Muchos creían que nunca la verían pero, veinte años después de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla firmaran levantar un nuevo complejo judicial, la Ciudad de la Justicia es una realidad en Palmas Altas. Al menos, una realidad en parte, porque la mudanza de los órganos judiciales será progresiva hasta 2028 a partir de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil número 4, que este martes se ha de poner forzosamente en marcha al ser de nueva creación. Más de un centenar de órganos judiciales esperan su momento. A lo largo de noviembre se mudarán los otros tres mercantilles y los 13 contencioso-administrativos, y en junio los primeros de Primera Instancia. El “horizonte” es el año 2028, cuando se prevé culminar el proceso de traslado, pero sin “ciencia ficción” en cuanto a los plazos, que también dependen de los operadores jurídicos.

Así se ha pronunciado este lunes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que se ha interesado este lunes por los últimos retoques a las dependencias ya habilitadas de una macrosede judicial de siete edificios, adquirida a Abengoa hace un par de años y que albergará todos los órganos judiciales de Sevilla, y los nuevos que se creen, a partir de ahora. La mudanza será progresiva, pero el “hito” en su apertura le ha servido a la Junta para presumir de haberlo conseguido tras muchos años de intentos frustrados en otros emplazamientos y para “cubrir una necesidad que ha estado mucho tiempo encima de la mesa”, según lo comentado por Nieto en una visita a medios de comunicación organizada por la Consejería.

El calendario de traslado previsto por la Junta de Andalucía volvió recientemente a retrasarse de nuevo porque los jueces, fiscales y abogados de Sevilla, verdaderos usuarios de la sede judicial de Palmas Altas, solicitaron una mudanza progresiva. Primero iba a ser en agosto y luego se aplazó hasta este 'puente' de Todos los Santos, pero la administración autonómica, competente en las infraestructuras judiciales, ha tenido que renegociar incluso el contrato con la empresa de mudanzas para ajustarlo a los nuevos plazos, según el propio consejero.

¿Cómo es la nueva sede?

Así las cosas, el traslado a Palmas Altas de los primeros 17 juzgados (trece de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil, las jurisdicciones con menos presión de asuntos) se desarrollará al completo durante el mes de noviembre. Ya en 2024 está prevista la mudanza al Edificio D de los primeros órganos de Primera Instancia, pero hasta dentro de cinco años no está previsto que terminen las mudanzas a un complejo que “se irá definiendo” en cuanto a su concreta distribución de acuerdo a las primeras experiencias y los señalamientos de juicios, siempre y cuando se desarrolle con éxito el “diálogo” con los operadores jurídicos, principalmente los jueces, ha expuesto Nieto.

El consejero, quien ha calificado de “odisea” hablar de plazos muy concretos porque “los jueces nos van cambiando los plazos” en ese sentido, se ha mostrado en todo caso compresivo con aquellas “resistencias y dudas” ante un “cambio radical” como el previsto para la Justicia sevillana, esperando que “todos se darán cuenta del salto que damos al pasar de una Justicia del siglo XX a una del XXI”. Recordemos que Sevilla tienes sus edificios judiciales cercanos entre sí pero dispersos entre las viejas instalaciones del Prado de San Sebastián, la avenida de la Buhaira (Edificio Noga) y el Edificio Viapol.

Espacios diáfanos para el funcionariado judicial, nuevos despachos para los magistrados, salas de vistas para los juicios y salas de espera para testigos son algunas de las características de los edificios de cuatro plantas que se irán poniendo en marcha tras la obras de adaptación y reforma de las oficinas que fueran de Abengoa. Con la amplitud del lugar, de este primer Edificio A que este martes entrará en uso, y del resto de sedes, con similares características, se prevé hacer frente al crecimiento de la planta judicial en los próximos años. “En cualquier otro emplazamiento, la Ciudad de la Justicia hubiera nacido pequeña”, ha defendido Nieto, quien ha insistido en “ir viendo qué nos pide la sede” para ir consolidando los traslados por jurisdicciones e “ir viendo necesidades”. Aún falta por licitar el octavo edificio, que albergaría los órganos y secciones de la Audiencia Provincial del ámbito penal.

“Podríamos haber metido ahora más juzgados, pero eso no hubiera respondido a la calidad que queremos dar a la principal sede judicial de Andalucía”, ha explicado Nieto. “Hoy estamos 'tocando' el Juzgado de lo Mercantil número 4 después de muchas maquetas y alguna que otra primera piedra”, ha dicho el consejero defendiendo la apertura de la Ciudad de la Justicia tras los frustados intentos por parte del anterior gobierno socialista en la Junta.

Nueva línea de autobuses y protestas sindicales

Representantes de los sindicatos UGT, CSIF y SIJEA han dado la 'bienvenida' al consejero a su llegada a Palmas Altas, protestando por la “incomunicación” de la macrosede judicial. “Es una necesidad para Sevilla ir poniendo esta sede en marcha”, les ha dicho al acercarse a la entrada. Después, ante la prensa, ha agradecido la “voluntad explícita” del Ayuntamiento de Sevilla que, a través de Tussam, ha puesto en servicio este mismo lunes una nueva línea que conectará el Prado de San Sebastián con la Ciudad de la Justicia. Nieto confía en que el Metro llegue también a la Ciudad de la Justicia, tal y como prevé la Junta en los próximos años, en que las comunicaciones y conexiones sean totales cuando la macrosede funcione a pleno rendimiento y hacia la que la movilidad no suponga un problema.

Nieto ha defendido que “no estamos en mitad de la nada”, prueba de ello es la ubicación del centro comercial Lagoh, inaugurado en 2019 y al que las familias acuden a diario, de acuerdo a sus argumentos. El consejero no entiende “esos planteamientos” de falta de accesibilidad porque “cuando se mejora, uno tiene que adaptarse”, poniendo como ejemplo cuando a un empleado de una entidad privada se le dice que la empresa cambia físicamente de sede. Nieto ha anunciado que la Junta está “estudiando” la posibilidad de poner en marcha otras lanzaderas desde estaciones de autobuses procedentes de otros puntos de la provincia.

De momento, la Línea CJ de autobuses tiene una longitud total de 16 kilómetros, ocho por sentido, y prestará servicio de 7.00 a 23.30 horas con un modelo de lanzadera con objeto de proporcionar “la mayor rapidez posible” a los desplazamientos, que tendrán un tiempo de viaje, entre cabeceras, de entre 20 y 25 minutos. Su frecuencia de paso será de 15 minutos en horario de mañana y 20 minutos en horario de tarde, según detalla el Consistorio en una nota de prensa. Este servicio tendrá su cabecera en la Avenida del Cid, circulando posteriormente por Avenida de María Luisa, Paseo de las Delicias, donde dispondrá de parada en ambos sentidos, Avenida de la Palmera, Avenida de Jerez, Avenida de Alemania, Avenida de Dinamarca, CC Lagoh (con parada), finalizando en la Ciudad de la Justicia donde establecerá su cabecera en su entrada principal.

El décimo consejero

Un poco de historia respecto a la Ciudad de la Justicia de Sevilla. No fue hasta el 27 de diciembre de 2021 cuando la Junta de Andalucía formalizó la compra del complejo de Palmas Altas y de dos parcelas anexas para ubicar definitivamente el complejo judicial por un importe de 70,6 millones de euros. Fue el entonces consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. Su sucesor a cargo de las competencias judiciales, José Antonio Nieto, es el consejero definitivo que le da la botón para la puesta en marcha del nuevo complejo judicial. Pero nueve antes que él se propusieron lo mismo, manteniendo la promesa de unas instalaciones judiciales dignas, demandadas por todo el sector desde hace muchos años pero sin sin grandes avances hasta la compra de Palmas Altas aprovechando la salida de la multinacional Abengoa.

Carmen Hermosín (2000-2004), María José López (2004-2008), Evangelina Naranjo (2008-2009), Begoña Álvarez (2009-2010), Luis Pizarro (2010-2011), Francisco Menacho (2011-2012), Emilio de Llera (2012-2017), Rosa Aguilar (2017-2019), Juan Marín (2019-2022) y José Antonio Nieto (2022-) tuvieron que hacer frente a la pretendida Ciudad de la Justicia, cada cual a su manera. Después del primer intento serio de Carmen Hermosín, al firmar el 8 de octubre de 2003 con el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín un protocolo para construirla en Los Gordales y de la propuesta de María José López de llevar el macroproyecto a la zona del Puerto de Sevilla ante las dificultades para recepcionar los terrenos de por parte del Estado, Evangelina Naranjo tuvo la 'suerte' de poder inaugurar en abril de 2009 el balsámico edificio Noga, que ha servido para albergar los juzgados de lo Penal. Se le llamó también 'edificio puente' con la optimista esperanza de que pronto llegara la Ciudad de la Justicia, que ha tardado otros 14 años en empezar a convertirse en realidad.

Álvarez, Pizarro y Menacho apenas tuvieron tiempo, con poco más de un año en el cargo cada uno, de meterle mano al eterno proyecto. Emilio de Llera estuvo cinco años en el cargo sin avances visibles (de “ciencia ficción” lo llegó a calificar), y posteriormente Rosa Aguilar, con similares resultados. Los presupuestos autonómicos fueron contemplando partidas destinadas a impulsar los trabajos previos relativos a la parcela de Los Gordales, emplazamiento por el que principalmente apostó la Junta, si bien el proyecto también se llegó a 'mudar', además de a la zona portuaria del Muelle del Batán, al entorno del Prado, al cuartel de Alfonso XII, a Bellavista, a La Cartuja o a Palmas Altas, lugar definitivamente elegido, con instalaciones ya construidas.

Las dificultades económicas están detrás de esos retrasos. Al margen de la finaciación autofinanciada, utilizada por ejemplo para estas obras de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, una de las soluciones a la imposibilidad presupuestaria para otras sedes judiciales de Andalucía es establecer convenios o protocolos con ayuntamientos “solventes” económicamente, de partidos judiciales no excesivamente grandes, para que se encarguen de construir nuevos edificios a fin de que, a futuro, alberguen los órganos y servicios judiciales, de lo cual ya se encargaría la Consejería de Justicia.

A la una, a las dos... ¡a las tres! Vendido por 2.200 euros. Una subasta extrajudicial ha puesto punto y final al fracaso de una iniciativa pública y millonaria. Tanto el edificio que estaba llamado a convertirse en un “referente en el I+D de la tecnología solar” y en “paradigma” de la innovación en ese ámbito en Andalucía, así como las 53 parcelas industriales sin edificar junto a él en el Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor (Soland), a unos kilómetros de Sevilla capital, van a ser adjudicadas por esa ridícula cantidad en cuanto el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla asuma la operación desarrollada por la administración concursal, siguiendo el plan de liquidación previsto para la sociedad mercantil del sector público andaluz, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Las parcelas están libres de cargas y el nuevo propietario no asume ninguna deuda, solo la correspondiente al IBI.

