La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás a un polémico anuncio, apenas una semana después de hacerlo público. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de retractarse de su oferta inicial al Arzobispado para acoger a peregrinos en edificios públicos durante la visita del Papa: de los 80 que se confirmaron el martes pasado, el Gobierno regional ha eliminado la mayor parte de la lista y rebajado la cifra hasta las 18 escuelas, en su mayoría institutos. Serán 15 centros de Secundaria y tres colegios.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades citadas por Europa Press, que también aludieron a las críticas recientes que emanaban, principalmente, de los propios centros. En las últimas semanas, algunos colegios o institutos de entre los seleccionados han alzado la voz y denunciado la “injusticia” que, como reiteraron las familias del IES Cardenal Cisneros –una escuela pública del centro– en un comunicado, suponía el tomar esa decisión sin someterla antes a votación en un Consejo Escolar, el órgano público que representa a la comunidad educativa y los responsables de cada centro.

Esta misma escuela catalogó lo ocurrido como un “abuso de poder”, y su rechazo quedó latente en los días previos a la visita de León XIV. Antes de eso, ya habían trascendido informaciones que señalaban otras quejas comunes, como la del colegio Mejico en Ciudad Lineal –donde el AMPA denunció la anulación de una actividad extraescolar para alojar a peregrinos en el gimnasio– e incluso algunos polideportivos de Arganzuela.

“Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste”, indicaron en un comunicado los usuarios del instituto Cardenal Cisneros, reprobando públicamente la noticia. “Es una orden impuesta, sin opción a negarse, frente a la voluntariedad de los centros católicos privados o concertados”, consideran, intuyendo una “obligación” implícita.

Las mismas fuentes de la Consejería de Educación mencionadas por la agencia de noticias respondieron, sobre la acusación de no haber pasado por un Consejo Escolar, que a aquellos centros que comunicaron alguna actividad programada e incompatible con las fechas para las que se quería disponer del espacio se les informó de que “podría hacerla con normalidad”, sin la obligación de participar en el dispositivo municipal. Algo que entra en conflicto, directamente, con la experiencia relatada a Somos Madrid desde el colegio de Ciudad Lineal.

En pleno ajetreo por la visita del Papa, otro frente inesperado se abre ante el Arzobispado de Madrid. Los inquilinos de Fusara, una fundación ligada a la Iglesia que vendió edificios residenciales y dejó a unas 200 familias a merced del nuevo comprador, vuelven a dar pasos que salpican a la Diócesis. Su abogada acaba de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el máximo garante de la Carta Magna. En él cuestiona la legitimidad del Patronato de la fundación para retirarse como acusación particular de la causa, algo que finalmente ocurrió en septiembre, y acusa a estos “sujetos procesales” de haberse alineado con los beneficiarios del acuerdo, miembros de la antigua cúpula de Fusara: “Sin Acusación Popular no hay acusación [...], y sin acusación no hay enjuiciamiento”.

En el escrito, registrado el miércoles pasado y firmado por hasta 15 recurrentes –todos inquilinos salvo una sociedad mercantil, Carandela S.L.–, los denunciantes señalan directamente a la Archidiócesis de Madrid: consideran que la imputación de miembros de la antigua cúpula de Fusara y parte del núcleo de confianza del entonces arzobispo, Carlos Osoro, “acredita objetivamente la existencia de un conflicto de interés estructural” entre la circunscripción católica y la resolución de esta causa.

La demanda recuerda que, entre los acusados que llegarán a juicio, figuran el exdelegado episcopal de fundaciones del Arzobispado, David López Royo, y también el interventor general de la Archidiócesis en el momento de la venta, Julio Lage, muy cercano a Osoro.

Ambos responsables fueron acusados de posibles delitos de administración desleal agravada y corrupción entre particulares, y es sobre esta base donde se asienta el último recurso de los inquilinos: estos creen que una futura condena en su contra “podría comprometer la responsabilidad civil subsidiaria” de Fusara y explicar, así su retirada como acusación particular del caso. Es más, los denunciante opinan que una entidad como esta no siempre ha de considerarse “correctamente representada” por su Patronato, sobre todo si se adoptan decisiones “perjudiciales” para su razón de ser.

“Los beneficiarios reales de la fundación son, pues, los pobres de Madrid, no la persona jurídica fundacional”, reza el escrito, al que ha tenido acceso Somos Madrid. Una tesis que de momento exponen solo los afectados, y aún no ha sido asumida por los tribunales. Sin embargo, fue precisamente una denuncia vecinal la que abrió en 2019 una primera investigación del caso. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) no se personó hasta más de un año después, cuando la venta de los edificios ya había sido paralizada con unas medidas cautelares.

Un acuerdo extrajudicial que cambió el rumbo de la causa

El origen de este caso fue la venta de 14 edificios residenciales que pertenecían a Fusara. La operación inicial se cerró por 74 millones de euros en 2019 y afectó a cerca de 200 familias inquilinas, que pasaron a depender del nuevo propietario, un grupo inversor inmobiliario. La fundación defendió entonces que esta venta permitía obtener recursos para cumplir mejor sus fines asistenciales; en cambio, los arrendatarios insistieron en que el patrimonio fue transmitido por debajo de su valor real y en contra de la voluntad fundacional que dio origen a la entidad. El verano pasado, Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial cos los investigados y renunció a determinadas acciones penales y civiles, solicitando su expulsión como acusación popular.

A cambio, sus beneficios por la venta pasaron de 74 a casi 100 millones de euros después de un acuerdo con el comprador, la empresa Tapiamar. “Ya han empezado a enviarnos cartas de no renovación”, destaca Jesús, uno de los inquilinos sacudidos por la operación. Sobre el recurso de amparo, detalla que el Tribunal Constitucional les ha instado a reducir el texto de acusación en un plazo de 15 días.

Después de eso, aún tendrán que esperar para saber si su demanda ha sido finalmente admitida a trámite. Más allá del caso concreto, la abogada intenta convencer al Constitucional de que existe una cuestión inédita de relevancia general: si la acción popular puede seguir actuando cuando considera que el Patronato de una fundación está defendiendo una posición contraria a los intereses colectivos para los que esa entidad fue creada.

La demanda insiste en que Fusara nació del legado de unas donantes, que cedieron sus propiedades a la fundación para sostener un orfanato con menores vulnerables. Con ese argumento, los recurrentes piden al Constitucional que delimite hasta dónde puede llegar la acción popular cuando aprecia una divergencia entre la voluntad del Patronato y el interés de los beneficiarios de una fundación. La admisión a trámite del recurso no supone un respaldo a ninguno de estos planteamientos: el primer paso será que el Tribunal Constitucional decida si aprecia la “especial trascendencia constitucional” que alegan los recurrentes, y acepte estudiar a fondo la causa.

El Ayuntamiento de Madrid se prepara a contrarreloj para un “acontecimiento histórico”, de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Es lo que ha advertido este jueves el alcalde, Jose Luis Martínez- Almeida, asegurando que entre el 6 y el 9 de junio e incluso en los días previos, desde el próximo lunes 25 de mayo, habrá “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave para la visita del Papa, como son el entorno de Cibeles o la Plaza de Lima. Así que Almeida ha instado a la empresas a impulsar el teletrabajo durante cuatro días laborales, desde el 3 de junio y hasta la marcha de León XIV.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el gobernante ha constatado la importancia de la visita y la avisado de la saturación que atravesará la ciudad. Para ello, se han puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita.

El consistorio también pondrá autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio, los mismos días en los que se ha instado a las oficinas a propiciar el teletrabajo. Asimismo, se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza, para el fin de semana de la vigilia. Esta comenzará el sábado, y al día siguiente se celebrará la eucaristía: para ambos eventos se trabaja en un dispositivo con 140 agentes de movilidad. En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comienzan este jueves 21.

El sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. A partir del lunes se ocuparán las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. El 3 de junio se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, se cortará prácticamente todo el tráfico en torno a la plaza de Cibeles.

