El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado la obra de rehabilitación del paseo marítimo de Laredo junto al alcalde del municipio, Miguel González, en un acto celebrado este viernes. Una acción que ya sucedió en 2025: mientras el año pasado, el alcalde le mostró el proyecto al consejero, ahora ambos han hecho una presentación conjunta en la casa de cultura de la villa.

Así, este viernes han recordado que esta actuación se va a ejecutar en tres fases y que superará los 15 millones de euros de inversión: siendo en la primera fase alrededor de 7,5 millones de euros, tras elevarse la cuantía de los trabajos en 2,5 millones de euros. Un montante que se destinará al encauzamiento y recuperación del arroyo Mantilla con el objetivo de evitar inundaciones. 

Un proyecto, que afectará a un espacio total de 1,6 kilómetros de longitud, entre el Centro Náutico Pesquero y la calle República de Colombia, que depende de la aprobacion del pleno del Ayuntamiento del condicionado de Costas y el proyecto de ejecución para licitar las obras y comenzar.

En este sentido, ha señalado que se trata de una actuación “clave” que permitirá convertir este espacio en un modelo de integración entre urbanismo y naturaleza, impulsando la economía local y consolidando la identidad de Laredo como referente turístico del norte de España. 

Durante su intervención, Roberto Media ha garantizado el apoyo del Gobierno de Cantabria al proyecto y ha destacado el entusiasmo que está poniendo el regidor municipal para sacarlo adelante, a pesar de las “zancadillas” que ha recibido en las últimas semanas, sin aclarar a que se ha referido.

En este sentido, el consejero ha confiado en que el pleno del Ayuntamiento apruebe el condicionado de Costas y el proyecto de ejecución para licitar las obras y comenzar a ejecutarlas en esta misma legislatura. Y ha enviado un mensaje a la oposición municipal: “No pueden dejar pasar esta oportunidad, porque el futuro de Laredo está en sus manos. Para un laredano, por mucho que sea concejal de la oposición, va ser muy difícil decir que no”.

Por su parte, Miguel González ha agradecido el “apoyo incondicional” del Gobierno de Buruaga a un proyecto que va a transformar Laredo y a convertir el viejo paseo marítimo, construido en los años 80, en un paseo del siglo XXI. “Renunciar a su renovación no es seguir como estamos, es retroceder”, ha apuntado el alcalde.  

El plan también prevé la restauración del sistema dunar, implantando pasarelas elevadas de madera para proteger las dunas y evitar la erosión por el tránsito de personas. Además, se incorporarán medidas de drenaje sostenible, alumbrado eficiente y nuevas áreas lúdicas y culturales, como espacios para mercadillos, juegos infantiles y eventos al aire libre.

“Diez millones de inversión”

Durante su intervención, Media ha destacado que la Consejería ha invertido en lo que va de legislatura más de 10 millones de euros en la villa, una cifra a la que se sumarán otros 20 millones que su departamento movilizará en los próximos meses. “Nunca un Gobierno ha invertido tanto en tan poco tiempo en Laredo”, ha asegurado Media.

Como ejemplo, se ha referido a proyectos ya finalizados como el carril bici que recorre el centro de la villa y al que el Gobierno autonómico ha destinado 407.652 euros, o la ampliación de la lonja del puerto y el acondicionamiento de los pantalanes, unos trabajos que han supuesto una inversión de 900.000 y 500.000 euros respectivamente. 

El Gobierno de Cantabria está dispuesto a hacer correcciones en el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo, que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobó de forma inicial en julio. El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha destacado que se trata de un proyecto “heredado” por su Gobierno (PP) y con el que “no venimos a fastidiar a nadie. Todo aquello que veamos que sea razonable, que se puede corregir, lo corregiremos”, ha asegurado tras señalar que se amplió el plazo para presentar alegaciones.

Media ha explicado que para empezar habrá que certificar que el proyecto sea “económicamente viable” y, a partir de ahí, velar por perjudicar “lo menos posible” a los ciudadanos que residen en la zona. En este punto, ha indicado que una de las cuestiones que “más preocupa a los afectados” es el tema de las indemnizaciones, respecto a las que ha asegurado que “lógicamente el Gobierno de Cantabria no va a dejar abandonados a su suerte a los ciudadanos”, pero ha subrayado que ahora “no es el momento” de analizarlas.

Y es que ha destacado que previamente, cuando se apruebe definitivamente el PSIR, se debe comprobar que sea viable para decidir desarrollarlo. “De nada nos sirve hacer un PSIR que luego tengamos que vender el metro cuadrado de la zona industrial a unos precios que no se van a comprar. En ese caso no lo haríamos”, ha explicado a preguntas de los medios en Ampuero, donde ha acudido a inaugurar varias actuaciones.

El proyecto plantea habilitar más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial en tres barrios de la localidad pejina. Los vecinos afectados se han movilizado a través de una plataforma. Y es que son 57 viviendas y más de 300 terrenos los que están amenazados de expropiación para desarrollar en su lugar el macroparque industrial.

Cantabristas ha vuelto a poner el foco en la situación de los polígonos industriales de Cantabria, esta vez en la zona oriental. La formación ha visitado los parques empresariales de La Pesquera (Laredo), Alto Asón (Gibaja) y El Vallegón (Castro Urdiales), donde ha contabilizado más de dos decenas de parcelas de suelo industrial sin uso, entre naves en venta y solares abandonados. La denuncia se acompaña de un nuevo vídeo publicado este martes en sus redes sociales, el segundo que el partido difunde para visibilizar el abandono de estos espacios en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Así pues, y a la luz de la situación que se ve reflejada en esta última públicación, Cantabristas considera “totalmente inadecuado” el desarrollo del polémico PSIR de Laredo que pretende construir un macropolígono industrial “a costa de expropiar y echar de sus casas a decenas de vecinos del barrio El Callejo”. 

“Si hay suelo industrial disponible en la zona, el Gobierno de Cantabria tendrá que establecer medidas para movilizar ese suelo industrial, y dejar de plantear el macropolígono de La Pesquera, teniendo en cuenta los daños y perjuicios que causaría directamente a los vecinos y vecinas”, ha afirmado el secretario general cantabrista, Paulu Lobete. 

Además, a través de este vídeo, Cantabristas ha aprovechado para contestar al consejero de Industria, Eduardo Arasti, tras su anuncio de encargar un estudio por 120.000 euros para conocer cuál es la situación real del suelo industrial disponible en Cantabria: “No puede ser que la política industrial del Gobierno de Cantabria lleve años vagando a la deriva sin datos y se fundamente en la construcción sistemática de polígonos sin tener empresas detrás que realmente avalen y den sentido a su desarrollo”, ha sentenciado Lobete. 

Al respecto del citado estudio, esta formación ya expresó recientemente su “perplejidad” y manifestó que, a su juicio, es “alarmante” que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) “reconozca que ejecuta una política industrial sin datos”. Y es que el anuncio de llevar a cabo un estudio estuvo precedido del primer vídeo que difundió la formación cantabrista, en el que hacían un recorrido por los polígonos de Barros, Viérnoles y Reocín, donde contabilizaron 21 naves y parcelas abandonadas.

Izquierda Unida de Cantabria defiende que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del parque industrial de Laredo se limite a la primera fase, que contempla una superficie de 190.000 metros cuadrados -aproximadamente un tercio del total previsto de 515.000 metros cuadrados-, en lugar de ejecutar la totalidad del proyecto.

La formación considera en sus alegaciones al PSIR que desarrollar únicamente esta primera fase permitiría un crecimiento industrial “adecuado y sostenible en el tiempo”, adaptado a los usos futuros y a las necesidades reales del territorio.

La formación plantea que el polígono no se destine a uso hotelero en cualquiera de sus modalidades (hoteles, apartahoteles, apartamentos turísticos, etcétera), y que únicamente contemple un área para autocaravanas.

La propuesta añade que en el resto de superficie rústica que quede fuera del PSIR “sólo se concederían licencias para primeara vivienda, impidiendo el uso de segunda vivienda y el uso hotelero”.

Limitar el PSIR a un tercio afectaría a unas diez viviendas, por lo que IU ha reclamado que se revisen las indemnizaciones y se aseguren, en caso necesario, realojos “para garantizar precios justos y el derecho a la vivienda de todas las personas afectadas”.

En un comunicado, IU ha señalado que el PSIR fue solicitado por unanimidad del Pleno municipal en 2016 y ha subrayado que “la falta de suelo industrial en la zona oriental de Cantabria es una realidad que debe abordarse con responsabilidad”.

Según la formación, un polígono industrial costero como el de Laredo “es idóneo para acoger actividades vinculadas al mar y a la logística portuaria”, como la industria conservera, la transformación de productos del mar, la biotecnología marina, la reparación de embarcaciones o centros logísticos de frío para distribución de productos perecederos.

