El pulso vecinal contra las expropiaciones del macroparque industrial de Laredo: “Nos compran a 15.000 y lo revenden por 200.000”

El enfrentamiento entre vecinos afectados y Gobierno de Cantabria por el futuro Parque Industrial y Empresarial de Laredo ha encendido una batalla que va mucho más allá de una disputa urbanística. Y es que el proyecto plantea habilitar más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial en la zona suroccidental del municipio, donde se levantan los barrios de El Callejo, El Sable y La Poza, que desaparecerían bajo el macropolígono.

“Se llevaría por delante los tres barrios”, denuncia Borja Fernández, secretario de la Asociación de Afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional– de Laredo. La plataforma, que agrupa a más de un centenar de vecinos, calcula que serán desalojadas 57 casas habitadas y alrededor de 300 terrenos con huertas y pequeños negocios familiares para llevar a cabo un proyecto que fue aprobado inicialmente en julio por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y que ahora se encuentra en periodo de información pública.

El rechazo de los afectados se centra en las expropiaciones y en el desequilibrio económico que, aseguran, supone la operación. “Un terreno de 1.000 metros cuadrados me lo van a comprar por 15.000 euros y lo van a vender por 200.000”, advierte Fernández, tomando como referencia los precios del metro cuadrado de los solares en la comarca. “A mí me lo van a robar para luego vendérselo a una empresa privada a precio de mercado”, añade.

El dirigente vecinal cuestiona también en conversación con elDiario.es la justificación de interés público del proyecto. “Los PSIR han generado cinco millones de metros cuadrados de suelo industrial y no se ha ocupado ni el 20%”, subraya, citando ejemplos de polígonos vacíos en Cantabria y en provincias limítrofes como Palencia o Burgos. A su juicio, el problema no está en la falta de suelo, sino en la política fiscal: “Las empresas no se están moviendo por el suelo industrial, sino por los impuestos”.

En este sentido, el secretario de la recién constituida asociación vecinal resalta que “no hay ninguna lista de empresas que quieran suelo industrial en Laredo, nadie se ha ofrecido voluntariamente”. Por eso, en el acto de presentación de la plataforma, que tuvo lugar hace unos días en la localidad, los dos centenares de vecinos que acudieron dejaron claro el “atropello” que supone este proyecto, que está “sobredimensionado”.

Además, otra arista importante de este conflicto, que también ocupa otro frente de batalla, es el tema medioambiental. El área señalada para el polígono linda con la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, algo que también preocupa a los vecinos. “El linde del polígono va a ser la marisma que es una reserva natural”, advierte Fernández, que recuerda además que los terrenos “son inundables y con un nivel freático muy alto”.

La asociación prepara alegaciones en tres fases: primero contra el diseño del PSIR, después frente a la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (Sican) y finalmente por la vía judicial. “En el momento que se apruebe el PSIR, mi casa ha perdido todo el valor”, lamenta el portavoz, convencido de que la batalla acabará en tribunales superiores e incluso en instancias europeas.

Perjuicio municipal

El malestar se ha extendido entre los vecinos, que han iniciado una campaña de recogida de firmas y actos públicos de protesta. El discurso se resume en una idea clara: que el polígono industrial no solo amenaza viviendas, sino también la esencia de un municipio que ha visto cómo su población se ha reducido en las últimas décadas y que, aseguran, necesita vivienda y planificación urbanística más que nuevos suelos industriales.

“Cuando se construya una nave, el Ayuntamiento de Laredo no recibe un duro porque todo lo gestiona Sican”, critica Fernández, que recalca que las consecuencias de la operación afectarán también a la economía municipal. El secretario de la asociación explica que, al tratarse de un PSIR gestionado por la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria, el Ayuntamiento pierde las vías habituales de recaudación.

Ni las licencias de obra ni la plusvalía de las compraventas pasarían por las arcas municipales. En un desarrollo urbanístico ordinario, la venta de un terreno genera impuestos que repercuten en el Consistorio y las nuevas construcciones abonan tasas. Aquí, insisten los vecinos, toda esa recaudación se centralizará en Sican, dejando a Laredo sin ingresos adicionales pese a asumir las consecuencias del polígono.

A ello hay que añadir, según Fernández, el problema de acceso a la vivienda, especialmente acuciante en un municipio tan turístico como Laredo, donde los alquileres residenciales son prácticamente una quimera. “¿Dónde vivirían los trabajadores del polígono?”, se pregunta.

Drama humano

Al margen de las cifras, el impacto humano dibuja el drama de la operación. Cerca de 60 familias podrían perder su vivienda, en muchos casos casas construidas hace más de dos o tres décadas y que forman parte de la vida de varias generaciones. “La mayoría de las casas son de toda la vida”, lamenta Fernández, quien recuerda que algunas de ellas datan de los años sesenta y ochenta. Así, la amenaza de expropiación no solo pone en riesgo un techo, sino la memoria de un barrio que se ha levantado sobre huertas, cultivos y pequeños negocios familiares.

El Gobierno autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) defiende que el Parque Industrial y Empresarial de Laredo es “una oportunidad estratégica para no dejar al municipio sin suelo para la ubicación de empresas”, en palabras del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), quien destaca la relevancia del proyecto para “generar empleo y riqueza” en la comarca oriental. En paralelo, los vecinos han mantenido reuniones con el alcalde, Miguel González (PP), del mismo partido que dirige el Ejecutivo autonómico.

Aunque en un primer momento se mostró escéptico ante sus reivindicaciones, ahora se muestra más proclive a no dar la espalda a las familias afectadas. “En la primera reunión, celebrada el 1 de agosto, nos dijo que se trata de un proyecto del Gobierno de Cantabria y que hay poco que hacer al respecto, pero a raíz de las movilizaciones y de la presentación de la asociación, en los últimos días ha cambiado un poco la actitud”, ha sentenciado Fernández.

Revuelo en torno a los PSIR

Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) son un instrumento jurídico autonómico en Cantabria diseñado para que la Administración regional intervenga directamente en desarrollos industriales, grandes equipamientos, vivienda protegida o uso comercial, cuando estos tienen carácter estratégico y trascienden los límites municipales. 

La polémica en torno a los PSIR ha escalado este año con la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa promovida por PP y Vox, que abre la puerta a que dentro de los mismos se permita la construcción de vivienda libre, un cambio sustancial con efectos urbanísticos y especulativos, según denunció la oposición durante la aprobación de la misma.