Desde este mismo jueves, en la de Lima, quedará ocupado hasta próximo aviso el carril izquierdo del paseo de la Castellana, en sentido norte y desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde. Al inicio de la semana que viene se añadirán también los centrales, de forma que los vehículos solo podrán circular en ellos hasta la glorieta de Lima, y desviarse desde allí a los carriles laterales.

Rutas alternativas en transporte público

A partir del día 25 de mayo y conforme a las ocupaciones de calzada necesarias se materialicen de manera gradual, el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible el privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad. No obstante, se recomienda como alternativa pasar por vías en la zona interior a M-30 que cuenten con mayor capacidad y no estén afectadas por las ocupaciones: por ejemplo, las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, se priorizarán viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

Almeida ha trasladado a la prensa que se trabajará para incorporar en los navegadores más utilizados (Google y Waze) las incidencias para ofrecer los mejores itinerarios alternativos.Las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid se focalizarán en aquellas que circulan en las proximidades de las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía, esto es, Cibeles y Lima. Para ello, La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado debido a los cortes en los días previos a este acto. El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Además, se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

A partir de la próxima semana comenzará la instalación de aseos químicos en el entorno de las dos plazas, 2.000 en Cibeles y sus proximidades y 800 en la plaza de Lima. Serán 97 puntos en los que se colocarán hasta 1.027 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno. Para descongestionar la zona central de la ciudad se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses, ubicados en Ifema Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Problemas logísticos para un “acontecimiento extraordinario”

Allí podrán quedarse los autobuses que lleguen a la ciudad de Madrid y desde donde saldrán lanzaderas de transporte público para que los peregrinos puedan llegar a las zonas más céntricas de la ciudad. Almeida ha hecho una petición a empresas y centros de trabajo para que, dentro de lo posible, se fomente el teletrabajo en las zonas afectadas en las fechas más complicadas, así como que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento de Madrid”, ha planteado desde el Palacio de Cibeles. Incluso ha pedido a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”.

Almeida no ha ocultado las “grandísimas dificultades a la movilidad en la ciudad de Madrid a lo largo de todos esos días”. “Van a ser días complicadísimos, van a ser días muy difíciles para los madrileños, van a ser días en los que la movilidad se va a ver gravemente afectada porque estamos hablando del principal eje norte-sur de la ciudad que desde el 25 de mayo va a tener afecciones parciales pero realmente importantes y que, desde el 3 y el 4 de junio va a estar completamente cortado al tráfico”, ha constatado.

Un hombre ha fallecido esta semana tras precipitarse desde el edificio del Seminario Mayor de Toledo, dependiente del Arzobispado, según ha confirmado el Servicio 112 de Castilla-La Mancha.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 28 de abril, a las 20.34 horas, cuando se producía el suceso. Al lugar se desplazó una UVI móvil, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Solo se pudo certificar su fallecimiento.

Desde hace unos días, el Arzobispado de Madrid trabaja en unas obras para abrir un aparcamiento al inicio de la cuesta de Segovia, a la entrada del centro histórico. Lo hace gracias a que el Ayuntamiento le ha concedido permiso para colocar allí 23 plazas de parking en una parcela que llevaba décadas abandonada por una operación inmobiliaria que nunca se llevó a cabo.

El proyecto, al que ha tenido acceso Somos Madrid, incluye dedicar 468,92 metros cuadrados a un aparcamiento de superficie, con entrada desde la calle de Segovia, y destinar otros 530,50 m2 a un jardín privado situado justo debajo, en un nivel inferior.

La licencia fue concedida en septiembre del año pasado, después de un informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico y de la Agencia de Actividades, que depende del área de Urbanismo. La única restricción que puso fue que la zona más cercana a la ronda de Segovia tuviera “una suave pendiente para que se adapte lo más posible a la del terreno natural”.

El Arzobispado se encuentra ahora excavando los terrenos y preparándolos para colocar una losa horizontal que soportará el aparcamiento. El pavimento será permeable, tipo pavicesped. Todo estará rodeado de muros de hormigón armado, que enlazarán con las instalaciones de la contigua parroquia de Santa María de la Cabeza.

En cuanto a los jardines, contarán con tres parterres, dos de ellos con adelfas y lavandas y el otro de grava grande de color blanco, sin plantas. El pavimento será de terrizo tipo albero.

La parcela ahora en obras formó parte en su día de un gran proyecto urbanístico que intentó la Iglesia hace más dos décadas, para intentar construir un Minivaticano en la Cornisa de Madrid, como se conoce esta zona. La operación fue descartada por el Ayuntamiento -entonces con Ruiz Gallardón como alcalde- después de intensas protestas vecinales y de sentencias judiciales en su contra.

Desde entonces, la parcela había permanecido sin uso. Hasta que durante el Gobierno de Manuela Carmena el Ayuntamiento propuso que se construyera allí una instalación deportiva temporal -un campo de fútbol 11- hasta que hubiera otra alternativa. El Arzobispado se negó en rotundo, informan fuentes de Más Madrid.

“La respuesta nos dejó en shock, una negativa rotunda. O le aprobábamos lo que querían o no había parcela”, explica José Luis Nieto, concejal de la formación ahora en la oposición. “Con Almeida ¡la banca siempre gana!, en este caso es la Iglesia. Hasta que el Arzobispado no ha conseguido su aparcamiento y su jardincito no ha parado”, se queja ahora.

Nieto destaca que la parcela se ha mantenido “en un estado lamentable hasta que Almeida le ha aprobado una nueva ordenación favorable a sus intereses: un aparcamiento y un jardín que lo disimula desde la calle y que, por supuesto, no será de uso público”. Y lamenta que el alcalde se haya “plegado, finalmente, a sus intereses. Nos están robando Madrid y siempre son los mismos”.

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo, destinó más de 250.000 euros de fondos europeos NextGeneration a subvencionar las obras de eficiencia energética de la Hospedería Vía Lucis, propiedad del Arzobispado de Santiago y ubicada a poco más de un kilómetro de la Catedral. Lo hizo a pesar de que el establecimiento carece de licencia para ejercer la hostelería, lo que llevó al ayuntamiento compostelano a ordenar la suspensión de su actividad a finales de enero tras la denuncia de un particular. Según Turismo, la Iglesia ha renunciado a la ayuda.

Fue ese mismo ciudadano quien envió escritos tanto al consistorio como a Turismo y –ante la falta de respuesta de ambas administraciones– también a la Valedora do Pobo. En ellos, denunciaba la actividad hostelera, que consideraba ilegal, pero también el hecho de que recibiese una subvención mientras la desarrollaba sin licencia, lo que lo llevó a dirigirse también a la Consellería de Facenda a través de los canales del Plan general de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude.

En su respuesta –en la que devuelve la pelota a Turismo como responsable de la medida–, Facenda cita la convocatoria en la que se le otorgó la ayuda a la hospedería, incluida dentro de la línea destinada a las actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas. Está subvencionada con los fondos europeos NextGeneration del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En la resolución de esa convocatoria, en julio de 2025, aparece una subvención al Arzobispado de Santiago, aunque no indica cuál será su destino final dentro de la red de inmuebles que la Iglesia posee en la ciudad. Lo que sí se recogen son los trabajos a los que se dedicará esa aportación económica: aislamiento y sustitución de ventanas, mejora de la instalación de iluminación LED y sustitución de horno y cocina. En total, 252.790,02 euros. La cuantía máxima por proyecto era de 300.000.

La renuncia del Arzobispado

Sin embargo, a preguntas de esta redacción, Turismo confirmó que el solicitante “renunció recientemente a esta ayuda, sin que haya percibido ninguna cuantía al amparo de esta convocatoria”. A través de correo electrónico, una portavoz de la Axencia asegura que el Arzobispado solicitó la ayuda en marzo de 2025 y que, “en el momento de su concesión”, la hospedería “cumplía con todos los requisitos exigidos en la convocatoria”. Contar con una licencia municipal de actividad no era uno de ellos, pero sí estar inscrito en el REAT, el registro de actividades turísticas de la Xunta.

