Tres personas han sido investigadas en el último año por el Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real tras tener conocimiento, a través de diferentes denuncias de particulares, de que se estaban produciendo irregularidades en la venta de cachorros de perros a través de un portal de Internet, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La investigación se ha producido en el marco de la operación 'Zaciela II', y a las personas sospechosas se les considera las presuntas autoras de delitos continuados de estafa, falsedad documental, intrusismo profesional y contra los animales, según informa el instituto armado en un comunicado.

Una tienda ficticia de animales

Los agentes pudieron determinar que el vendedor de cachorros era un vecino de una localidad de la provincia de Ciudad Real que no contaba con las debidas instalaciones de cría de animales. El sospechoso ofertaba los cachorros de distintas razas de perro a través de redes sociales o en páginas de Internet publicitarias dedicadas a la compraventa, figurando anuncios publicitarios de una supuesta tienda dedicada profesionalmente a la venta de animales.

Con el objetivo de comprobar la legalidad de los cachorros que se vendían, se inició una investigación que permitió verificar que se trataba de una tienda ficticia de venta de animales. El establecimiento operaba con un núcleo zoológico inactivo desde el año 2017, que estaba ubicado en otra población de Ciudad Real distinta a la de residencia del principal investigado, utilizando esta apariencia de legalidad para poder publicitarse en los portales de Internet de anuncios de compraventa.

Los implicados buscaban una apariencia legal en diversas ocasiones mediante la supervisión de un facultativo veterinario afincado en la provincia de Córdoba, procediendo a dar de alta a estos animales directamente mediante la expedición de la cartilla sanitaria a las personas compradoras, no reflejando de esta manera la verdadera procedencia o el origen de los animales desde su nacimiento, desconociendo de esta forma las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones donde nacieron y se criaron, siendo procedentes en la mayoría de los casos de supuestos criaderos ilegales o de personas particulares, desconociendo la ubicación de los mismos.

Por parte de los agentes se tuvo conocimiento de que se suministraban vacunas y se expedían cartillas sanitarias sin la correspondiente identificación del microchip, utilizándose sellos de una clínica y colegiado ficticios, induciendo a los compradores a un engaño sobre la verdadera sanidad de estos animales. A consecuencia de todo ello, muchos ejemplares enfermaron gravemente a los pocos días de la entrega, llegando a fallecer varios de ellos por parvovirosis.

Como consecuencia de las ventas ilícitas por parte de la persona investigada, se procedió a una nueva línea de investigación en meses posteriores, al objeto de obtener información acerca de las personas o criaderos clandestinos que pudieran estar suministrando los distintos animales para su posterior venta, además de la estimación del volumen de beneficio obtenido a través de estas operaciones fraudulentas realizadas a nivel nacional hasta el momento.

Las diligencias policiales instruidas al efecto han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de Puertollano, procediendo a la apertura e inicio de las oportunas diligencias previas por tales hechos.

El tráfico ilegal de pangolines sigue activo y ha sorprendido en Barajas. La semana pasada, encontraron los cuerpos de 15 ejemplares de este pequeño mamífero, el único en el mundo con escamas de queratina muy valoradas en el mercado de medicina tradicional. Su asociación a propiedades como el alivio del dolor o la mejora de la circulación -sin base científica- ha llevado a sus tres especies asiáticas a considerarse en peligro de extinción, mientras que las ocho tipologías restantes han pasado a figurar en la Lista Roja de la UICN sobre especies amenazadas. En la pandemia, el pangolín cobró especial protagonismo cuando comenzaron a investigarse las posibles causas del covid-19.

El 16 de febrero, la Guardia Civil intervino en el aeropuerto madrileño varios cadáveres envueltos en plástico, que viajaban en la maleta de una pasajera recién llegada de Addis Abeba, capital de Etiopía. En total, los animales pesaban unos 40 kilos. Han sido puestos a disposición de la autoridad nacional CITES para su estudio y catalogación, según informa el cuerpo de seguridad.

El contenido del equipaje se desveló en uno de los controles fiscales que ejecuta la Unidad de Fiscal y Fronteras en las instalaciones de Barajas. Durante la inspección por rayos X a las pertenencias de las pasajeros, los agentes detectaron en una maleta imágenes con tonalidades y densidades que les resultaron inusuales. Al abrirla, en presencia de su propietaria, encontraron 15 ejemplares muertos de pangolín.

Estos mamíferos están incluidos en el Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe su comercio internacional salvo en circunstancias excepcionales. Se trata de una protección máxima, reservada a especies en peligro de extinción. De momento, aquella pasajera continúa siendo investigada como presunta autora de un delito contra la fauna.

El tráfico ilegal de especies protegidas constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad global y puede acarrear penas de prisión y multa, según el Código Penal. La actuación se enmarca en las funciones de resguardo fiscal del Estado que desempeña la Guardia Civil bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera, con el objetivo de prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico y otras infracciones de carácter fiscal.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 25 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras provocar un atropello múltiple durante una concentración de vehículos destinada a la celebración de carreras ilegales en varios polígonos industriales de la provincia de Toledo. Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 al 15 de febrero en el Polígono Industrial de Yepes (Toledo).

La intervención se encuadra dentro de la Operación FRENO, impulsada por la Comandancia de Toledo para detectar, neutralizar y disolver quedadas destinadas a organizar carreras ilegales, actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de los asistentes y el orden público.

Dispositivo coordinado ante la previsión de una 'quedada'

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la convocatoria de una quedada (KDD) para la celebración de carreras ilegales en la modalidad conocida como 'Francia'. Aunque no se conocía la ubicación exacta, “todo apuntaba a que podría celebrarse en algún punto de la comarca de la Sagra, por los que las Comandancias de Toledo y Madrid activaron dispositivos preventivos de manera coordinada”, explican desde el instituto armado.

En la provincia de Toledo, el despliegue se estableció conforme a lo dispuesto en la Operación FRENO, intensificando la vigilancia en los Polígonos Industriales de Illescas, Seseña, Borox, Esquivias, Yuncler, Mocejón, Villarrubia de Santiago, Yepes y Noblejas.

A las 02:43 horas del 15 de febrero, una patrulla tuvo conocimiento de un atropello múltiple en el Polígono Industrial de Yepes, causado por un turismo BMW blanco cuyo conductor realizó maniobras temerarias mientras varios asistentes se encontraban en las inmediaciones del vial.

Tras las primeras gestiones y el análisis de un vídeo que recogía el atropello, se logró la identificación del conductor, que fue localizado y detenido por componentes del Área de Investigación de Seseña, con apoyo de la USECIC de Madrid. Por el momento no constan heridos de gravedad entre los afectados.

Amplio dispositivo e identificación de participantes

A lo largo de la noche se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Illescas y Ocaña, personal del Subsector de Tráfico de Toledo, USECIC-Toledo, USECIC-Madrid, el Área de Investigación de Seseña y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

Durante el dispositivo se identificó a un número elevado de asistentes, se recabaron matrículas, imágenes y elementos de interés policial. Por parte de la Comandancia de Toledo se continúan las gestiones para la identificación completa de participantes y promotores de la KDD.

La Guardia Civil recuerda que estas prácticas generan riesgos extremos, al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia total de medidas de seguridad, posible consumo de alcohol y drogas y una creciente agresividad hacia los agentes actuantes. La conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta 2 años, multas económicas, y privación del permiso de conducir de hasta 6 años.

Podemos Cantabria ha denunciado una “nueva fragmentación irregular de contratos” en los parques eólicos PE Las Américas 3 y 16, ambos con una potencia de 49,99 MW, justo por debajo del umbral de 50 MW que permite la competencia estatal.

Por ello, ha exigido que el MITECO y el Gobierno regional “revisen y unifiquen los proyectos fragmentados, aplicando la normativa vigente, reforzando la transparencia administrativa y asegurando que ningún proyecto de gran envergadura pueda eludir la evaluación ambiental y la supervisión ministerial”.

Según ha explicado la formación en un comunicado, ambos proyectos son promovidos por la misma empresa, registrada bajo distintos CIF, y forman parte de un conjunto mayor, de más de 500 sociedades con el mismo nombre y sede social, lo que para Podemos “sugiere la existencia de una estrategia sistemática de fragmentación de proyectos y contratos para eludir la competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”.

