La Fiscalía manda al juzgado las oposiciones a la Policía Canaria por apreciar delitos

Las polémicas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria entran en la vía penal. Después de seis meses de investigación preprocesal, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido este miércoles enviar el expediente a los juzgados de la capital grancanaria por considerar que se pueden haber cometido los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa por parte del presidente del tribunal calificador y del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. 

Los opositores afectados, a su vez denunciantes, han solicitado de inmediato la paralización urgente del procedimiento selectivo y, por consiguiente, la cancelación de la incorporación de los aspirantes, prevista por el Gobierno para el próximo 1 de junio.

Según recoge el Decreto de Fiscalía, existirían indicios de posibles delitos previstos en los artículos 390, 405 y 406 del Código Penal, relacionados con la actuación del entonces presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, así como del director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso. 

La investigación parte de las denuncias formuladas por opositores afectados, quienes pusieron en conocimiento de la Fiscalía que el presidente del tribunal habría impartido formación específica a aspirantes en una academia privada en el barrio de Tamaraceite, que figura a nombre de su mujer, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria oficial, circunstancia expresamente prohibida por las bases reguladoras del proceso selectivo. 

Para demostrarlo, los denunciantes aportaron una grabación de Acosta presuntamente impartiendo las clases y de pagos del importe de las mismas mediante Bizum a su número de teléfono.

El Ministerio Fiscal señala además que la firma de la declaración responsable que presentó para formar parte del tribunal podría constituir un presunto delito de falsedad documental si se acreditara que dicha actividad docente existió efectivamente.

La prevaricación administrativa que señala la Fiscalía en su decreto responsabilizaría al director general de Estudios y Formación por “nombramiento ilegal y aceptación de nombramiento” del presidente del tribunal.

Pese a la gravedad de los hechos investigados y la existencia de actuaciones judiciales y medidas cautelares promovidas por los afectados, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario acordó recientemente la incorporación de 141 aspirantes como funcionarios en prácticas, fijando su toma de posesión para el próximo 1 de junio. 

Ante esta novedad judicial, los afectados solicitaron este miércoles la paralización cautelar inmediata del proceso selectivo, la suspensión de la toma de posesión prevista de los 141 aspirantes, la depuración de todas las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de los hechos investigados y la garantía de un procedimiento plenamente transparente, imparcial y ajustado a Derecho. 

En un comunicado remitido a este periódico, consideran que “la continuación del proceso podría provocar consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”. 

Además, anuncian que continuarán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. Porque “lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, concluye el comunicado.