Esa paradoja no es nueva en Santiago, donde el ayuntamiento ha solicitado en numerosas ocasiones a Turismo que borre del REAT aquellas viviendas turísticas que carezcan del título habilitante, una batalla en la que contó con el apoyo explícito del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La Xunta, sin embargo, nunca se ha mostrado dispuesta a actuar de oficio y sólo acepta estudiar cada caso de forma individual antes de tomar una decisión.

Consultado por elDiario.es, el gobierno local compostelano admitió que, en respuesta a las denuncias, se llevó a cabo una inspección en la hospedería que tuvo como resultado un expediente de reposición de la legalidad el pasado 23 de enero, precisamente, por el ejercicio de la actividad de hospedaje sin título habilitante. La consecuencia fue una suspensión de la actividad que continúa vigente. El Arzobispado, por su parte, guarda silencio.

El encanto de lo monacal

La Hospedería Vía Lucis está ubicada en la antigua Casa de Ejercicios Espirituales, en el campus sur de la Universidade de Santiago, el conocido como Campus Vida. Durante el día, puede verse el portón abierto y el material de construcción acumulado dentro. Sobre la verja conviven dos carteles: el que anuncia la subvención europea, pese a la renuncia, y el que muestra la licencia de obra del Concello de Santiago. Tal y como allí se lee, los trabajos comenzaron en mayo de 2023 y su duración estimada era de 36 meses.

Aunque el sitio web de la hospedería ha desaparecido de internet, en Google o TripAdvisor todavía pueden leerse las reseñas de los usuarios. “El sitio es espectacular, es como un convento que están reformando y llenando de habitaciones”. Otros, destacan la ubicación privilegiada, en una zona ajardinada a un paso de la Alameda y el centro urbano, con “ambiente escolar durante el día y tranquilidad por la noche”.

“El lugar está en plena renovación: antiguamente era la residencia de monjas y monjes, y hoy esas celdas se han convertido en habitaciones modernas. Si reservas, pide una renovada: tienen suelo de parquet, muebles nuevos, cama y cojín muy cómodos, y baño privado con ducha (aunque esto hace que la habitación sea un poco más compacta)”, escribía un viajero este mismo otoño.

Después de una hora y quince minutos de absoluto silencio, Amparo y Lucía comparten sus primeras impresiones nada más salir de la catedral de La Almudena. Son dos mujeres de 55 y 58 años nacidas en Madrid y sin ningún vínculo directo con la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), el accidente más grave de la alta velocidad española que acabó con la vida de 45 personas y dejó a su paso cientos de heridos. No tienen familiares ni conocidos que viajaran en aquellos trenes el pasado 18 de enero, pero han decidido asistir a la misa funeral que este jueves por la tarde se celebraba en el gran templo de la archidiócesis madrileña.

“No sé si habrá servido de algo, honestamente. Tal vez sea una ayuda demasiado pequeña o un intento de los políticos por venir a hacerse la foto, pero sentíamos que había que estar aquí y llenar La Almudena para que a toda esa gente pueda llegarle nuestro apoyo. Si eso ha ocurrido, me doy por satisfecha”, reflexiona Amparo, que a diferencia de Lucía –mucho más convencida– duda de la reparación que ofrecen estas ceremonias. La de esta tarde la solicitó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien pidió al Arzobispado un homenaje religioso a las víctimas desde la famosa catedral.

Este empezó a las siete, contraprogramando al funeral que había convocado una hora antes en la provincia de Huelva, hacia la que viajaba el Alvia accidentado y a la que pertenecen buena parte de las víctimas. Mientras que en el sur se reunían el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, amparado por el líder nacional del PP y junto a representantes del Gobierno nacional, los reyes de España o familiares de los fallecidos, desde la capital rendían su propio tributo.

Sobre el altar se dedicaron palabras a las víctimas mortales de los trenes y se recordó, especialmente, a aquellas que residían tanto en Madrid como en Alcalá de Henares o Getafe. “La Iglesia hoy no viene a ofrecer respuestas rápidas, sino a compartir el peso del duelo”, mencionaron frente al público que asistía a la misa. “Esta noche queremos estar con quienes han perdido un hijo, una esposa, una hermana o a un vecino. Queremos estar incluso cuando no sabemos que decir”, fue el deseo colectivo que se lanzó al aire.

Un amplio plantel de políticos para homenajear a las víctimas

Fuera de la inmensa catedral, con casi 5.000 metros cuadrados de superficie, un grupo de chicas jóvenes que ha viajado desde Bélgica se sorprende de la presencia policial a las afueras del recinto. Marie, una de ellas, es la única de las cuatro que había oído hablar de Adamuz. “Cogí el avión a España ese domingo horas antes del accidente. Estando aún en tierra vi por la televisión belga que habían chocado dos trenes y, la verdad, me asusté”, cuenta ante la mirada atenta de Adele, una de sus acompañantes. Al final deciden no entrar a la basílica, tal vez para abrir espacio al duelo.

Que se haya conseguido algún tipo de reparación con la ceremonia, tal y como se preguntaba Amparo, es algo difícil de medir. Lo que sí quedó claro es que, al menos durante la hora en la que se prolongaron los rezos y la eucaristía, hubo una breve tregua entre políticos muy dispares. En la primera fila se sentaban el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio; el del Senado, Pedro Rollán, o la propia Ayuso, compartiendo banco con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, también presente en la zona delantera.

Otros políticos municipales de Vox (Javier Ortega Smith), el PSOE (Reyes Maroto e Ignacio Benito) o Carlos Izquierdo (PP) y consejeros como Miguel Ángel García o Borja Carabante ocuparon los asientos posteriores. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también hizo acto de presencia. Pero cualquier posible cruce de represalias había quedado reducido ese día a un tenso silencio sepulcral donde no cabía la trifulca. “What is this?”, preguntaba en inglés un turista que salía en ese momento de su visita a la basílica, ajeno a la tragedia que se conmemoraba en el interior. “Es difícil de explicar”, le respondía otro hombre en un idioma entre el español y el inglés.

“Hoy reina el silencio”, susurraba Marisa, una de las asistentes a la misa mientras buscaba hueco de pie junto a las filas delanteras de la iglesia. Media hora antes de comenzar la misa ya era casi imposible encontrar asiento libre. De las primeras bancadas colgaban carteles de “reservado” para abrir espacio a políticos o allegados y, aunque no sobró ni uno, no se oyeron las réplicas habituales o duras palabras entre administraciones, ni tampoco hubo interrupciones que paralizaran el transcurso de la ceremonia.

O al menos, no mientras duró. Nada más salir se oyeron los primeros gritos o insultos proferidos a las puertas de la catedral. Dos mujeres comenzaron a discutir a viva voz por cuestiones políticas y otro hombre insultaba al presidente del Gobierno elevando una pancarta. La tregua temporal había terminado.

Fusara, la fundación ligada al Arzobispado de Madrid que en 2019 vendió parte de su patrimonio a un fondo inmobiliario y dejó a su merced a 200 familias inquilinas, ha denunciado a sus antiguos directivos. El entramado judicial que rodea a esta y otras dos corporaciones vinculadas a la Iglesia Católica, salpicadas en el caso Fundaciones, da así un nuevo paso en su recorrido por los tribunales: el patronato vigente ha presentado un escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, por el que pide 12 años de cárcel y 108.000 euros de multa para el exdelegado episcopal de fundaciones del Arzobispado, David López Royo, y otros dos miembros de la cúpula en el momento de la venta; así como otros tres intermediarios externos.

