dos les han amputado las piernas.

Según el director interino de HRW para Oriente Medio, Lama Fakih, el problema del hacinamiento debe preocupar a toda la comunidad por sus repercusiones. “Las autoridades deben asegurarse de que las condiciones en las prisiones iraquíes no fomenten nuevas injusticias”, ha declarado.

Tal Kayf, Tasfirat y Faisaliyah, los tres centros de detención prejudicial mencionados señalados por HRW, fueron diseñados para albergar a unas 2.500 personas. Sin embargo, ahora alojan a unas 4.500. Entre ellas, hay al menos 1.300 presos juzgados y condenados que ya deberían haber sido trasladados a instalaciones menos masificadas de la capital Bagdad.

La mayoría de los detenidos han sido acusados por terrorismo usando el amplio paraguas de las leyes antiterroristas de Irak. Según HRW, estas personas no tienen acceso a abogados y las detenciones no tienen un fundamento legal claro. La ONG ha pedido que la detención preventiva se utilice solo como último recurso y ha exigido la liberación de los niños en cautiverio de acuerdo a las normas de Naciones Unidas.

Además de alertar desde hace tiempo por los juicios injustos y las inhumanas condiciones en las cárceles, organizaciones por los Derechos Humanos han acusado una y otra vez a las fuerzas iraquíes de llevar a cabo interrogatorios y torturas ilegales, así como de ejecutar a hombres y niños por supuestamente haber militado con ISIS, lo que podría considerarse como crímenes de guerra.

Traducido por Francisco de Zárate

Halima (nombre ficticio) tiene cuatro hijos y es una de las miles de mujeres perjudicadas por el devastador paso del ciclón Idai en Mozambique hace seis semanas. Cuenta a Human Rights Watch (HRW) que no recibe comida suficiente para toda su familia y que la lista de distribución de alimentos solo figuraba el nombre de su padre, por lo que decidió pedir ayuda a un funcionario de su ciudad, Mbimbir.

“Dijo que podía ayudarme si yo era amable con él. Acordamos una hora para reunirnos y hacer eso [tener sexo]. Cuando terminamos, me dio solo un kilo de frijoles. Cuando me quejé, me dijo: 'Mañana habrá más”, relata la mujer, en un testimonio recogido por la ONG.

Halima es una de las supervivientes del ciclón tropical que, según ha publicado HRW, han sido forzadas por líderes locales a tener relaciones sexuales a cambio de una bolsa de comida. La organización ha hablado con 12 mujeres del distrito de Nhamatanda –cercano a Beira, la ciudad más afectada por el ciclón– donde la ayuda humanitaria no llegó hasta el pasado 5 de abril porque las inundaciones habían imposibilitado el acceso a la zona por carretera.

Todas aseguran haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o de ser incluidas en las listas de distribución de ayuda por parte de autoridades locales, señala HRW. La ONU apunta que ha abierto una investigación.

Yassira (nombre ficticio) trató de dar de comer a sus hijos durante semanas con el poco maíz y la fruta que consiguió recoger, aún mojados, cuando el suelo se secó tras las inundaciones. Cuando comenzaron a repartir comida, uno de los funcionarios que supervisaba la lista de distribución le dijo que su nombre no estaba. Según relató la mujer, se trataba de un secretario local del partido gobernante, el Frente de Liberación de Mozambique, que le pidió que lo esperara en su casa, ya que él iría más tarde “para ayudarla si ella también lo ayudaba”.

Por la noche, de acuerdo con su relato, le llevó una bolsa de arroz, otra de harina de maíz y un kilo de frijoles. “Cuando llegó, dejó las bolsas en el suelo, comenzó a tocarse [el pene] y me dijo que ahora me tocaba darle las gracias. Les dije a mis hijos que fueran a la casa de mi amigo. Cuando se fueron, me acosté con él”, recuerda. Dos de las supervivientes no han contado detalles por temor a represalias.

Dinero por entrar en la lista de distribución de comida

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU proporciona ayuda alimentaria en el país en coordinación con el Gobierno mozambiqueño y el Instituto Nacional de Gestión de Desastres. Este último, apunta la ONG, distribuye paquetes de ayuda alimentaria en colaboración con las autoridades locales basándose en una lista de beneficiarios elaborada por líderes comunitarios, a los que después se les reparte la ayuda.

HRW ha entrevistado a 12 mujeres afectadas así como a habitantes y trabajadores del sector humanitario que sostienen que algunos funcionarios exigieron, además, dinero a las víctimas d el ciclón a cambio de incluir sus nombres en estas listas de reparto. En aquellos lugares donde el acceso por carretera es imposible, los líderes comunitarios se encargan de almacenar los alimentos y distribuirlos a las familias semanalmente, según explica una de las lideresas a HRW. “Ella dice que 'debido a que no hay suficiente comida para todos', algunos líderes locales se han aprovechado de la situación cobrando a la gente por incluir sus nombres en las listas”, apunta la ONG.

Estas listas a veces solo recogen los nombres de los hombres cabezas de familia, excluyendo a las familias encabezadas por mujeres, sostiene una cooperante a la organización de derechos humanos. “En algunas de las aldeas, las mujeres y sus hijos no han visto nada de comida en semanas”, explica esta trabajadora. Otra empleada indica que su organización ha documentado casos de abusos sexuales en campos de desplazados por el que es considerado el peor desastre natural de la historia reciente en el sudeste de África.

“La explotación sexual de las mujeres que luchan por alimentar a sus familias después del ciclón Idai es repugnante y cruel y debe detenerse de inmediato”, defiende Dewa Mavhinga, director de África del Sur de HRW. La organización ha reclamado a las autoridades mozambiqueñas que investiguen con urgencia estos casos y se procese a los presuntos culpables, así como que creen un espacio seguro en el que las mujeres puedan denunciar los abusos.

“A nivel local, los líderes de la comunidad rechazaron las quejas y no tenemos conocimiento de que se hayan tomado medidas para investigar o sancionar a los implicados. A nivel nacional, las autoridades de Mozambique no han dado ninguna respuesta formal”, esgrime Mavhinga en declaraciones a este medio.

Desde la ONG también apuntan a la ONU, que coordina la respuesta al ciclón. “Los socios internacionales, en particular las Naciones Unidas, deben garantizar una mayor supervisión de la conducta de los funcionarios locales durante la distribución de la ayuda humanitaria”.

La ONU investiga las denuncias

Tras la denuncia de HRW, el Programa Mundial de Alimentos asegura que ha abierto una investigación “inmediata” para conocer lo ocurrido. Su personal se ha topado con “varios casos” de mujeres y niñas “a las que se les pidió sexo a cambio de alimentos por parte de voluntarios de la comunidad encargados del reparto de alimentos”, sostiene el portavoz del PMA, Herve Verhoosel. El organismo matiza que en los presuntos abusos “no están involucrados el personal del PMA ni de ninguna agencia de la ONU”.

Gemma Connell, directora de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la región, apunta en declaraciones remitidas a eldiario.es que la agencia se “muestra muy preocupada” por estos casos, que se encuentra investigando. “Al igual que con cualquier denuncia sobre explotación y abuso sexuales, estamos actuando rápidamente para dar seguimiento a estas denuncias, incluso con las autoridades pertinentes, de conformidad con los protocolos claros que hemos establecido”, señala.

“La ONU tiene una política de cero tolerancia sobre la explotación y el abuso sexual. No es, y nunca será, aceptable que una persona en posición de poder abuse de los más vulnerables, y mucho menos de los más necesitados”, recalca Connell.

