El caso de corrupción más importante de la Comunitat Valenciana en cuanto a volumen de dinero público malversado y personas procesadas -25- ya tiene sentencia. La Audiencia de Valencia ha concluido que una trama de empresarios, políticos y funcionarios urdieron una red para repartirse los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos y a las obras de reforma y mantenimiento de la depuradora de Pinedo (Valencia), la segunda más grande de España en volumen de tratamiento de lodos, entre los años 2004 y 2010.

Por el agujero de 23,6 millones de euros en la empresa pública Emarsa que acabó en reparto de mordidas, regalos de lujo y gastos suntuosos, la Audiencia de Valencia ha condenado a 10 años de cárcel a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa; a 12 y seis meses al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; y a 9 al que fuera gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, la sociedad dependiente de la Generalitat que inyectaba el dinero público para financiar los gastos, hasta 100 millones de euros en los seis años investigados. Se les atribuyen los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público, unos cargos a los que en el caso de Cuesta se le suma el de cohecho.

Al exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia y extrabajador de Emarsa Juan Carlos Gimeno, el tribunal le ha condenado a cuatro años y seis meses de reclusión.

Esteban Cuesta ha recibido la mayor pena pese a su confesión pública ante el juzgado de instrucción mientras que Ignacio Bernácer, el número dos de Morenila, ha visto reducida su pena a tres años y medio al reconocer los hechos y señalar a Crespo y Morenilla como cerebros. El empresario en prisión Jorge Ignacio Roca también ha sido condenado a seis años y un día de prisión, así como Enrique Sena y Vicente Ros, que deberán cumplir seis años y un día y seis años y medio respectivamente. Estos tres empresarios, según la Audiencia de Valencia, fueron los instrumentos utilizados para saquear la planta a través de los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos.

El tribunal relata pormenorizadamente los problemas económicos de Emarsa y asegura: “La deficitaria economía que siempre ha caracterizado a Emarsa, era plenamente conocida por el Presidente del Consejo de Administración de Emarsa y consejero delegado, a la sazón Presidente de la Emshi, Enrique Crespo quien, lejos de iniciar actuaciones tendentes a recuperar el equilibrio financiero, orquestó junto a los acusados, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer y Esteban Cuesta un mecanismo para apoderarse de los fondos públicos que Emarsa recibía, en su mayor parte de la Epsar, destinándolos a sus propias atenciones”.

Y añade: “Enrique Crespo, gracias a su condición de consejero delegado, evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa por parte del consejo de administración, permitiendo al gerente administrarla a su antojo, desviando fondos en cuantía millonaria en su propio beneficio o en el de terceros con los que mantenía vinculaciones de tipo personal y/o afinidad política”.

Respecto a la trama de sobrecostes en las obras de reforma y en los gastos suntuosos en viajes y regalos de lujo, el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal ha sido condenado a ocho años y seis meses mientras que el informático de la depuradora y empresario Sebastián García Martínez “Chanín” ha sido condenado a siete años y seis meses de cárcel.

Conformidades

Antes del juicio reconocieron los hechos a cambio de devolver el dinero y de no entrar en prisión, el extendiente de alcalde de Moncada Luis Botella de las Heras y los cargos del PP de Rita Barberá y tesoreros de Emarsa Santos Peral e Ignacio Martínez Maiques. En total, doce acusados han visto reducidas sus penas al reconocer los delitos.

El juez ha abierto juicio oral a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de València y expresidente de Emarsa, y a Enrique Crespo, exgerente de la misma empresa de gestión de aguas, como autores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y también al empresario Jorge Ignacio Roca, como supuesto cómplice de los anteriores

Los acusados, pendientes también de condena desde el pasado mes de diciembre por el presunto saqueo de la empresa pública, fueron acusados de concertarse con empresas y personas para la emisión de facturas a Emarsa simulando la prestación de servicios o la entrega de bienes que realmente no estaban siendo prestados o se hacían por un precio inferior al facturado.

De entre los proveedores que facturaron a Emarsa hubo que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa, fue el caso de las empresas gestionadas por Jore Ignacio Roca: Erwinin, Zonday Investments y Printergreen.

Los cuatro delitos contra la Haciendo Pública son un delito por cada ejercicio en el que se habría producido el fraude (entre los años 2006 y 2009), ascendiendo la cantidad total a 1.395.798,16 euros, que reclama la Agencia Tributaria.

Además el juez señala las empresas de Roca como responsables civiles subsidiarias, así como también a la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), heredera de Emarsa.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido 14 años de prisión y una multa de 3,3 millones de euros para Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Jorge Ignacio Roca por estos delitos fiscales.

El judici del cas Emarsa ha quedat vist per a sentència després de set anys d'instrucció. En l'última declaració dels acusats, fins a quatre dels principals processats han mostrat el seu penediment i han demanat perdó. Es tracta de l'exgerent Esteban Cuesta, l'exdirector financer Enrique Arnal i els empresaris Sebastián García Martínez i Jorge Ignacio Roca.

Per la seua banda, José Juan Morenilla, l'exalt càrrec de la Generalitat del PP investigat, ha tornat a defensar la seua innocència: “S'ha truncat una carrera professional de trenta anys. Mai no es podrà reparar el meu honor”.

El més contundent en la seua declaració ha sigut Roca, que ha dit que mentre uns altres segueixen en el carrer, ell porta dos anys i mig i catorze dies en la presó, privat de llibertat i sense veure als seus tres fills. L'empresari li ha dit al tribunal: “Dues de les persones que s'han portat el noranta per cent dels diners no han sigut jutjats en en aquest procés”. Es tracta dels empresaris José Luis Sena i Joan Borrás.

Roca ha revelat que ell era 'el gordito' que apareixia en els enregistraments entre diversos acusats, a qui li volien “penjar el mort”.

Tots els acusats que han parlat han apel·lat a la benevolència del tribunal i han assegurat que els set anys d'instrucció els han arruïnat la vida. Un exemple d'això ha sigut Esteban Cuesta. “No he passat ni un sol dia en què no m'haja penedit. Torne a demanar perdó al poble valencià i a tots als que he fallat”, ha sentenciat l'exgerent de l'empresa pública.

El juicio del caso Emarsa ha quedado visto para sentencia después de siete años de instrucción. En la última declaración de los acusados, hasta cuatro de los principales procesados han mostrado su arrepentimiento y han pedido perdón. Se trata del exgerente Esteban Cuesta, el exdirector financiero Enrique Arnal y los empresarios Sebastián García Martínez y Jorge Ignacio Roca.

Por su parte, José Juan Morenilla, el exalto cargo de la Generalitat del PP investigado, ha vuelto a defender su inocencia: “Se ha truncado una carrera profesional de treinta años. Nunca se va a poder reparar mi honor”.

El más contundente en su declaración ha sido Roca, quien ha dicho que mientras otros siguen en la calle, él lleva dos años y medio y catorce días en la cárcel, privado de libertad y sin ver a sus tres hijos. El empresario le ha dicho al tribunal: “Dos de las personas que se han llevado el noventa por ciento del dinero no han sido juzgados en en este proceso”. Se trata de los empresarios José Luis Sena y Joan Borrás.

