Clara (nombre ficticio) busca casa fuera de Madrid. El confinamiento ha sido duro en su pequeño piso de Vallecas, al sur de la capital, y hace semanas que valora mudarse a algún municipio de extrarradio, donde hay viviendas más grandes a precio menor. Ve anunciado un piso de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, garaje y trastero en Alcorcón. Son 850 euros. Llama para informarse, le preguntan por sus ingresos y responde que está en un ERTE, a la espera de que la situación mejore y la cadena hotelera para la que trabaja la saque de esta herramienta laboral.

La operadora informa de que en ese caso sus ingresos no cuentan: debe aportar nóminas y firmar el contrato a nombre de su pareja, que ya salió del ERTE. Si su pareja no hubiera salido, no habría posibilidad alguna de alquiler.

La inmobiliaria que alquila el piso de Alcorcón es Fidere, la socimi del fondo buitre Blackstone. Está en un bloque que el fondo adquirió en 2016 a la Sareb y que cuenta con 138 viviendas, según su propia memoria. Es uno de los muchos edificios que Fidere posee en la Comunidad, adquiridos en los últimos años al banco malo o a las entidades públicas IVIMA y la EMVS. Según sus datos, el 95% de sus ingresos proceden de la Comunidad de Madrid: 35 millones de euros en 2019.

Este diario ha comprobado los requisitos del fondo, que antes de tramitar cualquier solicitud pide una serie de datos. Lo primero que preguntan es si estás en el ASNEF o en otro registro de morosos; lo segundo, si el precio del piso es inferior al 40% de tus ingresos mensuales (o los de tu unidad familiar).

Si uno dice que está en ERTE, la respuesta es clara: “¿El contrato sería a su nombre solo? Al estar en ERTE no hacemos contratos porque no se cumplen los requisitos”, explica la operadora. “No dejan, no dan la posibilidad (...) Como todo está muy pendiente, no se arriesgan a hacer contratos así: hay gente que está acabando el ERTE, gente a la que se lo están quitando, ahora lo han ampliado...”. El paro tampoco cuenta. Si la pareja o segunda persona que va a vivir en el piso entrara en ERTE mientras se tramita la solicitud, también echarían el contrato para atrás.

En otras inmobiliarias consultadas dan la opción de presentar un aval (Alquiler Seguro) o negociar con el propietario, que tendrá la última palabra (Tecnocasa). Fidere, por otro lado, no escatima en cláusulas que se pueden considerar abusivas: pide que contrates tu propio seguro de vivienda y añade una subida encubierta. A partir del segundo año de contrato, tendrás que pagar la comunidad y el IBI. La Ley de Arrendamientos Urbanos no permite modificar la renta durante el período de contrato, así que los fondos llevan tiempo exigiendo estás condiciones en los contratos para colar subidas.

“Hecha la ley, hecha la trampa”, reconoce Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Es una maniobra, pero aún no ha llegado ninguna denuncia para que un juez lo considere nulo. Quizá dentro de dos años haya jurisprudencia, pero de momento, no”.

Una ley “flaca”

Hay aún 730.000 personas en ERTE, según los últimos datos de la Seguridad Social. La reincorporación se ha frenado con el fin del verano: si en agosto salieron 305.000 personas de su ERTE, en septiembre han sido casi cuatro veces menos (84.000). La recuperación es compleja en los sectores turísticos, y los rebrotes del virus no ayudan. Los ERTE por fuerza mayor están prorrogados hasta el 31 de enero, pero los expertos alertan de que quienes siguen en uno corren el riesgo de terminar en el paro.

En cualquier caso, los contratos de trabajo siguen en pie pese a los ERTE, el ingreso permanece al 70% de la base reguladora (con un tope de 1.098 euros si no tienes hijos; 1.254 euros con un hijo y 1.411 euros con dos hijos o más) y no han consumido prestación por desempleo, de modo que una persona despedida tras el ERTE seguiría teniendo ciertos ingresos.

¿Puede una empresa rechazarte por estar en un ERTE? “La Ley de Arrendamientos Urbanos apenas se pronuncia al respecto”, explica Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Está muy flaca en ese sentido. Incluso el aval bancario de toda la vida es una barbaridad, porque la mayoría de la gente no lo puede cumplir. Que te rechacen por estar en un ERTE es lo de menos: los fondos llevan años imponiendo condiciones tremendas. Otra cosa es que quisieras llevarlo al Constitucional por discriminación”.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, indica que existe “libertad contractual” y que “cada persona puede contratar con la persona que quiera”. Las leyes de consumo prohíben conductas discriminatorias, pero en este caso se busca garantizar la solvencia del inquilino. Sánchez recuerda, eso sí, que el valor de las “garantías adicionales”, como un aval, “no podrá exceder dos mensualidades de renta”, según la LAU.

El bucle: te suben el alquiler y no te alquilan por estar en ERTE

La actual desprotección de los inquilinos quedó reflejada en el Real Decreto que amplía el llamado “escudo social”. Pese a que el Gobierno anunció que prorrogaba ciertas medidas —como el aplazamiento de la renta en caso de vulnerabilidad económica—, la redacción final en el BOE deja la puerta abierta a que el casero te suba el alquiler si tu contrato termina estos meses.

La prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sigue en pie hasta el 31 de enero. Pero su período máximo es de seis meses. Eso significa que si la solicitaste durante el Estado de Alarma o en verano y se te ha terminado, no puedes volver a prorrogar. Se puede dar el caso de que el propietario te suba el precio y que con tus condiciones económicas actuales no te quieran alquilar, como hemos visto antes.

“Esta es una duda universal. Lo han hecho fatal. Tuvimos una reunión con Vicepresidencia, hablamos de este decreto y les señalamos varios fallos”, indica Bardera. “Ahora puede acogerse a la prórroga alguien cuyo contrato termine de aquí al 31 de enero, pero no se especifican las repeticiones de prórroga. Han dejado el campo abierto”. Desde FACUA confirman que el nuevo decreto establece que “la prórroga solo se puede pedir una vez”.

“Tendría que ir acompañado de una ampliación”, concluye Bardera. “Está claro que vamos a seguir muchos meses con la COVID”.

El fondo buitre Fidere, al que Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales en su etapa como alcaldesa de Madrid, no podrá vender o alquilar libremente esos inmuebles en lo que dure el proceso que investiga ese proceso de venta llevado a cabo en 2013. Cuando lo haga tendrá que advertir de que hay en marcha una investigación judicial y que “el destino” de esos pisos dependerá de cómo acabe la causa. Además, impone una fianza de 29 millones de euros a los dos investigados.