El partido morado considera que esta práctica constituye un fraude de ley, ya que permite eludir la evaluación ambiental ordinaria y reducir la visibilidad de los impactos acumulativos sobre el medio ambiente y la población afectada. Además, la fragmentación irregular de contratos dificulta el control administrativo y compromete la transparencia en la tramitación de estos proyectos, ha insistido.

Podemos Cantabria ha advertido que, si los parques eólicos salen adelante bajo esta fragmentación, emprenderá acciones legales contra la empresa promotora y el Gobierno de Cantabria “para garantizar la legalidad y la protección del interés público”.

Según el partido, estos casos “reflejan un patrón que no es aislado, sino parte de una tendencia creciente en Cantabria y otras comunidades, donde grandes proyectos energéticos se dividen artificialmente para evitar la supervisión estatal y la evaluación ambiental completa”, lo que “pone en riesgo la integridad del procedimiento administrativo y la protección del medio ambiente”.

Asimismo, la fragmentación de proyectos genera inseguridad jurídica para los vecinos y los municipios afectados, que se ven obligados a tramitar consultas y alegaciones de manera fragmentaria, sin poder evaluar los impactos globales de la instalación completa. Esto limita la participación ciudadana y debilita los mecanismos de control público.

La Asociación Rosalía Alpina ha denunciado que la empresa Inmo Arnedo (Grupo Arnedo) ha comenzado la reforestación de pinos junto a la Ciudad del Transporte (El Villar de Arnedo y Pradejón) sin estar aprobado el Estudio de Evaluación Ambiental. En concreto, cifran en 45 las hectáreas que han comenzado a reforestarse de las más de 500 previstas, tal y como muestran las fotografías. A esa queja también se suma Ecologistas en Acción La Rioja.

Así, desde la Asociación Rosalía Alpina recuerdan a Rioja2 que “Grupo Arendo planteó la reforestación de más de 500 hectáreas (564) de pinos cerca de la Ciudad del Transporte como parte de su Plan de Renaturalización para reducir las emisiones de CO₂”. Algo con lo que ninguna de las dos asociaciones ecologistas están de acuerdo y así lo han plasmado en forma de alegaciones. “Esta reforestación afectaría gravemente a especies de aves esteparias amenazadas y además va contra el Plan de Gestión específico para estos animales”.

El fin de este Plan de Gestión es frenar el declive observado en las especies de aves así como contribuir a conservar las poblaciones más vulnerables y tratar de ampliar en la medida de lo posible su número de áreas de distribución. Y para ello, este Plan propone actuar sobre los factores limitantes como incrementar la diversidad y capacidad de acogida del hábitat estepario para asegurar la conservación de las poblaciones de las cinco especies incluidas en el Plan y favorecer su recuperación. Y, además, emprender actuaciones que permitan minimizar algunos de los factores que afectan a estas aves esteparias.

Ecologistas en Acción La Rioja sostiene que el objetivo del Plan de Gestión es “totalmente contrario a lo que se pretende con este proyecto de repoblaciones sin sentido, sin fundamento y altamente nefasto para el medio en el que se pretenden colocar los pinos”. Y es que la plantación de estos pinos en más de 500 hectáreas de terreno “esteparios y agrícolas podría afectar gravemente a especies como el sisón, cernícalo primilla, ganga ibérica, ganga ortega y aguilucho cenizo”. Además, “la introducción de estas especies forestales (pinos) alterará el equilibrio natural de la zona y desplazará a la fauna nativa, incumpliendo así el Plan de Gestión de las Aves Esteparias de La Rioja”.

Todas estas reticencias ya las han presentado en forma de alegaciones al proyecto de reforestación en su fase de exposición pública del Gobierno de La Rioja. Porque tal y como argumenta Ecologistas en Acción La Rioja, “desde el punto de vista medioambiental, plantar pinos implica una reducción del hábitat de muchas aves esteparias porque se destruye y homogeneiza el paisaje agrícola. La reforestación prevista transformará y destruirá irreparablemente el hábitat”, advierten.

Una reforestación con unas consecuencias fatales que además responden a un objetivo también cuestionado por estas entidades. Ecologistas en Acción considera que el fin último de la empresa Grupo Arnedo es un “lavado de cara verde o greenwashing” porque aseguran que “este proyecto no es ninguna renaturalización y además es perjudicial tanto para la flora como la fauna esteparia por lo que no hay nada ecológico más allá de su nombre”.

En marzo del pasado año, la empresa informó de su intención de reforestar hasta mil hectáreas con la plantación de unos 840.000 pinos. Esta iniciativa viene impulsada por la normativa europea y las agendas 2030 y 2050 que hablan de compensaciones medioambientales por parte de las empresas para compensar sus emisiones de CO₂. De hecho, así lo recoge la página web de la empresa en el apartado medioambiental. “Otro de los proyectos ilusionantes en materia medioambiental de Grupo Arnedo es la plantación anual de 100 pinos por cada uno de los vehículos de su flota. Esta acción pretende además inculcar valores y el respeto por el medio ambiente desde la infancia, por lo que organizamos actividades didácticas dirigidas al alumnado de educación primaria que participan en la plantación de alguno de estos árboles”.

Los suelos no son aptos para los pinos

Las entidades censuran la reforestación de pinos sin estar aprobado el Estudio de Evaluación Ambiental y, además, recuerdan que estas zonas ya se repoblaron en su día con pinos y “fue un fracaso absoluto porque los suelos no son aptos para este árbol, y eso que se optó por pinos carrascosos, más adaptados a estos terrenos”.

En esta ocasión la opción elegida son pinos piñoneros por lo que aventuran un “fracaso absoluto”. “Lo único que se va a conseguir con esta repoblación es destruir con el laboreo ese hábitat tan valioso y que después mueran los pinos. Es una zona de suelos muy escasos, que se van a erosionar gravemente si se labran”, aventuran desde la Asociación Rosalía Alpina.

Suspendido hasta que acabe la evaluación de impacto ambiental

El Gobierno de La Rioja es conocedor del comienzo de la reforestación porque así se lo ha comunicado Ecologistas en Acción a través de un escrito al director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi. Escrito en el que reflejaban e informaban de que “la empresa había comenzado con varias de las actuaciones contempladas en el proyecto de plantación de pinos sin esperar a la resolución de la evaluación de impacto ambiental y plantando de forma inapropiada, en época inapropiada y haciéndolo sobre terrenos que están acogidos a planes especiales de protección como el sisón y las aves esteparias”.

En el mismo escrito, Ecologistas en Acción La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a que “adopte las medidas oportunas para paralizar estos trabajos ilegales que se están desarrollando por parte del promotor y se sancione al mismo por estar incumpliendo la Ley”. Esta solicitud de paralización fue recibida por el Gobierno de La Rioja el pasado 13 de mayo. La Asociación Rosalía de Alpina también ha pedido que se “paralicen las actuaciones y se abra un expediente sancionador a la empresa además de que no se apruebe el estudio de Evaluación Ambiental por las graves consecuencias para las aves esteparias”.

¿Tenía la empresa permiso para iniciar con la reforestación? Esta es la pregunta formulada al Gobierno de La Rioja, que ha respondido de la siguiente manera: “La Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua ha establecido la suspensión de las actividades incluidas en el proyecto mencionado hasta la finalización del procedimiento de Evaluación de impacto ambiental, (que acaba de finalizar la fase de exposición pública), con el fin de que todas las actuaciones realizadas en el marco de dicho proyecto garanticen el cumplimiento de las condiciones que se fijen en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental”.

La Asociación Rosalía Alpina y Ecologistas en Acción La Rioja consideran que esta reforestación de 45 hectáreas con pinos sin haber aprobado el Estudio de Evaluación Ambiental constituye una infracción “muy grave” de la Ley de Evaluación Ambiental por lo que exigen que “que se paralicen las actuaciones y se abra un expediente”. A este respecto, desde el Ejecutivo regional insisten en que “se ha establecido la suspensión de las actividades para abrir el proceso de analizar las actuaciones. Una vez analizadas las actuaciones se determinará si se han producido afecciones o no”.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria en Madrid, Toledo y Ávila. Hay cinco personas detenidas y se investiga a otras 12 por varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. “No obstante, se prevén nuevas personas investigadas por estos hechos”, explica el organismo en una nota de prensa.