“Eso sí, el Gobierno de Cantabria tiene que hacer una búsqueda activa de empresas que se quieran instalar”, ha advertido.

Además, ha apuntado que Laredo ejerce una “función central” en la comarca del Bajo Asón y la Costa Oriental, “con una clara área de influencia” que incluye municipios como Colindres, Santoña, Ampuero, Ramales, Liendo o Bárcena de Cicero. Esta realidad territorial refuerza la necesidad de dotar a la zona de infraestructuras industriales propias, “sin depender de suelos disponibles en otras áreas funcionales como Sámano o Castro Urdiales, que responden a una lógica metropolitana distinta, más vinculada al eje Bilbao-Castro”, ha sostenido.

Izquierda Unida ha observado, además, que la comarca del Bajo Asón “ha sufrido un déficit histórico de suelo industrial planificado, lo que ha limitado el desarrollo económico local y ha obligado a muchas empresas a instalarse en otras comarcas o incluso fuera de Cantabria”.

El desarrollo del PSIR, limitado a su primera fase, permitiría “corregir parcialmente esta carencia sin caer en una sobreoferta de suelo, como ha ocurrido en otros puntos de la comunidad”.

IU ha explicado que esta posición “ha sido acordada por la militancia de la zona oriental de Cantabria en coordinación con la dirección autonómica, como muestra del compromiso colectivo con un modelo de desarrollo equilibrado, justo y sostenible para el territorio”. “Tener una visión general de Cantabria implica también ser coherentes cuando se defienden la descentralización y la comarcalización”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria somete a información pública el proyecto de ampliación de la línea de atraque y zona de descarga del puerto de Laredo.

El proyecto, en el que el Gobierno regional prevé invertir 3,8 millones de euros, define las obras necesarias para la ejecución de una nueva infraestructura portuaria, un muelle interior y su correspondiente línea de atraque en la dársena pesquera del puerto de Laredo, en la cara sur-este del espigón de abrigo, con el objetivo de aumentar la línea de atraque y descarga de buques actualmente existente.

La documentación de la actuación podrá ser consultada durante 20 días hábiles, contados desde este miércoles 10, en las oficinas del Servicio de Puertos, ubicada en la calle Alta, previa cita telefónica, entre las 9.00 y las 14.00 horas de lunes a viernes, y también estará disponible en la página web.

Las alegaciones y observaciones se dirigirán a la Dirección General de Aguas y Puertos, según se informa en el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció el pasado 11 de marzo esta actuación, con la que se pretende ganar un nuevo espacio de cerca de 3.500 metros cuadrados y 150 metros de línea de atraque en la parte de la dársena más próxima al espigón norte, al otro lado de la zona de atraque actual.

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha identificado a un pesquero con puerto base en Laredo (Cantabria) como el presunto autor del descarte ilegal de cerca de una tonelada de pescado realizado el pasado jueves 14 frente al monte Ulia, en aguas de Donostia, denunciado por el grupo ecologista Eguzki.

Eguzki denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente un descarte ilegal de aproximadamente una tonelada de pescado, concretamente de bogas (Boops boops), registrado el pasado día 14 en aguas cercanas a Monpas, en el término municipal de Donostia, y solicitaba que se practicasen las diligencias oportunas para identificar a los autores del descarte, realizado desde “una embarcación de identidad desconocida”, y que se determinasen las responsabilidades. En su opinión, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y, subsidiariamente, de un delito contra la fauna, tipificado en el 335.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil identificó este pasado lunes a la embarcación presuntamente infractora, y remitió diligencias el miércoles a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Gipuzkoa. Según ha informado el instituto armado, se trataría de un pesquero con puerto base en Laredo (Cantabria) y el descarte sería de “un total estimado de 500-700 kilos de ejemplares de boga”.

Uno de los planes del Gobierno de Cantabria es adaptar locales de su propiedad como viviendas. La primera experiencia está en Laredo en un edificio de promoción oficial que construyó la empresa pública Gesvicán y cuyos bajos, que se pensaron como locales, serán acondicionados como apartamentos. Lo sui generis de este primer caso anunciado por el consejero del área Roberto Media (PP) es que parte de la superficie de estas viviendas estarán bajo tierra.

El edificio linda con dos calles (Ruayusera y Revellón), que están a diferente nivel, por lo que dos de los tres apartamentos que tendrán acceso desde una de ellas se internarán bajo la cota de superficie de la obra, por lo que su adaptación requiere de un sistema de ventilación complementario al natural y que puede ser híbrida o mecánica.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, anunció a primeros de junio la adjudicación de las obras de acondicionamiento dentro del plan del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP), para sacar al mercado 285 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. Una de las variantes del plan es acondicionar locales como vivienda.

El proyecto de adaptación ha sido adjudicado a la empresa Multihogar Cantabria 2016 SLU por un precio de 211.296 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses

Los tres apartamentos se distribuirán en los 173 metros cuadrados útiles de la planta baja de un bloque de ocho viviendas de protección oficial que forma parte de una promoción ejecutada por Gesvicán. El apartamento de mayores dimensiones contará con 63,43 metros cuadrados y se distribuirá en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, paso/armarios, trastero y baño. Otra de las viviendas dispondrá de 57,27 metros cuadrados repartidos en un salón-comedor-cocina, dormitorio, armarios, dos trasteros, despensa, paso/armarios y baño. Y el tercer apartamento, de 52,17 metros cuadrados, dispondrá de salón-comedor-cocina, dos dormitorios, pasillo y baño.

Todos tendrán acceso directo desde el exterior: uno por la calle Ruayusera y los otros dos por la calle Revellón. Otra cosa es su desarrollo interno. Excepto el que está en la cota superior y acceso por la calle Ruayusera, los otros dos tendrá acceso por la calle Revellén, pero su superficie se interna bajo tierra.

Sin luz exterior en esa parte de la vivienda, la adaptación ha de cumplir una serie de reglamentos que requerirán de sistema de ventilación (híbrido o mecánico) y otros complementos energéticos como la instalación de una bomba de calor aerotérmica para ACS con capacidad de acumulación de 150 litros (sistema que extrae el calor del aire exterior y lo transfiere al agua), mientras que para la calefacción se utilizarán radiadores eléctricos.

La conversión de almacenes, locales comerciales y oficinas en viviendas es un fenómeno en alza. Entre 2021 y 2023, se han registrado 306 inmuebles de estas características como nuevas viviendas, y en el conjunto de España la cifra roza los 28.000. Sobre datos del Catastro, el cambio de uso más común en Cantabria se ha realizado sobre almacenes (138) e industria (79), en este último caso, principalmente, en lo que respecta a pequeños talleres convertidos en viviendas.

Una avería en la acometida de gas natural registrada en Colindres de Arriba ha afectado al suministro tanto en el municipio de Colindres como en el Laredo. Se estima que el corte del servicio, que en principio afecta a todos los usuarios de gas natural de ambos municipios, podría prolongarse entre tres y cuatro días, aunque “se hará todo lo posible por acortar los plazos”.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Laredo, que ha recibido aviso del Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria sobre la avería que se ha producido esta mañana. Los equipos técnicos ya están trabajando “intensamente” para resolver la incidencia lo antes posible.

Por su parte, el Ayuntamiento de Colindres ha afirmado que el corte en el suministro de gas, tras la rotura de una tubería durante la tala que se estaba llevando a cabo en una propiedad privada en el monte que linda con Laredo, afecta a 44 viviendas, la mayoría de la localidad de Seña, en el municipio de Limpias.

Así lo ha manifestado el alcalde de Colindres, Javier Incera, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que, tras conocer el suceso, sobre las 10.00 horas de este martes, la Policía Local se acercó al lugar de los hechos, en una finca que se ubica entre Colindres y Laredo.

Asimismo, desde el Consistorio se pusieron en contacto con la suministradora, que les trasladó que el incidente afecta a 44 contratos, la mayoría de Seña, y que esperaba tener solucionado el problema “en unas tres horas”, si bien a esta hora siguen sin suministro.

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que en la actualidad se está ultimando la redacción del proyecto para incrementar la línea de atraque y la zona de descarga de pesca de Laredo, que tendrá un coste estimado de 3,8 millones de euros.

Lo ha avanzado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, este martes en la inauguración de la ampliación de la lonja, tras un desembolso de más de 900.000 euros. En el acto, ha confirmado que el Ejecutivo va a seguir invirtiendo en este puerto.

Así, con la nueva actuación se pretende ganar un nuevo espacio de cerca de 3.500 metros cuadrados y 150 metros de línea de atraque en la parte de la dársena más próxima al espigón norte, al otro lado de la zona de atraque actual.