La responsable de OCHA asegura que la agencia “ha capacitado a cientos de trabajadores humanitarios y voluntarios en la prevención de la explotación y el abuso sexual” y que han establecido “vías claras de comunicación para cualquier posible caso” de este tipo. “Hemos transmitido mensajes claros –de que la ayuda es gratuita y que la explotación y el abuso sexuales son inaceptables– a través de múltiples canales de comunicación”, agrega.

“Hay que aplaudir que la ONU se haya comprometido a investigar las denuncias de abusos por parte de algunos líderes comunitarios. Las autoridades de Mozambique deben proteger a todas las personas, en particular a las mujeres y los niños vulnerables, y garantizar que no sean explotados tras la crisis humanitaria provocada por el ciclón Idai”, dice, por su parte, el responsable de HRW a este medio.

No es la primera vez que una respuesta a una tragedia que golpea a miles de personas se ve salpicada por casos en los que las mujeres supervivientes se ven forzadas a mantener relaciones sexuales a cambio de ayuda humanitaria. En 2017, un informe del Fondo de la ONU para la Población (UNFPA) concluyó que en varias provincias de Siria se estaban produciendo casos de niñas y mujeres forzadas por parte de funcionarios a practicar sexo para poder recibir comida. Un año después, la BBC revelaba cómo las mujeres sirias habían sido “explotadas sexualmente por hombres que brindaban ayuda en nombre de la ONU” y ONG internacionales.

Nuevo ciclón

Mozambique aún se recuperaba de la destrucción causada por el paso del Idai, que dejó el pasado marzo más de 600 muertos y casi dos millones de personas afectadas solo en el país, cuando el pasado jueves 25 de abril otro ciclón tropical, Kenneth, volvió a tocar tierra, esta vez más al norte. Con ráfagas de viento de hasta 220 kilómetros hora, Kenneth se ha convertido “en el ciclón más fuerte que jamás haya golpeado el continente africano”, según OCHA.

Se espera que las lluvias continúen durante los próximos días, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos. Las precipitaciones se extienden al sur de Tanzania y el este de Malaui.

Se desconoce aún la magnitud del segundo desastre que azota al país en menos de dos meses, que también ha afectado a las islas Comoras. Las lluvias están dificultando las labores de rescate y apoyo a las víctimas. Al menos cinco personas han fallecido y más de 18.000 han sido desplazadas y se encuentran alojadas en centros. El nuevo ciclón ha destruido más de 3.300 casas y también ha dañado escuelas e instalaciones sanitarias.

Ahmed dejó Afganistán cuando era un niño, después de que su padre y su hermano fueran asesinados. Conoció a Nadia, su esposa, en Irán, de donde aseguran que tuvieron que huir cuando intentaron reclutarlo para combatir en Siria. Pasaron 20 meses en Serbia a la espera de poder cruzar la frontera con Hungría. Finalmente, la familia, de cinco miembros –incluido un bebé de tres meses– lo logró el 10 de julio.

Ese mismo día presentaron una solicitud de asilo que las autoridades húngaras rechazaron un mes después. Entonces, ordenaron su detención en un centro en la frontera de Röszke para ser expulsados de nuevo a Serbia. A Nadia y sus hijos se les repartió comida. A Ahmed no. Tampoco permitieron a la familia compartir sus raciones con el padre.

Nadia y Ahmed son nombres ficticios, pero su caso es real y llegó, junto al de otra familia afgana, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 10 de agosto de la mano de los abogados de la ONG húngara Comité Helsinki, que solicitó medidas urgentes a Estrasburgo para que las autoridades dieran de comer a las dos familias. También documentaron el caso de dos hermanos sirios que llegaron a pasar dos días sin comer. En total, fueron ocho los casos detectados. En respuesta a los recursos para pedir medidas provisionales, el tribunal ordenó de inmediato y de forma provisional a las autoridades húngaras que volvieran a distribuir alimentos a estas personas.

Para la ONG húngara, hacer pasar hambre a las personas cuya solicitud ha sido rechazada es el último paso del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en su batalla por evitar que los migrantes quieran pisar el país. “Estamos indignados por esta última táctica de utilizar la privación de alimentos para disuadir a refugiados en situaciones vulnerables de pedir asilo en Hungría. Esto es totalmente inhumano”, sostiene en una entrevista con eldiario.es Anna Simai, directora de comunicación de la ONG.

Desde Human Rights Watch (HRW) consideran “completamente escandaloso y absurdo” que estas personas “tengan que recurrir a los tribunales para obtener una rebanada de pan”. Lydia Gall, investigadora de HRW para el Este de la UE y los Balcanes, coincide en la denuncia del Comité Helsinki. “Parece que se trata de otro plan inhumano del Gobierno para disuadir a las personas de solicitar asilo en Hungría, obligarlas a renunciar a sus peticiones y regresar a Serbia para conseguir comida”, señala en una entrevista con este medio.

Consecuencia de las nuevas leyes de Orbán

De momento, apuntan ambas organizaciones, las autoridades están respetando las órdenes judiciales y todos los demandantes de protección internacionales bajo custodia policial están recibiendo comida. Sin embargo, HRW ha alertado esta semana de que decenas de personas cuya solicitud ha sido rechazada y esperan una resolución definitiva “pueden enfrentarse a la falta de alimentos” y pone como ejemplo lo ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando se negó el acceso a un sacerdote que intentaba entregar paquetes de alimentos en las llamadas “zonas de tránsito”.

Actualmente hay unos 120 solicitantes de asilo en las zonas de Rözske y Tompa, situadas en las frontera con Serbia, que están a la espera de una decisión sobre si sus solicitudes de asilo son admitidas o no, según datos proporcionados por HRW. Bajo las leyes impulsadas por Orbán, los refugiados solo pueden presentar sus peticiones en las “zonas de tránsito”, donde tienen que esperar el final de los trámites, incluido si apelan las decisiones, en lugares que, de facto –según denuncian las ONG–, son centros de detención.

En el caso de ser rechazados, solo tienen la posibilidad de regresar a Serbia. Y es aquí donde entra en juego una de las últimas medidas adoptadas por Orbán, las enmiendas a la ley de asilo aprobadas en el marco del paquete legislativo 'Stop Soros', que entró en vigor el pasado 1 de julio. Según la nueva legislación, las autoridades consideran “inadmisibles” las demandas de asilo de todo aquel que haya entrado en Hungría desde un país considerado seguro por la legislación nacional, entre ellos Serbia, a pesar de que Acnur ha recomendado no devolver a los solicitantes al país vecino. Asimismo, permite deportar a los solicitantes cuyas demandas se han considerado “inadmisibles”, incluso si recurren la decisión, puntualizan las organizaciones especializadas.

Entonces, se inician los procedimientos policiales de extranjería contra estas personas -en lugar de los de asilo-, y quedan a la espera de la deportación en los centros, y esto, dicen, ha abierto la puerta para que las autoridades se nieguen a suministrarles comida. “A pesar de impugnar ante los tribunales el rechazo de su solicitud de asilo, son expulsados de Hungría y se les ordena permanecer en la zona de tránsito, donde se les niega el acceso a los alimentos. Se trata de una situación jurídica totalmente absurda”, recalca Simai.

