Cuando accedió a la presidencia en 2017, Emmanuel Macron insistió en que no había llegado al poder para “reformar a Francia, sino para transformarla”. Su elección marcaba el final del “viejo mundo” y la superación de la “tradicional división derecha-izquierda” en la política para dar paso a una nueva forma de gobernar. “Una nueva responsabilidad que debe llevarnos a definir filosóficamente y jurídicamente las reglas de este nuevo mundo”, explicó entonces en uno de sus primeros discursos.

En aquella elección presidencial de 2017, que supuso un terremoto en el panorama político francés, los escándalos lastraron al candidato conservador François Fillon, el Partido Socialista se hundió en las urnas tras cinco años de mandato de François Hollande y Jean-Luc Mélenchon emergió como principal figura de la izquierda, aunque sin lograr alcanzar la segunda vuelta.

Macron derrotó entonces por un amplio margen a Marine Le Pen, que llegó por primera vez a la fase final de la elección, 15 años después de que lo hiciese su padre. “En los próximos cinco años haré todo lo posible para que los franceses que han votado por Marine Le Pen ya no tengan motivos para votar a los extremos”, afirmó el presidente la noche de su elección.

Comenzó entonces un primer mandato marcado por un ejercicio del poder totalmente vertical, que emanaba de un presidente-Júpiter que controlaba todo a través de su primer ministro y de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Legislando sin contar con nadie, ignorando al resto de fuerzas parlamentarias y con la calle como principal oposición a través de protestas como las de los chalecos amarillos.

Las urnas ofrecieron un primer aviso sobre el nivel de descontento con Macron en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2022, con una victoria más ajustada sobre Le Pen. Y en las legislativas que siguieron a la reelección, la coalición presidencial perdió la mayoría absoluta. No obstante, Macron no quiso cambiar ni de rumbo ni de método. Los acuerdos con partidos fuera de la coalición presidencial siguieron siendo raros. El gobierno de Élisabeth Borne aprobó elevar la edad de jubilación por decreto, en contra de la opinión de todas las fuerzas políticas y de la inmensa mayoría de la opinión pública.

Las dos elecciones de este 2024 (europeas y legislativas anticipadas) han marcado un nuevo retroceso de los partidos de centro, lastrados por la impopularidad del presidente y de su política. Dos comicios en los que el partido de Marine Le Pen ha batido sus mejores registros históricos y se ha confirmado como la formación más votada en ambas citas electorales.

Sólo un pacto electoral entre los centristas y los progresistas del Nuevo Frente Popular (NFP) consiguió impedir una mayoría de extrema derecha en la Asamblea Nacional. En los meses posteriores Macron ignoró los llamamientos del NFP para nombrar un primer ministro de izquierda y acabó eligiendo al conservador Michel Barnier, pese a que su partido no había participado en el frente republicano contra la extrema derecha.

Fragilidad del Gobierno

No obstante, la fragmentación que se ha instalado en la Asamblea Nacional, con tres grandes bloques incapaces de entenderse (izquierda, centroderecha y extrema derecha) dejó al nuevo Ejecutivo en una posición precaria, sin una mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos de austeridad antes de final de año.

“El problema de la situación política actual se encuentra menos en la negación de la democracia por parte del presidente, sino en el hecho de que parece incapaz de construir soluciones compartidas con otros actores del paisaje político”, señalaba recientemente el politólogo Vincent Martigny, profesor en la Universidad de la Costa Azul y en la Escuela Politécnica, en un análisis publicado en el semanario Le1.

Tras los dos varapalos electorales el presidente, que llegó al poder dinamitando a los partidos tradicionales y con la misión de reducir el voto a Le Pen, acabó nombrando como primer ministro a un veterano político y puso su continuidad en manos de la extrema derecha. “El gobierno Barnier está bajo la vigilancia de Agrupación Nacional (AN)”, proclamaba entonces el presidente del partido lepenista, Jordan Bardella.

Este miércoles los diputados ultras han decidido dejar caer a Barnier, sumando sus votos a los de la izquierda y votando la moción de censura presentada por el NFP. Sin gobierno ni presupuestos, Francia se adentra aún más en la situación de inestabilidad con un jefe de Estado que cada vez tiene menos margen de acción, al haber perdido la mayoría parlamentaria.

División en el partido

En los últimos meses Emmanuel Macron ha defendido en varias ocasiones una coalición que se extienda hasta el centro izquierda, tratando de atraer a los miembros del PS más hostiles a Jean-Luc Mélenchon para romper así la alianza de fuerzas progresistas.

Pero la manera de gobernar de Macron y las medidas emblemáticas de siete años de macronismo (fiscalidad favorable para las empresas, aumento de la edad mínima de jubilación, ley sobre la inmigración votada con la derecha) complican futuros pactos.

El secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, ha señalado este viernes que su partido está dispuesto a negociar con la coalición de Emmanuel Macron y la derecha tradicional de Los Republicanos sobre la base de “concesiones recíprocas”. La izquierda de Francia Insumisa, grupo mayoritario en la coalición del NFP, rechaza esta posibilidad.

Faure se ha reunido este viernes con Macron en el Elíseo. “Es necesario que encontremos una solución porque no podemos paralizar el país durante meses”, ha señalado. “Los insumisos se han autoexcluido de esta negociación.

“La síntesis entre el social-liberalismo que Macron encarnaba en 2017 y la socialdemocracia -estructuralmente débil en Francia- nunca ha acabado de producirse”, analizaba la columnista Françoise Fressoz en Le Monde. “Las diferencias relativas al ejercicio de poder, el espacio para los sindicatos, la relación con el liberalismo y el papel de los impuestos han constituido una frontera infranqueable”.

De hecho, si en 2017 Macron llegó al poder en gran medida favorecido por la crisis de los partidos tradicionales, hoy es el suyo el que muestra importantes divisiones. El presidente también ha perdido apoyos e influencia en la formación que él mismo fundó. Gabriel Attal, cuyas relaciones con Macron se deterioraron tras no ser consultado por el presidente sobre la disolución de la Asamblea, está imponiendo su control. Con una acción cada vez más independiente, aunque sin consumar la ruptura con un presidente cuyas cotas de impopularidad se sitúan en cifras récord.

Más grave aún, los últimos ciclos electorales también han supuesto un desgaste para las instituciones. Un reciente estudio de Ipsos reveló que un 55% de los franceses están descontentos con el funcionamiento de la democracia (4 puntos más que en 2023) y un 74% considera que ese funcionamiento se ha deteriorado en los últimos cinco años. Se trata de una encuesta que se ha llevado a cabo en siete países (incluido España) y en la que Francia cuenta con los números más altos en el capítulo de descontentos.

Éste es el contexto de la nueva fase de la presidencia Macron, que debe finalizar en 2027, aunque en Francia comienzan a aparecer dudas sobre si será capaz de llegar al final del mandato. A corto plazo, no obstante, la caída de Michel Barnier vuelve a situar al presidente en el centro del juego político, ya que a él corresponde el nombramiento del nuevo jefe del Gobierno. Macron aseguró el jueves que no piensa dimitir.

Si nada cambia en las próximas 48 horas, Michel Barnier afrontará esta semana una moción de censura que certificará su caída y la de su Gobierno. El primer ministro francés, nombrado por Emmanuel Macron el pasado 5 de septiembre, presentó este lunes en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto de la Seguridad Social para su examen final y votación en la Cámara Baja del Parlamento.

Se trata del primero de los textos que el Ejecutivo francés está obligado a hacer votar antes del final de año como parte de los presupuestos. El problema es que el primer ministro conservador no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante el texto en una votación; Barnier puede contar con los votos de su partido (Los Republicanos) que solo tienen 47 diputados en la Asamblea (de 577) y también con el de la coalición centrista que, tras perder la mayoría en las últimas elecciones, disponen de 164 escaños.

La suma de diputados de centro y derecha no es suficiente para sacar adelante el texto si la izquierda y la extrema derecha deciden votar en contra (como habían anunciado).

Para evitar el bloqueo de los presupuestos, el sistema francés ofrece al primer ministro la posibilidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar textos económicos bajo su responsabilidad y la del Ejecutivo. Por ejemplo, en los 19 meses que fue primera ministra, Élisabeth Borne activó el 49.3 en más de 30 ocasiones, enfrentándose a otras tantas mociones de censura.

En una breve alocución en la tribuna de la Asamblea, Barnier apeló al deseo de “estabilidad” de los franceses y advirtió de que había llegado “la hora de la verdad”, antes de confirmar la activación del artículo 49.3.

“A partir de ahora, señorías, cada uno debe hacer frente a sus responsabilidades, y yo haré frente a las mías”, concluyó.

Este procedimiento abre la posibilidad de que los partidos de la oposición presenten una o varias mociones de censura para provocar la caída del Gobierno y evitar la aprobación del proyecto de ley. El lunes, varios grupos anunciaron el recurso a este procedimiento y la votación decisiva tendrá lugar en los próximos días (aunque no antes de 48 horas desde su presentación).

Si los diputados del Nuevo Frente Popular han anunciado que no votarán ninguna moción presentada por la extrema derecha, Marine Le Pen ha confirmado que su partido votará todas, independientemente de su procedencia: “Vengan de donde vengan esas mociones de censura, ya sean una o varias, votaremos a favor de todas, empezando por la nuestra”.

Michel Barnier ya tuvo que superar una primera votación de censura en los días posteriores a su nombramiento, presentada y votada por los diputados progresistas del Nuevo Frente Popular (NFP). En aquella sesión, la abstención de los 142 diputados de extrema derecha hizo que la censura no prosperara. En la última semana, los partidos que componen el NFP reafirmaron desde el principio su intención de presentar una nueva moción de censura.

Las fuerzas progresistas, que disponen de 193 diputados, no solo rechazan los actuales presupuestos, sino que continúan reivindicando que Emmanuel Macron debería haber nombrado para la jefatura de Gobierno a un miembro de su coalición y no al conservador Barnier. Durante el verano propusieron el nombre de la economista Lucie Castets como candidata común, propuesta ignorada por el presidente.

Le Pen, en posición de fuerza

Lo cierto es que con el voto favorable de los diputados de izquierda y el previsible rechazo de los de centro y derecha, la posición de los diputados de extrema derecha vuelve a ser decisiva. Todo indica que en esta ocasión no salvarán a Barnier. En las últimas semanas, Marine Le Pen había exigido a Barnier varias concesiones y modificaciones en los textos presupuestarios como condición para no votar la censura.

El pasado jueves, en una entrevista en el diario Le Figaro, el primer ministro anunció que no se aumentarían los impuestos sobre la electricidad; también aceptó el fin de las exoneraciones en las cotizaciones patronales de los salarios más bajos, medidas que la extrema derecha defiende en nombre de los trabajadores con menos ingresos. Barnier también accedió a revisar -a la baja- las modalidades de asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular.

Sin embargo, ninguna de estas concesiones parece haber sido suficiente a ojos de Le Pen y del presidente del partido Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella. “Si se utiliza el 49.3 en el presupuesto de la Seguridad Social, la Asamblea Nacional activará el mecanismo de censura, a menos, claro está, que en un milagro de última hora Michel Barnier cambie de opinión de aquí a las 15 horas”, declaró Bardella a la radio RTL la mañana del lunes. “Pero tengo pocas esperanzas de que le ilumine el Espíritu Santo”.

El mismo día, mediante un comunicado a la Agencia France-Presse, Barnier trató de convencer a Le Pen con una medida de última hora, anunciando que el Gobierno se comprometía a que no se modificasen las cantidades reembolsadas por la Seguridad Social por la compra de medicamentos con receta, otra de las líneas rojas de Le Pen para no votar la censura. “Una medida coherente con el respeto de un proceso legislativo que implica el diálogo con los diputados, como hemos hecho desde el principio”, justificó Barnier en su comunicado.

Pero tras una reunión a mediodía, los diputados de extrema derecha confirmaron, poco antes de entrar en el hemiciclo, que las concesiones no eran suficientes y que solo la renuncia de Barnier a la congelación temporal de las pensiones -prevista en los presupuestos- les haría cambiar de postura. Una victoria política relativa a las pensiones sería particularmente importante para Le Pen, ya que los jubilados son un sector de la población en el que su partido no ha conseguido avanzar electoralmente en los últimos años, a diferencia de otros sectores de la población.

Qué puede pasar ahora

En caso de prosperar la moción de censura, Emmanuel Macron -que el lunes se encontraba en Arabia Saudí en visita oficial- deberá nombrar un nuevo primer ministro. Ese nuevo jefe de Gobierno propondrá a su vez al presidente los nombres que componen su gabinete. Dada la actual fragmentación política, la posibilidad de un nombramiento rápido que permita una aprobación de los presupuestos antes de final de año parece difícil.

En el único precedente en el que el Parlamento francés acabó el año sin presupuestos -en 1979- se activó una medida constitucional que permite prolongar los del ejercicio anterior, una posibilidad que gana enteros en la situación actual. En los mercados financieros, el riesgo de colapso del Gobierno Barnier llevó a un aumento del spread Francia-Alemania, la diferencia entre los rendimientos de los bonos emitidos por ambos países. Un barómetro particularmente seguido en Francia sobre el riesgo percibido por los inversores sobre la situación económica.

En los últimos días, algunas figuras de la coalición que apoya al Gobierno han intentado presionar al Partido Socialista para impedir la caída del Ejecutivo. “Hacemos una llamada solemne a la oposición para no ceder a la tentación de lo peor y a no votar la censura al Gobierno”, escribió el lunes en X Gabriel Attal, presidente del grupo macronista en la Asamblea. “Si el voto de censura se aprueba esta semana, los franceses se acordarán de la alianza que lo hizo posible. Una alianza de toda la izquierda, incluido un Partido Socialista, con AN para conseguir que el interés general no sea más que un recuerdo lejano”.

Sin embargo, la semana pasada una reunión de la ejecutiva socialista confirmó por unanimidad el voto favorable a la moción de censura. Los partidos del Nuevo Frente Popular mantienen por tanto una posición común, aunque comienzan a aparecer divergencias sobre el futuro. Francia Insumisa y los ecologistas esperan volver a poner sobre la mesa el nombre de Lucie Castets, pero los líderes socialistas parecen haber pasado página y querer negociar un candidato con otras fuerzas políticas. El presidente del grupo del PS en la Asamblea, Boris Vallaud, pidió hace unos días un pacto de “no censura” para el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gobierno técnico, en una entrevista en France Inter hace unos días.

El primer ministro francés, Michel Barnier, ha situado a su Gobierno minoritario al borde del abismo. Su Ejecutivo tiene las horas contadas tras confirmar que sacará adelante sin voto parlamentario (vía decreto) los presupuestos de la Seguridad Social para 2025. Las fuerzas de la oposición habían advertido de que presentarían una moción de censura en caso de que lo hiciera por esta vía, de forma que se espera que esto ocurra en las próximas horas.

La izquierda de La Francia Insumisa anunció enseguida que su intención de presentar esa moción, lo que coloca al Gobierno de Barnier a la merced de los 140 diputados de la extrema derecha de Marine Le Pen, que ha anunciado que la apoyará. Será debatida con toda probabilidad el próximo miércoles en la Asamblea Nacional. “Le presenté nuestras líneas rojas y no ha querido aceptarlas. No podemos aceptar estos presupuestos profundamente injustos porque hacen pagar a los franceses la incompetencia de (el presidente Emmanuel) Macron”, ha dicho Le Pen tras anunciarse la moción.

La extrema derecha presentará su propia moción de censura, pero, según Le Pen, están dispuestos también a votar la que anunció la izquierda. Con esa posición, todo parece indicar que al Ejecutivo de Barnier le quedan pocos días de vida. Le Pen lo ha dado por hecho: “Se aplicarán los presupuestos del año pasado, habrá un nuevo primer ministro y adoptará un nuevo presupuesto”.

Barnier lleva días negociando con la extrema derecha

Barnier se ha dirigido a la cámara baja con un tono solemne para anunciar la adopción del presupuesto de la Seguridad Social sin voto parlamentario y ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos “en un momento clave”. “El país atraviesa graves problemas que exige afrontar ciertas obligaciones (...) Los franceses no nos perdonarían que optáramos por los intereses particulares por encima de los de la nación”, ha dicho el jefe del Gobierno. Barnier aseguró que los diputados “deben decidir si Francia se dota de un texto financiero responsable y útil para los ciudadanos o si entra en un terreno desconocido”.