Así lo ha determinado el juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, según informa la cadena SER. La resolución se produce poco después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase reabrir la investigación contra los responsables de esa venta, entre los que no está Botella.

En la resolución tomada por el juzgado, se ordena que haya una anotación preventiva en los registros de la propiedad de todos los inmuebles, en la que se advierta de la causa abierta que investiga la venta.

Pero la decisión más importante afecta a su venta o alquiler. El juez quiere evitar que Fidere se deshaga sin más de los pisos, por lo que obliga a este fondo buitre a que en el momento en que vaya a venderlos o alquilarlos, deberá advertir “de manera expresa y por escrito” de que hay una causa que investiga ese proceso, y que el destino final de esos pisos está sujeto “al destino de esta causa penal”.

Es decir, cualquier persona que vaya a comprar o alquilar uno de esos pisos que antes eran propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), tendrá que saber que su casa está afectada por un proceso penal, y que su resolución puede determinar quien tiene la propiedad final del inmueble. El juzgado advierte de consecuencias penales si el juzgado no cumple esta obligación.

El pasado 28 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas públicas vendidas por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone.

Los magistrados aludieron a la sentencia del Tribunal de Cuentas que cifraba un quebranto de 25 millones de euros en esta operación y aseguraban que además de un “ilícito administrativo”, “entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”.

Con esta nueva decisión, adoptada tras el recurso del PSOE y la EMVS, se buscaba agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos.

Oslé y Benavides, además, tienen ahora que hacer frente a una fianza solidaria de 29 millones de euros en calidad de responsables civiles. El juzgado impone, además, una fianza adicional de tres millones de euros a Oslé.

Beatriz Rodríguez tenía 25 años cuando su marido llamó a la peluquería en la que trabajaba para darle la noticia: habían sido adjudicatarios de una vivienda del plan Joven del Ayuntamiento de Madrid. “Lloraba de alegría. Fue como un regalo. No nos podíamos imaginar que esto iba a terminar así”, dice al otro lado del teléfono. Es una de las inquilinas de las viviendas que en 2013 fueron vendidas por la exalcaldesa Ana Botella al fondo buitre Blackstone y la secretaria de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de la EMVS. 

Una operación por la que la regidora del PP y otros seis concejales, además del consejero delegado de la EMVS, han sido condenados por responsabilidad contable. Según la sentencia del Tribunal de Cuentas conocida este viernes, la venta se efectuó por un precio inferior al de mercado, sin una tasación fiable, sin publicidad, facilitando información privilegiada y obviando el interés público. 

¿Cómo ha recibido la sentencia del Tribunal de Cuentas? 

La noticia me ha sacado de la cama por un mensaje de Arancha Mejías, la presidenta de la asociación de afectadas por la venta. Esto pone en evidencia lo que ya sabíamos: que las cosas no se han hecho bien y que hay muchas negligencias. Estaos contentas porque se empieza a hacer justicia. 

¿El fallo le repara de alguna manera?

Nosotros seguimos en la misma situación. Esta condena no nos repara. No se ha tenido el cuenta el daño a los inquilinos que seguimos resistiendo y todo el que se ha hecho a los que ya se han tenido que marchar por las subidas de más del 40%. La gente no puede asumir la subida y se va. O se mete en procesos judiciales con demandas de desahucio. La llegada del Blackstone te obliga a tomar una decisión: o te plantas y te quedas, con todas las consecuencias; o asumes la derrota y te vas. A mí me costó, no teníamos información. Ha sido todo un proceso de irnos enterando a través de la asociación, entre las vecinas... 

¿Cuál es su situación ahora? 

Fidere (la socimi dependiente de Blackstone que gestiona las viviendas) nos demandó por expiración de contrato y tuvimos un juicio en octubre que no salió muy bien. Nosotros nos negamos a firmar el último contrato porque suponía una subida más que ya no podíamos asumir. Cuando entramos pagábamos menos de 300 euros y ahora casi 600. Yo sigo consignando mi renta mensual, la del último contrato, en el juzgado, así que no pueden echarme por impago. Nos mantenemos así en la vivienda porque no nos queda otra. No me quiero ir ni quedarme de okupa. 

¿Qué supone vivir así el día a día?

Esto me ha cambiado la vida. No puedes hacer planes de futuro. Vivimos en el día a día. El día que vinieron los concejales a darnos las llaves nos dijeron que a los diez años serían nuestras. Que qué suerte teníamos. Nos vendieron que era un regalo que pudiéramos comprar estas casas de calidad. Eso nunca pasó porque con la venta perdimos el derecho a compra. Fue un engaño en toda regla. Nunca llegamos a imaginar esto. Todavía me acuerdo del día que mi marido me llamó a la peluquería para contarme que nos había tocado, que éramos adjudicatarios. Yo lloraba. Nos podíamos independizar, era una ilusión tremenda. Yo tenía 25 años. 

Ahora tengo una hija pequeña y en estos años nos hemos gastado en el alquiler y las subidas los ahorros que teníamos para esa hipotética compra. El tema del trabajo no nos ha acompañado durante la crisis. Ahora estamos un poco mejor pero no estoy segura de que pudiera hacer frente a un alquiler a precio de mercado ahí afuera. Todos los días pienso en lo injusto que es esto. No hemos hecho nada malo. Optamos a una vivienda y luego nos han cambiado todas las condiciones porque unos políticos han tomado una decisión que ha impactado en nuestra vida. Ya solo por eso quiero lucharlo hasta el final. 

¿Cómo se enteró de que la casa en la que vivía ya no era pública?

Lo hicieron todo a nuestras espaldas. No no avisaron de nada. Ni siquiera con los primeros recibos. Durante diez años archivaba mi recibo mensual y no me di ni cuenta. No sospechaba que nada de eso fuera a ocurrir. Hasta que uno de los vecinos se dio cuenta del cambio del emisor. ¿Pero quién es esta gente? Y así nos enteramos. No te haces a la idea de que te han vendido a una empresa. No tienes ni idea de qué va esto y cuando empiezas a tirar el hilo te das cuenta. Poco después de saberlo, la alcaldesa de Madrid nos dijo en nuestra cara en un pleno que solo cambiaba el emisor del recibo. Eso lo tengo guardado. Nos engañaron. 

La investigación penal por la venta sigue abierta, ¿qué esperan del proceso y de la justicia? 