Desvalijado desde hace meses, el edificio Soland Center, que abría sus puertas en julio de 2013 con todos los pormenores de una inauguración entre autoridades y empresarios, ve ahora cómo diez años después ha necesitado incluso de un plazo de ampliación de un mes en la subasta extrajudicial a la que se ha visto sometido para que hubiera siquiera una puja tras el concurso de la sociedad, en proceso de liquidación. Finalmente, la parcela en la que se ubicó será adjudicado por una cantidad de 200 euros, más que lejana a la del coste de su construcción, cifrado en 3,2 millones de euros.

La cuestión es que ninguna persona física o jurídica, hasta última instancia, ha querido hacerse ni con el inmueble ni con los terrenos, que en su día parecían acoger un ambicioso proyecto innovador y con el respaldo de un importante capital público, compartido por la Junta y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en torno a los 20 millones de euros. En 2010, según datos del Observatorio Municipal de Sanlúcar, se había constituido la sociedad anónima de carácter urbanístico para la ejecución del parque, con una aportación de 16,2 millones de dinero público: un 60% de la Junta y un 40% del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en especie mediante terrenos integrados en el patrimonio municipal del suelo. Una superficie total de 300.000 m2, de los cuales 152.439,78 m2 es superficie neta y el resto superficie de cesiones.

Por un lado, va a ser adjudicada la parcela edificada, con una superficie de 2.004,76 m2, donde se llegó a ubicar el citado Soland Center. Una parcela resultante del proyecto de reparcelación del plan parcial del Parque de Innovación Empresarial, valorada en 500.000 euros pero cuya puja máxima ha sido de 200 euros. Por otro lado, las citadas 53 parcelas sin edificar que conformaban la mayor parte del parque empresarial se adjudicarán por 2.000 euros. A petición de la administración concursal, la subasta se amplió por 30 días naturales, dándose por terminada el pasado 23 de marzo en ambos lotes de activos.

Cifra de negocio: 0 euros

Las cantidades por las que se ha vendido toda esa zona contrastan con las que manejaba la Junta allá por 2011: “El Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor, Soland, nace como acuerdo del Consejo de Gobierno el 1 de julio de 2008, fecha en la que se aprobó su inclusión dentro del Programa de Suelos Productivos de Andalucía (PROSPA), destinando a su consecución una inversión de 21,1 millones de euros”, auguraba por aquel tiempo la entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

El capital social de la sociedad Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor era “íntegramente público”, como se ha dicho, con una participación indirecta pero mayoritaria por parte de la Junta, al estar participada en un 60% por SOPREA SA, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), siendo su otro socio el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, cuya participación era del 40% restante. Según se recordaba todavía en la memoria del presupuesto andaluz para 2021, la Junta aún confiaba en “continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque” y en “finalizar las infraestructuras en torno al edificio Soland Center y a la Urbanización del Parque”, señalando que “se siguen manteniendo conversaciones con otros posibles inversores”.

En ese dibujo presupuestario para 2021 se aludía a que, por la Covid-19, “los proyectos de inversión están a la espera de que la situación económica del país se estabilice”, por lo que “por el criterio de prudencia no se ha contemplado ningún tipo de ingresos derivados por el arrendamiento del edificio ni de las parcelas disponibles”. Ya se detallaba entonces que tanto el importe neto de la cifra de negocio como los ingresos financieros eran de “0 euros”, mientras que las cancelaciones de deuda ascendían a 409.500 euros.

“Recuperar lo que se pueda”

En julio de 2021, las auditorías sobre el sector público encargadas por la Junta desvelaron que el Parque se encontraba sin actividad, endeudado y en una situación de profundo deterioro, lo que abocó en noviembre de 2021 a que la sociedad entrara en preconcurso de acreedores. La solicitud del concurso se presentó el 25 de marzo de 2022, hace ahora un año, con el nombramiento del administrador concursal. En estos momentos, el Parque continúa en ese proceso de liquidación judicial, pendiente de que la autoridad concursal liquide definitivamente los activos y “de ahí recuperar lo que se pueda de lo que la Junta puso a través de IDEA”, comentan fuentes de la Junta. Asimismo, la sociedad está personada como perjudicada en el procedimiento que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor por vandalismo.

El Soland Center fue inaugurado el 8 de julio de 2013 por el entonces presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán como un edificio de innovación y servicios avanzados y albergaría, entre otras instalaciones, uno de los centros de I+D de Abengoa para el desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas en un lugar que reunía “todos los requisitos para convertirse en una referencia en el ámbito de las energías renovables”, como hasta hace poco rezaba su web, eliminada hace apenas unas semanas. Lo que queda ahora de él, como ya se informó, es un amasijo de hierros de casi mil metros cuadrados que ha ido siendo desvalijado poco a poco después de que las primeras denuncias por robos y vandalismo se presentaran en 2020.

Historia de unas parcelas

Aunque Abengoa desde 2015 no continuó con sus operaciones en el Soland Center, el entonces presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, dio su bendición al proyecto, que se abrió con la previsión de contar con un centenar de científicos e ingenieros. Su puesta en marcha necesitó de una inversión de 3,2 millones entre incentivos directos y el apoyo financiero de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través del Fondo de Generación de Espacios Productivos y de la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa 2007-2013, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos ambos gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

La historia de estas parcelas viene de muy atrás. A finales de 2004, la entonces Consejería de Obras Pública dio su visto bueno a la recalificación del parque tecnológico. Cuatro años más tarde, en virtud del Programa de Suelos Productivos de Andalucía 2008-2013, se convirtieron 30 hectáreas de una de las parcelas en suelo urbanizable sectorizado. Ahí se levantaría el Soland Center, hoy desvalijado. En 2010, según recuerda el Observatorio Municipal de Sanlúcar, se constituyó la sociedad anónima de carácter urbanístico para la ejecución del parque con una aportación de 16,2 millones (un 60% de la Junta y un 40% del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor mediante terrenos integrados en el patrimonio municipal).

Después de la constitución de la Fundación Soland como agente tecnológico del parque, en 2014 se proyectó la promoción y captación de cinco empresas y nuevas infraestructuras para nuevos centros en 5.960 m2 más. En agosto de 2015, Soland se convirtió en Soland Green Innovation. “La realidad es que no ha llegado ninguna empresa, por muchos intentos que se han hecho”, denuncian desde el Observatorio Municipal de Sanlúcar. En aquel año se agudizó la crisis de Abengoa, lo que incidió directamente en el desarrollo del Parque, apuntan también fuentes de la Junta de Andalucía.

De ferias en 2016

En 2016 hubo una intensa actividad para promocionar y promover el parque de Sanlúcar, recuerda el Observatorio, también con el objetivo de captar empresas del sector energético y ambiental. Incluso se firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla “para la creación de un ecosistema de innovación relacionado con energías renovables y el medio ambiente en torno a Soland”. También participó en el Foro de Ciudades inteligentes, en Málaga, ofreciendo “150.000 metros cuadrados a disposición de aquellas empresas enmarcadas dentro del sector ‘verde’ (energías renovables, eficiencia energética, fomento ambiental, etc.) que deseen instalar allí su modelo de negocio”.

En 2020, la sociedad Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor le comunicó al entonces alcalde de la localidad sevillana, Eustaquio Castaño, que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tenía que aportar 540.000 euros en proporción a su participación en el capital social de la sociedad (esto es, un 40%) para hacer frente a la liquidez y tesorería. El regidor solicitó informes a la asesoría jurídica municipal, desde donde se conminó a realizar un estudio y análisis pormenorizado de los estatutos y toda la documentación del Parque para emitir un informe jurídico. Paralelamente, la sociedad denunció ante la Guardia Civil sendos delitos de robo con fuerza en el edificio Soland Center, y en 2022 fue el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, como parte de la sociedad, quien hizo una denuncia por robos y saqueos en el mencionado edificio.

La Fundación Soland, ya en mayo de 2021, pidió al Ayuntamiento que nombrara patrono al representante de la corporación para la liquidación de la misma. En sesión del patronato en marzo de 2022, se aprobó la adjudicación del remanente resultante de la liquidación de la Fundación Soland en un importe de 196.159,21 euros  a favor de la sociedad Parque y que, a su vez, se procediera a la liquidación y a la baja de la fundación, publicada en BOJA en mayo del año pasado.

La compañía española Cox Energy, a la que la sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil número 3 de Sevilla ha adjudicado a los activos y pasivos de las sociedades de Abengoa en concurso, no optará a quedarse la obra 'San Pedro penitente de los Venerables', de Bartolomé Esteban Murillo, al estar en un proceso paralelo de subasta.

Según han concretado fuentes judiciales consultadas por elDiario.es Andalucia, el cuadro es propiedad de Abengoa SA, mientras que el auto que se ha conocido este martes tiene que ver con resto de las concursadas de las unidades de negocio, descartando otras ofertas, como las de Urbas o la portuguesa RCP.

En un auto con fecha de este martes, el juez valora el compromiso y disposición de Cox Energy, al aportar liquidez en el transcurso del proceso para la adjudicación de los activos en concurso, así como que no pone condiciones a los créditos intragrupo, y afirma que su oferta “es la más favorable al interés de los concursos”.

A la espera de terminar la subasta

Por ahora, se desconoce cuál será el destino final del cuadro, después de que la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla (FOCUS) presentase el pasado 27 de febrero la única oferta para adquirirlo, tras salir a subasta por la liquidación de los bienes de Abengoa.

La oferta de FOCUS, de 2,5 millones de euros, fue la única que se presentó al concurso, cuyo plazo de recepción de candidaturas a quedarse con la obra terminó a las 14:00 horas del 24 de febrero, y desde entonces está siendo estudiada para valorar la puesta en marcha de la segunda fase del concurso.

El cuadro salió a subasta con la premisa de que está declarado como bien de interés cultural (BIC), por lo que no puede salir del territorio español, y se trata de una obra que representa al apóstol San Pedro como primer sacerdote de la iglesia, justo en el templo del hospital de los Venerables, dedicado al cuidado de los sacerdotes ancianos, “los venerables casi santos”.

La vuelta a Sevilla tras dar vueltas por Europa

Pintado hacia 1675 por encargo del canónigo Justino de Neve, este óleo sobre lienzo permaneció en Sevilla hasta el año 1810, cuando fue expoliado durante la invasión napoleónica, aunque regresó a España en 2014 casi por casualidad, ya que fue localizado en un castillo escocés propiedad de una familia iraní.

Con la decisión del juzgado que se ha conocido este lunes se pone fin a un proceso que comenzó cuando el Fondo de Solvencia, que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), descartó conceder a Abengoa la ayuda que solicitó, con lo que la matriz, Abengoa SA, pasó a liquidación, mientras que una treintena de sociedades se ponían a concurso en el que otras compañías podían presentar ofertas por ellas o por el conjunto.

La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por la multinacional Abengoa ha resuelto transmitir a Cox Energy “la unidad productiva comprensiva de los activos y pasivos de las sociedades concursadas”, merced a la oferta presentada por la firma y su posterior mejora.

Así consta en un auto de dicha instancia difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La oferta de Cox Energy se compromete “al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva, cifrado en 9.505 los trabajadores”. También “asume litigios de las concursadas con el compromiso de abono del 50% de lo recuperado al concurso, 30% para los acreedores privilegiados y 20% para el concurso” y “el compromiso de pago de 50 millones de créditos masa de proyectos, concesiones, en ejecución”, según el auto al que tuvo acceso Europa Press.