El primer ministro lleva días negociando con la extrema derecha de Le Pen, a quien ha hecho diversas concesiones para intentar obtener su apoyo. Barnier cedió en tres de las cuatro “líneas rojas” dibujadas por la líder ultraderechista: eliminó un impuesto sobre la electricidad, recortó la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y renunció a dejar de subvencionar diversos medicamentos.

Pero se negó a aplicar la última, la de retrasar medio año la subida de las pensiones para contrarrestar la inflación, la última petición que, minutos antes del debate parlamentario, exigía Le Pen. Para entonces, Barnier ya había tomado su decisión de avanzar sin voto parlamentario, aunque eso coloque a su Gobierno a la merced de una moción de censura.

Barnier cuenta solo con 211 diputados en una Asamblea de 577, lo que convierte en casi segura su destitución en la moción, que en Francia no son constructivas, sino que simplemente tumban al Gobierno. De esta forma, Barnier, el exnegociador de la UE para el brexit, nombrado el pasado 5 de septiembre, puede convertirse en el primer ministro más breve de Francia tras la II Guerra Mundial. Además, puede ser el segundo en ser destituido en una moción de censura después de Georges Pompidou en 1962.

En los últimos días, el primer ministro francés, Michel Barnier, ha multiplicado las reuniones con las fuerzas de la oposición. El antiguo negociador de la UE para el Brexit trata de convencer a alguna de las formaciones que no pertenecen a la coalición de liberales y conservadores para que no se sumen a las mociones de censura que se van a presentar en los próximos días contra él y su Gobierno.

Después de varias semanas de discusiones parlamentarias sobre los textos relacionados con los presupuestos generales, el lunes la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el primero de ellos, el proyecto de ley sobre la financiación de la Seguridad Social. Incapaz de conseguir la aprobación del proyecto legislativo mediante una votación, al no tener apoyos suficientes, el primer ministro ha anunciado que va a recurrir al artículo 49.3 de la Constitución que permite adoptar este tipo de leyes sin votación.

Ese procedimiento implica que la ley se aprueba bajo la responsabilidad del Ejecutivo y abre la posibilidad de que la oposición presente una moción de censura como único medio para frenarla. Se prevé una primera votación en este sentido para finales de la próxima semana. Los partidos que componen el bloque progresista del Nuevo Frente Popular ya han confirmado que votarán en contra del Gobierno, como ya hicieron en la primera moción de censura que siguió al nombramiento de Barnier el pasado mes de octubre.

En aquella sesión, la abstención de los 142 diputados de extrema derecha hizo que la censura no prosperara. Las declaraciones de Marine Le Pen en las últimas semanas apuntan a que en esta ocasión no salvará al Ejecutivo; la líder del partido Agrupación Nacional considera que los presupuestos presentados por Barnier rebasan varias de las “líneas rojas” impuestas por su formación.

El lunes 25 de noviembre Le Pen se reunió con Barnier en el Hôtel de Matignon, residencia del primer ministro, para reiterar la lista de condiciones que el Gobierno debe cumplir. “Somos conscientes de que no podrá aceptarlo todo, pero lo que está claro es que no vamos a aceptar que el poder adquisitivo de los franceses se vea de nuevo amputado. Si se supera esta línea roja, por supuesto que votaremos la censura”, resumió Le Pen esta semana en una entrevista a RTL.

Desde entonces, Barnier ya ha anunciado varios gestos encaminados a convencer a los diputados de extrema derecha, aunque de momento no parecen suficientes. En una entrevista en el diario Le Figaro este jueves, dijo que no se aumentarán los impuestos sobre la electricidad; también aceptó el fin de las exoneraciones en las cotizaciones patronales en los salarios más bajos, una medida que la extrema derecha defiende en nombre de los trabajadores con menos ingresos.

Victoria política

Marine Le Pen también exige que el primer ministro abandone la idea de una congelación temporal de las pensiones y la reducción de la cantidad reembolsada por la seguridad social por la compra de medicamentos. Para compensar la pérdida de ingresos del Estado que supondrían esas medidas, en un contexto de crecimiento de la deuda pública -las previsiones para este año es que acabará por encima del 6% del PIB-, Le Pen propone a aumentar la fiscalidad sobre las transacciones financieras y sobre la compra de acciones propias por parte de las multinacionales (un método que permite revalorizar de forma artificial el valor de la cotización en bolsa), además de una reducción de la ayuda internacional al desarrollo.

Asimismo, Barnier ha confirmado la creación de una misión parlamentaria para explorar la posibilidad de cambiar el modo de escrutinio hacia un sistema que incluya al menos una parte de voto proporcional, vieja reivindicación de Agrupación Nacional, un partido penalizado por el sistema de elección a doble vuelta. Un proyecto de ley en este sentido podría presentarse en la primavera de 2025.

Más allá de las medidas concretas, Marine Le Pen quiere que el Gobierno le conceda una victoria política y que deje claro que las medidas de apoyo al poder adquisitivo han sido impuestas por su partido. Finalizada la primera parte de audiencias en el juicio que pesa sobre ella y su partido por la utilización irregular de asistentes parlamentarios para financiarse Le Pen vuelve a concentrarse en la política y aspira a sacar rendimiento de la posición central que ocupa desde que Macron decidió nombrar a Barnier como primer ministro.

No obstante, deberá volver a los tribunales el 31 de marzo para conocer la sentencia. La fiscalía pide, además de pena de cárcel, su inhabilitación con efecto inmediato, una medida que, de ser aceptada, la descalificaría para presentarse a unas hipotéticas legislativas o a la presidencial prevista para 2017.

Consecuencias

Entre tanto, desde el Gobierno y la coalición presidencial están insistiendo en las consecuencias “dramáticas” de la posible caída del Ejecutivo y la ausencia de presupuesto, como medida de presión para el resto de formaciones. “Si el Gobierno cae habrá una tempestad probablemente bastante grave en los mercados financieros” advirtió Barnier el pasado martes en una entrevista en la cadena TF1.

En la misma línea, el ministro de Finanzas, Laurent Saint-Martin, insistió sobre las consecuencias que implicaría la ausencia de presupuestos, incluyendo “una subida de impuestos para todos, ya que no se realizarían los baremos para tener en cuenta la inflación”, afirmó en France Inter. Argumentos que rechaza tanto el partido de extrema derecha como Francia Insumisa, que en los últimos días han quitado hierro a las consecuencias de una moción de censura y un rechazo a los presupuestos.

A lo largo de la semana, Barnier también exploró la posibilidad de convencer a los diputados socialistas para que no votasen la moción de censura. Saint-Martin, que fue miembro del PS antes de sumarse al partido de Macron, apeló a la “responsabilidad inaudita” de los socialistas en caso de prosperar una moción de censura, que “hundiría al país en la inestabilidad y el marasmo económico”.

Pero, salvo sorpresa de última hora, no parece que los socialistas vayan a romper con sus aliados del Nuevo Frente Popular, al menos de manera inmediata. Una reunión de la ejecutiva en la noche del miércoles confirmó por unanimidad el voto favorable a la moción de censura.

Barnier se encuentra en una situación de extrema fragilidad, sin una mayoría parlamentaria que lo respalde, en un contexto de degradación de las finanzas públicas que le ha llevado a elaborar unos presupuestos que combinan reducción del gasto público y aumento de impuestos. Además cuenta con otro elemento en contra: según una encuesta publicada recientemente por el Instituto de demoscopia Elabe, una mayoría de los franceses avala la censura a su Gobierno.

Sin Gobierno ni presupuesto

Según relataba esta misma semana Le Parisien, el propio Macron estaría dando por hecho que el actual Ejecutivo no llegará a fin de año. El diario se hace eco de una conversación del presidente con varios asistentes a un acto oficial en la que afirmó que “el Gobierno va a caer” y que lo hará “antes de lo que la gente se piensa”. Unas declaraciones que el Elíseo se apresuró a desmentir, aunque el rotativo parisino se ha reafirmado en lo publicado, citando a un testigo como fuente.

La posibilidad de que el año acabe sin Gobierno y sin la aprobación de los presupuestos sería un hecho inédito en el sistema francés. La combinación de inestabilidad política y la degradación de las finanzas inquietan dentro y fuera de Francia. El jueves se vivió una sesión parlamentaria tensa, en una jornada en la que Francia Insumisa intentó presentar una medida para abolir la reforma de las pensiones de 2023. Se registraron varios altercados entre diputados y múltiples suspensiones de sesión.

En caso de censura, si un nuevo gobierno se formase rápido, no puede excluirse la aprobación de unos nuevos presupuestos de urgencias, aunque en las condiciones actuales parece difícil. En este sentido, dirigentes del partido socialista comienzan a especular con la posibilidad de un gobierno técnico, que sí estarían dispuestos a apoyar, lo que parece indicar que han pasado página respecto a la candidatura común del NFP, encarnada por la economista Lucie Castets.

“El PS está organizando una nueva coalición con otros, en lugar de hacerlo con el Nuevo Frente Popular. Vallaud, Faure, Bouramrene [dirigentes del PS] les están tendiendo la mano. ¿Alguien va a impedir este cambio de línea política?”, denunció el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, en mensaje en X.

Poco después de conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas de Francia, Emmanuel Macron fue uno de los primeros en reaccionar, reclamando la creación de un “frente republicano” para impedir la llegada de la extrema derecha al gobierno. “Contra Agrupación Nacional [partido de Marine Le Pen], ha llegado el momento de una gran unión, claramente democrática y republicana, de cara a la segunda vuelta”, afirmó esa misma noche el jefe de Estado, a través de un breve comunicado de prensa.

El pacto electoral entre los candidatos de centro y de izquierda –en el que no quiso participar el partido del actual primer ministro, Los Republicanos– consiguió impedir la mayoría de diputados de extrema derecha que pronosticaban las encuestas. La coalición progresista, el Nuevo Frente Popular, logró más escaños (193) que los otros bloques. Pero días después, Macron afirmó que “ningún partido había ganado las elecciones”, ya que ninguna tendencia política había alcanzado la mayoría absoluta y se negó a nombrar a la candidata consensuada por la alianza progresista, Lucie Castets, como jefa de Gobierno.

“Un gobierno sobre la única base del programa y de los partidos del Nuevo Frente Popular sería inmediatamente censurado por el conjunto de los otros grupos de la Asamblea Nacional”, afirmó entonces el Elíseo mediante un comunicado. “De acuerdo con su deber constitucional, el presidente se está asegurando de que el primer ministro y el gobierno reúnen las condiciones para ser lo más estables posible y ofrecer el máximo de posibilidades de agrupar tanto como sea posible”, explicó.

Macron ligó esta idea de estabilidad a la capacidad del futuro primer ministro para resistir una moción de censura, factor en el que aseguró basar la decisión. En ningún momento, el presidente francés mencionó el hecho de que el partido que él mismo fundó, hoy llamado Juntos por la República (que cuenta con 95 diputados) hubiese permitido la supervivencia de un gobierno del NFP con su abstención en caso de moción de censura. Ni que figuras del ala izquierda de su propia formación, como el eurodiputado Pascal Canfin, le reclamaban que diese a la coalición progresista la oportunidad de intentar formar gobierno.

“Sumisión a la extrema derecha”

En septiembre, tras varias semanas de incertidumbre, Macron decidió nombrar primer ministro al conservador Michel Barnier, a pesar de que su partido se había negado a participar en el cordón sanitario a la extrema derecha y a que solo logró un 5% de los votos (y menos de 50 diputados). Con su designación, el mandatario rompió la tradición de nombrar primer ministro a una figura de la mayoría parlamentaria. La justificación esgrimida entonces por el presidente francés fue que Barnier tendría el respaldo de los diputados de centro y derecha (que sumarían unos 220 escaños) y que la líder ultra Marine Le Pen había aceptado no votar inmediatamente a favor de una moción de censura.

“En realidad lo que vemos es la voluntad de Emmanuel Macron de proteger su propio legado”, resumía el politólogo Olivier Rouquan en un análisis para Public Sénat. “Con Barnier no existen inquietudes sobre Europa, sobre el presupuesto o sobre la reforma de las pensiones, que la izquierda quería suprimir”.

No obstante, en público, la estabilidad ha sido el principal argumento que Macron ha esgrimido para poner la supervivencia del gobierno en manos de la extrema derecha, la fuerza política contra la que había pedido al resto de partidos –incluido a la formación de izquierdas Francia Insumisa– unirse.

“Hay una negación democrática en el rechazo al frente republicano: las fuerzas de centro e izquierda se aliaron para marginalizar a Agrupación Nacional, Macron la vuelve a poner en el centro del juego”, afirmaba recientemente profesor de ciencias políticas de la Universidad de París Panthéon-Sorbonne Bastien François en una entrevista para el semanario Le1.

El partido de extrema derecha celebra esta posición decisiva como una victoria. “No vamos a votar una censura porque ahora mismo es inútil”, afirmaba hace unos días en la Asamblea Nacional el diputado de Guillaume Rigot. “Un tuit de Marine Le Pen ha sido suficiente para cambiar la posición del primer ministro sobre la desindexación de los salarios”.

“En la tribuna de la Asamblea Nacional, el partido de Le Pen humilla a Barnier y presume de mover al Gobierno a golpe de tuit y de ser obedecida de inmediato”, reaccionó Jean-Luc Mélenchon en un mensaje en X. “Asistimos al momento de la historia parlamentaria en el que el macronismo paga vergonzosamente la sumisión a la extrema derecha”.

Futuro incierto

La secuencia política que ha llevado a Barnier a la jefatura de un Gobierno formado por macronistas y miembros de la derecha y la postura de Marine Le Pen y su partido, que presumen de tener la llave de la continuidad del Ejecutivo, han dejado al NFP como principal fuerza de oposición, al menos de momento. El bloque progresista mantiene además su unidad en contra del nuevo primer ministro y, sobre todo, del presidente que les ha negado la posibilidad de entrar en el gobierno y que hasta ahora concentra las críticas de los partidos de izquierda.

Pero, además, ha abierto grietas en el bloque central, en el que una parte de los diputados –en su mayoría procedentes de formaciones de izquierda– han mostrado su malestar por ser el apoyo de un gobierno de derecha, que se encuentra bajo supervisión de la extrema derecha. Las declaraciones diarias del nuevo ministro del Interior amenazando con un abanico de medidas represivas a los inmigrantes amenazan con provocar la salida de nuevos diputados de las filas macronistas.

“Ustedes, que creo, sinceramente, se comprometieron con la política detrás de un hombre [Emmanuel Macron] que tenía un proyecto, el de ir más allá de la división izquierda-derecha, de hacer avanzar el liberalismo económico pero también el liberalismo societal. Ustedes, que se sentían unidos por la idea del progreso y del humanismo, aquí están hoy, aguantando la vela entre la derecha radicalizada y la extrema derecha”, señaló en la Asamblea Nacional la ecologista Cyrielle Chatelain a los diputados macronistas.

De momento, bajo la dirección del ex primer ministro Gabriel Attal, el partido presidencial ya critica abiertamente a Barnier, aunque más por la subida de impuestos a grandes empresas que por la retórica del nuevo titular de Interior. En todo caso, los macronistas siguen invocando la estabilidad como principal elemento para seguir apoyando al Ejecutivo.

“En un momento en que Francia necesita estabilidad, ustedes construyen el desequilibrio”, acusaba el diputado Mathieu Lefevre a los parlamentarios del NFP durante la sesión parlamentaria de la moción de censura. “En un momento en que los franceses necesitan una dirección, ustedes abogan por la deriva. En un momento en que el mundo necesita la voz fuerte de nuestra nación, ustedes están debilitando nuestras instituciones”.

En los mismos términos se expresó Barnier, que, para defenderse del primer intento de hacer caer su Gobierno, afeó a la izquierda que quiera censurar a su Ejecutivo “a priori”, antes de que empiece a actuar. Pero, tras conocerse los resultados electorales, su propio partido y los macronistas movieron ficha anunciando que, en caso de moción de censura, votarían en contra de un potencial primer ministro salido del Nuevo Frente Popular.