La Oficina de asilo se escuda en que no hay nada en la legislación húngara que obligue a proporcionar alimentos a las personas en el “procedimiento de vigilancia de extranjeros” en las zonas de tránsito. “El argumento es falso. Las autoridades húngaras tienen la obligación de proporcionar alimentos y servicios de salud adecuados a todas las personas bajo su custodia”, esgrime por su parte la investigadora de HRW. La ONG recuerda que los tratados de derechos humanos prohíben “el trato inhumano y degradante” de las personas bajo su custodia policial y exigen que sean “tratadas con dignidad”, lo que incluye proporcionarles alimentos, agua, higiene y atención médica.

La situación de las dos familias afganas y los dos hermanos sirios denunciada por el Comité Helsinki son los primeros casos de personas cuyas solicitudes han sido rechazadas tras la entrada en vigor de estos cambios legislativos, y se les denegó entonces la comida. Desde HRW se muestran preocupados por que esta “táctica” se instale a la hora de atender al resto de solicitantes que se encuentran actualmente en los centros de detención.

“A menos que el Gobierno cambie su táctica de privación de alimentos hacia las personas rechazadas por los nuevos criterios de admisibilidad, todas estas personas corren el riesgo de ser privadas de alimentos una vez que son rechazadas”, apunta Gall.

Una labor cada vez más difícil

La nueva denuncia sobre el trato de las autoridades húngaras a los refugiados llega en un momento en el que cada vez son más los obstáculos impuestos a las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Hungría. Según ha explicado el Comité Helsinki, solo los abogados con una autorización especial pueden entrar en las zonas de tránsito, pero una vez allí deben dirigirse a un contenedor designado para poder entrevistar a los solicitantes.

Las mismas leyes aprobadas bajo el nombre de 'Stop Soros', en referencia al magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, castigan con hasta un año un año de cárcel la prestación de servicios y el asesoramiento a migrantes y solicitantes de asilo. Primero, dicen las ONG, vino la retórica xenófoba, las férreas medidas antiinmigración y el rechazo a la acogida de refugiados en la Unión Europea. Después, los ataques contra quienes defienden sus derechos, centrados en responsabilizarles de su llegada y “demonizar” su actividad.

En este contexto, el Comité Helsinki, trata de seguir adelante con su labor, llevando casos como el de estos refugiados a la justicia europea. “Por supuesto, la propaganda del Gobierno contra los refugiados continúa y la ley solo está en vigor desde el 1 de julio. Nosotros continuamos con nuestro trabajo, siempre y cuando haya personas vulnerables que necesiten nuestra ayuda, como en este caso”, sentencia Simai.

Omar Shakir tiene 14 días para abandonar Israel. El director de Human Rights Watch (HRW) para el conflicto entre Palestina e Israel tendrá que irse del país porque, según denuncian sus autoridades, Shakir ha apoyado un boicot contra Israel durante más de diez años. Tal y como indica la organización en el comunicado que ha hecho público para denunciar esta expulsión, las autoridades israelíes han basado su decisión en un expediente que un ministerio gubernamental ha recopilado sobre las actividades de Shakir. Las afrentas que denuncia el Estado de Israel abarcan toda una década y son anteriores al trabajo de Omar Shakir en HRW.

Para la organización con sede en Nueva York, esta decisión no es más que un intento por parte de Israel de suprimir toda crítica contra el largo historial de abusos contra los derechos humanos, que vivieron un repunte durante las protestas pacíficas palestinas de las Marchas del Retorno. Durante las mismas, las tropas mataron a decenas de palestinos y el mundo pudo ver un vídeo en el que un francotirador israelí se regocijaba de haber dado en el blanco, de haber abatido a un palestino desarmado.

Omar Shakir es ciudadano estadounidense y, según informa la organización, ha negado toda acusación. Este experto ya tuvo problemas para conseguir un permiso de trabajo en Israel, que en un primer momento fue bloqueado. Al final, consiguió una visa de un año. En enero, la organización pidió que se extendiera la visa de trabajo de Shakir y a finales de marzo Interior le dio un mes de margen a la espera de que se tomase una decisión sobre su expulsión.

“No se trata de Shakir, se trata de amordazar a Human Rights Watch y hacer acallar toda crítica contra el historial de abusos de Israel”, ha dicho Iain Levine, director ejecutivo adjunto de Programa de HRW. “Recabar informes y deportar a defensores de derechos humanos es una página sacada directamente del manual de estrategias de los servicios de seguridad egipcios o rusos”, protesta. HRW ha contratado a un abogado para recurrir la decisión ante los tribunales israelíes.

La carta con fecha 7 de mayo en la que se anuncia la expulsión del país dice que dicha decisión “no constituye un rechazo total a que la organización emplee un experto extranjero”, sino que se refiere directamente a Shakir. En 2017, se le negó un permiso de trabajo alegando que sus actividades se habían “involucrado en la política al servicio de la propaganda palestina, mientras ondeaba la bandera de los derechos humanos”. El ministerio revirtió finalmente la decisión.

“Ni Human Rights Watch ni su representante promueven boicots a Israel […] Interior reconoció en su carta del 7 de mayo que no han aparecido informaciones con respecto a actividades de boicot desde que Shakir se unió a HRW”, explican en su comunicado. En el mismo párrafo señalan el que ha podido ser el origen de esta decisión: “HRW ha descubierto que las empresas que operan en asentamientos se benefician de forma inherente y contribuyen a que se produzcan graves violaciones del derecho internacional humanitaria, sobre esa base […] ha pedido a esas empresas que cesen sus operaciones en los asentamientos. HRW también defiende el derecho de las personas a expresar sus opiniones a través de medios no violentos, incluida la participación de boicots”.

“Esta es la primera vez desde que HRW vigila a Israel y los territorios ocupados, desde hace ya 30 años, que el país ordena la expulsión de un miembro de su personal”, explica Levine. “Pero es solo la última muestra de la creciente intolerancia del país hacia aquellos que critican su historial en torno a los derechos humanos”, concluye.

Obstruye los pulmones, provoca enfermedades en la piel, afecta el corazón y, a largo plazo puede provocar cáncer. Cuando en 2016 todo el mundo aplaudía en Líbano la solución gubernamental tras la crisis de la basura, no se imaginaban que hoy se enfrentarían a una grave amenaza provocada por la quema de residuos en la mayor parte de los vertederos del país.

Human Rights Watch (HRW) advierte de ello en un reciente informe. “La quema de basura al aire libre es muy peligrosa para la salud humana. Ocurre a escala masiva en Líbano; de hecho, ha aumentado desde la crisis de 2015”, explica el investigador de HRW Bassam Khawaja en una conversación con eldiario.es.

“Es un factor que a largo plazo puede incluso llevar al cáncer. Así lo queremos señalar al Gobierno, que debe parar y pensar qué está ocurriendo porque tiene obligaciones legales”, alerta desde la sede de la organización en Beirut. La ONG recuerda al Ejecutivo libanés que esta práctica viola las leyes ambientales del país.

La crisis de la basura que estalló tras el cierre del vertedero de Naame, aquella que mostró la otra cara de un país que aún se esfuerza por consolidar su sistema democrático, todavía no ha finalizado. Ya no se ven bolsas de basura acumulándose exageradamente en las calles. No se ven los residuos, pero se huelen, se respiran. 'Como si estuvieses inhalando tu muerte' es el informe que HRW ha publicado tras meses de investigación de campo, con entrevistas a personas afectadas por la incineración de basura al lado de sus hogares. 

“Nos sorprendió mucho lo sensible que es este tema”, recuerda Khawaja. “Nos han llegado a obligar a abandonar la zona del basurero. La gente que vive cerca tenía miedo de hablar”, asegura el investigador.