Ahí lo que esperamos es que después de todo el trabajo y la lucha que este avance ayude, que abra la vía para que vaya hacia adelante. Con esto ha quedado claro, aunque la recurran, que Ana Botella y su equipo cometió irregularidades graves. Que esto nos sirva para que el juez que instruye lo tenga en cuenta. 

Lo único que pedimos y necesitamos es que se revierta la venta. Estas viviendas no pueden ser de una empresa privada. Se han pagado con dinero público y el fondo buitre se está enriqueciendo a costa de unas viviendas que no se hicieron con este fin. Se construyeron para personas como yo, que no teníamos posibilidad de acceso a una vivienda libre. 

El exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo que firmó la venta de 1.862 viviendas públicas al fondo buitre Magic Real Estate Blackstone en 2013 durante el mandato de Ana Botella (PP) ha declarado por primera vez ante un juez por esta operación. Su declaración se enmarca en la instrucción a raíz de la querella presentada por la asociación de afectados por la venta y el PSOE –a la que está también adherido el actual Ayuntamiento de Madrid–, reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras Oslé ha declarado en el juzgado de instrucción número 38 de Plaza de Castilla la contraparte de ese contrato: el apoderado de Fidere (la empresa que gestiona las 18 promociones) que selló en nombre del comprador la operación. Ni uno ni otro han respondido a las preguntas del abogado de la parte querellante y se han limitado a contestar al juez y a sus propios letrados. La fiscal se ha ausentado de la sesión.

El exconsejero delegado ha asumido la “máxima responsabilidad” en las decisiones que se tomaron durante la operación, que la Cámara de Cuentas señaló como irregular. Un informe fechado en 2016 revelaba que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.

Fermín Oslé ha afirmado ante el juez que nunca antes de la firma del contrato había visto a Alfonso Benavides. Sin embargo, el apoderado de Fidere sostiene que previamente habían mantenido varios encuentros para precisar los términos de la compraventa, según el abogado de la asociación de afectados, Mariano Benítez de Lugo.

El letrado ha avanzado en declaraciones a los medios que pedirá al juez que tome declaración a la exalcaldesa, Ana Botella, y a la que fue su Junta de Gobierno por la operación en la que se vendieron 1.860 viviendas sociales en 2013 al fondo de inversión 'Blackstone' y que gestiona a través de Fidere. “Voy a pedir que declaren los altos directivos de EMVS en ese momento, y después reclamaré la declaración de la Junta de Gobierno de Ana Botella”, ha resaltado Benítez de Lugo, que ha culpado a todos ellos de “la patochada de concurso en la que se vendieron las promociones: sin mesa de contratación ni pliego de condiciones”.

La Cámara de Cuentas refleja en su informe que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.

A estas irregularidades señaladas por la Cámara aludió la Audiencia Provincial de Madrid cuando ordenó en octubre reabrir la investigación por la operación. De forma paralela, el Ayuntamiento de Madrid presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa Ana Botella, su Junta de Gobierno y el exconsejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, Fermín Oslé, “por un posible perjuicio a las arcas municipales”, donde se solicita que devuelvan 127 millones, el daño a las arcas municipales que cuantifican que se derivó de las operaciones con el fondo buitre Blackstone.

Oslé y Benavides fueron citados a declarar en la comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento de Madrid para investigar la venta de viviendas protegidas. Ninguno acudió, de manera que este miércoles ha sido la primera vez que han tenido que dar explicaciones. En esta ocasión como investigados.

El exconsejero delegado ha dicho ante el juez que la EMVS informó a los inquilinos de que sus casas iban a cambiar de propietario, extremo que niegan los adjudicatarios de las viviendas sociales vendidas. Entre ellas está la presidenta de la asociación de afectados por la venta, Arancha Mejías, que ha manifestado la “importancia” de que Oslé y Benavides se sienten ante el juez como investigados “tras un vía crucis de muchos años”. “Si lo hicieron tan bien, no entiendo por qué no lo explican. El silencio es una manera de respuesta”, ha afirmado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

El Tribunal Supremo acaba de blindar con una sentencia del 12 de mayo los derechos de los inquilinos cuyas viviendas protegidas acabaron en manos de un fondo buitre que quiere hacer negocio con ellas.

La Sala Primera se pronuncia a raíz de un caso que concierne a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), pero que es aplicable a los casos de Fidere –filial de Blackstone a la que Ana Botella vendió promociones de la EMVS– porque la protección de las casas sigue siendo la misma.

La sentencia se refiere a un proceso concreto de desahucio de la EMVS a unos inquilinos por expiración del contrato, sobre el que el Supremo resuelve que debe pararse y garantizarse prórrogas bianuales a la familia hasta 15 años siempre que sigan cumpliendo los requisitos que les hicieron adjudicatarios (límite de renta) y no tengan otra propiedad.  Estos inquilinos aún no habían cumplido ese límite. El magistrado responsable de la sentencia alude a un artículo de un decreto de la Comunidad de Madrid que, además, dice que los propietarios tendrán que dar la oportunidad de compra del inmueble trascurrido el plazo marcado.

La Sala Primera fija en su razonamiento el mismo criterio que inspira una sentencia reciente de un juzgado de Madrid que ha impedido a Fidere expulsar a una familia tras terminar su contrato. Pero en este caso, por ser el Supremo y tener interés casacional, marca el criterio en este tema a los tribunales de rango inferior tras las “contradicciones” en la postura de la Audiencia Provincial de Madrid, que aceptó el recurso de casación de Fidere tras una sentencia favorable a los inquilinos en un juzgado.

Hay al menos tres casos pendientes de resolver judicialmente relacionados con los desahucios de varios inquilinos de un bloque de pisos de Madrid que responden a una situación similar a la que motiva la sentencia del Supremo. Además de uno que ya se ha ganado en un juzgado. En estos casos, las familias fueron obligasdas a abandonar el inmueble por “obras significativas” que no se están haciendo y sospechan que el objetivo de Fidere es que se vayan para que entren otros inquilinos que les “salgan más rentables”.

El magistrado de la Sala Primera aclara que la EMVS, en este caso, no puede alegar que se acoge al derecho de expiración del término del contrato recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como si fuera un alquiler de libre mercado, que solo obliga a avisar con un mes de antelación a los inquilinos.

Primer varapalo judicial al fondo buitre que Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, vendió 1860 viviendas sociales. En una sentencia pionera, el juzgado nº 43 de Primera Instancia de Madrid impide a Fidere desahuciar a una familia con un menor de dos años a la que no renovó el contrato pese a que estaba al corriente de los pagos tras diez años en la vivienda.