En el acto inaugural de la ampliación de la lonja, la jefa del Ejecutivo ha mostrado su satisfacción por dar respuesta a una actuación “muy demandada y esperada” por la Cofradía de Pescadores 'San Martín' para aliviar la “congestión” que sufría la instalación original en épocas de costera, por el aumento “significativo” de las ventas que viene registrando desde su apertura en 2013.

Solo esta jornada, coincidiendo con el arranque de la pesquería de la anchoa, se han subastado en el puerto pejino 35.000 kilos de bocarte, la cifra más alta de toda Cantabria, que han llegado a bordo de cuatro barcos locales.

Buruaga también ha destacado que la ampliación, que entrará en servicio la próxima semana tras un desembolso de 905.000 euros de la Consejería de Fomento, va a facilitar las labores de descarga desde las embarcaciones, a mejorar la operatividad y la “fluidez” de la logística y, por lo tanto, la competitividad de la lonja laredana.

Por eso, ha defendido que era “una inversión absolutamente necesaria. El Puerto de Laredo y su flota necesitaban una lonja más grande, acorde con sus niveles de descarga, y ya la tiene”, ha enfatizado Buruaga.

También ha explicado que el presupuesto final se ha incrementado en un 11,9 por ciento --el de adjudicación fue de algo más de 800.000 euros-- para atender la propuesta de mejora planteada por el cabildo de pescadores.

Apoyo al sector

La presidenta cántabra ha aprovechado para subrayar el valor “histórico, económico, social y simbólico” de la pesca para esta región y ha reiterado su apoyo y su compromiso con el sector pesquero.

En este sentido, y un día después del comienzo de la costera del bocarte, Buruaga ha destacado que su Gobierno, de la mano de los pescadores, ha liderado las negociaciones con el Estado para defender su propuesta de cambio de gestión de esta pesquería, para que el Ministerio asigne a las organizaciones profesionales pesqueras (OPES) la cuota que les corresponde y que cada una gestione su cupo.

Además, ha reivindicado otras medidas adoptadas en lo que va de legislatura para atraer profesionales, mejorar la competitividad de las empresas, acelerar la transformación tecnológica y garantizar el relevo generacional, así como las ayudas para mejorar de la eficiencia y la competitividad del sector pesquero.

En el caso de Laredo, ha señalado que esas ayudas se acercan al millón de euros en las dos últimas convocatorias y se ha referido igualmente a la puesta en marcha en este curso escolar del Centro Integrado de Formación Profesional 'Puerto de Laredo'.

A juicio de Buruaga, el respaldo del Gobierno cántabro al sector contrasta con la “poca ayuda” de Europa y del Gobierno de España, lamentando así las “mediocres negociaciones” en Bruselas que han acarreado una caída del total admisible de capturas (TAC) de bocarte para este año del 7% y del 22% para el verdel.

Esto, sumado a la bajada del 23% impuesta en 2024 para esta última especie, supone una merma total del 45% en una costera que representa entre el 60 y el 70% de los ingresos anuales de los pescadores de anzuelo.

Además, ha afeado la supresión de las subvenciones para desguazar los barcos, otra demostración de “falta de escucha y de sensibilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que Cantabria volverá a reclamar al Ministerio que recupere esta línea.

Buruaga ha estado acompañada por los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Pesca, María Jesús Susinos; el alcalde de Laredo, Miguel González; el patrón mayor, Adolfo San Román; los directores generales de Puertos, Marina Tejerina, y de Pesca, Paulino San Emeterio, y varios concejales de la Corporación local, además de representantes de la empresa adjudicataria de las obras (SIEC), entre ellos, su presidente, Juan de Miguel.

El regidor ha agradecido la “apuesta firme” del Gobierno con Laredo en todos los ámbitos y, en este caso, con el sector pesquero local, calificando la ampliación de la lonja como una “una obra fundamental” para el futuro del puerto y destacando la “especial ilusión” depositada en la nueva línea de atraque y zona pesquera.

Para el patrón mayor ha sido un “día histórico” para un puerto pesquero que “nació pequeño”, porque “las expectativas muy pronto se vieron superadas”. “Esta ampliación era imprescindible para el crecimiento de esta cofradía y el Gobierno regional recogió el guante”, ha valorado San Román.

La ampliación de la lonja

La lonja de Laredo se construyó en 2013 y entonces se proyectó un edificio con dos plantas de 600 y 350 metros cuadrados, respectivamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la creciente actividad pesquera del puerto dejó pequeña la instalación y obligó a ampliar su espacio para mejorar su competitividad en el futuro.

Las obras han consistido en la prolongación del bloque original hacia al este con una construcción, igualmente, de dos alturas. En la planta baja, de 425 metros cuadrados de superficie, se ubican las zonas de pesaje, deposito, refrigeración y congelación, mientras que en la planta primera, de 350 metros cuadrados, se aloja una nueva sala de reparación de artes de pesca.

El Gobierno de Cantabria siguió adelante con la construcción y la posterior apertura del Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquero de Laredo pese a la advertencia de que la doctrina del Tribunal Supremo no avalaba los usos formativos en el dominio público, dado los antecedentes ocurridos en otras comunidades. Esta es la doctrina en la que se apoyó la Dirección General de la Costa y el Mar para oponerse a que continuaran las obras, un parecer que fue desoído por el Ejecutivo autonómico en su momento.

El centro de FP fue inaugurado este pasado viernes por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), una vez ya iniciado el año académico con 73 alumnos y 18 docentes en sus aulas. El acto se granjeó las protestas de la plataforma vecinal contraria a la ubicación del inmueble, protestas consistentes en una concentración de representantes de la junta y pancartas en las ventanas de las viviendas próximas.

El centro dependiente de la Consejería de Educación de Cantabria tiene en su contra un movimiento vecinal, así como el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), el Ayuntamiento de Santoña y el Defensor del Pueblo, que no han avalado el proceder seguido por el Ejecutivo cántabro, el cual invirtió cerca de cinco millones de euros en una instalación que podría estar en peligro si triunfa la postura que defiende que su ubicación ha incumplido la normativa. Actualmente, hay pendiente de sentencia un recurso presentado por el Gobierno de Cantabria contra la posición del Miteco y que será analizado por la Audiencia Nacional.

El informe que finalmente emitió la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Miteco, fue fechado en junio de 2023 y basaba su argumentación en la preservación del uso del dominio público marítimo-terrestre para actividades relacionadas con el mar que no puedan tener cabida en otro lugar. Este no es el caso de la actividad formativa del Náutico-Pesquero de Laredo, cuyo emplazamiento podría haber sido otro.

Según se indica en el informe, la actividad de “uso educativo” no cumple el artículo 32.1 de la Ley de Costas. Este artículo dice textualmente que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-marítimo para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

La Dirección General de la Costa y el Mar cita precisamente la doctrina del Tribunal Supremo en una sentencia dictada por este en 2017 que le permite concluir que “se puede autorizar para instalaciones o actividades que no puedan tener otra ubicación, interpretación considerablemente restrictiva, no bastando que la ubicación sea adecuada o ventajosa, sino que por razón de la naturaleza de las actividades e instalaciones sea la única posible”.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo mostró su apoyo a los vecinos de Laredo agrupados en la plataforma. La consulta fue hecha hace unos meses, cuando el centro no había sido abierto aún y la plataforma había recurrido la licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de la localidad, cuyo alcalde, Miguel González, es del PP.

La oposición vecinal recurrió al Defensor del Pueblo y este acabó pronunciándose en contra del proceder del Ejecutivo autonómico, al que ha recriminado no haber hecho todo lo posible para demandar un informe preceptivo de Costas, que se produjo finalmente fuera de plazo y era contrario a la concesión del permiso. Pese a no contar con el informe, el Gobierno también desoyó la petición ministerial de no seguir adelante con la construcción del edificio.

Tanto Costas, como los vecinos, y también el Defensor del Pueblo, consideran que el Gobierno de Cantabria tuvo que buscar otro emplazamiento para impartir formación que no necesariamente fuera el terreno del dominio público, en primera línea de costa. La formación no es considerada un uso apropiado para este dominio, reservado para actividades marítimas propiamente dichas. El Gobierno de Cantabria ya ha reiterado en varias ocasiones que su proceder fue correcto y que el centro tiene todos los beneplácitos legales.

Informe negativo

El informe de Miteco fue entregado al Gobierno en junio de 2023, fuera del plazo legal de dos meses. Por eso, el Ejecutivo cántabro lo consideró extemporáneo, al tiempo que no vinculante, por lo que ha hecho caso omiso de la oposición ministerial a la obra. Ello no ha impedido que el Ejecutivo haya presentado en agosto una demanda contra el parecer de la Administración central, demanda que acabó recibiendo el Tribunal Superior de Justicia, que se acabó inhibiendo y pasando el asunto a la Audiencia Nacional, donde está ahora. La demanda pide la anulación y la revocación del informe por ser “contrario a derecho”.