Solo un voto conjunto del NFP y la extrema derecha puede hacer caer al gobierno de Barnier. Y nadie está en disposición de decir cuándo podría producirse. Pasada la primera moción de censura, Barnier ha entrado de lleno en la negociación de la ley de finanzas, los presupuestos para 2025.

Como ya ocurrió el año pasado, ante la fragmentación de la Asamblea –y la impopularidad de unos presupuestos de austeridad– es probable que tenga que aprobarse por decreto y que provoque una nueva moción de censura. El partido de Le Pen ha declarado que no votará los presupuestos en su actual estado, sin precisar si eso supone votar a favor de hacer caer al Gobierno. La estabilidad del Ejecutivo de Michel Barnier volverá entonces a ponerse a prueba.

Recién salido de la primera moción de censura, Michel Barnier entra de lleno en su primer gran combate político: la tramitación de los presupuestos generales. El primer ministro francés ha anunciado oficialmente el contenido del proyecto de ley de finanzas este jueves. A partir de ahora, será debatido en la Asamblea Nacional, donde su partido es minoritario. Una prueba de fuego para el nuevo jefe del Ejecutivo, especialmente en un contexto de aumento de la deuda y el déficit públicos.

“La verdadera espada de Damocles no es la que pesa sobre mi Gobierno, sino la que pesa sobre los franceses: la deuda presupuestaria”, afirmó Barnier la semana pasada en su discurso de política general. A principios de este año, comenzaron a aparecer señales que apuntaban a que las cifras de las cuentas públicas en 2024 estarían lejos de las previsiones que había establecido el Gobierno. El Ejecutivo de Élisabeth Borne había marcado el objetivo de llevar el déficit público a 4,4% del PIB cuando en los últimos meses las estimaciones han apuntado a que alcanzará el 6,1%.

En cuanto a la deuda pública, a finales de junio alcanzó los 3,2 billones de euros, un billón más que en 2017 cuando Emmanuel Macron llegó a la presidencia. En las últimas semanas, Barnier ya había anunciado su voluntad de presentar un presupuesto que aspira a lograr a 60.000 millones de euros de ahorro, de los que dos tercios vendrán de recortes en el gasto público y el resto de la subida de impuestos “específicos y limitados en el tiempo” sobre grandes fortunas y multinacionales.

Queda por especificar cuál será la distribución de los 40.000 millones de euros de ahorros en el gasto público. Se apunta a que una gran parte –en torno a un tercio– vendrá de la Seguridad Social y otra, de la anulación de distintos créditos del Estado. Además, las declaraciones de algunos ministros dan ciertas pistas sobre los sectores sobre los que van a reposar los tijeretazos, como son los casos de Justicia y Ciencia, que asumen que su presupuesto se verá reducido.

Impuestos a multinacionales y ricos

La principal propuesta del nuevo Gobierno francés en materia de fiscalidad es el aumento del impuesto de sociedades, que en 2017 Macron había reducido a un 25% sobre los beneficios de las empresas. El nuevo Ejecutivo quiere devolverlo al 33,5%, una contribución “excepcional” que podría aportar a las arcas públicas 8.000 millones de euros en 2025. El Gobierno ha subrayado que es un esfuerzo limitado en el tiempo y que solo afectará a empresas con beneficios superiores a 1.000 millones de euros.

Además de las grandes multinacionales, los presupuestos establecen una “contribución excepcional” de los ciudadanos “más afortunados” para devolver a Francia al camino de la reducción del déficit público a menos del 5% en 2025 y al 3% del PIB en 2029. Según había afirmado esta semana el nuevo ministro de Economía, Antoine Armand, ese aumento de la fiscalidad solo concierne al 0,3% de los más ricos, alrededor de 65.000 hogares.

Otras medidas en materia de fiscalidad se han enunciado de manera general, sin entrar en detalles. Es el caso de un aumento parcial en algunos impuestos sobre la electricidad y en impuestos adicionales a la compra de vehículos que más contaminan, ya sea por el peso o por el tipo de combustible utilizado. También se apunta al endurecimiento de la fiscalidad de los alquileres vacacionales del tipo Airbnb.

Críticas entre los aliados

Esa subida de los impuestos es uno de los puntos más sensibles en las discusiones presupuestarias que está llevando a cabo Michel Barnier con el resto de partidos. Y ha sido especialmente criticada por líderes de la coalición de centro-derecha, antiguos miembros del Gobierno, como Gabriel Attal y Gerald Darmanin. Para los dos macronistas, el aumento de los impuestos sobre de las empresas supone un paso atrás en la política de “estimulación de la oferta” iniciada hace siete años por Macron y, a su juicio, va en contra de los esfuerzos para aumentar la capacidad de atracción de inversores en la economía francesa.

Paradójicamente, hace solo unos días, el propio Emmanuel Macron, se mostró favorable a la “imposición excepcional” a las grandes empresas “por un año” en una intervención pública durante un viaje oficial a Berlín.

En todo caso, el ex primer ministro Gabriel Attal, actual presidente del grupo Juntos por la República (partido fundado por Macron), presentó el miércoles en rueda de prensa un presupuesto alternativo al de Michel Barnier que, en su opinión, “no contiene suficientes reformas y sí demasiados impuestos”. En su lugar, Attal defiende una reforma del sistema de subsidios por desempleo.

El Gobierno francés también prevé la congelación de seis meses en la indexación de las pensiones (para ajustarlas al IPC) como medio para conseguir un ahorro adicional de 4.000 millones de euros. Una medida que ha creado malestar en el partido de Barnier, aunque de momento prevalece en las declaraciones públicas la voluntad de cerrar filas con el Ejecutivo.

Debate parlamentario

No obstante, los partidos en los que se apoya la coalición gubernamental parecen estar de acuerdo en un punto: la necesidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos si es necesario. Presentado este jueves ante el Consejo de ministros, el proyecto de ley se transmite a la Asamblea donde los diputados pueden debatirlo hasta el 21 de diciembre.

Pocas veces la elaboración del proyecto de ley de Finanzas, un proceso muy codificado y regulado en la legislación francesa, se había visto desestabilizado por el contexto político como este año. En particular, por los 50 días transcurridos entre la dimisión de Attal y la nominación de su sucesor por Macron. Por primera vez, el calendario legislativo asignado al proyecto de ley ha sido imposible de mantener y el presupuesto elaborado por el nuevo Ejecutivo llegará a la Asamblea Nacional con retraso.

Aunque el Gobierno dice estar abierto al diálogo con los parlamentarios, la Asamblea sigue fracturada en tres bloques reacios a hacer concesiones. En consecuencia, el presupuesto podría aprobarse sin votación, acogiéndose al artículo 49.3. En ese caso, el Gobierno no necesita la aprobación de la Asamblea, que solo puede frenar la ley con una posible moción de censura, en la que los votos de la extrema derecha volverían a ser decisivos como lo fueron el pasado martes para salvar a Barnier.

“De momento, Michel Barnier no nos envía ninguna señal positiva para evitar que votemos una moción de censura después de la revisión del presupuesto”, dijo el miércoles el diputado Sébastien Chenu, portavoz del partido de Marine Le Pen. “Hay líneas rojas que no se están respetando, entre ellas las que exigen a los franceses esfuerzos suplementarios para pagar los daños causados por las políticas económicas aplicadas durante los últimos años”.

La izquierda

Por su parte, los partidos progresistas del Nuevo Frente Popular (NFP) han señalado al primer ministro que las medidas sobre la fiscalidad de los más privilegiados no van lo suficientemente lejos y proponen esfuerzos adicionales como la instauración de un impuesto “sobre la fortuna climática” para patrimonios superiores al millón de euros. No obstante, varios medios franceses apuntan a que el NFP abandonó la idea inicial de elaborar un presupuesto alternativo, como hizo Gabriel Attal, ante las diferencias internas, en particular sobre posibles medidas de reducción de gasto público.

No obstante, varios miembros importantes en el Partido Socialista han subrayado su satisfacción por las primeras medidas fiscales evocadas por Michel Barnier. Entre ellos, la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga y el cabeza de lista socialista en las últimas europeas, Raphaël Glucksmann. “Son un pie en la puerta [de la fiscalidad más justa] que Macron había cerrado con tres llaves”, afirmó esta semana el eurodiputado.

Por otro lado, en los últimos días, algunos medios franceses apuntan a que la cifra dada por Barnier no se corresponde a la realidad de lo requerido. Un documento enviado por el Gobierno al Alto Consejo de Finanzas Públicas, revelado por la web Contexte, apunta a que en realidad el ajuste podría ser menor a los 60.000 euros anunciados y que va a reposar a partes iguales entre la fiscalidad y los recortes.

La extrema derecha de Marine Le Pen ha mantenido a flote al primer ministro conservador francés, Michel Barnier, en la primera moción de censura a la que se ha enfrentado su Gobierno en la Asamblea Nacional este martes.

La iniciativa, presentada el viernes pasado por la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP), se ha debatido y se ha votado en la cámara baja del Parlamento, pero no tenía posibilidades de prosperar, ya que la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) había avanzado que no votaría a favor, como ha acabado haciendo.

La moción ha recibido el apoyo de 197 diputados de los 289 que necesitaba y que marcan la mayoría absoluta. Los 193 diputados del NFP necesitaban el respaldo de los 142 parlamentarios del partido de Le Pen y sus aliados. La suma de la izquierda más la extrema derecha conduciría a un cese automático del Gobierno, dado que los partidos que forman el mismo, esto es, el bloque macronista y de los conservadores de Los Republicanos (LR) –la formación de Barnier–, apenas suman en torno a 210 de los 589 diputados.

La izquierda francesa ha justificado el procedimiento por el “déficit democrático” en el que, a ojos del Nuevo Frente Popular, se asienta el Ejecutivo. “El suyo es el Gobierno de un partido destruido, apoyado por otro partido que fue derrotado tres veces en un mes y que se sostiene gracias a la extrema derecha que fue rechazada por dos tercios de los franceses”, ha dicho el líder socialista, Olivier Faure, encargado de presentar la moción de censura. En su réplica, Barnier ha afeado a la izquierda que quiera censurar a su Ejecutivo “a priori”, antes de que empiece a actuar y ha dicho que, aunque sin mayoría absoluta, es el grupo que cuenta con más apoyos entre macronistas y la derecha tradicional.

La extrema derecha, a la que el presidente Emmanuel Macron entregó la llave de la continuidad de Barnier, ya había dicho que, de momento, no tiene intención de tumbar el Ejecutivo –cuyo ministro del Interior, Bruno Retailleau, es muy próximo a sus tesis en inmigración–. “Hemos optado por no caer en el caos, no censurar inmediatamente a Michel Barnier para darle la oportunidad de desarrollar un proyecto. Si eso no nos conviene, censuraremos”, declaró el lunes Sébastien Chenu, de Agrupación Nacional. Este martes, el diputado de RN, Guillaume Bigot, ha dicho; “Nuestro grupo está deseando votarla [la moción de censura], pero no lo haremos hoy; no con el Nuevo Frente Popular”.

El propio Olivier Faure había reconocido en una entrevista que era “probable”  que la moción de censura fracasara, asegurando que la extrema derecha ha “decidido apoyar” el Ejecutivo sin participar en él y dijo que la votación era “una oportunidad de decir quién está en la oposición y quién no”.

Un primer aviso de la debilidad parlamentaria

Si bien el Gobierno ha superado su primera moción de censura, el de este martes es un primer aviso de su debilidad parlamentaria y su dependencia de la extrema derecha para sobrevivir. El domingo, Le Pen dijo en un mitin que la “débil legitimidad democrática” del Gobierno de Barnier conducirá a su caída y a otras elecciones legislativas anticipadas, que legalmente podrán celebrarse a partir de julio de 2025, si así lo considera Macron. “Pensamos que habrá elecciones en menos de un año”, declaró la política ultraderechista.

La que se ha debatido este martes es la moción de censura número 35 desde que el partido de Macron perdió la mayoría absoluta en las legislativas de 2022, un síntoma de la inestabilidad política que atraviesa el país desde entonces. El procedimiento en Francia es un trámite relativamente fácil, ya que no es necesario presentar una alternativa al Gobierno.

El texto propuesto por los diputados socialistas, comunistas, ecologistas y de Francia Insumisa sostenía que la existencia del Ejecutivo de Barnier, nombrado por Macron hace poco más de un mes, “es una negación del resultado de las últimas elecciones legislativas” del 7 de julio, en las que, contra todo pronóstico, el bloque de izquierda se alzó como primera fuerza parlamentaria.

“Sobre la base de estos resultados, el presidente de la República debería haber nombrado para Matignon a la persona propuesta por el Nuevo Frente Popular, la coalición con mayor número de escaños (193) en la Asamblea Nacional. Correspondía entonces a esta persona proponer un gobierno al presidente de la República y tratar de construir mayorías texto a texto”, señala el texto.

Con la designación de Barnier, Macron rompió la tradición de nombrar primer ministro a una figura de la mayoría parlamentaria en la Asamblea, escudándose en el anuncio de los partidos de centro y derecha, entre ellos el suyo, de que, en caso de moción de censura, votarían en contra de cualquier figura salida de la coalición progresista –que había propuesto a la economista Lucie Castets–.

“Al final, el presidente de la República prefirió escudarse en la llamada 'estabilidad institucional' para romper con esta tradición republicana y acabar nombrando a un primer ministro miembro de una formación política que perdió las elecciones, que no llamó claramente a un dique republicano [contra la extrema derecha] y que es responsable de perpetuar las políticas aplicadas durante siete años y repetidamente castigadas por el electorado en las urnas”. El NFP sostiene que la estabilidad institucional “tan buscada por el presidente de la República es en realidad ahora un acuerdo oportunista con Agrupación Nacional, en absoluta contradicción con el inmenso ímpetu republicano que tuvo lugar el 7 de julio”.

La semana pasada, Barnier dio el tradicional discurso de política general en el que presentó las principales líneas de su Gobierno, entre las que mencionó el control migratorio. El próximo jueves, el primer ministro se enfrenta a la presentación del proyecto de presupuestos para 2025, con el que pretende recortar el déficit público francés con recorte del gasto y más impuestos. El líder socialista ha criticado la línea de Gobierno avanzada por Barnier. “La subida a los más ricos es una cortina de humo (...) En realidad pagarán las clases medias con subidas de tasas y con recortes de servicios”, ha dicho Faure.

Paralelamente, este martes se ha conocido que el procedimiento de destitución de Macron promovido por el partido de izquierdas Francia Insumisa no será debatido en el plenario de la Asamblea Nacional tras la abstención de Le Pen en la conferencia que reúne a los líderes de los grupos parlamentarios.

57 rue de Varenne, Hôtel de Matignon. Es la dirección de la residencia oficial del primer ministro francés, a un kilómetro escaso de la Asamblea Nacional, donde Michel Barnier ha pronunciado este martes su primer discurso de política general. A veces los políticos y periodistas hablan del “infierno de Matignon” para referirse a este cargo, que en el sistema francés sirve de pieza intermedia entre el presidente y la cámara parlamentaria, a menudo enfrentado con, al menos, uno de los dos.

En su configuración más habitual, el primer ministro se apoya en la mayoría parlamentaria para gobernar y ejecutar la visión política del jefe de Estado. A veces en buena armonía, otras en permanente tensión, incluso cuando ambos pertenecen a la misma fuerza política. Algunos primeros ministros se resignan a que los presidentes los traten como simples ayudantes –Nicolás Sarkozy se refería a François Fillon como “mi colaborador”–. Otros tienen que convivir con ambiciosos jefes de Gobierno que aspiran abiertamente a la presidencia, como fue el caso de François Hollande y Manuel Valls.

Cuando el primer ministro no dispone de mayoría absoluta su trabajo es mucho más difícil, obligado a buscar aliados entre sus rivales o a gobernar por decreto. Fue el caso de Élisabeth Borne la pasada legislatura, encargada de sacar adelante medidas impopulares como la ley sobre la inmigración y la reforma de las pensiones en una Asamblea hostil.

La de Michel Barnier es una situación aún más precaria. “Las elecciones legislativas de principios de julio han dado paso a una Asamblea Nacional dividida como nunca antes desde 1958. Ningún partido político dispone de mayoría absoluta”, ha reconocido este martes en su primera comparecencia ante la Asamblea Nacional, en un ambiente marcado por las protestas de una parte de los diputados de la coalición progresista Nuevo Frente Popular, primera fuerza en el arco parlamentario. “Pero los franceses no nos perdonarían que nos quedáramos inmóviles durante los próximos tres años y nos piden respuestas urgentes a algunas de las principales demandas”.