Además el tribunal detalla que “económicamente, aporta ”tres millones de euros para la adquisición de la unidad productiva según lo expuesto; adicionalmente, dinero nuevo por hasta 15 millones, ya ha aportado 2,5 millones como financiación interina, y depositado 5,5 millones“.

Abengoa fue una ingeniería de referencia en el mundo con presencia en más de 70 países, propiedad de la familia Benjumea, que había resistido en la empresa generación y media. En 2015, con una deuda ya de 9.000 millones de euros, fueron expulsados los hijos del fundador a favor de un consejo de administración profesionalizado como exigía el estar en bolsa. La salida de los Benjumea marcó el fin de una era, pero no cesaron las convulsiones en una compañía que estaba ya tocada de muerte y que fue declarada en quiebra en febrero de 2022, acosada por los bancos, con el Santander a la cabeza, proveedores y auxiliares, sobre todo pymes.

“Comparativamente, se concluye que, no obstante las dudas por las circunstancias, considerando el compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez, teniendo en cuenta la actividad y empleo que se garantizan, la liquidez ofrecida se muestra como suficientemente fundada, sólida, creíble, y factible, el ser posible llevarla a cabo, para lo que parece tiene capacidad, no incluyendo condiciones, como son las de las otras respecto de los créditos intragrupo, que por sí no hagan posible la aprobación”, indica el auto.

“Conforme ello, comparativamente, se concluye es la más favorable al interés de los concursos, procediendo aprobarla”, añade el auto del juez. La oferta de Cox Energy se ha impuesto a la de la constructora Urbas y las de los fondos Terramar, RCP y Ultramar.

Concurso de acreedores

El pasado mes de noviembre, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla declaraba el “concurso conexo” respecto a 28 de las filiales de Abengoa, comenzando por Abenewco1, que reúne las principales líneas de actividad del grupo, e incluyendo a Abengoa Energía, Abengoa Agua, Abener, Instalaciones Inabensa, Abengoa Solar Internacional o diversas sociedades con la marca Abeinsa en su nominación.

También declaraba “el concurso sin mas.a” de las filiales Sociedad Inversora Líneas de Brasil SL, con un pasivo de 1,13 millones euros, y Zeroemissions Technologies, con un pasivo de 22,2 millones de euros, rechazando de otro lado declarar el concurso de Abengoa Water Naungua, porque “no tiene trabajadores, carece de actividad y no tiene sino un acreedor”.

El tribunal designaba además a Ernst & Young Abogados como administrador de estos concursos “voluntarios y conexos”, tratándose de la misma firma que ejercía tal papel en el caso del concurso de la entidad matriz.

Otras ofertas

Tras recibir las diferentes ofertas por estas filiales, el Tribunal Mercantil detalla en este auto, que la oferta alternativa global de Ultramar Energy “no fue objeto de mejora, destacando también la desvinculación de la empresa Siemens Energy, incluida en la oferta, como una de aquellas con cuyo apoyo contaba, y que pese al compromiso de aportar una cantidad como financiación interina no llegó a hacerlo”.

“Oferta que adolece de carencias y aspectos no justificados, también de falta de credibilidad, acrecentada por hechos como los apuntados de no prestación de la financiación interina comprometida”, señala.

En cuanto a las tres ofertas globales de RCP, mejoradas en la última de ellas, el Tribunal Mercantil detecta “carencias, falta de garantías, previsiones, justificación y objetividad, así como la necesidad de autorizaciones por razón del origen de los fondos, también la previsión de ejecución por medio de la constitución de una nueva sociedad, sin más concreción, además de los trámites que exige conforme la evaluación realizada”.

Respecto a la oferta de Nox Engineering/Terramar, el tribunal precisa que “en este caso la oferta no se presentó sino en uno de los concursos, el de la mercantil Abenewco 1”, principal entidad del grupo, toda vez que el tribunal determina que “adolece de falta de justificación de las negociaciones con acreedores financieros para el mantenimiento y ampliación de los avales, no explica lo previsto respecto de los acreedores financieros prestadores de las garantías de proyectos en ejecución, y que es necesaria para el mantenimiento de la actividad”, sin concretar “tampoco la capacidad de obtener nuevos avales”, con lo que “no se puede entender como la más beneficiosa”.

En cuanto a la propuesta de la española Urbas, el tribunal explica que “no obstante el plan de negocio acompañado, calificado positivamente por la administración concursal, como completo y bien elaborado, la solución dada a los avales necesarios para la actividad no resulta justificada, en tanto cuenta con aquellos que tiene concedidos para su actividad, respecto de los que señala la disponibilidad por 200 millones, lo que no justifica tampoco que, no obstante, haberle sido concedidos para su actividad inmobiliaria pueda usarlos para otra diferente”.

El tribunal ve además “elementos que privan a la oferta de la necesaria solidez, credibilidad, afectando la perspectiva de poder ser llevado a cabo, cuando menos sin un apoyo financiero por parte de las entidades con las que siquiera consta hubiera iniciado las conversaciones”.

El inmueble inaugurado en julio de 2013 por el entonces presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán como un “paradigma” y como “referente en el I+D de la tecnología solar” acaba de salir a subasta en un portal online especializado en liquidación de activos concursales, así como 53 parcelas del Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. El Soland Center nació como un edificio de innovación y servicios avanzados y, albergaría entre otras instalaciones, uno de los centros de I+D de Abengoa para el desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas. Lo que queda ahora de él es un amasijo de hierros de casi mil metros cuadrados que ha ido siendo desvalijado poco a poco después de que las primeras denuncias por robos y vandalismo se presentaran en 2020.

La administración concursal del Parque designó como entidad especializada para la realización de todos los activos de su titularidad, a través de subasta extrajudicial, a Hermes Capital Europa, con el visto bueno del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla. Lo que iba a convertirse en un centro referente para Abengoa, muy cercano a su plataforma de Solúcar, ha quedado en nada diez años después. Aunque la compañía andaluza desde 2015 no continuó con sus operaciones en el Soland Center, el entonces presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, dio su bendición al proyecto, que se abrió con la previsión de contar con un centenar de científicos e ingenieros.

Su puesta en marcha necesitó de una inversión de 3,2 millones entre incentivos directos y el apoyo financiero de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través del Fondo de Generación de Espacios Productivos y de la Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa 2007-2013, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), instrumentos ambos gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Su valor ahora en el plan de liquidación es de 500.000 euros.

¿Qué pasó con este edificio ubicado en un nuevo parque de excelencia tecnológica que buscaba el desarrollo de empresas relacionadas con el medio ambiente y que reunía “todos los requisitos para convertirse en una referencia en el ámbito de las energías renovables” como aún reza su web? El asunto viene de mucho tiempo atrás. A finales de 2004, la entonces Consejería de Obras Pública dio su visto bueno a la recalificación del parque tecnológico. Cuatro años más tarde, en virtud del Programa de Suelos Productivos de Andalucía 2008-2013, se convirtieron 30 hectáreas de una de las parcelas en suelo urbanizable sectorizado. Ahí se levantaría el Soland Center, hoy desvalijado.

En 2010, según recuerda el Observatorio Municipal de Sanlúcar, se constituyó la sociedad anónima de carácter urbanístico para la ejecución del parque con una aportación de 16,2 millones (un 60% de la Junta y un 40% del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor mediante terrenos integrados en el patrimonio municipal). Después de la constitución de la Fundación Soland como agente tecnológico del parque, en 2014 se proyectó la promoción y captación de cinco empresas y nuevas infraestructuras para nuevos centros en 5.960 m2 más. En agosto de 2015, Soland se convirtió en Soland Green Innovation. “La realidad es que no ha llegado ninguna empresa, por muchos intentos que se han hecho”, denuncian desde el Observatorio Municipal de Sanlúcar. En aquel año se agudizó la crisis de Abengoa, lo que incidió directamente en el desarrollo del Parque, apuntan también fuentes de la Junta de Andalucía.

En 2016 hubo una intensa actividad para promocionar y promover el parque de Sanlúcar, recuerda el Observatorio, también con el objetivo de captar empresas del sector energético y ambiental. Incluso se firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla “para la creación de un ecosistema de innovación relacionado con energías renovables y el medio ambiente en torno a Soland”. También participó en el Foro de Ciudades inteligentes, en Málaga, ofreciendo “150.000 metros cuadrados a disposición de aquellas empresas enmarcadas dentro del sector ‘verde’ (energías renovables, eficiencia energética, fomento ambiental, etc.) que deseen instalar allí su modelo de negocio”.

En 2020, la sociedad Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor le comunicó al entonces alcalde de la localidad sevillana, Eustaquio Castaño, que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tenía que aportar 540.000 euros en proporción a su participación en el capital social de la sociedad, esto es, un 40% para hacer frente a la liquidez y tesorería. El regidor solicitó informes a la asesoría jurídica municipal, desde donde se conminó a realizar un estudio y análisis pormenorizado de los estatutos y toda la documentación del Parque para emitir un informe jurídico. Paralelamente, la sociedad denunció ante la Guardia Civil sendos delitos de robo con fuerza en el edificio Soland Center, y en 2022 fue el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, como parte de la sociedad, quien hizo una denuncia por robos y saqueos en el mencionado edificio.

La Fundación Soland, ya en mayo de 2021, pidió al Ayuntamiento que nombrara patrono al representante de la corporación para la liquidación de la misma. En sesión del patronato en marzo de 2022, se aprobó la adjudicación del remanente resultante de la liquidación de la Fundación Soland en un importe de 196.159,21 euros  a favor de la sociedad Parque y que, a su vez, se procediera a la liquidación y a la baja de la fundación, publicada en BOJA en mayo de este mismo año. La única edil del Grupo Independiente Sanluqueño, Consuelo Cantos, también ha preguntado por esa “deuda”, por la liquidación de la fundación o la participación de “los dos consejeros que le corresponden al ayuntamiento en el consejo de administración de la sociedad concursada” pero asegura que “no hay respuesta”.

El delegado de Hacienda de Sanlúcar, Manuel Macías, indica a este periódico que los fondos de la Fundación Soland “pasaron a la sociedad” pero que la liquidación de la misma, así como el fracaso del Parque, no ha supuesto “ningún coste” a las arcas municipales. “La inversión municipal fue en especies”, dice en relación a los terrenos aportados, que “posteriormente estaban ya devaluados, según determinó una auditoría” encargada desde el consistorio.

Antes, en julio de 2021, las auditorías sobre el sector público encargadas por la Junta también desvelaron que el Parque se encontraba sin actividad, endeudado y en una situación de profundo deterioro, lo que abocó en noviembre de 2021 a que la sociedad entrara en preconcurso de acreedores. La solicitud del concurso se presentó el 25 de marzo de 2022, con el nombramiento del administrador concursal. En estos momentos, el Parque continúa en ese proceso de liquidación judicial, pendiente de que la autoridad concursal liquide los activos y “de ahí recuperar lo que se pueda de lo que la Junta puso a través de IDEA”, comentan fuentes de la Junta. Asimismo, la sociedad está personada como perjudicada en el procedimiento que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor por vandalismo.