Roca ha revelado que él era 'el gordito' que aparecía en las grabaciones entre varios acusados, al que le querían “colgar el muerto”. 

Todos los acusados que han hablado han apelado a la benevolencia del tribunal y han asegurado que los siete años de instrucción les han arruinado la vida. Un ejemplo de ello ha sido Esteban Cuesta. “No he pasado ni un sólo día en el que no me haya arrepentido. Vuelvo a pedir perdón al pueblo valenciano y a todos a los que he fallado”, ha sentenciado el exgerente de la empresa pública.

La defensa de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, ha descrito a su cliente como un “tonto útil” y ha asumido parte de su responsabilidad por haberse beneficiado del fraude. Pero ha advertido de que las irregularidades ya existían antes de su llegada y ha expuesto que obedecía órdenes. Al mismo tiempo, ha aseverado que asumió el “encargo del PP” de ser gerente de esta mercantil “podrida y saqueada”.

Así se ha pronunciado este miércoles el abogado de Cuesta en la penúltima sesión del juicio de la pieza principal del caso Emarsa que ha sentado en el banquillo a 24 acusados. Mañana está previsto conceder la última palabra a los encausados.

Durante la exposición de su informe, el letrado ha excusado la presencia de su representado en el plenario porque había tenido dos guardias sanitarias en el centro en el que trabaja de camillero. “Está colaborando con la ciudadanía como enfermero”, ha manifestado.

Ha aclarado, así mismo, que cuando su representado -que se enfrenta a 24 años de prisión- aterrizó en Emarsa, en mayo o junio de 2004, “ya estaba la trama establecida”. “Se trataba de una empresa instrumentalizada creada y usada por todos los partidos políticos, siendo un espectro político de las Corts”, ha descrito.

Cuando Cuesta, exalcalde de Benimàmet, llegó a la entidad, ha insistido, lo hizo por sus “aspiraciones” y “ambiciones” y por seguir “directrices políticas”. “Asumió el encargo del PP de ser gerente de una entidad que estaba siendo saqueada años antes”, ha insistido. “Emarsa estaba podrida -ha agregado-, olía mal desde el primero hasta el último. No llevaban Coco Chanel”, ha ironizado.

Y ha reiterado sobre la mercantil: “Emarsa tenía una estructura política que empleaba a todos los enchufados. Todos los enchufados que no servían para otra cosa más que para cobrar, obedecían aquí el sistema prestablecido”, ha subrayado.

El letrado ha recordado, tal y como manifestó su cliente, que Cuesta “actuó guiado” por el expresidente de Emarsa Enrique Crespo y por el ex director financiero Enrique Arnal, y ha reconocido parte de su responsabilidad. Así, ha pedido una condena “justa” porque lleva “siete años pendiente de este juicio”. Ha reclamado que se le apliquen las circunstancias atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño y que pueda cumplir su pena como ATS en el centro que las autoridades estimen oportuno.

Sobre estas circunstancias, el abogado ha subrayado que Cuesta ha colaborado con la justicia y ha revelado “datos importantes” para que se averiguasen los hechos delictivos, los autores y los objetos de la infracción penal. También ha aludido a la “reiterada confesión” del exgerente, que “confesó hasta en 13 ocasiones y también ante los medios públicos”.

“Ayudando al prójimo”

En cuanto a la reparación del daño, ha aludido a que Cuesta tiene embargadas las cuentas y su salario y a que “colabora ayudando al próximo desde su facultades humanitarias y laborales”, en referencia a su trabajo como enfermero.

Junto a estos argumentos, ha indicado que el exgerente no tiene antecedentes penales y ha dicho: “No es un imputado modélico, pero no ha intentado huir de la justicia”. Además, ha aludido a las dilaciones indebidas del procedimiento y al “pacto diabólico” de la Fiscalía con algunos acusados que ha perjudicado a su representado.

El letrado, quien ha matizado que en esta causa se han quedado cosas por investigar relatadas por su cliente, como la “financiación irregular del PP” de València o las “mordidas en reformas”, ha lamentado la desigualdad de medios entre las acusaciones y algunas defensas que provienen del turno de oficio.

Sobre este último aspecto, ha señalado que “los medios de ataque y defensa no son los mismos”. “Yo he contado con un boli, un papel y mi cerebro. Y con cero euros o mucho menos. Este letrado está poco menos que arruinado y desmoralizado en la lucha con la conselleria por el salario por este juicio. No he visto ni un solo euro y se nos ha insultado”, ha aseverado. “¿A quién ha matado mi cliente?”, ha preguntado para lamentar la elevada pena que se solicita a Cuesta. “A nadie”, ha dicho.

“Quería decir la verdad”

Al letrado de Cuesta le ha precedido en el turno de palabra el de Jorge Ignacio Roca, empresario huido de la justicia que actualmente se encuentra en prisión preventiva por estos hechos. “Roca siempre ha querido decir la verdad y dejar a su familia a buen recaudo”, ha aseverado, para explicar que huyó de España “por recomendación de sus amiguitos de Alaquàs”, es decir, de empresarios imputados en este procedimiento.

“Roca siguió instrucciones de sus amigos valencianos. No quiero escupir a otros acusados pero tampoco que la culpa se la lleve él”, ha insistido, para admitir que su representado únicamente puede ser culpable del delito fiscal, por haberse llevado el IVA de las facturas irregularmente.

En este sentido, ha afirmado que no se le puede achacar ni malversación ni falsedad en documento. Respecto al primer delito, ha afirmado que Roca no sabía que Emarsa era una empresa pública: “Era un facturero que se quedaba con el IVA de Emarsa, que podría tratarse de una sociedad llamada Enrique y María S.A.”. En cuanto a la falsedad, ha manifestado que su cliente no alteró ningún documento.

Ha descrito esta causa como una “teatralización u orquesta” llena de “fabulaciones”. Se ha referido a un escenario, Emarsa, “que políticamente era un cementerio de elefantes donde reposaban miembros del partido político de turno que no servían para otra cosa más que para cobrar”. Respecto a los “personajes”, ha dicho que se buscaron a “tontos útiles” y a altos funcionarios: “Se disparó contra todo lo que se movía”, ha aseverado.

El juicio del caso Emarsa se acerca al final y las partes continúan presentando sus conclusiones. Este miércoles le ha tocado a la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ha presentado su escrito de acusiaciones contra los 24 encausados, un documento en el que se refleja gráficamente la extracción “ilícita” de efectivo de algunos de los acusados mediante tarjetas de crédito de la cuenta de la depuradora de Pinedo (València), saqueada durante esos años.

Así, se han localizado más de una treintena de cajeros, la mayoría ubicados en la ciudad de Valencia aunque también aparecen otras localidades como Manises, Meliana, Requena o Alaquàs, por medio de los cuales se extrajeron grandes cantidades de dinero desviado a las empresas creadas por el empresario Jorge Roca de las arcas de la empresa pública Emarsa, que gestionaba la estación de Pinedo.