El Defensor del Pueblo entiende que los proyectos constructivos en dominio público han de contar siempre con “el informe favorable de Administración estatal en cuanto a delimitación, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados”.

El Gobierno de Cantabria tuvo que haber reclamado el informe de Costas, una vez superado el plazo [si el informe se dictó fue a demanda del propio Defensor del Pueblo]. “Parece que lo correcto es que la Administración que pretenda aprobarlo solicite de nuevo su remisión hasta obtener dicho informe, en lugar de continuar la tramitación sin este o, incluso, ejecutar el proyecto. La falta de emisión del informe estatal no puede prolongarse indefinidamente, pero la Administración que promueve el proyecto debe procurar obtenerlo y, por otro lado, aquella, elaborarlo en un plazo razonable”.

También entra en el fondo de la cuestión, en cuanto al tipo de equipamiento que se ha hecho, y ha indicado que, ya que no se trataba de construir un puerto o una infraestructura de transporte, el Gobierno de Cantabria tendría que haber buscado otro emplazamiento: “Aun si se entendiera que el procedimiento de aprobación de un proyecto podría continuar sin el informe favorable de la Dirección General, cualquier Administración que pretenda desarrollar un proyecto en dominio público marítimo-terrestre debe guiarse por el mandato de que solo es posible ocuparlo por actividades o instalaciones que por su propia naturaleza no puedan obtener otra ubicación”.

De hecho, la resolución del Defensor del Pueblo insiste en estos mismos términos: “Un uso educativo no es un uso portuario, ni siquiera un uso comercial o de restauración, que ha de decirse, son también usos permitidos por la ley según las modificaciones introducidas en 2013 y que, a juicio de esta institución, también deben ser interpretados conforme a los citados parámetros: que por su naturaleza no puedan ser ubicados fuera del dominio público marítimo-terrestre y que estén reconocidos en la adscripción”.

El centro de la polémica

'Puerto de Laredo' es el nuevo Centro Integrado de Formación Marítimo-Pesquera del Gobierno de Cantabria, un edificio construido por la empresa Tragsa, dividido en tres plantas, en las que se distribuyen las aulas, los talleres y los espacios para maquinaria.

Es el tercer centro integrado de formación profesional de Cantabria, después del CIFP Nº1 de Peñacastillo y el CIFP La Granja de Heras. Las obras se iniciaron en 2022 y se desarrollaron durante un plazo de 22 meses.

La instalación tiene una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, divididos en tres plantas de algo más de 800 metros cuadrados, en las que se distribuyen un total de 18 espacios educativos, entre los que destacan las aulas de frío, polivalente y de automatismos, los talleres de redería y velería, mantenimiento y reparación estructural, y los simuladores de radio, máquinas y puente.

Su oferta educativa se integra en la familia profesional náutico-pesquera e incluye los títulos de Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo (16 alumnos matriculados en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Navegación y Pesca Litoral (9 alumnos en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (16 alumnos en el primer curso y 12 en el segundo curso), y Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura (20 alumnos en el primer curso).

Es un centro homologado para impartir certificados de profesionalidad necesarios para trabajar en el sector marítimo profesional, en ámbitos como primeros auxilios, seguridad en el trabajo, supervivencia en la mar, buques de pasaje o buques tanque, entre otros. Estos certificados de especialidad se renuevan cada cinco años y hasta ahora no era posible hacerlo en Cantabria.

Vecinos de Laredo pidieron este martes al Ayuntamiento de la localidad la suspensión del acto de inauguración que este viernes ha tenido lugar del Centro de Formación Profesional Marítimo-Pesquero que lleva operando desde hace meses. El acto ha estado presidido por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha llegado acompañada por el consejero de Educación, Sergio Silva.

En las inmediaciones han protestado los vecinos que se oponen a la apertura del inmueble en zona portuaria. No han sido los únicos que han protestado en el acto: docentes que mantienen una pugna por el reconocimiento de incrementos salariales y llevan 10 días movilizándose han hecho sus reivindicaciones aprovechando la visita presidencial.

Este 26 de noviembre, la plataforma vecinal se dirigió por escrito a la Alcaldía laredana, cuyo titular es Miguel González (PP), para demandarle la suspensión del acto de inauguración, dado que aún estaba pendiente de resolver el recurso vecinal presentado contra la concesión de licencia de primera ocupación.

“El acto de inauguración previsto pudiera interpretarse como el respaldo implícito del Ayuntamiento a un proyecto que no cumple con los requisitos legales y normativos vigentes, socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y generando un precedente normativo en materia urbanística y de gestión del dominio público”, había argumentado la plataforma en su escrito dirigido a la Alcaldía el 26 de noviembre para parar la inauguración. En su escrito, los vecinos urgen la resolución del recurso de reposición y piden el expediente completo de la obra.

El Gobierno de Cantabria ha inaugurado oficialmente un inmueble construido sobre dominio público y que ha sido cuestionado no solo por la Plataforma de Vecinos de Laredo, sino por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), a través de su Dirección General de la Costa y el Mar, el Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Santoña y formaciones políticas del municipio. El argumento de todos ellos es común: la actividad formativa puede ser realizada en otro lugar si hay una alternativa al dominio público en la que finalmente ha sido emplazada.

El Gobierno de Cantabria, pese a los reparos de todos ellos, decidió continuar con la conclusión del centro que ya está operativo y este viernes se ha inaugurado.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes, de forma oficial, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) 'Puerto de Laredo', una nueva instalación educativa que ha supuesto una inversión de casi casi millones de euros, entre las obras (3,6 millones) y el equipamiento (1,2 millones), y que, según ha dicho, se convierte en “el buque insignia del cambio en la FP de Cantabria” que está impulsando su Gobierno.

En su intervención en el acto, Buruaga ha señalado que, con este centro “moderno y excelentemente dotado”, que entró en funcionamiento a comienzos del actual curso con 73 alumnos matriculados y 18 docentes, Cantabria deja por fin de ser la única comunidad costera de toda España que no disponía de un recurso educativo especializado en la familia profesional náutico-pesquera, algo, a su juicio, “absolutamente increíble en una región como la nuestra, pero cierto”.

Para la jefa del Ejecutivo, su apertura supone incorporar al sistema educativo cántabro un equipamiento público de “gran valor” que pone fin a “años de reivindicación y de una precaria oferta” de formación profesional marítimo-pesquera.

En este sentido, ha recordado que hasta ahora Cantabria tan solo ofertaba el título de Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones en el CIFP Nº 1 de Peñacastillo, que carece de homologación para emitir los certificados de especialización, con lo que los profesionales se veían obligados a desplazarse a Asturias o País Vasco.

Hoy en día, ha añadido, “la situación ha cambiado radicalmente” y el CIFP 'Puerto de Laredo' ofrece la posibilidad de obtener y renovar esos certificados que se exigen para ejercer la pesca profesional, formar parte de la tripulación de buques o trabajar en el mantenimiento de todo tipo de embarcaciones.

Buruaga también ha subrayado que este centro constituye un “hito para Laredo, para la zona oriental y para toda Cantabria”, puesto que, además de “abrir muchas puertas profesionales” para los alumnos, va a contribuir a “preservar y a potenciar” un sector de actividad de “gran peso y tradición” en la región como es el sector pesquero y conservero.

La presidenta ha asegurado que la FP es una “prioridad” para el Gobierno, una modalidad de enseñanza que, en su opinión, es “la mejor política activa de empleo” y que se ha consolidado como la titulación más demandada en Cantabria, donde en estos momentos representa más del 40 por ciento de las ofertas de empleo y donde hay casi 15.000 alumnos estudiando ciclos formativos.

Así, ha detallado algunas de las medidas puestas en marcha en lo que va de legislatura para propiciar ese cambio de modelo por el que apuesta su gabinete y avanzar con “hechos” hacia una enseñanza “mejor conectada con las empresas, más dual y participativa”.

En primer lugar, ha destacado el incremento en este curso 2024-2025 de la oferta formativa con 11 nuevas titulaciones, cuatro de las cuales se van a impartir en las instalaciones del 'Puerto de Laredo'.

En cuanto al compromiso con la mejora de las infraestructuras, ha puesto como ejemplo la inauguración de las nuevas instalaciones ganaderas del CIFP 'La Granja' de Heras y la finalización de la ampliación de CIFP de Peñacastillo.