Una de las mujeres que sí lo hicieron, Samar, vive en la localidad de Baalbek. “Cuando estaba embarazada, tenía que cubrir mi boca con un pañuelo para no respirar el humo”, dijo en una entrevista con HRW. Su casa está cerca de un basurero, tal y como se aprecia en el vídeo difundido junto al documento. 

Hay familias que muestran los medicamentos que toman desde que comenzó el problema. “La gente tiene miedo, miedo por sus hijos”, afirma en su testimonio Alfred Dib, médico pulmonar en el hospital Sacre Coeur, al sur de Beirut. “[Cuando se queman residuos en el basurero] es como si hubiera niebla en toda la ciudad. Estamos tosiendo todo el tiempo, somos incapaces de respirar, a veces nos despertamos y vemos ceniza en nuestra saliva”, señala Othman, que vive en el municipio de Kfar Zabad.

“La quema se está haciendo en las zonas más pobres”

El impacto negativo de esta práctica, “evitable” y que muestra un fracaso gubernamental según HRW, afecta principalmente a la mitad del país que no vive en algunas de las zonas más ricas del país, como Beirut o el Monte del Líbano. Aunque, según datos del departamento de bomberos, la quema de desechos ha aumentado un 250% y un 330% en ambas gobernaciones, los habitantes de renta media-baja o baja del resto del país están expuestos a la inhalación de humo de basura quemada. Se ha intentado culpar a la población refugiada de Siria, pero el problema existe desde antes de su llegada a Líbano.

“Si miramos dónde se realiza la quema de basura nos encontramos con el aspecto socio-económico”, señala Khawaja. “Con algunas excepciones, se está haciendo en las zonas más pobres del país. El Gobierno solo se centra en las zonas más adineradas, como Beirut y Monte del Líbano. Y esto lleva así décadas”.

Desde el final de la guerra civil libanesa, el Gobierno del país ha hecho frente a la gestión de los residuos a golpe de políticas de emergencia, sin un plan de gestión nacional. La última fue tomada en 2016 para poner fin a la gran crisis, pero dos de los vertederos –Costa Brava y Bourj Hammoud– alcanzarán su capacidad máxima en 2018, dos años antes de la fecha final marcada para tal solución.

“Es terrorífico. Las aguas residuales, en algunos casos, no están siendo tratadas y van directamente al lugar del vertido donde penetran el subsuelo y lo contaminan. O van a parar al mar. El Gobierno está obligado a ofrecer información sobre el impacto en el mar, en la tierra, en las fuentes hídricas o de alimentación, además del impacto en el aire”, denuncia el investigador. 

Parte del miedo de la gente es por esta falta de información. La población teme que la tos se convierta en  cáncer, o que sus hijas o hijos desarrollen problemas crónicos. El Ministerio de Salud respondió a HRW que sigue insistiendo a los ayuntamientos para que tomen las medidas oportunas, ya que la quema de basura está prohibida por ley.

“Lo que hace el Ministerio de Salud es concienciar, controlar y referir los casos de violaciones a la justicia. Hay una línea directa a disposición de la ciudadanía para quejas concernientes a su salud”, apuntan desde el departamento. El Ministerio de Medio Ambiente expuso a HRW que la razón no es otra que la que falta de fondos.

La filosofía 'residuos cero' como alternativa

Según un estudio de la Universidad Americana de Beirut, solo entre un 10 y un 12% de los residuos sólidos no pueden ser reciclados. Esto deja una importante cantidad de basura a disposición de la transformación a útiles diarios. Ziad Abichaker lleva años “enganchado” a los residuos, como él dice. Creó la empresa 'Cedar Environmental', con la que promueve la filosofía 'residuos cero'.

“Residuos cero significa, primero, cambiar la perspectiva hacia el residuos. Los residuos no son problemas, son recursos”, aclara Abichaker. “Esta bolsa de plástico ahora tiene dos bolis. La abro, uso los bolis y, si pienso que es un problema, la tiro. Si no lo piensas, te dices: ¿Por qué no recoger todos estos plásticos, hacerlos añicos y transformarlos en un panel, fuerte, muy fuerte que dura 500 años, no se afecta con el agua o el calor regular y no se pudre ni huele?”, prosigue.

La oficina de Cedar Environmental posee todo tipo de ejemplos de dicha filosofía. El falso techo, el suelo, las paredes, la madera de las sillas y la mesa, los vasos, son fabricados con material reciclado. En el balcón, las plantas crecen verticalmente de una pared creada con un plástico reciclado que hace que la madera exterior no se eche a perder con la humedad. Una cortina de botellas de plástico de agua pende bloqueando amablemente la entrada de luz solar.

“Los residuos se convierten en una herramienta para combatir los residuos”, continúa el impulsor de la compañía. “Hay que ponerse un límite. Prohibirnos tirar cualquier cosa que pueda ser incinerada sobre la tierra. La humanidad se ha convertido en rica y arrogante, piensa que por tener dinero, puede hacer lo que quiera. Pero cuanto más dinero tiene, más cáncer hay”, sostiene.

Este libanés, ingeniero medioambiental e industrial, se dedica a fomentar sus proyectos y su filosofía desde hace 26 años. Se le conoce como 'el Rey de la Basura' y quiere proteger el medio ambiente, además de contribuir a crear empleo. “Si piensas en 'residuos cero' se ha de construir un proceso industrial, cuesta dinero, pero estás dando puestos de trabajo, salvando el medio ambiente, limpiando la tierra para que crezcan los árboles o se planten alimentos y creando actividad económica”, apunta el ingeniero.

Las botellas y bidones de agua, que conforman una parte importante de los residuos sólidos en Líbano, pueden transformarse en pañuelos, jerséis, o en respaldos para sillas, como las de la oficina de Cedar Environmental, donde el vidrio de los vasos y vasijas eran antaño botellas de cerveza.

Para que todo esto funcione a largo plazo, Abichaker apunta a un cambio de sistema económico y al fin de los obstáculos gubernamentales que se topan para llevar a cabo su proyecto. “El capitalismo monopoliza a la gente y los recursos. No digo que el comunismo sea la solución. No. El sector privado debería estar liderando la solución. El Gobierno lo que puede hacer es no ser burocrático, ni poner trabas”, sentencia.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las cargas policiales para impedir el referéndum del pasado 1 de octubre. En un comunicado, la entidad en favor de los derechos humanos ha reclamado una “investigación efectiva” de la actuación policial por parte de expertos internacionales.

La investigación en Catalunya de HRW, donde sus miembros han visitado y se han entrevistado con lesionados el 1-O por la cargas policiales, destaca que el exceso policial no se dio solamente por las cargas policiales contra votantes “pacíficos”, sino que también se produjo en relación a la orden que tenían del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para impedir el referéndum sin afectar a la convivencia ciudadana.

“La policía puede haber tenido la ley de su parte para hacer cumplir una orden judicial, pero no les daba el derecho de usar la violencia contra manifestantes pacíficos”, ha afirmado Kartik Raj, investigador para Europa occidental de HRW. En este sentido, HRW censura la utilización de porras para golpear a personas que se resistían “pasivamente” y a las que los cuerpos policiales, en sus más de 80 intervenciones, causaron “múltiples heridas”.

Tras hablar con víctimas y testigos y revisar pruebas fotográficas y médicas, así como imágenes de vídeo, HRW insta el Gobierno central a garantizar una “investigación efectiva” sobre las denuncias que generó el 1-O. Habida cuenta de las “tensiones actuales” entre Generalitat y Ejecutivo central, HRW recomienda que las pesquisas las lidere “un organismo internacional independiente”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado “demoledor” el informe de HRW “contra la violencia policial” el 1-O.