El material aportado por la Generalitat cifra en 81 las extracciones realizadas en seis cajeros diferentes ubicados en los alrededores (500 metros y cinco minutos andando) del lugar de trabajo de José Juan Morenilla (exalto cargo del Consell), algunas de ellas se realizaron con dos trarjetas diferentes por la misma persona en el mismo minuto. También se registran 49 obtenciones en tres expendedores dispuestos en la localidad de residencia de Morenilla, entre las que también se repite la práctica de la utilización de dos tarjetas diferentes por la misma persona en el mismo minuto.

Lo mismo sucede en Manises, lugar de residencia de Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, o en las proximidades de la sede de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, organismo matriz de Emarsa que también presidía Crespo: “La mayoría de ellas [se registran hasta doce extracciones] coinciden con días en los que consta por actas que el Sr Crespo acude a la Emshi por diversos motivos”. Y también en cajeros próximos al colegio de los hijos de Crespo y del domicilio de su familia, donde se contabilizan 22 operaciones bancarias más.

En total, se saquearon 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo, de los que diez millones fueron defraudados en el tratamiento de los lodos. De esa cantidad, una parte se extrajo con las tarjetas de crédito a través de los cajeros automáticos, mientras que el resto del dinero se blanqueó en Francia o se envío a Malta y Andorra a través de transferencias bancarias y compras ficticias de material de depuración.

Dos tramas

En su escrito, la Abogacía de la Generalitat entiende que existen dos tramas delictivas. La primera, la relacionada con el fraude en la gestión de los lodos, “donde claramente resulta necesaria la participación de varias personas, que deben actuar coordinadamente, para que se pueda producir la malversación”.

La segunda, “relacionada con las acciones fundamentalmente de Estaban Cuesta y Enrique Arnal, a través de la contratación de empresas de sus allegados ”con objeto de obtener un beneficio ilícito y la contratación de personas allegadas o afines políticamente; que cuenta con el beneplácito y el consentimiento“ de Enrique Crespo.

Petición de penas

El Gobierno valenciano solicita una pena de 24 años de prisión e inhabilitación para Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Valencia, por delitos continuados de cohecho, falsedad en documento mercantil y en documento oficial, en concurso medial, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos; para Enrique Crespo 20 años de cárcel e inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil, en concurso medial y malversación de caudales públicos; a José Juan Morenilla diez años de prisión e inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, en concurso medial y malversación de caudales públicos; tres años y seis meses de prisión para Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar (Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat), por los mismos delitos; o diez años de cárcel para Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa. La Fiscalía también solicita penas de hasta 24 años a los acusados.

Enrique Crespo, expresidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, pidió a sus trabajadores “prudencia” cuando se destaparon irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo: “A ver si vamos a ser bomberos pirómanos y montamos un lío”. Asimismo, les advirtió: “Ojo con lo que vais a decir si tenéis que ir al juzgado”, según la versión de José Antonio Martínez, exsecretario de la Emshi, en el juicio por la pieza principal de la causa en la que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la instalación.

El testigo ha explicado al tribunal que, tras estudiar diferente documentación, comenzaron a ver diferentes irregularidades en Emarsa y trataron de buscar una viabilidad para la empresa a través de una reducción del capital social. De esta situación fue debidamente informado Enrique Crespo y también el exgerente de la entidad, Esteban Cuesta.

Así, por ejemplo, en una reunión que tuvo lugar en mayo de 2010, se les trasladó -ha reproducido- unos gráficos para explicarles que la causa por la que la sociedad estaba endeudada no se debía a un elevado número de trabajadores y a una falta de financiación, sino a un aumento de costes en gastos de aprovisioinamiento y de otro tipo. También se aludió a unos viajes sufragados por la entidad pública.

Crespo, ante esta situación, pidió explicaciones a Cuesta y éste negó los viajes, según ha manifestado Martínez. Frente a ello, el exgerente presentó en ese momento otro documento en el que insistía en los elevados costes de personal y en la necesidad de elevar el capital social de la mercantil. “Esto nos dejó perplejos porque no coincidía con el informe del auditor y con lo que se había estado trabajando”, ha dicho.

Ante la respuesta de Cuesta, tanto el testigo como el interventor aportaron a Crespo unos documentos en los que se desgranaban los viajes a costa de Emarsa. Y preguntado por cómo reaccionó él, ha manifestado: “Hizo un comentario que no tenía que ver con los viajes. Preguntó... ¿Pero hay algo más o no? Yo no entendí la pregunta, ni tampoco los que estaban allí”, ha aseverado.

Con todas estas cifras e irregularidades encima de la mesa, el testigo ha explicado que Crespo, ese año, en 2010, pidió “un poco de prudencia en estas cosas”. “En ese momento dijo una expresión que nos hizo gracia y que recuerdo. Nos comentó que 'a ver si vamos a ser bomberos pirómanos y vamos a montar un lío aquí'”, ha reproducido.

Traslado a la Fiscalía

Llega un punto en el que se decide la liquidación de Emarsa y, a partir de ahí, se hizo un inventario y se fue recabando más documentación. Con la misma, al ver materializadas las irregularidades, el testigo y el interventor decidieron trasladarlas a la Fiscalía por posible infracción penal. “No fue a iniciativa de Crespo, sino nuestra”, ha apostillado.

En diciembre de 2010, los abogados de la empresa hicieron un proyecto de ampliación de querella, pero la misma no se presentó hasta el mes de marzo. Interpelado al testigo por el motivo de este retraso, éste ha comntado que “Crespo fue demorando la decisión hasta el punto de que en Navidad, el interventor y yo tuvimos que hacer un informe conjunto diciendo que en caso de que la situación continuara así, íbamos a tener que dar traslado nosotros de la información que obraba en la entidad”, ha expuesto.

El testigo ha explicado que adoptaron esta postura porque los letrados les comentaron que “estas cosas no se podían demorar por riesgo de destrucción de pruebas o lo que sea”, y les indicaron que ante un posible delito, “hay que ponerlo todo en conocimiento de la justicia”, ha añadido.

Esta reacción, tanto por su parte como por la del intervevntor, “dio lugar a una reunión muy tensa” con Crespo, ha señalado el testigo. Ha afirmado que “Crespo se enfadó muchísimo y dijo que le había sentado fatal, que las cosas no se hacían así. Le dijimos que era delicado y que había una demora no justificable. Y él nos dijo que se sentía amenazado por hacer este tipo de cosas y que mucho ojo con lo que teníamos que decir si teníamos que venir al juzgado”. “Le insistimos en que no queríamos amenazar a nadie pero que había una responsabilidad”, ha aseverado.

Al hilo de esta reunión, hubo un segundo informe unos días después y el expresidente de Emarsa les trasladó que iba a buscar otro letrado de su confianza. “Buscó otro abogado y nos dio instrucciones de que él sería el contacto con éste. También nos pidieron que nos limitáramos a dar la documentación que se nos pedía”. “En marzo conocimos la presentación de la querella por la prensa”, ha expuesto.

