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El Supremo también rechaza el recurso presentado a la desesperada por el Ayuntamiento para salvar el PGO de la capital tinerfeña

La decisión judicial sobre el planeamiento municipal aprobado en 2013 y anulado por el TSJC en julio de 2017 cada vez esta más cerca de ser firme; solo queda saber que pasa con los dos recursos de casación ante el Superior de Justicia

El Ayuntamiento capitalino ya ha iniciado los trabajos de redacción del nuevo PGO y con esas actuaciones procesales parece que solo ha intentando ganar tiempo hasta que la anulación sea firme o definitiva

Imagen general del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen general de parte del litoral de Santa Cruz de Tenerife

Otro capítulo judicial cerrado, y no favorable a los intereses que defiende el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en el camino iniciado por el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en julio de 2017.

Lo que pase con este PGO es muy relevante para la ciudad y para el Cabildo, pues incluso puede complicar mucho la compra inicialmente anunciada por Carlos Alonso de un edificio de oficinas a una empresa de la familia de Antonio Plasencia en Cabo Llanos, para convertirlo en geriátrico del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) de la Corporación insular, entre otras operaciones urbanísticas en curso en la capital tinerfeña.

Como adelanta La Opinión de Tenerife en su edición de este sábado, el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de nulidad de actuaciones con el que el Ayuntamiento intentaba salvar el PGO del municipio y retrotraer el fallo del TSJC que lo anuló en julio de 2017. "El Ayuntamiento intentó con la presentación de dicho incidente de nulidad de actuaciones, y a raíz de que el Supremo inadmitiese, en septiembre de 2018, el recurso anterior de casación, ganar tiempo. Pero ahora ya solo le queda una última carta sobre la mesa, el recurso de casación autonómica que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno canario presentaron en su momento ante el propio TSJC, el que anuló el PGO", informó La Opinión.

Tras esa decisión del Alto Tribunal, y ya solo a expensas de los recursos de casación ante el TSJC del propio Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias, la Gerencia Municipal de Urbanismo (en manos del PP, con Carlos Tarife de concejal responsable) sabe que es una posibilidad muy remota que el TSJC, que anuló el documento en 2017 por carecer de evaluación ambiental, falle en contra de su propio criterio.

Esta casi certeza condujo al intento de que el Supremo aceptase la petición de indefensión planteada por el Ayuntamiento, con el fin de provocar la nulidad de todo el proceso seguido en torno al Plan General.

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