La trama funcionaba explotando, trasladando y sacrificando animales de manera clandestina y bajo unas condiciones higiénicas muy deficientes, que luego se distribuía a distintos restaurantes. El principal investigado gestionaba una explotación ganadera en Toledo sin registrar en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Transportaba irregularmente, junto a otro socio, a ovejas y cabras que recogia también en otras explotaciones, tanto legales como ilegales, hasta el matadero final.

Algunos animales eran enviados a un matadero autorizado de la provincia de Ávila, en el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal, mientras que el resto llegaba a una explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero clandestino principal del entramado. Allí, los animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones sanitarias muy malas y sin respetar la normativa de bienestar animal.

Otro de los detenidos participaba en el sacrificio de los animales y luego distribuía la carne a nueve restaurantes en la provincia de Madrid, los cuales la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a domicilio a través de plataformas en línea. La Guardia Civil ha constatado también que varias personas recogían habitualmente la carne en esos mataderos clandestinos para repartirla a particulares en diferentes localidades madrileñas.

“Más de 350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles”, informa la Guardia Civil.

La operación, denominada 'operación Pox', ha contado con el trabajo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), que ha realizado siete registros e inspeccionado una explotación ganadera clandestina y nueve restaurantes en las tres provincias. Cuatro de ellos han sido cerrados cautelarmente. “Se ha intervenido 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios”, añade el comunicado. “La investigación ha determinado que la actividad delictiva se desarrollaba dentro de una estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en los que cada integrante desempeñaba un rol específico”.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria a través de mataderos clandestinos, gracias a una operación desarrollada en Ávila, Toledo y Madrid. Además, han sido cerrados cuatro restaurantes que ofrecían la carne, que también se distribuía a domicilio.

En total, han sido cinco personas detenidas y otras 12 han sido investigadas por varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. No obstante, se prevén nuevas personas investigadas por estos hechos.

Asimismo, en la denominada operación 'Pox' se han inspeccionado nueve restaurantes, cuatro de ellos han sido cerrados cautelarmente, y también una explotación ganadera clandestina. Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) han realizado siete entradas y registros, cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos.

En estas actuaciones, desarrolladas en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila, se ha intervenido 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios.

Sacrificio de más de 350 animales

Más de 350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles. El principal investigado gestionaba una explotación ganadera situada en la provincia de Toledo que operaba de forma clandestina, al no estar registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación hacía ilegal cualquier entrada o salida de animales desde dicha instalación.

Junto con otro de los implicados, realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos hasta la explotación clandestina. Para tratar de ocultar esta actividad ilícita, utilizaban documentación falsificada con el fin de simular que los traslados eran legales.

Una parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado de la provincia de Ávila, en el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal. Otra parte se trasladaba hasta otra explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero clandestino principal del entramado.

En este lugar, los animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal.

Distribución de la carne

Parte de la carne procedente de estos sacrificios ilegales era distribuida a través de canales no autorizados. Uno de los detenidos participaba en el sacrificio de los animales y posteriormente distribuía la carne a nueve restaurantes en la provincia de Madrid, los cuales la incluían en sus cartas e incluso ofrecían su reparto a domicilio a través de plataformas en línea.

Asimismo, se ha constatado que varios de los investigados recogían de forma habitual carne en los mataderos clandestinos para distribuirla entre particulares en diferentes localidades madrileñas, sin ningún tipo de control ni trazabilidad.

La investigación ha determinado que la actividad delictiva se desarrollaba dentro de una estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos, en los que cada integrante desempeñaba un rol específico. Esta coordinación permitía sortear los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, destaca el uso de pagos en efectivo y en “B”, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos, lo que constituye una modalidad de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha recordado que los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino al margen de la legalidad representan un alto riesgo para la propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, contraviniendo las medidas de cuarentena y provocando pérdidas millonarias en el sector ganadero.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Zaragoza una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, a la inmigración ilegal de ciudadanos argelinos. Presentaban empadronamientos, contratos de trabajo o cursos de formación fraudulentos con los que solicitaban permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales. También solicitaban permisos de residencia de familiar comunitario mediante uniones civiles ficticias.

Los migrantes llegaban a España en patera desde Argelia y eran alojados en un zulo ubicado en la ciudad de Zaragoza en el que vivían en condiciones infrahumanas. El entramado les facilitaba un “pack” de regularización completa que tenía un coste que oscilaba entre los 10.000 y 15.000 euros. Hay 30 detenidos en las provincias de Zaragoza (28), Huesca (1) y San Sebastián (1), seis de los cuales han ingresado en prisión.

Colaboradores y señuelos

La investigación policial se inició tras ser detectado un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos y en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas.

Las pesquisas descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de nacionales de Argelia, a quienes una vez introducidos en nuestro país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.

El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Zaragoza, donde se identificaron a los líderes del entramado, pero con ramificaciones a nivel nacional en otras provincias tales como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa. Además, contaba con una amplia red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas que usaban para llevar a cabo el objetivo último y principal, que era reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes. 

Asimismo, contaba con colaboradores en Francia, que proporcionaban clientes asentados en dicho país que buscaban arreglar su situación administrativa en España. A estos clientes se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros.  

Modus operandi

El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar, como domicilios donde realizar este extremo, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas. Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación. 

La elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de “look-alike” por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español. 

La organización criminal contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de “clientes-migrantes”, a los que se les facilitaba un “pack” de regularización completa. Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.

Una vez en España, los inmigrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de apenas nueve metros cuadrados habilitado dentro de uno de los locales gestionados por la organización criminal en la ciudad de Zaragoza, y en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.

La actuación operativa culminó con la detención de un total de 30 personas de de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización. Del mismo modo se llevaron a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde se incautó diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.

“Me cortó el hígado y el pulmón. Tuve laceraciones hepáticas graves, de grado cuatro”, enumera Yngrid, una de las afectadas por la 'reina de las cirugías plásticas', tal y como se da a conocer en sus redes sociales. Sus secuelas, innumerables, no acaban aquí. A ella y a otra afectada, Olga, las operó presuntamente la misma cirujana que, a pesar de carecer de título homologado para practicar la medicina en España, pudo alquilar un quirófano en un hospital privado en Cartagena en nombre de otro facultativo. “Estoy viva de milagro. Me pasó lo mismo que a Sara Gómez, pero tuve suerte”, asegura Yngrid.

En enero de 2022, Sara Gómez murió tras ser intervenida para un tratamiento de lipoescultura. La familia denunció que durante el procedimiento se cometieron múltiples irregularidades que resultaron fatales. Dos años después, Yngrid es operada en el mismo hospital de Cartagena, el Virgen de la Caridad, con el mismo anestesista. Pero no lo supo hasta poco después de la cirugía que casi acaba con su vida.

Aunque Yngrid y Olga fueron intervenidas presuntamente por la cirujana investigada, la doctora Kebeya C.N., en los papeles de alta e ingreso aparece un cirujano distinto. “Uno elige un médico y luego te opera otro, es increíble”, reflexiona la letrada Rosa Egea Castro, que representa a Olga. “No estamos en el tercer mundo, esto es la Europa del siglo XXI y tenemos que preguntarnos qué pasa cuando entras en una intervención y te sedan”, se queja. En el informe de alta de Olga, su clienta, “no aparece ningún dato, no hay información del equipo médico” que la intervino. 

Aorta afectada e hígado lacerado

Olga fue operada en octubre de 2023. Pero en esta ocasión su motivación no fue estética, sino de salud. En su juventud se había puesto un implante de biopolímeros -una sustancia prohibida en España- en los glúteos, que se estaban desplazando hacia su pubis, causándole inflamación y bastantes molestias. 