El exgerente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) Rafael Arce pidió al presidente de Emarsa que prescindiese de los servicios de Esteban Cuesta y Enrique Arnal, gerente y director financiero de la firma, respectivamente, porque la contabilidad de la misma “era un desastre”.

Arce, gerente de Emshi entre 2005 y 2009, ha declarado como testigo en la decimoquinta sesión del juicio por el saqueo de más de 20 millones de euros de Emarsa, la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (València), que dependía de la Emshi.

Su declaración se ha desarrollado en una sala que, al contrario de los primeros días de juicio, con 24 procesados y decenas de abogados, lucía este miércoles un aspecto muy diferente, con sólo un procesado presente (Enrique Crespo, expresidente de Emarsa) y siete letrados de las defensas.

Según ha asegurado Rafael Arce, aunque no era su labor, intervenía en Emarsa para ayudar en determinadas ocasiones con asuntos contables.

“Planteé a -Enrique- Crespo hasta en tres ocasiones la necesidad de sustituir a Cuesta y Arnal. No tenían capacidad para llevar las finanzas de Emarsa, no cumplían con la contabilidad”.

“Emarsa no informaba de nada, pensé en hacer una auditoría interna cuando llegué a la Emshi. Hicimos un plan de trabajo, pedimos balances y otros documentos, pero cuando los reclamé a Enrique Arnal me enviaba datos confusos o incorrectos. La percepción que tuve es que parecía que ellos creían que yo me quería ganar el favor del presidente. Al final decidí que se apañasen solos”, ha explicado.

“Nunca más se supo”

La decisión de auditar Emarsa, ha relatado Rafael Arce, fue acordada con Crespo, quien, al ser informado sobre los problemas con Arnal le dijo que “hablaría con ellos -Cuesta y Arnal-, pero nunca más se supo”.

Cuando Arce advirtió de los problemas económicos derivados del exceso de personal de Emarsa, ha explicado que el gerente, Esteban Cuesta, le decía que “no se podía despedir a nadie”.

“Yo me ofrecí para negociar con él un nuevo convenio, pero se opuso”, y nuevamente decidió abstraerse de lo que sucedía en Emarsa.

“Tenían un presidente, un gerente, un director financiero y un consejo de administración”, no sé si hubiese hecho falta algo más, ha ironizado en su respuesta.

En su declaración, ha insistido en que Emarsa tenía problemas financieros básicamente porque “tenía más gastos de explotación que capacidad de generar recursos”, y eso producía una deuda elevada, sobre todo a corto plazo.

A partir de 2006, según ha asegurado, pidió reiteradamente, sin éxito, que Emarsa dejase de tener capacidad de endeudamiento.

Arce ha asegurado que llegó incluso a advertir a los miembros del consejo de administración de que “pertenecer a un consejo no era acudir una vez al mes y ya está, sino que podrían incurrir en responsabilidades”.

Encara sense sentència, l’inici del judici pel saqueig d’Emarsa –la depuradora pública de València de què es van desviar 24 milions d’euros– ha deixat clara la impunitat i el desvergonyiment amb què la cúpula de la societat es va lucrar. Així ho aclareixen els testimonis autoinculpatoris d’alguns dels acusats; són els casos del gerent, Esteban Cuesta;, un responsable tècnic, Ignacio Bernácer, o l’aconseguidor de la trama, Sebastián García, més conegut com a Chanín.

La Fiscalia demana fins a 14 anys de presó a alguns dels 24 acusats pel desfalc, fet als ulls de gairebé tothom d’una manera bastant simple. Es va unflar de manera monumental el preu de la recollida del fang que genera la depuradora per a desviar fons, d’una banda, i es van generar factures falses per diversos serveis, de l’altra.

Aquestes són algunes de les confessions més escabroses fetes en el judici que se celebra en l’Audiència de València.

Chanín va comprar una PlayStation al fill de Cuesta quan va fer la comunió. Va endossar el pagament de la consola de joc a Emarsa.

L’empresa convocava un consell d’administració a les darreries de desembre sense ordre del dia. Els 18 membres de l’òrgan rector quedaven directament per dinar, s’emportaven la seua panera de Nadal, un regal especial –plomes de luxe de la marca Montblanc, per exemple– i 500 euros bruts per l’assistència a la reunió. Cuesta pagava el restaurant –en aquest cas concret, un de la platja de la Malva-rosa a València– amb els 5.000 euros en efectiu que li donava el comptable de l’empresa.

“Que ve el camió”. Cuesta, segons la seua confessió, avisava per SMS els camarades amb què es repartia els diners de l’arribada de l’efectiu. De vegades els distribuïa en quatre parts als lavabos, on després els lliurava.

Un infermer amb un sou de 93.000 l’any. Cuesta va deixar la seua feina a l’Hospital de Sagunt per cobrar 65.000 euros anuals a Emarsa. Poc després es va apujar el sou a 93.000, gairebé el doble que el president de la Generalitat. Els seus ingressos principals no provenien d’ací, sinó de l’espoli continuat: “Se’ns va escapar la mà i vam agafar colze i tot”, ha confessat en el judici.

Emarsa com a agència de col·locació. Segons la seua pròpia confessió, la periodista Ana María Ríos i els advocats Luis Botella i Leonor Moreno van ser “col·locats” en Emarsa pel president de la societat, Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València amb el PP. D’acord amb la confessió de Cuesta, no feien res: es limitaven a anar a Emarsa una vegada cada mes per cobrar.

Emarsa feia regals ben generosos als polítics. Una bossa de mà Louis Vuitton a Rita Barberá. I a l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, una peça de ceràmica enorme.

Emarsa feia encarregar més de 50 paneres VIP de Nadal per a regalar-les, en molts casos, a polítics.

L’aconseguidor de la trama, Chanín, ha confessat haver regalat ordinadors, impressores, televisors o targetes de regal de 2.500 euros, haver instal·lat cuines o haver reformat la casa d’uns quants acusats i d’altres càrrecs d’Emarsa. Els grans beneficis de la trama donaven per a fer això i més. Chanín ha confessat que fins i tot va pagar la reforma d’una casa de la família de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete).

La cúpula d’Emarsa es va gastar 375.000 en dinars entre el 2004 i el 2010. Es van presentar 113 factures el 2005 o 162 el 2007. “N’hi havia que eren de feina, però molts altres, no”, ha dit Cuesta, que assegura que Crespo feia arribar a Emarsa tiquets seus perquè foren pagats per l’empresa pública.

La Fiscalia pensa que els sis viatges a Romania pagats per Emarsa, en què Cuesta i altres acusats anaven acompanyats de dones d’aquell país, eren viatges de plaer i no professionals. El gerent assegura que Emarsa volia construir una depuradora allí. Chanín, que va estar en una expedició a Bucarest, no ha aclarit la naturalesa del viatge, però ha estat més explícit: “Inicialment eren de negocis, però al final van esdevenir d’oci”. L’agència de viatges que va tramitar els viatges ha reconegut que va alterar el concepte de les factures i va esborrar el nom d’algun dels participants.

