El Gobierno de Almeida reduce a una “falta administrativa” la inhabilitación al jefe jurídico de EMVS por revelar secretos

El Ayuntamiento de Madrid no tomará, de momento, ninguna decisión sobre el fallo del Ilustre Colegio de Abogacía de la comunidad (ICAM) que afecta a tres de sus abogados, entre ellos el director de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). La portavoz del Gobierno de Almeida, Inmaculada Sanz, ha restado importancia a la sanción adelantada por Somos Madrid y considera que se trata de una “falta administrativa”.

“Aquí de lo que hablamos es de una cuestión administrativa”, ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que se celebraba este jueves. Sanz ha aludido a la “hipocresía de la izquierda” y al apoyo del PSOE al Fiscal General del Estado -quien no ha sido condenado, aunque está siendo investigado por revelación de secretos- para no actuar todavía después de la sanción contra sus tres letrados.

“Desde la EMVS están haciendo un seguimiento de esta situación (...) estamos todavía en un momento en el que cabe recurso de alzada ante el Consejo del Colegio de Abogados de de la Comunidad de Madrid”, ha dicho. La portavoz municipal ha pedido respetar “el derecho de los letrados a presentar las alegaciones que puedan estimar oportunas”. También ha asegurado que “una vez que tengamos eh todos los datos sobre la mesa” se tomarán “las decisiones oportunas”.

La sanción de un mes de inhabilitación impuesta por el ICAM afecta a Carlos Medina, actual director de los Servicios Jurídicos de la EMVS, la entidad del Ayuntamiento de Madrid que promociona su vivienda pública. También ejerce como secretario no consejero de su Consejo de Administración. Además, la denuncia incluye a los letrados Miguel Ángel Cortés y Carlos Morgades.

La resolución, a la que tuvo acceso este periódico, fue comunicada hace menos de un mes debido a una infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre abogados. El expediente abordaba un caso de negociación de un pago a la EMVS de cientos de miles de euros, en el que los tres abogados denunciados habían incorporado una comunicación referente al inicio de dicha negociación que pedía expresamente que quedara en “confidencialidad”. Por ello el ICAM observó una vulneración del secreto de comunicaciones profesionales, lo que se considera una “infracción grave” dentro del ordenamiento que rige su actividad y formulaba una propuesta de sanción.