“Olga contrató los servicios médicos de la doctora Kebeya a través de sus redes sociales”, explica Rosa, y la convenció de que en lugar de retirarse los biopolímeros solamente aprovechase la ocasión para someterse a un paquete más completo con una liposucción de todo el contorno del cuerpo, una abdominoplastia y una mamoplastia. Pagó por las tres operaciones, pero no le intervinieron en el aumento de senos dándole el alta sin darle explicaciones, por lo que tuvo que reclamar el dinero que días más tarde le devolvieron.

La intervención no fue bien “y tuvo que acudir en varias ocasiones a urgencias”. Actualmente, sigue acudiendo, relata Rosa Egea. Los biopolímeros no se retiraron y al hacerle la intervención provocó que se le llenara el abdomen de líquido “que tenían que retirarle en urgencias, ya que los masajes drenantes no podían realizarse con efectividad”. Según la letrada, “ha tenido que estar de médicos constantemente y tiene la aorta afectada, lo que podría hacerle perder la pierna; está muy complicada de salud”.

Las complicaciones también aparecieron muy pronto en el caso de Yngrid, que acabó diez días en la UCI y estuvo hospitalizada casi un mes. “Al día siguiente de la operación ya se encontraba muy mal, con dolores, náuseas y angustia”, enumera Marco. Entonces, “volvió a acudir al mismo centro médico [el Hospital Virgen de la Caridad]. En el TAC vieron que tenía lesiones en órganos vitales, por ejemplo el hígado lo tenía lacerado y había hematomas en otros órganos”.

Yngrid: “Estuve tres meses llorando y sin vida”

Sobre su estancia en la UCI, Yngrid solo recuerda que se estaba muriendo: “Estuve dos días inconsciente. Al despertar, el doctor me dijo que estaba muy grave y que tenían que abrirme el estómago para ver qué daños tenía”. A esa operación le seguirían otras dos más para tratar de arreglar el destrozo causado. “Tenía que gastar setenta gasas todos los días para controlar la sangre que me brotaba de las heridas. Tenía una hemorragia interna”, describe Yngrid. “Estuve tres meses acostada, llorando y sin vida”, abunda la afectada.

El calvario no terminó tras las operaciones, ya que aún tiene que lidiar con graves secuelas: “Tengo una cicatriz espantosa con queloide (engrosamientos y elevaciones de la piel). Ando a punta de aceclofenaco (un fármaco para la inflamación) porque no aguanto el dolor. Las costuras que me hicieron parecen las de una muñeca de trapo”. Además del dolor se le suman las secuelas psicológicas: “He estado a punto de suicidarme. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico, tomando pastillas para quitarme la depresión”.

Olga tardó bastante tiempo en denunciar “porque la doctora desapareció y era imposible contactarla”, relata su letrada, “y porque mi clienta estaba muy débil”. Al ver una entrevista de Yngrid en los medios de comunicación y comprobar a través de un vídeo que se hizo público en el hospital Santa Lucía junto a la doctora Kebeya, “ató cabos y se dio cuenta de la trama”. 

Pago en metálico, a pie de quirófano

Rosa cuenta que Kebeya se entrevistó con Olga en el Hospital Virgen de la Caridad y le prescribió unas pruebas médicas previas a la operación en el mismo centro médico. “Antes de ser intervenida, y a pie de quirófano, Kebeya le exigió que le pagase el total que habían acordado en billetes en metálico que recogieron ella y su enfermera y hasta el momento de la sedación, lo que se había pactado es que la responsable de la operación sería la venezolana”. 

Sin embargo, durante su declaración en el juzgado el pasado lunes el doctor Joaquín A.R., de nacionalidad alemana, aseguró que a pesar de no recordar el caso de Olga sí que había sido él quien la había intervenido, “a pesar de que mi clienta no le había contratado a él”. Fue a través de este doctor, que sí que cuenta con título homologado en España, que se alquiló la sala de operaciones en el Hospital Virgen de la Caridad. “Las operaciones las realiza ella. Se están tapando las espaldas”, denuncia Yngrid.

En una visita que Kebeya hizo a Yngrid mientras estaba ingresada, la cirujana reconoció que Joaquín era “su compañero”: “Es el que opera conmigo [Joaquín], él es el que hace todo aquí, llevamos tres años trabajando juntos en todas las operaciones”, insistió Kebeya en un audio grabado por la propia víctima cuando la cirujana la visitó durante su ingreso. Yngrid aportó como prueba estas grabaciones, cuya transcripción figura en el atestado policial.

“Obligación de velar quién usa las instalaciones”

“¿Cómo se puede permitir que en un centro hospitalario operen personas de fuera sin una titulación homologada?”, se pregunta Rosa Egea, quien apunta a que el Hospital está personado como responsable civil. La abogada apunta a un posible “negocio” entre Joaquín A. R. y la doctora Kebeya, “ella está especializada en moldear cuerpos y él en mamoplastias”. La trama podría consistir en la captación de las mujeres por parte de la venezolana y el alquiler de la sala a través del alemán. “Tienen la obligación de velar que quien haga uso de las instalaciones sean personas autorizadas”, apunta Marco.

En el caso de Yngrid, “parece ser que el otro doctor [Joaquín A. R.], para cubrir la legalidad de la intervención, figura como único médico que le opera y la doctora [Kebeya] como una visitante o persona que está ahí observando sin meter las manos”, explica Marco.

La mayoría de las clientas de Kebeya eran de origen latinoamericano y organizaba varias intervenciones concentradas en fechas concretas, dos veces al año: “Hasta Murcia venían chicas de toda Europa, Suiza, Milán o Alemania; Olga coincidió con otras dos pacientes que quedaron muy afectadas”, cuenta Rosa Egea.

Personal del hospital participó en la operación

Este diario se ha puesto en contacto con el Hospital Virgen de la Caridad, que insiste en que “se cumplieron todos los protocolos internos establecidos”: “El caso se encuentra judicializado y preferimos esperar a la resolución judicial. Por nuestra parte, como no puede ser de otra forma, hay una máxima colaboración con la investigación de estas intervenciones que fueron realizadas por personas ajenas al hospital tras alquilar las instalaciones”.

“No es cierto que el hospital solo alquile el quirófano. El espacio va con su personal sanitario, trabajadores del Virgen de la Caridad; y material quirúrgico”, recuerda Marco. Entre el personal del hospital que intervino en la operación de Yngrid está el anestesista que intervino a Sara Gómez en la operación que acabaría con su vida, el doctor Viudes. “Me dejó con las cuerdas vocales paralizadas, estuve cinco meses sin hablar”, relata Yngrid. La propia Kebeya, cuando visitó a la afectada en el hospital, calificó al anestesista de “loco”: “Me contó que tomaba antidepresivos porque lo acusaban de asesinato”.

Frente a lo ocurrido, el abogado de Kebeya sostiene que aún no hay orden de localización de su clienta: “No se la ha notificado nada, ella reside en su país de origen”. El letrado insiste, además, en que “Kebeya no hizo ninguna intervención; el anestesista y el médico ya dijeron que ella no operó. Cuando nos llegue la causa acudiremos a la justicia. Está perfectamente localizable, es un personaje público y no se le ha enviado ninguna petición del juzgado, no ha recibido auto de imputación”.

“Hay un auto de incoación de previas que, podríamos decir que es una orden del juez para que se investiguen los hechos y que se acuerden todas las medidas que soliciten el fiscal y las partes. Una de esas medidas de investigación es escuchar al denunciado. La Policía Nacional, que es la que ejecuta la orden del juez de investigar, ha llamado por teléfono [a Kebeya]”, matiza Marco. “Ella, como estaba en el extranjero, ha declinado hasta que reciba la citación por escrito. En resumen, no hay un auto, pero ella sabe que hay un procedimiento”, abunda.

Sobre si dificultará el proceso que Kebeya esté en Venezuela, Marco recuerda que “oficial y técnicamente no debería haber ningún problema porque España mantiene relaciones correctas con Venezuela”.

