“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

Activista histórica en las luchas por el ecologismo, los derechos sociales y la memoria de la represión franquista, Paca Blanco ha vivido durante más de una década en una vivienda pública adjudicada originalmente a su hijo. Tras años intentando regularizar su situación contractual y pagar el alquiler social, lo que ha hecho de forma continuada durante el último año, se enfrentó a una orden de desahucio prevista para el 23 de febrero que finalmente ha sido suspendida. Sus declaraciones reflejan la angustia y el desgaste institucional y emocional que supone vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar a los 77 años.

La extremeña denuncia el “maltrato institucional” sufrido y la ausencia de una comunicación oficial clara sobre su situación: “Para ellos soy una ocupante ignorada, una persona que no existe”. Y eleva el tono cuando habla del trato a las personas mayores: “Nos tienen viviendo con estrés, con ansiedad, con angustia constante. Son unos canallas”. A su edad y con un 66% de discapacidad, insiste en que solo reclama “una solución habitacional digna” y advierte: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Yo pienso seguir luchando hasta que mi cuerpo aguante”.

Blanco, que utiliza un andador y padece movilidad reducida, ha dedicado décadas a causas sociales, ecológicas y feministas y es conocida por denunciar la represión franquista en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, donde fue internada en su juventud, y por oponerse a megaproyectos como el resort de lujo en Marina Isla de Valdecañas, y a las nucleares, especialmente la de Almaraz.

El conflicto actual se originó cuando la empresa municipal de vivienda de Madrid (EMVS) decidió iniciar un procedimiento judicial para desalojarla, argumentando incumplimientos contractuales por lo que ella misma define su situación como “ocupación ignorada”. Blanco había entrado en la vivienda con las llaves que le entregó su hijo, al que originalmente se adjudicó el piso y que ahora reside en Brasil, y desde entonces ha intentado regularizar el contrato sin éxito.

A pesar de haber pagado alquiler durante el último año, y de solicitar formalmente la subrogación del contrato, algo que la normativa actual no permite del hijo a padres, pero sí al revés, la EMVS no ha reconocido su derecho a permanecer en el hogar que ha sido suyo durante más de una década.

Movilización social y paralización del desahucio

La alarma ante su posible expulsión ha motivado la firma de un manifiesto por parte de más de 150 colectivos como sindicatos, movimientos de vivienda, asociaciones vecinales, plataformas de pensionistas y ecologistas, que califican la medida como “una injusticia especialmente grave” y un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a miles de personas en España.

Gracias a esta presión y al apoyo de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, el desahucio programado para el 23 de febrero fue suspendido de forma temporal. Pero Blanco advierte de que esa suspensión es una tregua, no una solución definitiva, y que sigue en riesgo inminente de perder su hogar si no se reconoce su derecho a un alquiler social acorde a sus recursos.

El relato de una vida en lucha

Por su parte, Blanco relata con claridad a elDiario.es, como siempre ha hecho, la enorme carga emocional y física de esta experiencia: meses viviendo entre cajas con sus recuerdos, angustia constante y la incertidumbre de no saber si su casa seguirá siendo suya. Su caso se ha convertido en una denuncia pública del trato institucional hacia los mayores, especialmente cuando sus ingresos y su condición de salud los colocan en una posición de vulnerabilidad.

Blanco ha rechazado también ofertas de alternativas habitacionales como residencias gestionadas por órdenes religiosas, precisamente por su experiencia pasada en instituciones similares durante los años del franquismo.

Un caso que trasciende lo personal

Expertos y colectivos señalan que el caso pone foco en la crisis estructural de vivienda en España, donde la falta de vivienda social asequible, las limitaciones del llamado escudo social y la presión de los mercados inmobiliarios empujan a personas mayores, familias vulnerables y sectores precarizados a situaciones de exclusión residencial. El respaldo a Blanco se lee, en este sentido, como un llamado más amplio a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

El desahucio de la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco previsto para la mañana del lunes 23 de febrero en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) ha sido anulado por los tribunales. En una resolución a la que ha tenido acceso Somos Madrid, el procedimiento de lanzamiento previsto para las 10.30 horas del citado día se deja “sin efecto”.

La diligencia parte de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 90 de Madrid y está fechada el pasado martes, 17 de febrero. El motivo de la anulación es la imposibilidad de haber emplazado la notificación del lanzamiento al demandado oficialmente, el hijo de Paca Blanco.

La activista protagonizó este miércoles un conato de encierro en la sede de EMVS, donde ha participado la propia activista, además de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Anticapitalistas y otros colectivos que se han volcado en el apoyo a Paca. Hasta 150 organizaciones han mostrado su apoyo público a la también autora de la biografía Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción), donde relata la represión franquista contra las mujeres a través de su propia experiencia.

La acción tuvo lugar en torno a las 11.00, con sus protagonistas abandonado el lugar alrededor de una hora después debido a la intervención de decenas de agentes policiales. Desde Anticapitalistas trasladan a Somos Madrid que el encierro en el edificio del número 13 de la calle Palos de Frontera buscaba concertar una reunión con el gerente de EMVS para aclarar la situación respecto del inmueble, un hecho que no se ha producido.

“Una de las razones de la acción de hoy era que nos dijeran si es verdad o no que se va a producir un aplazamiento, porque en el juzgado nos dicen que a ellos no les ha llegado ninguna petición de paralización. Es un caso de maltrato por parte de EMVS”, trasladan desde Anticapitalistas.

Hasta el momento, las organizaciones sociales implicadas en este caso no han recibido notificación ninguna de los juzgados. Por ello, animan a mantener la movilización de apoyo a Paca en el portal de su domicilio el próximo lunes desde las 8.30. La activista de 77 años reside en el número 12 de la calle Játiva, en el barrio de Adelfas del distrito de Retiro. Allí vive desde hace once años en una casa que EMVS adjudicó a su hijo.

Sobre una posible irregularidad en la subrrogación, desde EMVS apostillan que “en términos generales, esta solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. Recuerdan que “la empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

La versión de Paca y sus allegados es muy distinta. Cuentan que cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar la situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, Paca Blanco es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. En Madrid encontró su refugio, así que ahora lucha por no quedarse de nuevo a la intemperie.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el país han firmado el manifiesto de apoyo a la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio que ha recibido a sus 77 años por parte del Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), al tiempo que piden que se reconozca su derecho a permanecer en su hogar.

El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, subraya que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios. “Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes. Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda, así como su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. “El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común”, aseguran en un comunicado.

El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: “Paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años”. Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Según señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.

Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado en el barrio de Adelfas, del distrito de Retiro. Su hijo se marchó y desde ese momento ella intentó subrogarse en el contrato. Ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año. “En términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”, precisan desde EMVS acerca de la subrogación. Y añaden: “La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años”.

La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer, experiencia que recogió en un libro. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.

A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero después de la orden emitida por un juzgado de primera instancia. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores. Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. De acuerdo al manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.

Una corrala decimonónica se ha convertido en la puerta de entrada a un supuesto narcopiso del siglo XXI. Desde el número 11 de la calle Tribulete o accediendo por el 12 de Provisiones, en pleno centro de Madrid, puede uno adentrarse en un amplio patio, luminoso y con dos siglos de historia. Pertenece a los antiguos conjuntos de viviendas que se popularizaron durante el Madrid industrial, con la peculiaridad de que en este caso sus vecinos se confiesan habituados a las amenazas, los ruidos o el tránsito de droga. Actualmente, el edificio es propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que depende del Ayuntamiento.

Hoy viven allí unas 20 personas, generalmente en régimen de alquiler social, conectadas a través de un espacio abierto en la zona central del bloque. Pero, en los últimos meses, el relato de los residentes también ha alarmado fuera de sus paredes: las peleas, la suciedad o los gritos intimidatorios se han apoderado del edificio. Fuentes de la Policía Nacional confirman a Somos Madrid que existe una investigación en marcha para esclarecer las acusaciones, pero evitan concretar si desde junio –cuando supuestamente empezaron los conflictos– se ha efectuado alguna intervención en la zona.

Lo que no se ha materializado aún es una operación policial a gran escala en el interior, aunque los vecinos presionan para que ocurra más pronto que tarde. “Cada dos por tres hay peleas con voces a todas horas, sea de día o de noche. No dormimos”, asegura Ana, una de las personas que viven en la corrala y han tratado de mover hilos para llegar al fondo del asunto. Dice sentirse desesperada y sostiene que ya han intentado hablar con la mujer que se aloja en el domicilio, donde afirma que “convive con mucha otra gente” que entra y sale a placer.