La ONG Human Rights Watch ha criticado en un informe al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la manera en que el miembro del Gobierno se refirió a los refugiados. Según Zoido, es necesario “concienciar” a las ONG “de que se está para ayudar” y no “para favorecer la inmigración irregular”.

Además, ante la petición italiana al resto de Estados miembros de la UE de acelerar la reubicación de solicitantes de asilo, el ministro justificó la lentitud con la que el Gobierno está llevando a cabo los traslados afirmando que España también tiene “una presión importante”.

En su crítica, la organización contrapone la presión migratoria entre Italia y España: “Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 7.724 personas alcanzaron las costas españolas entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2017. Aunque los datos palidecen en comparación con las 85.150 personas desembarcadas en Italia durante los primeros seis meses de 2017, el ministro del Interior español Juan Ignacio Zoido citó una 'presión importante' en los puertos españoles”.

Finalmente, el titular de Interior tuvo que pedir disculpas a las organizaciones sociales ante el malestar que causaron sus insinuaciones, pero insistió en que “no podemos correr el riesgo de contribuir con algún mensaje ambiguo que pueda crear un posible efecto llamada” de inmigrantes.

Las malas condiciones de los migrantes

Human Rights Watch añade a su denuncia de las condiciones y los abusos a los que se ven sometidos los migrantes en España una nueva investigación que la ONG ha publicado este lunes. En ella, revela cómo los migrantes que llegan por mar a costas españolas se encuentran en malas condiciones y deben enfrentarse a diferentes obstáculos para solicitar asilo.

La ONG comenta que los migrantes están “durante días en celdas oscuras y húmedas en las comisarías de policía y, casi con toda seguridad, se les colocará automáticamente en centros de detención de inmigración a largo plazo, pendientes de una deportación que tal vez nunca suceda”.

“Las celdas policíacas de tipo jaula, que también son oscuras, no son un lugar para retener a los solicitantes de asilo y los migrantes que llegan a España”, señala Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch en Europa y Asia Central. “España está violando los derechos de los migrantes, y no hay pruebas de que esto sirva de disuasión a otros”, sentencia la experta.

Colchones en el suelo y cárceles sin ventilación

Entre el 16 y el 25 de mayo, Human Rights Watch visitó los centros de detención de inmigrantes de Algeciras y Tarifa, las instalaciones portuarias policiales de Motril y Almería y la comisaría central de Málaga. La Policía Nacional dio permiso a la organización para visitar sólo las áreas administrativas y externas de los dos centros de detención y hablar con el personal, pero no para visitar las celdas ni hablar con los detenidos.

La ONG denuncia que en los lugares visitados ha encontrado “grandes y mal iluminadas celdas con finos colchones en el suelo”, en Motril y Almería, una “cárcel subterránea sin luz natural ni ventilación” en Málaga y mujeres y niños separados en una celda con literas en Motril. Apuntan que “los detenidos permanecen encerrados en todo momento, y sólo se retiran para chequeos médicos, huellas dactilares, entrevistas y, en Almería y Málaga, para ir al baño, porque no hay ninguno dentro de las celdas”.

Asimismo, los hombres no reciben cepillos de dientes porque les acusan de poder utilizarlos “como armas”, según ha comprobado la ONG. Los migrantes detenidos dijeron a Human Rights Watch que “no tenían reuniones individuales con un abogado bajo custodia policial y que se les había dado poca o ninguna información sobre la solicitud de asilo”. En este sentido, la ONG dice haber “documentado en Ceuta y Melilla lo que parece ser una política para desalentar las solicitudes de asilo”.

Los niños, por su parte, cuando no están acompañados, son generalmente trasladados a centros especiales, mientras que aquellos que viajan con familiares son detenidos en Motril y Almería. Un observador de HRW afirma que “los niños jugaban en el agua sucia de los baños en las celdas del centro de detención portuaria de Motril” –el comentario se hizo en abril, cuando nueve niños fueron detenidos allí con sus madres durante tres días–.

Alternativas a la detención

“Existen alternativas a la detención y deben utilizarse con mayor eficacia”, exige Human Rights Watch. La ONG dice que la legislación española permite a las autoridades utilizar medidas no privativas de la libertad, como la retirada de documentos, los requisitos de presentación de informes y la obligación de vivir en un lugar determinado para garantizar que una persona pueda ser localizada y, así, ejecutar una orden de devolución o expulsión.

“Ya sea por negligencia o por diseño, España no trata a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan por mar con humanidad y dignidad”, lamenta Sunderland. “Las autoridades españolas deben actualizar urgentemente las instalaciones policiales y garantizar la información completa, el acceso al asilo y la debida supervisión judicial de todos los migrantes y solicitantes de asilo que lleguen a sus costas”, concluye la experta.

“Esta mañana estaba durmiendo bajo el puente. Llegó la policía. Nos rociaron con el espray por toda la cara, el pelo, los ojos, la ropa, el saco de dormir y la comida. Muchos estaban durmiendo. La policía roció todo”. Es el testimonio, recogido por Human Rights Watch (HRW), de Moti W., un chico de 17 años de la etnia oromo de Etiopía.

“No dijeron nada, solo rociaron”, añade Mirwas A. un hombre afgano. “Nos despiertan. Allez, allez ('vamos, vamos'), dicen. Pero, ¿dónde puedo ir? Después de eso, vienen con espray”, asegura Eba J., otro adolescente oromo de 15 años.

Moti W., Mirwas A. y Eba J. son solo algunas de las personas entrevistadas por HRW, que ha acusado este miércoles a la policía francesa de “abusos sistemáticos” contra migrantes y solicitantes de asilo en Calais, al norte de Francia. Entre 400 y 500 refugiados y migrantes viven en las calles y en los bosques de la ciudad francesa, según la ONG, nueve meses después del cierre definitivo del gran campo de refugiados conocido como “la jungla”, situado a las afueras, que llegó a albergar a miles de migrantes y refugiados.

La organización internacional de derechos humanos ha documentado en un informe titulado Como vivir en el infierno que las fuerzas del orden francesas “rocían con gas pimienta” a los inmigrantes, niños y adultos, mientras duermen o en otras circunstancias en las que “no representan ninguna amenaza”. 

“La policía también rocía o confisca sacos de dormir, mantas y ropa, y a veces echa el espray sobre su comida y agua, aparentemente para forzarles a abandonar la zona. Tales actos violan la prohibición de un trato inhumano y degradante y los estándares internacionales de conducta policial”, añade la ONG en el documento. El estudio está basado en entrevistas a más de 60 refugiados y migrantes, entre ellos 31 menores no acompañados, en Calais y Dunkerque, una zona cercana, este mes y el pasado junio. 

“Esta conducta policial en Calais y sus alrededores es un abuso de poder”, sentencia la ONG que recuerda que las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las normas internacionales, “solo deben utilizar la fuerza cuando es inevitable, y solo con moderación, en proporción a las circunstancias”.

“No hay lugar para dormir o comer”

Human Rights Watch denuncia que cerca de 400 demandantes de asilo y migrantes, la mayoría de Eritrea, Etiopía y Afganistán, viven en calles de la ciudad y en zonas boscosas circundantes, de los cuales unos 200 son menores no acompañados. A ellos se les suman, según sus cálculos, al menos otros 300 adultos y niños instalados en campamentos de inmigrantes y en los alrededores de Dunkerque y Grand Synthe, en el este de Calais.