La dirección actual de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), a través de su equipo legal, ha calculado un “perjuicio económico” de 8,6 millones de euros por las comisiones que cobraron los investigados por la venta de 14 edificios en pleno centro de Madrid a la sociedad privada Tapiamar –un entramado de sociedades inmobiliarias recién creadas y domiciliadas en casa de la hermana de Alejando Agag, yerno del expresidente José María Aznar– y otro terreno en Valdebebas cuando tres de los seis acusados formaban parte del patronato.

La venta se efectuó el 30 de julio de 2019 por 74 millones de euros, de los que Tapiamar puso solo la mitad. Acordaron con Fusara que los 37 millones restantes se abonarían a lo largo de un año, pero el Registro de la Propiedad detectó irregularidades en el proceso y paralizó la inscripción de compra para cinco de esos inmuebles, congelando también el segundo pago de Tapiamar. El antiguo equipo gestor había destinado buena parte de esa cantidad a adquirir unos terrenos de Metrovacesa (otra promotora inmobiliaria) en Valdebebas, y es esa reinversión de fondos lo que ahora les reprochan desde la nueva directiva.

La acusación particular que ejerce Fusara sostiene, por un lado, que los edificios se vendieron “ignorando tasaciones superiores” y por el espacio en Valdebebas, adquirido por 47,6 millones de euros, se ofreció un 50% más de su valor de mercado. En las gestiones participaron varios miembros del bufete de abogados del grupo Chávarri, cuyo presidente Antonio Chávarri es considerado indiciariamente el “máximo responsable de toda esta operación”, según un auto del 30 de mayo de 2023 en el que el juez de Instrucción, Jaime Serret Cuadrado.

Un plan para “lucrarse” con operaciones innecesarias

El magistrado consideró probable que el empresario “diseñara” un plan “para lucrarse” impulsando a tres fundaciones canónicas para que “vendieran sus inmuebles sin necesidad”. Se investigan indicios de delito de estafa, corrupción entre particulares y administración desleal. Además de Fusara, la de la Santísima Virgen y San Celedonio o la Fundación Padilla también se han visto salpicadas por todo este caso, que va más allá de la venta bajo sospecha de estos 13 inmuebles, uno menos desde que otro acuerdo entre Tapiamar y Fusara el pasado 30 de julio obligara a los primeros a pagar un 54% más de lo acordado inicialmente para satisfacer las pérdidas de su mano y que Fusara retirara la acusación particular contra ellos, como terminó ocurriendo.

Además, acordaron devolver uno de los 14 edificios que les vendieron años atrás, el de la calle del Barquillo (distrito Centro). El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, que investiga el caso, ha levantado además las medidas cautelares impuestas sobre la venta y que impedían a Tapiamar meter mano al edificio. También ha rechazado recientemente la petición de un grupo de vecinos afectados para ampliar la querella e incluir también al patronato actual de la fundación, pero finalmente se mantendrá solo contra sus antiguos miembros y el resto de sospechosos vinculados al grupo Chávarri.

Entre las 200 familias inquilinas cuyo futuro depende ahora de Tapiamar, muchos siguen en vilo ante el temor de que cambien las condiciones de su contrato o traten de expulsarles. La abogada de la asociación de afectados por la venta en el proceso judicial, Mónica Sevil, es también una de las personas que viven de alquiler en alguno de estos bloques de vivienda y defendió desde el primer momento la “imposibilidad de venta” para esos inmuebles, tal y como en su día explicó a Somos Madrid. No obstante, Fusara desmiente que sus principios fundacionales impidan vender su patrimonio, donado en su día para fines benéficos.

El juez acaba de desestimar la solicitud de los inquilinos para incluir a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio en la investigación. Respecto del resto de los investigados (David López Royo, Antonio Chávarri, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage, Jesús Merino y Roberto de Juan), la Sala confirmó que existen indicios de criminalidad y se tramitará para un juicio oral.

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El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar 21 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Se trata de casos en los que se ha podido acreditar su titularidad pública tras haber recabado pruebas en los archivos municipales. La idea inicial del Ejecutivo era buscar un acuerdo con la Iglesia para que los devolviera sin necesidad de acudir a los tribunales, pero hace unos meses el arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, declaró que solo los devolvería si un juez así lo dictaminaba.

Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España, y serán los primeros que la Administración navarra tratará de recuperar. “No vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda, sino que tenemos que valorar a partir de ahora aquellos elementos que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro”, ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.

De los casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, apenas un 33% son edificios religiosos. El grueso de las propiedades son terrenos comunales –fincas y tierras de cultivo– que originariamente pertenecían al común de los vecinos de una localidad, quienes se encargaban de explotarlos y repartirse las ganancias. El Gobierno navarro inició en 2021 el proceso para tratar de recuperarlos pero fue paralizado por un dictamen de la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda. En él, este organismo declaró incompetente al Gobierno de Navarra para investigar esta cuestión, argumentando que “la competencia administrativa de defensa y recuperación de los bienes comunales no corresponde al Gobierno de Navarra, sino a las entidades locales”.

Tras ello, El Ejecutivo foral alcanzó un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), que ha sido renovado este miércoles hasta el 2026, para tener así la potestad para investigar la forma en la que la Iglesia se había apropiado de cada bien y si lo había hecho de forma regular o no. De momento se han adherido ya 139 entidades locales.

Por el momento la investigación ha analizado 174 bienes de 26 entidades locales, un 18% del total de bienes de las entidades adheridas al convenio. De ellos se ha podido identificar 79 fincas concretas -ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos o terrenos, entre otra naturaleza- que el Gobierno navarro entiende que podrían ser susceptibles de justificar y reclamar su titularidad comunal o pública. 21 son casos en los que “se han recabado pruebas para acreditar su titularidad pública, mientras que en los 58 restantes se han encontrado indicios históricos”.

“Desde hace años, muchos ayuntamientos y concejos nos venís trasladando dudas sobre la titularidad de ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos y terrenos que siempre habíais entendido como públicos y que, sin embargo, constan inscritos a nombre de la Iglesia. Esa inquietud, muy ligada a la defensa del comunal y a la identidad de nuestros pueblos, es la que nos ha llevado a impulsar una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada”, ha destacado el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. “Se trata de la primera acción política efectiva que emprende el Gobierno de Navarra en vía administrativa para intentar recuperar bienes que históricamente las entidades locales han ido perdiendo de una manera subterfugia, sobre todo a partir de la puerta que abrió la reforma legal del Gobierno Aznar en 1998, y es una iniciativa que está íntimamente ligada con el desarrollo rural, la defensa del comunal o la memoria colectiva de nuestros pueblos”, ha finalizado Aierdi.

El sacerdote jesuita José Antonio García Quintana, que ejerció como capellán de la cárcel de Asturias entre los años 2015 y 2024, está siendo investigado por una denuncia de presuntos abusos a un menor. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza.

García Quintana nació en Venezuela el 2 de julio de 1962, ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de septiembre de 1982 y fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1995.

Profesor y entrenador de fútbol

Llegó a Asturias en 2007 y, ocho años después, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes y el que, por aquel entonces, era obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, le propusieron que se hiciera cargo de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Oviedo y de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias.

García Quintana formó parte de la comunidad jesuita del Natahoyo, en Gijón, y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de la villa de Jovellanos como sacerdote y párroco. También fue profesor y entrenador de fútbol.

Compromiso con la institución

En el año 2020, fue reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La propuesta de condecoración fue emitida desde la prisión asturiana que, entre sus méritos, destacó “su labor asistencial y compromiso personal con los fines de la institución, su excelente disposición y eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del Centro Penitenciario de Asturias”.

El reconocimiento se entregó en la sala de juntas del centro penitenciario asturiano, con motivo del día de la Virgen de la Merced, patrona de la institución, en un acto sencillo y privado a causa de la pandemia.

Sorpresa ante la denuncia

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española decidió poner al frente del Departamento de Pastoral Penitenciaria a José Antonio García Quintana en 2024 durante su Asamblea Plenaria.