Vecinos “secuestrados” en sus propias casas

La distribución de la corrala se basa en una planta rectangular con un patio interior estrecho y las viviendas distribuidas varias alturas: dos (bajo y primero) en el bloque que tiene acceso a la calle Provisiones y cuatro en la de Tribulete, donde también hay entreplanta y segundo piso. Para entrar hay que atravesar un portalón que abre al patio, desde el que se accede a las viviendas bajas. Una escalera conduce a la galería que sirve de acceso a las casas altas y otra pasarela que cruza el patio, comunicando las galerías de ambos lados.

Pero la convivencia parece haberse complicado. En un escrito firmado por diez vecinos y enviado a la propiedad del inmueble, la EMVS, estos se consideran “atemorizados” y “secuestrados” en sus propias casas. “La situación se está cronificando de una forma que ya no es posible soportar. [...] Las peleas no solo ocurren dentro de la vivienda, sino en las zonas comunes, poniéndonos en peligro al resto”, destaca la carta, en la que el grupo afirma que allí “se venden o consumen estupefacientes” y han encontrado restos de “papel de aluminio” en la corrala, que relacionan con drogas, junto a otros enseres. También inciden en los problemas que supone a nivel de higiene, pues aseguran que el servicio de limpieza “no entra por miedo” e incluso “muchos repartidores se niegan” por la misma razón.

“La cantidad de gente dentro de la casa es tal que incluso algunos duermen en el portal o en pisos superiores de la finca, con llamadas a telefonillos a cualquier hora o bien dando golpes en el portalón de entrada, bloqueando las cerraduras para que no cierren los portales y tener paso libre [...] Esas personas son muy violentas”, concluye el aviso que remitieron a la empresa municipal. Consultados por esta cuestión, desde la EMVS (responsables del edificio) delegan en la Policía la decisión de intervenir o no después de la denuncia. “Si un ciudadano es conocedor de este tipo de prácticas delictivas en una vivienda debe ponerlo en su conocimiento, pues son la autoridad competente”, zanjan fuentes de la empresa pública.

Ana presentó una denuncia a título particular ante la Dirección General de la Policía cuando relativa al pasado 2 de enero, en la que indica “tener conocimiento de que en dicho domicilio [el que ha generado el conflicto] se realizan actividades ilíticas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes”, e incluso haber visto cómo algunas personas “han mantenido relaciones sexuales fuera de la casa”.

Problemas para transitar zonas comunes y ataques de ansiedad

También expone que a otro vecino, cuyo nombre dice no recordar en la denuncia, “le han llegado a mostrar un cuchillo” o que, en su caso, tuvo “impedimientos” para transitar en zonas comunes. María, otra de las mujeres de la corrala que han denunciado lo ocurrido en comisaría, declara tener “ataques de ansiedad” recurrentes y ser testigo de distintas situaciones violentas, que también vincula a la existencia de un narcopiso.

En uno de los casos, ella misma fue la víctima directa. Según relata en su escrito, en la madrugada del 18 de enero un sujeto se adentró en el edificio debido a que la puerta principal “estaba rota” por otro incidente, ocurrido dos semanas atrás siempre según su testimonio. El individuo golpeó “violentamente” la puerta del domicilio donde reside la denunciante, a pocos metros de aquel sobre el que recaen sus sospechas. “Temo por mi seguridad y por la de mis vecinos”, destacó ante los agentes.

En uno de los vídeos grabados desde las ventanas contiguas se muestra cómo, junto a la entrada principal, una persona empieza a gritar y empuja a otra contra la pared, agarrándola de la solapa mientras esta otra se defiende impulsándose hacia adelante. Cuando consigue zafarse de las manos comienza a andar hasta desaparecer del plano. “Oye, ¿adónde vas?”, se escucha de fondo cuando retoman los zarandeos a la vez que otros dos individuos tratan de intervenir. Mientras tanto, otra silueta trata de acercarse a la puerta y acelera el paso cuando llega al lugar de la pelea.

A nivel normativo, este edificio se integra en el Plan Especial de Protección del Ayuntamiento de Madrid, que ya acometió una rehabilitación a mediados de los noventa con 997.680 euros de presupuesto, que corrió a cargo de la empresa Leal Elizaran S.A. Su estado era ruinoso y se acometieron obras de consolidación, conservación estructural o para la reconstrucción de la escalera, la galería y los patios. De momento, queda esperar a que las investigaciones policiales determinen si en este punto conflictivo se cumplen las sospechas de sus vecinos.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

La vida de Paca Blanco ha sido una batalla constante por proteger el medio ambiente y la calidad de vida a su alrededor. Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. Encontró refugio en Madrid, en una vivienda adjudicada a su hijo por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Una década después, a sus 77 años, se encuentra inmersa en un nuevo conflicto: el desalojo de su propia casa.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha enviado a Paca una orden de desahucio, a pesar de sus intentos por regularizar su situación legal en relación con la titularidad de la vivienda, situada en el barrio de Adelfas del distrito de Pacífico. Cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar su situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Desde EMVS defienden su intervención: “Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños sujeto a una normativa y un reglamento cuyo cumplimiento tiene la obligación legal de velar. La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”. En esos casos, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal. Sobre una posible irregularidad en la subrrogación de este caso, apostillan que ”en términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación“.

“Una de las miles de historias de la precariedad”

“Paca es una de las miles de historias de precariedad: una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras en Madrid, en Extremadura y en todo el Estado español”, destaca una nota de prensa promovida por Anticapitalistas.

En los últimos años, la activista se ha convertido además en un referente por la memoria de la represión soportada por las mujeres durante el franquismo: sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer de la dictadura, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas. Así lo relata en sus recientes memorias, Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción).

“Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores”, critcan desde Anticapitalistas. “Paca representa a los colectivos de vivienda, al ecologismo, a la lucha antinuclear y a la lucha política. Ahora, esos mismos colectivos y luchas exigen que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y una vida decente para todas las personas”, concluyen.

Jorge Rodrigo ha anunciado su reincorporación como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, después de más de 100 días alejado de la actividad pública por un “duro” cáncer. En un mensaje publicado en X, el integrante del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha explicado que retoma sus labores “aunque aún no ha terminado” el proceso de su enfermedad.

Según detalla, el estado en el que se encuentra actualmente le permite “seguir adelante con la responsabilidad y el compromiso de trabajar cada día para mejorar la vida de los madrileños”. “La vida es generosa, pero en ocasiones nos pone pruebas difíciles en el camino. Afrontarlas también forma parte del aprendizaje y de la fortaleza personal”, destaca Rodrigo.

En su publicación, aprovecha para “agradecer de corazón” todas las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas desde que el pasado 16 de septiembre anunció que se apartaba temporalmente del cargo y de la política por un proceso oncológico: “Gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mi estado de salud”.

En la misma línea, ha subrayado su “reconocimiento y gratitud más sincera” a los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que le han acompañado en el tratamiento durante estos más de 110 días: “Su calidad humana y profesionalidad demuestran, una vez más, que contamos con una de las mejores sanidades públicas del mundo”, remarca en un mensaje que acompaña con una fotografía de una reunión con todo su equipo en la Consejería.

Rodrigo, nacido en 1973, ocupa desde 2023 la Consejería. A frente de ella ha liderado proyectos como el nuevo plan de choque de Vivienda que rebaja el control del suelo sin aplicar la ley estatal, el cierre de la línea 6 de Metro para su automatización o la reapertura de la problemática línea 7B. Durante su ausencia, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (también portavoz del Gobierno regional), se ha hecho cargo de las tareas de este departamento.

Entre mensajes de apoyo y deseos de una recuperación completa, la reincorporación de Rodrigo se produce cuando su figura está envuelta en cierta polémica. El pasado 8 de enero trascendía que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de su pareja en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), en un dictamen que llegó después de una denuncia previa de Más Madrid.

Según la Oficina Anticorrupción,  “no ha quedado acreditado fehacientemente” que EMVS, entidad 100% dependiente del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T, pareja de Rodrigo que lleva años encadenando puestos en la Adminidstración madrileña pese a su limitada formación y experiencia. Para más inri, la cartera que Jorge Rodrigo ostenta en el Ejecutivo de Ayuso incluye las competencias en Vivienda, además de Transportes e Infraestructuras.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, en la empresa pública del Consistorio que gestiona esta área.

Tras una denuncia de Más Madrid, para la Oficina Anticorrupción “no ha quedado acreditado fehacientemente” que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), 100% del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T., pareja del consejero autonómico del ramo.

En un dictamen del 16 de diciembre, duda que esa contratación respetara las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa ley: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”. 

“No ha quedado acreditado fehacientemente en la documentación remitida a esta oficina cómo se salvaguardaron los mencionados principios en la contratación efectuada”, dice la resolución del director del ente, el exjuez del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado (1994-1996) y expresidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados.

“No se da detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

La EMVS indicó a Antifraude que para “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal”, “se evaluó la experiencia y los méritos” de la persona seleccionada: “Entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”.