Emarsa també va pagar nits d’hotel a la costa valenciana a alguns alts càrrecs d’Emarsa, especialment a Cuesta. Aquests s’hi van hostatjar acompanyats de dones romaneses –algunes de les quals també havien viatjat al seu país amb la comitiva de l’empresa– que treballaven en un prostíbul de Benidorm. Han estat presentades com a “traductores”, primerament, i com a “assessores” en el judici. Cuesta ha confessat en la vista que va viure durant dos anys amb una de les dones habituals en els viatges.

Emarsa va pagar viatges a alguns dels seus executius a Andorra, en temporada d’esquí, a Varsòvia, a Munic o a Lisboa. De vegades, amb la família respectiva. Només el 2008 es van gastar gairebé 100.000 euros en una agència de viatges el responsable de la qual seu també al banc dels acusats.

A falta de sentencia, el arranque del juicio por el saqueo de Emarsa -la depuradora pública de Valencia de la que se desviaron 24 millones de euros- ha dejado claro la impunidad y descaro con las que la cúpula de la sociedad se lucró. Así lo aclaran los testimonios autoinculpatorios de varios de los acusados, como el gerente, Esteban Cuesta; un responsable técnico, Ignacio Bernácer; o el conseguidor de la trama, Sebastián García, más conocido como Chanín.

La Fiscalía pide hasta 14 años de prisión a algunos de los 24 acusados por el desfalco, hecho a vista de casi todo el mundo de una manera bastante simple. Se hinchó de forma monumental el precio de la recogida del lodo que genera la depuradora para desviar fondos, por un lado, y se generaban facturas falsas por diversos servicios, por otro.

Estas son algunas de las confesiones más escabrosas realizadas en el juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia:

La Play. Chanín le compró una PlayStation al hijo de Cuesta por su comunión. Endosó el pago de la consola a Emarsa.

El aguinaldo. La empresa convocaba un consejo de administración a finales de diciembre sin orden del día. Los 18 miembros del órgano rector quedaban directamente a comer, se llevaban su caja de Navidad, un regalo especial -plumas de lujo de la marca Montblanc, por ejemplo- y 500 euros brutos por asistencia a la reunión. Cuesta pagaba el restaurante -en este caso concreto, uno de la playa de la Malvarrosa en Valencia- con los 5.000 euros en efectivo que le entregaba el contable de la empresa.

“Que viene el camión”. Cuesta, según su confesión, avisaba por SMS a los compinches con los que se repartía el dinero de la llegada del efectivo. A veces lo distribuía en cuatro partes en los cuartos de baño, donde luego lo entregaba.

El enfermero que cobraba 93.000 al año. Cuesta dejó su destino en el Hospital de Sagunto para cobrar 65.000 euros anuales en Emarsa. Poco después se subió el sueldo a 93.000, casi el doble que el presidente de la Generalitat. Sus principales ingresos no venían de ahí sino del expolio continuado: “Se nos fue la mano y cogimos hasta el codo”, ha confesado en el juicio.

Emarsa como agencia de colocación. Según su propia confesión, la periodista Ana María Ríos y los abogados Luis Botella y Leonor Moreno fueron “enchufados” en Emarsa por el presidente de la sociedad, Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP. De acuerdo con la confesión de Cuesta, no hacían nada: se limitaban a ir a Emarsa una vez al mes a cobrar.

Los regalos a políticos. Un bolso Louis Vuitton a Rita Barberá. Y al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, una pieza de cerámica enorme.

Emarsa encargaba más de 50 cajas VIP de Navidad para regalar, en muchos casos, a políticos.

Reforma en casa con el dinero de la depuradora. El conseguidor de la trama, Chanín, confesó haber regalado ordenadores, impresoras, televisores, tarjetas regalo de 2.500 euros, instaló cocinas o reformó las casas de varios acusados y otros cargos de Emarsa. Los pingües beneficios de la trama daban para eso y más. 'Chanín confesó que incluso pagó la reforma de una casa de la familia de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete).

Los banquetes. La cúpula de Emarsa gastó 375.000 en comidas entre 2004 y 2010. Se presentaron 113 facturas en 2005 o 162 en 2007. “Algunas eran de trabajo y muchas otras, no”, ha dicho Cuesta, que asegura que Crespo hacía llegar a Emarsa tickets suyos para que fueran abonados por la empresa pública.

El viaje a Rumanía “que al final fue de ocio”. La Fiscalía cree que los seis viajes a Rumanía abonados por Emarsa, en los que Cuesta y otros acusados iban acompañados de mujeres de aquel país, eran de placer y no profesionales. El gerente asegura que Emarsa quería construir una depuradora allí. Chanín, que estuvo en una expedición a Bucarest, no aclaró la naturaleza del viaje, pero fue más explícito: “Inicialmente eran de negocios, pero al final fueron de ocio”. La agencia de viajes que tramitó los viajes reconoció que alteró el concepto de las facturas y borró el nombre de alguno de los participantes.

Las traductoras que no eran traductoras. Emarsa también pagó noches de hotel en la costa valenciana a algunos altos cargos de Emarsa, especialmente a Cuesta. Éstos se hospedaron acompañados de mujeres rumanas -algunas de las cuales también viajaron a su país con la comitiva de la empresa- que trabajaban en un prostíbulo de Benidorm. Han sido presentadas como “traductoras”, primero, y como “asesoras”, en el juicio. Cuesta ha confesado en la vista que vivió durante dos años con una de las mujeres habituales en los viajes.

Agencia de viajes. Emarsa pagó viajes a algunos de sus ejecutivos a Andorra, en temporada de esquí, Varsovia, Munich o Lisboa. En ocasiones, con sus familias. Solo en 2008 se gastaron casi 100.000 euros en una agencia de viajes cuyo responsable está también en el banquillo de los acusados.

“El objetivo era trabajar para Emarsa, facturar y repartir el dinero”. Sebastían García, uno de los acusados por el caso Emarsa, ha explicado en el juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia que entregó 1,8 millones de euros en comisiones ilegales a Esteban Cuesta, el cargo del PP que fue colocado al frente de la empresa pública.

El sistema era siemple. García era el proveedor elegido para facturar por servicios falsos o con precios inflados. Para ello, utilizó compañías de informática y de la construcción que ingresaban dinero de Emarsa que, posteriormente se repartía.

García le entregaba, ha dicho, el dinero a Cuesta. 4.000 euros al mes solo por el contrato de manteninimiento suscrito. Además, una comisión del 60% sobre los beneficios que generaban las operaciones fraudulentas. En total entregó los mencionados 1,8 millones entre 2004 y 2010.

Además, regaló ordenadores, impresoras, televisores, tarjetas regalo de 2.500 euros, instaló cocinas o reformó las casas de varios acusados y otros cargos de Emarsa. Los pingües beneficios de la trama daban para eso y más. García, conocido como 'Chanín, ha confesado que incluso pagó la construcción de una casa de Cuesta en Casas Ibáñez (Albacete).