La Compañía de Jesús ha trasladado los hechos denunciados a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal, según recogía ayer la Rtpa.

La denuncia que se ha interpuesto contra él por abusos a un menor ha sorprendido tanto en el Arzobispado de Oviedo como en medios penitenciarios, donde el sacerdote jesuita había colaborado con los sectores más desfavorecidos de lo que él mismo llamaba “el mundo social”.

El Arzobispado de Toledo está desarrollando actualmente “el proceso canónico y eclesiástico que era necesario” respecto al sacerdote de la Diócesis toledana que fue detenido en Torremolinos supuestamente con 'tusi', droga conocida como cocaína rosa, según ha asegurado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

“Desde el primer momento se tomaron todas las medidas cautelares apartando al sacerdote del ejercicio del Ministerio”, ha señalado este miércoles a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025.

En este sentido, el arzobispo de Toledo ha indicado que se están valorando todos los hechos y que sería “una imprudencia” valorar lo que está en proceso de investigación.

Cerro Chaves ha recordado igualmente que paralelamente se está llevando a cabo el “procedimiento civil” contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.

El sacerdote se encuentra en libertad provisional

La investigación se refiere a los hechos conocidos el pasado mes de septiembre, cuando el sacerdote toledano Carlos Loriente fue detenido en Torremolinos (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública al estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

El eclesiástico, que es canónigo de la Catedral de Toledo y director del instituto teológico 'San Ildefonso', se encontraba junto a tres hombres cuando fue parado por los cuerpos de seguridad para una “inspección rutinaria” mientras viajaba en un vehículo alquilado.

Al poseer una cantidad “importante” de este estupefaciente realizaron un registro en la vivienda de uso turístico en la que se alojaban y fue allí donde encontraron más cocaína, por lo que se llevó a cabo el arresto, quedando en libertad provisional al día siguiente.

Luto en la diócesis de Madrid. El obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, uno de los más jóvenes de España (acababa de cumplir 50 años) ha fallecido este miércoles, víctima de un infarto fulminante mientras dormía en el palacio arzobispal de Madrid. El prelado se sintió mal y avisó al otro obispo auxiliar, Vicente Martín, quien llamó a urgencias y avisó al cardenal Cobo. De inmediato, llegó una ambulancia, pero los facultativos no pudieron hacer nada para reanimarlo.

José Antonio Álvarez Sánchez (Madrid, 3 de agosto de 1975) era, uno de los tres obispos auxiliares de Madrid, desde 2024. En el momento su nombramiento episcopal, era el rector del Seminario Conciliar de Madrid, desde mayo de 2018. Además de auxiliar, era el vicario general de la Archidiócesis de Madrid.

Una noticia inesperada, pues no padecía enfermedad conocida alguna. De hecho, algunos curas de Madrid, rotos, apuntan a que ayer mismo presidió, con total normalidad, el Angelus en el Arzobispado.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento esta madrugada de Mons. D. José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, a causa de un infarto”, señala la diócesis en un comunicado. “Pedimos a toda la comunidad diocesana y eclesial que, unidos en la esperanza que no defrauda, se eleven plegarias por su eterno descanso. Su cuerpo será velado en la cripta de la catedral. Esta tarde, a las 19h, se celebrará una misa en la catedral”, añaden.

El sacerdote de Toledo detenido en Torremolinos (Málaga) el pasado lunes, 22 de septiembre, en posesión de drogas, ha quedado en libertad provisional tras ordenarlo el Juzgado de Instrucción número 5 de dicha localidad.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han confirmado que el hombre, que fue puesto a disposición judicial este pasado martes, se acogió a su derecho a no declarar y deberá comparecer en sede judicial cuantas veces sea convocado.

Según han indicado, está investigado por la presunta comisión de un delito de salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, ya que, han apuntado, en su poder le fueron intervenidas varias pequeñas cantidades de diferentes sustancias que en su totalidad superaban la considerada para el autoconsumo.

La causa sigue su tramitación en este mismo juzgado, que se encontraba de guardia cuando se produjo la detención y la puesta a disposición judicial del investigado, y se encuentra pendiente del análisis de las sustancias intervenidas.

La Policía Nacional de Torremolinos detuvo a este hombre por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública después de ser sorprendido la madrugada del 22 de septiembre con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes.

Al parecer, el cura había alquilado un apartamento vacacional en la localidad malagueña con varios jóvenes, donde habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes, según la información adelantada por Diario 'SUR'. A altas horas de la noche, uno de los turistas comenzó a armar escándalo y hasta el lugar acudieron agentes de Policía Nacional que encontraron la sustancia.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo confirmó la detención de este sacerdote de la Archidiócesis. En un comunicado enviado este pasado martes, el Arzobispado ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención, y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

También expresaron su “plena confianza” en la justicia, y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, y manifestaron su disposición a “colaborar” con ella.

Asimismo, declararon que el propio Arzobispado de Toledo ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio

La Diócesis de Málaga comunicó oficialmente que el clérigo “ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo”.

Un sacerdote de Toledo ha sido arrestado en Torremolinos (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública. Lo adelantaba El Español-El Digital de Castilla-La Mancha que detallaba la detención de este religioso “por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa”.

El eclesiástico, Carlos Loriente, se encontraba junto a tres hombres cuando fue parado por los cuerpos de seguridad para una “inspección rutinaria” mientras viajaba en un vehículo alquilado. Al poseer una cantidad “importante” de este estupefaciente realizaron un registro en la vivienda de uso turístico en la que se alojaban y fue allí donde encontraron más cocaína, por lo que se llevó a cabo el arresto.

En un primer momento de la detención, Carlos Loriente se identificó como 'rector del seminario toledano', sin embargo es canónigo de la Catedral de Toledo y director del instituto teológico 'San Ildefonso'.

El Arzobispado de Toledo lamenta “profundamente” los hechos

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua. La institución eclesiástica ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

La Archidiócesis ha querido expresar su “plena confianza” en la Justicia y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, ha manifestado su disposición a “colaborar” con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde entidad eclesiástica han pedido “perdón por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis”.

Septiembre de malas noticias para los inquilinos de la Iglesia en Madrid. Después de que este verano trascendiera un acuerdo entre la fundación católica que gestionaba los edificios donde residen, Fusara, y la sociedad inmobiliaria Tapiamar, que compró las viviendas en 2019, los vecinos de estos 13 inmuebles en vilo (uno menos que al momento de la venta) muestran su desconcierto ante un último giro de tuerca: el Arzobispado de Madrid se retira como acusación particular en la causa contra esta empresa privada, que investiga a los compradores y otros implicados en la transacción por posibles delitos de corrupción o estafa.

Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid dictaminó una providencia a raíz de la solicitud de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del Arzobispado, que renuncia a presentar acciones penales o civiles contra Tapiamar. Con este último movimiento, la presión sobre la sociedad disminuye pese al rechazo de los vecinos, que pugnan por mantenerse en sus domicilios alquilados desde que recibieron por burofax la noticia del cambio de propiedad.

“No podemos entender cómo el Arzobispado perjudica de esta forma a la fundación, en un momento inmejorable para los intereses de Fusara”, considera Jesús, uno de los residentes afectados, que como el resto conoció el miércoles la retirada judicial y ahora la cuestiona por no buscar que se restituyan “todos los daños y perjudicios”. “Sería un fracaso enorme de la sociedad que un patrimonio inmobiliario con un claro fin social acabara en manos de fondos buitre”, destaca el vecino, con más de 14 años como inquilino en uno de esos inmuebles.

El pasado 30 de julio, la sociedad privada Tapiamar accedió a pagar un 54% más de lo acordado inicialmente para oficializar sin perjuicios la compra de 14 edificios residenciales a una fundación de la Iglesia, Fusara, que los obtuvo a través de donaciones con fines benéficos. La venta se efectuó por 74 millones de euros a este entramado de empresas, que terminan en el domicilio de la hermana de Alejando Agag. Finalmente y con los giros de este verano, según publicó El Confidencial, Fusara recibirá 99 millones de euros en efectivo y la empresa recibirá un inmueble menos, el edificio de la calle del Barquillo. Recuperarlo era parte del acuerdo al encontrarse ahí su sede.