Según Anticorrupción, “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. “Frente a la libertad de elección que tiene la empresa privada para seleccionar a sus empleados, las empresas del sector público, aunque sometidas al derecho privado, tienen limitaciones en cuanto a la discrecionalidad de elección de trabajadores, debiendo respetar los principios anteriormente referenciados”.

Como reveló en junio elDiario.es, F. T. lleva años encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP en Madrid con sueldos públicos de hasta 62.500 euros. Todo ello, sin cualificación universitaria, un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso a distancia de “Auxiliar de Protocolo” que hizo poco antes de recalar en el Gobierno de Cristina Cifuentes para tareas de asesoría. En la EMVS cobra casi 50.000 euros anuales.

Rodrigo, definido como el consejero “con mayor peso político” de Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que deja temporalmente el cargo por un cáncer. No ha sido sustituido al frente de las políticas de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

“Principios éticos”

Anticorrupción destaca “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente la plaza de la pareja de Rodrigo, la EMVS respete el artículo 53 de la EBEP “en relación con los principios éticos allí recogidos, con especial referencia” a “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

El informe recuerda que según el convenio colectivo de la EMVS, la contratación temporal “no podrá exceder de un año, plazo durante el cual deberá iniciarse el proceso para su cobertura definitiva”. F. T. lleva en el puesto más de dos años. Un portavoz de la EMVS subraya que a las plazas temporales se les un decreto ley de 2021 “que fija un plazo de 3 años como máximo para cubrirla definitivamente”, y que la oferta de empleo de la empresa está limitada anualmente por la tasa de reposición que establecen los Presupuestos Generales del Estado. La EMVS “cada año acuerda con los representantes de los trabajadores la oferta de empleo anual tanto para promoción interna como para oferta externa para su cobertura definitiva, priorizando el orden cronológico”.

Según la EMVS, en el momento de la contratación de F. T. “los requisitos y criterios aplicables a la selección del personal contratado con carácter temporal no estaban reglados/articulados mediante un procedimiento específico. Por ello, y ante la necesidad urgente de cubrir determinados puestos y para evitar la interrupción del servicio, se procedía a formalizar contratos temporales con personas cuyos currículos obraban en poder de la entidad y que se adecuaban a los perfiles y necesidades de las plazas que era imprescindible cubrir de inmediato. Siempre con la convicción de que se trataba de una contratación temporal hasta que tuviera lugar el proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”.

Más Madrid critica que en el caso de la plaza de F. J., “ni siquiera se ha abierto el proceso para su cobertura ajustada a la legalidad”, y apunta una posible “conducta prevaricadora” del concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, “porque es conocedor de los hechos denunciados en los medios” y “los negó en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en julio”.

Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el “demoledor” informe prueba que “el Gobierno de Almeida utiliza la EMVS como una oficina de colocación de amiguetes del PP. Y esto es una clara vulneración de la legalidad”. “Usa el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su cortijo donde hacer y deshacer con absoluta impunidad”.

“Contratar en la EMVS solo con una entrevista es enchufismo”, algo “inaceptable en la Administración Pública. Y el argumento esgrimido por el PP de la ”urgencia“ es igualmente inaceptable, no justifica en absoluto saltarse las reglas. Aquí se han ignorado, como constata el director de la Oficina contra el Fraude, los principios constitucionales de acceso al empleo público”, destaca Lois.

Más Madrid exige “la inmediata depuración de responsabilidades” en la EMVS y una investigación interna que aclare cuántos puestos “siguen cubiertos en la actualidad tras procedimientos que vulneraban la legalidad vigente en materia de contratación de personal”. No descarta acudir a Fiscalía “en caso de que no se identifique a los máximos responsables de estas actividades ilícitas”.

“Opacidad total”

“Llegaremos hasta el final y tomaremos las acciones necesarias para que se identifique a los máximos responsables”, advierte la concejala. “Simplemente esta persona llegó allí una mañana y le pusieron en un despacho. Es una ilegalidad y un escándalo que, si no fuera tan grave, hasta podríamos bromear con que Berlanga no lo habría reflejado mejor en su parodia de los enchufes en la administración” de la película La escopeta nacional. “Lo único que hay aquí es una opacidad total”, añade.

Más Madrid presentó su denuncia el 28 de octubre. Tras destaparse el caso pidió copia del expediente a la EMVS. Su consejera delegada presentó un informe indicando que “la plaza se cubrió con dicha persona, cumpliendo con los requisitos previstos por la Empresa para las contrataciones temporales”. La EMVS denegó en septiembre la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...

La trayectoria académica y laboral de F. T. es muy diferente a la del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE.

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa. Con un inglés de “usuario básico”, su carrera dio un giro hace diez años. Tras más de una década en el área contable de una empresa privada, realizó un cursillo no oficial de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 150 horas en 5 meses y medio (por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos).

Acto seguido, F. T. encadenó puestos de asesoría en el Gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Almeida y otra consejería madrileña ya con Ayuso como presidenta en la que cobraba casi 60.000 euros, según datos que en su día publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España.

En 2023, con Rodrigo ya en Vivienda, le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de Alcaldía de un relevante municipio madrileño del PP. Un puesto de libre designación (a dedo), alta exigencia y más de 62.600 euros brutos anuales de sueldo. No duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, explicó en junio un portavoz de ese consistorio, que afirmó que no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apuntó alguien que conoce la trayectoria de F. T.

La persona que le sucedió en ese cargo tiene una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones.

Esa “otra cosa” más tranquila fue la EMVS. Allí la pareja del consejero regional cobra 49.911,4 euros anuales con un nivel de exigencia muy inferior a su anterior cargo. Con rango de jefatura de sección y nivel 3, algunas fuentes lo comparan con un conserje “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se paga con algo más de 21.500 euros. El nivel de F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, la EMVS es la mayor empresa pública de vivienda de España, conocida por la venta masiva de viviendas sociales de 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Los requisitos por convenio para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. La EMVS indicó en junio que superó con éxito una entrevista personal. No aclaró si hubo más candidaturas.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito madrileño de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su CEO desde julio es Ana de Miguel, tras ser nombrado jefe de Gabinete de Almeida su antecesor, Diego Lozano.

Rodrigo se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas. Lleva más de 25 años encadenando puestos con el PP. Encontró acomodo en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras los problemas con la justicia que afrontó al dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, al morir cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Fue exonerado tras estar imputado.

Hace unos meses, en un debate sobre el transporte público, espetó en la Asamblea de Madrid un “¡No me ponga morritos, que me descentro!” a una diputada de Más Madrid que tachó la expresión de “sexista y machista”: “No es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

“¡No salgas de la casa!”. José Antonio pedía así a Cristina, su exmujer y madre de sus tres hijos menores, que permaneciese en la vivienda que han estado a punto de tener que dejar en la mañana de este miércoles. Con más de una decena de agentes de la Policía Nacional y Municipal en el portal, así como dos furgones policiales en plena calle Lavapiés, era el momento de mayor tensión de la jornada. Solo unos minutos después los cuerpos de seguridad abandonaban el edificio, seguidos de varios funcionarios de los servicios sociales, los juzgados o la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

Esta entidad pública, promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Madrid, es la propietaria del piso en el que la familia lleva viviendo 14 años. El martes, “sin previo aviso” según cuenta José Antonio, se produjo un primer intento de desahucio frustrado. “Ni nosotros ni nuestro abogado habíamos recibido ninguna notificación”, asegura. La expulsión se postergó apenas unas horas, hasta este miércoles a las 9.30, pero la actuación de su defensa y la movilización de vecinos del edificio ha vuelto a frenar el lanzamiento. Según les han trasladado, y confirma a Somos Lavapiés una de las funcionarias que ha acudido al lugar, la ejecución “se aplaza sin fecha”.

Una vez salvada la situación, Cristina y José Antonio conversan para preparar su estrategia futura junto a otras vecinas y su familia más cercana (las madres de ambos han permanecido a su lado desde primera hora de la mañana). El alivio es palpable, pero la inquietud permanece. También la indignación: “Una persona de la EMVS era la encargada de certificar la vulnerabilidad. Bueno, pues lo que ha hecho es llevar los papeles para el certificado de vulnerabilidad a un juzgado equivocado, al 54 en vez de al 46. El de nuestro juicio no sabía que teníamos el informe”.

“Nuestro abogado ha tenido que entregarlo hoy a primera hora al juez que corresponde para que suspendiera el desahucio”. El letrado lo ha conseguido in extremis, ya que la comunicación de la paralización ha llegado cuando la hora programada de ejecución (9.30) ya se había sobrepasado unos minutos. Previamente intentó aplazar el desalojo para disponer de más tiempo en la gestión, pero las autoridades no accedieron a ello. Así, la expulsión ha estado a punto de acometerse aunque un juez ya había ordenado su desactivación. “Ha sido cuestión de minutos”, dice José Antonio.