Según le habría confesado Cuesta. éste se repartía 180.000 euros al mes en comisiones con otros altos cargos: Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. La fiscalía pide 14 años de prisión para ellos por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.

Para Cuesta, blanco de las acusaciones de García, pide 12 años. Tanto Chanín como su hermana -juzgada por ser la administradora de varias empresas de García- han confesado su participación en la trama a cambio de una rebaja en las condenas y la exculpación de otros familiares y de trabajadores de su compañía, imputados al principio del proceso.

Santos Peral e Ignacio Martínez, ex secretarios generales del PP en distritos de la ciudad de Valencia, han aceptado sendas multas por el saqueo de Emarsa, la depuradora pública en la que la Fiscalía cree que se expoliaron 24 millones de euros.

Ambos han pactado con la Fiscalía una pena de 9 meses de prisión (a conmutar por 18 meses de multa a razón de seis euros al día) por un delito de malversación de caudales públicos. Además, han pagado 169.200 euros en concepto de responsabilidad civil, según informó Levante-EMV en su día. Dos acusaciones particulares, la Generalitat, y la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), la matriz de Emarsa, se han adherido al acuerdo.

Ni Peral, jefe de contabilidad, ni Martínez, jefe de compras, han contestado las preguntas de las defensas en el juicio. Se han limitado a reconocer los hechos. Ambos hicieron la vista gorda sobre el saqueo que se enjuicia en la Audiencia de Valencia a cambio de cuantiosos sobresueldos. Su colaboración, al menos por omisión, fue imprescindible.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía una indemnización muy superior: 1.400.00 euros entre los dos. El juez instructor del caso les consideraba piezas clave “Santos Peral realizó una dejación, consciente y deliberada, de sus funciones y responsabilidades, a cambio de una remuneración mensual, permitiendo de manera ilícita que sus superiores inmediatos se apropiaran de los fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de Pinedo, procurándoles un enriquecimiento ilegal y apartando dichos caudales públicos de la finalidad a la que estaban destinados, anotando en los justificantes de movimientos de caja conceptos vagos e imprecisos ligados a estas salidas, a fin de evitar ser descubierto”, escribió el magistrado en el auto de apertura de juicio oral.

Para el juez, Martínez también era imprescindible en el saqueo. “Tampoco cumplió algunas de las funciones que tenía asignadas permitiendo, con su inactividad, que proveedores de Emarsa, en connivencia con algunos de los responsables de la empresa pública y ante la actuación de las entidades encargadas de velar por el correcto funcionamiento y destino de los fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de Pinedo, facturasen por servicios que no fueron prestados o que, siendo prestados, lo fueron por un precio superior al de mercado”

Enchufes del PP

Otros de los acusados que han pactado sus penas con las acusaciones son Ana María Ríos y Leonor Moreno. Ambas llegaron a Emarsa desde el Ayuntamiento de Manises, presidido por Enrique Crespo, también juzgado por el asunto. La primera, periodista, tras una baja por maternidad. La segunda, abogada, tras una baja médica.

Las dos han reconocido sin tapujos ante el tribunal que fueron “enchufadas” por Crespo en la empresa pública después de que sus puestos fueron ocupados por otra gente de confianza del entonces alcalde. En el caso de Moreno, según su declaración, fue reemplazada por un hermano de Crespo, Carlos, como coordinador de la casa de la Cultura.

24 millones de botín

La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora, que operaba bajo la marca Emarsa, hasta quedarse con casi 24 millones de euros.

Lo hizo, según la fiscalía, en connivencia con el empresario Jorge Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.

La Fiscalía, la acusación popular que ejerce el PSPV y la Abogacía de la Generalitat han pedido este miércoles la citación como testigo en el caso Emarsa del empresario José Luis Sena, que este martes quedó fuera del proceso al excluirlo la sala por situación de indefensión tras la renuncia sucesiva de sus letrados.

Las peticiones se han producido al inicio de la vista por el caso del supuesto desvío de más de 20 millones de euros de la empresa gestora de la depuradora de Pinedo (València), dedicada a cuestiones previas.

La fiscal ha insistido en que Sena es “pieza clave, sirve de enlace según las pruebas entre la trama de los lodos y la empresa pública, e incluso algún acusado le atribuye la función de repartir el dinero supuestamente malversado”.

“No se nos puede privar de esta parte del relato, por eso solicitamos que declare como testigo, con los derechos reconocidos a todo acusado y asistencia letrada”, ha subrayado la fiscal.

Piden la exclusión del PSOE como acusación

Las defensas de los principales acusados, José Juan Morenilla y Enrique Crespo, y otras, como la de José Ramón Cuesta, han cuestionado la presencia de la acusación popular que ejerce el PSPV, particularmente la de Ramón Marí como denunciante, ya que fue miembro del consejo de administración de Emarsa, y, en consecuencia, han solicitado su expulsión de la causa.

Por otra parte, las defensas de al menos tres de los 24 procesados han pedido que se dicte respecto a sus defendidos una sentencia de conformidad de forma previa al inicio de la fase testifical del juicio, y han citado como precedente la causa de los trajes contra Francisco Camps y Ricardo Costa, en el que se dictaron dos sentencias de conformidad respecto de otros dos procesados, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El judici per la peça principal del cas Emarsa, amb 25 processats i un presumpte desfalc que ronda els 25 milions d'euros, intentarà arrancar de nou aquest dimarts en l'Audiència de València després de dos ajornaments, un d'ells al novembre de 2015 i un altre al març d'enguany.

El primer ajornament, fa ja més d'un any i mitjà, va tindre lloc després de reclamar-ho algunes defenses sobre la base de que feia tres mesos que s'havia detingut al fugat Jorge Ignacio Roca i s'estava a l'espera que fóra extraditat a Espanya. Llavors el cas va tornar al jutjat, es van practicar noves diligències i es va assenyalar nova data de judici per al 13 de març de 2017.

Durant aqueix temps, alguns acusats van canviar d'advocat a causa de renúncies o alguna incapacitat, i precisament aquest va ser el motiu al·legat per les defenses per a tornar a demanar la suspensió de la vista en el mes de març. El tribunal va tornar a acceptar un ajornament i va fixar nova data de judici per a aquest dimarts, 2 de maig. La vista està assenyalada a les 9.45 hores en la secció primera de l'Audiència per un cas que porta investigant-se des de fa set anys.

93 sessions i més de 200 testimonis

La Sala ha previst 93 sessions, fins al mes de desembre. Durant els tres primers dies de judici es resoldran les qüestions prèvies i la declaració dels acusats arrancarà el 9 de maig i es perllongarà 11 sessions. El tribunal preveu, a més, tres dies per a resoldre possibles incidències o demores. El 6 de juny començaran les compareixences de testimonis, que superen els 200, per a les quals es reserva el major nombre de sessions, 56 més quatre dies per a possibles incidències.

Posteriorment, el 14 de novembre començaran les declaracions de perits, que es perllongaran durant sis sessions. Finalment, l'exposició de conclusions i informes està prevista per al 27 de novembre.