Sara Gómez, “la misma historia”

El hermano de Sara Gómez, Rubén Gómez, no puede contener su incredulidad ante lo ocurrido con Yngrid, operada en el mismo hospital y con el mismo anestesista. “Debería estar suspenso. Se le abrió un expediente disciplinario por infracción grave por carecer de compatibilidad con la privada. Le impusieron nueve meses de suspensión de funciones que no solo no ha cumplido, sino que además ha vuelto a delinquir”. Según el diario local La Opinión, el pasado enero a este anestesista se le abrió otro expediente disciplinario por, presuntamente, suplantar la identidad de otro profesional para participar en una intervención quirúrgica en el Hospital Mesa del Castillo de Murcia.

“Lo que ha pasado es terrible, la misma historia, en la misma clínica y con el mismo anestesista”, valora Francisco Pedreño, portavoz de la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de la Región de Murcia. “Parece que le dan un quirófano a cualquiera, tendrían que estar más atentos”. Pedreño añade que Joaquín A.R. es cirujano cardiovascular “pero no tiene la especialidad de plástico, un cirujano plástico no habría cometido esos errores”.

Tras lo ocurrido con Sara Gómez, el Ministerio de Sanidad emitió en septiembre de 2024 una orden ministerial donde establecía que las intervenciones de cirugía estética debían practicarlas “médicos con la especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad”.

La medida tuvo un corto recorrido, puesto que dos meses después la Audiencia Nacional suspendió la orden de forma cautelar a petición de la Asociación Española de Cirugía Estética y un particular.

La Policía Foral ha denunciado este fin de semana a 81 personas que participaban en Tudela en una concentración de 600 vehículos en la que se realizaban maniobras ilegales. Las detenciones, según han informado desde el cuerpo policial, tuvieron lugar en el marco de un dispositivo preventivo para el control de vehículos que se concentran en viales del polígono industrial de La Serna para realizar carreras, maniobras prohibidas y “otras conductas negligentes y de riesgo para la seguridad vial”.

Se trata de KDDS ('kedadas') a través de redes sociales en las que participan conductores de Navarra, La Rioja, Soria, Zaragoza y Burgos, “con numeroso público espectador sin garantías de seguridad”. Prestaron servicio en el operativo patrullas de tráfico de la Policía Foral adscritas a la comisaría de Tudela, así como del Grupo de Delincuencia del Automóvil de Pamplona y drones del GAT (Grupo de Apoyo Tecnológico).

Al tratarse del término municipal de la capital ribera se contó con la presencia de cuatro patrullas de la Policía Municipal, que formularon 37 denuncias por infracciones a la normativa de seguridad vial, como conducciones negligentes, utilización de teléfonos durante la conducción y modificaciones importantes de las condiciones técnicas del vehículo. Además, uno de los vehículos fue inmovilizado por deficiencias graves en los cuatro neumáticos.

El control policial se dispuso obligando a todos los vehículos que se aproximaban al polígono a pasar un filtro donde se sometieron a las oportunas pruebas de alcohol y, si procediese, de drogas.

Agentes del Grupo Delincuencia del Automóvil (GDA) formularon 44 denuncias administrativas por distintas infracciones de circulación: 39 por entablar competiciones de velocidad en la vía pública, 2 por conducción temeraria, 2 por conducción negligente y 1 por circular en sentido contrario. Además de turismos, participaban motocicletas e incluso un tractor agrícola de gran tamaño.

La Policía Foral va a solicitar en diferentes lugares propensos a estas prácticas la instalación de reductores de velocidad para disuadir las carreras, así como cámaras de vigilancia que controlen infracciones y posibles conductas delictivas.

Desde el cuerpo policial han advertido de que en este tipo de concentraciones en otras provincias se han producido accidentes graves con fallecidos. En Navarra tuvo lugar hace unos meses un siniestro en el polígono Areta de Huarte, en el que dos personas resultaron heridas tras chocar un vehículo cuyo conductor tenía el permiso suspendido, por lo que se remitieron diligencias al juzgado.

La Policía Local de Logroño denunció al propietario de un pabellón ubicado en el Polígono Carrera del Cortijo por la celebración de una fiesta privada ilegal. Las la inspección realizada, los agentes comprobaron que el local carecía de licencia para la celebración de la fiesta en la que estaban participando una treintena de persona. Se levantó acta y se formuló la correspondiente denuncia.

Es una de las actuaciones realizadas por la Policía Local de Logroño entre las 10:00 horas de ayer sábado 21 de septiembre y las 7:00 horas de este domingo 22.

Además, y según datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Logroño, en este intervalo de tiempo, se realizaron 7 controles de alcohol y drogas y se controlaron 82 vehículos. Las pruebas arrojaron 4 positivos administrativos por alcohol, 1 positivo penal de alcohol y tres positivos por drogas. En materia de seguridad ciudadana, los agentes detuvieron a una persona y denunciaron a otra por un delito contra la seguridad vial. Y además, los agentes interpusieron 38 denuncias por incumplir las ordenanzas municipales y realizaron tres decomisos por venta ambulante.

La Policia Local de Sant Josep ha destacat la sanció de 365.000 euros interposada contra els responsables d'una festa il·legal, on a més hi va haver un detingut per un delicte contra la salut pública.

Segons ha informat la policia a les seves xarxes socials, la setmana passada l'esdeveniment es va saldar amb una multa de 200.000 euros per a l'organitzador, més 165.000 euros més per no col·laborar amb els agents.

Tal com ha relatat, quan les patrulles es van acostar al lloc de la festa, els responsables van assegurar als agents que aquesta duraria uns quants dies i que no pensaven parar.

La policia ha explicat que es cobraven fins a 100 euros d'entrada, 50 euros per a residents, i que consumicions com una ampolla d'aigua es cobraven a cinc euros.

A més d'haver estat denunciats els organitzadors amb multes de fins a 300.000 euros, alguns dels assistents han estat multats amb 3.001 euros i, a més, està prevista una altra sanció per volar un dron en un espai aeri controlat.

La Policía Local de Sant Josep ha destacado la sanción de 365.000 euros interpuesta contra los responsables de una fiesta ilegal, donde además hubo un detenido por un delito contra la salud pública.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, la pasada semana el evento se saldó con una multa de 200.000 euros para el organizador, más otros 165.000 euros por no colaborar con los agentes.

Tal como ha relatado, cuando las patrullas se acercaron al lugar de la fiesta, los responsables aseguraron a los agentes que ésta iba a durar varios días y que no pensaban parar.

La Policía ha explicado que se cobraban hasta 100 euros de entrada, 50 euros para residentes, y que consumiciones como un botellín de agua se cobraban a cinco euros.

Además de haber sido denunciados los organizadores con multas de hasta 300.000 euros, algunos de los asistentes han sido multados con 3.001 euros y además está prevista otra sanción por volar un dron en un espacio aéreo controlado.

Tres personas han sido detenidas por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico en cuatro naves industriales en las localidades de Albacete y Chinchilla de Monte-Aragón, donde mantenían “granjas” para el minado de criptomonedas. Otra está siendo investigada en el marco de la operación 'Rabosot' de la Guardia Civil, y la defraudación se valora en unos 160.000 euros.

La operación se inició el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil detectó a varias personas, con antecedentes policiales por tráfico de drogas, que podrían estar alquilando naves en polígonos industriales de Albacete y de la localidad de Chinchilla de Monte-Aragón. Los agentes pudieron comprobar cómo estas naves, que carecían de actividad industrial, tenían unos consumos eléctricos desorbitados, sospechando que podrían estar utilizándose para albergar plantaciones de marihuana.

Una vez analizados dichos consumos, se pudo comprobar que los mismos provenían de acometidas eléctricas ilegales, resultando muy elevados y uniformes el consumo las 24 horas del día. Esta información “hizo sospechar a los agentes” que podría tratarse de las llamadas “granjas” de criptomonedas.

De este modo, se procedió a realizar registros en las naves investigadas, donde se intervinieron 68 sistemas informáticos de alta gama de los conocidos como máquinas de minería de Bitcoin así como sofisticados equipos informáticos auxiliares y de refrigeración.

Enganches ilegales

Una vez que los operarios habilitados realizaron las desconexiones de los enganches eléctricos interiores se pudo comprobar que habían sido manipulados producido con ello la pérdida total de la seguridad en los elementos de protección por lo que existía un peligro real de incendio en las naves y un enorme riesgo de electrocución para las personas que estaban haciendo uso de ellas. 