Tras el desmantelamiento del campo en octubre de 2016, las ONG que operaban en la zona reclamaron alternativas para las 9.000 personas que, según sus cálculos, se encontraban “hacinadas” en lo que quedaba del campamento. “Desde que destruyeron [el campo de Calais] el año pasado, no hay lugar para dormir o comer. Es como vivir en el infierno”, afirmó a finales de junio en otro de los testimonios recabados en el informe Yeakob S., un hombre etíope de 29 años. 

“Las autoridades locales se han opuesto a los llamamientos para establecer un refugio para inmigrantes o una oficina de asilo en Calais, alegando que alentaría a más migrantes a viajar al norte de Francia”, sostiene la ONG, que critica que las autoridades respondan a la “creciente” llegada de migrantes “impidiéndoles” el acceso a la comida, el agua y las necesidades básicas.

También denuncia que la policía ha impedido en ocasiones a los trabajadores humanitarios fotografiar o filmar este tipo de episodios. “Dicen que la policía a veces confiscó, por poco tiempo, sus teléfonos, borrando o examinando el contenido sin permiso”, señala la organización.

El Gobierno niega las acusaciones

La delegación local del Gobierno, según recoge la Agencia Efe, considera que la denuncia sobre los abusos policiales es “calumniosa” e “infundada”. La Prefectura de Pas ha lamentado las acusaciones y ha subrayado, según Efe, que los agentes “actúan dentro” de las normas del Estado de Derecho, “con el único objetivo de hacer respetar el orden y la seguridad pública”, y asegura que se presta especial atención a las personas vulnerables.

HRW asegura que se ha reunido con los representantes de la delegación local, del Ministerio del Interior y de asociaciones humanitarias que operan en la zona. “Las autoridades han hecho caso omiso de los informes generalizados de abuso policial contra solicitantes de asilo y otros migrantes”, apunta. 

La organización recuerda que el presidente Emmanuel Macron “se comprometió a adoptar un enfoque humano para los refugiados y los solicitantes de asilo”. El 12 de julio, el Gobierno francés anunció iniciativas que mejorarían el acceso a los procedimientos de asilo y proporcionarían alojamiento adicional. Unas medidas que, a juicio de HRW, “contrastan con el tratamiento” que los refugiados reciben en Calais.

La ONG reclama al Gobierno que elimine “los obstáculos” a la protección de los refugiados, que garantice que los menores acceden a los servicios de protección, y transmita que el abuso policial no será tolerado, “obligando de inmediato e inequívocamente” a la policía a respetar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

Esta semana, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la lentitud con la que el Gobierno de España traslada a la península a las personas que piden asilo en Ceuta y Melilla. Desde hace años, esos retrasos han provocado que quienes deciden pedir protección en España acaben anclados en las ciudades autónomas durante meses o años. Si la estancia en los enclaves hace sentir día a día miedos similares a los que les empujaron a huir, como en el caso de las personas LGTBI, la salida se torna aún más urgente, ha denunciado la organización internacional.

La directora asociada para Europa y Asia Central de HRW, Judith Sunderland, está detrás de la denuncia realizada por la ONG esta semana, que ha puesto el foco en el “hostigamiento y abusos” sufridos por los solicitantes de asilo LGTBI en Ceuta. 

Sunderland ha recogido en un informe aquellas vulneraciones de derechos humanos que llevan años denunciando las asociaciones locales. Después de documentar los abusos sufridos por las personas que necesitan protección internacional en diferentes puntos fronterizos europeos, aterrizó en Ceuta y Melilla para analizar la situación desde su perspectiva internacional. 

La crítica es contundente: “Se trata de una política para disuadir a quienes necesitan pedir asilo”. 

Tras su reciente visita a Ceuta y Melilla, han pedido el traslado urgente de los solicitantes de asilo LGTBI a la península. ¿Cuál es la situación que están viviendo estas personas en las ciudades autónomas?

En nuestro comunicado enfocamos la denuncia sobre solicitantes de asilo LGTBI, pero en general hay un problema con los traslados de solicitantes de asilo desde Ceuta y Melilla a España. Lo que nos alarma es la existencia de una política consistente en no trasladar o tardar mucho en llevar a la península a quien solicita asilo en Ceuta. En este sentido, suscribimos la interpretación de los tribunales que han concluido que esta dinámica viola el derecho a la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo.

¿Cuál cree que es el objetivo del Gobierno?

Esta política parece estar creada para disuadir a la gente que pretendía pedir protección, y eso se nota en las decisiones a las que se enfrentan personas que sí tendrían motivos para solicitar asilo pero perciben que no les conviene porque supondría quedarse bloqueados en Ceuta. 

Es el caso de un chico joven de República Centroafricana que conocí, quien realmente no sabía qué hacer. Tenía voluntad y necesidad de pedir protección internacional pero sabía que si pide asilo se queda anclado en Ceuta. Es una situación real. Entonces se encuentran en una situación trágica: quedarse en Ceuta durante un largo periodo de tiempo o salir a la península (como migrante irregular) con  una orden de expulsión, lo que supone un factor de riesgo.

La mayor lentitud de los traslados afecta a todos los solicitantes de asilo (excepto a los de origen sirio en Melilla), pero destacan la situación de las personas LGTBI por la vulnerabilidad añadida que supone su estancia en Ceuta. ¿Por qué piden su traslado urgente?

Nos preocupa el colectivo LGTBI porque se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad porque en Ceuta se enfrentan a mil tipos de acoso de intimidación, de insultos, de malos tratos. Y algunas de esas situaciones son de las que han venido huyendo de sus países de origen.

La mayoría de los solicitantes de asilo LGTBI vienen de Marruecos o Argelia y, tanto en el centro como en la ciudad, se encuentran con gente que tiene las mismas actitudes homófobas de las que escapaban. Dentro del centro de Ceuta, me hablaban de una situación de acoso, de miedo y de intimidación y amenazas.

También mencionaban los métodos que ellos mismos se buscan para evitar problemas. Dos de ellos me dijeron: “No hablo mucho con la gente para evitar problemas”.

Eso es particularmente cruel cuando está huyendo de una situación de persecución más extrema por su identidad de género u orientación sexual, buscando vivir libre su vida en un país tolerante y acogedor. Que tengan que enfrentarse a esas mismas dinámicas y a esa política de bloqueo en Ceuta en esa situación tan difícil es particularmente cruel y degradante.

¿Qué debería hacer el Gobierno de España para responder de forma adecuada a la llegada de solicitantes de asilo LGTBI en Ceuta y Melilla?

Lo primero, agilizar los traslados a centros de acogida adecuados y preparados. Por otro lado, hay varias recomendaciones desarrolladas por autoridades en la materia, como asegurar el respeto de todos los derechos de personas LGTBI y solicitantes de asilo. Una cosa fundamental es la preparación y formación de todo el personal que trata con este colectivo. La identificación clara de esa persona para asegurar una atención específica a los desafíos que puedan tener en el centro y para poder responder rápidamente a denuncias de acoso intimidación, amenazas, etc.

Uno de los principales retos es asegurar que sientan la posibilidad de denunciar, para eso es importante la formación del personal y no solo en relación a la sensibilidad, sino a saber cómo responder cuando hay una situación de conflicto y amenaza.

Hay diferencias sobre cuál es la mejor manera para alojar a solicitantes de asilo del colectivo LGTBI. Hay quien aconseja apartarlos de la comunidad general en un centro para que no tengan que compartir habitaciones con gente que pueda ser hostil o violenta; y hay quien aboga por asegurar un ambiente general respetuoso y tolerante y no aislar a esas personas. Nosotros apostamos por estudiar cada caso.