“La comisión judicial venía muy mal, poco preparada y con malos modos. No querían ni llamar al juzgado”, afirma Charo, residente en el mismo bloque y muy significada en movimientos sociales o por la vivienda en Lavapiés. Lamenta que “una entidad pública ha intentado desahuciar sin alternativa habitacional, parece que solo somos números”. Considera además que “han actuado muy rápido porque lo que querían es que no hubiera resistencia ni organización vecinal”.

En la misma línea se pronuncia Alma, otra vecina que ha grabado los momentos más intensos de la confrontación verbal con las fuerzas de seguridad del Estado: “Son unas fechas malísimas, desde ayer estamos intentando movilizarnos porque vinieron sin previo aviso. Han intentado echarles de forma ilegal, sin previo aviso y sin que nadie nos haya enseñado la orden judicial de lanzamiento. Y además con muy malos modos, con un racismo soterrado [la familia afectada es de origen gitano]”.

Miguel, padre de Cristina, reprocha que la Policía le ha indicado que contaban con la orden de desalojo pese a que nadie se la ha mostrado. Minutos antes de conocerse la suspensión, el abuelo de los menores ha protagonizado escenas de tensión con los cerrajeros de la empresa Ingesan (filial de la macroconstructora OHLA). “Hemos llegado a las 8.00 y estas personas no nos han dejado pasar identificándose como policías. Eso es ilegal”, ha manifestado. Unos hechos que los cerrajeros han negado en todo momento. “Si tiene algo que denunciar acuda a una comisaría”, ha respondido a Miguel uno de los agentes policiales que custodiaban la entrada al bloque.

14 años en la vivienda y un supuesto “acuerdo verbal” con EMVS

Charo relata que José Antonio y Cristina llegaron a alcanzar “un acuerdo verbal con EMVS” para regularizar su situación. La pareja, ahora separada pero todavía en convivencia junto a sus tres hijos de entre 5 y 15 años, llegó a este piso del número 34 de la calle Lavapiés en 2011. “Me lo alquiló una persona a la que le di un primer pago de 1.200 euros y luego desapareció. Tiempo después intentamos hablar con EMVS y vino una trabajadora social que me dijo que estaba en proceso de regularización. Ahora, de la noche a la mañana, nos encontramos esto”.

José Antonio regenta un puesto de venta ambulante los fines de semana, mientras su expareja cobra el ingreso mínimo vital. “Es todo lo que ganamos, con eso no nos da para vivir en ningún sitio. Somos buena gente, no damos problemas y a la vista está que nos llevamos muy bien con los vecinos porque han venido a ayudar. Queremos pagar lo que nos corresponda”. Sus hijos han pasado las últimas horas en casa de la madre de José Antonio, que vive en el piso de arriba y sí cuenta con un contrato legal.

Uno de los argumentos de la familia para defender que han tratado de ponerse en contacto con EMVS es que la propia entidad “ha hecho arreglos en el piso”. Fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo explican a este periódico que dichas actuaciones estaban encaminadas a “solventar unas goteras que afectaban a otros vecinos”.

El organismo dependiente del área de Políticas de Vivienda expone que “solo se desahucian a aquellos que, pudiendo pagar, no quieren hacerlo”. Y apuntan: “EMVS Madrid acude a los tribunales en casos de okupaciones, inquilinos con impagos y que generen problemas de convivencia vecinal, o en caso de impagos reiterados de personas con ingresos demostrados”. Recuerdan que “a nadie se le pide nunca más del 30% de sus ingresos, siempre se ofrecen planes de pagos asequibles y adecuados a la situación del inquilino en caso de pasar por una crisis y, si es necesario, se ofrece intervención de los servicios sociales”.

“Si, a pesar de ello, se incumplen los planes de pago o se rechazan las actuaciones de los servicios sociales, se pone el asunto en manos de la Justicia que, siempre con las máximas garantías, es quien decide si hay que proceder o no a un desahucio. Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y sujetas a una normativa y un reglamento de acceso a las mismas. EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento, especialmente por respeto a los alrededor de 50.000 solicitantes legalmente inscritos en el Registro de Vivienda que sí respetan las normas y procedimientos de acceso”. La entidad no aclará cuántas viviendas de su propiedad se encuentran actualmente okupadas o en proceso de desalojo.

Echarles de un día para otro es inhumano. Qué menos que darles dos semanas para que puedan buscar un sitio donde vivir, ¡qué tienen tres chiquillos! A la vista del resultado está que en la EMVS no lo han hecho bien y esto era una chapuza

Miguel acepta que su hija deba abandonar la vivienda si no han seguido los procedimientos oportunos, pero exige que las autoridades cumplan también las exigencias legales en el proceso: “Echarles de un día para otro es inhumano. Qué menos que darles dos semanas para que puedan buscar un sitio donde vivir, ¡que tienen tres chiquillos! A la vista del resultado está que en la EMVS no lo han hecho bien y esto era una chapuza”.

Mientras, José Antonio y Cristina se organizan para ganar tiempo. Con la paralización de la actividad judicial en agosto, todo hace indicar que podrán quedarse al menos hasta septiembre. Charo les informa de los recursos jurídicos que puede ofrecerle el Sindicato de Inquilinas o la cooperativa de abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El objetivo es prepararse para un conflicto legal, pero también generar una respuesta vecinal y social en el barrio que la rapidez inicial del procedimiento había emprendido. “Si cuando llegan ven mucha gente se ponen nerviosos”, dice Charo. “Hoy éramos pocas y hemos podido evitarlo. Imagina si somos muchas más”, añade.

Entre 50.000 y 62.500 euros anuales. Son los sueldos con dinero público que, sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, lleva años encadenando la pareja del actual consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.

La trayectoria académica y laboral de la pareja de Rodrigo es muy diferente a la del responsable de aplicar las políticas de Vivienda de Isabel Díaz Ayuso. El consejero, según su biografía oficial, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y con diversos programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y la Comillas-ICADE.

En cambio, su pareja, F. T., cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un nivel de inglés de “usuario básico”, según el currículum oficial de su anterior cargo público en una Administración del PP madrileño. Tras pasar por diferentes empresas, su carrera dio hace diez un giro, tras realizar un cursillo a distancia de “Auxiliar de Protocolo” impartido por la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, “sin carácter oficial”, recalcan desde la UNED, y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación. Estos últimos tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados por empresas e instituciones públicas, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

El cursillo a distancia que realizó F. T. fue de 150 horas, impartidas a lo largo de 5 meses y medio. Tenía un coste de 650 euros, incluyendo las tasas académicas y el acceso a los materiales didácticos. Fue una buena inversión, vistos los resultados posteriores.

Tras realizar ese curso, y después de haber trabajado durante más de una década en el área contable de una empresa privada, F. T., que ha declinado atender a elDiario.es, pasó a desempeñar labores de asesoría en el gabinete de una consejería del Gobierno madrileño, que entonces presidía la popular Cristina Cifuentes. De allí pasó al Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Y de ahí al gabinete de otra consejería madrileña, ya con Ayuso en la presidencia.

Su sueldo anual allí era de casi 60.000 euros, según la información que en su momento publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España, de 28.049,94 euros, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023.

Ese año, con Jorge Rodrigo ya nombrado consejero de Vivienda de Ayuso, a F. T. le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de la Alcaldía de un importante municipio madrileño. Se trataba de un puesto de libre designación (a dedo) y con un alto nivel de exigencia. Allí tenía un sueldo de más de 62.600 euros brutos anuales.

Pero no duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, dice un portavoz de ese consistorio, que afirma que en ese breve periodo de tiempo no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apunta alguien que conoce la trayectoria de F. T. La persona que le sucedió en ese cargo público tiene un perfil muy diferente: una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones públicas.

Esa “otra cosa” más tranquila para F. T. fue su actual empleo en la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), que es 100% propiedad del Ayuntamiento de la capital. Allí, la pareja del consejero regional del ramo tiene un sueldo sensiblemente inferior al de su anterior cargo, 49.667,8 euros anuales. El nivel de exigencia también es muy inferior. Su plaza, explican fuentes oficiales de la EMVS, es “provisional”, con rango de jefatura de sección y nivel 3.

Algunas fuentes aseguran que su puesto se parece bastante al de alguien que ejerce labores de conserje, pero “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se retribuye con poco más de 21.500 euros. El nivel del que disfruta F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

De acuerdo con esas tablas, el sueldo medio anual en la EMVS ronda los 38.880 euros anuales. Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, se trata de la mayor empresa pública de vivienda de España. Es conocida por la venta masiva de viviendas sociales que realizó en 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Otra fuente interna que conoce los procesos de contratación en la EMVS y pide el anonimato ata cabos al conocer la relación entre F. T. y el consejero de Vivienda: “Ahora entiendo todo”. Explica que entró allí “con calzador” y “con premeditación y alevosía”. Desde entonces, afirma, la pareja del consejero de Vivienda madrileño ha estado rodeada de “un halo de misterio”.