También se ha referido a otras iniciativas como la creación del Sello de Empresa Cantabria FP, con el objetivo de reconocer la implicación de las empresas cántabras; el fomento de la internacionalización, a través de 120 acuerdos de movilidad Erasmus, o la gestión del alta en la Seguridad Social de casi 3.000 estudiantes que realizan prácticas no remuneradas en empresas.

Por último, Buruaga ha valorado la solución dada a un problema “enquistado” y, precisamente, relacionado con el sector náutico-pesquero como era la convalidación de la experiencia, de tal forma que 95 profesionales cuentan ya con el título de 'Patrón de pesca de litoral y de altura' y pueden ejercer su actividad “perfectamente acreditados y con todo en regla”.

La jefa del Ejecutivo ha estado acompañada por los consejeros de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; de Fomento, Roberto Media, y de Pesca, María Jesús Susinos; el alcalde de Laredo, Miguel González; varios concejales de la Corporación municipal y la directora del centro, Pilar de la Fuente, entre otros.

Por su parte, González ha afirmado que este centro va a marcar “un antes y un después” para Laredo y ha agradecido el empeño del Gobierno de Buruaga para sacar adelante el proyecto.

En el transcurso del acto inaugural, la presidenta ha descubierto una placa conmemorativa en el hall del edificio y, seguidamente, ha encabezado la visita de las autoridades a las instalaciones del centro.

Nuevo centro

El CIFP Puerto de Laredo se convierte en el tercer centro integrado de formación profesional de Cantabria, después del CIFP Nº1 de Peñacastillo y el CIFP La Granja de Heras. Las obras se iniciaron en 2022 y se desarrollaron durante un plazo de 22 meses.

Su puesta en marcha da respuesta a la “necesidad” de contar en Cantabria con una formación “actualizada” y una acreditación de competencias profesionales en un sector fundamental para la comunidad autónoma como lo es el marítimo-pesquero.

La instalación tiene una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, divididos en tres plantas de algo más de 800 metros cuadrados, en las que se distribuyen un total de 18 espacios educativos, entre los que destacan las aulas de frío, polivalente y de automatismos, los talleres de redería y velería, mantenimiento y reparación estructural, y los simuladores de radio, máquinas y puente.

La ubicación en el mismo edificio de todas estas instalaciones y recursos es “fundamental” para buen funcionamiento de la práctica docente y el correcto desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, ha destacado la presidenta.

Su oferta educativa se integra en la familia profesional náutico-pesquera e incluye los títulos de Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo (16 alumnos matriculados en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Navegación y Pesca Litoral (9 alumnos en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (16 alumnos en el primer curso y 12 en el segundo curso), y Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura (20 alumnos en el primer curso).

Además, es un centro homologado para impartir certificados de profesionalidad necesarios para trabajar en el sector marítimo profesional, en ámbitos como primeros auxilios, seguridad en el trabajo, supervivencia en la mar, buques de pasaje o buques tanque, entre otros.

Estos certificados de especialidad se renuevan cada cinco años y hasta ahora no era posible hacerlo en Cantabria. La metodología formativa tiene como base el modelo ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) o aprendizaje colaborativo, apostando por métodos activos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha defendido la legalidad de toda las actuaciones llevadas a cabo para la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional Puerto de Laredo, que ofertará estudios de la familia profesional marítimo-pesquera.

El titular del FP ha hecho esta aclaración a raíz de las críticas vecinales en torno a la licencia de obra de las que se ha hecho eco un medio de comunicación este miércoles, el mismo día en el que se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el nombramiento de Pilar de la Fuente como directora del centro, que está previsto que entre en funcionamiento ya en el curso 2024-2025.

En ello se ha centrado el consejero, que en declaraciones remitidas a los medios a propósito de esas quejas ha destacado “lo positivo de la puesta en marcha de un centro de esta naturaleza para la educación de Cantabria”. “Entendemos va a ser un aporte de calidad a nuestra Formación Profesional”.

Así, ha ensalzado el perfil de la nueva directora del Centro de FP Puerto de Laredo, una docente con “amplia trayectoria” que va a trabajar para el arranque de las instalaciones con el objetivo de poder inaugurarlas “en el primer trimestre del curso 2024-2025”.

Así lo recoge también la resolución que publica el BOC, que indica que encarga a la nueva directora, funcionaria de carrera de la especialidad Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, la misión de “tomar decisiones ante la inminente puesta en funcionamiento del centro educativo”.

Silva se ha remitido a las declaraciones que ya hizo en diciembre junto al consejero de Fomento, Roberto Media, con quien defendió la marcha del proyecto del centro de FP después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico remitiera una resolución al Gobierno de Cantabria instándole a paralizar las obras de construcción hasta que se resolvieran los dos recursos judiciales presentados contra esta actuación.

Las obras de ampliación de la lonja del puerto de Laredo comenzarán en las próximas semanas con un plazo de ejecución de diez meses y tendrán un presupuesto ligeramente superior a los 800.000 euros. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en la visita que ha realizado este martes a la instalación portuaria para presentar los detalles de la actuación.

El consejero ha explicado que los trabajos “no van a empezar a tope” para no entorpecer la actividad pesquera en plena época de costera. Sin embargo, ha confiado en que se cumpla el plazo marcado para que esta demanda de la Cofradía de Pescadores de San Martín sea una realidad a principios del año que viene, aunque el contratista (SIEC) intentará que la obra esté acabada en 2024.

El próximo arranque de las obras de la lonja no ha sido el único anuncio que Roberto Media ha realizado esta mañana en el puerto de Laredo, sino que también ha avanzado que su departamento ha encargado ya la redacción del proyecto para aumentar la línea de atraque y la zona de descarga de la dársena pesquera, que podría estar listo “en cuatro o cinco meses” para, seguidamente, salir a licitación por 2,5 millones de euros, aproximadamente.

Se trata, nuevamente, de una necesidad planteada por los pescadores ante la falta de espacio que en estos momentos presenta la machina interior y que, en palabras del titular de Fomento, va a permitir al puerto de Laredo ser “mucho más competitivo” y tener “el rendimiento que se merece”.

Finalmente, Media ha reivindicado los compromisos cumplidos con Laredo desde que dio comienzo la actual legislatura. “Las obras llegan y estamos de enhorabuena en Laredo y en el puerto, muy especialmente, porque estamos hablando de, más o menos, 3,5 millones de euros de inversión”, ha dicho.

El consejero ha estado acompañado en la visita por el alcalde de Laredo, Miguel González; varios concejales de la Corporación municipal; el patrón mayor de la localidad, Adolfo San Román, y el director general de Pesca, Paulino San Emeterio, entre otros. El regidor y el patrón mayor han agradecido a Media el cumplimiento de los compromisos asumidos y han destacado la importancia de estas dos actuaciones que creen que van a marcar “una nueva era” de crecimiento y competitividad en el puerto de Laredo y lo van a hacer “más atractivo para los barcos de fuera”, además de mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los pescadores.

Ampliación de la lonja

La lonja de Laredo se construyó en 2013 y se estructura en dos plantas de 600 y 350 metros cuadrados, respectivamente. La creciente actividad pesquera del puerto en los últimos años ha dejado pequeña la instalación y hace necesario ampliar su espacio para mejorar su competitividad en el futuro.

Por ello, las obras proyectadas consisten en la prolongación del edificio actual hacia al este con una construcción de dos alturas, de forma que en la planta baja, de 425 metros cuadrados de superficie, se ubicarán las zonas de pesaje, deposito, refrigeración y congelación; mientras que en la planta primera, de 350 metros cuadrados, se alojará una nueva sala de reparación de artes de pesca.

Complementariamente, se trasladarán al nuevo módulo las cámaras de frío y congelación para dotar a la zona principal de descarga y pesaje de una superficie más amplia y diáfana, al objeto de facilitar el flujo de la pesca desde su desembarco en el muelle hasta su salida del puerto por medios terrestres.

Con esta nueva ordenación se favorecerán las labores de descarga del pescado desde las embarcaciones y una mejora de las circulaciones interiores, al tiempo que se conseguirá liberar un espacio urbanizado hacia el sur, lo que dará mayor fluidez a las labores de carga y facilitará el acceso de los vehículos pesados.

La ampliación de la lonja mantendrá las mismas características que la construcción actual, con cimentación y estructura de hormigón armado. Además, en la cubierta del edificio se instalarán paneles solares que completarán la demanda energética de la instalación, con una superficie de 70 metros cuadrados de captación solar, y se dotará al edificio de un sistema de alumbrado eficiente.

Además del inicio de las obras de ampliación de la lonja, otra de las principales demandas planteadas por la Cofradía de Pescadores al Gobierno de Cantabria, con vistas a su inclusión en el nuevo Plan de Puertos, es el incremento de la línea de atraque y de la zona de descarga, puesto que la actual superficie, al igual que ocurre con la lonja, limita el crecimiento del puerto de Laredo, que presenta en la actualidad “necesidades mucho mayores” que cuando se construyó, según el consejero de Fomento.