Más de 23 millones de euros, en concreto 23.245.000 euros. A esa cifra asciende el conjunto de activos que forman parte del patrimonio de la multinacional sevillana Abengoa, que está en liquidación y que cuenta entre sus bienes y derechos un cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, una residencia vacacional en Huelva y la concesión de un atraque en el puerto de Sotogrande (Cádiz). El cuadro en concreto es el San Pedro penitente, que se encuentra expuesto en el Centro Velázquez de la Fundación Focus en Sevilla y está valorado en ocho millones de euros.

Asimismo, entre los activos también destaca una residencia vacacional situada en La Antilla (Lepe, Huelva), destinada al uso vacacional de los empleados y que está valorada en 586.000 euros. Desde 2017 esta finca no se encuentra operativa y cuenta con un campo de fútbol, pistas de pádel y más de 60 habitaciones dobles para huéspedes repartidas en cinco plantas.

De igual manera, también cuenta entre su masa activa con la concesión de un punto de atraque en La Marina, del Puerto de Sotogrande, en Cádiz, valorada en 36.000 euros. Esta concesión no vence hasta 2057 y cuenta con una eslora de doce metros y una manga de cuatro metros.

El plan de liquidación presentado por la administración concursal, al que ha tenido acceso Europa Press, y aprobado con la inclusión de algunos matices por el juzgado de lo Mercantil de Sevilla, detalla todos los activos corrientes y no corrientes de la compañía hispalense. Así, el primer grupo está conformado por una serie de activos con un valor para liquidación de 5.597.000 euros y, del segundo, el total asciende a 17.648.000 euros.

Temor a que el Murillo salga de Sevilla

De todos estos activos, el que está generando más movimientos es el cuadro de Murillo. Cuando hace meses se conoció que podía salir a subasta, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, pidió a los gobiernos central y autonómico que garantizasen su continuidad en la ciudad. Para ello, la Junta de Andalucía inscribió como Bien de Interés Cultural (BIC) la obra para así reforzar su protección, ya que así se impide que pueda ser exportada. La compañía, por cierto, presentó un recurso en contra de este reconocimiento, ya que entiende que disminuye su valor de mercado. El Ministerio de Cultura, por su parte, se comprometió a pujar por la pieza si salía a subasta.

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla aprobó el plan de liquidación de Abengoa, aunque con matices a la propuesta original que presentaba la administración concursal a los que pedía atenerse. Además, daba tres meses para informar del estado de la liquidación “o antes si se hubiera producido a la enajenación de todos los bienes”.

Fase de liquidación

Este paso llegó después de que, en el pasado mes de julio, el juez abriese la fase de liquidación de la empresa y le ordenase presentar el plan de liquidación de bienes y derechos integrados en la masa activa, como se recoge en la legislación sobre concurso de acreedores.

El plan de liquidación, según exponía el auto del Juzgado de lo Mercantil, era “conveniente para los intereses del concurso”, aunque “deben hacerse algunas modificaciones”, que hacían referencia al activo objeto de las operaciones de liquidación, al sistema de liquidación, a las especialidades aplicables a las ofertas de adquisición de unidades productivas, al tratamiento de privilegios especiales, a las cargas y registros y finalmente en el apartado relativo a pagos.

Por último, el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha recibido cinco ofertas para la casi treintena de filiales que concentran los activos más importantes de Abengoa. Se trata de las ofertas de Urbas, Ultramar Energy, Grupo Cox, RCP y Sinclair y Terramar.

UGT ha informado este martes de que los comités de empresa de Abengoa Aguas, Abengoa Energía, Abenewco, Abengoa Innovación, Inabensa y Abengoa AOM, sociedades derivadas de Abengoa, han celebrado un encuentro con el fondo británico Sinclair, que junto a la portuguesa RCP ha pujado por la adquisición de las unidades productivas del Grupo Abenewco, que concentra los principales activos de la multinacional, en el marco del concurso de acreedores conexo que tramita la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla.

El secretario general de UGT-FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha explicado tras asistir al encuentro, que se trata de la segunda reunión con inversores que ofertan por adquirir las unidades productivas del Grupo Abenewco, pesando además las ofertas de Urbas y de Ultramar Energy.

Mantener “el 100% del empleo”

Entre los compromisos de RCP Sinclair, según recuerda UGT, figuran mantener la sede en Sevilla, mantenimiento “del 100% del empleo”, oferta por el perímetro global, aportación de 300 millones en avales, un crédito puente en dos vertientes, primero enero y febrero, y luego para los primeros seis meses; en relación con salarios y gastos corrientes, creación de una fundación y en el futuro sacar la nueva Abengoa en bolsa, ha destacado Manuel Ponce tras el encuentro.

El sindicato ha manifestado así su “satisfacción por las ofertas presentadas, puesto que todos los inversores han adquirido el compromiso de las reivindicaciones” de la plantilla. Del mismo modo, como recuerda Manuel Ponce, los comités de empresa habrán de pronunciarse ante el tribunal mercantil sobre su postura ante cada una de las ofertas.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que garanticen la adquisición de la obra 'San Pedro Penitente' de Murillo para que permanezca en Sevilla si sale a subasta dentro del proceso de liquidación de Abengoa.

Así, desde el Ayuntamiento han informado en un comunicado de que el primer edil va a remitir sendos escritos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en los que solicitará coordinación a ambas administraciones para que realicen los estudios necesarios con el objetivo de “ejercer el derecho de tanteo sobre esta obra para garantizar desde la titularidad pública su continuidad en la ciudad de Sevilla”.

Aprobado en pleno

En estos escritos, el alcalde va a recordar al consejero y al ministro que el pasado mes de abril de 2022 el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad una iniciativa que partió del gobierno de la ciudad para pedir al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que adoptaran todas las medidas necesarias para que la obra 'San Pedro Penitente' de Bartolomé Esteban Murillo, que se encuentra en el Hospital de los Venerables, no saliera de la ciudad de Sevilla debido a las consecuencias del plan de liquidación de Abengoa S.A., titular de este cuadro.

Tras la aprobación de esta iniciativa se dio un paso en la protección de esta obra de enorme valor patrimonial, cultural y social, con su declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía, decisión que ya condiciona su futuro, dado que se prohíbe su salida fuera del territorio español.

A subasta

En este sentido, el alcalde va a recordar a ambas administraciones que, sin embargo, sigue sin estar garantizada su permanencia en la ciudad de Sevilla, “donde debe continuar y seguir a disposición de toda la ciudadanía”. Para ello, considera “imprescindible” el compromiso del Ministerio de Cultura en coordinación con la Consejería de Cultura.

En los últimos días, se ha conocido la decisión judicial de que los bienes titularidad de Abengoa S.A., entre ellos la obra 'San Pedro Penitente' de los Venerables, tengan que salir a subasta, circunstancia que expone a la ciudad ante el riesgo de que pueda perder este cuadro tan vinculado a su historia y que se recuperó en 2016 tras su restauración en el Museo del Prado.

Nuevo paso en el largo proceso que vive la multinacional Abengoa. Este jueves, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por la compañía después de que prosperase el acuerdo de reestructuración acordado en agosto de 2020, ha declarado el concurso voluntario “conexo” respecto a 28 sociedades derivadas de Abengoa. Al tiempo, abre un plazo de 15 días para que la representación de las plantillas y los acreedores se pronuncien ante la “oferta vinculante” planteada por Urbas para la adquisición de los activos de mayor valor del grupo y para que la administración concursal presente un “informe de evaluación”.

En este auto emitido este mismo jueves y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), dicha instancia da cuenta de que una treintena de filiales de Abengoa habían solicitado la “declaración conexa de concurso”. Todo ello en un contexto en el que el pasado verano no prosperó la petición de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para captar 249 millones de euros a favor de Abenewco1, que concentra la mayor parte de la actividad y recursos del grupo. El mismo tribunal ratificó en julio la apertura de la fase de liquidación en el marco del concurso de acreedores de la entidad matriz.

En el seno del grupo de trabajo creado por las administraciones para intentar salvar la actividad de la empresa fue posible definir alrededor de 300 filiales de la multinacional susceptibles de ser recuperadas, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Antes de que el pasado 31 de octubre expirase la fase de preconcurso de acreedores con relación a dicha treintena de filiales de Abengoa, el grupo formalizaba la solicitud formal de concurso de voluntario de acreedores de las mismas, junto con una oferta vinculante presentada por la sociedad Urbas con “el compromiso de mantener el 100% del empleo”.

Ahora, en ese sentido, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado el “concurso conexo” respecto a 28 de estas filiales, comenzando por Abenewco1, que reúne las principales líneas de actividad del grupo; e incluyendo a Abengoa Energía, Abengoa Agua, Abener, Instalaciones Inabensa, Abengoa Solar Internacional o diversas sociedades con la marca Abeinsa en su nominación.

Misma administración concursal

El tribunal designa además a Ernst & Young Abogados como administrador de estos concursos “voluntarios y conexos”, tratándose de la misma firma que ejerce tal papel en el caso del concurso de la entidad matriz.

También declara “el concurso sin masa” de las filiales Sociedad Inversora Líneas de Brasil SL, con un pasivo de 1,13 millones euros; y Zeroemissions Technologies, con un pasivo de 22,2 millones de euros, rechazando de otro lado declarar el concurso de Abengoa Water Naungua, porque “no tiene trabajadores, carece de actividad y no tiene sino un acreedor”.

En cuanto a la “oferta vinculante” presentada por la sociedad española Urbas respecto al grupo, el tribunal abre un plazo de 15 días “para audiencia de los representantes de los trabajadores y que los acreedores personados puedan formular observaciones a la propuesta y cualquier interesado pueda presentar alternativa”; así como para que la administración concursal “presente informe de evaluación de la oferta presentada”.

También insta a Urbas, que ha mostrado su compromiso de mantener el 100 por ciento del empleo, que “señale de forma precisa, individualizando por sociedades, deudores, concursados, el perímetro de la oferta en cada sociedad, esto es, la unidad productiva de sociedad que se comprende en la oferta global aportada con la solicitud”.

Además, el auto zanja que no ha lugar a pronunciamiento sobre “la cancelación y alzamiento de los embargos trabados sobre cada una de las sociedades”, extremo que había solicitado el grupo.

Tras anunciar la ministra de Industria, Reyes Maroto, que la comisión de seguimiento creada por las administraciones en torno a la multinacional Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores tras cerrar 2019 con una deuda de 4.783 millones de euros, casi 6.000 millones teniendo en cuenta deudas de proyectos en venta; trabaja en ofertas de empresas “interesadas” en las filiales del grupo consideradas viables, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha celebrado que al fin sea posible “ver la luz al final del túnel” para la salvación de la entidad y del empleo que sostiene.

En unas declaraciones difundidas por la Delegación del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández ha defendido que el Gobierno central ha materializado “desde el principio” su “compromiso” con Abengoa, después de que este pasado verano no prosperase la petición de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para captar 249 millones de euros a favor de Abenewco1 y reflotar así a la multinacional.