La jueza entiende además que Fidere –empresa filial de Blackstone en España– debe garantizar que el contrato, firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) antes de la venta, puede prorrogarse hasta 15 años y después posibilitar la compra siempre que los inquilinos mantengan las mismas condiciones que los hicieron adjudicatarios de un piso protegido.

El pronunciamiento judicial afecta a una de las siete familias de la calle Lope de Vega a las que Fidere, a través de un burofax y con solo un mes de antelación, obligaba a dejar sus casas por unas supuestas obras en el edificio que nunca se han iniciado. En los próximos meses está previsto que se celebren al menos otros dos juicios vinculados al mismo caso, asegura Mariano Benítez de Lugo, el abogado que lleva la causa.

La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, no es firme y está aún sujeta a una posible apelación de Fidere ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tampoco sienta jurisprudencia, pero los afectados esperan que a partir de ahora “haya unidad de criterio” en la actuación de los demás jueces que llevan casos de este bloque.

“Hemos respirado. Hemos vivido muchos meses con el corazón en un puño con una niña de dos años”, dice Alberto, el inqulino que podrá continuar en su casa, en conversación telefónica con este medio. Está aliviado. El afectado cuenta cómo, tras rescindir unilateralmente el contrato, Fidere no aceptaba los recibos y después alegó que había impagos. “Lo que hicimos, para evitar que se agarrara a eso, fue consignarlo mes a mes en el juzgado”, explica.

La jueza fundamenta su decisión de desestimar la demanda de Fidere y, por tanto, permitir a la familia quedarse, en que el contrato de arrendamiento de estas viviendas de Protección Pública “está sometido a una normativa especial”. Concretamente, según el auto, un decreto autonómico de la Comunidad de Madrid que protege especialmente estos contratos.

En este caso, dice la jueza, Fidere no puede alegar que se acoge al derecho de expiración del término del contrato recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como si fuera un alquiler de libre mercado. El auto concreta, además, que el contrato firmado por esta familia con la EMVS se firma “al amparo de la LAU con la sola excepción a las especificaciones derivadas del propio régimen de protección pública de vivienda”. 

Según el abogado, la sentencia no hace referencia a las condiciones particulares del inquilino, sino que establece una “especie de teoría general”. “Es por eso el primer eslabón de una cadena de posibles sentencias favorables a los inquilinos que fueron ninguneados por la gestión del PP”, sostiene Benítez de Lugo, que también lleva la querella de los afectados, el PSOE y el Ayuntamiento de Madrid contra el fondo buitre. Esta acción, por la vía penal, se ha sobreseído por segunda vez pese a que se presentaron nuevas evidencias de irregularidades ofrecidas por un informe de la Cámara de Cuentas, otro del fiscal del Tribunal de Cuentas y las conclusiones de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid.

La presidenta de la asociación de afectados por la venta de las viviendas la EMVS, Arantxa Mejías, califica la sentencia de “muy esperanzadora” para más personas que están en situaciones similares. Fidere también intentó desahuciarla,pero un acuerdo con mediación del Ayuntamiento con el fondo buitre lo paralizó.

Fidere, la empresa que gestiona las 1.862 viviendas que vendió el Ayuntamiento de Madrid al fondo buitre Magic Real Estate Blackstone, cobra alquileres más altos a los inquilinos que fueron adjudicatarios cuando los inmuebles eran viviendas públicas. Algunos pisos, con un fin social originariamente, se han quedado vacíos tras el cambio de manos y Fidere oferta arrendarlos a un precio inferior al que pagan las familias más antiguas.

Tomamos como ejemplo una urbanización del PAU de Carabanchel con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. María Ángeles, una inquilina que lleva diez años en la casa y fue adjudicataria de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), paga 712 euros por su piso de tres habitaciones de algo más de 70 metros cuadrados.

Fidere cobra a un vecino de nuevo ingreso por una vivienda con las mismas habitaciones, metros y años de antigüedad en una urbanización unos números más abajo de la misma calle –también vendida por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 y construida a la vez– 650 euros, según ha confirmado eldiario.es tras consultar los precios anunciados. A este importe, que incluye gastos de comunidad, trastero y plaza de garaje, habría que añadir una subida de entre 30 y 40 en el segundo o el tercer año.

En la misma urbanización también se ofertaban –hasta que se agotaron– viviendas de cuatro habitaciones por 691 y 722 euros. Tiene cerca de 100 metros cuadrados, casi treinta más que el piso de María Ángeles, por el que paga 712 euros. En la fachada del recinto pueden verse grandes carteles con precios aún inferiores: viviendas de tres dormitorios “desde 590 euros al mes” y de cuatro, por 680.

Si los pisos en los que vive María Ángeles hubieran seguido en manos de la EMVS, ya habría tenido derecho a compra porque así lo contemplaba el contrato que firmó en 2006. Pero el cambio de manos truncó todo, por eso mucho de sus vecinos se han marchado. “De 77 vecinos, quedamos menos de 20”, asegura.

El contrato que tenía cuando se produjo la venta finalizó el mes pasado. Fidere lo ha renovado automáticamente en noviembre manteniendo el mismo precio. Ha sido así, explica, en el caso de todos los vecinos antiguos de la urbanización, que pagan por el mismo número de habitaciones cantidades muy parecidas, con diferencias de máximo 10 euros en función de que tengan algún metro más. Los precios iniciales fijados por la EMVS hace una década eran menores, pero han ido subiendo con el IPC.

A otros inquilinos “herederos” de la EMVS sí les han subidos los alquileres, asegura Arantxa Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta. Desconoce, dice, el criterio que explica por qué a unos vecinos sí y a otros no.

“Se alquila rápido”

“Todos los meses salen tres o cuatro pisos en la zona, los estamos reformando y se están alquilando rápido”, asegura la inmobiliaria encargada de la gestión de alquileres. Y María Ángeles lo confirma: “Todos los días entra gente”.

“El otro día me encontré con un vecino que estaba en un piso como el mío, le dije lo que pagaba y le pareció mucho”, explica. El nuevo inquilino le aseguró, según cuenta, que pagaba menos de 600 euros, una cifra que no concuerda con los precios confirmados por eldiario.es.

Aunque la norma es que Fidere ha renovado los contratos a los vecinos “herederos” de la EMVS, hay excepciones. No ha sido así en el caso de Aranxta Mejías, la cara visible de la plataforma de afectados por la venta, cuya familia ha sido obligada a abandonar su casa sin ningún tipo de explicación. Fidere les informó a través de un burofax con un mes de antelación y la empresa ya no acepta los recibos. Por esta razón, la familia se ha querellado contra la sociedad gestora alegando que se ha producido una situación de discriminación y coacciones.