En el sistema político francés, a diferencia del español, la elección del jefe de Gobierno no depende de una sesión de investidura, sino que es nombrado directamente por el presidente. El primer ministro puede solicitar la celebración de un voto de confianza, pero no es obligatorio y Michel Barnier había confirmado que no se sometería a la aprobación de la Asamblea. No obstante, cuando toma posesión del cargo es habitual que dé un discurso de política general ante la cámara baja del Parlamento para definir las líneas de acción que el Ejecutivo se propone llevar a cabo y, por tanto, exponer las principales reformas deseadas, con un calendario y una lista de prioridades.

Es un ejercicio delicado con el actual equilibrio de fuerzas, en el que el Parlamento tiene una influencia decisiva sobre el Ejecutivo y sobre el jefe de Estado, cuando en Francia lo normal es que sea al revés. Barnier ha prometido “escuchar y respetar a todos y cada uno de los diputados, aunque este respeto no sea siempre recíproco”. 

El primer ministro ha esbozado sus cinco ámbitos prioritarios: poder adquisitivo, servicios públicos –con la educación y la sanidad a la cabeza–, seguridad, inmigración y “fraternidad”.

Minoría en la Asamblea

Aunque no se puede hablar de cohabitación, Barnier (Los Republicanos) no pertenece al partido del presidente (Renacimiento) y solo cuenta con el respaldo directo de los 47 diputados de su formación, de los 577 de la Asamblea.

En las últimas elecciones, los conservadores de Los Republicanos (LR) consiguieron menos del 5% de los votos, y además rechazaron formar parte del frente republicano. La alianza entre su partido y la coalición presidencial de centro-derecha permite a Barnier reivindicar una base de, según ha estimado el propio primer ministro, “unos 220 o 230 diputados”, lejos de la mayoría absoluta (289), pero superior en número al bloque de izquierda y a la extrema derecha.

Para reforzar ese apoyo, Barnier ha diseñado un Gobierno que se inscribe en la continuidad de los anteriores, pero acentúa la presencia de ministros de derecha y minimiza las personalidades de centroizquierda, que sí estuvieron presentes en anteriores ejecutivos bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Además, su partido es mayoritario en el Senado, donde la suma de los senadores de LR y los de centro alcanza 229 escaños (de 348).

No es casualidad que el nuevo Ejecutivo cuente con un número inhabitual de exsenadores y es previsible que el recorrido parlamentario de muchos de los textos legislativos se organice de forma que el Senado pueda dominar su redacción. Aunque en Francia, como en España, es la cámara baja la que tiene la última palabra.

Los textos que tratan del presupuesto pueden ser aprobados por decreto recurriendo a un artículo 49.3 de la Constitución. Para el resto, el que fuera negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, deberá conseguir apoyos en otros partidos. A corto plazo necesita además asegurarse de que los otros dos grandes bloques de la Asamblea (izquierda y extrema derecha) no se unan para votar juntos una moción de censura.

La inmigración, cuestión central

En este contexto, la declaración sobre política general cobraba una especial importancia. Todos los partidos estaban atentos a ella, especialmente el de la ultraderechista Marine Le Pen, a la que la que Macron ha situado en posición de árbitro sobre el futuro del Gobierno con el nombramiento de Barnier. Los diputados de la formación lepenista, Agrupación Nacional, son decisivos en una eventual moción de censura –los legisladores del Nuevo Frente Popular han anunciado que presentarán una en los próximos días–.

Así que se esperaban guiños de Barnier a la extrema derecha, especialmente en materia de inmigración, un tema en el que Barnier ha venido adoptando un tono cada vez más duro en los últimos años. “Michel Barnier parece haber hecho sobre la inmigración la misma constatación que nosotros”, afirmó Marine Le Pen, poco después del anuncio del nuevo primer ministro.

Este martes, Barnier ha abordado el tema en la parte final del discurso, asegurando que es una cuestión que quiere tratar “con pragmatismo”. Ha defendido que se ejecuten las órdenes de expulsión ya dictadas y que se alargue el periodo de retención obligatoria para las personas a las que se ha ordenado dejar el país. “Se han emitido más de 100.000 órdenes en este país, pero decenas de miles de migrantes irregulares permanecen indebidamente en nuestro territorio”, ha dicho, afirmando que Francia “ya no controla satisfactoriamente su política migratoria”.

El nombramiento del nuevo ministro de Interior ya había mandado un primer mensaje en este sentido. Su nuevo titular, Bruno Retailleau, utiliza una retórica muy similar a la de la extrema derecha y ha repetido en varias ocasiones, antes de llegar al cargo, su intención de suprimir de suprimir la ayuda médica del Estado, que organiza la sanidad universal actual en Francia. El ministro espera modificarla a través de nueva legislación, sustituyéndola por una ayuda médica de urgencia para los migrantes en situación administrativa irregular, restringiendo su acceso al sistema, a pesar de que ese cambio cuenta con el rechazo de –entre otros– todo el sector sanitario.

“La inmigración no es una oportunidad”, afirmó el domingo Retailleau en una entrevista en televisión, desatando una importante polémica. “Nuestra cultura es judeocristiana. (...) ¿Cómo pretendes integrar a los jóvenes que dudan de eso, a los que se les dice que Francia no es amable, que es culpable de todos los crímenes?”, insistió el ministro, que además reclama la celebración de un referéndum sobre la inmigración.

Además, Retailleau, como varios de los nuevos ministros del Gobierno Barnier, católicos y muy conservadores, tienen un largo historial de voto en contra de avances sociales: matrimonio homosexual, inscripción del derecho a la aborto en la Constitución o la ley de “atención a menores que están cuestionándose su género”.

Contrapeso

Por otro lado, el ex primer ministro macronista Gabriel Attal y los diputados de centro buscan posicionarse como contrapeso para impedir una deriva excesiva hacia la derecha. En ese caso, la política del Gobierno podría acabar por fracturar el bloque central que ya comienza a plantearse su futuro de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y que ha perdido a varios diputados de su ala izquierda, desencantados con el rumbo del presidente y el nuevo Ejecutivo. Una cuestión particularmente sensible en el Parlamento francés, en el que la disciplina de voto es mucho menos férrea que en el español. De momento, Attal se ha comprometido ante esos diputados a exigir a Michel Barnier garantías de que “no habrá vuelta atrás en la reproducción asistida, el aborto o los derechos LGTB”. El primer ministro ha aludido a esta cuestión, asegurando que no se tocarán estos derechos.

Además, otros dosieres importantes esperan en el escritorio del primer ministro. Uno es el de Nueva Caledonia, donde se prolongan las protestas violentas y los bloqueos de carreteras desde hace meses. Otro es el de la deuda pública y la fiscalidad. La cuestión de una posible subida de impuestos, planteada por el primer ministro para sanear las finanzas públicas, también ha sido recibida con hostilidad por los centristas.

En este sentido Michel Barnier ha afirmado el martes que considera que la situación “exige hoy un esfuerzo específico, limitado en el tiempo, un esfuerzo compartido en demanda de justicia fiscal”. “Ese reparto del esfuerzo nos llevará a pedir la participación en la recuperación colectiva de las finanzas, a grandes y muy grandes empresas que obtienen beneficios importantes”, ha agregado.

Barnier también ha anunciado su voluntad de pedir “una contribución excepcional a los franceses más ricos”. “La verdadera espada de Damocles no es la que pesa sobre mi Gobierno, sino la que pesa sobre los franceses: la deuda presupuestaria”, ha dicho el nuevo primer ministro.

Al mismo tiempo, ha afirmado que el poder adquisitivo será uno de los ejes de su gobierno y anunció la convocatoria de negociaciones con los actores sociales para “reflexionar sobre las modificaciones justas de la ley sobre la reforma de las pensiones”. El mismo día, miles de personas se habían manifestado en varias ciudades convocadas por varios sindicatos para garantizar que el Gobierno “respondiera a las necesidades sociales”.

Por último, en el capítulo internacional, el nuevo primer ministro francés ha reafirmado su “solidaridad con el pueblo ucraniano” y con “todos los rehenes [en manos de Hamás] cuya liberación exigimos, incluidos nuestros compatriotas”. “También pensamos en todas las víctimas civiles palestinas”, ha dicho, llamando a un alto el fuego inmediato. “La clave de una paz duradera y de la estabilidad en esta región reside en la solución de los dos Estados”, ha concluido.

La cuadratura del actual círculo presupuestario no requiere de teoremas indescifrables. Las tesis neoliberales de austeridad andan de capa caída. No solo porque la comparación entre la salida del colapso crediticio de 2008 con ajustes draconianos y el trampolín fiscal y monetario que sacó de la Gran Pandemia de la recesión no aguante un asalto, sino porque sigue sin ser tiempo de nuevos corsés contables.

Los cheques de los servicios sociales, debilitado por políticas restrictivas de gastos sin castigos por las elusiones tributarias de grandes patrimonios y empresas, han ido en aumento debido a la creciente necesidad asistencial creada por la desigualdad entre ricos y pobres. Por si fuera poco, se ha instaurado como criterio económico la necesidad de emprender una urgente reindustrialización que devuelva a los mercados nacionales fábricas manufactureras esenciales como las de chips o centros de suministro de materias primas críticas como antídotos contra la reducida productividad que atenaza la competitividad y paraliza las economías.

Todo ello exige, pues, más recursos. Eso sí, sin llegar a la barra libre presupuestaria de la Gran Pandemia ni los estímulos monetarios de sus bancos centrales. Es decir, sin volver a la consigna dada por el FMI de gastar a discreción, pero guardando las facturas, durante la crisis sanitaria, las autoridades económicas se devanan en idear fórmulas que eleven los recursos públicos sin abandonar el objetivo, a medio plazo, del equilibrio presupuestario.

Francia y Reino Unido han tocado la tecla de la doble revisión de gastos e ingresos. Este último componente, el del haber contable, casi un tabú de la doctrina neoliberal -y más si el incremento recaudatorio procede de la presión fiscal de las clases pudientes- es el que sus gabinetes, ambos de nuevo cuño, aunque de distinto signo ideológico, se están planteando activas.

Francia grava la riqueza para atender el déficit y su deuda

El gobierno de Michel Barnier prepara una política económica con alzas impositivas a empresas y fortunas que implica el epitafio a las rebajas fiscales que instauró Emmanuel Macron hace siete años, cuando accedió al Elíseo.

El ex comisario y último negociador europeo del Brexit ha asumido un enorme reto. Sobre todo, porque las urnas dieron al Frente Popular una inesperada victoria con la que podrían intentar presentar alguna moción de desconfianza. Sin embargo, este político conservador, que tendrá el apoyo de la extrema derecha de Marine Le Pen, Francia no necesita ahora píldoras de austeridad. Barnier ha abierto el melón de elevar la presión fiscal a grandes fortunas y corporaciones para alumbrar “un presupuesto masivo” con el que restaurar la confianza inversora.

En una entrevista en France 2 descartó que la carga tributaria recaiga ni sobre la clase media ni los trabajadores, enfatizó la urgente reducción de la deuda gala, en el 112,3% del PIB, y reclamó “esfuerzos colectivos” para recortar gastos, sin mencionar a los servicios sociales. “Es necesario reparar la coyuntura, lo que no excluye a ricos, ni a empresas que funcionan correctamente”. Todos “deben contribuir”, añadió.

Quizás sea un guiño al bloque progresista para impedir que tumben su Ejecutivo. Pero la losa de sus pagos soberanos, de 3 billones de euros, el agujero fiscal del 6% -9 décimas por encima de la previsión oficial- con riesgo de sanción por “déficit y deuda excesivos” por parte de la Comisión Europea, y una economía en parálisis obliga a modificar la senda actual, admite Barnier. Dicho de otra forma, enterrar las rebajas fiscales a fortunas y empresas que fueron el signo de identidad de Macron. De hecho le valieron el apodo de “presidente de los ricos” entre sus detractores. Además, las medidas favorece que no han dinamizado la actividad ni han convertido a la segunda economía del euro en el refugio de las fugas masivas de capital de la City londinense tras el Brexit.

Estamos hablando de que se redujo del 33% al 25% el tipo de Sociedades, se aminoró la presión a la industria, se hizo permanente la exención fiscal por empleo a las empresas, se introdujo un tipo único del 30% sobre las rentas de capital y se sustituyó el intento de gravar a los grandes patrimonios por un tributo sobre activos inmobiliarios de más de 1,3 millones de euros. Este mapa tributario ha generado un descosido en las arcas estatales y creado la “emergencia” que admite la voz de auxilio de Barnier: Francia “está grave” porque a la montaña de deuda se suman pagos por sus intereses que “rebasan los 50.000 millones anuales” y porque la mayoría de los vencimientos “procede de los mercados internacionales”.

El propio mercado certifica la credibilidad perdida de Francia. “La cuestión no es cuánto tiempo sobrevivirá el Gobierno Barnier, sino en qué momento caerá”, alerta Benjamin Melman, de la firma Edmond de Rothschild, para quien “todo lo que avance será gracias al respaldo inversor”.

El espectro de Liz Truss

El fantasma de Liz Truss, la fugaz primera ministra británica que cayó en octubre de 2022, tras apenas 44 días en el cargo, por las presiones bursátiles y sobre la libra de unos fondos de capital que se conjuraron en desmontar el presupuesto de Downing Street con mega-rebajas fiscales a ricos y empresas y aumento del Estado del bienestar, sobrevuela ahora por la cabeza de Barnier, que fue testigo de la guillotina que se llevó la cabeza de su entonces interlocutora del Brexit.

El Institute Montaigne afirma que las recetas liberales de recortes fiscales de Macron han traído mayor desigualdad y drenado al Tesoro con 15.000 millones de euros. En un momento en el que apremia ahorrar 110.000 millones de euros con los que atender el endeudamiento de los años venideros y consolidar el déficit por exigencia del Pacto de Estabilidad de la UE.

El consenso de economistas galos se decanta por elevar al 35% el tipo único sobre las rentas de capital, un tributo temporal a los beneficios extraordinarios de las corporaciones, abandonado en 2022 expresamente por El Elíseo a pesar de los millonarios ingresos caídos del cielo a la banca y las energéticas, a los que, sin embargo, impusieron gravámenes socios europeos como España, Finalmente, restaurar el tributo a los ricos que, aunque sea testimonial, “aportaría al menos 15.000 millones de euros”, explica el think tank galo Terra Nova.

En Reino Unido, el traspaso de poder al laborismo otorga a su Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, un auténtico as en la manga con el que abordar un cambio estructural de modelo económico. No es el único porque también puede jugar la carta de despegue de una economía -su PIB creció siete décimas durante el primer trimestre y seis en el periodo primaveral-. La OCDE sitúa el dinamismo de la economía británica por encima de la de Alemania, Japón e Italia este año y en 2025.

Reeves ha enfatizado que el presupuesto “será realmente ambicioso”, expansivo, garantista con el capital que precisa la descarbonización de su tejido productivo y con un marcado cariz social.

“Es momento de que el Tesoro pase de auditar los costes de las inversiones a reconocer también los múltiples beneficios” de unas cuentas expansivas. Pese a los 22.000 millones de libras -unos 26.400 millones de euros- de agujero que dice haber heredado del largo decenio tory. En teoría, con 16.000 millones adicionales del cambio de tratamiento inversor que baraja su equipo y que tendrá efectos balsámicos sobre la deuda, y otros 31.000 como aportación a las subidas fiscales a los ricos y empresas -y otros compromisos incluidos en el manifiesto laborista- con los que se añadirá “estabilidad financiera y se incentivarán las inversiones”.

Kamala Harris escucha los cantos de sirenas del Viejo Continente

El cambio de paradigma en Reino Unido parece del gusto de Stephen Phipson, CEO del lobby manufacturero Make UK quien asegura que el futuro presupuesto “atiende la reindustrialización como una pieza vital de la estrategia del dinamismo económico, productivo y competitivo”. En su opinión, “el presupuesto inversor” de Reeves “pone el énfasis en la prosperidad británica”.