Ello, según ha indicado, para “salvar el mayor número de actividad posible y sobre todo el empleo”, pues la multinacional sostendría actualmente cerca de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Un trabajo “discreto”

Pedro Fernández ha ratificado que hay cuatro empresas “interesadas en adquirir” filiales de Abengoa consideradas viables, lo que permite “la posibilidad de la continuidad” de la actividad.

El Gobierno central, según ha dicho, “incluso ha buscado inversores para facilitar que la operación salga adelante”, en unas gestiones “capitaneadas” por la ministra Maroto y con un trabajo “discreto pero intenso”, gracias al cual ahora es posible “ver la luz al final del túnel”.

Finalmente, ha opinado que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, “se ha quedado más al margen” en el citado grupo de trabajo y “no ha demostrado el compromiso” necesario.

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha confirmado este miércoles que hay cuatro empresas que han presentado ofertas para adquirir los activos de la multinacional sevillana Abengoa. Así se lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una llamada telefónica esta misma manaña. “Es la mejor noticia que podíamos recibir. Es una gran noticia”, ha subrayado el primer edil.

En declaraciones a los medios durante la presentación de las actividades por la Semana del Espacio en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), el alcalde ha enfatizado que “podemos afirmar con rotundidad que Abengoa continuará en Sevilla, mantendrá el empleo y mantendrá la actividad” gracias a las cuatro ofertas que ya se están estudiando por el grupo de trabajo creado en Sevilla hace dos meses para tratar de salvar a la multinacional.

La propia ministra Maroto ha desvelado en una entrevista con Canal Sur Radio este miércoles que el grupo de trabajo ha logrado “algo fundamental”: pagar salarios y “perimetrar muy bien el número de empresas asociadas a Abengoa” que salvar por ser las rentables y viables económicamente hablando.

Ésa era la primera tarea: acotar la red de alrededor de 300 filiales de la multinacional susceptibles de ser salvadas para dar continuidad a la empresa, que estaba en una situación límite después de que en junio la SEPI rechazase de forma definitiva conceder un rescate de 249 millones para Abenewco 1, filial donde la empresa mantiene sus activos más valiosos y principales líneas de negocio, al considerar que no estaba demostrada su viabilidad.

Esa radiografía previa ya ha tenido lugar y ahora se estudian las cuatro ofertas, un “trabajo complejo” en palabras de la ministra, que ha remarcado que se está “implicando en primera persona” y ha emplazado a esperar buenas noticias de la comisión de seguimiento de este grupo de trabajo que se convocará “la semana que viene”.

Poco después de terminar la Guerra Civil, Javier Benjumea Puigcerver convirtió una empresa de montajes eléctricos en una multinacional, la primera de Andalucía. Luego, la empresa la heredarían sus hijos para transformarla en un imperio que ha terminado en manos de los bancos y que está a punto de escribir el segundo mayor concurso de acreedores del país, tras Martinsa Fadesa en 2008.

Detrás de Abengoa, convertida en una ingeniería de referencia en el mundo con presencia en más de 70 países, se esconde un conglomerado de empresas y, de hecho, ni siquiera la matriz tiene hoy el grueso de los activos. Estos fueron traspasados a su filial operativa, Abenewco 1, lo que supone a su vez un pulso entre los pequeños accionistas, que controlan la primera, y los grandes, en la segunda. Se trata de una pugna interna que a su vez socava uno tras otros los intentos de remontar el que fuera buque insignia del empresariado en Andalucía.

La ruina de Abengoa había empezado ya con la dinastía Benjumea, que había resistido en la empresa generación y media. Hasta que en 2015, con una deuda ya de 9.000 millones de euros, fueron expulsados los hijos del fundador a favor de un consejo de administración profesionalizado como exigía el estar en bolsa. La salida de los Benjumea marcó el fin de una era, pero no cesaron las convulsiones en una compañía que estaba ya tocada de muerte y que fue declarada en quiebra el pasado mes de febrero acosada por los bancos, con el Santander a la cabeza, proveedores y auxiliares, sobre todo pymes.

La era Benjumea había estado marcada por una gestión opaca y lejos de la flexibilidad y transparencia que exige la cotización en un mercado global. Pero lo que siguió no ha servido para remontar una empresa cuya cotización en bolsa fue suspendida en 2020, y este 26 de septiembre ha quedado definitivamente expulsada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha excluido de negociación sus acciones por tener abierta la fase de liquidación, lo que precipita la historia de este hundimiento de un gigante con pies de barro. 

Del IBEX 35 a ser registrada por la UCO

Es la historia de una marca que en 2008 entró en el IBEX 35, donde permaneció, salvo un breve parón, hasta 2015, y que hoy es una ruinosa y laberíntica estructura en la que el grupo de trabajo impulsado hace tres meses por las administraciones todavía no ha conseguido definir qué es lo salvable. 

Un esquema básico de Abengoa pasa por conocer que esta es la matriz y dueña del 100% de Abenewco 2; a su vez propietaria de Abenewco 2 bis; a su vez con el control de más de las tres cuartas partes de Abenewco 1, que como se ha indicado, es la filial operativa, la que se ha quedado lo más gordo. Es, en cualquier caso, un grupo en el que se confunden empresas sin ninguna actividad con otras que lideran proyectos pioneros en termosolar y agua, como las mayores desaladoras del mundo.

En su momento llegó a tener más de 20.000 trabajadores, sobre todo en el extranjero, y hoy están en torno a la mitad. En España, son unos 2.500, según fuentes sindicales, en su mayoría en Andalucía, y con la fuga de cerebros los últimos meses como un nuevo escollo a la hora de afrontar los grandes proyectos que tiene comprometidos en distintos países.

El pasado año, los agentes de la UCO de la Guardia Civil protagonizaban un registro en la sede principal de Abengoa, Palmas Altas, en Sevilla, en busca de documentación de una gestión bajo la lupa de distintos juzgados. Lejos quedaba esa imagen presidida por los entonces reyes don Juan Carlos y doña Sofía que en 2009 inauguraron el complejo de Palmas Altas como referente internacional de I+D+i de la mano de la mano de Abengoa. Esa sede ya ha sido comprada por la Junta de Andalucía para convertirla en Ciudad de la Justicia. “Palmatraz” llegaron a bautizarla los trabajadores como metáfora de ese carácter oscuro que siempre ha definido a esta multinacional.

Un plan de rescate cada dos años

En menos de un lustro, entre 2016 y 2020, ha tenido que elaborar tres planes de reestructuración y venta de activos, acosada por sus acreedores. Hoy, su deuda se calcula en unos 6.000 millones de euros, generada en gran parte por el golpe que supuso a su apuesta por las energías renovables el impuesto del sol. No solo eso, sino también un modelo de negocio en el que, pese a estar muy endeudada, se embarcaba en proyectos de mucho riesgo y escaso margen. 

Tras el primer y segundo plan de rescate, se pactó un tercero, que ni llegó a cerrarse: la Junta de Andalucía nunca se involucró con los 20 millones de euros que se le pedían, el Gobierno de España sí estaba dispuesto a otorgar avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero el mazazo le llegó cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la dejó fuera del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, perdiendo su última bala. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) insiste en blindar el expediente sancionador contra Josep Borrell, al que multó por vender acciones de Abengoa con información privilegiada cuando era consejero. El organismo no publicará ni partes del dossier pese a que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado la razón a Transparencia y fallaron que no era confidencial. La CNMV considera ahora que, pese a que la multa se publicó en el BOE, eso no era una amonestación pública y que, por lo tanto, necesitaba el permiso del Alto Representante de la UE para publicarla. Borrell se ha opuesto y la CNMV considera que así cumple “escrupulosamente” las dos sentencias que ha perdido.

En noviembre de 2015, y siendo consejero de Abengoa, Borrell vendió 9.030 euros en acciones de su exmujer. Lo hizo, según la CNMV, con información relevante que todavía no había sido publicada y que días después llevaron a Abengoa a presentar concurso de acreedores. En ese lapso de tiempo, las acciones de Abengoa cayeron un 65%. Tres años después, y ya siendo ministro de Exteriores, Borrell fue sancionado con 30.000 euros. La sanción, muy grave, se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Pagó y no recurrió la multa a la justicia. Consideró que había sido un error pero se mostró disconforme con la resolución de la CNMV.

Entonces, un periodista solicitó a través del portal de Transparencia el expediente completo para conocer los detalles de la investigación de la CNMV.  El organismo público se negó y Transparencia le dio amparo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) pidió que se preguntase a Borrell su opinión, pero que esta no era vinculante para decidir si se publicaba. Transparencia no insistía en hacer público todo el expediente sino que la CNMV preguntase a Borrell, decidiese qué partes no eran confidenciales y las publicase.

Poco después, en 2019, la CNMV aprobó un reglamento interno que consideraba que “tendrá el carácter de reservado o confidencial todo informe, documento, dato u otra información de que disponga la CNMV como consecuencia del ejercicio de las funciones”. El regulador bursátil se blindaba así ante peticiones de este tipo, negó a cumplir lo que pedía Transparencia y recurrió a la justicia. Primero, a la Audiencia Nacional, que en octubre de 2020 falló que “no toda la información recabada por la autoridad supervisora puede considerarse confidencial”. 

El organismo encargado de velar por el mercado acudió entonces al Supremo. Alegaba que “toda la información obtenida en el ejercicio de sus funciones de supervisión y de inspección, y por extensión la incluida en los expedientes sancionadores instruidos como consecuencia de dichas funciones, tiene carácter confidencial y reservada”.  

Fuera de la normativa

La CNMV insistía en que en sus expedientes “no cabe aplicar la ley de Transparencia”. Consideraba que la ley del Mercado de Valores y la de Transparencia eran incompatibles. Llegaba a alertar de un grave problema para España si hacía público el expediente: avisaba de un “riesgo evidente para la supervisión de los mercados financieros ya que los Estados miembros comparten información de supervisión con la CNMV por lo que se corre el riesgo de que no quieran compartir su información confidencial”. Transparencia replicó que no todos los documentos que maneja la CNMV pueden ser confidenciales.

El pasado 10 de marzo, el Supremo desestimó el recurso de la CNMV.  La sentencia no acepta que toda la información que maneja el organismo supervisor pueda ser considerada confidencial.  Las directivas citadas por la CNMV y la jurisprudencia “tan solo establecen el deber de secreto respecto de la información confidencial, y, por lo tanto, no resulta de aplicación a la restante información que manejen estas autoridades que no deba tener dicha consideración”. Considera que, de seguir ese criterio, la CNMV estaría quedando fuera de la ley de Transparencia.

El Supremo cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ya abordó el asunto y concluyó: “La información en poder de las autoridades competentes que podría constituir secretos comerciales, pero que tiene una antigüedad mínima de cinco años, debe, en principio, debido al paso del tiempo, considerarse histórica y, por tanto, haber perdido su carácter secreto o confidencial, a menos que, excepcionalmente, la parte que invoca esta naturaleza demuestra que, a pesar de su antigüedad, dicha información sigue constituyendo un elemento esencial de su posición comercial o de la de terceros interesados”. El Supremo señala que un reglamento de régimen interno “no es un instrumento adecuado” para  limitar o condicionar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos“.