Los requisitos en el convenio colectivo para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. Fuentes oficiales de la EMVS indican que superó con éxito una entrevista personal para acceder al puesto.

Antes de que, próximamente, F. T. cumpla tres años en esa plaza, la EMVS tendrá que amortizarla o cubrirla definitivamente, bien mediante promoción interna, bien con una oferta exterior que debería publicar en su web.

En esta empresa pública del ayuntamiento es consejera la popular Cayetana Hernández de la Riva, concejal presidenta del distrito de Salamanca, cuya agrupación del PP preside Jorge Rodrigo. El consejero de Vivienda ha rechazado comentar este asunto. Sobre la contratación de su pareja, “evidentemente él no ha tenido nada que ver”, dicen fuentes oficiales de su consejería.

Histórico del PP

Rodrigo, que se niega en redondo a aplicar los controles de precios que prevé la Ley estatal de Vivienda para las denominadas zonas tensionadas, lleva 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones del PP.

El partido incluso le encontró acomodo lejos de la capital, en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) en sus momentos más duros, por los problemas con la justicia que afrontó tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, cuando murieron cinco adolescentes en una fiesta la Noche de Difuntos. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

Hace unos meses, Rodrigo tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región.

Una expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política y ha dicho en alguna ocasión que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo”. La presidenta madrileña aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Resolución rápida y completa del concurso para levantar cientos de pisos en los futuros desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales cediendo su construcción y explotación a empresas privadas a través de la compañía de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid. La EMVS ha adjudicado esta semana las 27 parcelas que sacó a concurso en septiembre bajo esta fórmula, según una resolución a la que tuvo acceso este periódico.

El Gobierno de Almeida ha enajenado temporalmente estos terrenos bajo el nombre de Plan Suma Vivienda para la construcción de vivienda pública “rápidamente”, mientras la EMVS ejecuta directamente otras promociones. La fórmula consiste en la cesión de las parcelas a empresas privadas para que estas construyan los pisos, los exploten y los devuelvan al Ayuntamiento 65 años después, a partir del 2090. Los arrendatarios pagarán de renta hasta el 30% de los ingresos de su unidad familiar.

El resultado del concurso ha sido mejor para el Ayuntamiento de lo esperado: por un lado se van a construir más pisos de los que había calculado inicialmente el consistorio, ya que las ofertas de las empresas ganadoras suman 1.608 viviendas, algo más de las 1.600 que aseguró la EMVS que habría después del concurso. Las personas que podrán vivir en estos espacios también serán más de las 4.200 calculadas.

La distribución de tipos de pisos será la siguiente: habrá 307 de una habitación, 1.035 de dos habitaciones y 266 de tres habitaciones. La mayor parte de estos pisos se levantarán en Los Berrocales, mientras que aproximadamente un tercio se edificará en Los Ahijones.

Las 27 parcelas se han distribuido en siete lotes que se han adjudicado tres empresas. La que más vivienda ejecutará será Redes Promotora 3 MA, que suma 757 pisos en sus ofertas por tres de los lotes. Luego está una Unión Temporal de Empresas que reúne a la Fundació Privada Salas Per L'accessibilitat, Salas Plushabit, Salas Fonshabit y Salas Construhabit. En su caso levantarán 645 pisos en tres lotes. Y la última es Pecsa Inmo, que se encargará de edificar 206 domicilios.

Además, los ingresos que generará esta operación sí que serán mayores de los inicialmente previsto en el concurso. La base de la licitación fue de 11,5 millones y la licitación arroja un resultado de casi 17,5 millones de euros, seis millones más que irán a parar a las arcas de la empresa pública de vivienda. La empresa pública ha conseguido en este concurso algo que no logró el área de Urbanismo en su licitación para ofrecer alquiler libre con precios limitados durante 15 años. En este último caso se quedaron desiertas 10 de las 12 parcelas ofrecidas.

Las constructoras tienen un plazo máximo de 30 meses para levantar los pisos, a contar desde la obtención de la licencia de edificación. Sin embargo, algunas de las compañías reducirán sensiblemente este margen ya que cuanto antes finalicen las obras antes podrán comenzar la explotación comercial de las casas. Podrán optar a ellas todas las familias cuya renta no supere 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

La EMVS tiene previsto lanzar una segunda fase del Plan Suma Vivienda este año, con el que prevé la construcción de más de 600 viviendas en los mismos nuevos desarrollos urbanísticos. Los responsables municipales aseguran que este tipo de colaboración público-privada asegura un ahorro para las arcas municipales “de cerca de 360 millones de euros”.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en un pleito con 27 familias que reclamaban a esta entidad la devolución de 66.000 euros, abonados en conceptos de gastos de comunidad de las viviendas de protección pública en las que vivían como inquilinos. La Sala Civil considera que los arrendatarios son los responsables de afrontar esos gastos, como contemplaban los contratos firmados con la empresa municipal.

El Supremo enmienda así la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los inquilinos tenían razón en su reclamación. En concreto, esta sentencia previa hacía alusión al artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que, si bien el pago de estos gastos por los arrendatarios debía constar por escrito, como ocurre en este caso, en el acuerdo debe cuantificarse también el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. Y era este último punto al que se acogían los denunciantes en su reclamación.

Pero el Supremo recuerda en su sentencia que esa misma norma “proclama que los arrendamientos de protección oficial de promoción pública se regirán por las normas particulares de estas, que son las autonómicas sobre esta clase de viviendas arrendadas, aplicándose la LAU de 1994, en lo no regulado por ellas”. Y, en ese sentido, indica que la normativa autonómica permite a la arrendadora, en este caso la EMVS, “percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfaga por el arrendador”.

Así, según indica la sentencia del Supremo, “no existe laguna que suplir, norma ausente que reemplazar, ni regulación que completar, para determinar el elenco de derechos y obligaciones que constituyen el contenido del arrendamiento de protección pública suscrito”. El texto indica que los contratos examinados por el Alto Tribunal se había pactado que esos inquilinos de vivienda pública asumirían el coste de los servicios y que así lo hicieron “durante un dilatado periodo de tiempo, que supuso entre 41 y 68 cuotas mensuales, y no se cuestionó que dichas cuotas repercutidas correspondiesen al importe real de los servicios recibidos abonados” por la EMVS.

En su recurso, la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, había argumentado que, al tratarse de una empresa pública, “no puede pagar los gastos generales de los adjudicatarios de la vivienda pública y protegida, vulnerando el principio del interés general”. La EMVS tiene en lista de espera para acceder a una vivienda pública a 35.000 familias.

Nuevo varapalo para los afectados por la venta de vivienda pública al fondo buitre Blackstone. El Tribunal Supremo ha fallado en contra de 40 familias que vivían en pisos que el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vendió al fondo buitre en 2013 y que habían exigido ejercer su derecho de retracto y adquisición preferente recogido en sus contratos: esto es, comprar las viviendas en las que vivían de alquiler al mismo precio de saldo al que las obtuvo el gigante inmobiliario, por poco más de 50.000 euros en este caso.

Pese a que una sentencia de la Audiencia Provincial ya había dado la razón a las familias en 2021, el fondo buitre recurrió esta decisión y el Alto Tribunal le da la razón, al considerar que las viviendas, entonces propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fueron vendidas en bloque. Según el gabinete técnico de la Sala Primera, esta es uno de los pocos supuestos “en los que se procedería la exclusión de los derechos de adquisición preferente”, que venía recogido en los contratos de alquiler.

Esta no es la primera sentencia que el Supremo dicta en torno al derecho de retracto de los afectados por esta enajenación de casi 2.000 viviendas públicas de Madrid a un fondo de inversión. El año pasado la misma Sala de lo Civil dio la razón a cuatro inquilinas de otro bloque del centro de Madrid porque, en su caso, sí se daban los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a Fidere, antes Blackstone, a ofrecerles la venta al precio al que se las compraron al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella: esa promoción no se había vendido entera, con varias viviendas y hasta 44 plazas de aparcamiento sin enajenar.

En este nuevo caso, con más de 40 familias reclamando su derecho a retracto, el Supremo falla en sentido contrario porque entiende que la EMVS sí vendió a Fidere todas las casas y plazas de aparcamiento que tenía en ese bloque. “Comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión, todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”, explica.