Tampoco se ha producido la renovación automática en el caso de siete familias que viven en la calle Lope de Vega, en el centro de la capital. La justificación de la empresa es que necesitan acometer “obras significativas” en los pisos que obligan a los inquilinos a marcharse. El aviso les llegó a través de burofax con menos de un mes de margen y Fidere no se ha puesto en contacto con ellos por ninguna otra vía ni ha concretado de qué obras se trata. Solo que no podrán volver a las casas y que tienen que dejarlas antes del 11 de noviembre.

El fondo buitre al que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella vendió más de 1.800 viviendas sociales de la capital ha dado un mes de plazo a través de su sociedad gestora Fidere a siete familias para que dejen los pisos en los que llevan viviendo una década. Todas recibieron a mediados de octubre un burofax que les informaba de que su contrato no se renovaba porque la empresa quiere acometer “obras significativas” en las viviendas.

Las siete familias afectadas fueron adjudicatarias de los pisos, ubicados en la calle Huertas y Lope de Vega de la capital, cuando todavía eran de la Empresa Pública de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, cuando eran viviendas sociales. Este mes tenían pendiente la renovación de los contratos, como sí ha pasado casi de forma automática con los inquilinos de otras promociones compradas por el fondo. Esta en concreto se compone de 11 casas, todas de 50 metros cuadrados salvo una que tiene el doble.

Las viviendas, aseguran los vecinos, “no tienen ningún problema” y están en buenas condiciones de habitabilidad. “Es una casualidad que solo se necesite hacer obras en las viviendas donde vivimos personas a las que nos cumple el contrato. Además, no nos han explicado qué tipo de obras ni por qué tenemos que dejar las casas. No ha habido ninguna comunicación más allá del burofax, que nos deja un nulo margen de maniobra”, explica Laura, una de las afectadas.

No es la primera vez que Fidere actúa de este modo. Aranxta Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta, y su familia están viviendo sin contrato en su casa desde principios de octubre porque la empresa no quiere hacerles uno nuevo tras finalizar el que mantenían con la EMVS. A ellos ni siquiera les dieron una justificación para no renovar y no aceptan sus recibos. La familia se ha querellado contra Fidere por “discriminación y ”coacción“. Esta acción judicial se suma a la petición de reapertura de las querellas del PSOE y de la asociación que preside la misma Mejías.

Cinco de las siete familias que han recibido el burofax también pertenecen al colectivo de afectados por la venta. Laura vive con su pareja y sus dos hijos –de dos años y 20 días– en ese piso desde hace 10 años durante los que, asegura, ha pagado “religiosamente” todos los recibos. Abonaba al mes 413 euros en concepto de alquiler y tiene siete días para pensar en una alternativa.

“Nos ha pillado de sorpresa total. No nos han llamado, solo el burofax, donde no se concreta qué obras quieren hacer y por qué tenemos que irnos. Al resto de promociones, salvo a Arantxa, les han renovado los contratos con subidas, pero pueden seguir allí. No sabemos el porqué de este trato diferencial. Es un disgusto enorme y no tenemos margen de movimiento”, dice Laura en conversación con eldiario.es. Uno de sus vecinos, en la misma situación, ha intentado ponerse sin éxito en contacto telefónico con Fidere, según la inquilina.

El abogado que lleva el caso de la familia Mejías está estudiando, según los afectados, qué puede hacerse en este caso. “Está mirando qué acciones se pueden tomar para que no tengamos que desalojar”, explica la afectada, sin dar más detalles.

En el bloque vendido a Fidere hay otras cuatro familias más: a todas ellas les finaliza el contrato en 2018, pero solo una lo firmó con la EMVS. El resto entró a vivir una vez que se había producido la venta.

Este jueves se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar la venta de estos pisos, según Cadena Ser. “Se puede concluir por tanto que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”, dice el organismo en una notificación fechada el 19 de octubre.

Aranxta Mejías, la cara visible de los afectados por la venta de vivienda sociales por parte del Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitres, ya ha iniciado acciones judiciales contra Fidere. La familia se ha querellado contra la empresa por “coacción” y “discriminación” después de recibir un burofax que les daba un plazo de un mes para dejar la casa en la que han vivido en los últimos diez años. El tiempo ya ha pasado y Fidere, desde el pasado 6 de octubre, devuelve los recibos. El contrato está rescindido y ya no pueden continuar pagando, aunque quieran.

En la querella, presentada el 7 de octubre y pendiente de admisión a trámite, se acusa a Fidere –sociedad con ventajosa fiscalidad participada por Magic Real Estate Blackstone– de dos delitos: el de coacciones, contemplado en el artículo 172 del Código Penal; y el de discriminación, apoyado sobre la “conducta activa” de Aranxta en la lucha por la anulación de la venta de viviendas sociales. “Hay una treintena de personas en la misma situación que la familia Mejías, cuyo contrato finalizaba el 6 de octubre, y todas han renovado sin problemas. Fidere no ha dado ninguna razón para explicar su decisión”, argumenta su abogado Mariano Benítez de Lugo, que califica de “represión selectiva” su actuación.

El letrado explica que, en este caso, se está produciendo un “abuso de derecho” por parte de Fidere, que se agarra “a una norma de cobertura con un fin ilícito”. En este caso, esta norma es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que protege la “voluntad de no renovar los contratos” con las notificaciones pertinentes y respetando los debidos plazos. Fidere ha cumplido con el aviso con un mes de antelación y aduce solo su “voluntad” de tomar esa decisión para llevarla a cabo, sin más motivos, según el burofax que recibió la familia Mejías. Después no se ha producido ninguna comunicación con la empresa, según la afectada.

Para el abogado, Fidere tampoco puede esgrimir –y no lo ha hecho– que necesite la vivienda para alquilarla a otros inquilinos porque en el mismo bloque de Aranxta hay varias casas vacías y un gran cartel de oferta de alquiler de viviendas. En los alrededores, donde la empresa también compró promociones, pasa lo mismo. Y así se ha acreditado también en la querella, asegura el letrado.

Una querella nueva y dos reaperturas

Esta acción judicial, un procedimiento nuevo, se suma a la petición de reapertura de sendas querellas presentadas por el grupo municipal socialista y la asociación de afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS que preside Aranxta Mejías, en la que el Ayuntamiento anunció que se personaría. Ambas se sobreseyeron provisionalmente, situación que posibilita, si hay nuevas pruebas aportadas, que se retomen las actuaciones. Estas nuevas pruebas son el informe del Tribunal de Cuentas y las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid.