En su sentencia, desmonta los argumentos de la CNMV: “No toda información que figura en un expediente de una autoridad de supervisión financiera ha de ser considerada información confidencial cubierta por la obligación de guardar secreto profesional. Para ello se precisa que reúna determinados requisitos: a) que no tenga carácter de pública b) que su divulgación pueda ser perjudicial a los intereses de quien la haya proporcionado o de terceros o que afecte al correcto funcionamiento del sistema de seguimiento de las actividades de las empresas de servicios de inversión”.

Con esa sentencia en contra, el caso volvía a la CNMV. El organismo dio audiencia a Borrell, un trámite que Transparencia había considerado preceptivo pero no vinculante, y que nunca había realizado. El Alto Representante de la UE se opuso: “Amparándome en lo previsto en el artículo 15.1 de la Ley de Transparencia, que prevé que si la información solicitada incluyese datos relativos a la comisión de infracciones administrativas que no conlleven la amonestación pública, el acceso solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso del afectado, le comunico que no doy mi consentimiento para que se facilite la documentación obrante en el expediente sancionador objeto de dicha sentencia”.

Ese artículo de la ley que cita Borrell establece que “si la información [...] contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley”.

Las razones del blindaje

La sanción a Borrell se publicó en el Boletín Oficial del Estado como marca la ley al ser una infracción muy grave. Pero la CNMV interpreta ahora que eso no es una “amonestación pública al infractor”. En su respuesta al periodista, el organismo insiste una y otra vez en que algo que se publica en el BOE no es una amonestación pública: “No puede en modo alguno sostenerse que el procedimiento sancionador conlleva amonestación pública del infractor por el hecho de publicación en el BOE”. “No puede equipararse la amonestación pública con la publicación de las sanciones”. 

La clave está en que si no es una amonestación pública y la publicación en el BOE es otra cosa, la CNMV y Borrell se pueden acoger a la excepción de la ley. “Existe un claro límite al acceso en los supuestos en que la solicitud de información se refiera a datos sobre infracciones administrativas que no conlleven la amonestación pública al infractor”, argumenta la CNMV. “En el presente expediente sancionador, únicamente se impuso al Sr. Borrell Fontelles la sanción de multa, y en ningún caso la de amonestación pública”.

Así que el pasado 9 de junio, pese a la sentencia del Supremo, y con un nuevo argumento, la CNMV blindó el expediente de Borrell. “Dado que en el presente caso se solicita información de carácter personal de una persona física, relativa a la comisión de una infracción administrativa que no conlleva amonestación pública y no constando el consentimiento expreso del afectado que permita la difusión de la información solicitada, debe denegarse la solicitud efectuada”. 

En respuesta a este diario, la CNMV afirma que así da por cumplida la sentencia del Supremo. “La sentencia del TS obliga a la CNMV a aplicar el régimen legal de transparencia para ese tipo de expedientes. La CNMV está ejecutando escrupulosamente, como no puede ser de otro modo, esa sentencia, que consiste en aplicar la propia normativa de transparencia, que contempla distintos supuestos a la hora de atender las solicitudes concretas que se reciben. No ampliamos o comentamos las respuestas o resoluciones concretas”.

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha desestimado este viernes el recurso interpuesto por la multinacional andaluza Abengoa al auto de liquidación del procedimiento concursal abierto, que, a su vez, acompañó en su día con una oferta vinculante de RCP y Sinclair por la que se comprometían a invertir en el grupo más de 200 millones de euros.

En el recurso, Abengoa alegaba que la resolución del tribunal se había dictado “sin agotar el plazo procesal límite para la aportación de la propuesta ordinaria de convenio”, por lo que pedía un nuevo plazo, asunto desestimado ahora en este auto y contra el que no cabe recurso. La multinacional sevillana había reclamado ampliar el plazo hasta el 30 de septiembre para aportar propuestas ordinarias de convenio y el 30 de octubre para poder adherirse a estas.

En el auto, el juez señala que la razón para fijar fechas límites “no es otra que proporcionar seguridad jurídica a los acreedores que van a efectuar sus adhesiones o manifestaciones en contra de las diferentes propuestas de convenio que se presenten y ordenar la tramitación del procedimiento”. En cuanto a la propuesta de convenio que acompañaba Abengoa en su recurso, el juez apunta que “no podría ser admitida a trámite al no cumplir los requisitos de tiempo, forma y contenido” que la norma dicta.

Propuesta de convenio concursal

La compañía sevillana presentó una propuesta de convenio concursal que contemplaba una quita del 97%, con un pago del 3% a 8 años, y un primer año de carencia; con una alternativa de optar por la conversión del crédito resultante de la quita en un préstamo participativo remunerado con un máximo del 4% del beneficio antes de impuestos ordinario de la actividad, hasta un límite de dos millones de euros anuales para cada ejercicio.

La propuesta de convenio se acompañaba, a su vez, de una carta de intenciones de RCP y la entidad Sinclair Capital de invertir en el grupo Abengoa un importe total y conjunto superior a 200 millones de euros.

A esto, el juez responde que, en la documentación aportada, RCP y Sinclair “se limitan a efectuar expresiones de interés o manifestaciones de intenciones, no constituyendo oferta de contenido vinculante de adquisición de unidades productivas o activos, aportación de fondos, pagos o asunción de cualquier otra obligación”.

El juez también sostiene que el recurso de Abengoa “no identifica el origen y aplicación de los recursos previstos” para llevar a cabo el plan de pagos.

“No es un plan de viabilidad”

Respecto al plan de viabilidad presentado, el juez sostiene que eso “no es un plan de viabilidad”, ya que “no cumple” con las exigencias que conlleva y llama la atención sobre la “completa indeterminación” de los parámetros que definirían tanto “la actividad futura de la concursada como de los recursos que esta actividad generaría y que se aplicarían al cumplimiento de los compromisos que se reflejan en la propuesta de convenio”.

En concreto, señala “la ausencia de definición de la estructura jurídica en base a la cual se adquirirían las unidades productivas o activos de las sociedades de interés”, al igual que la falta de definición del propio perímetro de la transacción.

También destaca la falta de determinación de las necesidades de financiación y de avales que requerirá la continuación de la actividad y la ausencia de información económica, financiera y patrimonial mínima que sustente los objetivos pretendidos.

En cuanto a los bonos convertibles, el juez señala que la propuesta de convenio y el plan de viabilidad deben contener una propuesta en relación con la situación de estos bonos. De no ser así, implicaría que, en el supuesto de su activación de estos bonos convertibles, la entidad Abengoa Abenweco 2 SAU quedaría “totalmente diluida” quedando con “una pérdida total del control de la sociedad”.

Los comités de empresa de Abenewco 1 CPA, Abengoa Energía, Abengoa Agua, Inabensa CPA y Plataforma Solar Solucar han pedido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que concreten “a la mayor brevedad” la financiación necesaria para “preservar su actividad y empleo” y han manifestado “la urgente necesidad” de dar una solución a la multinacional.

Asimismo, a través de un comunicado, han exigido al Ministerio de Hacienda que suspenda “urgentemente” los embargos realizados en los últimos días para que el grupo de empresas “pueda mantenerse”.

Abengoa y sus filiales

Abengoa y sus filiales en concurso de acreedores

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De esas 27 filiales, 10 figuran en la lista de morosos por sus

deudas con Hacienda. Abengoa presentó un plan de viabilidad

para rescatar a estas seis, pero la SEPI lo rechazó

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De otro lado, han reclamado al Juzgado que resuelva “con celeridad” lo planteado respecto al Convenio de la matriz, de manera que “se despeje cuanto antes esa incógnita”.

Propuesta de convenio

En relación con la propuesta de Convenio presentada por el Consejo de Abengoa SA, los comités de empresa de la multinacional andaluza han advertido que “estaremos vigilantes” para que “cumplan todos los requisitos de la Ley”, ya que en la situación actual “no nos podemos permitir una pérdida de tiempo con propuestas de Convenio u ofertas que no cumplan los mínimos requisitos exigidos por esta”.

En este sentido, han señalado que, en el caso de que las ofertas no cumplan con los requisitos mínimos y fueran admitidos a trámite, “nos veremos obligados, en la medida de nuestras posibilidades, a personarnos en el proceso para presentar nuestra oposición formal al mismo, en defensa del interés de todos los empleados y de la actividad del Grupo”.

Por último, han manifestado “nuestro rechazo absoluto a las presiones mediáticas que se están dirigiendo a través de diversos medios de comunicación al Juez encargado de resolver el recurso de reposición presentado por el Consejo de Abengoa SA”.

“Salvar Abengoa” es un eufemismo en el que el grupo de trabajo que ultiman el Gobierno y la Junta de Andalucía deberá definir qué es viable en un conglomerado de más de 300 filiales por todo el mundo. Se trata de una información, la del “mapa” de la multinacional, que desde la empresa no facilitan ni de la que disponen los representantes de los trabajadores.

Sí se sabe que hay 27 filiales declaradas desde este mes en preconcurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla y, por tanto, en disolución y con cuatro meses para pactar con los que les reclaman las deudas. De estas 27, seis fueron las que la filial operativa, Abenewco 1, presentó como salvables a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la que reclamó sin éxito 249 millones de euros para un plan de rescate.

La clave ahora de la mesa técnica impulsada por las dos administraciones es determinar cuáles son viables de estas filiales, muchas de ellas ya sin actividad, y lograr con ello salvar el máximo de los más de 8.000 puestos de trabajo que tiene ahora la multinacional, la cuarta parte en Andalucía. Porque la pregunta es cómo una ingeniería referente en proyectos modelo para la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, capaz de desarrollar unas infraestructuras que en ocasiones solo son capaces de ejecutar dos o tres empresas en el mundo, está tan al borde del abismo.

En esa maraña empresarial, en la que a su vez pugnan los pequeños accionistas que controlan Abengoa con los mayoritarios (que son los que tienen el poder en la filial operativa Abenewco 1), ganan enteros por su rentabilidad Abengoa Energía y Abengoa Agua, que suponen la mitad de su facturación y tienen carga de trabajo actualmente, pese a la desconfianza generada por la compañía los últimos años y los problemas para conseguir avales para los proyectos.

Es más, mientras se suceden los titulares de prensa hablando de la enésima crisis de Abengoa y la amenaza para su futuro, la multinacional está en vías de precalificarse para desarrollar la mayor desaladora de África para ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable), con una capacidad de 548.000 metros cúbicos diarios, ampliables a 822.000, para dar respuesta a la demanda de agua potable y regadío de unas 5.000 hectáreas de terreno. Será la mayor desaladora del continente africano. En consorcio con Engie, una de las principales empresas energéticas en todo el mundo, ha presentado la documentación necesaria para obtener la precalificación de la planta desaladora Casablanca-Settat. En total han sido seis los consorcios que han presentado su candidatura. Se espera la firma del contrato durante el primer semestre del próximo año.

