Un simulacro de incendio mientras las llamas devoran el Congreso

Estaba previsto un simulacro de evacuación por incendio en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control del miércoles. Muy apropiado para ese edificio, porque incendios, lo que se dice incendios, los hay todas las semanas. Sin fuego, eso sí, pero a estas alturas ya nadie descarta nada sobre nada, por lo que toda precaución es poca. Unos pocos momentos antes del inicio de la sesión, se oyó a una diputada decir: “Madre mía, qué día nos espera hoy”. Estaba la cosa como para tener preparado a un retén completo de bomberos.

La mayoría de diputados estaba tirando de móvil para enterarse de una noticia hecha pública por El Confidencial. La UCO se había personado en la sede socialista de Ferraz y estaba “registrando despachos y oficinas”, se decía. El motivo era un “operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. La noticia no era cierta en los términos en que se contaba, pero era la información disponible en esos momentos. El Partido Popular creyó estar ante otro momento decisivo que pondría fin a la legislatura con la muerte súbita del Gobierno de Pedro Sánchez.

Poco antes de las nueve de la mañana, Alberto Núñez Feijóo no fue directamente a su escaño, sino que se paró ante los periodistas para lanzar su mensaje.

“La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? Oiga usted, estamos en una situación agónica”, dijo antes de entrar en el hemiciclo. No le tocaba actuar ese día, porque Sánchez se encontraba en Roma para reunirse con León XIV. Correspondía a sus escuderos lanzar el grito de alarma en sus preguntas dirigidas al Gobierno.

Quien se lo pasó mejor fue Miguel Tellado. El hombre vive para plenos como este y además tenía listos algunos comentarios sarcásticos que no estaban del todo mal. “Señores del partido socialista, en unos minutos escucharán ustedes unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional. No es la Guardia Civil. Son los bomberos”. La presidenta Armengol no pudo evitar reírse. Tellado no cejaba en el intento de ganar la distinción del chiste del día. “Han convertido el Congreso en una auténtica barbacoa porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno”.

¿Estaba sobreactuando el PP? No exactamente. Solo estaba leyendo la noticia original. “Las pesquisas apuntan a la existencia de una operativa que permitió la inyección de fondos opacos” en el PSOE, decía El Confidencial. La investigación de la UCO “habría desvelado una contabilidad paralela” del partido. Para entendernos, una caja B. Un periodista de ese medio lo confirmaba en una intervención en la COPE: “El registro en Ferraz es una investigación nueva y que tiene por objeto determinar si ha habido financiación ilegal del PSOE”. Luego, el titular se cambió para dejarlo en que era una operación “por una trama del PSOE que financiaba ilegalmente sus cloacas”.

No era una investigación nueva. No tenía que ver con la financiación del partido. La aparición de la UCO en la sede de Ferraz estaba justificada por la investigación conocida de la Audiencia Nacional que implica a Leire Díez y otras personas en “una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido”, según un comunicado del Poder Judicial.

Los dirigentes del PSOE que emitieron un suspiro de alivio o que se enfurecieron por la primera noticia se habían precipitado. Horas después, se conocieron más datos y uno de ellos es muy nocivo para su reputación. La gerente del partido, Ana Fuentes, pasó a estar imputada como cómplice de varios delitos y como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil a causa de la emisión de facturas falsas. El auto del juez Santiago Pedraz indica que el PSOE pudo pagar a la entonces militante Leire Díez 4.000 euros al mes por esas maniobras por orden de Santos Cerdán, el secretario de Organización en esos momentos.

La iniciativa fue de Cerdán y se produjo en los días posteriores al comunicado que publicó Sánchez después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, esa “carta a la ciudadanía” con la que inició un “periodo de reflexión” de cinco días. Para cumplir las órdenes del juez, los agentes registraron el despacho de la gerente del PSOE y se hicieron con sus correos electrónicos y los de Cerdán y otras personas, así como un “examen íntegro 'in situ' de los libros contables” del partido. Al final, pasaron casi todo el día en Ferraz.

Los pasos dados por el juez revelan que Cerdan y el PSOE no contaron la verdad cuando dijeron que todo había sido una operación particular de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, y que la única información que recibieron, por ejemplo sobre el caso de los ERE, no aportaba nada que no supieran antes. El hecho de que Díez fuera alguien que demostró en entrevistas y una rueda de prensa que no tenía muchas luces no resta gravedad a sus actuaciones presuntamente delictivas.

Si los socialistas confiaban en que la gestión de Cerdán no les iba a suponer más momentos embarazosos en la sede de Ferraz, está claro que estaban equivocados. “No tenemos nada que esconder”, dijo Pedro Sánchez después en Roma. El juez Pedraz sí contaba con encontrar información valiosa en Ferraz para su investigación.

En el Congreso, el PP intentó ir directamente contra los socios del Gobierno para echarles en cara su apoyo. “¿No se les cae la cara de vergüenza?”, les dijo Ester Muñoz. “Nadie ha votado a Sumar para esto”, comentó Tellado. Es la respuesta elegida para responder a todas las especulaciones sobre una moción de censura que el PP descarta al no tener los votos necesarios para que salga adelante.

Unos días antes, el líder del PNV, Aitor Esteban, había dicho que las elecciones no pueden esperar a 2027. Eso no quiere decir que los nacionalistas vayan a apoyar una moción de censura. La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia dijo en un pleno que su partido está preocupado por “el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno”, pero no más. “Cuando les miramos a ustedes (al PP) y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos”, dijo la senadora.

Lo único que sacó Tellado en la sesión de control es que Yolanda Díaz dijera que no le gusta “nada” lo que está pasando en la política española: “No sé si lo que ha hecho Zapatero es legal o no. Eso le corresponde decidirlo a un juez”.

De momento, Sánchez no ha llegado a esa posición. En la rueda de prensa de Roma, el presidente reafirmó su colaboración con la Justicia y su respeto a la presunción de inocencia. Su tercer compromiso fue: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”. En el plano personal, los votantes socialistas no pueden esperar otra cosa de Sánchez cuando Zapatero aún no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez.

En términos políticos, la declaración de Sánchez puede tener consecuencias muy preocupantes para el Gobierno. Le coloca a merced de lo que la Audiencia Nacional descubra sobre los negocios personales de Zapatero. Ahí no estaríamos ante el simulacro de un incendio, sino ante un fuego muy real que puede quemar todo lo que se encuentre en su camino.