A buen seguro que a Kamala Harris también le suena a melodía la música que llega del otro lado del Atlántico. En Reino Unido, Francia y España, si finalmente sale adelante la senda fiscal, un presupuesto expansivo para 2025 y un modelo de financiación que refuerce los escudos sociales y atienda el problema del acceso a una vivienda digna.

Esencialmente, porque cuadra con su programa económico demócrata que dice instaurará en sus “primeros 100 días de gestión” en caso de victoria en las presidenciales de noviembre y que se enfocará a la reducción de los costes y a espolear las oportunidades de las clases medias y bajas del país, a las que prorrogará las rebajas impositivas de 2017 de su rival, Donald Trump, más allá de 2025, cuando expira su vigencia. A cambio, va a incrementar la fiscalidad sobre las fortunas y las grandes corporaciones, cuyos beneficios sufragarían los 1,7 billones de dólares en los que sus propuestas engordarían el déficit de EEUU en diez años.

La candidata demócrata apuesta por otorgar créditos blandos para educación infantil de familias de rentas bajas que recibirían 2.000 dólares como tope al año para abaratar recetas médicas. Su compromiso en fiscalidad pasa por no tocar la presión sobre los ingresos inferiores a 400.000 dólares anuales, elevar del 21% al 28% el tipo de Sociedades y el máximo del IRPF desde el 37% al 39,5% y por establecer un gravamen único del 25% a las fortunas superiores a 100 millones que incluiría las ganancias de capital. Todo ello -enfatiza- “mejoraría la recaudación hasta los 5 billones el próximo decenio”. Harris también creará un fondo de 40.000 millones para estimular la vivienda nueva.

Más de dos meses después de que Emmanuel Macron aceptara la dimisión de Gabriel Attal y de su Gobierno, tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones legislativas, Francia ya cuenta con un Ejecutivo de pleno derecho, salido de las filas del macronismo y la derecha gaullista.

El nuevo equipo de gobierno consta de una mayoría de ministros del partido presidencial Renacimiento y sus aliados, a pesar que en las elecciones de julio pasaron de ser la primera a la segunda fuerza parlamentaria. Los conservadores de Los Republicanos, otra fuerza minoritaria a la que pertenece el primer ministro Michel Barnier, se hacen con varias carteras. No hay ministros de la unión de las izquierdas ni tampoco de la extrema derecha lepenista.

En Francia, Macron es quien formalmente nombra a los ministros y quien tiene que dar su visto bueno al gabinete. El presidente y el primer ministro se reunieron el jueves en el Elíseo en un encuentro que duró unos 50 minutos, en el que Barnier propuso su lista de nombres. Tras varias horas de expectación, la jefatura del Gobierno anunció que la presentación de las carteras sería “antes de este domingo” después de que los organismos de control ético hicieran las verificaciones necesarias. Hubo que esperar a la tarde/noche del sábado -un horario muy poco habitual- para el anuncio oficial.

Un gobierno más a la derecha

La composición del nuevo Gobierno se inscribe en la línea de los anteriores nombrados por Macron cuando su coalición era primera fuerza parlamentaria, pero en esta ocasión se acentúa la presencia de ministros venidos de la derecha. El único nombre originario de un partido de izquierda es el del antiguo diputado socialista Didier Migaud, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública y que ocupará la cartera de Justicia.

Buena parte de la impronta derechista emerge de la elección del nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, que pertenece al ala más dura de Los Republicanos en materia de inmigración, y se ha pronunciado en varias ocasiones contra las medidas que permiten abrir vías legales para regularizar la situación de las personas sin papeles. “Un clandestino [sic] que entra irregularmente en Francia no debería obtener jamás la regularización”, afirmó en 2022. Su nombramiento y su postura de conservador duro en materia de inmigración y en cuestiones sociales se pueden interpretar como un gesto hacia la extrema derecha.

Según varios medios, Macron advirtió a Barnier de que el nombre de Laurence Garnier podría plantear problemas. Hasta ahora senadora de Los Republicanos, se opuso a la legalización del matrimonio homosexual y a la inscripción del aborto en la Constitución. La evocación de su nombre como posible ministra de Familia provocó críticas en la izquierda y en un parte de la coalición presidencial. Finalmente ha sido nombrada a la secretaría de Estado de Consumo. Por su parte, la titular de Cultura, la antigua ministra de Nicolas Sarkozy Rachida Dati, mantendrá la cartera.

Nada más se filtró a la prensa la lista de Barnier, la izquierda se apresuró a rechazarla, considerando que no refleja el resultado de las urnas. “En la Francia de Macron, son los perdedores de las últimas elecciones los que van a formar gobierno”, reaccionó Manuel Bompard, coordinador de Francia Insumisa, uno de los cuatro partidos del Nuevo Frente Popular, la coalición progresista que se alzó como primera fuerza parlamentaria en las elecciones legislativas. “¿Para qué hubo una disolución en junio, si es para acabar teniendo más de lo mismo, pero encima más a la derecha?”, denunció el viernes el expresidente socialista François Hollande en una entrevista a RMC. 

Días de atasco y tensiones

Desde su nombramiento como primer ministro hace dos semanas, Michel Barnier había multiplicado las reuniones para resolver la difícil ecuación que supone la formación de un gobierno capaz de maniobrar en una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca. Una cámara en la que además su partido político, Los Republicanos, tiene escaso peso (47 diputados de 577) en comparación con el Nuevo Frente Popular, la extrema derecha o el bloque centrista, su principal aliado.

A pesar de que Barnier se había comprometido a anunciar la composición del Gobierno a lo largo de esta semana, el atasco de las negociaciones en los últimos días hizo temer un bloqueo prolongado, que añadiera más incertidumbre al momento político particularmente convulso que atraviesa Francia.

Uno de los momentos de tensión esta semana se produjo alrededor de los rumores sobre una posible subida de impuestos. En declaraciones a la agencia France-Presse, Barnier catalogó como “muy grave” la situación presupuestaria del país y afirmó “haber pedido todos los elementos para apreciar la realidad exacta”. En particular, hacía referencia a la creciente deuda pública que arrastra Francia y al déficit de las cuentas del Estado.

Las declaraciones, y especulaciones posteriores sobre un “esfuerzo fiscal”, dieron pie a una cruce de declaraciones entre figuras de los diferentes partidos en relación a esa hipotética subida de impuestos, a la que se oponen el partido de Macron y sus aliados. También la extrema derecha amenazó con censurar al Ejecutivo en caso de aumentar los impuestos.

Además, varios diputados de la coalición macronista habían acusado a Barnier de querer imponer un Ejecutivo dominado por los miembros de su partido que, aunque mayoritario en el Senado, es solo el cuarto en número de diputados en la Asamblea Nacional. En este contexto, el miércoles Barnier anuló dos reuniones: una con su predecesor, Gabriel Attal, y otra con representantes de su propio partido, Los Republicanos. En su lugar acudió al Elíseo por segunda vez esta semana para tratar con el presidente.

El miércoles por la noche el gabinete del primer ministro salió al paso con un comunicado desmintiendo las acusaciones. “No representan en absoluto el proyecto de gobierno que desea el primer ministro que está buscando un equilibrio de sensibilidades”.

La mañana del jueves, Barnier anunció que el día supondría “la última jornada de consultas” antes de la “formación rápida de un gobierno”. Barnier recibió por separado, a la presidenta de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet y al presidente del Senado Gérard Larcher. Además, el primer ministro se reunió a lo largo de la tarde con los líderes de las formaciones políticas susceptibles de entrar en el gobierno, que incluían a todos los grupos salvo la extrema derecha y los partidos del Nuevo Frente Popular.

Según publican estos días varios medios franceses, Barnier ha intentado –sin éxito– cortejar a varios miembros importantes del Partido Socialista, que se inscriben en la corriente más hostil a las alianzas del PS con Francia Insumisa. Entre ellos, se ha mencionado a los antiguos ministros de François Hollande, Stéphane Le Foll y Ségolène Royal.

Primera prueba de fuego

El nuevo Ejecutivo se enfrentará a su primera prueba de fuego a partir del 1 de octubre y la apertura de la sesión parlamentaria ordinaria. Es previsible que los partidos de la oposición lo reciban presentando una moción de censura en los primeros días de actividad en la Asamblea. En este escenario, la postura de los parlamentarios de la extrema derecha será decisiva. 

Tras una campaña relámpago, las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio situaron a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular como principal fuerza política de la Asamblea (193 escaños), por delante de la coalición centrista de Macron (166) y de la extrema derecha de Marine Le Pen (142). Estos resultados dejaron a los tres grandes bloques lejos de la mayoría absoluta de 289 diputados (de 577).

Con la designación de Barnier, Macron rompió la tradición de nombrar primer ministro a una figura de la mayoría parlamentaria en la Asamblea, que en este caso era el NFP. Para ello, se escudó en el anuncio de los partidos de centro y derecha, entre ellos el suyo, de que, en caso de moción de censura, votarían en contra de cualquier figura salida de la coalición progresista –que había propuesto a la economista Lucie Castets–.

La intuición de Emmanuel Macron de que el momento de parar a la extrema derecha era la propia noche electoral de las elecciones al Parlamento Europeo fue acertada. Dejar que se consolidara la imagen de que el ascenso de la extrema derecha era irresistible es lo último que se podía aceptar. El contrataque tenía que ser inmediato. 

La convocatoria de las elecciones generales fue, en consecuencia, una buena decisión. En tres semanas se pondría de manifiesto mediante el ejercicio del derecho del sufragio con una participación muy superior a la de las elecciones europeas que el ascenso de la extrema derecha era perfectamente resistible. El frente republicano resultante de la alianza en la segunda vuelta del Nuevo Frente Popular y del partido presidencial evidenció que la extrema derecha no es mayoritaria. El cuerpo electoral interpretó correctamente la decisión de la convocatoria electoral. Los ciudadanos y ciudadanas cumplieron la parte que les tocaba en el proyecto

Ha sido en la ejecución de la decisión adoptada por el frente republicano por el propio presidente, que lo propició con la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones, en la que se ha acabado produciendo la ruptura de dicho frente, poniendo en las manos de la extrema derecha la posibilidad misma de la formación de Gobierno, primero, y de la continuidad del mismo, a continuación. 

Me temo que el mal está hecho de manera irreversible en el futuro inmediato. Con la designación de Michel Barnier como primer ministro Emmanuel Macron se ha despojado a sí mismo de la muy devaluada legitimidad democrática que le quedaba y ha condicionado la legitimidad democrática del primer ministro a la aportación activa o pasiva que le proporcione la Alianza Nacional de Marine Le Pen. Es decir, ha designado a un primer ministro sin aporte ninguno de legitimidad democrática. 

Y, con falta de legitimidad, no se puede activar el principio de legalidad, es decir, no se puede poner en marcha un programa de Gobierno digno de tal nombre. Esto es así de manera inexorable en todo Estado democráticamente constituido. El principio de legitimidad es el presupuesto del principio de legalidad. Entre el presidente de la República y el primer ministro no reúnen la legitimidad necesaria para ofrecer primero y aplicar después un programa de Gobierno. Esto es lo que ha conseguido Emmanuel Macron con la ruptura del frente republicano que ha supuesto la designación de Barnier como primer ministro.

Las próximas elecciones presidenciales son en 2027, pero van a ser mucho antes. El acto de Macron ha sido un acto suicida. Un país de la envergadura de Francia y en un contexto europeo e internacional como el que se está perfilando no puede ser dirigido por el tándem Macron y Barnier, que está ya amortizado. El primero, porque ha dilapidado de manera definitiva el capital que el cuerpo electoral le había otorgado, y el segundo, porque accede a la condición de primer ministro sin legitimidad alguna. 

La sensación de alivio con que se recibieron en Francia y en el resto de Europa los resultados de las elecciones legislativas se han difuminado. Lo que podía haber sido una parte muy importante de la solución para Europa en la muy difícil encrucijada con que tenemos que enfrentarnos se ha convertido en lo contrario. 

Con el binomio Macron/Barnier, Francia se encuentra desarbolada hasta las próximas elecciones presidenciales, en las que tendrá que recomponerse la legitimidad del sistema político de la que ahora carece. Que podrá ser una legitimidad democrática o no, dependiendo del resultado electoral. 

Desde el punto de vista de la legitimidad democrática, las próximas elecciones presidenciales en Francia van a ser muy parecidas a las próximas elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Es la propia democracia como forma política lo que se estará jugando.    

Cerraba una crónica previa a las elecciones legislativas francesas, días antes de la primera vuelta, con esta reflexión: “La pregunta relevante ahora mismo es a quién nombrará Macron como primer ministro, con qué agenda política y con qué aritmética parlamentaria, en el caso de que el partido de Le Pen sea el más votado pero no obtenga mayoría absoluta, y si el partido de Macron cayese a la tercera posición pero sumase con el frente de izquierdas. De la respuesta dependerá no sólo el devenir político de Francia en los próximos años, y su impacto en el ciclo europeo que ahora comienza, sino el de la V República en sí misma, que debe celebrar sus próximas elecciones presidenciales en 2027”.

En ese punto exacto estamos. El partido de Le Pen ha sido el más votado (10,1 millones de votos) pero no ha obtenido mayoría absoluta (143 diputados sobre el total de 577 que componen la Asamblea Nacional), y el partido de Macron ha caído a la tercera posición (6,7 millones de votos) pero suma mayoría con el frente de izquierdas (350 diputados entre ambas formaciones), que, aunque ha conseguido más diputados que nadie (182) no ha ganado las elecciones.

No las ha ganado por dos razones. Primero, porque no ha podido forjar una mayoría viable en la Asamblea con la que acceder al Ejecutivo. Y segundo, porque tampoco ha sido ni de lejos el partido más votado: se ha quedado a 3,1 millones de votos del partido de Le Pen.

Acostumbrados los franceses a que el presidente nombre primer ministro al representante del primer partido en la Asamblea, la izquierda ha olvidado que todos los primeros ministros lo fueron por ser además los candidatos de la lista más votada y, sobre todo, por ser los candidatos de la única mayoría posible, absoluta o relativa.

Nunca, desde que en 1958 se instauró la V República, la lista más votada en unas legislativas obtuvo un resultado tan corto como en 2024: Castets se quedó a 107 diputados de la mayoría, que está en 289 diputados. El último precedente comparable fue Chirac en 1978, que se quedó a 95 diputados de la mayoría, que entonces estaba en 245/488 diputados, con la diferencia de que el presidente de la República, Giscard-d’Estaing, era de su misma familia política.

Los resultados de las elecciones han sido un alivio en términos de aritmética parlamentaria, dado lo que la primera vuelta dejaba presagiar, pero en el fondo tienen algo de espejismo: el frente republicano en conjunto perdió de 1,3 a 1,6 millones de votos entre las legislativas de 2022 y las de 2024 (dependiendo si se considera a los conservadores de LR en dicho frente, o no), con un aumento de participación de 6,5 millones de votos, que es justo lo que ha crecido el voto a la extrema derecha en las últimas elecciones. 

La izquierda francesa ha sido torpe en su ceguera de 'la lista más votada'. Con el apoyo solamente de 1/3 de los diputados y teniendo asegurada enfrente una mayoría de bloqueo, lo más realista habría sido pelear por una coalición liderada por el NFP y negociar un programa, lo cual habría implicado necesariamente hacer cesiones. Sólo Mélenchon dio un paso en este sentido, anunciando que renunciaría a la presencia de ministros de LFI en un hipotético Gobierno de izquierdas. 

Macron comprendió perfectamente el peligro de ese gesto. Y, puesto que nada le obligaba “jurídica ni moralmente” (en palabras de Mitterrand, en un viaje al futuro desde 1978) a nombrar Primera ministra a Castets, se apresuró a cerrar la puerta a la izquierda antes de que fuera demasiado tarde. Usó para ello un argumento de peso (“un Gobierno sobre la base únicamente del programa y los partidos del NFP sería inmediatamente objeto de una moción de censura”) que, en realidad, era más el reflejo de su voluntad política, como se ha visto posteriormente. Dio un portazo.