En la querella de la familia Mejías se presenta como medida cautelar que “se suspenda cualquier acción” para desalojarlos. “Están dispuestos a seguir pagando, incluso las subidas”, argumenta su abogado. Según sus previsiones, el juzgado se pronunciará en el plazo de una semana sobre la admisión o no de la querella.

Mientras, las acciones que tome Fidere son desconocidas. El letrado Mariano Benítez de Lugo cree que, aunque aún no se ha notificado, la empresa iniciará un “proceso de desahucio por precario”. Como si se tratara de una ocupación ilegal, dado que Fidere ha dado por rescindido el contrato y ya no acepta los pagos. Con la querella, que esperan se admita, esperan poder paralizar ese procedimiento.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó a finales de septiembre una proposición, presentada por Ahora Madrid y PSOE, para que el consistorio preste apoyo a la familia afectada al considerar que “no existe incumplimiento objetivo del contrato suscrito entre sus padres y la sociedad arrendado, ni causa objetiva para la no renovación del contrato de alquiler”. En ese apoyo se incluye el respaldo económico para las acciones judiciales, algo que todavía no se ha llevado a cabo, el institucional y la posibilidad de ofrecer a la familia una vivienda pública.

Ser la cara visible de los afectados por la venta de viviendas sociales a fondos buitre le ha costado caro. Fidere –la filial española de Blackstone propietaria de los pisos– ha informado a través de burofax a la familia de Arantxa Mejías, presidenta de la plataforma, de que tienen un mes para abandonar la casa en la que han vivido en la última década porque no les renuevan el contrato. Mejías asegura que no ha recibido de parte de Fidere ninguna información previa y nadie le ha expuesto los motivos de la decisión.

La afectada compareció en la comisión de investigación sobre la deuda de Madrid que puso en marcha el actual Ayuntamiento para esclarecer, entre otras cosas, la operación de venta de viviendas sociales a fondos buitre de su equipo antecesor del PP, dirigido por Ana Botella. Los fondos buitre, también convocados, nunca aparecieron.

El próximo mes era el primero que Arantxa y su familia iban a tener que regirse por los precios de alquiler marcados por los nuevos propietarios, muy superiores –con subidas de un 40% en tres años– a los establecidos cuando las viviendas pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y tenían una función social. Desde entonces se han producido desahucios de inquilinos aún con contratos subrogados de la EMVS que no podían seguir pagando y de otros que no pudieron asumir las subidas de los alquileres.

Hasta ahora, Mejías asegura que su familia ha pagado regularmente los recibos todos los meses. La casa está a nombre de su padre.“Cumplimos mes a mes con los 709 euros entre alquiler y comunidad. No tenemos ninguna deuda ni con Fidere ni con la EMVS cuando era propietaria”, explica en conversación con eldiario.es.

Varios vecinos sí han ido recibiendo cartas y burofaxes para informarles de los nuevos contratos de renovación “sin problemas”, según cuenta Mejías, conocedora de las diversas situaciones que se dan entre los afectados. “Soy el único caso que conozco”, denuncia.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que hará todo lo posible por solucionar el caso y piden que se renueve el contrato, aunque sea subiendo el alquiler. Marta Higueras, teniente de alcalde, ha recordado las palabras de Ana Botella sobre la venta –“solo cambia el nombre del arrendador”– y ha destacado que, “evidentemente no ha sido así”. Higueras ha llamado a Fidere para mostrar su perplejidad, desde donde han confirmado que van a echar a Arantxa y que no revisarán el caso.

La misiva que ha recibido la familia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, está firmada por Miguel Oñate. Oñate presentó en agosto su dimisión como consejero de Fidere y así consta en el primer punto del orden del día de la junta general extraordinaria de accionistas que ha convocado Fidere Patrimonio Socimi S.A. para el próximo 7 de septiembre. La convocatoria se ha publicado el mismo día que Mejías y su familia han recibido el burofax.

Una operación que “vulneró la buena gestión”

Fidere es una sociedad anónima ideada por Ismael Clemente, presidente entonces de la gestora de fondos inmobiliarios Magic Real State en España, para el alquiler de los pisos comprados a la cartera pública de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Clemente, actual consejero delegado de Merlin Properties, logró convertir a Magic Real State en el socio inmobiliario local de Blackstone, fondo buitre con el que llevó a cabo la polémica operación de compra de estas 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en 2013 por un precio muy inferior al tasado.

Han pasado tres años de esta macrooperación inmobiliaria, de la que ahora se sabe, según un informe de la Cámara de Cuenta, que “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El caso, al que se ha sumado como querellante el actual Ayuntamiento de Madrid, está pendiente de resolverse en los tribunales, que podrían anular la operación de venta. El negocio se completó en 2013, cuando Ana Botella (PP) era alcaldesa de la capital.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Fidere para aclarar los motivos por los que rescinden el contrato de la familia Mejías Cano sin obtener por el momento ninguna respuesta.

Las viviendas protegidas que el fondo buitre Blackstone posee en España ya valen mucho más de lo que le costó hacerse con ellas. Más de 100 millones de euros, según los cálculos de Fidere, la filial que utiliza el fondo para gestionar esos pisos. Así lo aseguran las cuentas anuales de la sociedad que denomina a esta diferencia “plusvalía latente no registrada”, tras haber tasado la totalidad de sus inmuebles a 31 de diciembre de 2015. Una plusvalía del 36%.

Fidere informa en sus cuentas de que el valor de mercado de las VPO que controla es muy superior tanto al precio que desembolsó directamente por ellas – como las promociones vendidas por el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella en 2013–, como a la cantidad en las que se han valorado casas del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid que ha ido adquiriendo al entrar en las promotoras encargadas de esas casas. El cálculo global es que la valoración de las casas al hacerse con ellas ascendió a 201 millones de euros mientras que su valor en el mercado al cerrar el año pasado se iba a 317 millones.

En el caso de los pisos enajenados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Ana Botella en la capital, Fidere pagó por 12 promociones de protección pública en alquiler que compró, 35,6 millones en líquido a lo que se le pueden sumar los 39 millones de préstamos asociados a esos inmuebles. Total: 74,6 millones. Ahora, la tasación interna de Fidere les otorga un valor de 146,8 millones de euros.