Cabe destacar, que los detenidos para no ser detectados en la defraudación eléctrica, habían ideado un “ingenioso” sistema de seguridad que permitía desconectar automáticamente toda la infraestructura eléctrica ilegal de las naves cuando se iban a realizar las comprobaciones o mediciones correspondientes. Además, contaban con otros sistemas de seguridad como cámaras de videovigilancia y sensores de movimiento en las entradas de las naves industriales.

Las “granjas” de criptomoneda son instalaciones en las que se ubican los sistemas informáticos necesarios para realizar las actividades de desencriptación de los códigos tras los cuales se esconden nuevas monedas virtuales, como Bitcoin. La minería de criptomoneda no es delictiva, pero sí la defraudación de fluido eléctrico, que suele aparecer asociada a la minería de criptomonedas para evitar los costes energéticos derivados de la misma.  

Como cada año, durante la primavera y el inicio del verano se dispara la venta de una gran variedad de productos que prometen adelgazar. Farmacias, parafarmacias, herbolarios y diversas tiendas online reciben una demanda multiplicada por la búsqueda de una pérdida de peso relativamente rápida: muchas personas anhelando un cuerpo más esbelto en la época del año en la que más expuesto está, sobre todo en la playa y la piscina. 

Las redes sociales potencian el boca a boca sobre ciertos productos “quemagrasas”, reforzando aún más su venta. Es el caso de la fentermina, un fármaco para tratar la obesidad mediante la inhibición del apetito, que se ha popularizado recientemente en TikTok como un “método milagro” para adelgazar rápido. A pesar de las supuestas bondades que se señalan en los vídeos de la red social, este medicamento no llegó a autorizarse en España ni en la Unión Europea (UE) porque sus riesgos para la salud no compensan sus potenciales beneficios. Su comercialización es, por tanto, ilegal en la UE, pero las autoridades no son capaces de evitar la venta online de este producto.

La fentermina es el último fármaco adelgazante que se hace viral en poco tiempo. Hace unos meses fue Ozempic (cuyo principio activo es la semaglutida) el que pasó a recibir una gran atención mediática. Este medicamento, dirigido a diabéticos, se promocionó extensamente en redes sociales y múltiples influencers y famosos reconocieron tomarlo para perder peso, lo que contribuyó a su desabastecimiento a nivel mundial.

“Quemagrasas” con productos ilegales

Diuréticos, laxantes, ciertos inhibidores de la absorción de grasas, supresores del apetito, potenciación del metabolismo basal.... Son algunos de los componentes ilegales que se pueden encontrar en diversos complementos dietéticos que se distribuyen fuera de los canales convencionales, en tiendas por Internet, y al margen de las autoridades sanitarias. Como estas moléculas solo están permitidas en medicamentos autorizados, que deben cumplir con estrictos requisitos sanitarios, ciertos fabricantes las añaden a sus productos sin declararlo en el etiquetado para evitar su retirada del mercado. 

A veces, estos ingredientes están presentes por procesos de fabricación muy deficientes en los que se producen contaminaciones cruzadas. Además, la cantidad del fármaco presente en el producto puede ser extremadamente variable, por debajo o por encima de la dosis que podría considerarse adecuada, lo que incrementa aún más el riesgo de efectos adversos.

Una de las moléculas ilegales que con más frecuencia se encuentran en complementos dietéticos “quemagrasas” es la sibutramina, un fármaco retirado de la UE por sus graves efectos adversos cardiovasculares. A pesar de ello, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios retira del mercado cada cierto tiempo productos con este componente y otros dirigidos también a la pérdida de peso. 

Los peligros para la salud

El principal riesgo para los consumidores es el desconocimiento: como no saben que están consumiendo un fármaco no son conscientes de las contraindicaciones que pueden existir en el caso de un embarazo o alguna enfermedad, o de qué manera puede interactuar el consumo de ciertos fármacos con el ingrediente ilegal del complemento dietético.

Cada tipo de fármaco va a presentar una serie de potenciales efectos adversos. La sibutramina, por ejemplo, puede causar infartos cardíacos, arritmias, ictus o estreñimiento. La fentermina, por su parte, puede provocar insomnio, dependencia, nerviosismo, aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca o problemas gastrointestinales.

Más allá de los efectos secundarios de estos productos, la pérdida drástica y rápida de peso mediante estos 'productos milagro', si no se acompaña de un estilo de vida saludable (con actividad física frecuente y dieta sana) mantenido en el tiempo, provoca una recuperación de los kilos por un efecto rebote.

Publicidad también ilegal

En teoría, en España la publicidad de productos “que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad” no está permitida, salvo para medicamentos y productos sanitarios que hayan demostrado tales efectos. Así lo establece el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Además, según el Reglamento (CE) 1924/2006 en las declaraciones nutricionales y de propiedades en los alimentos no se permiten palabras relativas “al adelgazamiento, al control de peso, a una disminución de la sensación de hambre, a un aumento de la sensación de saciedad, o a la reducción del aporte energético de la dieta” excepto cuando estas propiedades se han demostrado científicamente y los mensajes puedan ser inteligibles para el consumidor medio.

A pesar de que la ley prohíbe de forma clara la promoción de productos que den a entender propiedades adelgazantes como complementos dietéticos, lo cierto es que esta se vulnera sistemáticamente, tanto fuera de Internet (herbolarios, farmacias y parafarmacias) como dentro. Basta una rápida búsqueda en Google para encontrarse con decenas de productos “quemagrasas” y “adelgazantes”, que garantizan perder peso sin apenas esfuerzo, alguno de los cuales podría contener ingredientes ilegales, no declarados.

Félix Solís, una de las bodegas más importantes de Castilla-La Mancha y de España, deberá pagar una multa de 6.000 euros, cien euros diarios durante dos meses, como condena por el delito de distracción de agua tal y como lo estipula el artículo 247 del Código Penal. Es el punto final de un litigio que comenzó en 2008, cuando el agricultor Juan Pedro Parra, de Campo de Montiel, pinchó una tubería que “no correspondía” en su finca.

Parra lo denunció entonces ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que actuasen de oficio ante la situación. Así lo explica el letrado de la acusación, Juan Manuel Lumbreras. Parra declaraba a la Cadena Ser que sólo quería que la condena sirviese de “escarmiento” para que no se sacase “tanta agua ilegal” en medio de la sequía. Durante el juicio, celebrado este martes en Ciudad Real, se realizó finalmente una variación del escrito de la Fiscalía para llegar a una calificación por delito de distracción del canal de agua.

En principio, el escrito de acusación de la Fiscalía contemplaba un delito contra el medioambiente, pero se trataba de una calificación “con carácter provisional”, según informan desde el Ministerio. De este modo, se multa al bodeguero por el delito mencionado, contemplado en el artículo 247 del Código Penal. El letrado de la acusación, Juan Manuel Lumbreras, recuerda que por su parte pedían hasta 4 años de cárcel de manera subsidiaria al delito, directamente contra el bodeguero.

Procedimiento judicial desde 2010

Fue la “fuerza” con la que discurría el agua de la tubería rota accidentalmente la que llamó la atención del agricultor de Campo de Montiel. “Le puso en alerta de que algo raro estaba pasando, porque se llegó a varios metros”, recalca Lumbreras. Entonces fue cuando puso la denuncia por la vía administrativa ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El procedimiento judicial comenzó en 2010. “Fue mi cliente quien destapó los hechos y que ha seguido adelante hasta una sentencia condenatoria. Aunque sea por acuerdo, es condenado por un delito de extracción de agua de manera ilegal”, resalta el abogado.

Desde la acusación se decidió llegar a acuerdo sin la condena por delito medioambiental, porque “se podría haber llegado a una instrucción muy complicada”. “Mi cliente no deja de ser un agricultor que únicamente quería dejar la verdad a la luz con una sentencia condenatoria, que es lo que ha pasado”, señala. Eso sí, se trata de la pena menos grave que se solicitaba. Tampoco cabe recurso al haberse llegado a acuerdo. La pena también se ha reducido debido a “dilaciones indebidas”, lo que ha hecho que se aminore en un grado, pasando de seis meses a dos meses. “El agua era un bien público del Estado”, recuerda el abogado.