Entre els acusats en aquesta peça, a més de Roca, es troben l'exvicepresident de la Diputació de València i expresident del consell d'administració d'Emarsa, Enrique Crespo; i els que van ser càrrecs de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), José Juan Morenilla (gerent) i Ignacio Bernácer (cap d'Explotacions).

Així mateix, s'asseuran en el banc dels acusats l'exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, exdirector financer d'Emarsa; Adolfo Polo, cap de l'àrea mediambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformàtic de l'entitat; Enrique Arnal Llorens, exdirector economicofinancer; Santos Peral, cap de comptabilitat i que tenia responsabilitats polítiques en el PP de València; i Ignacio Martínez Maiques, cap de compres i igualment membre del Partit Popular.

Al costat d'ells figuren els empresaris José Luis i Enrique Sena i Vicente Ros Bartual, relacionats amb Notec; María Paz García Martínez, germana de 'Chanín'; l'administradora del Grup Mes, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador d'Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que va ser encarregat de gestió ambiental de la planta i posteriorment administrador de Area Este i CRM Adecua i Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Altres acusats són Ana María Ríos Solaz, periodista contractada per Emarsa; Leonor Moreno, advocada de l'entitat; Luis Antonio Botella, advocat i primer tinent alcalde de Montcada; Rafael Quiles, assessor del grup d'empreses de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada i a José Ramón Cuesta, germà de l'exgerent.

El procediment va saltar a la llum en 2010, quan el PSPV va denunciar que Emarsa acumulava un dèficit d'almenys 16 milions d'euros, a més de contractes no justificats per valor d'uns 32 milions més. El procés es va dividir en 11 peces, entre elles la principal, amb 25 acusats -més un a títol lucratiu-.

Dues condemnes

Per aquest macroprocediment ja hi ha dues condemnes judicials fixades per diverses peces separades. La primera d'elles contra el fugat Jorge Roca, a qui se li han fixat dos anys de presó per simular una operació comercial per a l'exportació de 10.000 taxis a Pakistan. Es va estipular la mateixa pena per a dos empresaris més: José Luis Sena i Vicente Ros.

La segona condemna -de quatre mesos de presó i una multa de 62.000 euros- ha recaigut sobre la dona d'Ignacio Bernácer per permetre que aquest ingressara en els seus comptes bancaris part dels diners públics que va detraure il·legalment d'Emarsa.

El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, con 25 procesados y un presunto desfalco que ronda los 25 millones de euros, intentará arrancar de nuevo este martes en la Audiencia de Valencia tras dos aplazamientos, uno de ellos en noviembre de 2015 y otro en marzo de este año.

El primer aplazamiento, hace ya más de un año y medio, tuvo lugar tras reclamarlo algunas defensas en base a que hacía tres meses que se había detenido al fugado Jorge Ignacio Roca y se estaba a la espera de que fuera extraditado a España. Entonces el caso volvió al juzgado, se practicaron nuevas diligencias y se señaló nueva fecha de juicio para el 13 de marzo de 2017.

Durante ese tiempo, algunos acusados cambiaron de letrado a causa de renuncias o alguna incapacidad, y precisamente éste fue el motivo alegado por las defensas para volver a pedir la suspensión de la vista en el mes de marzo. El tribunal volvió a aceptar un aplazamiento y fijó nueva fecha de juicio para este martes, 2 de mayo. La vista está señalada a las 9.45 horas en la sección primera de la Audiencia por un caso que lleva investigándose desde hace siete años.

93 sesiones y más de 200 testigos

La Sala ha previsto 93 sesiones, hasta el mes de diciembre. Durante los tres primeros días de juicio se resolverán las cuestiones previas y la declaración de los acusados arrancará el 9 de mayo y se prolongará 11 sesiones. El tribunal prevé, además, tres días para resolver posibles incidencias o demoras. El 6 de junio empezarán las comparecencias de testigos, que superan los 200, para las que se reserva el mayor número de sesiones, 56 más cuatro días para posibles incidencias.

Posteriormente, el 14 de noviembre comenzarán las declaraciones de peritos, que se prolongarán durante seis sesiones. Finalmente, la exposición de conclusiones e informes está prevista para el 27 de noviembre.

Entre los acusados en esta pieza, además de Roca, se encuentran el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo; y los que fueran cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla (gerente) e Ignacio Bernácer (jefe de Explotaciones).

Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Enrique Arnal Llorens, exdirector económico-financiero; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia; e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.

El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados -más uno a título lucrativo-.

Dos condenas

Por este macroprocedimiento ya hay dos condenas judiciales fijadas por varias piezas separadas. La primera de ellas contra el fugado Jorge Roca, a quien se le han fijado dos años de prisión por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán. Se estipuló la misma pena para dos empresarios más: José Luis Sena y Vicente Ros.

La segunda condena -de cuatro meses de prisión y una multa de 62.000 euros- ha recaído sobre la mujer de Ignacio Bernácer por permitir que éste ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público que detrajo ilegalmente de Emarsa.

El passat mes de març se suspenia per segona vegada el judici del cas Emarsa, en el qual es jutja el saqueig de 23 milions d'euros a través de l'empresa pública de sanejament que gestiona la depuradora de Pinedo (València), fins al pròxim mes de maig. La sala suspenia la vista perquè els advocats dels acusats, nomenats d'ofici a l'inici de l'any, puguen estudiar els 180.000 folis que consten en la causa.

El penedit Esteban Cuesta, exgerent d'Emarsa, relatava aquest diumenge a la periodista Cristina Pardo en el programa 'Malas Compañías' de La Sexta totes les suposades irregularitats comeses a través de l'empresa pública, que inclouen, entre altres qüestions, comissions o regals a polítics.

Cuesta, que relata com va entrar en política gràcies a l'exvicealcalde de València Alfonso Grau per a convertir-se en alcalde pedani de Benimàmet-Beniferri i president local del Partit Popular primer i coordinador de dos centres de salut i cap de l'àrea de salut 3 de la Conselleria de Sanitat després, va explicar que és l'exalcalde de Manises i exvicepresident de la Diputació de València, Enrique Crespo, qui li ofereix dirigir la depuradora de Pinedo: “Em va dir que em posara el sou que volguera i vaig passar de guanyar 2.000 euros al mes com a director d'Infermeria a guanyar 8.000 euros al mes”.

Va ser pel Nadal de 2004-2005, uns mesos després d'accedir al càrrec, quan Crespo li va dir a l'exgerent d'Emarsa -per a qui la Fiscalia demana dotze anys de presó per delictes continuats de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics en concurs amb el de falsedat en document mercantil, i un delicte de suborn- a qui havia d'adjudicar determinades actuacions: “Em diuen a qui he de contractar i que sobrecarregue el preu de la tona de fang, i a canvi em porte el deu per cent”. Aqueixes comissions, sempre segons Cuesta, es repartien entre quatre persones: “Enrique Crespo, José Juan Morenilla -exgerent de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar)-, Ignacio Benárcer -excap d'explotacions de l'Epsar- i jo”.