El Gobierno local admitió incluso rebajar el precio ya ofrecido en firme por Fidere a petición del fondo y sin contraponer sus argumentos. También abonó dos millones de euros a un intermediario por participar en esta operación. Este proceso ha sido considerado fuera de la ley por la Cámara de Cuentas de Madrid por “ignorar las más elementales normas de buena gestión”.

Algo parecido ocurre con, por ejemplo, las seis promociones inmobiliarias (415 viviendas) en las localidades de Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Alcorcón y Valdemoro compradas a la Sareb en 2014 por 24 millones de euros cuyo precio real está por encima de los 46 millones. Algunas tienen una diferencia menor como las viviendas del Plan Joven de Getafe adquiridas mediante la absorción de la promotora Egicam Plan Joven que se valoraron en 21,2 millones y se han tasado en 22,5.

Además de en la Comunidad de Madrid, las cuentas de la inmobiliaria hacen referencia a promociones en Barcelona y Guadalajara. Las casas en Cataluña muestran un valor en los libros de Fidere de 12,8 millones de euros mientras que el mercado las coloca ya en los 18,9. En Castilla-La Mancha, las promociones fueron valoradas en 3,2 millones mientras que la tasación interna las lleva a los 7,2 millones.

Multiplica los beneficios

El negocio de la vivienda protegida en España le está yendo bien a Blackstone, según las cuentas cerradas ofrecidas a los accionistas. El año pasado el fondo dobló los ingresos por las rentas que pagaron los inquilinos de estas casas. Si en 2014 sumaron 5,5 millones de euros, en 2015 superaron los 11.

La ocupación media de sus inmuebles ha llegado, asegura, al 84% –partía de algo más del 60%– de los más de 166.000 metros cuadrados de viviendas sociales que gestiona. Los vecinos de casas que vieron cómo su casero cambiaba de golpe de ser el Ayuntamiento de Madrid a una sociedad inmobiliaria privada han padecido diversas situaciones: desde episodios de desahucio, aumento de la renta o cambio de condiciones de su alquiler (como triplicar el coste del agua caliente). Incluso alguna afectada llegó a ser expulsada de las lista de viviendas sociales por tratar de defenderse ante el fondo buitre. Así las cosas, el beneficio ordinario que obtuvo de su negocio la sociedad utilizada por Blackstone llegó a los 3,5 millones cuando un año antes quedó en los 1,9 millones de euros.

La compra de una promoción de viviendas de protección pública en Madrid por parte del fondo buitre Blackstone a finales de 2014 ha derivado en el incremento en más de un 100% de los gastos que abonan los inquilinos en agua caliente y calefacción. El precio de la primera sube un 246% y la de la segunda un 47%, según los documentos enviados por la propietaria.

La renta por estas casas de alquiler protegido situadas en Torrejón de Ardoz (Madrid) debe mantenerse mientras el contrato de alquiler promovido por la Comunidad de Madrid esté en vigor. Pero la nueva dueña, la inmobiliaria Fidere –filial de Blackstone– ha encontrado algunas otras vías para rentabilizar su inversión.

Las 200 viviendas del Plan Joven de esta promoción en la calle Joan Miró, 7, fueron sorteadas en 2007 por la Consejería de Vivienda del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre (PP). Los ganadores firmaron sus contratos en septiembre de 2009. La dueña de la promoción era la sociedad Velázquez, 34, una empresa del Banco Popular y el acuerdo de alquiler dura siete años. Cuatro años después, Fidere Vivienda 2 (el fondo buitre Blackstone) se hizo con esas casas en diciembre de 2014.

Para el 1 de junio de este 2015, Fidere avisó a sus inquilinos de que “se cambia la gestión energética del edificio”. La nueva encargada es otra empresa llamada Fusiona Soluciones Energéticas. En una carta se remitían los nuevos importes: en primer lugar, la gestora cobrará a cada inquilino un “depósito de garantía” de 50 euros. Después ha establecido una cuota –“termino fijo mensual”– de 8,55 euros a cada vivienda. “Eso no lo estábamos pagando antes”, cuentan a eldiario.es varios de los afectados. Fusiona fue elegida tras sacar Fidere un concurso para adjudicar esos servicios, según relató esta sociedad a los vecinos en una reunión.

Para cerrar la misiva, Fusiona informa de los precios por consumo de cada inquilino. En el caso del metro cúbico de agua caliente pasa de 0,9 a 3,25 euros: un 246% más. Para la calefacción el incremento pasa de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h (un 47%). Además, los vecinos están atrapados con esta nueva situación, ya que se trata de calderas centrales. Así que la empresa distribuyó unos avisos en los que aseguraba que los inquilinos que no hubieran suscrito el contrato “no necesitan hacer uso de los servicios de calefacción y agua caliente por lo que se procederá al cierre y precintado de llaves de los suministros”.

El ultimátum para contratar expiraba el 16 de junio pasado. “El restablecimiento deberá ser abonado por el usuario, el importe ascenderá a la cantidad de 36,09 euros + IVA”, concluía la empresa. Los afectados han conseguido que este corte “se paralice hasta que, al menos, podamos hablar con la propietaria”.

Fusiona Soluciones Energéticas ha explicado a eldiario.es que este encarecimiento tan acusado responde a que “hasta ahora los vecinos han estado abonando un precio por debajo de costes. Estaban subvencionados por la propiedad”. Añaden que “solo el agua que viene del Canal de Isabel II ya cuesta 0,9 euros el metro cúbico”. La empresa asegura que Velázquez, 34 (es decir, el Banco Popular) ponía dinero para que este suministro fuera más barato. Un portavoz del Banco Popular remitió las preguntas de eldiario.es a otra de sus filiales, Aliseda Inmobiliaria quien considera que al “ser una gestora de activos inmobiliarios” y no ser ni haber sido “propietaria de estos inmuebles, no podemos contestar”. Un portavoz remite “a la nueva propiedad” para que aclare este extremo. Aliseda Inmobiliaria está en el consejo de dirección de la sociedad Velázquez, 34 –la que vendió las casas a Fidere– en calidad de apoderado.

Los vecinos revelan un aspecto que no apareció en la explicación de la gestora energética: “Lo que sí tenemos son placas solares, que entiendo son las que hacen que tengamos esas tarifas, son para apoyo para el agua caliente y calefacción”.

Fidere, la propietaria de las casas, no ha contestado a eldiario.es acerca de la nueva tarificación, la información a los inquilinos sobre los precios o el proceso de elección de la nueva gestora.