Para solucionar este problema y a falta de concretar el proyecto con la Cofradía, la Consejería prevé ganar un nuevo espacio de algo más de 2.000 metros cuadrados que se ubicará en la parte de la dársena más próxima al espigón norte, al otro lado de la zona de atraque contigua al edificio que acoge la lonja y las oficinas del cabildo de pescadores. Por orden del consejero, el Servicio de Puertos ha iniciado ya los trámites para contratar la redacción del proyecto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha remitido una resolución al Gobierno de Cantabria (PP), instándole a paralizar las obras del Centro Integrado de Formación Náutico Pesquera de Laredo -cuya conclusión está prevista para febrero- hasta que se resuelvan los recursos judiciales pendientes sobre esta actuación.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, quienes han aclarado que dicha resolución “no es vinculante” y ya han adelantado que el Ejecutivo regional no lo va a hacer.

De hecho, han pedido a la ministra del ramo, la socialista Teresa Ribera, que deje de “torpedear” esta actuación “tan importante” para Cantabria que permitirá contar con un centro de FP para actividades relacionadas con el mar y que supone una inversión de 5 millones, financiados con fondos europeos REACT.

Han recordado que dicho proyecto se inició la pasada legislatura, durante el Gobierno PRC-PSOE, y que el actual Ejecutivo del PP ha decidido continuarlo porque lo ve “necesario” y “estratégico” para la comunidad.

Por ello, han instado al líder autonómico del PSOE, Pablo Zuloaga, y a la nueva delegada del Gobierno, la también socialista Eugenia Gómez de Diego, a pedir a la ministra del ramo, Teresa Ribera, que “rectifique”.

Tanto Silva como Media han mostrado su “sorpresa” por esta resolución del Ministerio, que el Gobierno recibió el pasado 11 de diciembre, porque la consideran “incongruente” con la defensa que los socialistas cántabros han hecho públicamente de este proyecto.

De hecho, han recordado cómo el pasado 9 de noviembre el propio Zuloaga acompañado por otros miembros del partido, visitó Laredo e instó al Gobierno a concluir estas obras, algo que los socialistas volvieron a reclamar poco después en el Parlamento.

Por ello, han pedido “coherencia” y han reiterado a Zuloaga y a Gómez de Diego que “por primera vez en su vida trabajen por los cántabros” y sus intereses y hablen con “la ministra del lobo” para que dé marcha atrás en su resolución, en la que el Ministerio alude a argumentos como la “precaución” y la “seguridad jurídica” para pedir al Ejecutivo la paralización de estas obras.

Media ha reconocido que este proyecto “ha estado rodeado de polémica desde que se inició su tramitación” en 2021 y “en el punto de mira de mucha gente”.

En estos momentos hay dos recursos pendientes de resolución. Uno de ellos es el presentado en noviembre de 2022 por el Ayuntamiento de Santoña contra la autorización otorgada en la pasada legislatura por la Consejería de Obras Públicas (ahora Fomento) que autorizaba el uso dotacional del Puerto de Laredo para la construcción de este centro, pero en el que no se pedía la paralización cautelar de las obras.

Dicho recurso fue contestado por el Gobierno regional y está pendiente de que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que, según Media, “no tiene que determinar si el edificio se construye o no”, sino si en él se pueden dar clases teóricas o no (las prácticas sí).

El otro recurso fue presentado el pasado agosto por el actual Gobierno de Cantabria contra un informe negativo de la Demarcación de Costas que fue remitido, según Media, “año y medio fuera de plazo” y, por tanto resulta “extemporáneo”, “no tiene validez legal” y “en ningún caso es vinculante”.

El nuevo Centro Integrado de Formación Náutico-Pesquera que esta construyendo el Gobierno de Cantabria se denominará 'Puerto de Laredo', según el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación y Formación Profesional y el Ayuntamiento.

Las obras, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, concluirán en febrero y el edificio entrará en funcionamiento a lo largo de 2024, según anunció el pasado lunes en el Parlamento el consejero Sergio Silva, que compareció para informar sobre el avance de los trabajos, que ejecuta la empresa Tragsa y que comenzaron en julio de 2022.

El centro tendrá una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, divididos en tres plantas, en las que se distribuirán las aulas, los talleres y los espacios para maquinaria. A los 3,6 millones de presupuesto se suman otros 700.000 euros en concepto de equipamiento.

Su oferta educativa estará integrada en la familia profesional náutico-pesquera y se irán implementando progresivamente los títulos de Formación Profesional Básica en Actividades Marítimo-Pesqueras, Técnico en Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques, Técnico en Navegación y Técnico Superior en Transporte Marítimo, además de certificados habilitantes de primeros auxilios, embarcaciones y buques rápidos, etcétera.

Según Silva, el objetivo es que el centro empiece a funcionar a lo largo de 2024, completando actuaciones formativas pendientes con profesionales del sector marítimo pesquero, dentro del procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia profesional o vías no formales.

En su intervención en el Pleno, el consejero destacó, además, la importancia que va a suponer la puesta en marcha de esta nueva instalación y defendió una actuación “más que justificada” desde el punto de vista educativo, puesto que Cantabria es la única comunidadautónoma costera del país que hasta ahora no contaba con este tipo de oferta educativa.Por su parte, el alcalde de Laredo, Miguel González, se ha mostrado orgulloso de la elección de Laredo como enclave de este nuevo centro educativo. “Laredo se sitúa en un lugar estratégico y tiene unos valores muy arraigados al mundo de la mar, por eso es un lugar idealpara desarrollar este proyecto”, ha señalado, y también ha puesto en valor el gran impacto económico que va a suponer para el municipio.

Por último, el alcalde ha asegurado que “Cantabria necesitaba un centro de estas características para que aquellos que desean formarse en esta área no tengan que desplazarse fuera de la comunidad autónoma”.

El Gobierno de Cantabria (PP) licitará “en las próximas semanas” la ampliación de la lonja del puerto de Laredo, por un valor aproximada de un millón de euros, y espera poder presentar “en unos meses”, junto al Ayuntamiento, la “hoja de ruta” para la rehabilitación de la Puebla Vieja.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en Laredo, donde se ha reunido con el alcalde, Miguel González, y ha visitado el Puerto y la Puebla Vieja.

La visita ha servido para abordar con el regidor las próximas inversiones y proyectos que acometerá su departamento en el municipio “de acuerdo” con el Consistorio.

Respecto a la ampliación de la lonja, Media ha señalado que es una “reclamación histórica” del puerto, la cofradía y los pescadores que hacen uso de él.

Media ha explicado que esta actuación estaba incluida en el último Plan de Puertos y a su llegada a la Consejería se ha encontrado con “el proyecto hecho pero sin licitar”, algo que va a hacer el Ejecutivo.

El consejero ha confiado en que ya la próxima visita que realice a Laredo sea para poner la primera piedra a esta actuación junto con el alcalde, Miguel González (PP), y el presidente de la Cofradía de Pescadores del municipio.

Además, ha vuelto a aludir al inicio anunciado ayer del diseño del nuevo Plan de Puertos 2024-2030 y la creación de un grupo de trabajo con los pescadores para conocer cuáles son las necesidades de inversión en los puertos de Cantabria, entre ellos el de Laredo, para que sean “competitivos” en relación con los de las comunidades limítrofes.

Puebla Vieja

Por otro lado, respecto a la Puebla Vieja, Media ha anunciado que ya está encargada la Dirección General de Urbanismo de tramitar el documento que servirá de avance para definir las actuaciones y las inversiones para rehabilitar esta zona del municipio.

Media ha considerado “una pena” ver el estado en que se encuentran muchos locales y edificios de la Puebla Vieja que podrían tener una vida “mucho mejor” y dar servicio a la zona.

Además, ha reconocido que la zona tiene unos problemas de accesibilidad “inmensos” que es preciso solucionar “a la mayor brevedad”.

Se precisa, según ha dicho, ver“ para conseguir ese ”cambio profundo“ en la Puebla Vieja y conseguir que sea ”apetecible“ para la instalación de nuevas actividades de diversa índole.

“Creo que llegó el momento de pisar el acelerador y dar un cambio profundo a esta zona”, ha dicho Media, que ha señalado que en los últimos años en los Presupuestos de la comunidad “partidas muy pequeñas” para realizar estudios, y también algunas inversiones, para rehabilitar la Puebla Vieja.

A su juicio, “ha llegado el momento” de abordar esta actuación de una “forma integral” y, a partir de ahí, acometer inversiones.