Por su parte, la fundación se desmarca de lo que considera un “plan personal para lucrarse” organizado por altos cargos internos en el momento de la venta. En declaraciones a este periódico, fuentes de Fusara conciben lo ocurrido como una consecuencia lógica después del acuerdo extrajudicial alcanzado en verano. Como esos inmuebles se vendieron de forma presuntamente fraudulenta, hablaron con Tapiamar “para que subieran el precio y lo ajustaran al de mercado”. Una vez que eso se consiguió en julio, decidieron retirar su acusación particular contra esta sociedad. “Entendimos que nuestra parta ya estaba saldada; eso no quita que un juez pueda determinar si deben seguir como investigados o no”, detallan las mismas fuentes.

Como desde 2019 aún no habían recibido algunos pagos correspondientes por la venta ya zanjada, explican que comenzaron a tener problemas de financiación y por eso decidieron apurar un acuerdo fuera de los tribunales: lo vieron la salida más ágil al problema. “La viabilidad económica estaba en juego, por eso era un acuerdo importante”, aclaran, especificando que desde el año de la transacción ya no percibían el alquiler de las rentas.

Respecto a la acusación vecinal de que esta transacción rompe con los valores fundacionales de la entidad (destinar sus fondos a fines benéficos). Fusara específica que el fin de la fundación es la educación y asistencia a menores en riesgo de exclusión social a través de sus dos residencias y colegios, y que los estatutos contemplan la posibilidad de vender los edificios destinado al alquiler para cumplir este fin. En resumidas cuentas, avalan la venta efectuada aunque no al precio inicialmente marcado.

Por qué se paralizó la venta de los edificios de la Iglesia

Tapiamar adquirió en 2019 más de una decena de bloques en el centro de la capital por 74 millones de euros, que coordinaba esta fundación católica. La denuncia de los inquilinos, más de 200 familias afectadas por la compra, cuestionó el acuerdo y abrió el debate sobre una supuesta trama que hacía negocio a costa de fundaciones religiosas como Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), o Molina Padilla. Los edificios de Fusara reúnen 188 viviendas cuyo gobierno ejercía la entidad católica.

En el momento de la compra a Fusara, Tapiamar era una sociedad recién creada administrada únicamente por Roberto de Juan a través de un intermediario, el despacho de Chávarri Abogados. El primero acabó imputado en 2024 durante la investigación del caso Fundaciones por un posible delito de estafa, después de admitir a trámite los recursos desde la acusación que pedían levantar medidas cautelares e incluir a compradores como De Juan, que se sumó a otros imputados relacionados o bien con el bufete de abogados o con las fundaciones del Arzobispado.

El Registro de la Propiedad ya frenó inicialmente la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso, ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes. Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron.

La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid, que entonces era Manuela Carmena –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno de aquel momento, María Paz García Vega, no asistieron aunque sí delegaron su voto. Se posicionaron a favor y ambos confirmaron en su día que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando.

“La Iglesia de los pobres” está inmersa en un negocio millonario. Esta expresión popular se atribuye a un mensaje radiofónico del Papa Juan XXIII y reivindica la institución católica como un lugar que pretende ser, ante todo, para los humildes. Más allá del ideal, todas las entidades –religiosas incluidas– necesitan dinero para mantenerse a flote. Según el Arzobispado de Madrid, el 25% se cubre a través de donaciones voluntarias en la declaración de la renta. El otro 75% surge de donativos mayores o colectas, así que para generar solvencia también se saca partido a estas propiedades. Precisamente la archidiócesis madrileña lleva años inmersa en una pugna a tres bandas: con un fondo inmobiliario, con el propio Vaticano y con más de 200 familias que residen como inquilinas en alguno de los pisos que gestiona. Ahora temen ser expulsadas, más después de un último acuerdo en verano.

Algunos pagan entre 900 y 1.000 de media por pisos de unos 70 metros cuadrados en el centro de Madrid. Son precios bajos si se comparan con la situación actual del mercado en la zona, donde para un tamaño similar el alquiler mensual oscila entre los 1.500 y 3.000 euros de media según el portal inmobiliario Idealista. Los vecinos consultados explican que esto se debe principalmente a la antigüedad de los inmuebles y a la finalidad de los edificios, que fueron donados con idea de destinarse a uso social. Es uno de los principales argumentos que esgrimen las familias e inquilinos: muchos afirman haber invertido miles de euros en reformas y haber sido advertidos antes de firmar de los edificios eran “invendibles”, pues eran bienes gestionados por la Iglesia. Sin embargo, hace años todo dio un giro de 180 grados.

El llamado caso Fundaciones, que involucra a varias entidades dependientes del Arzobispado de Madrid y ha sentado en el banquillo a algunos de sus cargos, suma nuevos capítulos. El pasado mes de julio, la sociedad privada Tapiamar accedió a pagar un 65% más de lo acordado inicialmente para oficializar sin perjuicios la compra de 14 edificios residenciales a una fundación de la Iglesia, Fusara, que los obtuvo a través de donaciones con fines benéficos. Finalmente, según publicó El Confidencial, Fusara recibirá 99 millones de euros en efectivo y la empresa recibirá un inmueble menos, el edificio de la calle del Barquillo. Recuperarlo era parte del acuerdo al encontrarse ahí su sede.

Tapiamar adquirió en 2019 más de una decena de bloques en el centro de la capital por 74 millones de euros, que gestionaba esta fundación católica. La denuncia de los inquilinos, más de 200 familias afectadas por la compra, cuestionó el acuerdo y abrió el debate sobre una supuesta trama que hacía negocio a costa de fundaciones religiosas como Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), o Molina Padilla. Los edificios de Fusara reúnen 188 viviendas cuyo gobierno ejercía la entidad católica.

Sin embargo, la querella presentada por los residentes después de recibir la noticia de la venta por burofax –afirman no haber recibido aviso alguno durante la negociación y les notificaron directamente con el cambio de propiedad– paralizó la transacción con Tapiamar. El caso se vinculó a la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por otra fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, una de las zonas más cotizadas de la capital, y ambos procesos acabaron judicializados.

Ocurrió mientras el Juzgado número 51 de Madrid investigaba posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal con la venta de Fusara y se presentó una segunda querella, impulsada por los parroquianos del Bernabéu al cederse otro terreno de la Iglesia a la Universidad de Nebrija. Anticorrupción detectó algunos nexos entre ambas operaciones y, en noviembre de 2020, envió a la Fiscalía de Madrid sus sospechas sobre la existencia de una única trama inmobiliaria vinculada a operaciones en fundaciones religiosas. El periplo en los tribunales sigue hasta hoy día, y el reciente acuerdo sellado este verano entre Fusara y Tapiamar ya ha revuelto las aguas.

Los vecinos piensan impugnar el acuerdo entre Fusara y Tapiamar

“Ese pacto lo impugnaremos”, adelanta Mónica Sevil, abogada de los vecinos de los 14 edificios del centro que, además, es inquilina desde 2014. Se mudó con sus hijas en uno de los inmuebles gestionados por el Arzobispado de Madrid después de contactar con la fundación. Buscaba un sitio de alquiler a larga duración porque las niñas tenían el colegio cerca y necesitaba un apartamento donde establecer su despacho. Según su relato, había mirado otra opción que le ofrecía un plazo de 15 años pero, como en sus conversaciones con los religiosos le indicaron directamente que esos bienes eran “invendibles”, tal y como ella reproduce, decidió que esa opción le ofrecería más estabilidad.