Hipotecadas por el fondo

Las viviendas protegidas de Joan Miró, 7, se asignaron en el 19º sorteo del Plan Vivienda Joven desarrollado por la Comunidad de Madrid. Se adjudicaron 599 casas, según informó en su momento el Ejecutivo regional. Para entregar las llaves a los afortunados, se organizaron actos, en ocasiones presididos por la entonces jefa del Gobierno, Esperanza Aguirre. Según el Portal de la Vivienda de Madrid, en la información de este sorteo se explica que se juntaron varias promociones de varios municipios para alcanzar la cifra de 1.235 viviendas “la mayor adjudicación de pisos con protección pública”, subrayaron en diciembre de 2010.

Una vez que la Comunidad de Madrid entregaba las llaves y calificaba los pisos como protegidos, se lavaban las manos. Estas casas resultaron finalmente ser patrimonio del Banco Popular mediante la mencionada Veláquez, 34. Al decidir deshacerse de ellas, el comprador fue Fidere, como atestigua el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz. Además, según este registro, Fidere (Blackstone) utilizó estas mismas casas como garantía para un hipoteca constituida con el propio Banco Popular en garantía por “un principal” de 43 millones de euros.

Ana Vargas espera bajo las escaleras del edificio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. La empresa pública le concedió un piso en Vallecas de alquiler social hace más de siete años. Su casa, hasta ahora. Porque el Ayuntamiento vendió más tarde esa vivienda al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone (a través de la empresa Fidere). En total, 1.860 pisos que pasaron a manos privadas sin que sus inquilinos conocieran la transacción. Y este jueves Ana ha acudido a la EMVS con una orden de desahucio para el 12 de enero, firmada por los nuevos propietarios. En la escalinata, José Antonio también espera: él tiene la orden para este viernes.

Ana y José Antonio no están solos. A las puertas de la empresa pública se agolpan un grupo de personas que gritan, con rabia. “¡No tenéis vergüenza. Nos teníais que haber avisado!”, repiten en la entrada, aislada por un cordón policial. Una mujer se lamenta con su compañera: “Terminamos 2014 con desahucios y empezamos el año igual”.

A finales de 2013 saltó la noticia de que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid habían vendido primero 1.860 y después otras 3.000 viviendas protegidas a fondos de inversión. La operación, gestada a espaldas de las personas que habitaban los inmuebles, fue vendida como una transacción necesaria para aliviar las arcas públicas. Los gobiernos aseguraron entonces que los usuarios ni notarían el cambio: la única diferencia sería el destinatario de sus cuotas mensuales. Los inquilinos pronto se dieron cuenta de que no era cierto.

Los alquileres sociales tenían fecha de caducidad –las de sus contratos con las entidades públicas– y, ante un cambio en sus circunstancias o la imposibilidad de afrontar las cuotas, la respuesta de los nuevos propietarios es clara: “Ellos no ofrecen vivienda protegida”. Es lo que respondieron en Fidere a Ana Vargas, según cuenta, cuando supo que la protección de su casa tenía los días contados.

Tras la separación de su pareja, Ana tenía que ocuparse de sus tres hijos y hacer frente al alquiler (de unos 600 euros) con los 900 que gana como limpiadora. “No me llega”, resume. Acudió a la EMVS para renegociar el alquiler, para intentar ajustarlo a sus nuevas circunstancias, y cuando llevó los papeles que la trabajadora social le había pedido ésta le anunció que “ya no había nada que hacer, que habían vendido mi casa a una empresa privada”, cuenta.

José Antonio, con un hijo de 12 años a su cargo, también recibió una respuesta similar. “No tengo ningún sitio al que ir”, afirma. Trabajó 26 años como jardinero, pero desde que en 2011 perdiese un empleo como repartidor de publicidad no ha vuelto a trabajar. Este viernes intentará frenar su desahucio con el apoyo de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones vecinales. “No tengo muchas esperanzas”, admite.

Fidere no ha respondido a este medio sobre los casos de Ana y José Antonio.

Sin acceso al fondo 'solidario' de Botella

La sede de la EMVS recibió este jueves gritos amargos, cargados del temor de varias familias en situaciones similares a las de Ana y José Antonio. Pasa el tiempo y las peores sospechas se materializan en órdenes de desahucio. Los afectados acuden a los responsables con los que firmaron los contratos de sus casas, esos que nunca quisieron romper. El abogado Manuel San Pastor, que colabora con la PAH y representa a José Antonio, responde después de una reunión con la junta de distrito: “Nada, el desahucio sigue en pie”.

La imagen de Carmen Martínez, la anciana de 85 años que lloraba en el interior de su casa en Vallecas antes de ser desahuciada, se multiplicó por los medios de comunicación. Tras la gran repercusión mediática, la mujer recibió las ofertas de una vivienda por parte de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, e incluso del Gobierno central. Ana y José Antonio, también de Vallecas, aseguran que no han recibido la oferta de un piso por la EMVS. En la empresa pública apuntan que han ofrecido una vivienda de integración social a este último, “pero él rechazó el recurso”. José Antonio responde que no quiere criar a su hijo en una casa compartida.

El Ayuntamiento de Madrid no ha desplegado en estos casos su fondo 'solidario' de 400 viviendas, de las que según la entidad han firmado 309 contratos. Por un lado, el Proyecto de Viviendas Solidarias Distritos-EMVS (creado un mes después de la venta de las viviendas a Fidere), formado por 200 pisos para familias con ingresos que no superan 2,5 veces el IPREM (18.640,00 euros en 2012) y que ya han sufrido un desalojo, que tienen notificación de lanzamiento o que no pueden afrontar el coste de su vivienda. Por el otro, otras 200 viviendas pertenecientes al Programa de Viviendas Solidarias de la Ciudad de Madrid 2012-2015 que el Ayuntamiento “pone a disposición de entidades y organizaciones sociales”.

Ana asegura que ni siquiera le han informado de la posibilidad de acceder a estos pisos en sus visitas a la EMVS. José Antonio dice que no sabe cuáles son los requisitos, pero le han dicho que no los cumple. Julia Rodríguez, una anciana de 80 años que también iba a ser desahuciada por Fidere sí pudo acceder a este fondo alternativo. La empresa municipal no le concedió el piso hasta el mismo día en que estaba previsto el lanzamiento.

Las plataformas de afectados denuncian que la medida, aunque bienvenida, es solo un parche. Piden que sus viviendas regresen a manos públicas. “Yo solo quiero un alquiler que pueda pagar. No he tenido el valor de pegar una patada a una puerta y no estoy pidiendo algo por la cara. Solo algo que pueda afrontar para mantener a mis hijos”, pide Ana. El lunes 12 afronta su segunda orden de desahucio.