Un Gobierno de coalición presidido por el NFP, con nombramientos y programa negociados, podría estar en disposición de modular la última reforma de las pensiones, recuperar el impuesto a las grandes fortunas financieras y poner en marcha una agenda social. Macron corría así el riesgo de convertirse en un presidente 'desautorizado' y con un legado político enmendado, con todavía tres años de mandato por delante. Cazeneuve, un intento de úlrima hora, no iba a tener su opción.

Desde ese punto de vista, el nombramiento del conservador Barnier al frente de Ejecutivo tiene todo el sentido. Es más, dada la composición de la Asamblea, probablemente represente mejor al votante mediano francés que muchos otros de los candidatos barajados en las últimas semanas y, desde luego, que cualquiera de los candidatos del NFP.

El problema no es Barnier. El problema es haber tomado una decisión tan transcendental como el nombramiento del primer ministro en función del visto bueno de Le Pen, con cuya colaboración el macronismo se asegura que una censura no cuenta con los números suficientes para prosperar. 

El macronismo pidió un voto republicano en campaña electoral para, finalmente, formar un Gobierno que va a estar tutelado por la extrema derecha. ¿Con qué si no con el voto republicano fue elegido Macron frente a Le Pen en 2017 y 2022? ¿Con qué base volverá alguien a votar bajo la premisa de frenar a la extrema derecha como primera obligación moral (como tan honestamente defendió Dominique de Villepin en la pasada campaña)? 

Nada bueno hacía presagiar la sorna con la que Bardella se refirió a Jean Moulin (icono de la Resistencia, secuestrado y torturado hasta la muerte por la Gestapo) en uno de los debates electorales celebrado entre las dos vueltas y televisado en prime time. En otro tiempo, esa reacción espontánea habría sido suficiente para laminar las opciones de cualquier candidato. 

Da la impresión de que gran parte de la sociedad francesa y, sobre todo, del establishment vive desde hace tiempo en el dilema de Óscar Wilde: “La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella.” Y están cediendo.

Caído el muro republicano, queda por saber qué ocurrirá a partir de ahora cuando cada votante escoja la papeleta de su verdadera preferencia, libre al fin del juego de estrategias en el que llevan inmersos desde hace tanto tiempo.

En cuestión de semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pasado de querer marginar al partido de Marine Le Pen a situarlo como árbitro de la estabilidad del futuro Gobierno. La noche de la primera vuelta de las elecciones legislativas el pasado 30 de junio, con la extrema derecha claramente en cabeza, Macron aseguró que la prioridad era “evitar el peligro inminente de una mayoría absoluta para Agrupación Nacional”, para lo que pidió a “una amplia concentración claramente democrática y republicana de cara a la segunda vuelta”.

La coalición de centro y la unión de la izquierdas en Nuevo Frente Popular (NFP) alcanzaron entonces un acuerdo para formar un “frente republicano” contra la extrema derecha, llamaron a ciertos candidatos a retirarse y a apoyar en circunscripciones a rivales políticos que estaban en disposición de derrotar al candidato de extrema derecha. Este dique contuvo el avance de los de Le Pen, que contra todo pronóstico quedaron terceros en los comicios, mientras que la coalición progresista se alzó como la primera fuerza en la Asamblea Nacional.

Este jueves, dos meses después de aquella cita, el presidente nombró como primer ministro al conservador Michel Barnier, cuyo partido (Los Republicanos) no quiso participar en ese acuerdo para formar un cordón sanitario contra Le Pen y sus aliados. Su supervivencia en el cargo y la estabilidad de su Gobierno dependen ahora en buena medida de la extrema derecha, la misma a la que Macron llamó a dejar fuera del poder.

El nombramiento de Barnier ha puesto de manifiesto el acercamiento del macronismo a la derecha. A pesar de que la coalición de partidos de izquierdas es la que cuenta con más escaños, el presidente francés rechazó la candidatura de Lucie Castets, propuesta por el NFP. Un Gobierno “basado únicamente en el programa y en los partidos propuestos por la alianza con más diputados, el Nuevo Frente Popular, sería inmediatamente censurado por todos los demás grupos representados en la Asamblea Nacional”, justificó el presidente.

Bendición de Le Pen

El presidente francés consultó en varias ocasiones en los últimos días con Marine Le Pen, entre otros líderes políticos, para conocer su postura ante posibles candidatos a la jefatura del Gobierno. Las garantías que la líder ultraderechista ha dado al presidente en caso de una moción de censura contra el Gobierno pueden haber jugado un papel decisivo en la elección de Barnier, según diputados de la izquierda.

“Tenemos la casi total certeza de que si Michel Barnier ha podido ser nombrado por el presidente Macron es porque Agrupación Nacional, la extrema derecha ha dado algún tipo de garantía”, denunció este jueves el expresidente socialista y actual diputado, François Hollande, para quien el nuevo primer ministro deberá “explicarse” sobre este punto en la Asamblea Nacional.

Tras el anuncio del Elíseo, Le Pen dio su bendición al nombramiento. Aseguró que el nuevo primer ministro “parece responder al menos al primer criterio” que pedía su partido, “es decir, alguien respetuoso con las diferentes fuerzas políticas”. “Es un hombre que nunca ha despreciado públicamente a Agrupación Nacional, que nunca ha excluido a nuestro partido. Es un hombre de diálogo”.

La posición de Michel Barnier a favor de una moratoria de la inmigración, expresada durante las primarias de su partido en 2021, parece haber jugado también un papel importante en el asentimiento de Le Pen, quien se felicitó de que “por una vez, no se ha nombrado a inmigracionista loco” al puesto, en sus palabras. Barnier –al igual que la líder ultraderechista– propuso un referéndum que permitiera inscribir en la Constitución un “escudo” que permitiese a las autoridades francesas ignorar el derecho comunitario en materia migratoria.

De momento, el nuevo inquilino del 57 rue de Varenne, la residencia del primer ministro, ha recibido el encargo de “formar un Gobierno de unión al servicio del país”, según Macron. Tendrá que encontrar el equilibrio adecuado en la composición del Gobierno, que dará una primera indicación de su capacidad de convencer. De momento, ha dicho que se compromete a “respetar a todas las fuerzas políticas” representadas en el Parlamento, sin “sectarismos”, una alusión al partido de Le Pen, pero con la que también puede estar refiriéndose al partido de izquierdas Francia Insumisa, a la que múltiples voces del centro y de derecha equiparan con la extrema derecha.

Opción Cazeneuve

En las últimas semanas, Macron había explorado la posibilidad de nombrar al socialista Bernard Cazeneuve, con el que se entrevistó en varias ocasiones y que podría haber reunido una mayoría suficiente de diputados de centro e izquierda. Los motivos que llevaron a descartar a Cazeneuve no se conocen aún. Una parte de la prensa francesa apunta a la que el socialista había advertido que trataría de anular la controvertida reforma de las pensiones impulsada por Macron en la pasada legislatura y que el mandatario francés trata de preservar a toda costa.

No obstante, varios miembros del Partido Socialista señalan a sus propias filas. “Podríamos haber tenido un primer ministro de izquierda, en línea con el voto de los franceses. Había un nombre, el de Bernard Cazeneuve, y fue mi propio partido el que impidió su nombramiento”, ha dicho la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. “Michel Barnier es un hombre respetable, pero siento una profunda rabia porque mi partido ha tenido la oportunidad y no ha estado a la altura de la Historia”.

En cualquier caso, otro partido del NFP, Francia Insumisa, ha prometido activar una moción de censura contra Barnier tan pronto como sea posible. Es probable que, con este partido, voten ecologistas, comunistas y una parte de los socialistas. Con un voto favorable de buena parte de los 193 diputados de la izquierda, la postura de los 142 parlamentarios de la extrema derecha será decisiva (son necesarios 289 diputados de 577 para obligar a dimitir al primer ministro).

De momento, el partido de Le Pen no baraja una moción de censura automática y ha anunciado que esperará a escuchar el discurso política general de Barnier y ver sus primeros pasos.

“No sabemos qué compromisos ha adquirido el presidente de la República con Marine Le Pen, y aún no conocemos las orientaciones políticas de Michel Barnier”, señala el politólogo Frédéric Sawicki en una entrevista en The Conversation. “Pero solo puede mantenerse si se hacen concesiones importantes a Agrupación Nacional. Eso equivale a dar el mando a este partido”.

“Coexistencia exigente”

“La manera en la que me gustaría basar mi mandato es una en la que cada uno esté en su sitio: el presidente debe presidir, el Gobierno debe gobernar, el Parlamento debe ser respetado y escuchado”, explicó Michel Barnier en 2021, durante su campaña a las primarias de Los Republicanos. Entonces criticó con dureza la “verticalidad” y “la soledad” con las que Macron ejercía el poder. A partir de ahora, los dos hombres deberán crear una nueva relación y un tándem inédito en la historia política reciente francesa.

El Elíseo habla de 'coalización' (contracción de coalición y cohabitación –como se denomina en Francia a la convivencia de un presidente y un primer ministro de distinto color político–) o de “coexistencia exigente” para describir esta nueva situación.

Así, se abre también una nueva etapa en el tramo final del mandato de Macron, que en 2022 vio su partido privado la mayoría absoluta y que ahora, tras las elecciones que él mismo convocó, se ve obligado a ceder parte de su poder.

¿Adelanto electoral?

Un día antes de anunciarse el nombre del nuevo primer ministro, uno de los predecesores en el cargo de Michel Barnier, Édouard Philippe, anunció su intención de ser candidato al Elíseo en las próximas elecciones presidenciales en 2027, en una entrevista concedida al semanario Le Point.

Primer jefe de Estado elegido por Macron en 2017 y aliado parlamentario del presidente con su grupo Horizontes, Philippe fue muy crítico con la decisión del jefe de Estado de disolver la Asamblea y convocar elecciones, considerando que el presidente “había disuelto su propia mayoría”.

A esa queja añade ahora la decisión de obligar a Elisabeth Borne a dimitir como primera ministra en enero y sustituirla por Gabriel Attal, quemando el cartucho de cambiar el Gobierno como respuesta tras el batacazo en las elecciones europeas. Ahora, la imposibilidad de convocar nuevas legislativas hasta dentro de un año priva al presidente de margen de maniobra. “Sí, había recomendado al presidente de la República que mantuviera a Elisabeth Borne. Pero esa no fue su decisión”, reconocía Philippe.

Si bien el anuncio no ha sorprendido a nadie –el de Philippe es uno de los nombres que más suenan para las próximas elecciones presidenciales, junto a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon–, el momento de hacerlo, en pleno caos político, con el presidente inmerso en un largo periodo de consultas, se interpreta como una forma de distanciarse de Macron y, tal vez, de posicionarse en caso de un adelanto electoral.

En la misma entrevista, evoca la posibilidad de que las elecciones, prevista para 2027, pueda adelantarse y que Macron no esté en condiciones de acabar la legislatura o que deba adelantar los comicios en caso de agravarse el bloqueo político. Así, Philippe ha confirmado que estaría preparado para presentarse, “incluso en caso de elecciones presidenciales anticipadas”.

Se trata de una posibilidad que también evoca Sawicki en su entrevista. “Al poner la supervivencia del Gobierno en manos de Agrupación Nacional le da la oportunidad de paralizar las instituciones”, analiza el politólogo. “Marine Le Pen podrá tumbar el Gobierno en el momento más oportuno para ella, una vez que se haya anotado algunas victorias. Y como no hay posibilidad de disolución hasta dentro de un año, podría crear una situación de bloqueo del poder durante varios meses, lo que llevaría a las fuerzas políticas a exigir la dimisión del presidente de la República”.

El presidente Emmanuel Macron ha puesto fin este jueves a dos meses de suspense y ha nombrado al conservador Michel Barnier primer ministro de Francia. Las últimas semanas han estado marcadas por las consultas, el baile de nombres y las dudas de un presidente que buscaba un candidato que no se opusiera radicalmente a su política pero no formara parte de su partido político. Que diese al nuevo Ejecutivo “un perfume de cohabitación” –como se denomina a la convivencia de un presidente y un primer ministro de distinto color político–, según han repetido fuentes del Elíseo en los últimos días.

Al final, Macron se ha decantado por el excomisario europeo procedente de la derecha gaullista y le ha pedido que “forme un Gobierno de unión al servicio del país”. El presidente ha afirmado que el político reúne las “condiciones de estabilidad y de consenso más amplias posibles”, pero la decisión ha desatado duras críticas en la izquierda, que salió victoriosa de las elecciones legislativas y ha denunciado una “negación de la democracia”. Este mismo jueves ha tenido lugar el traspaso oficial de poderes a Barnier en el Palacio de Matignon de manos de su predecesor, el macronista Gabriel Attal.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La secuencia política que ha llevado a la elección del nuevo jefe de Gobierno comenzó con la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas decididas por el presidente Macron, unos días después de los comicios europeos que dieron un triunfo arrollador a la extrema derecha de Marine Le Pen. Fue una decisión personal del jefe de Estado, criticada incluso en su propio partido, y Macron la justificó por la necesidad de una “clarificación” del panorama político.

Tras una campaña relámpago, las legislativas situaron a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) como principal fuerza política de la Asamblea (193 escaños), por delante de la coalición centrista de Macron (166) y de la extrema derecha de Marine Le Pen (142). La particularidad del resultado de las elecciones legislativas es que ninguno de los tres grandes bloques se acercaba a la mayoría absoluta de 289 diputados (de un total de 577), una fragmentación parlamentaria inédita en el actual sistema político francés acostumbrado a grandes mayorías. Y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas no es una opción: tiene que pasar un año desde las anteriores.

Al final, 60 días después, el nuevo inquilino de Matignon ha salido de las filas de un partido que quedó último entre las grandes formaciones políticas francesas en las legislativas de julio, Los Republicanos.

¿Por qué es un primer ministro de derechas si la izquierda ganó las elecciones?

El nombramiento del primer ministro es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República y la Constitución francesa de 1958 no establece límites sobre a quién puede designar para el puesto ni el plazo del que dispone para hacerlo. No obstante, bajo el actual sistema, el primer ministro siempre ha sido una figura de la mayoría parlamentaria en la Asamblea. De entrada, por una razón práctica: la cámara tiene la capacidad de forzar la dimisión del primer ministro mediante una moción de censura, si ésta recibe el voto afirmativo de una mayoría absoluta de los diputados.

No obstante, en este caso, Macron ha roto esa tradición al no nombrar a una personalidad del NFP. El anuncio de los partidos de centro y derecha de que, en caso de moción de censura, votarían en contra de cualquier primer ministro salido de la coalición progresista fue la justificación esgrimida por Macron para negarse a nombrar a la candidata de los partidos progresistas, la economista Lucie Castets.

De esta forma, el presidente francés ha sido a la vez juez y parte en el actual proceso de formación de gobierno: el bloqueo parlamentario al Nuevo Frente Popular, en el que participa su propio partido, es la razón en la que se ha escudado para no permitir que la unión de las izquierdas intentara formar un ejecutivo, a pesar de que el bando macronista se benefició en las elecciones de las retiradas tácticas de candidatos progresistas para vencer a la extrema derecha, recabando el apoyo de votantes de izquierdas.

¿Quién decide ahora la composición del futuro Gobierno?

El presidente de la República nombra a los ministros, pero lo hace a propuesta del jefe del Ejecutivo. Es, por tanto, el primer ministro quien decide la composición de su gobierno. En caso de cohabitación hay precedentes en los que un presidente se ha negado a nombrar la primera elección del primer ministro para ciertas carteras relacionadas con diplomacia y defensa. Fue el caso de François Mitterrand, que rechazó las primeras propuestas de Jacques Chirac para estas carteras en 1986. Tradicionalmente, esos puestos exigen un candidato de consenso, porque una falta de acuerdo podría desembocar en un bloqueo institucional.

Aunque desde el Elíseo no se habla de cohabitación para definir la actual situación, sino de “coalitación”, un neologismo creado uniendo coalición y cohabitación. “Es difícil saber aún si es una cohabitación”, dice a elDiario.es Olivier Rouquan, politólogo e investigador asociado del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Administrativas y Políticas (CERSA). “Creo que no, porque Macron se ha ido acercando a la derecha, al menos desde 2019. Nombrar a un conservador moderado garantiza la continuidad. Por lo demás, Barnier será un primer ministro más independiente del presidente que sus predecesores. Si consigue durar”.

¿Qué otras opciones ha barajado Macron?