En octubre de 2019 recibieron el aviso de que habían vendido su domicilio. “Alegaron que teníamos contratos a bajo coste y las casas no estaban lo suficientemente bien explotadas en esas condiciones, pero se están saltando las normas”, advierte la vecina y letrada. Según la Ley de Fundaciones en su quinto capítulo, que regula entre otras cosas las actividades económicas de estas entidades, se establece que las transacciones deberán estar “relacionadas con los fines fundacionales” o ser “complementarias o accesorias de las mismas”. Se prevén algunas excepciones, pero Sevil defiende que su caso no es una de ellas.

Destaca la inversión de muchos vecinos en remodelar de su bolsillo las viviendas alquiladas, con una inversión que para su casa cifra en 35.000 dada la antigüedad de los pisos. “Era parte del acuerdo: el precio sería más bajo, pero nosotros contribuiríamos al mantenimiento de cada inmueble”, asegura, señalando con esto que el precio medio de los bloques ha subido con las obras de reforma y “es el Arzobispado quien se lucra de ello pese no ser su dueño de facto, sino el gestor de unas donaciones que se cedieron pensando en causas benéficas o sociales”. Y en este sentido, considera que “la venta de edificios a un fondo inmobiliario en el Madrid que tenemos no lo es”.

En 2020, ante la tormenta mediática que se avecinaba con el caso, el entonces arzobispo Carlos Osoro movió ficha e intentó abortar los dos pelotazos urbanísticos impulsados por la fundación católica, negociando directamente con los compradores con tal de revertir las ventas. Años después, el pulso continúa. En estos momentos la abogada de los vecinos prepara un escrito contra el acuerdo de finales de julio entre Fusara y la sociedad Tapiamar para expresar, en nombre de los vecinos, que este último movimiento “ratifica una estafa a la propia fundación” al sellar, a su parecer, un “un expolio de su patrimonio a menos de la mitad de lo que vale”. Eso aún está por comprobarse, pero en un auto del juzgado que investiga el caso se determinaron “sólidos indicios” de estafa.

Uno de los vecinos en los edificios de Fusara, visto el panorama, envió un escrito al Papa advirtiendo del acuerdo al que había llegado la fundación. El Vaticano envió como emisario a Javier Belda, abogado canónico, para supervisar los hechos y conocer al denunciante. El inquilino en cuestión es Jesús, que alquila desde hace 14 años uno de los inmuebles en la zona. “Ha sido una lucha y, a mi parecer, necesaria: una casa no es un lugar cualquiera, sino aquel en el que amas, piensas, meditas o haces toda tu vida. Sentí una fuerte injusticia cuando me enteré de la venta y, por qué no decirlo, cierta rabia por la desvergüenza de la Iglesia”, señala en una conversación con Somos Madrid. En estos momentos prepara otro escrito para enviarlo al nuevo Papa, León XIV, informando del último acuerdo “a espaldas de la Justicia”.

Comprador, intermediarios y otros investigados en el banquillo

En el momento de la compra a Fusara, Tapiamar era una sociedad recién creada administrada únicamente por Roberto de Juan a través de un intermediario, el despacho de Chávarri Abogados. El primero acabó imputado en 2024 durante la investigación del caso Fundaciones por un posible delito de estafa, después de admitir a trámite los recursos desde la acusación que pedían levantar medidas cautelares e incluir a compradores como De Juan, que se sumó a otros imputados relacionados o bien con el bufete de abogados o con las fundaciones del Arzobispado.

El Registro de la Propiedad ya frenó inicialmente la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso, ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.

Fusara tampoco subsanó la situación en el plazo establecido: diez días después, el órgano de control seguía sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes.

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La Archidiócesis de Toledo ha querido marcar distancia con la Asociación Pública de Fieles 'Hijas del Amor Misericordioso' (HAM), tras su intervención y disolución por parte del Arzobispado de Madrid tras una investigación en la que se apunta a acusaciones de comportamientos sectarios, abusos sexuales, espirituales y de autoridad por parte de sus responsables.

De esta manera, han querido aclarar que la asociación dirige una casa de espiritualidad en la localidad de Ocaña, desde el año 2017, en el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas. La archidiócesis explica que fue la comunidad la que ofreció el uso del inmueble, pero que en la casa “no reside una comunidad estable” de miembros de HAM.

Por otro lado, y en cuanto a la presencia de la asociación en la localidad de Escalona desde el mes de septiembre de 2024, aseguran que fue en “todo momento temporal y provisional” y que se permitió “motivada por la necesidad urgente de comenzar el curso académico 2024-2025”.

Todo ocurrió, señalan desde el Arzobispado, mientras se tramitaba una “posible instalación” en el convento de las Madres Capuchinas de Toledo. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Archidiócesis conoció la investigación abierta contra la hermana María Milagrosa Pérez Caballero, así como de las medidas cautelares dispuestas por Arzobispo de Madrid.

Fue entonces cuando se comunicó “de forma inmediata” a la asociación que no podrían instalarse en el convento de Toledo; la fecha de comunicación fue el 19 de diciembre del año pasado.

Finalmente, en abril de este año, “tras un tiempo de discernimiento pastoral y consultas pertinentes” el Arzobispado decidió no renovar el permiso para que la comunidad permaneciera en Escalona. Consideraban que “una comunidad formativa de esa naturaleza debía estar bajo la jurisdicción directa del Ordinario de la diócesis donde ha sido erigida la Asociación, en este caso, la Archidiócesis de Madrid”, rematan desde la archidiócesis toledana.

Fue el propio Arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Cháves, el que comunicó la decisión a través de una carta a la responsable de HAM. Finalmente, aclaran que se les daba “margen suficiente para el traslado”, dos meses, “con el único propósito de favorecer un mayor acompañamiento eclesial por parte de su Ordinario, en el contexto particular que vive la Asociación”.

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha alertado este sábado sobre los intentos de captación de dinero que de manera fraudulenta se están llevando a cabo a través de llamadas telefónicas que suplantan la voz de su arzobispo, José Rodríguez Carballo.

Estas llamadas, en las que supuestos estafadores usan inteligencia artificial y datos públicos para imitar la voz y el nombre del arzobispo, buscan engañar a las personas solicitando donaciones para campañas religiosas y sociales, según ha advertido.

La Archidiócesis ha subrayado que que en ningún momento el arzobispo, ni ningún miembro de la curia diocesana, realiza solicitudes de ayuda económica por teléfono, ni a través de medios digitales o telemáticos. “Cualquier petición de ayuda de esa naturaleza siempre será comunicada de manera personal y directa, y nunca mediante llamadas”, ha apuntado en este sentido.

“Este tipo de llamadas constituyen una estafa o fraude, en la que los delincuentes buscan aprovecharse de la buena voluntad de las personas, usurpando la identidad del arzobispo o sus colaboradores para obtener beneficios económicos o materiales”, ha afirmado.

Por ello, la Archidiócesis ha hecho un llamamiento para que no se haga caso a estas llamadas, no se comparta información personal y se denuncie “inmediatamente” ante las autoridades competentes cualquier intento de fraude.

Además, ha pedido que se le informe de estos casos “para poder tomar las medidas correspondientes y colaborar en la prevención de estas prácticas ilícitas”. Ha agradecido además “la colaboración de todos para mantener la seguridad y la confianza en nuestra labor pastoral”.

La misa en la Basílica de Covadonga que oficia el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el 8 de septiembre, en la festividad del Día de Asturias, no será retransmitida de forma íntegra por la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA).

La cadena de televisión autonómica cambiará su formato habitual y en vez de emitir completo el acto religioso solo ofrecerá información dentro de la cobertura propia de las actividades programadas en esta fiesta regional.

La decisión fue adoptada por una amplia mayoría del Consejo de Administración de RTPA en su reunión mensual celebrada el pasado 13 de enero. Cuatro meses después de que se llegara a este acuerdo, por seis votos a favor, uno en contra y una abstención, el PP ha mostrado públicamente su queja a través del diputado Manuel Cifuentes.