“Ja han arribat els camions”

Pel que fa al repartiment, “el contractista em donava els diners i jo ho repartia en quatre parts iguals”, mantenia el penedit, que va explicar que quan rebia un pagament es posava en contacte amb l'exvicepresident de la Diputació i li deia: “Ja han arribat els camions o tinc unes fotos que ensenyar-te, en referència als diners dels fangs o les obres”. “Li he portat diners a la seua casa, a restaurants, a l'alcaldia o a la Diputació”, insistia.

Gràcies a aquestes comissions, Cuesta ha pogut arribar a guanyar de 20.000 a 25.000 euros al mes, “de fangs només hem pogut cobrar uns 8.000 euros al mes cadascun”. Cuesta va defensar que la seua dona no sabia “absolutament res” d'aquestes pràctiques i que en cap moment es va sentir malament per aquestes accions: “Si no ho faig jo, ho farà algú”.

També es va referir al fet que durant un període, “uns dos anys i mig”, van canviar la mecànica del cobrament d'aquestes comissions: “Ens van donar dues targetes a cadascun i ens van dir que podíem traure diners mentre hi haguera saldo, però advertint-nos que no traguérem més de 500 euros al dia per a no cridar l'atenció”. Així mateix, va comentar com Morenilla i Benárcer no volien utilitzar les targetes: “Així que ho feia la meua germana, treia els diners i els hi donava a canvi de 500 euros al mes”.

Regals a polítics

Emarsa tenia un pressupost anual d'entre vuit i deu milions d'euros l'any. D'ací eixien també “regals de Nadal” per a diversos polítics: “Se li han fet regals a l'exalcaldessa de València Rita Barberá, una bossa de Louis Vuitton; a Paco Camps; a Alfonso Rus; al president del PP de València Silvestre Senent, a qui cada any se li regalava un pernil fins que un dia va dir que ja no li regalàrem més pernils i ho canviàrem per una targeta de regal de 1.000 euros d'El Corte Inglés”.

De la depuradora de Pinedo també han eixit, segons el penedit exgerent, diners per al Partit Popular: “Senent em va demanar 100.000 euros per a pagar un sopar de l'exalcaldessa, per exemple, i tot això el partit ho sabia”.

Esteban Cuesta assumeix tot el que ha fet al capdavant d'Emarsa: “Però el que han fet els altres, que ho assumisquen ells”. “He sigut corrupte i em penedisc moltíssim”, un penediment que assegura és “sincer”, encara que ara el tracten de “boig”.“La vida que tens ara no et compensa en absolut el que has fet en el passat”, va concloure.

El pasado mes de marzo se suspendía por segunda vez el juicio del caso Emarsa, en el que se juzga el saqueo de 23 millones de euros a través de la empresa pública de saneamiento que gestiona la depuradora de Pinedo (Valencia), hasta el próximo mes de mayo. La sala suspendía la vista para que los abogados de los acusados, nombrados de oficio a principios de año, puedan estudiar los 180.000 folios que constan en la causa.

El arrepentido Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, relataba este domingo a la periodista Cristina Pardo en el programa 'Malas Compañías' de La Sexta todas las supuestas irregularidades cometidas a través de la empresa pública, que incluyen, entre otras cuestiones, comisiones o regalos a políticos.

Cuesta, quien relata cómo entró en política gracias al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau para convertirse en alcalde pedáneo de Benimàmet-Beniferri y presidente local del Partido Popular primero y coordinador de dos centros de salud y jefe del área de salud 3 de la Conselleria de Sanidad después, explicó que es el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, quien le ofrece dirigir la depuradora de Pinedo: “Me dijo que me pusiera el sueldo que quisiera y pasé de ganar 2.000 euros al mes como director de Enfermería a ganar 8.000 euros al mes”.

Fue en las Navidades de 2004-2005, apenas unos meses después de acceder al cargo, cuando Crespo le dijo al exgerente de Emarsa -para quien la Fiscalía pide doce años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en concurso con el de falsedad en documento mercantil, y un delito de cohecho- a quién tenía que adjudicar determinadas actuaciones: “Me dicen a quién tengo que contratar y que sobrecargue el precio de la tonelada de lodo, y a cambio me llevo el diez por ciento”. Esas comisiones, siempre según Cuesta, se repartían entre cuatro personas: “Enrique Crespo, José Juan Morenilla -exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar)-, Ignacio Benárcer -exjefe de explotaciones de la Epsar- y yo”.

“Ya han llegado los camiones”

En cuanto al reparto, “el contratista me daba el dinero y yo lo repartía en cuatro partes iguales”, mantenía el arrepentido, quien explicó que, cuando recibía un pago, se ponía en contacto con el exvicepresidente de la Diputación y le decía: “Ya han llegado los camiones o tengo unas fotos que enseñarte, en referencia al dinero de los lodos o las obras”. “Le he llevado dinero a su casa, a restaurantes, a la alcaldía o a la Diputación”, insistía.

Gracias a estas comisiones, Cuesta ha podido llegar a ganar de 20.000 a 25.000 euros al mes, “de lodos sólo hemos podido cobrar unos 8.000 euros al mes cada uno”. Cuesta defendió que su mujer no sabía “absolutamente nada” de estas prácticas y que en ningún momento se sentió mal por estas acciones: “Si no lo hago yo, lo va a hacer alguien”.

También se refirió a que durante un periodo, “unos dos años y medio”, cambiaron la mecánica del cobro de estas comisiones: “Nos dieron dos tarjetas a cada uno y nos dijeron que podíamos sacar dinero mientras hubiera saldo, pero advirtiéndonos que no sacáramos más de 500 euros al día para no llamar la atención”. Así mismo, comentó cómo Morenilla y Benárcer no querían utilizar las tarjetas: “Así que lo hacía mi hermana, sacaba el dinero y se lo daba a cambio de 500 euros al mes”.

Regalos a políticos

Emarsa tenía un presupuesto anual de entre ocho y diez millones de euros al año. De ahí salían también “regalos de Navidad” para diversos políticos: “Se le han hecho regalos a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, un bolso de Louis Vuitton; a Paco Camps; a Alfonso Rus; al presidente del PP de Valencia Silvestre Senent, a quien cada año se le regalaba un jamón hasta que un día dijo que ya no le regaláramos más jamones y lo cambiamos por una tarjeta de regalo de 1.000 euros de El Corte Inglés”.

De la depuradora de Pinedo también ha salido, según el arrepentido exgerente, dinero para el Partido Popular: “Senent me pidió 100.000 euros para pagar una cena de la exalcaldesa, por ejemplo, y todo eso el partido lo sabía”.

Esteban Cuesta asume todo lo que ha hecho al frente de Emarsa: “Pero lo que han hecho los demás, que lo asuman ellos”. “He sido corrupto y me arrepiento muchísimo”, un arrepentimiento que, asegura, es “sincero”, aunque ahora le tachen de “loco”.“La vida que tienes ahora no te compensa en absoluto lo que has hecho en el pasado”, concluyó.