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El Supremo rechaza el recurso de casación contra la sentencia que anula el PGO de la capital tinerfeña

El Ayuntamiento de Santa Cruz "acata la decisión del Alto Tribunal", aunque "confía en que la línea argumentativa defendida prospere en el Superior de Justicia de Canarias", donde quedan dos recursos por resolver

El Consistorio local insiste en "la plena vigencia y efectividad del planeamiento urbanístico establecido en el PGO de 2013 hasta el esclarecimiento definitivo del proceso judicial aún abierto en el TSJC, tras el fallo de julio de 2017  

Tribunal Supremo.

Sede del Tribunal Supremo en Madrid

El Tribunal Supremo ya ha comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que no admite la tramitación del recurso de casación presentado por los servicios jurídicos municipales y del Gobierno de Canarias tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña aprobado en 2013. El fallo del TSJC se produjo en julio de 2017.

Tras esa decisión del Alto Tribunal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una nota de prensa para decir que "acata la decisión del Alto Tribunal, si bien confía en que la línea argumentativa defendida prospere ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde igualmente ambas administraciones están pendientes de la resolución de sendos recursos".   

El Consistorio local advierte que "el procedimiento judicial abierto en torno al Plan General no se ha consumado y, por lo tanto, aconseja prudencia y serenidad hasta que el Tribunal Superior se pronuncie finalmente", sobre los últimos recursos que queda abierto, de Santa Cruz y del Gobierno autonómico.

El Ayuntamiento insistió en "la plena vigencia y efectividad del planeamiento urbanístico de Santa Cruz, establecido en el PGO de 2013 y en la seguridad jurídica de cuantos actos, licencias y determinaciones se hayan adoptado y se adopten en la materia hasta el esclarecimiento definitivo del proceso judicial abierto.

El Ayuntamiento deja claro "su acatamiento a la resolución del Tribunal Supremo, expresa su confianza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y reafirma la seguridad jurídica que caracteriza al ordenamiento urbanístico de la capital de Tenerife".

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