Críticas del PP y aplauso de IU

El diputado conservador ha denunciado este jueves “el sectarismo del PSOE” al considerar que esta decisión del consejo priva a los asturianos de seguir en directo el desarrollo de la misa, en una interpretación política donde atribuye esta situación al enfrentamiento de los políticos socialistas con el arzobispo.

Por el contrario, el consejero en representación de IU, Vicente González Bernaldo de Quirós, sostiene que la cadena puede dar información sin que obligatoriamente tenga que hacer una retransmisión en directo de una misa, al igual que no se hacen de otros eventos.

El Consejo de Administración

El Consejo de Administración cuenta con una amplia representación del abanico político, con consejeros del PSOE, PP, IU, Podemos y Ciudadanos.

El Consejo de Administración está integrado por el director general Francisco González Orejas y forman parte como consejeros Carmen Veiga Porto, Adolfo Camilo Díaz López y Norma Bernad Romeo en representación del PSOE; Jorge Hurlé Palacio y Eva San Román Noriega por el PP; Almudena Iglesias Celorio en nombre de Ciudadanos; Alfonso Suárez Suárez por Podemos y Vicente González Bernaldo de Quirós en representación de IU.

Un acuerdo con amplia mayoría

El director general, Francisco González Orejas, ha confirmado a elDiario.es Asturias que el Consejo de Administración mantuvo el 13 de enero su reunión ordinaria mensual y debatió esta cuestión que se incluía en el punto sexto del orden del día.

El acta del Consejo de Administración en el que se adoptó la decisión recoge expresamente que hubo un prolongado intercambio de opiniones al respecto.

A continuación, se hace constar que se analizó el tratamiento que a los actos religiosos se da en la celebración de las distintas festividades de otras comunidades autónomas por parte de las radiotelevisiones públicas de las mismas.

Una vez debatidas estas cuestiones, el órgano colegiado, con seis votos a favor, una abstención y un voto en contra, llegó al acuerdo de eliminar la retransmisión de la Misa de Covadonga el Día de Asturias, “dando cobertura mediática al acto religioso dentro de la cobertura propia del día de Asturias”.

Dos votos diferentes del PP

La decisión del Consejo de Administración ha sentado muy mal dentro de las filas del PP. Paradójicamente, los dos representantes que forman parte de éste órgano en representación del partido que lidera Álvaro Queipo en el Principado emitieron votos diferentes: una abstención y un sufragio en contra de la eliminación de la retransmisión de la misa en directo.

Los consejeros del PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos votaron a favor de limitar su cobertura mediática al acto religioso dentro de una información más amplia del Día de Asturias.

Las críticas de los conservadores

El diputado Manuel Cifuentes fue muy crítico esta mañana con la cadena autonómica a la hora de valorar este acuerdo del Consejo de Administración. Él fue el encargado de trasladar estas críticas a la opinión pública a través de una rueda de prensa donde aseguró que eliminar la retransmisión íntegra del acto religioso es “un paso más” del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, y de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, “en la confrontación con el arzobispo de Oviedo”.

A su juicio, aunque “es legítimo que los socialistas no estén de acuerdo con las homilías del arzobispo”, ha dicho, “no lo es que el Gobierno de Barbón mete las manos en la televisión pública para enfrentar y dividir a los asturianos”.

“No es una decisión casual”

Cifuentes ha recordado que esta es la primera vez que no se retransmite la misa en directo desde que comenzó a emitir la RTPA en el año 2006.

“No tenemos ninguna duda de dónde viene esta prohibición. No es una decisión casual, ya que todos hemos sido testigos de la estrategia de confrontación en los últimos años del PSOE con el arzobispo de Oviedo”, ha señalado.

También ha hecho hincapié en que el año pasado tanto el presidente del Principado como la delegada del Gobierno no acudieron a esta misa por primera vez, “rompiendo la tradición de todos los presidentes del Principado de acompañar a todos los asturianos en una celebración tan importante como el Día de Asturias”.

La televisión pública regional es de todos los asturianos y es inaceptable el sectarismo con el que se intenta manchar un día de unión de todos los asturianos por encima de las ideologías

Manuel Cifuentes — Diputado regional del PP

Cifuentes: “Es inaceptable el sectarismo”

El diputado considera que no emitir en directo la misa supone “privar a miles de asturianos, que no pueden asistir en persona a esta celebración, que la puedan disfrutar a través de la televisión pública, como viene sucediendo hasta ahora con una audiencia de miles de personas”.

“La televisión pública regional es de todos los asturianos y es inaceptable el sectarismo con el que se intenta manchar un día de unión de todos los asturianos por encima de las ideologías”, recalca Cifuentes.

Todo lo contrario opina Vicente González Bernaldo de Quiros, que forma parte del Consejo de Administración de la RTPA en representación de IU y votó a favor de la eliminación de la retransmisión íntegra del acto religioso.

El arzobispo hace un mitin de ultraderecha en la misa de Covadonga y pretende que todos los asturianos lo vean en esa campaña de polarización que, desde que llegó Álvaro Queipo a la presidencia del PP en Asturias, está planteándose de una manera bastante exagerada

Vicente González Bernaldo de Quirós — Miembro del Consejo de Administración en representación de IU

IU: “La misa es un mitin de ultraderecha ”

Bernaldo de Quirós defiende que una misa “no tiene por qué ser obligatoriamente retransmitida por la TPA, al igual que no se retransmiten en directo los plenos de la Junta General del Principado o las reuniones de la patronal de empresarios FADE”, asevera.

El consejero de IU cree que hay que diferenciar dos temas en esta controversia: “una cosa es dar información y otra que obligatoriamente haya que hacer una retransmisión en directo”, advierte.

Bajo su prisma, el Arzobispado utiliza la misa de Covadonga “para hacer política y campaña contra el presidente del Gobierno asturiano”.

Bernaldo de Quirós opina que el arzobispo, que se caracteriza por que habitualmente “hace un mitin de ultraderecha en la misa de Covadonga”, pretende que “todos los asturianos lo vean en esa campaña de polarización que, desde que llegó Álvaro Queipo a la presidencia del PP en Asturias, está planteándose de una manera bastante exagerada”, argumenta.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra quiere plantear al Arzobispado de Pamplona una negociación “prejudicial” para la devolución de aquellos bienes comunales inmatriculados por la Iglesia. Según los cálculos del Ejecutivo navarro son unos 272, que representan solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021.

El Gobierno navarro está realizando, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), una investigación en los archivos municipales para reunir documentación que acredite que esos bienes eran en efecto propiedad de los vecinos y que la Iglesia se los inmatriculó. Para ello se ha contratado a una persona que está llevando a cabo este trabajo.

Es importante realizar una exhaustiva y rigurosa labor previa de acopio documental y acreditación para poder armar jurídicamente con solvencia la futura reclamación de bienes comunales inmatriculados y garantizar, por tanto, la viabilidad de esa futura demanda judicial“, ha señalado el consejero José María Aierdi en el Parlamento navarro en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de Contigo/Zurekin Carlos Guzmán.

Una vez obtenida toda la documentación, el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente buscará una negociación “prejudicial” con el Arzobispado para no tener que recurrir a la vía judicial. Confían en la disposición de la Iglesia a explorar esta vía tras unas declaraciones del arzobispo de Pamplona, Lorenzo Roselló, en las que mostró su voluntad de devolver estos bienes.

De no ser así, el consejero José María Aierdi ha avanzado que el Gobierno navarro se ofrecerá a los ayuntamientos a personarse en una causa judicial. Se da la circunstancia de que muchos de los municipios afectados son pequeños y con poca población y no cuentan con los recursos suficientes para pleitear contra la Iglesia. “Esta es una cuestión de competencia municipal, nosotros completaremos los informes y dejaremos la documentación en manos de los municipios para que desarrollen la demanda. En caso de que no tuvieran medios para actuar y nos delegasen, actuaríamos en su lugar”, ha explicado.