“Detracción de aguas, una cuestión menor”, dice Félix Solís

La compañía Félix Solís ha querido recalcar que la condena llega por “detracción de aguas, que es una cuestión menor”, y que las acusaciones de delito “contra los recursos naturales y el medio ambiente no tenían ningún fundamento legal”.

El acuerdo, señalan, fue propuesto por la “propia Fiscalía. ”En todo caso, nuestros peritos podían acreditar que el agua subterránea extraída en ese periodo para el riego de las parcelas de viñedos de Félix Solís fue muy inferior a la cantidad que se indica en la sentencia. En esos años no había caudalímetros y, por tanto, los cálculos de la acusación no son precisos al haberse basado únicamente en tablas estimativas“, resaltan. Finalmente añaden, a pesar de la multa, que ”siempre han actuado conforme a la normativa en materia medioambiental y respetando un uso responsable y sostenible de los recursos naturales en la región“.

Un hombre de 66 años ha sido investigado como como representante de varias empresas que presuntamente se dedicaban al vertido de residuos en una antigua cantera situada en el término municipal de Seseña (Toledo). La investigación se realizó en el marco de la operación 'Verseña' de la Guardia Civil, la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) y la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA).

Las empresas investigadas llevaban realizando desde al menos el año 2013 vertidos sistemáticos de una gran variedad de residuos en la antigua cantera, actuando como gestores de residuos mediante eliminación por depósito en vertedero, careciendo totalmente de autorización alguna para ello. Para el vertido de residuos y su posterior enterramiento se utilizaba maquinaria pesada, llegando a generarse un vertedero ilegal de un gran volumen y extensión.

Además, por permitir el vertido de residuos en su cantera, las empresas investigadas cobraban una cantidad sustancialmente inferior a lo que se cobraba en otros centros autorizados de gestión de residuos.

Debido al modus operandi, consistente en el vertido continuado en el tiempo y posterior enterramiento de una tipología muy variada de residuos (plástico, madera, escombros, hierro) entre los que se encuentran residuos peligrosos (neumáticos fuera de uso, filtros y envases de aceite de motor, envases de pintura, disolventes y aceites vegetales, filtros de maquinaria pesada), y debido a que la cantera se trata de un antiguo hueco minero, donde posiblemente se llegó muy cerca del nivel freático durante la fase extractiva, queda patente que dichas actuaciones son susceptibles de causar un daño al suelo con posible afección a las aguas subterráneas.

En esta investigación ha sido muy relevante los informes proporcionados por los Técnicos de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, los cuales apoyan y avalan las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Protección de la Naturaleza con sus informes y actas, así como las inspecciones e informes de la Policía Local de Seseña, por lo que se considera una investigación donde la coordinación entre administraciones ha sido fundamental.

Conforme al Código Penal, la persona investigada ha sido detenida como presunta autora de un delito de contra los recursos naturales y el medio ambiente al llevar acciones susceptibles de causar un daño al suelo y a las aguas. Se enfrenta a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.

La multitudinaria celebración de fin de año que se ha organizado de forma ilegal en la localidad granadina de La Peza se está alargando más de lo normal. Tanto que cinco días después de que comenzara esta rave ilegal en terrenos municipales, el ambiente continúa “exactamente igual”, según confirma el alcalde del municipio, Fernando Germán Álvarez Moles, a elDiario.es Andalucía.

“Allí sigue prácticamente la misma gente que el primer día [30 de diciembre]”, explica el alcalde, quien calcula que todavía este martes día 3 de enero se concentran en esa zona del pueblo aproximadamente “1.000 o 1.500 personas”, después de que agentes de la Guardia Civil hayan realizado esta mañana un control por las inmediaciones. De esta forma, han podido comprobar que “no hay evolución” y la música “incluso la han subido un poco”, añade el regidor.

Respecto a una posible intervención en el recinto, Álvarez Moles informa que por motivos de seguridad, tanto la administración local, como la Benemérita y la Subdelegación del Gobierno han optado por “esperar” a que los asistentes desalojen la ubicación de forma voluntaria, pues “podría ser peor el remedio que la enfermedad”, en palabras del alcalde, a juzgar por el número de personas y perros que aún ocupan el terreno de titularidad municipal situado a varios kilómetros del centro.

Una rave sin precedentes

De acuerdo con las declaraciones del alcalde, es la primera vez que sucede un acontecimiento “de este calibre” en La Peza, donde se han dado cita más de un millar de personas y autocaravanas durante cinco jornadas, llegando a forzar cortes y desvíos de tráfico por la proximidad del recinto en el que se desarrolla la fiesta con la autovía A-92.

A pesar de “las molestias” que está ocasionando a los vecinos en la entrada y salida del pueblo, Fernando Germán Álvarez Moles asegura que hasta el momento no se han producido incidentes “dignos de mención”. Y si bien descarta que el desalojo se vaya a producir en breve, espera que la fiesta que empezó un año y continuó el siguiente pueda darse por concluida lo antes posible.

Entre los dos coches suman más de 600 caballos. Un BMW M3 y un Volkswagen Golf R se sitúan uno al lado del otro, con el motor encendido, en una calle de un polígono industrial a las afueras de Barcelona. Un joven frente a ellos sujeta un semáforo, todavía en rojo. A cada lado de la calzada, centenares de chavales gritan y jalean a los conductores esperando a que empiece la carrera.

El termómetro, en esta madrugada de sábado, apenas marca tres grados. Algunos han acudido con sillas de picnic y mantas para protegerse del frío. Otros se resguardan dentro de sus coches o se “calientan” haciendo botellón. Han sido citados a través de un canal privado de Telegram que les ha revelado el punto de encuentro apenas una hora y media antes de la cita. 

A medida que avance la noche, irán cambiando de polígono industrial cada pocas horas para esquivar a la policía, que hace acto de presencia en los aledaños de las carreras pero sin intervenir ni desalojar.

Ellos lo llaman “quedadas” (lo escriben “kdds”) y se han convertido en una vía de escape para centenares de jóvenes que reniegan del ocio nocturno tradicional, no pueden entrar en discotecas porque no están vacunados o simplemente quieren pasar una noche cargada de humo, goma quemada y adrenalina. Se reúnen, sin fallo, en distintos puntos de Catalunya cada viernes y sábado desde hace meses y los encuentros son cada vez más numerosos.

No solo hay carreras en estas reuniones. También hay derrapes, coches que queman rueda o hacen un ruido ensordecedor con el escape libre de su vehículo. Todo esto ocurre con la gente agolpada en plena calzada y los vehículos pasan a pocos centímetros de ellos a alta velocidad. Ya ha habido varios sustos, coches que han acabado volcados o estampados por no lograr frenar a tiempo tras una de estas carreras.

“Algún día habrá una desgracia”, admitía un joven después de que le pasara un Seat Ibiza Cupra rozando su cara en una de estas carreras, que en su argot se llaman “lanzadas”. Se realizan en línea recta y consisten en ver qué vehículo acelera más rápido y llega antes a la meta.

Empezaron siendo unos pocos y ahora ya son cientos de personas, apuntan tanto los asistentes habituales como los Mossos d’Esquadra. “Han proliferado muchísimo desde la pandemia”, confirma Rafael Aguilar, jefe del área central de investigación de accidentes de tráfico de la policía catalana.

Cuando elDiario.es inició este reportaje, hace un mes, había unos 3.000 suscritos al canal privado de Telegram desde donde se dan las indicaciones para acudir a estas carreras. Este jueves eran ya casi 4.600.

Una noche en las carreras implica no saber donde se celebrarán hasta las 10 de la noche. También supone ir cambiando de lugar durante toda la madrugada en un juego del gato y el ratón con la policía.

Los puntos de encuentro van desde lugares cerca de Manresa y Girona hasta el área metropolitana de Barcelona. Una vez se revela el sitio exacto, varios convoyes de coches salen desde distintas ciudades catalanas hacia el lugar convenido.