Abengoa y sus filiales

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Posibles compradores para el negocio del agua

Es un ejemplo reciente del potencial de Abengoa Agua, antigua Abeinsa, que actualmente tiene un negocio repartido por todo el mundo de 1,7 millones de metros cúbicos al día de capacidad y más de dos millones en construcción. Esta cabecera, que a su vez tiene numerosas filiales, factura más de 250 millones de euros anuales, pero se sabe, por ejemplo, que figura entre las 10 compañías de Abengoa morosas con Hacienda, en este caso con una deuda de 5,1 millones de euros, según la última actualización publicada por la Agencia Tributaria.

En este contexto se habla de interés de ingenierías como Lantania y Técnicas Reunidas por adquirir Abengoa Energía –lo que solo se podría hacer a precio de mercado– para controlar el negocio de las desaladoras donde actualmente esta última es referente, como muestra que recientemente haya iniciado la operación comercial de la que será la mayor del mundo, con una capacidad de 909.000 metros cúbicos al día. Se trata de la desaladora de Taweelah a 45 kilómetros al norte de Abu Dhabi. Garantizará el suministro a la ciudad durante todo el año y será la primera desaladora del emirato a gran escala que combine la producción de agua potable con la generación de energía limpia, gracias a la instalación de un campo solar fotovoltaico.

En cuanto a Abengoa Energía, bajo cuyo paraguas están filiales como Abengoa Solar o Eucomsa, es también morosa con Hacienda con casi millón y medio de euros de deuda. Esta filial destaca en energía fotovoltaica, donde ejecuta en estos momentos siete proyectos en distintos puntos de España que superan los 800 megavatios de potencia. Se sumarán a los 500 megavatios de fotovoltaica en proyectos ya finalizados y distribuidos por todo el mundo. En total, Abengoa Energía tiene 9,3 gigavatios de energía convencional y 2,1 de solar junto a 480 megavatios de eólica y suma una facturación de casi 300 millones de euros anuales.

Historial de arbitrajes, demandas y litigios

El historial reciente de la multinacional Abengoa está jalonado por una multitud de arbitrajes, demandas y litigios en varios países, en su mayoría relacionados con acreedores, que tampoco ayudan a que genere confianza. En las cuentas correspondientes de 2020, se detallan los principales frentes judiciales abiertos en este sentido.

Las resoluciones más recientes son de 2021. En una primera se le niega la protección de la justicia que pedía Abengoa México, que a su vez ha recurrido, en relación a su convenio con acreedores en dicho país de 2018.

Mientras, en 2017, fue Abengoa Bioenergía Brasil la informada de una solicitud de quiebra por un acreedor. También en 2021 se ha sentenciado parcialmente a favor de su plan de recuperación, pero buena parte ha sido desestimada.

También tiene procesos de reestructuración en Perú, Uruguay y Chile. Mientras, en Marruecos se aprobó en 2020 la liquidación de Inabensa Maroc SARL, lo que supuso un impacto económico de 11 millones de euros y la salida de la compañía. Y en 2020 se presentó proceso concursal de su filial de India, con vistas varias veces aplazadas.

En Dinamarca, la Universidad de Copenhague demandó por la construcción de un edificio por su filial Inabensa. Sendas plantas eléctricas en Israel y Polonia también terminaron con demandas.

En España, destacan la investigación de la Audiencia Nacional por manipulación de contratos en el AVE a la Meca. Y, sobre todo, en este caso como demandante, el arbitraje de la compañía contra el Gobierno de España por el cambio de regulación de 2012 sobre las plantas de energía solar, por casi 1.200 millones de euros, y que fue desestimado por la Corte de Estocolmo por declararse incompetente.

De los 20 millones de euros que la Junta de Andalucía no puso y que abortaron el plan de rescate de Abengoa hace dos años, a los 249 que no puso tampoco la pasada semana la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) en el enésimo intento de salvación, las dos administraciones han cedido. Han podido las presiones de una empresa que da trabajo a más de 8.000 personas -llegaron a ser más de 11.000- y han acordado la tarde de este lunes crear un grupo de trabajo para intentar reflotar una multinacional que ha sido buque insignia de la escasa industria del sur.

El de este lunes ha sido un encuentro de última oportunidad con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el consejero en funciones de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la dirección de la empresa, respaldado por una plantilla que se ha concentrado a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para presionar en busca de una salida: “Abengoa solución”, se han desgañitado. 

Con “carga de trabajo”

“La reunión tenía que salir bien y ha salido bien”, ha dicho el alcalde, después de concluir un encuentro que ha empezado a las cuatro de la tarde y ha terminado con el compromiso de crear un grupo de trabajo de carácter técnico para estudiar un plan de viabilidad que permita reflotar a esta empresa de más de 80 años y que lleva más de siete encadenando rescates.

La ministra, por su parte, ha reafirmado el “compromiso firme” del Gobierno de España con las empresas “que tienen carga de trabajo”, dentro de la multinacional cuya matriz es Abengoa, controlada por un grupo de accionistas minoritarios, pero que cuenta con decenas de filiales -muchas sin actividad- y que a su vez echan un pulso a la principal. “Hay que acotar el perímetro”, ha insistido la ministra, consciente de la necesidad de medir el riesgo con el dinero público de una firma, “vanguardia en la lucha contra el cambio climático”, pero que ha generado desconfianza entre las administraciones los últimos años y por eso ha impedido llegar al rescate que piden desde antes de la pandemia.

La cuestión, eso sí, es que no se ha hablado de cuánto dinero tendrían que poner las administraciones, que hasta ahora se han negado con argumentos a hacerlo pero que sí cuentan con instrumentos para ello. Sin embargo, desde el Gobierno de España pretenden que la Junta de Andalucía tome parte activa en el rescate, aportando también liquidez, que es lo que la empresa necesita, “como han hecho otras comunidades autónomas”.

El punto de partida ahora es que la filial Abenewco 1 debe presentar un plan de viabilidad distinto al que elevó a la SEPI, es decir, sin contar con los 249 millones de euros que pidió la última vez ni con los 200 que pondría el fondo estadounidense Terramar. La amenaza que se cierne sobre la empresa, porque la prórroga del concurso de acreedores expiró el pasado 1 de julio esperan que se disuelva con esta unidad mostrada por las administraciones, en el sentido de que genere cierta confianza entre las entidades -sobre todo bancos- que le reclaman más de 6.000 millones de euros.

Fuga de profesionales y desconfianza

En este sentido, en los últimos meses, esta multinacional, “que tiene un 'know how' capaz de atrapar proyectos de máxima envergadura en distintos países, ha visto comprometidos la mayoría por esta crisis y por la falta de avales”, según explican desde la empresa. Otra amenaza: en los últimos meses se ha visto perjudicada por la fuga de cerebros, cuando precisamente el capital humano se había convertido en una de sus bazas.

De este modo, esta ingeniería ha desarrollado algunos proyectos pioneros en el mundo, como desaladoras nunca antes construidas o innovadoras centrales de energía termosolar, pero la mala gestión de sus directivos la ha ido haciendo perder cada vez más la confianza de los encargados de financiar estas infraestructuras y la ha puesto al borde de la mayor quiebra de una empresa en la historia de este país.

Entre los trabajadores ha cundido cierta esperanza porque si hasta el momento las administraciones miraban para otro lado a la hora de implicarse en su salvación, como cuando la Junta de Andalucía negó el aval que hace dos años habría facilitado el rescate o cuando la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, no la ha incluido en el último reparto del Fondo de Ayudas a la Solvencia de Empresas Estratégicas la pasada semana, esta vez han decidido ir de la mano. No ha pasado desaparcibido, de hecho, el gesto del consejero, ya en funciones y elegido en su día por un partido (Ciudadanos), que se ha quedado sin representación parlamentaria, y que no ha dudado en agradecer a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla por el PSOE, “su implicación”, dado que ha sido quien ha peleado por esta reunión.

En paralelo, horas antes de la misma, el presidente de Abengoa, Clemente Fernández, confirmaba la presentación de un recurso y una propuesta de convenio para una “solución global e inmediata” que impida la liquidación. Comprometería un respaldo de más de 200 millones de euros como alternativa al plan con Terramar, que es por el que apostaba Abenewco 1.

El juez del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla encargado del procedimiento concursal de Abengoa ha decidido abrir la fase de liquidación de la empresa, por lo que ha declarado la disolución de su matriz histórica (fundada en 1941) y el cese de todos sus administradores, según ha informado la compañía en un comunicado. El juzgado ha decidido dejar en suspenso las facultades de administración y disposición de Abengoa sobre su patrimonio tal y como viene recogido en la Ley Concursal.

Aunque han cesado en sus funciones los administradores, los que estén ejerciendo funciones de representación de la empresa en el procedimiento y en los incidentes que sea parte continuarán en sus cargos. Para los demás, serán sustituidos por la administración concursal.

Asimismo, el juez ha ordenado a la empresa que presente el plan de liquidación de bienes y derechos integrados en la masa activa, como se recoge en la legislación sobre concurso de acreedores. Este auto ordenado por la Justicia todavía no es firme, por lo que cabe interponer un recurso de reposición ante el mismo tribunal.

La orden de liquidación se produce en la misma semana en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha denegado de forma definitiva el rescate por 249 millones que había solicitado la empresa.

Reunión el lunes en Sevilla

Por otra parte, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acogerá este lunes la reunión convocada por el Ayuntamiento de la capital hispalense en la que participarán el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la dirección de la multinacional andaluza Abengoa para debatir sobre el futuro de la empresa tras el rechazo definitivo de la SEPI al rescate.

El Consistorio de Sevilla ha explicado que está confirmada la asistencia de la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, y, por parte de la Junta de Andalucía, del consejero en funciones de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco. Asimismo, asistirá una representación de la dirección de la empresa.

El alcalde, Antonio Muñoz, ha convocado esta reunión a instancias de la plantilla que a través del comité de empresa y de trabajadores le solicitaron que fuera el Ayuntamiento quien tratara de favorecer el diálogo y unir a todas las administraciones y a la dirección de la empresa dada la “compleja” situación de la empresa en estos momentos y la necesidad de encontrar soluciones para evitar la pérdida de empleo de calidad y de una compañía de un sector estratégico para la ciudad.

“Sevilla no se puede permitir perder una empresa estratégica y la destrucción de empleo de calidad que va a suponer. Por eso, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles entre todas las administraciones y desde el diálogo y la defensa del interés general encontrar una solución para la empresa”, ha detallado Muñoz.

La multinacional sevillana Abengoa ha solicitado el preconcurso de acreedores para 27 de sus filiales al Juzgado Mercantil de Sevilla a través de la comunicación del artículo 583 del texto refundido de Ley Concursal, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desestimara la solicitud de rescate de la empresa por un importe de 249 millones de euros. El proceso se ha producido “a efectos de iniciar conversaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, según ha notificado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La solicitud presentada por la empresa afectaría a 27 filiales del grupo de ingeniería andaluz, entre las que se encuentran, además de Abengoa Abenewco 1, subsidiaria operativa de la empresa, Solar New Technologies, Abengoa Solar España, Zero Emssions Technologies o Asa Iberoamérica, entre otras. Asimismo, el grupo ha destacado que, tras reunirse este jueves el consejo de administración, la decisión se ha adoptado “con el interés de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés confluyentes en el grupo”.