Ha afirmado que el Gobierno “no va a prometer cosas que no pueda cumplir” pero se realizarán inversiones “en función de las disponibilidades presupuestarias” del Ejecutivo, que también buscará fondos europeos y estatales que puedan servir para estas actuaciones.

Ha aclarado que debe ser un proyecto “a largo plazo” que debe ser “consensuado” ya que previsiblemente no habrá dinero suficiente en esta legislatura para abordar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la Puebla Vieja.

José María Mazón (Oviedo, 1951) es un clásico de la política cántabra. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de formación y funcionario de profesión, lleva casi tres décadas ocupando cargos públicos en la Administración autonómica. Ha formado parte de todos los gobiernos presididos por el regionalista Miguel Ángel Revilla y presume de conocer el departamento que dirige por tercera vez como la palma de su mano. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda es su hábitat natural, aunque en esta etapa las prioridades son muy distintas. Quedan lejos las inauguraciones, los grandes fastos y las infraestructuras desarrolladas durante el anterior periodo del bipartito PRC-PSOE. La crisis económica ha hecho estragos en los presupuestos de las familias y de las instituciones, así que el cometido ahora es “hacer más con menos”.

¿Qué balance hace de este primer año al frente de la Consejería?

No puede ser un balance triunfalista ni mucho menos, porque no hemos podido hacer muchas cosas. De todas formas, estoy relativamente satisfecho porque con poco dinero hemos sacado proyectos importantes adelante y hemos cumplido con los compromisos iniciales que teníamos al iniciar el ejercicio. En materia de Vivienda, nos hemos volcado en temas de emergencia habitacional, en ir atendiendo a la gente que más lo necesita y en ir dando las ayudas al alquiler, donde se ha mejorado mucho la gestión. No estamos contentos en cuanto al pago, porque se ha retrasado, aunque no depende de nuestra competencia, es una cuestión de la Consejería de Hacienda. Es lo que nos hubiera faltado para haber hecho un ejercicio redondo. De todas formas, vamos a intentar hacerlo de una manera distinta el año que viene para que esta regularidad en el pago no falle y los beneficiarios cobren mes a mes. Introduciremos un mecanismo que lo permita.

Lo que no hay es margen presupuestario para grandes obras...

En materia de carreteras autonómicas hemos ido avanzando con poquísimo dinero. Hemos recibido un plan con muchísimos incumplimientos, tanto en los plazos como en los compromisos del Gobierno anterior. Esperamos que en 2017 le demos un impulso y en los dos años siguientes mejoren las cosas. Entiendo que 2016 ha sido un año de transición, después de muchos de parálisis en materia de carreteras. En lo que respecta a obras municipales, tenemos muy poco dinero, porque el PP nos dejó un compromiso del orden de 15 millones anuales a lo largo de tres años, por lo que tenemos que sacar partidas para pagar obras anteriores. Estamos con unas disposiciones financieras mínimas y nuestra capacidad de actuación es muy pequeña. Tampoco estoy descontento con lo que hemos hecho, porque se han ejecutado muchas pequeñas obras. No aspiramos a proyectos millonarios ni mucho menos.

En los puertos hay alguna obra importante, como la que hicimos en la Lonja de Colindres, y esperamos que esta legislatura mejore la cobertura económica. Nuestro gran problema es el Puerto de Laredo. Por desgracia, el Gobierno anterior no hizo nada por ayudar a los concesionarios, más bien los acabó de hundir, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de algo que podría haberse arreglado decentemente. Una vez que lo estamos explotando directamente, tampoco soy pesimista y creo que en el plazo de un año o dos vamos a notar que hay actividad. Estamos con ganas de hacer más cosas.

En el balance que hace, queda claro que hay un cambio de prioridades con respecto a su anterior etapa al frente de este departamento. ¿Tenemos que olvidarnos de grandes inversiones en Obras Públicas?

Sí, efectivamente. La prioridad este año ha sido la vivienda. El objetivo es salvar las situaciones difíciles de la gente, algo que era muy urgente y que estaba incluido en el pacto que firmamos con Podemos. Fue una de sus condiciones, algo que a nosotros no nos parecía nada mal. Compartíamos sus inquietudes y teníamos otras mucho mayores, como el paro. Creemos que hay que reactivar la obra pública, que es el gran motor de la actividad económica. Afecta a todos los sectores. Todos necesitamos buenas carreteras, buenas comunicaciones, buenos puertos, aeropuertos, polígonos industriales… Por otro lado, están las infraestructuras sociales, como son las de Sanidad, Educación o Servicios Sociales, claro. Nosotros nos ocupamos más de las infraestructuras que son el soporte de la actividad productiva. El transporte es la base del comercio en el mundo, y el comercio es la base de la riqueza.

Tanto usted como el presidente Revilla siempre han defendido esta importancia de la obra pública para la reactivación económica. ¿Va a haber sorpresas en el presupuesto de 2017?

Yo espero que para el próximo ejercicio podamos empezar a notar este cambio. En estos momentos, no tenemos una cifra clara porque el presupuesto no tiene un techo de gasto y, mientras desde el Estado no lo marquen, no podemos avanzar mucho. Dependemos del Gobierno central, tanto por las transferencias como por las restricciones que ponen. Si este límite nos permite un poco de holgura, yo creo que se va a notar. Si no, estaremos como siempre: las obras públicas están siendo las grandes paganas de la crisis, de donde siempre se acaba recortando.

Estamos a punto de cumplir un año con un Gobierno en funciones. ¿Está paralizando la actividad y el margen de actuación en las comunidades?

Yo creo que sí. Está paralizando la actividad en dos sentidos: primero, en cuanto a que nuestras cuentas están muy intervenidas desde hace tiempo y cualquier gasto hay que comunicarlo a Madrid. No te permiten ningún tipo de flexibilidad. Y luego influye en otro sentido, y es que las inversiones del Estado en estos momentos son mínimas, y creo que el año que viene no serán mucho mayores. La inversión en obra pública tiene un periodo de maduración que no es de la noche a la mañana. Un proyecto no se hace en tres meses, sino que lleva años de tramitación, de diseño, de análisis de impacto ambiental. El Estado apenas tiene ninguna inversión en marcha en Cantabria. Nosotros estamos exigiendo continuamente, sobre todo en materia de ferrocarril. Concretamente, yo estoy pidiendo permanentemente al Ministerio de Fomento que cumpla los plazos y lleve a cabo sus compromisos. Esta misma semana he estado en Madrid viendo cómo están las cosas. Me han intentado tranquilizar y se reafirman en sus compromisos, pero seguiremos vigilantes.

¿No hay una falta de interlocución después del cese de Ana Pastor como ministra?

Yo mantengo una interlocución directa con el secretario general de Infraestructuras, que sigue en funciones. De todas maneras, en estos momentos me preocupa mucho más la parte técnica que la política o la económica. Es muy importante que se cumplan los trámites. Podemos hablar lo que queramos de cuándo se acabarán las obras, pero lo realmente importante es cuándo se aprueban los proyectos. Sin ese paso previo no hay siguiente paso.

¿Es mejor un mal Gobierno que un Gobierno en funciones?

Yo creo que sí. Lo importante es que haya alguien al frente. Los gobiernos siempre son malos para la oposición [ríe]. Es fundamental que se tomen decisiones, mejores o peores, pero no podemos quedarnos parados. Hay mucha gente pendiente de los presupuestos del Estado. A medio plazo, que no haya Gobierno tiene una repercusión clara en el desarrollo económico.

Esta semana se celebraba una reunión de trabajo con distintos colectivos sociales y plataformas que luchan contra los desahucios, mientras que no hace tanto tiempo lo que veíamos eran manifestaciones y protestas en la misma puerta de la Consejería contra su antecesor en el cargo. ¿Era solo una cuestión de voluntad política?

Yo creo que la gente valora mucho que estemos con ellos y que hagamos un esfuerzo para ayudarles. Estamos siempre abiertos a buscar soluciones. Cuando llega alguien con un problema, lo mínimo es recibirlo y acompañarlo. Hasta ahora, lo que obtenían era un rechazo, se les trataba como a un adversario, se minimizaba incluso su problema. Por supuesto, hay casos que no son exactamente como te los plantean, pero eso no quiere decir que no haya que atenderlos y que no se les reciba.

Para hacer ese papel de intermediación se puso en marcha una oficina que es bien valorada por las plataformas de afectados por las hipotecas. ¿Cómo está funcionando?es bien valorada por las plataformas de afectados por las hipotecas

Trabaja bien y está haciendo todo lo necesario para alcanzar soluciones en todos los casos que se presentan. Yo estoy muy satisfecho de cómo va. Sabemos que el mundo no se puede arreglar y que las necesidades son infinitas, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Lo primero es escuchar y atender. Lo segundo, buscar soluciones reales. Ahora, la situación de emergencia queda resuelta.