Una noche burlando a la policía

Puntual, como cada viernes y sábado, el canal de Telegram indica a las 22h en punto el primer lugar de encuentro. “Plan A”, señala el mensaje, que lleva adjunto una ubicación de Google Maps.

La primera ubicación lleva a un polígono del área metropolitana de Barcelona. Al llegar, las luces azules de tres vehículos policiales indican que ahí no habrá ninguna carrera. Los agentes se han adelantado. Una consulta al canal de Telegram bastará para ver que los organizadores ya tienen preparado otro lugar para encontrarse, a apenas 15 kilómetros. “Plan B”, precisa el segundo mensaje, también acompañado de la ubicación.

El administrador de este canal –que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es– dirigirá a cientos de jóvenes que seguirán sus indicaciones durante toda la noche. “No déis el cante por la urbanización”, indica a los que están de camino. “La gente detrás de la línea blanca por favor”, señala para organizar el punto de salida de las carreras.

De camino al sitio convenido, varios coches de gran cilindrada adelantan por derecha e izquierda a toda velocidad. Son las 0 h y el segundo punto de encuentro está ya copado de vehículos. Hay más de un centenar: desde coches de alta gama valorados en más de 100.000 euros, como un Ford Mustang GT 500, hasta utilitarios más humildes como un Renault Clio.

“Aquí vienen pijos, canis… de todo”, explica uno de los asistentes mientras se prepara una copa en el maletero de su coche. Hay buen rollo entre los congregados y cierto júbilo por participar en algo secreto que consideran especial. La mayoría está en la veintena pero también hay treintañeros. Algunos incluso han llevado a sus hijos a pesar del frío y las horas. 

“La mitad de los que estamos aquí no estamos vacunados”, explica otro joven, que señala que estos encuentros se han convertido en la mejor alternativa para hacer algo los fines de semana. “¿Para qué me voy a gastar 15 euros para entrar a un garito, si no hay ningún espectáculo mejor que este?”, añade un amigo mientras un Audi A3 quema rueda frente a él.

Empiezan a verse los primeros derrapes en una rotonda. También vehículos sacando llamaradas por el tubo de escape. Los asistentes, poco a poco, se preparan para que empiecen las carreras. “Hacemos la calle de sentido único para evitar accidentes”, indica el canal de Telegram, una voz anónima y omnipresente durante toda la velada.

El semáforo se pone en verde y el BMW y el Volkswagen aceleran a toda velocidad. “¡Písale!”, gritan los jóvenes agolpados en la calzada, sin ningún tipo de medida de seguridad. Los dos coches se ponen uno al lado del otro, separados por unos centímetros, probablemente a más de 200 kilómetros por hora. Pasan muy cerca del público y en el otro extremo no hay nadie para frenar a cualquier vehículo que venga en dirección contraria. El riesgo es evidente.

La escena se repite continuamente. Los coches se van poniendo uno al lado del otro y esperan la señal para arrancar. Las ruedas chirrían. Los tubos de escape resuenan en el polígono, cuyo asfalto está lleno de marcas de neumáticos. La mayoría graba la competición con sus móviles. La gente está cada vez más animada y los coches van cada vez más rápido. Han venido tantos vehículos que algunos ni siquiera pueden acceder al evento.

Cuando el encuentro ya lleva poco más de una hora, varias luces de los Mossos se ven a lo lejos. Los agentes se han situado en los puntos de acceso al polígono, pero en ningún momento entran para disolver el encuentro.

De repente un nuevo mensaje aparece en el móvil. “Plan C”. Son casi la 1:30 h de la madrugada y los jóvenes, obedientes, empiezan a subirse a sus coches. Pasan frente a los Mossos y agentes de la Policía Local que custodian la entrada al polígono sin que se dé el alto a ningún vehículo.

Hay tantos coches que se dirigen hacia el siguiente punto, que se forma una caravana de vehículos tuneados y de alta gama por la carretera comarcal. Da igual que sea plena madrugada, Google Maps indica en rojo que hay un gran atasco en la carretera como si fuese un lunes por la mañana.

La difícil tarea policial

Aguilar, el jefe de investigación de los Mossos, explica que desde el cuerpo hace tiempo que siguen de cerca estos eventos. No le consta, sin embargo, que en estas reuniones se hagan carreras como las descritas en este reportaje.

También comenta que no es sencillo luchar contra estas reuniones. “Se citan con muy poco tiempo de antelación”, añade el agente. “Es totalmente imprevisible”.  En varias ocasiones se han personado en el lugar, pero al llegar no se encuentran nada más que gente congregada con sus coches. “Si llegamos y no están haciendo ninguna acción ilegal, no hay actuación policial posible”, prosigue Aguilar.

Asegura que las únicas actuaciones se han hecho a posteriori gracias a los vídeos publicados en redes sociales. Recientemente identificaron y denunciaron a tres conductores que hacían derrapes en uno de estos encuentros, que reunió también a un millar de personas cerca de Castellbisbal y cuyas imágenes circularon por internet.

“Da miedo ver esos vídeos”, señala. “El coche puede perder el control y llevarse por delante a 30 personas de golpe”. Los delitos que les imputan a estos conductores identificados podrían sumar hasta cinco años de cárcel, asegura este mosso d'esquadra.

El llamado “Plan C” del sábado está situado en un apartado polígono en el Vallès Oriental. Casi todos los que estaban en el anterior punto se han desplazado hasta aquí. Son las dos y media de la madrugada y el ambiente está cada vez más animado: siguen las carreras, el ruido con los tubos de escape, los derrapes y las ruedas quemadas. 

Un último mensaje aparecerá en Telegram pasadas las tres de la madrugada. Ilustra a la perfección la dificultad que tienen los agentes para actuar contra este tipo de eventos. “Familia vienen muchas patrullas hacia aquí”, se lee en la pantalla. La reunión se disolverá y los jóvenes descansaran hasta el próximo fin de semana.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó este lunes solicitar a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (Cotmac), dependiente del Gobierno de Canarias, el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y ordinaria del Plan General de Ordenación (PGO) 2020 de Santa Cruz de Tenerife, en fase de elaboración desde el año pasado.

La evaluación ambiental del futuro PGO es una pieza clave e indispensable para convalidar el planeamiento municipal de Santa Cruz, después de que el PGO en vigor fuera objetado por la Justicia, entre otros aspectos, por esa cuestión.

La encomienda municipal incluye en el expediente el borrador del PGO, el documento inicial estratégico y el documento en el que se identifican las personas integrantes del equipo redactor y del equipo redactor ambiental.

Este proceso se sustenta en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el pasado 26 de octubre de 2018, cuando el pleno de la Corporación avaló el comienzo del nuevo Plan General, fijando la necesidad y oportunidad de la ordenación y designando al órgano promotor (Gerencia de Urbanismo, bajo control del PP, con Carlos Tarife como concejal responsable) y al órgano ambiental (Cotmac), así como al director responsable de la elaboración del plan y estableciendo un cronograma estimado de tramitación.

Asimismo, se dispuso el inicio de la revisión del Catálogo de Protección del Patrimonio, que se tramitará como instrumento de ordenación autónomo.

Meses después, el 19 de marzo de este año, el equipo redactor (Álvarez, Álvarez y Navarro, Arquitectos) presentó el borrador del Plan General 2020 y el documento inicial estratégico; y un día más tarde, registró en la Gerencia el documento en el que se identifican los integrantes del equipo redactor y del equipo redactor ambiental, tal y como fija la Ley de Evaluación Ambiental de 2013.

Finalmente, el 20 de marzo pasado, el Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia municipal emitió el preceptivo informe técnico, de carácter favorable, para proceder ahora a la encomienda a la Cotmac del procedimiento de evaluación ambiental.

Así, este informe acredita que el Ayuntamiento ha completado correctamente tanto el borrador del plan como el documento estratégico, que contienen los objetivos de la planificación; el alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables; el desarrollo previsible del plan; los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático, y las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

El informe técnico certifica también el periodo de consulta pública en relación con el PGO, abierto del 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2018, en el que se recogieron 113 aportaciones ciudadanas.