Macron se ha decidido por Michel Barnier tras explorar la posibilidad de nombrar al ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, con el que se reunió en varias ocasiones en las últimas semanas. La opción Cazeneuve tenía el apoyo de los socialistas y de la coalición presidencial, aunque previsiblemente hubiese contado con la hostilidad de Francia Insumisa (las relaciones entre Cazeneuve y Mélenchon son particularmente poco amigables) y de la extrema derecha.

Además, es difícil precisar qué programa hubiese podido aplicar y cuál habría sido su postura ante la polémica reforma de las pensiones, que Macron quiere proteger de todo intento de derogación por parte de la Asamblea Nacional. El mandatario también barajó la posibilidad de nombrar una personalidad no política, en concreto el presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental, Thierry Beaudet, muy respetado entre los sindicatos reformistas. No obstante, su falta de experiencia parlamentaria llevó a su descarte.

Por último, Macron se reunió esta semana con el presidente de la región Altos de Francia, el conservador Xavier Bertrand. Según varios medios franceses, la hipótesis Bertrand también se descartó porque Marine Le Pen aseguró a Macron que votaría cualquier moción de censura contra él (Bertrand arrebató a Le Pen la presidencia de la región, a la que aspiraba en 2016).

¿Cómo ha reaccionado el resto de fuerzas políticas?

Como era de esperar, el nombramiento de Barnier ha levantado una polvareda en el espacio de la izquierda, que se ha mostrado muy crítica con la decisión. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el fundador del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien ha cargado con dureza contra Macron, al que ha acusado de “robo electoral”. “Es la negación de la voluntad del pueblo francés”, ha recalcado. Mélenchon ha dicho que Barnier ha sido nombrado “con el permiso y quizás la sugerencia” de la extrema derecha, sugiriendo una alianza implícita entre Macron y Le Pen.

El líder del Partido Comunista francés, Fabien Roussel, ha tachado la designación de “corte de mangas a los franceses que aspiran a cambio” mientras que su homóloga de Los Ecologistas, Marine Tondelier, la ha calificado de “verdadero escándalo”. “Entramos en una crisis de régimen”, ha afirmado por su parte Olivier Faure, el líder del Partido Socialista, la cuarta pata del Nuevo Frente Popular.

Este sábado, varias organizaciones juveniles han convocado una movilización “contra el golpe de Macron” a la que se han sumado partidos del Nuevo Frente Popular y colectivos como Attac.

En el lado opuesto del arco parlamentario, la extrema derecha ha asegurado que va a esperar a que Barnier presente su programa político ante el Parlamento para decidir si censuran al Gobierno. “Juzgaremos su discurso de política general”, ha dicho Jordan Bardella, presidente del partido de Le Pen, Agrupación Nacional. “Pediremos que se aborden las grandes urgencias de los franceses: poder adquisitivo, seguridad e inmigración, y nos reservamos todos los medios políticos de acción si no es así en las próximas semanas”.

En el espectro macronista, Edouard Philippe, que ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027, ha felicitado a Barnier con un mensaje en X. “Su tarea promete ser difícil, pero las dificultades nunca lo han asustado”, ha dicho.

¿Qué puede pasar?

En Francia, el nuevo jefe de Gobierno no está obligado a presentarse a una moción de confianza en la que la Asamblea avale su nombramiento. Sin embargo, se puede activar una moción de censura (sin límite de mociones por legislatura) reuniendo las firmas de una décima parte del hemiciclo. Es previsible que los diputados del NFP activen esa opción de inmediato. Una vez presentada una moción, se celebra una votación en un plazo de 48 horas. Si la mayoría absoluta de los diputados –289 de 577– la aprueba, el Gobierno se ve obligado a dimitir y el presidente debe nombrar un nuevo primer ministro.

La moción puede presentarse en cuanto la Asamblea entre en sesión, lo que debe ocurrir, como tarde, el próximo 1 de octubre. Y podría ser antes si, como ha pedido la presidencia de la Asamblea, el presidente convoca una sesión extraordinaria. 

¿Cuándo podría producirse una moción? “No soy astrólogo”, responde el politólogo Rouquan. “El presupuesto va a ser muy difícil de elaborar y negociar... Pero incluso antes de eso, la composición del gobierno no será fácil”. La viabilidad del futuro gobierno depende de la capacidad del primer ministro para llegar acuerdos con otras formaciones políticas.

Barnier se encontrará un “contexto difícil” para gobernar, dice el experto. “Internamente, la sociedad está debilitada por cuestiones económicas y sociales, pero también de identidad. Externamente, la UE observa con gran preocupación la situación presupuestaria. Desde este punto de vista, Barnier cuenta con una ventaja, ya que ha ocupado importantes puestos de responsabilidad en Bruselas. Encaja en la ortodoxia económica de la Comisión. En el frente interno, su moderación calmará el debate”.

¿Cuál podría ser el resultado de una moción de censura contra Barnier?

El NFP, que ha reivindicado la victoria en las elecciones y, por tanto, la prioridad para nombrar Gobierno, ha anunciado que votará a favor de censurar a Michel Barnier. En el lado contrario, Barnier se ha asegurado el apoyo de su familia política (Los Republicanos, 47 diputados) y de gran parte de la coalición presidencial –aunque queda por ver si todos respetarán la consigna de voto–.

En caso de moción de censura, con el voto favorable de los 193 diputados del NFP, la postura de los 142 parlamentarios de la extrema derecha será decisiva. Los partidos progresistas temen que la designación de Barnier implique un pacto con Le Pen, tal vez con concesiones en materia de inmigración. Pese a tener un largo historial de conservador moderado y europeísta, el programa del nuevo primer ministro para las primarias de su partido en 2021 sorprendió incluyendo una “moratoria” respecto a la inmigración. Barnier reclamó “recuperar la soberanía jurídica para no estar sujetos a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“La segunda vuelta de las elecciones legislativas expresó un rechazo a Agrupación Nacional. Sin embargo, el Elíseo nunca ha dejado de tener en cuenta la opinión de Agrupación Nacional y su actitud futura a la hora de nombrar al nuevo primer ministro”, señala Olivier Rouquan, que subraya además que Barnier “ha pasado toda su carrera en la derecha” y “ha endurecido su postura sobre la inmigración”. “Así que este nombramiento contradice el resultado de las elecciones legislativas. Pero hay dos matices: la coalición de izquierdas no estaba preparada para gobernar –completó su programa en pocos días y aún tiene que trabajar sus divergencias– y encontrarse en la oposición es una oportunidad para ella, porque podrá consolidar su unidad”, agrega. En su opinión, la extrema derecha no “censurará inmediatamente” al Gobierno de Barnier, ya que le conviene “esperar” para no ser vista como un partido “que desestabiliza el funcionamiento de las instituciones”.

En el patio del Hôtel de Matignon, residencia oficial del primer ministro francés, Gabriel Attal –después de más de 50 días ocupando el cargo en funciones– ha cedido por fin este jueves el testigo a su sucesor, Michel Barnier. Como culminación de una larga carrera en Francia y en Europa, Emmanuel Macron ha encargado a este político conservador “la formación de un Gobierno de unión para servir al país”.

Se trata de una ardua tarea tarea para el antiguo negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, que deberá gobernar con una Asamblea Nacional más fragmentada que nunca, dividida en tres grandes bloques (izquierda, centro y extrema derecha), en la que su partido político (Los Republicanos) dispone de menos de 50 diputados (de un total de 577).

Michel Barnier (1951, La Tronche) entró en política en su adolescencia, fue diputado por primera vez en 1978 y ha formado parte de la derecha gaullista bajo sus distintas denominaciones (UDR, RPR, UMP y, actualmente, Los Republicanos) desde hace casi 50 años. A sus 73 años, se ha convertido este jueves en el primer ministro francés de más edad en el momento de su nombramiento; más del doble que su predecesor, Gabriel Attal, la persona más joven en ocupar el cargo.

Pese a su experiencia, su trayectoria ha hecho que sea menos conocido en Francia que en Europa, pese a haber sido cuatro veces ministro bajo las presidencias de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy (Medio Ambiente en 1993, Asuntos Europeos en 1995 y 2004 y Agricultura en 2007).

También ha ocupado dos veces el cargo de Comisario Europeo, antes de ser nombrado por Jean-Claude Juncker como negociador jefe del Brexit en 2016, una labor en la que consiguió el aplauso unánime de los Estados miembros. Por otro lado, a pesar de esa dilatada trayectoria, Barnier suele bromear diciendo que su mayor logro fue la organización de los Juegos Olímpicos de invierno de Albertville (en Savoya) en 1992.

Candidato fallido a la presidencial

De regreso a Francia tras el acuerdo del Brexit, intentó sin éxito ser elegido candidato de Los Republicanos para la elección presidencial de 2022. Fue tercero en las primarias, detrás de Valerie Pécresse y de Éric Ciotti. Este jueves, la prensa francesa subrayaba el prestigio del que goza en Bruselas, como hombre de experiencia, rigor y diálogo, mientras que, en casa, Barnier ha sido criticado por sus rivales –a menudo de su propio partido– por su rigidez y excesiva seriedad.

También le ha valido críticas su proximidad con Emmanuel Macron, con el que comparte muchos elementos en política económica e internacional. En 2021, Le Monde reveló que el Elíseo se había puesto en contacto con él un año antes para sustituir a Édouard Philippe en el cargo de primer ministro. Sin embargo, Macron puso como condición que Barnier debía abandonar su partido. Su negativa a hacerlo bloqueó entonces su llegada a Matignon.

Desde aquel momento, su posición respecto al jefe del Estado se endureció y, aunque ideológicamente coinciden en varios aspectos, Barnier ha criticado a menudo la forma de gobernar del mandatario. “No se puede dirigir Francia sin contar con todos”, declaró durante las primarias de 2022, denunciando una presidencia “vertical, arrogante y solitaria”.

A corto plazo, Barnier debe componer un gobierno que le permita tender puentes con otras formaciones. Bajo la tutela de Macron: en Francia, el Ejecutivo es nombrado por el presidente a propuesta del primer ministro. “El presidente se ha asegurado que el primer ministro y el próximo Gobierno reunirán las condiciones necesarias para ser lo más estables posible y lograr el apoyo más amplio”, ha afirmado el Elíseo en su comunicado oficial.

Postura ante la inmigración

Más complejo será lograr que Barnier y ese próximo gobierno resistan una previsible moción de censura en la Asamblea Nacional en las próximas semanas. En teoría, ese era el elemento central de la designación de Macron, el motivo por el que se ha negado a encargar la formación de gobierno a la candidata del Nuevo Frente Popular, Lucie Castets.

En caso de moción, una abstención de los diputados de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen podría ser decisiva. Por eso, el NFP ha criticado este jueves en un comunicado la decisión de Macron de nombrar a Barnier, acusándole de “forjar un acuerdo tácito con la extrema derecha” al optar por un primer ministro venido de la derecha.

Pese a tener un largo historial de conservador moderado y europeísta, su programa para las primarias de su partido sorprendió incluyendo una “moratoria” respecto a la inmigración. Barnier reclamó “recuperar la soberanía jurídica para no estar sujetos a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Estas propuestas estaban destinadas a seducir a los militantes de Los Republicanos, que en general son más conservadores que los votantes del partido. En su momento suscitaron la incomprensión en Bruselas, donde varios miembros de la comisión y parlamentarios los acusaron de cinismo y demagogia.

Esas propuestas ahora pueden allanar un terreno de negociación con Le Pen para conseguir, al menos, su abstención. De momento, el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, ha declarado que “esperarán al discurso de política general que debe pronunciar el primer ministro, antes de tomar una decisión en este sentido”.

Fin a ocho semanas de suspense, negociaciones, consultas y especulaciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado al conservador Michel Barnier, exministro, excomisario europeo y negociador del Brexit, como primer ministro tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas el pasado 7 de julio que dejaron una Asamblea Nacional fragmentada.

Su designación se ha anunciado este jueves, minutos después de que saliera de una reunión privada con Macron en el Elíseo. “El presidente de la República ha nombrado primer ministro a Michel Barnier. Le ha encomendado la formación de un gobierno unido al servicio del país y de los franceses”, dice la presidencia en un comunicado. “Este nombramiento se produce tras un ciclo de consultas sin precedentes durante el cual, de acuerdo con su deber constitucional, el presidente se ha asegurado de que el primer ministro y el Gobierno venidero reúnan las condiciones para ser lo más estables posible y darse la oportunidad de reunir al mayor número de personas”.

La toma de posesión de Barnier ha tenido esta tarde en el Palacio de Matignon, residencia oficial de la jefatura del Gobierno. Sustituye a Gabriel Attal, que llegó al cargo de primer ministro con en enero pasado con 34 años y se encontraba en funciones. Junto a él, ha pronunciado su primer discurso como primer ministro, en el que ha afirmado que Francia se encuentra “en un momento grave”. “Tendremos que decir la verdad y yo diré la verdad”, ha dicho Barnier. “También habrá cambios y rupturas. Finalmente, necesitaremos mucha escucha y mucho respeto, entre el Gobierno y el Parlamento, hacia todas las fuerzas políticas”. Entre sus prioridades, ha mencionado el “acceso a los servicios públicos” así como la “seguridad en el día a día, el control de la inmigración, del trabajo y del nivel de vida de los franceses”.

Barnier, de 73 años, es un político veterano, miembro del partido de derechas Los Republicanos. Su último cargo fue el de negociador europeo para el Brexit entre 2016 y 2021, después de haber sido comisario europeo en dos ocasiones, de Mercado Interior y Política Regional. Fue ministro de Exteriores durante la presidencia de Jacques Chirac, y de Agricultura con Nicolas Sarkozy en el Elíseo, y antes lo había sido de Medio Ambiente y de Asuntos Europeos. También ha sido miembro del Parlamento Europeo y diputado y senador en Francia.

Fin a una secuencia política de dos meses

La secuencia política que ha llevado a la elección del nuevo jefe de Gobierno comenzó con la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones decidida por el presidente Emmanuel Macron, unos días después de los comicios europeos que dieron la victoria a la extrema derecha. Decisión personal del jefe de Estado, tomada en busca de una “clarificación” del panorama político.

Tras una campaña relámpago, las legislativas situaron a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP) como principal fuerza política de la Asamblea (193 escaños), por delante de la coalición centrista de Macron (166) y de la extrema derecha de Marine Le Pen (142).

La particularidad del resultado de las elecciones legislativas es que ninguno de los tres grandes bloques se acercaba a la mayoría absoluta de 289 diputados (de un total de 577), una fragmentación parlamentaria inédita en el actual sistema político francés acostumbrado a grandes mayorías. Después de anunciar una “tregua política” durante los Juegos Olímpicos, Macron comenzó dos semanas de consultas con los líderes de las distintas formaciones políticas, así como varios antiguos presidentes y primeros ministros.

El Elíseo afirmó que buscaba un candidato de compromiso, que no suscitase el rechazo de una mayoría de los diputados y que pudiera superar una posible moción de censura parlamentaria. El anuncio de los partidos de centro y derecha de que, en caso de moción de censura, votarían en contra de cualquier primer ministro salido del NFP fue el argumento esgrimido por Macron para negarse a nombrar a la candidata de los partidos progresistas, la economista Lucie Castets, a pesar de representar la coalición con más escaños.

Aunque Castets había propuesto buscar acuerdos parlamentarios fuera de la coalición, ofreciendo además un método de trabajo “más colaborativo” para la Asamblea Nacional, el resto de formaciones políticas afirmó rechazar el programa del NFP, que incluía elementos como la anulación de la reforma de las pensiones o el aumento del salario mínimo.

El presidente, al que corresponde la designación del primer ministro sin que la Constitución le imponga plazos ni límites, declaró en varias ocasiones su deseo de construir una nueva coalición –distinta a las que se presentaron a las elecciones– que se agruparía alrededor de su partido, con la derecha moderada, socialistas, ecologistas y comunistas, una propuesta que supondría fracturar el Nuevo Frente Popular para aislar al partido de izquierdas Francia Insumisa.