Esta semana la empresa dio por cancelado el proceso de reestructuración de Abenewco 1 tras el fallido rescate de SEPI. Así, la empresa indicó que la desestimación ponía fin a la vía administrativa y al trámite de audiencia y significaba “la cancelación de la operación de reestructuración y proceso de consentimiento (consents) lanzado por Abenewco 1 a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo. El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordó denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa.

Fin al plan con el fondo Terramar

La compañía había presentado alegaciones a los informes de SEPI, que ya había desestimado la petición de rescate público para seis filiales del grupo (Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Abengoa Operación y Mantenimiento y Abengoa Solar España). La compañía buscaba con esta inyección un plan para garantizar su viabilidad futura y evitar un nuevo concurso de acreedores.

Según confirmaron a Europa Press en fuentes de SEPI, las alegaciones presentadas por la compañía “no desvirtúan la existencia de los riesgos e incertidumbres expuestos en los informes de los asesores”.

Asimismo, señalaron que la resolución ha concluido en sentido desfavorable “al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado”.

La denegación de la ayuda pública suponía así prácticamente el fin para el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público. De esta manera, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.

Reunión el lunes con las administraciones

En paralelo, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), organizaba para el próximo lunes una reunión a la que ha convocado al Ministerio de Turismo e Industria, a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y a la dirección de Abengoa, en un intento de “buscar una solución” para una empresa que es “un referente” para Sevilla y para toda Andalucía y que “dé respuestas” a los miles de empleos vinculados a su actividad.

“Debe existir un compromiso de todas las administraciones públicas. La plantilla nos solicitó que el Ayuntamiento sirviera para unir, para establecer vías de diálogo y para colaborar en la búsqueda de soluciones. Cumpliendo ese compromiso, hemos convocado esta reunión, con el objetivo de que todas las partes podamos sentarnos, analizar la situación de la empresa y fijar una solución de consenso pensando en el futuro de una empresa estratégica y especialmente en los profesionales que conforman su plantilla”, ha explicado Muñoz.

El regidor ha insistido en la “importancia económica y laboral” de la empresa Abengoa, con 2.000 empleados sevillanos de un total de 14.000. Es una de las primera empresas sevillanas y andaluzas por volumen de facturación, al situarse en 1.250 millones de euros 2020, el 90% procedente del extranjero, lo que “da idea de su nivel de internacionalización”.

Al encuentro del próximo lunes acudirá la ministra de Industria, Reyes Maroto, que estará acompañada por el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández. Por parte de la Junta de Andalucía acudirá el consejero en funciones de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien este jueves mantenía una reunión con representantes de los trabajadores, tras la cual aseguraba que el Ejecutivo andaluz “va a hacer todo lo posible” para que Abengoa sobreviva, aunque instando al Gobierno central a que “dé un paso adelante importante” y “comprometa los recursos financieros necesarios”.

“Es una empresa sevillana puntera que necesita ayudas del Gobierno”, responde un trabajador de Abengoa. Una guía pregunta qué sucede junto a la turística Plaza de España de la capital hispalense para explicárselo a los visitantes que le acompañan. Ella se encargará de decírselo en inglés. “Somos internacionales, no hay problema”, apunta una de las empleadas de la multinacional andaluza que defiende su empleo tras su primera noche de acampada.

Hace unos años quizá sería impensable que los trabajadores de Abengoa se hubieran movilizado tan fuertemente por su empleo y por la empresa. “Las cosas han cambiado mucho”, comenta otro de ellos, que sitúan el punto de inflexión en la creación de los comités de empresa, partir de 2017, en las sociedades que forman parte de la compañía. “Ya no tenemos miedo. Vamos a por todas”, sentencia otro.

Abengoa, aparte de por sus soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, era antes más conocida por sus empleados como 'Palmatraz' por cómo se gestionaban los recursos humanos en su sede central de Palmas Altas. Un sencillo juego de palabras llevó a que sus empleados la equipararan con la histórica prisión de la bahía de San Francisco (EEUU) por el férreo control y vigilancia de los movimientos de los trabajadores, con “duras” restricciones a la hora de entrar y salir del recinto, “sin representación sindical” de los trabajadores por aquel entonces.

Con un primer preconcurso de acreedores en 2015 la cuestión sindical se empezó a mover. La multinacional se ha visto envuelta desde entonces en complicaciones financieras y cambios en su consejo de admnistración, cuyo último obstáculo en su proyección ha sido la denegación, por el momento, del rescate por parte del Gobierno de España.

“Hemos cambiado mucho desde aquello, tanto los trabajadores como la empresa”, comenta el miembro del comité de Empresa de Abengoa Energía, Arturo Da Silva, que ha pernoctado en una tienda de campaña y, tras una ducha en casa, vuelve a concentrarse junto a la veintena de compañeros que han pasado la noche en la calle. “Quién me lo iba a decir a mí”, señala Paloma Oliveros, que aparece en la imagen junto a las tiendas y las pancartas, y que trabaja desde hace once años en el departamento fiscal de Abenewco, una de sus sociedades filiales a la que se traspasó la mayor parte de los activos de Abengoa, fundada en 1941 por Javier Benjumea. “Espero que sea por poco tiempo”, confía respecto a la acampada, incidiendo en que la compañía ha avanzado en cuanto a “flexibilización en todos los aspectos”.

“Se han ido ganando derechos”

“Un cambio increíble”, porque “todo era demasiado estricto antes”, explican con alusiones al sistema informático Bizagi, que controlaba sus horarios hasta el minuto. “Los tiras y afloja” con el departamento de recursos humanos han estado presentes desde todo aquello, “como en cualquier otra empresa”, comenta Da Silva, que aún recuerda las carreras desde el parking hasta el puesto de trabajo “para no llegar ni un minuto tarde a picar”, porque la empresa sancionaba por ello. “Antes se trabajaba el 24 y el 31 de diciembre”, añade Da Silva, que repasa las “mejoras” que se han ido consiguiendo desde entonces desde el punto de vista de las condiciones laborales.

“Se rinde mejor si hay condiciones más aceptables”, reconoce el representante de uno de los comités de empresa, que entiende que así “los empleados no se van a querer ir”, amén de defender su trabajo en la empresa, de quien dependen unas 16.000 personas entre empleos directos e indirectos en todo el mundo. “Se han ido ganando derechos, eso está claro. Si las condiciones laborales mejoran, también mejoran las relaciones con la empresa. La gente se ha dado cuenta de que la empresa no es nada sin los trabajadores, y la defendemos también, claro, porque nuestros dependen de la empresa”, resume.

Manuel Ponce, que les acompaña, es memoria histórica de la mutinacional en el sentido sindical y laboral de un tiempo a esta parte. El secretario general de UGT-FICA en Sevilla conoce bien la idiosoncrasia laboral de Abengoa, ha estado desde el comienzo de aquella apertura a la representatividad, ha participado en las negociaciones con la compañía y se ha encerrado cuando ha hecho falta. El sindicalista se retrotrae a aquel preconcurso de 2015 (coincidente en el tiempo con la indemnización de 11,5 millones de euros que percibió el anterior presidente ejecutivo, Felipe Benjumea) y a la creación de los comités de empresa en todas las sociedades, con “85 delegados sindicales” en Palmas Altas. Las reestructuraciones de las plantillas y los sucesivos ERE, hasta un total de 34, “el primero en Inabensa en marzo de 2016”, han sido un continuo en Abengoa. “Hasta entonces no había interlocución con la empresa, ni negociación para los convenios”, recuerda de la compañía, que llegó a sumar 8.000 millones de euros de deuda porque “está claro que las cosas no se hicieron bien empresarialmente”, indica Ponce.

La “pasividad” del Gobierno y el “baile de la SEPI”

“Los comentarios de la gente al principio se centraban en la rigidez de los horarios, etc. pero ahora hay una tremenda conciencia de empresa”, explica el sindicalista en cuanto a las movilizaciones de los últimos meses “para mantenerla viva”. “Abengoa es un cañón social, con mucho caché a nivel mundial. No entendemos que esto no pueda seguir adelante”, comenta. La compañía “va a seguir creciendo”, asegura tras repasar las “desinversiones” y la “paralización de la actividad” padecidas a raíz de la pandemia. “En tres o cuatro meses se vino abajo todo el crecimiento que había conseguido desde 2018”, apunta respecto al “bloqueo” de la multinacional. Ahora los trabajadores “están con la empresa”, sabedores que “algunos países están pidiendo su rescate” para que puedan seguir acometiendo proyectos.

José Luis de Miguel, 'Pepelu' entre su compañeros, también está formando parte de la acampada “sorpresa” junto a la Torre Norte tras las malas noticias llegadas el día anterior desde Moncloa. Este ingeniero industrial ofrece unos churros al agente de la Policía Nacional que se acerca a preguntar y que les va a acompañar a la Torre Sur de la plaza en su siguiente movilización de protesta. “Hemos perdido el miedo a todo. Vamos a por todas. No nos queda tiempo”, lamenta con referencias a la “pasividad” del Gobierno de España y al “baile de la SEPI” en cuanto a las posibilidades de ser rescatada.

Proyección y futuro

Para José Hurtado, secretario general de la federación de industria de CCOO de Andalucía, sindicato con representación en las empresas auxiliares que trabajan dentro del grupo de Abengoa y cuyas condiciones laborales “no son malas” y están “dentro de la industria media” en Andalucía, según explica, la multinacional se metió en proyectos importantes pero “las crisis le pasaron por encima” pero “tiene proyección y puede tener futuro, aprendiendo de los errores del pasado” en donde hubo “mala gestión”. Hurtado apunta que “las administraciones deberían implicarse un poco más, tanto la central como la andaluza, porque la Junta en su momento pudo haberla rescatado de manera más simple”.

La empresa pidió a la SEPI 249 millones de euros para completar una operación por la que lleva más de un año negociando con el fondo estaudounidense Terramar. Tras serle denegado por no cumplir varios requisitos, el pasado fin de semana presentaba sus alegaciones para agotar el penúltimo cartucho, temporalmente desechado y a expensas de otras opciones, siempre mirando hacia el Gobierno central toda vez que la Junta de Andalucía se negó a entrar en cualquier plan de rescate pese a tener líneas de avales posibles.

De Miguel recuerda también que los recursos humanos de la compañía se veían antes entre los empleados “como un organismo instigador” y “en este tiempo nos hemos ido acercando en ese sentido y somos todos uno” para poder “remar todos juntos”. El portavoz lamenta, pese a todo, que Clemente Fernández, presidente de Abengoa SA, no les ha recibido pese a las “múltiples peticiones” precisamente “para crear lazos humanos y generar más confianza”. “Nunca se ha dignado a verse con nosotros”, ha denunciado. “Ante nuestra incertidumbre, necesitamos cercanía, y eso no lo estábamos recibiendo”, concluye.