El Supremo rechaza que deba analizarse de forma única la venta de más de 1.800 euros que perpetró el consistorio que entonces dirigía Ana Botella. “Que esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la Ley”, zanja.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el PP, consiguió aprobar el pasado jueves, en el Pleno municipal, la cesión a la Comunidad de Madrid de tres parcelas de suelo de su propiedad en las que se planea construir con inversión privada 1.068 viviendas del Plan VIVE Solución Joven, dirigidas a menores de 35 años. La propuesta salió adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular y de los dos concejales no adscritos disidentes de Vox. Aunque dicho proyecto es anunciado como futuras “viviendas asequibles”, el precio del alquiler de cada uno de estos pisos puede llegar a los 1.300 euros, según han denunciado los grupos de la oposición, que se han unido para rechazar la operación porque creen que “es un nuevo pelotazo urbanístico” y “un regalo a Ayuso”.

Los portavoces de PSOE, Izquierda Independiente, Más Madrid-Verdes-Equo, y Vecinos por Sanse, han mostrado en los últimos días su oposición frontal a la cesión de estas parcelas y han denunciado que el concejal de la vicealcaldía, del PP, Diego Domingo García, impidió la votación y el debate sobre este tema en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) que él preside.

Estos grupos lamentan que en dicha reunión “quedase claro que la EMSV puede construir en esas parcelas viviendas un 40% más baratas que las que está promoviendo la Comunidad de Madrid”. Además, resaltan que “serían los vecinos de la localidad los que tendrían preferencia para dichos pisos, evitando la especulación que está ocurriendo con otros modelos como el Plan Vive”. “Por desgracia, el PP parece seguir prefiriendo el expolio de suelo público y municipal”, concluyen.

“Hemos analizado la documentación del expediente que el gobierno local del PP llevará a pleno el próximo jueves 20 de febrero para ceder estas parcelas a la Comunidad de Madrid. Está claro que con ello buscan nuevos 'pelotazos urbanísticos' y favorecer a empresas privadas, ya que hemos demostrado que la EMSV es capaz de promoverlas y que eso beneficiaría a la ciudadanía de Sanse y al propio Ayuntamiento económica y socialmente”, afirmó en un comunicado conjunto la oposición, que pidió, sin éxito, a la alcaldesa de la localidad, Lucía Fernández, del PP, que retirara ese punto del orden del día del Pleno y anulara la cesión.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento las nuevas viviendas estarán ubicadas en Avenida José Hierro, Avenida Navarrondán y Calle de la Albufera y se sumarán a las 488 viviendas del Plan VIVE ya entregadas en Tempranales y a otras promociones en desarrollo dentro del mismo plan, como las que estarán en Fresno Norte, así como a futuras viviendas municipales cuyo proceso inicial ya ha comenzado.

Pero todos los grupos han mostrado su preocupación por “la cesión gratuita” de esas tres parcelas municipales a la Comunidad de Madrid que pretende luego “regalárselas a empresas privadas para hacer viviendas para jóvenes al estilo Plan Vive con precios de alquiler que pueden llegar a los 1.300 euros”. Además, han advertido de que estudiarán emprender acciones legales contra esta cesión al considerar que puede haber “indicios de ilegalidad e inseguridad jurídica en el proceso”

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), ha incorporado 14 viviendas de alquiler asequible, completamente rehabilitadas y reformadas, al Programa ReViVa. Este plan tiene como objetivo recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler.

En palabras del delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS Madrid, Álvaro González, el programa “permite al Consistorio madrileño recuperar las viviendas vacías que hay en la capital y ponerlas en circulación como alquiler asequible”. De esta forma, aumentan el parque de viviendas públicas, a la vez que contribuyen a reducir los costes actuales, ya que estos pisos de uno, dos, tres y hasta cuatro dormitorios se arrendan a precios que están muy por debajo del mercado, siendo el alquiler más barato de 333 euros y el más caro de 1.200.

De estas 14 viviendas, seis de ellas se encuentran en el distrito de Centro, concretamente en los barrios de Palacio y Lavapiés-Embajadores, cinco se ubican en Ciudad Lineal y una en cada uno de los distritos de Salamanca, Moratalaz y Latina. Por sus características y su ubicación, el Ayuntamiento considera estos pisos “idóneos” para jóvenes, parejas y familias que busquen una residencia en la capital.

Entre los ejemplos que destaca la EMVS están los de una vivienda en la céntrica calle Aguas, que se alquila a 453,13 euros, y otra en el barrio de Puerta del Ángel (calle Mariano Cardedera) más grande que cuesta 987,46 euros al mes.

En cuanto a dimensiones de los inmuebles, los más grandes sobrepasan los 100 metros cuadrados útiles y son adecuados para familias con hijos que quieran vivir en distritos céntricos. También hay viviendas de un dormitorio, que miden una media de 50 metros cuadrados útiles y algunas de ellas están parcialmente abuhardilladas. Todas las viviendas se alquilan con la cocina completamente equipada de muebles y electrodomésticos.

¿En qué consiste el Programa ReViVa?

El Ayuntamiento de Madrid plantea este programa como una iniciativa en la que tanto los propietarios como los futuros inquilinos salen ganando. El propietario cede su vivienda vacía en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de tiempo concreto, sin perder la titularidad de la misma. Lo hace a través de una serie de garantías y ventajas establecidas. Y, lo más importante, percibiendo por ello una renta mensual independientemente de que la casa tenga o no inquilino adjudicado. De eso se encarga la EMVS, que dispone de un listado de demandantes inscritos entre los que se escoge el futuro inquilino de la vivienda.

La cesión de la vivienda se establece durante un periodo de cinco años como mínimo y diez como máximo, con todas las garantías y cobrando la renta acordada cada mes, esté alquilado o no el inmueble. A cambio, la empresa municipal se encarga de la gestión integral del alquiler, que incluye todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe de todas las gestiones desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

La EMVS se hace cargo de los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, las reparaciones ordinarias y el IBI. Todos los gastos relativos a la cesión, tanto la plusvalía como la inscripción en el Registro de la Propiedad, también son a cargo de la empresa municipal. Además, la empresa municipal adelanta hasta 45.000 euros al 0% de interés si la vivienda necesita reforma. De esta manera, el propietario puede ir devolviendo poco a poco el dinero prestado descontándoselo de la renta que percibirá cada mes.

Requisitos para acceder a las viviendas

Para acceder a estas viviendas, los interesados deberán tener unos ingresos ponderados de hasta 5,5 veces el IPREM, es decir, no cobrar más de 63.800 euros brutos anuales en el caso de parejas o personas solteras y no cobrar más de 68.400 euros brutos anuales en el caso de unidades familiares de cuatro miembros. Con estos inmuebles públicos, los futuros inquilinos se pueden beneficiar de precios entre un 15% y un 20% por debajo del mercado y nunca pagarán más del 30% de su salario.

Las personas interesadas pueden apuntarse al programa ReviVa y consultar estas viviendas disponibles a través de la sección de la web de la EMVS “Programa ReViVa.” Una vez inscritos en el sistema podrán concertar una cita con los técnicos de EMVS Madrid para visitar el piso en el que están interesados.

Pasos a seguir para inscribirse

Si estás interesado o intersada en este programa de viviendas de alquiler asequible, debes seguir los siguientes pasos:

Es posible que no siempre haya viviendas disponibles que se ajusten a tus necesidades, ya que el Programa ReViVa se basa en la disposición por parte de la EMVS de viviendas que otros ciudadanos han cedido previamente en usufructo para su alquiler. El objetivo es incluir el mayor número de viviendas en este programa, por lo que es aconsejable visitar la web con periodicidad. El plazo de solicitud para las 14 nuevas viviendas disponibles ya se encuentra abierto.

Falsa alarma en una de las construcciones más inclasificables del paisaje urbano de Madrid. El Edificio Vallecas 20, también conocido como la Torre Negra de Vallecas, conservará el característico color ceniza de su fachada. Algunos medios recogieron que el proceso de rehabilitación del bloque, ubicado en el desarrollo urbano de Valdecarros (en el Ensanche de Vallecas), culminará con una modificación cromática. Finalmente, no será así.

De este modo, la reforma de este mamotreto con 74 metros de altura y 22 plantas en su flanco más elevado (unido a otro más ancho por otras viviendas que funcionan a modo de puente) persigue en realidad mejorar el aislamiento. Es por ello que operarios de la constructora Ferrovial han retirado en algunas paredes las tan reconocibles planchas de zinc, que serán repuestas o sustituidas por unas de apariencia similar cuando finalice la actualización del material aislante. Así, la apariencia multicolor que presenta estas últimas semanas será pasajera.

Lo confirma en conversación con Somos Madrid Emi, propietaria de uno de los 132 pisos que alberga la torre: “Va a estar igual. Están cambiando la protección interior para cambiarla por una nueva, pero el aspecto va a ser el mismo”. La residente da más detalles sobre el motivo de la actuación: afirma que el aislante del bloque era muy similar al del edificio que ardió en València en febrero de 2024.