Mélenchon: “Es un robo electoral”

El fundador de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha cargado duramente contra Macron por nombrar primer ministro a Barnier y le ha acusado de robar las elecciones. “Es un robo electoral”, ha afirmado Mélenchon, tras haber recordado que Barnier sale de un partido que quedó el último entre las grandes formaciones políticas francesas en las legislativas de julio, en las que esa formación de derechas (logró 47 diputados). Mélenchon ha argumentado que es un primer ministro “que no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones” y ha dicho que no cree ni por un momento que Barnier vaya a encontrar una mayoría en la Asamblea Nacional que respalde “tal negación de la democracia”. “Es la negación de la voluntad del pueblo francés”, ha recalcado.

El resto de los partidos de la izquierda, que acudió unida a las elecciones legislativas de junio pasado en la coalición del Nuevo Frente Popular (NFP), también ha sido extremadamente crítica con el nombramiento de Barnier. El líder del Partido Comunista francés, Fabien Roussel, lo ha tachado de “corte de mangas” mientras que su homóloga de Los Ecologistas, Marine Tondelier, lo ha calificado de “escándalo”. También el Partido Socialista (PS) ha hablado de una “negación de la democracia llevada a su máximo apogeo”. “Entramos en una crisis de régimen”, ha afirmado en su cuenta de X el primer secretario socialista, Olivier Faure.

La mañana de este jueves los líderes de los principales partidos del Nuevo Frente Popular, que durante todas estas semanas se han mostrado muy críticos con el presidente por su reticencia a nombrar a un primer ministro de la unión de las izquierdas, habían publicado un comunicado junto a Castets en la red social X en el que denunciaban que Macron “está llevando al país al callejón sin salida que él mismo ha creado”. Afirmaban que “solo dos opciones se abren ahora ante el presidente de la República: la primera es un gobierno del Nuevo Frente Popular, que salió vencedor en las urnas; la segunda es un gobierno de la coalición presidencial, que sólo pueda mantenerse gracias a un acuerdo tácito con la extrema derecha”.

Por su parte, la ultra Marine Le Pen ha señalado que van a esperar a que el nuevo primer ministro presente su programa político ante el Parlamento para decidir si censuran el Gobierno que va a formar. En una primera reacción tras el nombramiento de Barnier por el presidente, Le Pen ha dicho: “Esperaremos al discurso de política general”.

Londres y Bruselas tienen lo que queda de año para llegar a un acuerdo que marque cómo será su relación a partir de entonces. Son 10 meses que marcarán el futuro de la UE y Reino Unido. “El acuerdo más ambicioso y más estrecho es el que teníamos”, ha dicho el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, este lunes en Bruselas: “Pero hay que adaptarse a la nueva realidad, a las decisiones tomadas por Reino Unido”.

En cuanto a Gibraltar, queda excluido del acuerdo de relación futura de la UE con Reino Unido, según las directrices para la negociación aprobadas, en la línea de lo acordado en el Consejo Europeo de noviembre de 2018. Así, para que el acuerdo pueda extenderse al Peñón hará falta el acuerdo previo de España.

Y ese adaptarse consiste en qué relación tendrán la UE y Reino Unido tras el Brexit a partir del 31 de diciembre. De aquí a entonces, prevalece un periodo de transición para negociar esa relación futura, y en el que el Brexit no tiene grandes efectos –más allá del cese de eurodiputados británicos y que Reino Unido ha perdido su silla en las reuniones de la UE–.

En este sentido, Barnier ha establecido dos condiciones para un ambicioso acuerdo de libre comercio, que es el que persigue la UE: que se respete el modelo social de la UE y no haya competencia desleal; y acceso recíproco a los mercados pesqueros.

“Sin reconocimiento mutuo”, ha dicho Barnier, “las mercancías que entren a la UE estarán sujetas a controles reglamentarios para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE”.

Para ello, se abrirán 12 mesas temáticas de negociación.“Todo depende”, ha dicho Barnier, “de la respuesta que dé Reino Unido a la siguiente pregunta: ¿continuará adhiriéndose al modelo social y regulatorio de la UE? La respuesta de Londres será fundamental para el nivel de ambición de nuestra relación futura”.

Así, la Comisión Europea ha aprobado este lunes una recomendación al Consejo, presentada por Barnier, para iniciar negociaciones sobre una nueva relación con el Reino Unido. Esta recomendación se basa en las directrices y conclusiones del Consejo Europeo, así como en la Declaración política acordada entre la UE y el Reino Unido en octubre de 2019.

Incluye una propuesta integral para las directrices de negociación, que define el alcance y los términos de la futura asociación que la Unión Europea prevé con el Reino Unido. Estas directivas cubren todas las áreas de interés para las negociaciones, incluida la cooperación comercial y económica, la aplicación de la ley y la cooperación judicial en materia penal, política exterior, seguridad y defensa, participación en programas de la Unión y otras áreas temáticas de cooperación. Un capítulo dedicado sobre gobernanza proporciona un esquema para un marco general de gobernanza que cubre todas las áreas de cooperación económica y de seguridad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho: “Ahora es el momento de ponerse a trabajar. El tiempo es corto. Negociaremos de manera justa y transparente, pero defenderemos los intereses de la UE y los intereses de nuestros ciudadanos, hasta el final”.

Ahora, el Consejo adoptará en las próximas semanas el proyecto de directrices de negociación, lo que autorizará formalmente a la Comisión a abrir las negociaciones como negociador de la Unión.

“Falta una semana para que se reúna el Consejo Europeo, y unos días más para el 31 de octubre, la fecha prevista para el Brexit ordenado, pero no hemos llegado a la meta por las propuestas británicas”. Así ha descrito Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit, en el Parlamento Europeo. Y ha sentenciado: “No podemos prever un acuerdo”.

Barnier ha expresado, así, lo mismo que este martes dijo el presidente de la Eurocámara tras reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson: “Solo hay dos opciones, una extensión o un Brexit sin acuerdo”. Una situación que hizo perder la paciencia al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que expresó en Twitter lo que todas las capitales europeas tienen en la cabeza: “No quieres un acuerdo, no quieres una extensión, no quieres revocar el Brexit, ¿quo vadis?”

“Hemos formulado muchas preguntas en las reuniones técnicas”, ha dicho Barnier, “pero en estos momentos no estamos en una posición en la que podamos encontrar un acuerdo”.

En todo caso, las dos partes seguirán reuniéndose hasta el último minuto pero el tiempo es muy corto. Como ha recordado Jean-Claude Juncker en la Eurocámara, en Bruselas, “debo recordar a mis amigos británicos que al igual que hay un Parlamento en Reino Unido que debe ratificar el acuerdo, en la UE está el Parlamento Europeo que también debe hacerlo”. Es decir, que hay trámites parlamentarios pendientes: “No acepto este juego de culpas iniciado en Londres. Personalmente, no excluyo un acuerdo”“

“Aun estando en un momento grave como el que estamos”, ha dicho Barnier, “seguimos respetando al Reino Unido, y con esta actitud podremos llegar a una solución, seguiremos en contacto y mañana me reuniré con Steve Barclay, negociador del Reino Unido”.

Este martes, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, la institución comunitaria encargada de coordinar a los 28 Estados miembros y sus líderes, ha vuelto estallar a las puertas del abismo: un Brexit sin acuerdo en apenas tres semanas, el próximo 31 de octubre, si nadie logra evitarlo. 

“Boris Johnson, lo que está en juego no es ganar un juego estúpido de quién tiene la culpa. Está en juego el futuro de Europa y de Reino Unido, así como la seguridad y los intereses de nuestra gente. No quieres un acuerdo, no quieres una extensión, no quieres revocar el Brexit, ¿quo vadis?”, tuiteó el polaco, reflejando lo que piensan todas las capitales europeas y que no dicen en público.

Johnson ha insistido en que Reino Unido dejará la UE el próximo día 31, con o sin pacto, pese a la legislación aprobada el pasado septiembre por el Parlamento, que obliga al jefe del Ejecutivo a solicitar una nueva prórroga si no se ha logrado un acuerdo para el día 19.

Londres entregó a Bruselas la pasada semana su nueva propuesta, basada en limitar ciertos aspectos de la salvaguarda, diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el Brexit. De acuerdo con esa cláusula, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera comunitarias hasta que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

Pero en el nuevo plan de Johnson, explica Efe, se propone que Irlanda del Norte abandone el mercado único europeo, aunque su regulación sobre comercio y mercancías, incluidos los productos agrícolas y alimentarios, continuaría alineada con la UE y, por tanto, con la República de Irlanda.

“El no acuerdo está más cerca que nunca”, ha dicho Michel Barnier, el negociador jefe, este miércoles en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo: “Sólo el Reino Unido puede encontrar una solución al impasse”.

El desconcierto es total. La sensación de desastre, generalizada. La frustración de los dos últimos años dedicados casi de manera exclusiva al Brexit, también. El convencimiento de todo lo que no se hace por las energías dedicadas al monotema, es total. Porque, como dice Barnier, Europa entera está en un impasse.

El Parlamento británico rechazó el martes el “acuerdo mejorado” del Brexit, este miércoles rechazará la salida sin acuerdo y el jueves votará que hay que pedir una prórroga a Bruselas. Pero, ¿para qué?, se preguntan en la capital comunitaria. “Miren a Londres para buscar respuestas, no a Bruselas”, ha dicho hasta dos veces este miércoles el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas: “Ellos son los que tienen que decidir qué quieren: hay un acuerdo, mejorado el lunes por la noche que ha sido rechazado. Si quieren una prórroga, la tienen que pedir, y según dice el tratado tienen que razonar esa petición”.

Lo previsible es que los 27 jefes de Gobierno, reunidos en Bruselas el 20 y 21 de marzo, aprueben por unanimidad esa prórroga, pero necesitan un motivo, y May no tiene mayoría en el Parlamento británico para ninguna iniciativa propositiva. 

Impasse, como dice Barnier.

“Con el Brexit, lo raro es lo normal, y lo normal es lo raro”, explica una fuente comunitaria. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Si el sentido común decía que el Brexit ha de ser con acuerdo y que todo, al final, se arregla, el sentido común está aplicándose poco a este asunto. “Cada vez estamos más cerca del riesgo de un Brexit sin acuerdo”, ha dicho Barnier en Estrasburgo:  “El Reino Unido, es su responsabilidad, debe decirnos lo que quiere para nuestra futura relación, cuál es su elección. Esa es la pregunta que se plantea ahora, a la que esperamos una respuesta, y esa pregunta se plantea incluso antes de una decisión sobre una eventual extensión”.

En realidad, de lo que se está cerca es de prolongar la incertidumbre, o de salidas dramáticas: que la primera ministra británica, Theresa May, retire la petición del Brexit ante el bloqueo evidente. O que dimita y deje el marrón al que venga detrás, lo cual llevaría consigo indefectiblemente una prórroga larga del Brexit, con convocatoria de elecciones europeas de por medio; y que el nuevo gobierno decida entre la retirada del Brexit, un segundo referéndum o intentar renegociar el acuerdo, algo a lo que se opone la UE. 

“La prórroga no puede ser para renegociar nada”, han dicho fuentes comunitarias. Y lo ha dejado claro Barnier también: “¿Prolongar esta negociación para hacer qué?; la negociación sobre el artículo 50 [el Brexit] está terminada”.

Los líderes de los dos principales grupos parlamentarios de la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialdemócratas (S&D), han reclamado este miércoles un segundo referéndum ante el bloqueo del Parlamento británico. “Lo lógico sería volver a preguntarles a los ciudadanos. Desde un punto de vista democrático sería lo más lógico”, ha dicho el líder del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber “Si ese Parlamento continúa bloqueado, a los ciudadanos del Reino Unido hay que darles una segunda oportunidad”, ha dicho el socialdemócrata Udo Bullmann.

Son cuatro días. El martes, como tarde, Theresa May llevará al Parlamento británico una propuesta de Brexit. Y tendrá que ser distinta a la que firmó con la UE y que tumbaron estrepitosamente los diputados británicos. 

Son cuatro días en los que se sucederán reuniones técnicas y, si van bien, la guinda política llegaría el lunes, según fuentes comunitarias. Pero si la guinda no es suficientemente golosa, nadie puede garantizar que May saque adelante su propuesta el martes. Si perdiera, el miércoles se votará en Londres la salida de la UE el 29 de marzo sin acuerdo, toda vez que el acuerdo habría sido rechazado el martes. Si el miércoles pierde la salida de la UE sin acuerdo, el jueves se votaría posponer la salida de la UE, prevista para el 29 de marzo, para intentar lograr un acuerdo. 

Eso sí, en el horizonte hay unas elecciones europeas a las que no se presenta Reino Unido y, si no se va de la UE antes de que se constituya el Parlamento Europeo salido de las elecciones del 26 de mayo, el 2 de julio, se produciría una paradoja que habría que gestionar: no puede haber un Parlamento Europeo sin diputados de un país miembro. 

Así, a cuatro días de la votación decisiva del martes –una nueva votación decisiva–, con la UE apremiando a la primera ministra británica, Theresa May, para que sea concreta explicando qué necesita para sacar el Brexit adelante en Westminster, y con la propia May implorando ayuda a Bruselas para evitar una salida desordenada, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha dado pistas en Twitter este viernes por la tarde. Y lo ha hecho horas después de que May hiciera una declaración sobre el Brexit y tras reunirse con los embajadores ante la UE de los Estados miembros.

“He informado a los embajadores y al Parlamento Europeo sobre las conversaciones con Reino Unido”, dice Barnier: “La UE se compromete a dar al Reino Unido la opción de salir de la unión aduanera de manera unilateral, mientras que los otros elementos de la salvaguarda se deben mantener para evitar una frontera dura (en Irlanda). El Reino Unido no será obligado a estar en una unión aduanera en contra de su voluntad”.

Ahora bien, esto, que supone garantizar a Reino Unido que no se quedará atrapado en el backstop indefinidamente, lo que supone es dibujar la línea roja que siempre planteó Londres: si Gran Bretaña se sale de la aduanera, cosa que no podrá hacer Irlanda del Norte en virtud del backstop que preserva el Acuerdo de Viernes Santo, de facto lo que se está estableciendo es  una frontera entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña. Y, por esto, Londres no pasa. Entre otras cosa, porque el partido que apoya a May, los unionistas irlandeses de la UDP, no lo permitirían.

Como ha dicho muchas veces May en el pasado, no Reino Unido no va a aceptar una situación en la que hubiera una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña. “Ningún país aceptaría eso”, ha dicho a menudo. Y este viernes el Gobierno británico ha respondido en Twitter tajantemente a Barnier: 

Barnier, además, como otras veces han hecho los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo de la UE, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, afirma que “la UE está lista para dar fuerza legal a todos los compromisos de la carta de enero de Tusk y Juncker”. En la carta, los líderes comunitarios afirmaban que no deseaban que la salvaguarda –backstop– para Irlanda entrase en vigor.

En un documento que venía a abundar en lo manifestado en la cumbre de diciembre de líderes de la UE, Juncker y Tusk reafirmaban el compromiso de emplear los “mejores esfuerzos” para concluir antes de finales de 2020 –fecha en la que terminaba el periodo de transición del acuerdo de retirada si la retirada se producía el 29 de marzo de 2019– un acuerdo sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE, lo que evitaría que la salvaguardia irlandesa tuviera que entrar en vigor.

“La Comisión tiene la determinación de dar prioridad en nuestro programa de trabajo a la discusión de propuestas que puedan reemplazar a la salvaguardia con arreglos alternativos”, escribían.

Alertas de May a la UE

La primera ministra británica, Theresa May, había recordado este viernes al mediodía a Bruselas el “impacto” de las decisiones que tome la UE en el último suspiro del proceso en relación con el voto de la semana próxima en Westminster.

En un discurso ante trabajadores de la ciudad inglesa de Grimsby, May afirmó que del mismo modo que los diputados de la Cámara de los Comunes tendrán que tomar “una decisión importante” cuando voten de nuevo el martes el acuerdo de salida pactado entre Londres y Bruselas, la Unión Europea también debe adoptar una decisión, pues ambas partes participan en el proceso.

“Estamos trabajando con ellos, pero la decisión que la Unión Europea tome durante los próximos días tendrá un gran impacto en el resultado del voto” en Westminster, dijo May en su discurso. 

De momento, Bruselas ha lanzado una propuesta agónica que, en principio, no satisface a Londres. Y quedan cuatro días. Y nos acercamos a la eleventh hour, la hora 11, aquella que definen los británicos como la última del día.