Y, en Ceuta, ¿tienen formación específica para atender a solicitantes de asilo LGTB?

No. No hablé con todo el personal, no podría generalizar sobre las actitudes y comportamientos. Pero sí vi una gran sensibilidad y el personal del CETI estaba muy dispuesto para hacer todo lo posible para intentar apoyarlos y eran conscientes del problema del traslado, aunque falta formación específica. 

Un chico me habló de que, aunque denunciaba situaciones de amenaza y acoso, nadie le daba ninguna respuesta clara. Se necesita poder tomar medidas más claras para proteger a una persona. 

Mientras la oficina de asilo fronteriza de Melilla sí funciona, en la Ceuta no se ha registrado ninguna solicitud. ¿Ha podido hablar con las autoridades?

Visité la oficina de asilo de Ceuta y me la tuvieron que abrir con llave porque está totalmente cerrada. Todo muy limpio, todo ordenado y todo muy vacío porque nadie se ha acercado allí para pedir asilo. Me aseguraron que siempre hay alguien ahí que tiene la llave y ha pasado una formación para poder registrar la solicitud en el caso de que alguien lo solicitase.

El inspector jefe de la Policía que me acompañó durante la visita me aseguró que eran los agentes marroquíes quienes, realizando su labor de control fronterizo,  no dejaban pasar a nadie. Según defendía, esa actuación  tenía sentido porque estas personas, insistía, pueden pedir asilo en Marruecos.

Pero esto no es exactamente verdad, porque Marruecos no tiene un sistema efectivo para otorgar asilo y existe mucha documentación sobre el trato que reciben las personas de origen subsahariano en este país.

Con esto España está muy feliz. Esto también tiene que ver con esa política de no trasladar a los solicitantes de asilo, un hecho conocido y que se comunica entre las redes de migrantes. Este hecho disuade a la gente de entrar en Ceuta. Es parte de la lógica de esta política, limitar el número de solicitantes de asilo que llegan a España.

Usted, que ha documentado la situación de los centros de diferentes países europeos, ¿qué puntos en común y diferencias percibe con respecto a los CETI de Ceuta y Melilla y los existentes en otras zonas fronterizas?

Todas las dinámicas de Ceuta y Melilla tienen mucho en común con otras ciudades fronterizas de países europeos como Hungría, Serbia, Macedonia y Grecia: la militarización de las fronteras o esa actitud difusa de la supuesta “defensa de Europa contra la invasión”. Se respira ese ambiente. Las políticas españolas en la frontera sur han servido bastante como modelo para las políticas impuestas en otras fronteras exteriores de la UE en los últimos años: las vallas, las devoluciones en caliente, la militarización de la frontera, los acuerdos bilaterales...

¿Se ha encontrado con algún obstáculo a la hora de realizar su labor de investigación en Ceuta y Melilla?

No me dieron permiso para entrar al CETI de Melilla, mientras que para el de Ceuta sí. El mayor problema fue que nunca tuve una respuesta formal por escrito pero, a pesar de numerosas llamadas y correos electrónicos, no me permitieron el acceso. 

En el último momento logré hablar con el director del centro que me informo de que estaba fuera de Melilla y por eso, dijo, no se me concedía el permiso de entrar al centro. Es una oportunidad perdida tanto para mí como para ellos porque la transparencia es fundamental en estos casos. 

El Gobierno ha reconocido por escrito, por primera vez, que la joven ciudadana española Maloma Morales se encuentra retenida ilegalmente en los campamentos de refugiados controlados por el Frente Polisario. La Presidencia del Gobierno le ha transmitido a la familia de Maloma que “desde que el 12 de diciembre de 2015 la Señorita (sic) Morales no pudo regresar a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trabaja activamente para ejercer la asistencia y la protección consular a la que, como ciudadana española, tiene derecho”.

Es decir, en su escrito, el gabinete de Mariano Rajoy no sólo reconoce que Maloma se ha visto retenida contra su voluntad, sino que ha activado un dispositivo diplomático para asistirla, como le corresponde a cualquier ciudadano español que vea conculcado sus derechos o tenga cualquier tipo de problema grave en el extranjero.

Asimismo, la Presidencia del Gobierno reconoce que tanto la dirección general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios (dirigida por Cristóbal Valdés), como el Consulado de España en Argel (cuyo cónsul es Cristian Font) y “otras autoridades”, han mantenido “contactos regulares con la interesada”.

El anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya comparó hace un año la situación de Maloma con la de los corresponsales de guerra españoles secuestrados en Siria (Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre).

Recogida de firmas para presionar al Frente Polisario

El Gobierno le ha remitido esta carta, tanto a la coordinadora de las familias de acogida de mujeres secuestradas en el Sáhara, como a las familias adoptiva de Maloma Morales y de acogida de Darya Embarek, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad.

La carta, fechada el 19 de abril, responde a la entrega de más de 4.000 firmas que solicitaban “la suspensión de todas las ayudas de carácter no humanitario, así como el apoyo institucional y político, al Frente Polisario y al movimiento solidario de Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui hasta que sean puestas en libertad la española Maloma Morales de Matos y las otras 49 mujeres de origen saharaui residentes en España retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia)”.

Las otras mujeres cuentan con permiso de residencia en España (en el caso de Koria se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Valenciana en el momento de su secuestro), pero el Gobierno asegura que, al no tener la nacionalidad española o no estar adoptadas por familias españolas (como en el caso de Maloma), “nos impide ejercer la protección consular y reduce la fuerza de nuestros argumentos”.

El gabinete de Rajoy confía en que su situación se solucione “con urgencia y se respete su libertad de decisión” de volver a España, como han manifestado en innumerables ocasiones tanto a familias, autoridades, y a organizaciones no gubernamentales.

Se mantienen los programas de ayuda

Aunque la recogida apela específicamente “a la suspensión de las ayudas de carácter no humanitario”, el Gobierno soslaya la petición, asegurando que mantendrán “los programas de ayuda humanitaria a los refugiados” saharauis, algo que no se había solicitado. La Diputación de Valencia ya presionó de esa manera al gobierno saharaui, cuando otra ciudadana española de origen saharaui, Mayuba Mohamed, estuvo tres meses secuestrada por su familia biológica hasta octubre de 2014. Dos semanas después, Mayuba estaba de vuelta en España. “Por desgracia, para que (el Frente Polisario) actúe, les tienen que retirar las ayudas. De allí no se escapa nadie”, señala Batiste Llopis, padre de acogida de Mayuba, a este diario. El Gobierno español apela a los “vínculos afectivos e históricamente irrenunciables con el pueblo saharaui” para no dar una respuesta positiva a la petición popular.

En el escrito que acompaña la recogida de firmas, las familias de mujeres secuestradas subrayan que Maloma Morales, al igual que el resto de mujeres retenidas, se encuentra privada de libertad por la fuerza, privada del reconocimiento de su identidad jurídica (al no reconocerse su identidad jurídica), se encuentra sometida a trato cruel y degradante y está privada de su derecho a circular libremente, así como de su libertad de expresión y de religión.

Además, Maloma Morales, según denunció su familia española de adopción, fue forzada el pasado mes de marzo a casarse en matrimonio de conveniencia. Ellos recuerdan que “Maloma no es libre” y que, por tanto, no pueden creer que acepte “este matrimonio por voluntad propia”.

Este diario no ha obtenido respuesta de las autoridades saharauis acerca de su posición sobre el caso. Hasta la fecha, han mantenido que se trata de “una guerra entre dos familias” y no de un delito (penado en España con hasta siete años de prisión) y una violación de derechos humanos.