En un primer momento trascendió que la fachada asolada por las llamas en aquel incendio, que dejó diez víctimas mortales, estaba revestida de un material inflamable que facilitó la propagación del fuego: el poliuretano. Peritajes posteriores indicaron sin embargo que el material aislante que figuraba en el libro del edificio era la lana de roca, aunque los paneles aislantes del interior de la fachada ventilada sí podían contener el polímero altamente combustible.

La construcción de Vallecas 20 acabó en 2010 y se inició en 2006, mismo año que el edificio de València. Esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), la actual normativa que rige las edificaciones. A su vez, en 2019, se aumentaron las exigencias del CTE a raíz de un incendio similar ocurrido en Londres, incluyendo nuevas demandas respecto a los materiales y las fachadas ventiladas. La empresa propietaria del inmueble, el fondo Nestar, confirma que las obras se deben a “una mejora del aislamiento” y que “no se está cambiando el color”.

De premiada vivienda pública a un fondo buitre

Más allá de su (no tan) nueva estampa, la historia de la Torre Negra es la de un cambio de modelo en Madrid. Como confirma Emi a este periódico, sus 132 viviendas son parte de los 1.860 pisos de alquiler social que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) vendió al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros.

Una maniobra acometida por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda (ahora rebautizadas como Testa Residencial Socimi S.A.). Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

Fue ahí donde acabó esta promoción después de una inversión de 6,7 millones por parte del Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora el fondo que lo gestiona ha sido rebautizado como Nestar, que antes fue Lazora y antes aún Azora. Es la misma entidad que según el Sindicato de Inquilinas y un centenar de afectados ha aplicado subidas abusivas de alquileres u otras tasas en diferentes zonas de Vallecas, al tiempo que no atiende las reclamaciones vecinales en materia de mantenimiento o rehabilitación de edificios.

Ubicada en la calle Pilar de Madariaga Rojo, la Torre Negra fue diseñada por el estudio de arquitectos Entresitio, de los hermanos María y José María Hurtado de Mendoza. Un arriesgado y controvertido diseño que merecedor del prestigioso Premio NAN de Arquitectura en 2010 en la categoría de Mejor Construcción Residencial. El por entonces coordinador general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan José de Gracia, proclamó que este reconocimiento demostraba cómo la vivienda protegida podía ser también un referente arquitectónico de calidad. Un referente del que luego el Ejecutivo del Partido Popular decidió desprenderse.

Propietarios que se sienten afortunados, inquilinos que piensan en marcharse

Emi compró su piso después de toda esta operación, en 2017, cuando ya estaba en manos privadas. “Cuando vine ya no quedaba nadie de la gente que entró durante la época de alquiler asequible”, cuenta. La vecina se considera una privilegiada, ya que cuenta con su vivienda en propiedad. “Más del 70% de los pisos que hay en el bloque son alquileres, que ya no son protegidos, sino a precio de mercado”.

Es el caso de Álex y Montse, que llevan cuatro años en el edificio. Pasean a su perro en las inmediaciones de un torreón que parece salido de cualquier película de fantasía (y en concreto de las escenas que presentan al villano), pero que para ellos es su casa. Al menos de momento, ya que confiesan que están buscando “otra cosa”.

Aunque no están tan al día de la historia del lugar, sí coinciden en que la reforma “no es tanto estética como para mejorar el aislamiento”. “Lo que nos ha llegado es que la fachada la van a dejar igual, pero como nosotros estamos de alquiler no nos han informado mucho”, explica Álex.

Esta pareja pensaba eso sí que el motivo era frenar humedades y otras incidencias de menor calado, dicen no haber oído nada de la cuestión relativa a los materiales inflamables: “Al no ser propietarios no nos dan info. No nos responden ni por unas humedades en nuestra propia casa, como para que nos comenten estas cosas...”. Respecto a la propiedad del inmueble, a ellos de momento no les han subido las mensualidades, pero sí han notado que en el bloque comienza a desplegarse cierta movilización debido a posibles alquileres abusivos.

Este periódico ha consultado a EMVS tanto acerca de la venta del edificio como sobre los posibles materiales inflamables utilizados para revestir la fachada. La entidad prefiere no dejar constancia de su posición sobre estos asuntos.

“Le rogamos a usted, como responsable del Ayuntamiento de Madrid, que solicite al gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que revierta la decisión tomada y podamos seguir en nuestro domicilio”, así se dirigen Adela y Juan a José Luis Martínez-Almeida en un escrito que es su último recurso para evitar quedarse en la calle el próximo 12 de febrero. El matrimonio, junto a sus cuatro hijos, fue desahuciado el pasado 30 de enero de la vivienda pública en la que vivían. Este miércoles tendrán que vaciar y abandonar el que ha sido su piso durante los últimos 14 años por acumular una enorme cantidad de impagos.

En un intento desesperado por conservar su hogar y evitar que sus cuatro hijos se queden en la calle, Adela y Juan decidieron escribir al alcalde de la capital para rogarle “que se revierta la decisión tomada”. La pareja ha presentado por registro una carta dirigida a Almeida y ha solicitado una entrevista con la trabajadora social para pedir que se reconsidere el desahucio.

“Se trata de un caso muy complicado, dado que hay cuatro menores en la familia”, explica Ángeles, portavoz de la Asociación Vecinal La Unión de Vallecas. La EMVS ya les ha dado varias oportunidades y se les ha ofrecido un alquiler social. Sin embargo, existen problemas internos en la familia que han impedido que se regularicen los pagos. Ahora, sus cuatro hijos, dos niñas de 12 y 10 años y dos niños de 9 y 7 años, tendrán que abandonar el que ha sido su hogar desde que nacieron. “Los menores son los que más nos preocupan”, indican desde la asociación de vecinos.

Desde el pasado 30 de enero, los niños han ido rotando por las casas de sus familiares. Esta situación, a largo plazo, podría suponer un gran problema a la hora de asistir al colegio con regularidad, ya que ningún miembro de la familia vive cerca del centro escolar al que asisten los menores. “Esta inestabilidad podría derivar en problemas psicológicos, especialmente en los niños mayores”, apunta la portavoz vecinal. Este es uno de los puntos que Adela y Juan han querido trasladar al alcalde en su carta, ya que su mayor deseo es que sus hijos continúen asistiendo a su colegio diariamente y manteniendo un buen rendimiento escolar como hasta ahora.

Esa es la problemática principal y el aspecto que más preocupa tanto a la familia como a los vecinos que se han implicado en el caso. Desde el Grupo Municipal Socialista también han criticado la decisión del Consistorio madrileño de dejar a los niños en la calle. “No puede ser que esta familia, en la situación actual, se quede en la calle con cuatro menores escolarizados, lo que además les generaría problemas para continuar con su educación si tienen que vivir repartidos o en condiciones precarias. La prioridad del Ayuntamiento debería ser ayudar a estas personas en lugar de limitarse a aplicar la legalidad según le convenga”, ha señalado el concejal socialista Pedro Barrero en conversación con Somos Madrid.

Fuente municipales consultadas por este periódico consideran que “hay que recordar que las viviendas son públicas y sujetas a una normativa y un reglamento y la EMVS de Madrid tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento”. Desde el PSOE critican esta postura, ya que creen que “carece de sentido que mientras en ciudades como Barcelona el ayuntamiento compra edificios para evitar que personas vulnerables sean expulsadas de sus casas, en Madrid ocurra todo lo contrario”. Barrero insiste en que “deberían involucrarse de lleno y dar una solución a esta familia, especialmente porque tienen cuatro menores, que es lo prioritario”.

Desde la asociación vecinal que respalda a Adela y Juan piden a la autoridades municipales que den una solución efectiva para la familia y no opten por desplazar a la familia a un albergue temporal que “no servirá de nada”. En la mayorías de los casos, tal y como apunta Ángeles, las familias desahuciadas pasan a engrosar una lista de espera de miles de personas para obtener una vivienda, mientras que los pisos desalojados quedan vacíos sin asignación inmediata, algo que califican como “vergonzoso”.

Más de una década de impagos

El caso de esta familia representa una gran dificicultad tanto por la presencia de los cuatro menores como por su historia previa. Antes de acceder a esta vivienda pública, el matrimonio vivía en una casa baja que fue derribada y expropiada. Fue entonces, alrededor de 2010, cuando el Ayuntamiento les adjudicó este piso ubicado en el número 11 de la calle Eduardo Rojo, en el distrito de Puente de Vallecas.

Durante estos últimos 14 años han vivido allí y han formado una familia numerosa. Debido a sus bajos ingresos y también “por inconsciencia y un poco de irresponsabilidad”, tal y como indican en el escrito al alcalde, no han hecho frente a los acuerdos de pago que les facilitaron desde la EMVS. En la actualidad, cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), su situación ha mejorado y podrían pagar un alquiler social con arreglo a sus ingresos.

