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El fondo buitre al que Botella vendió pisos sociales echa de su casa a la cara visible de los afectados

Fidere no renovará el alquiler a la familia de la presidenta de la plataforma de afectados por la venta, pese a que está al día de los pagos

Le han mandado un burofax para que deje la casa justo cuando su contrato deja de estar protegido por la EMV. El Ayuntamiento ha llamado al fondo, que "no va a revisar el caso" 

"Esto es una persecución. No nos han dado ninguna explicación", explica Arantxa Mejías, quien compareció en la comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento de Madrid

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Burofax recibido por Arancha Mejías y su familia para que abandonen su casa en 30 días.

Burofax recibido por Arancha Mejías y su familia para que abandonen su casa en 30 días.

Ser la cara visible de los afectados por la venta de viviendas sociales a fondos buitre le ha costado caro. Fidere –la filial española de Blackstone propietaria de los pisos– ha informado a través de burofax a la familia de Arantxa Mejías, presidenta de la plataforma, de que tienen un mes para abandonar la casa en la que han vivido en la última década porque no les renuevan el contrato. Mejías asegura que no ha recibido de parte de Fidere ninguna información previa y nadie le ha expuesto los motivos de la decisión.

La afectada  compareció en la comisión de investigación sobre la deuda de Madrid que puso en marcha el actual Ayuntamiento para esclarecer, entre otras cosas, la operación de venta de viviendas sociales a fondos buitre de su equipo antecesor del PP, dirigido por Ana Botella. Los fondos buitre, también convocados, nunca aparecieron.

El próximo mes era el primero que Arantxa y su familia iban a tener que regirse por los precios de alquiler marcados por los nuevos propietarios, muy superiores –con subidas de un 40% en tres años– a los establecidos cuando las viviendas pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y tenían una función social. Desde entonces se han producido desahucios de inquilinos aún con contratos subrogados de la EMVS que no podían seguir pagando y de otros que no pudieron asumir las subidas de los alquileres.

Hasta ahora, Mejías asegura que su familia ha pagado regularmente los recibos todos los meses. La casa está a nombre de su padre."Cumplimos mes a mes con los 709 euros entre alquiler y comunidad. No tenemos ninguna deuda ni con Fidere ni con la EMVS cuando era propietaria", explica en conversación con eldiario.es.

Varios vecinos sí han ido recibiendo cartas y burofaxes para informarles de los nuevos contratos de renovación "sin problemas", según cuenta Mejías, conocedora de las diversas situaciones que se dan entre los afectados. "Soy el único caso que conozco", denuncia.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que hará todo lo posible por solucionar el caso y piden que se renueve el contrato, aunque sea subiendo el alquiler. Marta Higueras, teniente de alcalde, ha recordado las palabras de Ana Botella sobre la venta –"solo cambia el nombre del arrendador"– y ha destacado que, "evidentemente no ha sido así". Higueras ha llamado a Fidere para mostrar su perplejidad, desde donde han confirmado que van a echar a Arantxa y que no revisarán el caso.

La misiva que ha recibido la familia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, está firmada por Miguel Oñate. Oñate presentó en agosto su dimisión como consejero de Fidere y así consta en el  primer punto del orden del día de la junta general extraordinaria de accionistas que ha convocado Fidere Patrimonio Socimi S.A. para el próximo 7 de septiembre. La convocatoria se ha publicado el mismo día que Mejías y su familia han recibido el burofax.

Una operación que "vulneró la buena gestión"

Fidere es una sociedad anónima ideada por Ismael Clemente, presidente entonces de la gestora de fondos inmobiliarios Magic Real State en España, para el alquiler de los pisos comprados a la cartera pública de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Clemente, actual consejero delegado de Merlin Properties, logró convertir a Magic Real State en el socio inmobiliario local de Blackstone, fondo buitre con el que llevó a cabo la polémica operación de compra de estas 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en 2013 por un precio muy inferior al tasado.

Han pasado tres años de esta macrooperación inmobiliaria, de la que ahora se sabe, según un informe de la Cámara de Cuenta, que "vulneró las más elementales reglas de buena gestión". El caso, al que se ha sumado  como querellante el actual Ayuntamiento de Madrid, está pendiente de resolverse en los tribunales, que podrían anular la operación de venta. El negocio se completó en 2013, cuando Ana Botella (PP) era alcaldesa de la capital.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Fidere para aclarar los motivos por los que rescinden el contrato de la familia Mejías Cano sin obtener por el momento ninguna respuesta.

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