Entre las soluciones que plantean desde su departamento está la ampliación del parque público de vivienda. ¿Qué actuaciones tienen previstas a corto plazo?la ampliación del parque público de vivienda

Hemos comprado viviendas en distintas localidades, hemos llegado a un acuerdo con la Sareb para que nos ceda inmuebles y nosotros ponerlos a disposición de los ciudadanos, y el siguiente paso que tenemos previsto es hacer lo mismo con los bancos. Les hemos dado la posibilidad de que estudien un modelo parecido al que tenemos con la Sareb, que es una cesión de sus viviendas para ponerlas en servicio, después de arreglarlas y ponerlas a punto. Si se puede ampliar el parque público con otro tipo de instituciones, lo haremos así. También hay promociones, como la que hicimos en Laredo, que a final de año estará ocupada.

¿Y qué disposición encuentra por parte de las entidades financieras?

Bueno, las entidades financieras siempre te plantean un panorama tranquilo, un escenario de calma. Luego, la realidad no es exactamente así, como nos transmiten las plataformas. Por otra parte, los bancos tienen un problema con sus activos inmobiliarios, que a veces les conviene superar y otras veces no. El hecho es que en la oferta pública de adquisición que hemos lanzado, ninguna entidad financiera ofertó sus viviendas. En esta última reunión hemos vuelto a repetirles que podemos llegar a acuerdos. De momento, lo que nos dicen es que practican el código de buenas prácticas bancarias y que a casi todas las familias que están en situación de emergencia les están dando la posibilidad de un alquiler social o incluso la dación en pago con alquiler. Hay que abordar los casos uno a uno. 

¿Hay posibilidad desde la Administración de obligar a los bancos para que pasen de las buenas palabras a los hechos?

Algunas entidades financieras lo están haciendo bien de verdad y están ofreciendo muchas daciones con alquiler social. Muchas están llegando a acuerdos con los afectados mediante quitas o aplazamientos, por ejemplo. Hay mecanismos que están funcionando bien.

En su anterior etapa al frente del departamento se impulsó la construcción de VPO. ¿Ahora hay que pensar más en el alquiler, dados los problemas para acceder a crédito de muchos particulares?

En estos momentos, parece lo lógico fomentar el alquiler dado que hay mucho parque construido. Incluso el sector privado tiene mucha vivienda barata en el mercado. Aquellos tiempos en los que se construían miles de viviendas de protección oficial, en la que todos los meses se estaban entregando una o dos promociones, han quedado atrás. En materia de vivienda, la ayuda al alquiler es la clave para ayudar a los ciudadanos y la rehabilitación es fundamental para la economía y para impulsar la construcción.

¿Y cómo explica a los afectados los continuos retrasos en el pago de las ayudas al alquiler?

Esta misma semana se debatió en el Parlamento. Todos los grupos aprobaron exigir al Gobierno el pago inmediato de estas ayudas. Me han asegurado desde Economía que estará resuelto este mismo mes. Confío en eso. El problema es que yo no tengo el dinero en mi bolsillo… Nosotros nos encargamos de los trámites administrativos y el pago se realiza desde la Tesorería, que es donde se ha producido el retraso.

Otro de los problemas que le ha tocado gestionar es el rescate financiero del Puerto de Laredo tras la quiebra de la empresa concesionaria. ¿Cantabria recuperará algún día ese gran desembolso económico que ha supuesto este proyecto fallido?el rescate financiero del Puerto de Laredo

En un futuro, este puerto lo vamos a volver a sacar a concesión. Con lo cual, el dinero que hemos empleado hasta ahora podrá recuperarse. De todas formas, hay que tener en cuenta que el Puerto de Laredo tiene dos grandes dársenas. La dársena pesquera y todas sus instalaciones está funcionando estupendamente. Ha crecido una barbaridad el número de kilos de pescado que se subastan en la lonja, el número de barcos que atracan… El puerto pesquero de Laredo es un éxito. Muchísimos barcos del País Vasco lo están utilizando como referencia. En el otro aspecto, en la dársena náutica y deportiva, es donde al retornar la concesión y tener que pagar por el conjunto vamos a tener que recuperar el valor. Yo espero que, en un plazo razonable, pueda sacarse a concesión y obtener un ingreso para las arcas públicas. Tampoco quiero aventurar nada, porque es hacer siempre previsiones o pronósticos sobre la economía y es muy difícil acertar. El sector de la náutica va muy ligado al crecimiento económico y a la riqueza. Cuando sube, sube mucho. Y cuando baja, baja más. Es muy elástico. Espero que de aquí a dos años empiece a notarse un cambio de ciclo. Entonces pensaremos en recuperar una parte de la inversión.

¿Cuándo conoceremos los cántabros cuánto nos costará su rescate?

Estamos preparando la liquidación. Lo sabremos a final de mes.

La oposición hablaba de cerca de 50 millones de euros. ¿La factura final quedará muy lejos de esa cifra?

Sí, sí, sí. No tiene nada que ver. Mucho menos, por supuesto. Todavía no podemos decir nada porque el expediente está en plena tramitación. No hay una cifra final, pero la habrá pronto.

¿Y tienen avanzado el presupuesto de 2017?

Sí, naturalmente. Estamos a la espera de que nos den una cifra de hasta dónde podemos llegar. Pensamos en aumentar las cifras de este año.

¿La primera negociación es con sus socios de Gobierno?

Por supuesto. [Ríe]. Primero debemos llegar a un acuerdo dentro del Gobierno en sí. Luego se remitirá al Parlamento. Estamos preparando nuestras previsiones y somos optimistas.

¿Confía en sumar el apoyo necesario de alguno de los grupos de la oposición?

Bueno, vamos a ver. La oposición siempre te apoya si pides más. Nunca te dicen de dónde hay que quitar, sino dónde hay que poner… Siempre les parece poco el gasto. Se preocupan menos de los ingresos.

El ejercicio pasado se aprobaron con cierta facilidad con el visto bueno de Podemos. En este caso, ¿espera una negociación más convulsa?

Yo espero que haya presupuesto. Sin presupuesto, es muy difícil gobernar, porque las prórrogas no afectan a los capítulos importantes. Creo que tenemos que plantearnos que tiene que haber presupuestos sin falta. Hay que buscar soluciones.

No le he preguntado aún por lo que fue durante muchos años el eje del debate: el tren de alta velocidad. ¿Tendremos novedades a corto plazo?

En el primer semestre de 2017 tenemos que ver ya las primeras licitaciones de las obras del tren de altas prestaciones con Madrid. A final de año tienen que estar los proyectos acabados y en información pública. No soy ni optimista ni pesimista, estoy a la expectativa de que se cumplan los compromisos adquiridos con Cantabria por parte del Ministerio de Fomento.

¿Qué gran proyecto quiere ver finalizado o bien encaminado a final de legislatura?

Me gustaría que las necesidades de vivienda fueran menores, por supuesto. También que se pudiera impulsar el plan de carreteras, porque es muy importante mantenerlo en buen estado. Si no, a la larga sale mucho más caro. En los puertos, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Hay que culminar las nuevas infraestructuras y ver acabado alguno de los nuevos puertos, como el de San Vicente, que está proyectado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha tenido que dar explicaciones públicas este lunes en la sesión ordinaria del Parlamento de Cantabria sobre el nombramiento de Antonio Bocanegra como nuevo director de la empresa pública Sican, una designación que el diputado de Podemos Alberto Bolado ha calificado de “puerta giratoria inversa”, dado que el alto cargo del nuevo Ejecutivo autonómico ocupó la gerencia de la constructora concesionaria del polémico Puerto de Laredo que ahora será 'rescatado' con dinero público.

El líder del PRC ha defendido la honestidad de “un ingeniero de caminos de prestigio sobrado” en la ejecución de obra pública en España, “un fuera de serie en lo suyo”, experto en puertos, transportes y comunicaciones “con un currículum brillante”.

“No hay nada raro”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo, que ha explicado que el nombramiento de Bocanegra es competencia del consejero de Industria, Francisco Martín, y ha destacado que el Gobierno ha tratado de fichar “a los mejores”, como a su juicio ha ocurrido en este caso.

Durante su intervención en el pleno, Bolado ha opinado que su designación tiene “un tufillo raro” porque Bocanegra fue director del Puerto de Laredo y gerente de Marina de Laredo, la empresa concesionaria y constructora de esta infraestructura a través de la UTE formada por Ascan y FCC, que ahora reclama cerca de 50 millones de euros al Gobierno tras su entrada en fase de liquidación.

Sin embargo, Revilla ha rechazado que sea un caso de puerta giratoria porque Bocanegra “solo era un empleado” y llega a la administración pública, según su versión, “en función de sus méritos”.