Esto es algo que desde el Ayuntamiento de Madrid ya han propuesto en otras ocasiones: “Siempre se ofrecen planes de pagos asequibles a la situación del inquilino y, si es necesario, se ofrece intervención de los servicios sociales. Si, a pesar de ello, se incumplen los planes de pago o se rechazan las actuaciones de los servicios sociales, se pone en manos de la Justicia”. La portavoz vecinal confirma esta situación: “Sí, en diez años el matrimonio solo ha abonado cuatro recibos”.

Ahora la familia cuenta con un poco más de dinero y se compromete a pagar tanto la cuota actual como parte de la deuda atrasada. Sin embargo, es difícil revertir el desahucio, ya que la decisión última en estos casos es de la Fiscalía. “No están pidiendo vivir gratis, simplemente no pueden afrontar la deuda acumulada debido a su situación de vulnerabilidad. Su prioridad ha sido cubrir los gastos básicos como luz y agua antes que el alquiler. En este punto, el Ayuntamiento debería haber intervenido con algún tipo de ayuda para evitar que llegaran a esta situación”, señalan desde el Grupo Municipal Socialista.

Por el momento, el alcalde no ha emitido respuesta alguna a la carta de la familia, pero la postura de la portavoz vecinal es bastante pesimista al respecto: “No tenemos esperanzas de que paralicen el desahucio”. A Adela, Juan y sus cuatro hijos solo les queda esperar.

“Inquiokupación cero”. Así utiliza el Ayuntamiento de Madrid una expresión habitualmente utilizado para estigmatizar a quienes no pueden afrontar el pago del alquiler, pero tienen un contrato de arrendamiento vigente en un inmueble. El término, popularizado por medios de comunicación, partidos y otras entidades afines a la derecha, llega ahora a un organismo oficial en una campaña de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

El palabro puede leerse en distintos carteles, marquesinas, paneles luminosos y pantallas por toda la ciudad, incluida la Gran Vía. En estos visuales, el Consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida publicita el programa ReViVa para la recuperación de viviendas vacías. “Tenemos constatado que una de las principales causas por la que muchos madrileños prefieren tener una vivienda vacía sin alquilar es porque les da miedo la indefensión y la inseguridad jurídica que genera la legislación vigente que protege a los inquilinos que no pagan. Algo que en todo el sector y en los medios de comunicación se denomina como inquiokupación”, justifican desde EMVS en declaraciones a Somos Madrid.

“Es un término que está en la calle y usan todos los medios”, afirman fuentes de la entidad municipal para la promoción de la vivienda. En casos como el de este periódico, sin embargo, solo se recurre a él para ilustrar una criminalización que no se corresponde con los datos reales sobre impagos. La FundéuRAE la incluyó sin embargo como una de sus candidatas a palabra del año 2024. Otras de las aspirantes son mena, woke o narcolancha.

“Inquiokupación se emplea en una campaña publicitaria para remarcar que el Ayuntamiento garantiza el pago a aquellos propietarios que se decidan a ceder en usufructo su propiedad a EMVS Madrid para ponerla en el mercado del alquiler. Al contrario de lo que hacen otras administraciones, el Ayuntamiento asume el riesgo de impago y garantiza al propietario cobrar la renta durante el periodo de cesión de la vivienda”, explican sobre el programa ReViVa desde la empresa municipal.

El objetivo del plan es que los propietarios cedan su vivienda en usufructo a EMVS durante un periodo de tiempo determinado, “con todas las garantías y cobrando la renta acordada, esté alquilado o no el inmueble”. El Consistorio se encarga de “reformar la vivienda y financiarla, buscar el inquilino y gestionar todo el alquiler, así como de de garantizar el pago al propietario”. No en vano, la campaña habla también de “pago garantizado”.

“El programa ReViVa resulta una buena opción para viviendas heredadas o para personas mayores que se trasladan a una residencia y no quieren vender su casa, pero sí contar con un ingreso extra. También lo es para aquellos propietarios que quieran alquilar, pero tengan miedo a afrontar impagos de inquilinos. La vivienda debe cederse en usufructo a la empresa municipal un mínimo de cinco años y está limitado a cinco el número de pisos que puede ofrecer cada interesado, si bien este límite no aplica si los inmuebles que se aportan son las denominadas viviendas de uso turístico”, detallan desde EMVS.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ha sustituido al que fuera su director jurídico, Carlos Medina, después de conocer la sanción por infringir el secreto de comunicación entre letrados. La decisión del cese llega después de la sanción interpuesta por el Colegio de Abogados al directivo y otros dos abogados de la empresa municipal, Miguel Ángel Cortes y Carlos Morgades, el pasado 21 de noviembre por la que se acordaba “la suspensión en ejercicio de la abogacía por el plazo de un mes por la comisión de una infracción del Estatuto general de la Abogacía”.

El delegado de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, ha informado este miércoles en la comisión del área que lidera de que ha reemplazado a Medina, en respuesta a una pregunta del PSOE. sobre las medidas adoptadas al respecto. A su vez, el delegado ha insistido en que la sanción todavía no es firme y ha trasladado “el máximo respeto a la presunción de inocencia” de los afectados.

La demanda llegó al Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado mes de marzo, cuando otro colegiado alertó de una posible infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre letrados. En julio fue incoado un expediente y hace casi un mes, el pasado 21 de noviembre, la Junta de la institución acordaba sancionar a los tres denunciados por estos hechos.

El expediente, al que tuvo acceso en exclusiva Somos Madrid, abordaba un caso de negociación de un pago a la EMVS de cientos de miles de euros, en el que los tres abogados denunciados habían incorporado una comunicación referente al inicio de dicha negociación que pedía expresamente que quedara en “confidencialidad”. Por ello el ICAM observó una vulneración del secreto de comunicaciones profesionales, lo que se considera una “infracción grave” dentro del ordenamiento que rige su actividad y formulaba una propuesta de sanción.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Madrid decidió no tomar ninguna decisión sobre el fallo del Ilustre Colegio de Abogacía. Incluso, la portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, restó importancia a la sanción adelantada por este periódico al considerar que se trataba de una “falta administrativa”

El delegado ha vuelto a restar importancia a la inhabilitación durante la comisión: “Esa sanción no es a la empresa sino que es personal a cada uno de los abogados, por lo que no se comunica en un primer momento a la empresa municipal sino a ellos personalmente. Esto es una cuestión sancionadora del ICAM, como otras tantas que se producen con determinados abogados”.

El área solicitó al director de los servicios jurídicos, como responsable de la labor que realizan los abogados de la empresa, que aportara la necesaria documentación explicando lo sucedido, ha indicado Álvaro González. Los abogados presentaron recurso de alzada ante el Consejo de la Abogacía de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de diciembre. Como recoge el artículo 134 del Estatuto general de la Abogacía, las sanciones disciplinarias serán ejecutivas una vez que sean firmes en vía administrativa, ha informado el delegado, que ha reiterado que hasta que no se sustancie el recurso de alzada la sanción no será firme.

“Lo que se ha hecho es simplemente un cambio, se sustituye al director de los servicios jurídicos”, ha contestado el delegado al PSOE, después de subrayar que esta decisión se adopta mientras “se está viendo lo que pasa con el fiscal general del Estado, el caso de Begoña Gómez y otros que rodean a los socialistas”.

Críticas del PSOE por su “mala praxis”

El concejal del PSOE Pedro Barrero ha mostrado su “profundo respeto hacia el personal de la empresa municipal, que día a día demuestra una aplicación y profesionalidad encomiables”, no así el delegado y presidente de EMVS Madrid, a quien ha criticado por su “mala praxis y falta de control”. “Hoy no hablamos de espionajes al entorno familiar de la presidenta Ayuso sino de la inhabilitación por parte del Colegio de Abogados del director de servicios jurídicos de la empresa y de dos abogados más por revelar secretos”, ha lanzado Barrero, que ha exigido a González “transparencia y honestidad, no excusas ni engaños”.

Barrero ha señalado que este asunto está en manos del Colegio de Abogados desde hace un año, desde febrero de 2024. Abordaba “una negociación entre letrados con un perjuicio estimado hacia la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 860.000 euros”.

El delegado ha contestado al socialista recordando el listado de ceses que hizo el gobierno de Manuela Carmena, “apoyados por el PSOE”, como el del “secretario del consejo de administración, al consejero delegado, a la directora de producción, a la directora de recursos humanos, al director de los servicios jurídicos, a la directora de gestión de vivienda, al director de obras y rehabilitación, a la jefa del departamento de comunicación, al jefe del departamento de inspectores o a la jefa de programas sociales”.

“Entre 2015 y 2016 cesaron a 26 trabajadores de EMVS Madrid. Ustedes seguramente tendrían alguna razón porque estaban en el consejo de administración y votaron a favor. Nosotros respetamos a la dirección de la empresa municipal”, ha concluido González.