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“Un referéndum ilegal no justificaría la violación de los derechos humanos”

El experto de HRW en Barcelona

Emma Reverter

Kartik Raj es investigador de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) y se encuentra de misión en Catalunya para evaluar la veracidad de las denuncias de cientos de personas que afirman que resultaron heridas a causa de la actuación policial del 1-O.

HRW es una organización no gubernamental con sede en Nueva York que investiga violaciones de los derechos humanos. Aunque todavía no puede hablar de casos concretos, sí avanza que está en contacto con personas que afirman que fueron agredidas en Barcelona, Girona y algunos pueblos.

¿Cuál es el objetivo de su misión por el 1-O?

Determinar si se han producido violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos de a pie y hacerlo siguiendo la metodología de Human Rights Watch, una organización que no valora cuestiones políticas. Estoy aquí para verificar estas denuncias ahora que los hechos son todavía recientes.

Ha corrido la voz de que estoy aquí y recibo muchas llamadas diarias de personas que afirman que fueron víctimas de un uso de la fuerza desproporcionada por parte de la policía. Estoy hablando con posibles víctimas y recabando toda la información disponible. Tengo que hacer una investigación exhaustiva, hablar con las posibles víctimas y leer los partes médicos.

¿Con quién está hablando?

Con las posibles víctimas y sus abogados. También me he puesto en contacto con las autoridades locales, el gobierno catalán y el gobierno central, así como con el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo. Obviamente he visto muchos vídeos y fotografías de la jornada pero esto no es suficiente. Siempre hay que verificar la información que circula por las redes sociales ya que, como todos sabemos, mucha de ella no es fiable.

¿Qué ciudades visitará?

Estoy siguiendo casos en Barcelona, Girona y varios pueblos. Hoy he tenido una docena de entrevistas con posibles víctimas y mañana también.

Existe mucho debate en torno a si la cifra de atendidos por las cargas según el Govern, más de 800 personas, es cierta o se ha exagerado.

La cifra es relevante pero no lo más importante. En el fondo, lo realmente importante desde un punto de vista de los derechos humanos es si las autoridades y las fuerzas del orden público velaron por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos que se encontraban en la calle ese día.

También se ha dicho que no deberían haber estado allí, ya que el referéndum era ilegal.

Un referéndum ilegal no justificaría la violación de los derechos humanos. Al margen de la legalidad o ilegalidad del referéndum, una cuestión sobre la que Human Rights Watch no entra a opinar, las autoridades debían respetar los derechos humanos fundamentales contemplados por los tratados internacionales ratificados por España, como el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y la libertad de expresión.

El gobierno central ha afirmado que el uso de la fuerza fue proporcionado y que estaba justificado.

Si hablamos del uso de fuerza en el contexto de lo que pasó el domingo hemos visto varios ejemplos donde el uso de fuerza fue, a primera vista, desproporcionado y excesivo. Quiero ser claro: en un contexto en el que los policías se tienen que defender de agresiones contra ellos o terceros tienen el derecho a utilizar la fuerza. Sin embargo, el domingo los ciudadanos habían salido a la calle para expresarse pacíficamente. Al gobierno central le presentaremos ejemplos concretos de casos que estamos investigando para que nos aclare su posición.

¿Es adecuada una contestación tan contundente a las fuerzas de seguridad en este contexto de crispación?

Si el uso de la fuerza por parte de algunos policías ha sido desproporcionado, pasa a ser una simple cuestión de derechos humanos. Estos actos deberían ser investigados al margen de la ideología política o posicionamiento de todos los actores implicados.

Usted ya no habla de personas heridas sino de posibles víctimas.

Tenemos nuestra metodología y se deriva de los estándares internacionales y cuando hay una violación de los derechos humanos hay una víctima y un autor.

Si se demuestra que algunas personas fueron víctimas de un uso de la fuerza desproporcionada, ¿cuál es el siguiente paso?

En el campo de los derechos humanos, la reparación es un proceso complejo y en el que entran en juego, según el caso, muchos elementos distintos, como la indemnización, el esclarecimiento de los hechos, la garantía de no repetición, la posibilidad de llevar a los responsables ante la justicia o imponerles medidas disciplinarias, así como la posibilidad de impulsar acciones de reconciliación y pedir perdón.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha pedido a España que acepte sin demora una visita de uno de sus expertos y que se investiguen los hechos.

Un experto de la ONU puede ser parte de la solución pero España y Catalunya tienen sus propios mecanismos, como el Síndic de Greuges en Catalunya o el Defensor del Pueblo. Y obviamente para que una investigación produzca frutos deben cooperar las autoridades españolas y catalanas, así como las fuerzas del orden. De lo contrario, será difícil determinar qué ha pasado.

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