Preocupación por el deterioro de los derechos humanos

Human Rights Watch (HRW) ha mostrado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Argelia, país donde se encuentran los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Lo hizo a principios de abril, de cara al Examen Periódico Universal de Argelia (mecanismo del que se vale la ONU para mejorar los derechos humanos de una cuarentena de países). HRW alude, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, “a la situación de las mujeres saharauis en Tinduf”.

“Una serie de familias en los campos de refugiados saharauis en Argelia impiden que mujeres adultas que quieren abandonar los campos, puedan hacerlo. A pesar de que ha prometido que resolvería los casos, el Frente Polisario se ha mostrado incapaz de garantizarle a estas mujeres la libertad de regresar a España, donde residen legalmente”.

La única vez que la joven de Mairena del Aljarafae ha tenido la ocasión de expresarse con libertad durante este año y medio, Maloma manifestó su deseo de regresar a España. Así lo ha hecho en más de una ocasión cuando ha hablado telefónicamente con su familia y amigos de España. Human Rights Watch no es la única organización que ha denunciado la situación de estas mujeres con residencia en España. El año pasado, Naciones Unidas incluyó su caso en un informe sobre violación de derechos humanos en el Sáhara y su ex secretario general, Ban Ki-Moon, interrogó personalmente al fallecido presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, por las mujeres retenidas.

Asimismo, la semana pasada, la familia de acogida de otro ciudadano español, Azman Mohamed, también vecino de la provincia de Sevilla, denunció que se encontraba retenido contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de Tinduf. La carta del Gobierno no hace mención a su caso.

Ni la cultura ni las tradiciones están por encima de los derechos humanos. Así lo recuerda la organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en el aniversario del secuestro en el Sáhara de la ciudadana española Maloma Morales.

“Ha pasado un año desde que una joven decidió visitar durante una semana a su familia en un campamento para refugiados saharauis en Argelia y, desde entonces, según reportes, no la han dejado regresar a España”, indica la ONG en un comunicado al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.

Maloma Morales de Matos, nacida Maaluma Takya Hamda como recuerda HRW, es una ciudadana española de origen saharaui. Tras pasar una década acogida en una familia española de Mairena del Aljarafe (Sevilla), decidió que quería ser adoptada por ésta cuando cumplió la mayoría de edad. Cuando obtuvo la nacionalidad y el pasaporte español, Morales viajó a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) con su padre adoptivo, José, para visitar a su familia biológica. El último día de la visita, su familia la introdujo a golpes en un coche y la secuestró, según el testimonio de su padre adoptivo.

Según señala Human Rights Watch, la familia biológica de Maloma “asegura que ella desea quedarse con ellos en el campamento. Sin embargo, Morales no ha podido llegar a una zona neutral para manifestar allí libremente su preferencia”.

La autoridad gubernamental que gobierna los campamentos de refugiados es el Frente Polisario. La organización carga con dureza contra ellos porque, aunque “ha asegurado reiteradamente que está trabajando para resolver el problema, ”hasta ahora no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse“.

La “incapacidad” del Frente Polisario

A lo largo de este año, los dirigente saharauis han insistido en que se trata de un asunto “puntual, entre dos familias” o “una guerra entre dos familias”, tratando así de limitar su responsabilidad en este caso o los de Koria, Darya y Nadjiba, a cuya liberación el Congreso de los Diputados español acaba de dar su primer respaldo.

La organización afincada en Nueva York critica la “incapacidad que ha demostrado (el Frente Polisario) para poner fin a situaciones similares que han vivido, por lo menos, otras dos mujeres saharauis con residencia legal en España y cuyas familias en los campamentos de refugiados se han negado, durante casi tres años, a dejarlas salir. Se trata de Darya Embarek Selma, de 27 años, y Nadjiba Mohamed Belkacem, de 25. Cada una confirmó recientemente a Human Rights Watch su deseo de regresar inmediatamente a España”.

La ONG recuerda que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, abordó este año el tema de las retenciones ilegales de estas mujeres con el fallecido secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz y que su sucesor, Brahim Ghali, imputado por genocidio por la Audiencia Nacional, habló hace más de dos años con HRW sobre otra mujer secuestrada cuando éste era embajador en Argelia.

“Ghali expresó que si bien el objetivo es que la mujer pueda tomar la decisión, la ”sociedad patriarcal“ saharaui con sus ”tradiciones“, ”cultura“ y ”lazos familiares complejos“ hacen necesario abordar la situación con extremo cuidado”, señalan.

Sarah Leah Whitson, responsable de Oriente Medio en la organización, concluye que “las tradiciones y la cultura merecen respeto, pero no cuando permiten que una familia retenga a un adulto contra su voluntad. La falta de acción efectiva del Polisario en estos casos pone en tela de juicio su proclamado compromiso con la igualdad de derechos de la mujer”.

El pasado 9 de diciembre, el Senado de Estados Unidos destapó la caja de los horrores. La cámara desclasificó un resumen sobre las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA a prisioneros durante la Administración Bush. El documento describía diferentes tipos de tortura, abusos mucho más brutales que los conocidos hasta el momento por la opinión pública. Un año después, Estados Unidos no ha iniciado una investigación penal de los malos tratos lo que puede sentar un precedente a que estas prácticas se repitan en el futuro, denuncia Human Rights Watch (HRW).

“Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política”, alerta la organización.

El informe 'No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture' ('No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA') presenta a las autoridades estadounidenses varias medidas que puede iniciar para perseguir penalmente a los responsables de estos abusos.

Entre las prácticas figuraban la privación del sueño, posturas estresantes, frío, el uso de perros, música estridente y el ahogamiento simulado. Una de las técnicas que más impactaron tras la revelación del informe fue la denominada “rehidratación rectal” (o “alimentación rectal”). En el caso del preso Majid Khan, un informe detalla que hicieron un puré con “humus, pasta con salsa, nueces y pasas” para inoculárselo en el recto. El informe cita un documento de la CIA que dice que el preso Mustafa al-Hawsawi sufrió después “hemorroides crónica y fisura anal”.

HRW considera que “sin investigaciones penales, el legado de Obama quedará manchado para siempre”, apuntó Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización. El informe detalla las obligaciones legales de EEUU de proporcionar “reparación a las víctimas de la tortura” y también sugerencias para que otros países emprendan también procesos penales sobre las torturas de la CIA.

Los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense, que asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos, no son admitidos por la ONG. “La investigación examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones 'autorizadas', en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia”, apunta.

Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EEUU ratificó en 1988, los estados están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. Este es uno de los casos, denuncia la ONG, porque el informe del Senado “pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura”.

Para llevar a cabo una investigación penal “creíble”, HRW considera necesario entrevistar a los exdetenidos, algo que apuntan no ocurrió en la de 2009. En su opinión, el Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen las entrevistas con todos los testigos pertinentes.

La prescripción de los delitos tampoco supone un problema: “La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un 'riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte', ni para ciertos cargos de abuso sexual”.

En el caso del preso Rul Rahman, detenido en Afganistán, las técnicas empleadas provocaron su muerte. En noviembre de 2002, un agente de la CIA ordenó que fuera “encadenado a la pared de su celda de forma que le obligaba a estar tumbado sobre el suelo de cemento”. El preso solo llevaba una prenda de ropa a pesar del frío porque no había colaborado en el interrogatorio. Al día siguiente, había muerto de hipotermia.

La falta de condena supone un peligro, teme el informe. “Si EEUU, con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth.