Fundación Eurocaja Rural y Plena inclusión España lanzan la segunda edición de 'Talento Artístico: Comunidad creativa inclusiva', una convocatoria nacional que reconoce y apoya proyectos artísticos y culturales como motores de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El programa tiene como objetivo impulsar y dar visibilidad al talento artístico de las personas con discapacidad intelectual, apoyar el desarrollo de proyectos creativos, fomentar su participación cultural y contribuir a construir una sociedad más inclusiva y diversa. La convocatoria de 2026 seleccionará cuatro proyectos, que recibirán 3.000 euros cada uno y la ayuda servirá para impulsar el desarrollo de cada iniciativa.

'Talento Artístico' busca proyectos vivos, en desarrollo o ya en marcha, que necesiten un impulso para crecer. Podrán presentarse propuestas vinculadas a las artes plásticas (pintura, escultura o cerámica), artes visuales (fotografía, vídeo o ilustración), artes escénicas (teatro, danza o performance), artes musicales (canto, composición o interpretación) y artes literarias (poesía, narrativa o guion).

Con esta iniciativa, ambas entidades persiguen tres objetivos: impulsar la inclusión a través del arte, dar visibilidad a las entidades que transforman realidades desde la cultura y reforzar el papel del arte como motor de cambio, igualdad y cohesión social.

Invitación a las entidades sociales

'Talento Artístico' invita a participar a todas las entidades sin ánimo de lucro y de acción social que trabajan por la inclusión social, la formación, el empleo o la inclusión cultural de personas con discapacidad en toda España. Se admiten tanto proyectos propios de la entidad como propuestas de artistas con discapacidad respaldadas por ella. Cada entidad podrá presentar hasta tres proyectos.

En 2025, 'Talento Artístico' reunió 67 proyectos de 22 provincias, con 1.200 participantes y los cuatro seleccionados fueron la Compañía de Teatro Inclusivo de Asprona (Albacete), el juego de cartas en lectura fácil ¿Quién es más Saputo?, de Plena inclusión Aragón (Zaragoza), el libro de poesía e ilustración A Golpe de Verso, de APSA (Alicante), y el proyecto de artes escénicas Includanza, de la Fundación San Cebrián (Palencia).

Las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos hasta el 19 de noviembre de 2026. Las candidaturas se presentan a través del formulario disponible en https://fundacioneurocajarural.es/.

Después de dos mandatos, Aizpea Otaegi no se presentará como candidata para la alcaldía de Errenteria en 2027, una localidad de 40.000 habitantes pegada a Donostia. En estos años, Errenteria se ha convertido en el primer municipio en ser declarado como zona tensionada por los elevados costes de la vivienda. Es el municipio más grande gobernado por EH Bildu en la comunidad autónoma (en Navarra dirigen la capital, Pamplona).

La noticia la ha compartido ella misma esta semana por su red social de Instagram tanto en euskera como en castellano. Otaegi afirma que seguirá trabajando hasta el final y asegura que habrá “un relevo garantizado” para continuar la labor de EH Bildu, mas aún se desconoce quién sería. Por otra parte, la alcaldesa será la 'número tres' en la plancha para las generales de su partido por Gipuzkoa, aunque en principio no es un puesto de salida.

“Afortunadamente, el nuestro es un proyecto compartido”, por lo que se garantiza la “continuidad del sólido proyecto de EH Bildu”, sostiene ella. Comparte que durante estos ocho años ha dado lo mejor de sí misma y que vive con “pasión ser alcaldesa”, habiendo tenido el honor de ser la primera mujer ocupando el cargo en el municipio. En su video indica que seguirá trabajando los próximos meses con el “mismo sentido de la responsabilidad y dedicación hasta ahora”. Las próximas elecciones municipales serán en mayo.

En su video usuarios han dejado comentarios. Muchos reflejan un agradecimiento “por todo el trabajo”, pero la mayoría indica que le da “pena” perderla como alcaldesa. Un usuario la describe como una “mujer muy cercana y entrañable”, enfatizando que su respeto y cariño van a echarse en falta. Otros usuarios le desean lo mejor en su nueva etapa y que se le “recordará muy, muy en positivo”.

Otaegi ingresó al Ayuntamiento directamente como alcaldesa en 2019, cuyas elecciones ganó con 9 escaños y pactando con la coalición de Podemos. Después de haber gestionado los años de la pandemia y hasta haber inaugurado el espacio cultural Lekuona Fabrika, en 2023, fue reelegida de nuevo con 9 escaños y la misma coalición. La única diferencia entre ambas votaciones ha sido la aparición del PP en el pleno en este último mandato con un escaño, que fue a costa de la coalición de izquierdas.

En este último cuatrienio, sin duda el hito más importante ha sido la declaración de zona tensionada. Sin embargo, la entrega tardía de los índices de referencia, por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, ocasionó que el tope de precios no se apreciara sino nueve meses después en todos los supuestos. A la medida de zona tensionada le queda todavía más de un año, aunque existe la posibilidad de prorrogarla. Dicha decisión le corresponderá al siguiente inquilino de la alcaldía.

Al menos en Errenteria, a juicio de la alcaldesa, un efecto que se ha logrado ha sido la disminución del interés de inversores por la zona, dándole paso a locales para comprar vivienda. “Es un impacto inmediato que me alegra mucho”, le comentó Otaegi a este medio en enero, durante una entrevista. No obstante, al buscar alquiler en Errenteria (viernes 16 de octubre, a las 11.11 horas) no se encontraba a disposición ninguno de larga duración y solo dos de temporada.

Fuera de la materia de vivienda, Errenteria fue reconocido con dos premios de oro en los Premios de la Inclusión y la Diversidad de la Comisión Europea 2026, entregados en Bruselas. Otaegi fue a recibir el premio conjunto a la concejala de Diversidad, Itsaso Cruz, y la técnica, Samira Goddi. El municipio fue premiado en las categorías entidades locales de menos de 50.000 habitantes y en favor de un mercado de trabajo inclusivo. A pesar de todo esto, Errenteria se ha enfrentado en los últimos meses a controversias sobre las denuncias de agresiones sexuales en Xenpelar Bertso Eskola y al caso de Jon Maya, de Kukai.

Hace tan sólo unos días, este 9 de octubre, celebrábamos el día del Tercer Sector y las distintas organizaciones nos apresuramos a poner títulos y subtítulos a esta efeméride. Entiéndanos; es una manera de mandar un mensaje a la sociedad, cuando no siempre es fácil. Este año el mensaje nacional es 'Polarización y cuidado de la democracia, el papel del Tercer Sector', un título con mucha luz y muchos matices ese “cuidado de la democracia” en el corazón de una frase.

Aquí, en nuestra región, el lema escogido es ‘Diez años sumando voces, construyendo derechos’ y lo hemos celebrado un poco antes haciéndolo coincidir con el aniversario de la Mesa del Tercer Sector.

Los dos verbos principales de estas dos ideas son cuidar y construir. Y son frases que en apariencias difieren mucho. Sin embargo, se trata de dos visiones que no por casualidad han venido a converger en un mismo contexto social. Porque definen dos caras de los que somos en el tercer sector, un espacio de diálogo lejos de polarizaciones para aunar voces, construir derechos y así cuidar, con el diálogo y la palabra, la democracia que compartimos.

En Castilla-La Mancha cumplimos diez años como Mesa del Tercer Sector porque nuestra labor como personas que se organizan para ayudarse de manera autónoma y articulada se pierde en el origen de los tiempos. Por suerte para la sociedad que somos hoy siempre ha habido alguien dispuesto a cuidar, ayudar y proteger a los más vulnerables. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esto no hubiera sido así?

En Castilla-La Mancha cumplimos diez años como Mesa del Tercer Sector porque la realidad es que nuestra labor, como herederos de las primeras personas que sobre esta tierra decidieron que la vida tenía más sentido ayudando y cooperando, se pierde en el origen de los tiempos. En Motilla de Azuer ya hubo alguien que cuidó de otros. En la cueva de Los Casares una persona cubierta de pieles arropó a un amigo y en Villar de Humo los cazadores portaban grandes mamíferos a rastras para alimentar a sus mayores, a sus niños, pero también a sus familiares y amigos heridos o enfermos. Siempre hemos estado en el niño huérfano acogido por su clan, en el hermano con discapacidad cuidado en el seno de la familia, en la vida abnegada de trabajadoras (en su mayoría mujeres religiosas), en los hospicios que con las manos rezaban, pero con su trabajo tejían los rotos de la sociedad que les tocó vivir.

Conforme crecimos como sociedad arrastramos como un legado la importancia de cuidar. Es por ellos que para nosotros cuidar es un verbo muy del tercer sector que se conjuga en primera persona: Este año cuidar la democracia nos lleva a situar en el espacio público lo que somos, lo que hacemos y también porqué lo hacemos. Apostamos por cuidad la democracia para mejorar la vida de los ciudadanos, y apostamos por hacerlo construyendo derechos.

Cuidar y construir son dos verbos que juntos parecen montar un relato. Cuidar viene de cogitare, pensar en latín. Cuidar a alguien es en última instancia pensar en alguien. Y construir viene de cum y struere, que viene a significar juntar elementos de manera estructurada u ordenara. Pensar que las personas pueden juntarse de manera ordenada. Eso sí que es una declaración de intenciones. Que una vez más va más allá de propio tercer sector.

En la economía social, la persona está en el centro. Y desde esa premisa, sostenibilidad medioambiental e igualdad de género dejan de ser dos objetivos separados para convertirse en dos caras de un mismo modo de entender la actividad económica: uno que se mide no solo por el beneficio, sino por la huella que deja en el territorio, en el entorno y en las personas más vulnerables. En Castilla-La Mancha, ese enfoque tiene ejemplos concretos sobre el terreno.

Uno de ellos es Llanero Solidario, una asociación nacida en Albacete hace una década para impulsar proyectos y empresas de inserción que mejoren la situación de las personas vulnerables, en la capital y en las zonas rurales de la provincia. Lo hace a través de actividades ligadas al desarrollo rural y la sostenibilidad -productos de celulosa reciclada, huertos recuperados con criterios agroecológicos, talleres de reutilización textil y, ahora, un proyecto de construcción-, siempre con un componente formativo para personas derivadas por los servicios sociales y con la igualdad de género como eje transversal, sumando mujeres a sectores tradicionalmente masculinos. En diez años, la fórmula suma 85 proyectos desarrollados y 1.642 personas participantes.

Sobre esa experiencia conversamos con Daniel Azaña, coordinador de proyectos de Llanero Solidario, que parte de una convicción tajante: hoy no se puede emprender ninguna actividad sin tener en cuenta su impacto ambiental. En esta entrevista repasa las dificultades del sector, las oportunidades que abre poner a la persona en el centro y cómo le gustaría ver a la economía social de la región dentro de cinco años.

¿Cómo trabajáis la sostenibilidad y la igualdad de género en vuestros proyectos?

Trabajamos ambas en todos. Y también porque entendemos que en el momento actual no se debe de pensar en economía sin pensar en sostenibilidad. O no se debe de emprender ningún tipo de actividad sin tener en cuenta el impacto medioambiental que va a tener.

¡Ya está bien de poner en marcha iniciativas que puedan dar mucho dinero, pero que están jodiendo el medio ambiente! Pues vamos a poner en marcha actividades que sigan dando dinero, pero que remen a favor del medio ambiente. Que sean neutras o que tengan impacto positivo. Y hay muchas posibilidades en ese sentido. Esa es nuestra filosofía.

Y entendemos que no puede estar separada de una visión empresarial. Es como si no contemplas la parte económica a la hora de empezar un negocio. Claro que la tienes que tener en cuenta, pero también la parte medioambiental.

En materia de sostenibilidad e igualdad de género, ¿cuáles son las dificultades que existen y en qué áreas se podría mejorar para seguir avanzando en estos aspectos dentro de la economía social?

Lo que hace falta es concienciación y asimilación de estas ideas por parte de la población en general. Creo que los ciudadanos aún no estamos educados suficientemente para elegir aquellas actividades, productos o servicios que van en favor del medio ambiente y, por lo tanto, en nuestro favor como ciudadanos. Entonces creo que en esa concienciación y sensibilización es en donde tenemos que ir mejorando.

El ser sostenible, el ser ecológico y todo eso tiene algo de elitista, a lo que solo pueden acceder determinadas personas con determinado poder adquisitivo. Entendemos que no debería de ser así. Que a través de la soberanía alimentaria y debemos permitir que las personas, independientemente de su rango económico, puedan acceder a todas las posibilidades del desarrollo sostenible.

En Llanero Solidario, cuando hacemos talleres y desarrollo de proyectos de sensibilización, casi siempre estamos trabajando en ese sentido. El año pasado estuvimos haciendo unos talleres de reutilización textil en institutos. Vamos a trabajar, que aprendan, que tengan conocimiento de qué impacto tiene el consumo de la ropa y qué alternativas tienen como chavales y chavalas para cambiar eso al comprar ropa.

Al final es conocimiento que le estamos aportando a la gente.

Cuándo hacéis estas charlas de sensibilización, ¿cómo reaccionan aquellos que os escuchan?

Sorprendentemente dicen: “¿Y esto por qué no nos lo había explicado nadie antes?” Somos muy conscientes de que estamos luchando contra un monstruo muy grande. Ellos reciben este pequeño mensaje habiendo tenido que convencer a sus profesores para que nos permitan dar el taller.

Pero, antes, han recibido cien anuncios de “compra esta ropa”, “mira qué guay eres porque llevas este collar, este peinado, este sombrero, estas gafas...”. Pero sin cuestionar para nada el impacto medioambiental, social y económico que eso tiene. O hacemos consumidores tontos o hacemos consumidores conscientes.

Al terminar una charla, un chaval de 15 o 16 años dice: “Es que igual tenemos que pensar cómo estamos comprando la ropa”. En dos horas de debate. Que con apenas dos horas de debate y de trabajo lleguen a cambiar de idea en ese sentido, hacia un consumo más consciente, es brutal.

Pasemos de los retos a las oportunidades: ¿qué oportunidades ves para la economía social que vaya en el sentido de la sostenibilidad y de la igualdad de género?

La economía social en su conjunto es la que está poniendo a la persona en el centro. Entonces, todos los ejemplos de economía social que de verdad pongan en marcha esa visión, sea una micro cooperativa de Almansa o una cooperativa agroalimentaria de Tomelloso que tiene a 1.100 socios. Si de verdad están poniendo a la persona en el medio, van a tener que tener un respeto medioambiental y de género porque la persona es una, me refiero que no caben dos, tres interpretaciones de qué es lo mejor para el ser humano y para la sociedad actual. No, no cabe.

Entonces, creo que sí, la visión y la aportación que la economía social puede hacer a estos retos es fundamental y es clave. No conozco los datos, pero no dudo que dentro de la economía social la consideración medioambiental y de género es mucho mayor que dentro de la economía generalista. Y ya te digo que no conozco los datos, pero la sensación que tengo de conocer a un tipo de empresas y a otro es radicalmente diferente.

Si nos situamos a cinco años vista, ¿cómo te gustaría ver al sector de la economía social en Castilla-La Mancha?

Pues más grande todavía. Creo que la economía social en Castilla-La Mancha ya es grande en cooperativas agroalimentarias. Pero creo que, por ejemplo, las empresas de inserción tienen un potencial de inclusión y de integración brutal.

Aparte de desarrollar actividades que, como te he dicho antes, vayan en el sentido del desarrollo sostenible, del desarrollo rural, de la igualdad de género. Entonces creo que dentro de cinco años lo que debe haber es, en vez de diez empresas de inserción que hay ahora mismo, que haya cincuenta. Que de verdad estén implantadas por todo el territorio.

Que no estemos, como está pasando ahora mismo, que la mayoría estamos aquí en Albacete y algunas en Toledo. Y eso debe de extenderse y llegar a otros sitios. Y creo que con llegar a eso ya tendríamos mucho avanzado.

La ilusión de Alejandro es seguir estudiando. Tiene 20 años, es de Yecla y había depositado sus esperanzas en la Formación Profesional para continuar aprendiendo y avanzar hacia una vida más autónoma. Este curso, sin embargo, no ha podido formalizar su matrícula. La Consejería murciana de Educación ha rechazado su admisión porque supera los 19 años establecidos en la convocatoria murciana. La decisión ha dejado a su familia preguntándose cómo puede quedarse fuera del sistema un joven por el simple hecho de cumplir años. Tras haber cursado Almacén, quiere estudiar Actividades Auxiliares de Comercio en el IES José Luis Castillo-Puche, cuyos informes respaldan que Alejandro continúe en un programa de formación.

El caso de Alejandro no es una excepción. En 2025, Leyre Sofía Fuster, una joven de 19 años con síndrome de Down, tampoco pudo continuar formándose tras completar un ciclo de FP adaptado de Ofimática en el IES Miguel Espinosa de Murcia. Sus padres denunciaron que la Consejería de Educación le impedía matricularse en otro programa adaptado de Administración Básica debido a su edad. Sus padres presentaron un recurso de alzada para reclamar una revisión de la normativa y poder garantizar la continuidad de sus estudios, cuenta su padre, Antonio Fuster.

Antonio agotó también un recurso de reposición. “Solo me quedaba la vía del contencioso administrativo”, se lamenta. Leyre “sufrió una decepción enorme, no le dieron la oportunidad de seguir formándose cuando sí que existía esa posibilidad”. Antonio se pregunta por qué a las personas con discapacidad se las limita a los 19 años para acceder a esta modalidad de FP, “cuando a las personas procedentes de familias desestructuradas se les permite continuar con el mismo procedimiento hasta los 21 años”. “Es un agravio comparativo”.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha defendido que la restricción de acceso se debe a “un criterio interpretativo” del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: “Estamos ante un paripé, porque es el Gobierno de la Región de Murcia el que detecta primero este problema y lo pone en conocimiento del Ministerio, subrayando el perjuicio que puede suponer para los alumnos y las familias el tener limitado este acceso por una edad máxima”, ha defendido.

Sin embargo, la ordenación del Sistema de Formación Profesiona a nivel estatal no limita de ninguna manera la edad de acceso al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El texto solo pone coto a la permanencia de los alumnos en estos programas, que limita en unos 21 años: “En las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad en el sistema educativo, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”.

Se trata de unos tiempos que, además, pueden ser prorrogables: “[Un] plazo que podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere que dicha ampliación hará posible la consecución de los resultados de aprendizaje”.

La restricción que limita la edad de matriculación de los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales es de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. En concreto, en su resolución de matriculación de FP para el curso 2026/2027: “Los destinatarios de los Programas Formativos Profesionales de la modalidad Especial serán jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo. Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 19 años, cumplidos en el año natural de incorporación”. En otras palabras, el texto limita el acceso a aquellos alumnos que tengan más de 19 años en el año de inicio del curso formativo.

Curiosamente, la orden de matriculación para el curso 2024/2025 difiere de la de 2025/2026 y de la actual. Con el mismo Real Decreto del Ministerio de Educación en vigor, en el curso 2024/2025 la Consejería sí que interpretó que los alumnos de más de 19 años podían matricularse en FP: “Podrán incorporarse a estos programas alumnos de entre 15 y 21 años, cumplidos en el año natural de incorporación”.

Todo apunta a que la Comunidad Autónoma calculó los años que un alumno debería tener a la hora de matricularse para poder graduarse a los 21 (que estableció en 19) e interpretó que esta era la edad máxima legal en la que un alumno con Necesidades Educativas Especiales puede matricularse en FP. Una teoría que se confirma en un escrito de consulta que la Consejería envió el pasado año al Ministerio: “Dicho artículo [el del Real Decreto] establece una limitación de edad de permanencia hasta los 21 años y, en consecuencia, de acceso, dependiendo de la duración de estas enseñanzas”.

Esta orden no solo añade restricciones que no figuran en el Real Decreto, también es más restrictiva que la orden de la propia Consejería tras la publicación de la ley estatal, que toma como modelo: “La edad máxima en la modalidad Especial en centros ordinarios o en centros de educación especial será la establecida en el artículo 35 del Real Decreto n.º 659/2023, de 18 de julio”.

En declaraciones a medios, Víctor Marín ha asegurado que la Región de Murcia comparte la misma interpretación del Real Decreto que el resto de las Comunidades autónomas y Ceuta y Melilla: “Siguiendo un criterio interpretativo del Real Decreto nacional queda compartido por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y por Ceuta y Melilla, donde el Ministerio tiene competencias en educación”.

Lo cierto es que La Rioja es la única autonomía que, junto a la Región de Murcia, limita también la edad. En su orden de matriculación establece que, para poder acceder a FP, los alumnos deberán “tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso y no superar los dieciocho años en el momento de acceso ni durante el año natural en curso”.

En el caso de Ceuta y Melilla, el consejero de Educación murciano argumentó que solo se bareman a los alumnos de entre 15 y 19 años. Lo cierto es que la normativa ceutí y melillense establece lo mismo que el Real Decreto, que “en las ofertas de formación profesional bajo esta modalidad, las personas escolarizadas en centros ordinarios o en centros de educación especial podrán permanecer, al menos, hasta los 21 años cumplidos en el año natural en que finalice el curso”. Plazo que, de nuevo, “podrá ser excepcionalmente ampliado por un año cuando el equipo docente considere”. La baremación a la que se refiere Marín simplemente da puntos a los alumnos de edades comprendidas entre los 15 y 19 para priorizar su acceso.

Dos comunicaciones que no se contradicen

Unas informaciones que se difundieron el pasado miércoles es que el Ministerio de Educación envió dos comunicaciones a la Región de Murcia sobre la normativa de FP a la Región de Murcia totalmente contradictorias. El caso es que ninguna de estas dos misivas avalan el límite de la edad de matriculación establecido por la Consejería, e inciden en la normativa estatal.

La primera misiva llegó del director general de Gestión y Planificación Educativa del Ministerio, una carta de colaboración en el que se le recordaba a la Comunidad Autónoma el contenido del Real Decreto Estatal. También apunta a la contradicción entre la orden de la Consejería tras la publicación del Real Decreto y la orden de matriculación: “Se aprecia, por tanto, una discrepancia entre la resolución analizada y el régimen jurídico vigente. Al establecer dicho límite de edad máxima de acceso, la resolución introduce una restricción no contemplada ni en su propia norma autonómica ni en la legislación básica estatal”.

Más tarde llegó una respuesta de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio a la consulta que envió la consejería de Educación el pasado año: “La previsión contenida en el artículo 35.3 del Real Decreto 659/2023 se refiere específicamente a la permanencia en determinadas ofertas de formación profesional desarrolladas en el sistema educativo bajo esta modalidad, sin que de ello pueda deducirse una limitación general de la continuidad formativa de las personas con necesidades educativas especiales dentro del Sistema de Formación Profesional una vez alcanzada dicha edad”, ha explicado la Secretaría General.

“Los dos escritos que ha enviado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Consejería son complementarios y se ajustan a la normativa vigente”, ha insistido fuentes de la Delegación del Gobierno a este diario.

“No debería haber límite de edad”

“Realmente no debería haber ningún límite de edad”, opina Pablo García, presidente de la Asociación Kapaces, que trabaja en Yecla para facilitar la inclusión social de las personas con diversidad funcional. “En la Región de Murcia hay más personas afectadas por esta problemática, en la que llevamos implicados tiempo para poder resolverla; es muy injusto”, apunta mientras que lo califica de “discriminación”.

Pablo García insiste en que imponer límites de edad es “restar oportunidades a estas personas de formarse en un oficio con sus adaptaciones para gente con autismo, síndrome de Down, asperger o daño cerebral adquirido, por ejemplo”.

En cuanto al “tira y afloja” de las administraciones, apunta, “es lamentable porque estamos hablando de personas, y la Consejería debería admitir que es una interpretación errónea y discriminatoria”.

Si en otras comunidades no tienen estos límites, reflexiona, “por qué la Región responsabiliza al Estado”. Limitar el acceso a los 19 años, señala, es “casi lo mismo que quitarles la oportunidad de seguir formándose porque a estas personas les cuesta más aprobar un curso y suelen repetir; así que lo tendrán que solucionar”. Para el presidente de Kapaces, “la legislación estatal debería eliminar el límite de edad y a nivel regional que son quienes tienen la competencia en Educación deberían velar por los ciudadanos más vulnerables”.

Con este tipo de formaciones, además, “los chicos hacen prácticas, se les da visibilidad y ayuda a que los empresarios pierdan el miedo que todavía hay a veces para contratarles”. Por eso, “si queremos que las personas con diversidad funcional tengan un trabajo lo más independiente posible, no podemos fallarles en la formación”.

Pablo García confía en que se pueda resolver el conflicto: “Tanto desde la Delegación como el consejero nos han comunicado que van a poner de su parte para que se solucione”.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Canarias, se han plantado ante el Plan Estratégico de Educación Inclusiva que propone el Gobierno y han votado en contra del diseño y los criterios que había establecido el Ministerio ante la queja de que no contaba con una memoria económica.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado que en la Conferencia Sectorial de Educación que este viernes se ha prolongado durante casi cuatro horas ha sido rechazado “el marco conceptual” de un plan que pretendía ayudar a la inclusión de 1,55 millones de alumnos con algún problema de aprendizaje y ha criticado que ha sido un “posicionamiento ideológico”.

“Venían con una posición prefijada y una estrategia convergente”, ha dicho tras señalar que el plan ha sido rechazado por 12 comunidades autónomas (del PP y la de Canarias), mientras que el resto, las otras cinco y el Ministerio de Educación, han votado a favor.

En el orden del día también estaba distribuir 31,3 millones de euros para el impulso de la Formación Profesional, que sí han sido aprobados por todas las comunidades, aunque fuentes de la Consejería de Educación de Madrid han señalado a EFE que “no estamos de acuerdo con los criterios de reparto”.

Y sobre el plan estratégico de inclusión educativa, la Comunidad de Madrid ha incidido en que “tiene un compromiso firme con la Educación Especial y la libertad de elección de las familias, y entendemos que el objetivo del plan es acabar con este modelo”

El fantasma de una nueva avalancha migratoria sobre Balears ha vuelto al debate político, pero las cifras dibujan por ahora un escenario mucho menos excepcional. Mientras el PP reclama al Gobierno central explicaciones por un informe policial sobre llegadas de migrantes al archipiélago -que los conservadores interpretan como una confirmación de que las islas se encuentran bajo una alerta de “alto riesgo” ante una posible “entrada masiva” de migrantes-, la ruta argelina se mantiene prácticamente estable: 4.934 personas llegaron por vía marítima entre enero y agosto, apenas un 1,7% más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Frente al temor a que puedan desembarcar de golpe “100 o 200 pateras” -en palabras del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí-, las entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señalan que la ruta está “más o menos controlada”, como señala la directora general de esta organización, Mónica López, en declaraciones a elDiario.es.

La polémica saltó durante la semana pasada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez negó que la Policía Nacional hubiera advertido de un “riesgo alto” en la ciudad autónoma en los días previos a la crisis fronteriza en Ceuta, si bien confirmó la existencia de un informe que se refería a la Península y a Balears: “Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí”, fueron sus palabras. El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional.

Menos de 24 horas después, la líder autonómica, Marga Prohens, compareció de forma extraordinaria para solicitar “por todos los canales formales” información acerca del informe policial al que se refería Sánchez. La dirigente conservadora acusó al Ejecutivo central de “ocultar” una información que, a su juicio, comprometía la seguridad de las islas, y reclamó saber qué hizo el Estado desde que tuvo conocimiento de ella y por qué no fue comunicada a las autoridades baleares. “Creemos que es muy grave la ocultación de esta información tan sensible al Govern de las Illes Balears”, insistió Prohens.

Después de que saliera a la luz esta información, Vicent Marí (PP), presidente del Consell d’Eivissa, aseguró en una entrevista a Periódico de Ibiza y Formentera que tenía “pesadillas” alrededor de la idea de que pudieran “llegar aquí 100 o 200 pateras de golpe”, extremo que nunca ha ocurrido desde que se consolidara la ruta argelina. “Estamos asistiendo a un goteo constante de pateras desde una ruta consolidada que es Argelia, aunque el Gobierno lo niegue. Ya llegan más migrantes en patera a Baleares que a Canarias, con lo cual está claro que es una ruta consolidada”, afirmó Marí. Esta travesía se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado para llegar a España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias, así como a los trayectos desde el norte de Marruecos, como informó elDiario.es.

“La ruta está más o menos controlada”

“Nosotros entendemos que quien tiene esa información o quien puede tener esas alertas, lógicamente, es el Gobierno, el Ministerio del Interior y el CNI -que depende del Ministerio de Defensa-”, responde la portavoz de CEAR, a la pregunta sobre si considera posible que lleguen, de un plumazo, centenares de cayucos a las costas pitiusas. “Creo que las cifras respecto al año anterior suponen un incremento de unas 80 personas, con lo cual parece que esa ruta está más o menos controlada”. “Sobre que pudiera haber una previsión de llegadas de muchas embarcaciones, nosotros desde luego desconocemos el dato”, incide López.

La directora general de CEAR explica que la respuesta institucional que se ha ofrecido cuando se ha producido la llegada de embarcaciones precarias a los archipiélagos canario y balear “ha funcionado”. López diferencia así la acción gubernamental como consecuencia de la crisis -fronteriza primero y humanitaria después- de Ceuta, que considera “lenta”. “Balears sí que es verdad que el verano pasado tuvo una crisis importante de capacidad de acogida para las personas que estaban llegando”, reconoce. “Se han realizado traslados [de migrantes adultos] a la península y creo que la situación está más o menos normalizada”, añade.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican a este diario, en cuanto a los menores, que las derivaciones están reguladas por el Real Decreto-ley 2/2025. “No opera en Balears porque no está en contingencia migratoria extraordinaria. Solo en Canarias, Ceuta y Melilla. Son 2.000 los menores trasladados desde esos territorios desde esos tres territorios de la península en los últimos 12 meses”, aseguran.

La lectura e interpretación que hace el Govern acerca de los datos, sin embargo, es otra. Fuentes de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local afirman a este diario que incluso con los informes quincenales del Ministerio [del Interior], se demuestra que “se mantiene la tendencia al alza”, debido a la subida del 1,7%. La Conselleria compara estos datos con los de la ruta canaria, que se reduce un 57,4%. “Es decir, en Balears llegan ya prácticamente las mismas personas que a Canarias, que ha pasado de unas 12.000 el año pasado por estas fechas a poco más de 5.000”, puntualizan.

El Govern balear ve una tendencia al alza

Además, el Govern del PP -que legisla en en minoría con apoyos puntuales de Vox- considera que los informes quincenales “pueden variar mucho” de una quincena a otra, por varios motivos: mala mar, embarcaciones que han llegado dos días más tarde o porque las llegadas de los últimos días del mes entran en un informe o en el siguiente. “Querer concluir que ‘ya estamos mejor’ con estos datos es, como mínimo, precipitado”, consideran. A juicio del Ejecutivo autonómico, hay que tomar como referencia el último informe anual de riesgos de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), de junio, que señala que durante el primer trimestre de 2026 las llegadas cayeron un 40% en Europa y un 60% a través de la ruta canaria. En paralelo, aseguran que la ruta argelina hacia Balears sube un 17%, aunque este dato no aparece en el informe.

Concretamente, sobre la ruta del Mediterráneo occidental –que es más amplia que la argelina porque abarca Marruecos, Mauritania y Senegal, además de Argelia–, el informe señala que se espera que “continúe una tendencia estable y ligeramente al alza”, durante este 2026. Y añade que lo más destacable, en este sentido, es “el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos”, nacionalidades que anteriormente estaban más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental.

El último informe de Frontex señala "el creciente uso de la ruta más larga y peligrosa entre Argelia y las Illes Balears, cada vez más utilizada por migrantes somalíes, malienses y guineanos", nacionalidades anteriormente más asociadas a las rutas del Mediterráneo central y de África occidental

El informe de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) atribuye estos cambios al endurecimiento de los controles en Libia, Túnez y Mauritania, que está desviando los flujos hacia Argelia “como punto de partida alternativo”. “La propia Argelia es tanto país de origen como de tránsito, y los argelinos representaron cerca del 54% de las detecciones en la ruta del Mediterráneo occidental en 2025”. Las causas son el desempleo juvenil estructural y el descontento de la población con la clase política, a juicio de la agencia europea.

El Ejecutivo insiste: “El ritmo de llegadas es inasumible”

“Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra”, afirma la Conselleria de Presidencia. Las fuentes consultadas señalan, así, que la tendencia al alza continúa y que este ritmo de llegadas “es inasumible para un territorio como Balears”. Añaden que a 9 de septiembre han contabilizado 484 personas en más de una veintena de cayucos.

En este 2026 han llegado casi 5.300 personas, según el recuento del Govern. “Además, están los 916 menores que tutelan actualmente los consells insulars, cuando la capacidad ordinaria establecida por el Estado es de 434”, apuntan. Por todo ello, el Ejecutivo autonómico reclama que Frontex tenga “una presencia permanente en las fronteras marítimas de las islas”.

Ojalá pudiéramos decir que la tendencia está bajando. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra

Conselleria balear de Presidencia

El Ministerio del Interior, por su lado, explica a este diario que, a 31 de agosto de 2025, el incremento de llegadas en comparación con el año anterior ascendía al 78%. “Desde entonces la tendencia ha ido descendiendo progresivamente. Terminó 2025 en un ascenso del 24,5% y la tendencia durante 2026 ha sido de desaceleración hasta alcanzar algunos descensos o subidas leves”, apuntan. Así, Interior señala que se aplica “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas”. Una acción que, a juicio del Gobierno, está funcionando y que “evita en origen el 40% de las salidas irregulares”.

El Ministerio del Interior explica que se está aplicando “una política migratoria preventiva, basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración en la lucha contra las mafias que trafican con personas"

La repatriación colectiva de menores es ilegal

El posicionamiento de las administraciones autonómicas –el PP gobierna en todos los consells insulars, y también en el Govern– es que los menores no acompañados “tienen que estar con sus padres”. “Pensar que podemos acoger a todo el mundo, eso es estar equivocado. Hay que ayudar a estos países en origen. Los menores no tienen que estar en centros de acogida aquí en Ibiza o en cualquier otro lugar de España. Tienen que estar con sus padres”, afirmó Marí. Y añadió que si hace falta hay que “ayudar” a los países de origen para evitar la llegada de migrantes.

Independientemente de cuál sea la gestión que ejerza el Estado así como las comunidades autónomas para recibir la llegada de menores, la repatriación colectiva es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo. Lo que puede hacer el Govern –ya lo ha hecho, sin éxito– es pedir la modificación del sistema de reparto, regulado por el Decreto-ley 2/2025, que es la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

En este sentido, López recuerda que para que los menores puedan volver con sus padres, hay que “cumplir unos estrictos procedimientos para no devolver a los menores a un contexto en el que no pueden estar”. “La premisa de que los niños siempre están mejor con sus padres no se cumple en todos los casos. Pero ni con niños migrantes ni con niños españoles”, advierte la directora general de CEAR.

En la misma línea, explica que hay que tener en cuenta “el interés superior del menor”, ya que en la legislación de un Estado de derecho tiene que haber “procedimientos que garanticen que esos niños no van a ser devueltos a un espacio en el que no se les va a tratar conforme al derecho”. Irene Graíño, técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, coincide: cualquier repatriación que se realice a niñas, niños y adolescentes “debe realizarse a través del procedimiento adecuado que está establecido siguiendo todas las garantías necesarias, escuchando a las niñas, niños y adolescentes y realizando una determinación del interés superior del menor”.

Las entidades piden “solidaridad interterritorial”

En cuanto a las crisis de acogida que se puedan generar debido a la llegada de menores, Graíño hace un llamamiento a todas las administraciones públicas para que “se comprometan con el principio de solidaridad interterritorial y que se activen, en este sentido, los mecanismos para activar soluciones que permitan, por ejemplo, traslados a la península de niñas, niños y adolescentes”. El mes pasado, el Gobierno y las comunidades autónomas se reunieron para abordar la atención a los menores en Ceuta, pese al plantón de tres comunidades gobernadas por el PP y cuyos responsables de Infancia son de Vox.

“Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado, sin poder cubrir sus necesidades básicas e igualmente sin poder tener acceso digno y adecuado a la atención sanitaria”, lamenta Graíño, en referencia a la crisis humanitaria de Ceuta. Además, recuerda que todavía “hay muchísimas niñas que siguen sin estar identificadas debidamente de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. “Esto debe realizarse con la máxima premura posible debido a que es una garantía para que puedan acceder al resto de sus derechos”, apunta.

Estamos muy preocupadas porque todavía hay muchas niñas, niños y adolescentes en situación de calle en una situación de extrema precariedad y vulnerabilidad sin tener un acceso adecuado a agua, alimentación y alojamiento adecuado y sin poder cubrir sus necesidades básicas

Irene Graíño — Técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia

La directora general de CEAR, sin embargo, cree que el problema “no está en el reparto que se hace de los menores”, sino que está “en que las comunidades autónomas se niegan a asumir ese reparto”. “Ese, para mí, es el verdadero problema. Es un problema de facto. Ha pasado con Canarias, está pasando con Ceuta: hay comunidades autónomas que se niegan a asumir a esos menores en caso de que se activase la necesidad de reparto”, lamenta López.

La portavoz de CEAR señala que, al final, todo tiene que ver con “las políticas europeas, no solo con las españolas y no solo con las de las comunidades autónomas”. El contexto actual es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aunque las políticas de externalización de fronteras y securitarias son anteriores. López señala que el control de fronteras para impedir la llegada de migrantes lleva produciéndose, al menos, desde la década de los 2000. Entre ellos, cita los acuerdos de la UE y España con Mauritania, Marruecos y Turquía.

“Es una consecuencia de esa política de externalización de fronteras que para nosotros ha fracasado. Porque si estamos viviendo crisis migratorias como la que hemos vivido el mes pasado en Ceuta después de 20 años de políticas de externalización de fronteras y de control migratorio, es que algo está fallando”, advierte. CEAR propone, desde el principio de la crisis fronteriza que derivó en una crisis migratoria, el traslado de los migrantes a la península. “Ha funcionado en el caso balear y canario”. Así se evitaría que ciudades como Ceuta, o como podría pasar en el archipiélago canario –que tienen una frontera y un territorio limitado– “colapsen o tengan problemas de convivencia”, concluye.

El fantasma d’una nova allau migratòria sobre les Balears ha tornat al debat polític, però les xifres dibuixen, ara per ara, un escenari molt menys excepcional. Mentre el PP reclama al Govern central explicacions per un informe policial sobre les arribades de migrants a l’arxipèlag –que els conservadors interpreten com una confirmació que les illes es troben sota una alerta de “risc alt” davant una possible “entrada massiva” de migrants–, la ruta algeriana es manté pràcticament estable: 4.934 persones van arribar per via marítima entre gener i agost, només un 1,7% més que en el mateix període de 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Davant la por que puguin desembarcar de cop “100 o 200 pasteres” –en paraules del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí–, entitats com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) assenyalen que la ruta està “més o menys controlada”, com assenyala la directora general d’aquesta organització, Mónica López, en declaracions a elDiario.es.

La polèmica va esclatar durant la setmana passada. En una compareixença al Congrés dels Diputats, el president del Govern, Pedro Sánchez, va negar que la Policia Nacional hagués advertit d’un “risc alt” a la ciutat autònoma els dies previs a la crisi fronterera a Ceuta, si bé va confirmar l’existència d’un informe que es referia a la Península i a les Balears: “També s’ha dit que la Policia Nacional havia advertit una setmana abans d’un risc alt a Ceuta. I no és correcte. Aquest informe va existir, però parlava exclusivament de les arribades marítimes a la península i a les Illes Balears i no, per tant, a la frontera de Ceuta”, van ser les seves paraules. El document va ser elaborat pel Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF), dependent de la Policia Nacional.

Menys de 24 hores després, la líder autonòmica, Marga Prohens, va comparèixer de manera extraordinària per sol·licitar “per tots els canals formals” informació sobre l’informe policial a què es referia Sánchez. La dirigent conservadora va acusar l’Executiu central d’“ocultar” una informació que, al seu parer, comprometia la seguretat de les illes, i va reclamar saber què va fer l’Estat des que en va tenir coneixement i per què no es va comunicar a les autoritats balears. “Creiem que és molt greu l’ocultació d’aquesta informació tan sensible al Govern de les Illes Balears”, va insistir Prohens.

Després que aquesta informació sortís a la llum, Vicent Marí (PP), president del Consell d’Eivissa, va assegurar en una entrevista al Periódico de Ibiza y Formentera que tenia “malsons” al voltant de la idea que poguessin “arribar aquí 100 o 200 pasteres de cop”, fet que mai no ha succeït des que es va consolidar la ruta algeriana. “Estem assistint a un degoteig constant de pasteres procedents d’una ruta consolidada que és Algèria, encara que el Govern ho negui. Ja arriben més migrants en pastera a les Balears que a les Canàries, de manera que és evident que és una ruta consolidada”, va afirmar Marí. Aquesta travessia s’ha consolidat com el creuament migratori més transitat per arribar a Espanya, per sobre de la ruta atlàntica cap a les Canàries, així com dels trajectes des del nord del Marroc, com va informar elDiario.es.

“La ruta està més o menys controlada”

“Nosaltres entenem que qui té aquesta informació o qui pot tenir aquestes alertes, lògicament, és el Govern, el Ministeri de l’Interior i el CNI –que depèn del Ministeri de Defensa–”, respon la portaveu de CEAR quan se li pregunta si considera possible que arribin, de cop, centenars de cayucos a les costes pitiüses. “Crec que les xifres respecte de l’any anterior suposen un increment d’unes 80 persones, de manera que sembla que aquesta ruta està més o menys controlada”. “Sobre el fet que pogués haver-hi una previsió d’arribada de moltes embarcacions, nosaltres, des de CEAR, desconeixem la dada”, insisteix López.

La directora general de CEAR explica que la resposta institucional que s’ha ofert quan s’ha produït l’arribada d’embarcacions precàries als arxipèlags canari i balear “ha funcionat”. López diferencia així l’actuació governamental a conseqüència de la crisi –primer fronterera i després humanitària– de Ceuta, que considera “lenta”. “És cert que les Balears l’estiu passat van tenir una crisi important de capacitat d’acollida per a les persones que arribaven”, reconeix. “S’han fet trasllats [de migrants adults] a la península i crec que la situació està més o menys normalitzada”, afegeix.

Fonts del Ministeri de Joventut i Infància expliquen a aquest diari, pel que fa als menors, que les derivacions estan regulades pel Reial decret llei 2/2025. “No opera a les Balears perquè no es troben en contingència migratòria extraordinària. Només a les Canàries, Ceuta i Melilla. Són 2.000 els menors traslladats des d’aquests territoris des d’aquests tres territoris de la península en els darrers dotze mesos”, asseguren.

La lectura i interpretació que fa el Govern sobre les dades, però, és una altra. Fonts de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l’Acció de Govern i Cooperació Local afirmen a aquest diari que, fins i tot amb els informes quinzenals del Ministeri [de l’Interior], es demostra que «es manté la tendència a l’alça», a causa de l’increment de l’1,7%. La Conselleria compara aquestes dades amb les de la ruta canària, que es redueix un 57,4%. “És a dir, a les Balears ja arriben pràcticament les mateixes persones que a les Canàries, que han passat d’unes 12.000 l’any passat per aquestes dates a poc més de 5.000”, puntualitzen.

El Govern balear veu una tendència a l'alça

A més, el Govern del PP –que governa en minoria amb suports puntuals de Vox– considera que els informes quinzenals “poden variar molt” d’una quinzena a l’altra, per diversos motius: mala mar, embarcacions que han arribat dos dies més tard o perquè les arribades dels darrers dies del mes entren en un informe o en el següent. “Voler concloure que ‘ja estem millor’ amb aquestes dades és, com a mínim, precipitat”, consideren. A parer de l’Executiu autonòmic, cal prendre com a referència l’últim informe anual de riscos de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes), del juny, que assenyala que durant el primer trimestre de 2026 les arribades van caure un 40% a Europa i un 60% a través de la ruta canària. Paral·lelament, asseguren que la ruta algeriana cap a les Balears augmenta un 17%, tot i que aquesta dada no apareix a l’informe.

Concretament, sobre la ruta de la Mediterrània occidental –que és més àmplia que l’algeriana perquè inclou el Marroc, Mauritània i el Senegal, a més d’Algèria–, l’informe assenyala que s’espera que “continuï una tendència estable i lleugerament a l’alça” durant aquest 2026. I afegeix que el més destacable, en aquest sentit, és “l’ús creixent de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans”, nacionalitats que anteriorment estaven més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l’Àfrica occidental.

L'últim informe de Frontex assenyala "el creixent ús de la ruta més llarga i perillosa entre Algèria i les Illes Balears, cada vegada més utilitzada per migrants somalis, malians i guineans", nacionalitats anteriorment més associades a les rutes de la Mediterrània central i de l'Àfrica occidental

L’informe de Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes) atribueix aquests canvis a l’enduriment dels controls a Líbia, Tunísia i Mauritània, que està desviant els fluxos cap a Algèria “com a punt de partida alternatiu”. “La mateixa Algèria és tant país d’origen com de trànsit, i els algerians van representar prop del 54% de les deteccions a la ruta de la Mediterrània occidental el 2025”. Les causes són l’atur juvenil estructural i el descontentament de la població amb la classe política, segons l’agència europea.

L'Executiu insisteix: “El ritme d'arribades és inassumible”

“Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra”, afirma la Conselleria de Presidència. Les fonts consultades assenyalen, així, que la tendència a l’alça continua i que aquest ritme d’arribades “és inassumible per a un territori com les Balears”. Afegeixen que, fins al 9 de setembre, han comptabilitzat 484 persones en més d’una vintena de caiucs.

Aquest 2026 han arribat gairebé 5.300 persones, segons el recompte del Govern. “A més, hi ha els 916 menors que actualment tutelen els consells insulars, quan la capacitat ordinària establerta per l’Estat és de 434”, apunten. Per tot plegat, l’Executiu autonòmic reclama que Frontex tingui “una presència permanent a les fronteres marítimes de les illes”.

Tant de bo poguéssim dir que la tendència està baixant. Però, malauradament, la realitat és una altra

Conselleria balear de Presidència

El Ministeri de l’Interior, per la seva banda, explica a aquest diari que, fins al 31 d’agost de 2025, l’increment de les arribades en comparació amb l’any anterior ascendia al 78%. “Des d’aleshores la tendència ha anat baixant progressivament. El 2025 va acabar amb un augment del 24,5% i la tendència durant el 2026 ha estat de desacceleració fins a assolir algunes davallades o pujades lleus”, apunten. Així, Interior assenyala que s’aplica “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d’origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones”. Una actuació que, segons el Govern, està funcionant i que “evita en origen el 40% de les sortides irregulars”.

El Ministeri de l'Interior explica que s'està aplicant “una política migratòria preventiva, basada en la cooperació bilateral amb els països d'origen i trànsit de la migració en la lluita contra les màfies que trafiquen amb persones"

La repatriació col·lectiva de menors és il·legal

La posició de les administracions autonòmiques –el PP governa a tots els consells insulars, i també al Govern– és que els menors no acompanyats “han d’estar amb els seus pares”. “Pensar que podem acollir tothom és estar equivocat. Cal ajudar aquests països d’origen. Els menors no han d’estar en centres d’acollida aquí a Eivissa o en qualsevol altre lloc d’Espanya. Han d’estar amb els seus pares”, va afirmar Marí. I va afegir que, si cal, s’han d’“ajudar” els països d’origen per evitar l’arribada de migrants.

Independentment de quina sigui la gestió que exerceixin l’Estat i les comunitats autònomes per rebre l’arribada de menors, la repatriació col·lectiva és il·legal, segons la jurisprudència dictada pel Tribunal Suprem. El que pot fer el Govern –ja ho ha fet, sense èxit– és demanar la modificació del sistema de repartiment, regulat pel Decret llei 2/2025, que és la normativa que va aprovar el Govern per a la creació del sistema obligatori de repartiment de menors migrants en situacions d’emergència.

En aquest sentit, López recorda que, perquè els menors puguin tornar amb els seus pares, cal “complir uns procediments estrictes per no retornar els menors a un context en què no puguin estar”. “La premissa que els nens sempre estan millor amb els seus pares no es compleix en tots els casos. Però ni amb nens migrants ni amb nens espanyols”, adverteix la directora general de CEAR.

En la mateixa línia, explica que cal tenir en compte “l’interès superior del menor”, ja que en la legislació d’un estat de dret hi ha d’haver “procediments que garanteixin que aquests nens no seran retornats a un espai on no seran tractats d’acord amb el dret”. Irene Graíño, tècnica d’incidència política de la Plataforma d’Infància, coincideix: qualsevol repatriació que es faci de nenes, nens i adolescents “s’ha de realitzar mitjançant el procediment adequat que està establert, seguint totes les garanties necessàries, escoltant les nenes, nens i adolescents i fent una determinació de l’interès superior del menor”.

Les entitats demanen “solidaritat interterritorial”

Pel que fa a les crisis d’acollida que es puguin generar a causa de l’arribada de menors, Graíño fa una crida a totes les administracions públiques perquè “es comprometin amb el principi de solidaritat interterritorial i que s’activin, en aquest sentit, els mecanismes per activar solucions que permetin, per exemple, trasllats a la península de nenes, nens i adolescents”. El mes passat, el Govern i les comunitats autònomes es van reunir per abordar l’atenció als menors a Ceuta, malgrat el boicot de tres comunitats governades pel PP i els responsables d’Infància de les quals són de Vox.

“Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer, en una situació d’extrema precarietat i vulnerabilitat, sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat, sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques i igualment sense poder tenir un accés digne i adequat a l’atenció sanitària”, lamenta Graíño, en referència a la crisi humanitària de Ceuta. A més, recorda que encara “hi ha moltíssimes nenes que continuen sense estar identificades degudament d’acord amb el que estableix el nostre ordenament jurídic”. “Això s’ha de fer amb la màxima celeritat possible, perquè és una garantia perquè puguin accedir a la resta dels seus drets”, assenyala.

Estem molt preocupades perquè encara hi ha moltes nenes, nens i adolescents en situació de carrer en una situació d'extrema precarietat i vulnerabilitat sense tenir un accés adequat a aigua, alimentació i allotjament adequat i sense poder cobrir les seves necessitats bàsiques

Irene Graíño — Tècnica d'incidència política de la Plataforma de la Infància

La directora general de CEAR, però, creu que el problema “no és en el repartiment que es fa dels menors”, sinó que està “en el fet que les comunitats autònomes es neguen a assumir aquest repartiment”. “Aquest, per a mi, és el veritable problema. És un problema de facto. Ha passat amb les Canàries, està passant amb Ceuta: hi ha comunitats autònomes que es neguen a assumir aquests menors en cas que s’activés la necessitat de repartiment”, lamenta López.

La portaveu de CEAR assenyala que, al final, tot té a veure amb “les polítiques europees, no només amb les espanyoles i no només amb les de les comunitats autònomes”. El context actual és el Pacte Europeu de Migració i Asil, tot i que les polítiques d’externalització de fronteres i de caràcter securitari són anteriors. López assenyala que el control de fronteres per impedir l’arribada de migrants es duu a terme, almenys, des de la dècada dels 2000. Entre d’altres, cita els acords de la UE i Espanya amb Mauritània, el Marroc i Turquia.

“És una conseqüència d’aquesta política d’externalització de fronteres que, per a nosaltres, ha fracassat. Perquè si vivim crisis migratòries com la que hem viscut el mes passat a Ceuta després de vint anys de polítiques d’externalització de fronteres i de control migratori, és que alguna cosa està fallant”, adverteix. CEAR proposa, des del principi de la crisi fronterera que va derivar en una crisi migratòria, el trasllat dels migrants a la península. “Ha funcionat en el cas balear i canari”. Així s’evitaria que ciutats com Ceuta, o com podria passar a l’arxipèlag canari –que tenen una frontera i un territori limitat–, “col·lapsin o tinguin problemes de convivència”, conclou.

Las Palmas i+i ya tiene todo preparado para afrontar una nueva temporada. Este miércoles tuvo lugar, en la Sala de Prensa del Estadio de Gran Canaria, la presentación del proyecto para la campaña 2026/27, un acto que contó con la presencia de Tonono Rodríguez, director de Formación y Captación de la cantera de la UD Las Palmas y de los propios jugadores y cuerpo técnico del equipo ilusión más inclusión.

La presentación sirvió para refrendar la continuidad de un proyecto que, desde la Fundación Canaria UD Las Palmas, apuesta por el deporte como una herramienta de inclusión, integración y desarrollo personal, utilizando el fútbol como vehículo para transmitir valores y generar nuevas oportunidades.

Durante el acto se dieron a conocer las principales líneas de trabajo que marcarán el día a día de Las Palmas i+i durante esta temporada, con el objetivo de continuar creciendo tanto en el ámbito deportivo como en el personal. El proyecto mantiene su compromiso con una metodología basada en el trabajo en equipo, el respeto, la convivencia y el esfuerzo, entendiendo la práctica deportiva como un espacio de aprendizaje y participación.

El equipo de trabajo de Las Palmas i+i para la temporada 2026/27 estará formado por; Víctor Rivero, primer entrenador; Lisandro Santana, segundo entrenador; Jorge Hernández, Manuel González y Juan Manuel Jiménez, como asistentes técnicos. Marc Castignani, preparador Físico; José González, preparador de porteros; Santi Aleman, readaptador; Víctor Pons, médico; Pachi Naranjo, psicólogo; Juan Ferrer, coach mental; Abel Mena, fisioterapeuta; Samuel Rodríguez, Leonardo Gil y Josué Castellano, encargados de material; José Alemán Pepillo, delegado de equipo.

Tonono Rodríguez destacó durante la presentación la importancia de iniciativas como Las Palmas i+i dentro de la estructura de la entidad amarilla y puso en valor el trabajo que se desarrolla desde la Fundación Canaria UD Las Palmas para acercar el deporte a todos los colectivos.

Por su parte, el cuerpo técnico de Las Palmas i+i afronta la nueva temporada con ilusión y con el propósito de seguir acompañando a los jugadores en su evolución, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino también potenciando valores como la autonomía, la responsabilidad, la solidaridad y el compañerismo.

De esta manera, Las Palmas i+i inicia una nueva etapa con el compromiso de seguir haciendo del fútbol una herramienta de inclusión y de continuar representando los valores de la UD Las Palmas dentro y fuera del terreno de juego.

El Gobierno central ha autorizado destinar 6,3 millones de euros a Cantabria para financiar programas sociales que cubran las necesidades específicas de personas en situación de pobreza, exclusión social u otras situaciones de especial vulnerabilidad.

Esta es una de las decisiones adoptadas este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que se sufragará con el importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% de la declaración de la renta y del Impuesto sobre Sociedades.

En un comunicado, el Gobierno ha detallado que la inversión total propuesta por el Ministerio para repartir a las comunidades -excepto País Vasco y Navarra- y las ciudades autónomas es de 432,8 millones de euros, cifra que supone un aumento de un 15% respecto al año pasado.

Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social -Tasa Arope-, la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad.

Además, se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja del 1,02%, Ceuta del 0,80% y Melilla 0,81%. Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.

Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector de acción social que cumplan los requisitos establecidos en las correspondientes convocatorias autonómicas.

En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos, como personas con discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.

El Acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 18 de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las CCAA de régimen común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.

El Acuerdo alcanzado en 2021 tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiraba el pasado mes de junio. Ante esta situación, y atendiendo a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulsó y se consiguió un Acuerdo de prórroga por dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, que incluye la ejecución de los programas en el año 2029.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a la ciudadanía a volver a vivir la Feria de Albacete en honor a la Patrona, la Virgen de Los Llanos, declarada de Interés Turístico Internacional, “con orgullo y alegría” para disfrutar de las cerca de 400 actividades que el Ayuntamiento ha programado este año para que todo el mundo pueda disfrutar de una “Feria accesible, segura sostenible, limpia e inclusiva”.

Así lo ha señalado durante el acto de presentación de la programación de la Feria de Albacete 2026, junto al concejal del ramo, Francisco Navarro, el resto de los concejales del Equipo de Gobierno, y representantes de todos los servicios municipales y contratas implicados en su desarrollo de manera más directa, del tejido asociativo, vecinal y empresarial, así como de la Policía Local, Bomberos, Voluntarios de Protección Civil, de la Fava, y Feda, entre otros.

Según ha dicho, la Feria mira a su pasado “con orgullo”, pero incorpora las herramientas del presente y “sigue construyendo su futuro”. “Es uno de los grandes acontecimientos de nuestra ciudad y que, sobre todo, pertenece a todos los albaceteños y a todas las personas que nos visitan”.

El alcalde ha señalado que la “piedra angular” de la Feria es la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, en honor a quien se celebra del 7 al 17 de septiembre desde hace más de siete siglos de historia y que ha sabido evolucionar con los tiempos, recordando que en su honor tiene lugar la Cabalgata de apertura de la Feria que reúne a miles de personas. Este año cuenta con 60 carrozas y 20 movimientos musicales gracias al “dinámico movimiento vecinal”.

Como novedad, ha destacado que la Ofrenda floral incorporará este año un vallado en parte del Paseo de la Feria para ganar en seguridad, conjugándola con las atracciones que existen en esa zona. Asimismo, y para aumentar la seguridad, habrá un registro informatizado de caballos y carruajes de nuestra Feria Ecuestre.

Feria Antigua

Manuel Serrano ha anunciado que una de las novedades de este año será la recuperación de una parte de la historia a través de la recreación de la Feria Antigua que tendrá lugar el 10 de septiembre para mirar a nuestras raíces y conocer cómo se vivía la Feria en otros tiempos de la mano de Algazara y de la Asociación de Cuchillería.

Según ha recordado, este año se celebra el centenario del 'Himno Albacete' que escribió Eduardo Quijada y al que le puso música Manuel López Varela, explicando que también se contará con un cartel de la Feria de 1926 porque “es importante traer al presente nuestra historia y tradiciones, pero desde una Feria que mira al futuro”.

El alcalde ha agradecido y puesto en valor el importante y comprometido trabajo diario que con tanto esfuerzo realiza el personal del servicio de limpieza durante los días de Feria debido al volumen extraordinario de personas que discurren por Albacete por estas fechas para mantener limpio el Recinto y la ciudad.

Serán 126 efectivos a jornada completa dedicados exclusivamente al dispositivo de limpieza de la Feria, a los que se suman los 162 trabajadores de parques y jardines, que contarán con refuerzos especiales durante los días de mayor afluencia como las personas que limpian los distintos emplazamientos donde celebramos la Feria. Además, se ha incrementado en un 50 por ciento las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, con 20 plazas más.

Ha añadido que también se quieren facilitar los itinerarios a través de siete rutas a pie que se han diseñado, acompañadas de un rutómetro, en el que se indican los tiempos aproximados que se tarda en llegar hasta el Recinto Ferial desde algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.

Todo ello ligado al servicio de transporte público que, según ha explicado el Manuel Serrano, se presta en Feria con cuatro líneas especiales que se suman a las tradicionales y que el año pasado transportó a más de 90.000 pasajeros gracias al refuerzo que se incorporó el año pasado con un vehículo más para las líneas 1 y 3 para sábado, domingo y festivo.

Habrá aparcamientos especiales en Feria junto a la Fiesta del Árbol, Avenida de la Mancha, calle Imperial y avenida de los Empresarios, a los que se sumará el Recinto Ferial del IFAB durante el fin de semana.

Punto Violeta y Punto Arcoíris

Este año, como novedad, se incorpora junto al Punto Violeta, un Punto Arcoíris para prevenir y atender posibles agresiones homófobas. Ambos espacios tendrán atención 24 horas, bien sea con el horario ampliado de 12.00 del mediodía a 7.00 de la mañana durante todos los días, o en el punto de seguridad de la Feria del colegio Feria-Isabel Bonal.

Así, ha señalado que las personas con discapacidad disfrutarán de un espacio de casi 2,7 campos de fútbol adoquinados en los Ejidos de la Feria tras las obras de mejora del pavimento, para mejorar su accesibilidad, que recientemente ha acometido el Ayuntamiento, en respuesta a una “demanda histórica” de los vecinos.

Un año más se celebrará la Feria Infantil, con la novedad de que en esta ocasión habrá actividades para los más pequeños en la zona de la Verbena de la Feria los días 8, 9, 12 y 13, con precios populares en las atracciones el día 9, antes de iniciar las clases.

Estas actividades se suman a las que tradicionalmente se celebran con Aguas de Albacete, mientras que el festival Joven Fest se desarrollará los días 10, 11 y 12 en la misma zona destinado al público adolescente.

Otra de las novedades de la Feria es que se ha duplicado el espacio destinado a zona de descanso en la Feria de la mano de Aguas de Albacete, que además llevará aparejada un gran número de actividades infantiles, tras las obras de mejora de adoquinado de los Ejidos, destacando el futuro parque infantil que habrá en esta zona, con una fuente de la que brotará agua del suelo.

Reparto de programas

Tras la presentación de la programación, el alcalde y los concejales del Equipo de Gobierno, junto a las tres parejas de las que esta semana saldrán los Manchegos de la Feria 2026, han iniciado el tradicional reparto de programas entre los ciudadanos a las puertas del Ayuntamiento y por las principales calles del centro de la ciudad.

En total, se han editado 75.000 programas para que todo el mundo pueda conocer las cerca de 400 actividades programadas.

Del 1 al 4 de septiembre se repartirán en el Ayuntamiento, la Posada del Rosario y en los kioscos de prensa municipales de los parques. El día 5 de septiembre se repartirán solo en horario de mañana en las mismas ubicaciones, y a partir del día 8 en el punto de información municipal instalado en el interior del Recinto Ferial

En el caso de que el Parque 'Abelardo Sánchez' tuviera que cerrar a consecuencia de algún fenómeno meteorológico adverso, el reparto de programas de Feria se llevaría a cabo en la Plaza San José de Calasanz.

Un grave accidente practicando surf cambió para siempre la vida de Andrés García Lecue, dejándole como secuela una lesión medular que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Acostumbrado a librar una batalla diaria contra las barreras físicas, nunca imaginó que a ello se iba a sumar otro obstáculo en las gradas de su querido Racing de Santander. El arranque de una temporada futbolística histórica, que supone la vuelta del club a primera división después de 14 años, ha puesto en cuestión las condiciones de accesibilidad en Los Campos de Sport de El Sardinero.

Las primeras quejas del colectivo de Personas con Movilidad Reducida (PMR), de las que ya se hizo eco elDiario.es, llegaron en julio, cuando el club les informó de un cambio de ubicación: pasarían de Tribuna norte a Preferencia sur. Ahora, tras los dos primeros partidos de liga de la temporada 2026/2027, los abonados han calificado de “chapuza” el cambio de ubicación -que ha conllevado una obra-.

Al quedar reubicados en mitad de la grada de Preferencia Sur, se encuentran rodeados de una masa de aficionados que pasa gran parte del encuentro de pie. En lances de juego o goles, el público se levanta de manera espontánea, alzando bufandas, lo que anula por completo su visión.

“La gente es un amor y les dices que no vemos, y se disculpan, pero con la adrenalina y la emoción se les termina olvidando”, explica García Lecue, que no achaca en ningún caso el problema al resto de socios sino a un mal diseño estructural.

La ausencia de soluciones ha movido al joven a hacer un vídeo de denuncia del caso en sus redes sociales. Su testimonio ha vuelto a poner el foco en la gestión del Real Racing Club de Santander y del Ayuntamiento de la capital cántabra -propietario de la instalación- por unas reformas de la grada plagadas de ineficacia y parches provisionales que parecen no resolver el problema ni tampoco garantizar la no discriminación de este colectivo de abonados. Ni el club ni el Ayuntamiento santanderino han respondido por el momento a la petición de valoración de la situación realizada por este periódico.

Parches de 30 centímetros y respuestas inadecuadas

El club convocó a esta veintena de socios a una reunión de urgencia el pasado 14 de agosto, justo un día antes del primer partido de liga, en la que participaron el presidente del Racing, Manuel Higuera, y el director de comunicación, Roberto González.

En dicho encuentro, los directivos propusieron elevar la plataforma metálica donde se ubican las sillas de ruedas unos 30 centímetros. No obstante, esta medida ha sido calificada de “ridícula” por los afectados. “Calculamos que para poder ver el partido con verdaderas garantías habría que subir la plataforma por lo menos 70 centímetros”, apunta Andrés, asegurando que a esa altura salvarían el obstáculo visual sin tapar la visión de las filas posteriores. Sin embargo, el club ha comunicado esta semana a los socios que la ejecución de esta exigua reforma se retrasará “varias semanas más” porque los ingenieros continúan evaluando la viabilidad técnica.

Otro momento de tensión en esa misma reunión fue cuando se abordó el riesgo de sufrir balonazos que tienen los usuarios debido a su cercanía a la portería. Según denunciaron los asistentes, la respuesta del director de comunicación, Roberto González, rozó la falta de respeto al sugerir como solución “que los socios que pudiesen mover los brazos se pusiesen en la zona de mayor riesgo y los que no, detrás”. El colectivo ha criticado con dureza estas palabras, al considerar que “esa no es una respuesta válida para personas con discapacidades severas”.

Un traslado forzoso y sin consulta previa

El club tomó la decisión unilateral de trasladar a las PMR de su antigua ubicación en la tribuna norte la temporada pasada -donde se situaban a la izquierda de La Gradona, que es la grada de animación oficial- hacia la preferencia sur. Según relata Andrés García Lecue, este cambio se ejecutó con absoluta opacidad y sin consulta previa con los socios afectados. Se enteraron al ir a renovar su abono para esta temporada: “Nos dijeron que nos iban a cambiar pero no sabíamos exactamente a dónde; no sabíamos si íbamos a estar en fila cero, a mitad o en lo más alto”, lamenta.

El motivo de este desalojo responde, según los afectados, al afán por incrementar el aforo. En el espacio que ocupaban ellos la temproada pasada en Tribuna Norte, el club ha instalado andamios con asientos para reubicar a los miembros de las categorías inferiores. “Lo han hecho para meter a más gente”, lamenta García Lecue, cuestionando “a qué coste y a qué precio” se ha llevado a cabo esta reorganización que ha dejado al colectivo PMR sin visibilidad del terreno de juego.

“Pagamos más para no ver nada”

Cabe recordar que esta vuelta a la máxima categoría del Racing ha traído consigo el incremento del precio de sus abonos, algo que Andrés considera “lógico”, pero algo no tan comprensible: la eliminación de la gratuidad para sus acompañantes obligatorios, que ahora deben abonar la mitad de un pase regular. “Nosotros cumplimos con nuestra parte pagando más, pero el club no está cumpliendo con la suya”, añade Andrés, quien señala que, ante la situación actual, la inmensa mayoría de los afectados “preferiría volver sin pensarlo a la ubicación anterior de la Tribuna Norte”.

La situación queda retratada en las imágenes del primer encuentro liguero, donde se aprecia una hilera ininterrumpida de espaldas de aficionados que imposibilita cualquier seguimiento del balón desde una silla de ruedas.

Baños insalubres

De otro lado, las imágenes de los aseos habilitados en Los Campos de Sport muestran un panorama desolador: el suelo de los cubículos PMR aparece totalmente anegado por aguas sucias estancadas y desperdicios de papel higiénico flotando, un escenario de extrema insalubridad que imposibilita su utilización. Para un usuario de silla de ruedas, maniobrar en un habitáculo inundado es impracticable, al tener que impulsar las ruedas con las manos en contacto directo con el agua contaminada.

Como “parche provisional”, el Racing ha instalado aseos portátiles de obra junto a la zona adaptada. Al mismo tiempo, los afectados denuncian un “baile de la pelota” institucional entre el Ayuntamiento de Santander, propietario del estadio, y el Racing sobre quién debe asumir la financiación de estas reformas urgentes.

“El Ayuntamiento nos dice que la obligación de reorganizarnos y cumplir la normativa recae íntegramente sobre el club, pero nos queda la duda de quién tiene realmente la razón”, señala García Lecue con resignación.

Desde el colectivo lamentan también el silencio de la Fundación del Racing, entidad que no ha intervenido en este conflicto. ElDiario.es se ha puesto en contacto con la institución y, pese a su razón social vinculada a la Responsabilidad Social Corporativa y proclamar en su página web que su labor es “poner el fútbol y el deporte al servicio de la sociedad cántabra para construir una comunidad más justa, inclusiva, igualitaria y solidaria” se han limitado a responder que este asunto es “un tema del club”.

El único compromiso resuelto es, según el colectivo PMR, el relativo al aparcamiento adaptado del estadio. Ante el fraude sistemático de personas que utilizan tarjetas de familiares de PMR, obligando a los verdaderos beneficiarios a llegar con dos horas y media de antelación para encontrar un sitio libre, el club se ha comprometido a vallar plazas y dotar a los abonados de acreditaciones especiales vinculadas a la matrícula de sus vehículos. “Creemos que esto sí va a ser eficaz”, aventura García Lecue.

La vía legal y el reglamento de la UEFA

Entre tanto, Gisela Saiz, madre de otro de los socios afectados, ha formalizado una denuncia administrativa ante el Departamento Legal de LALIGA, advirtiendo de que, si no se subsanan las deficiencias, el caso se elevará a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales.

La denuncia se fundamenta en el propio Reglamento General de LALIGA (Libro X - Infraestructuras y Estadios) que exige que los clubes de fútbol profesional mantengan sus estadios adaptados tecnológicamente y con instalaciones que garanticen la comodidad de los espectadores. Específicamente, LALIGA vigila y sanciona el incumplimiento de los planes de evacuación, seguridad y confort en los que “las plazas PMR deben estar debidamente acondicionadas y protegidas frente a riesgos ambientales y de visibilidad”.

Por otro lado, el Código Técnico de la Edificación (CTE - Documento Básico SUA) obliga a que las plazas reservadas dispongan de una visibilidad idónea y prohíbe de forma expresa que los elementos estructurales o el público impidan la visión. Asimismo, exige aseos accesibles debidamente dimensionados y aislados del uso masivo general.

A nivel internacional, la propia guía de accesibilidad de la UEFA contempla que la ubicación reservada para personas en silla de ruedas en recintos de alta competición debe diseñarse de modo que su línea de visión sobrepase la altura del público de pie situado delante, garantizando que una persona con movilidad reducida goce de la misma experiencia e isóptica de juego que el resto de los aficionados.

“Somos un grupo de unas 20 o 25 personas, un colectivo minoritario, y parece que por eso piensan que nos pueden poner en cualquier rincón esperando que no protestemos”, concluye Andrés García Lecue. Pero este colectivo de socios con movilidad reducida del Racing ha dejado claro que está dispuesto a persistir en su batalla hasta que El Sardinero sea un estadio verdaderamente accesible y libre de discriminación.

El Camino Lebaniego será escenario, los próximos 25 y 26 de septiembre, de HIKE4ALL, un proyecto europeo que apuesta por un modelo de senderismo más inclusivo, accesible y saludable en las rutas culturales europeas.

HIKE4ALL se desarrollará en varios puntos del Camino Lebaniego con un programa de dos jornadas que combinará divulgación, experiencias, participación y actividad física, ha explicado la organización en un comunicado.

Así, el viernes, 25 de septiembre, de 9.30 a 17.30 horas, en San Vicente de la Barquera, tendrá lugar una jornada dedicada a la accesibilidad y la inclusión en las rutas culturales.

También el viernes, en Unquera, a las 19.00 horas, estará el espectáculo teatral 'Manuela, un vuelo infinito', que tendrá un coloquio con los artistas.

Ya el sábado 26, entre las 10.00 y las 19.00 horas, habrá una visita al Monasterio de Santo Toribio, al Habario de Pendes y una marcha inclusiva y no competitiva desde Pendes a Potes.

La iniciativa, cofinanciada por el programa Erasmus+ Sport de la Unión Europea, reúne a seis entidades de seis países con el objetivo de facilitar que personas de todas las edades y capacidades puedan disfrutar del patrimonio cultural y natural a través de la práctica del senderismo.

En muchos deportes existen categorías específicas para personas con diversidad funcional. En el ajedrez, la apuesta de la Federación Aragonesa es precisamente la contraria: que todas compartan el mismo tablero. La filosofía no consiste en crear competiciones paralelas, sino en eliminar las barreras que puedan impedir que cualquier persona participe en igualdad de oportunidades.

Con esa idea llevan varios años impulsando el ajedrez inclusivo en Aragón, una estrategia que combina adaptaciones tecnológicas, descuentos en licencias, torneos específicos para atraer nuevos jugadores y colaboraciones con entidades como Atades. Todo ello con el objetivo claro de que la discapacidad deje de ser un obstáculo para disfrutar y competir.

“Hay personas con discapacidad que se acercan al ajedrez y vemos que compiten exactamente igual que cualquier otro jugador. Su discapacidad no hace que jueguen peor ni que se sientan excluidas. Simplemente juegan una partida normal”, explica Asun Gracia, secretaria general de la Federación Aragonesa de Ajedrez.

Actualmente, la federación cuenta con unos 1.350 jugadores federados y reconoce que todavía son pocas las personas con diversidad funcional que participan de forma habitual. De hecho, tal y como apunta, no se debe a que el deporte no sea accesible, sino porque muchas veces ni siquiera llegan a dar el primer paso.

“Hay familias y personas que tienen miedo porque piensan que el ajedrez es muy complicado o muy serio. Sin embargo, una vez que empiezan, todos están encantados. El reto es conseguir que se acerquen”, señala.

Un deporte donde no importa cómo eres

Si algo diferencia al ajedrez de la mayoría de disciplinas deportivas es que el rendimiento no depende de la condición física. La estrategia, la capacidad de concentración o la toma de decisiones pesan mucho más que cualquier limitación motriz o sensorial.

Para Marta —nombre ficticio—, jugadora con discapacidad, esa es precisamente la mayor fortaleza de este deporte: “La inclusión no consiste en tratar a todo el mundo exactamente igual, sino en garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de participar. El ajedrez lo consigue especialmente bien porque elimina muchas de las barreras que existen en otros deportes”.

En su opinión, delante del tablero desaparecen muchas de las etiquetas que habitualmente acompañan a las personas. Además, como afirma, “delante del tablero no importa la edad, el género, el origen, la situación económica o la discapacidad, sino que importa pensar, respetar al rival y disfrutar del juego”.

Incluso va un paso más allá al comparar el ajedrez con otras disciplinas deportivas. “En muchos deportes primero vemos la discapacidad y después al deportista. En el ajedrez ocurre justo lo contrario. Después de los primeros minutos de partida, lo único que ves es a otro jugador intentando encontrar la mejor jugada”, sostiene.

Adaptaciones que cambian el acceso, no las reglas

La apuesta por la inclusión no implica modificar el juego, ya que las reglas siguen siendo exactamente las mismas. No obstante, como apunta Asun Gracia, lo que cambia son los apoyos para que cualquier persona pueda competir.

La Federación Aragonesa dispone de planillas electrónicas para jugadores que no pueden escribir las jugadas, relojes adaptados para personas ciegas que anuncian el tiempo restante, tableros específicos y asistentes que realizan los movimientos siguiendo exclusivamente las indicaciones del jugador cuando este no puede mover las piezas. “Ninguna de estas medidas cambia la esencia del deporte; simplemente garantizan que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades”, explica Gracia.

A ello se suma la posibilidad de competir online cuando los desplazamientos representan una barrera o la adaptación de los espacios para personas usuarias de silla de ruedas.

A su vez, la inclusión también forma parte de la organización deportiva. La federación aplica descuentos en las licencias para jugadores con discapacidad y ha impulsado torneos inclusivos en Monzón, referentes ya a nivel nacional, y este año también en Zaragoza.

Más allá del aspecto económico, Gracia reconoce que el gesto pretende lanzar un mensaje: “Queríamos decirles que sabemos que existen, que queremos contar con ellos y que forman parte de nuestro deporte”.

Ejemplo de integración e inclusión sin barreras

En Monzón, además, la iniciativa ha ido un paso más allá gracias a un proyecto desarrollado junto al Colegio La Alegría y el centro Santo Ángel de Atades. Durante tres meses varios participantes recibieron clases de ajedrez antes de competir en el torneo inclusivo. “La experiencia fue muy positiva y los chicos salieron encantados”, resume.

Ese compromiso se refleja en el Campeonato de Aragón de Ajedrez Inclusivo que se celebra en Monzón, convertido ya en una de las grandes referencias nacionales. La quinta edición reunió a 70 jugadores, de los que 15 tenían algún tipo de discapacidad y otros 55 competían sin ella, todos integrados en un único torneo y compartiendo el mismo cuadro de competición. “En un tablero todo el mundo es igual” fue, una vez más, la filosofía que presidió una cita organizada por el Club Ajedrez Monzón, la Federación Aragonesa de Ajedrez y el Ayuntamiento de Monzón, donde la inclusión no se plantea como una categoría aparte, sino como una forma natural de entender el deporte.

El campeonato también quiso reconocer a quienes impulsan el ajedrez como herramienta educativa y de inclusión. Antes de la entrega de premios se rindió homenaje al CRA Alto Ara, cuyos alumnos de Sarvisé, Asín de Broto, Broto y Torla participaron este año en el torneo; a Ana María Moracho, desde la Dirección General de Política Educativa, por su apoyo al programa Ajedrez en la Escuela, representada por Míriam Monreal, y al Colegio de Educación Especial La Alegría, por incorporar el ajedrez como recurso pedagógico y social.

La competición se disputó a siete rondas con todos los participantes compartiendo el mismo torneo, independientemente de que tuvieran o no discapacidad, reforzando la idea de que las adaptaciones permiten competir en igualdad sin modificar la esencia del juego. De forma paralela también se celebró una exhibición online entre el subcampeón de España Inclusivo, el vasco Unai Calleja, y Luis Sanromán, que pudo seguir el público asistente.

Aragón como espejo al que mirarse

La experiencia aragonesa ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. De hecho, Monzón ya ha acogido dos Campeonatos de España de Ajedrez Inclusivo y otras federaciones comienzan a replicar iniciativas similares.

Para Gracia, disponer de un plan específico resulta “imprescindible”, incluso en un deporte que ya es inclusivo por naturaleza.

“Muchas veces pensamos que, como cualquiera puede jugar al ajedrez, ya no hace falta hacer nada más. Pero sí hace falta eliminar barreras, facilitar el acceso y animar a quienes todavía creen que este mundo no es para ellos”, admite.

Los próximos objetivos pasan por aumentar la participación desde edades tempranas, ya que, entre otras medidas, la federación permite que menores con discapacidad intelectual puedan competir en una categoría inferior para favorecer su incorporación progresiva.

El propósito, explica, no es crear un circuito paralelo, sino hacer crecer una comunidad donde cada vez haya menos diferencias.

Por lo tanto, el siguiente paso pasa por seguir ampliando esa comunidad desde la base. “Queremos que cada vez participen más personas y que los niños con discapacidad empiecen a jugar desde pequeños. Cuanto antes se incorporen, más natural será que crezcan formando parte del ajedrez como cualquier otro jugador”, concluye Gracia.

Asimismo, como resume Marta, “el ajedrez nos recuerda que la inclusión no consiste en hacer un deporte diferente para cada persona, sino en eliminar las barreras que impiden participar”. Y es que, cuando esas barreras desaparecen, lo que decide una partida es la preparación, la creatividad y la capacidad para tomar buenas decisiones.

Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

En Castilla-La Mancha se han tramitado un total de 52.041 solicitudes de personas migrantes que se han acogido al proceso extraordinario de regularización abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los datos se han conocido coincidiendo con el cierre del plazo de presentación de solicitudesque se inició el pasado 16 de abril y concluyó el 30 de junio.

En estos dos meses y medio, las personas que cumplían los requisitos fijados en el Real Decreto han podido presentar sus solicitudes a través de distintas vías y en muchos casos con ayuda de las ONG.

En Castilla-La Mancha el mayor número de solicitudes se ha registrado en la provincia de Toledo con 20.896 expedientes. Una cifra que contrasta con las 9.795 solicitudes presentadas en Ciudad Real, las 9.191 en Albacete, las 6.817 en Guadalajara o las 5.342 presentadas en Cuenca.

Las cifras han superado las previsiones adelantadas por el delegado del Gobierno José Pablo Sabrido con motivo de la apertura del trámite el pasado mes de abril. Entonces se estimaban entre 13.000 y 15.000.

Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.

La Policía Nacional continúa reforzando su compromiso con la inclusión y la seguridad de los colectivos más vulnerables en La Rioja. Con este objetivo, el delegado de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior impartió en la tarde de ayer una jornada formativa dirigida específicamente a personas sordas y con discapacidad auditiva de la región.

La actividad contó con la participación de 16 asistentes, quienes pudieron resolver dudas y conocer de primera mano el funcionamiento de AlertCops, la aplicación móvil oficial de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior que engloba a Policía Nacional y Guardia Civil. 

Desde la Jefatura el subinspector Vila destacó que “La seguridad inclusiva no consiste en tratar a todos por igual, sino en dar a cada persona el recurso específico que necesita. En la Policía Nacional trabajamos cada día para que ningún ciudadano se sienta aislado o vulnerable ante el delito por culpa de una barrera de comunicación”, señalando que esta app es un recurso vital para la comunidad sorda, ya que permite alertar de un delito, chatear con la sala de control o enviar fotos y geolocalización en tiempo real sin necesidad de realizar una llamada de voz.

Atención presencial adaptada en La Rioja

Más allá de las herramientas digitales de emergencia, la sesión se centró en explicar los recursos de accesibilidad que la Policía Nacional tiene implantados en las comisarías riojanas para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de realizar trámites como la renovación del DNI o interponer una denuncia en nuestras Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano:

Esta jornada se engloba dentro del plan estratégico de Participación Ciudadana de La Rioja, que trabaja de forma permanente con asociaciones y colectivos vulnerables de la comunidad (mayores, menores y personas con diversidad funcional) a través de charlas de prevención y sensibilización.

Con iniciativas como esta, la Jefatura Superior riojana reafirma su modelo de seguridad cercana, adaptando sus recursos humanos y tecnológicos para que ningún ciudadano encuentre obstáculos a la hora de solicitar protección policial.

ALERTCOPS

Cabe destacar que AlertCops no es una herramienta de uso exclusivo para la comunidad sorda, sino una aplicación universal diseñada para la protección de toda la ciudadanía en su día a día. Por este motivo, desde la Policía Nacional se invita a todos los riojanos a instalar esta app gratuita en sus dispositivos móviles. 

Su presencia se convierte en un recurso preventivo de gran utilidad para cualquier persona, que complementa al 091 ya sea para denunciar de forma discreta, realizar trayectos más seguros gracias a la geolocalización o solicitar el auxilio inmediato ante una emergencia, consolidándose como un canal indispensable para avanzar hacia una sociedad más protegida y conectada. 

Castilla-La Mancha ha dado a conocer este miércoles su Estrategia Regional de Educación Inclusiva, una iniciativa que busca proporcionar una educación equitativa, accesible y de calidad para todo el alumnado y que contará con una inversión global de 2.455 millones de euros hasta el año 2028.

La estrategia parte de un análisis detallado de la realidad educativa regional e identifica desafíos como las desigualdades socioeconómicas, la despoblación, el incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el absentismo y abandono escolar temprano, los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia o la necesidad de reforzar la coordinación institucional.

Cinco ejes de actuación

Para dar respuesta a estos retos, el documento se articula en torno a cinco grandes ejes de actuación: la inclusión educativa; la convivencia e igualdad; el bienestar emocional; la orientación educativa, académica y profesional; y la transformación del sistema educativo. Estos ámbitos incorporan medidas destinadas a mejorar la atención a la diversidad, favorecer entornos escolares seguros e inclusivos, impulsar la salud emocional de alumnado y profesorado, reforzar los procesos de orientación y fomentar la innovación, la participación familiar, la accesibilidad y la colaboración con el tercer sector.

La estrategia tendrá un periodo de desarrollo comprendido entre 2023 y 2028 y contará con mecanismos específicos de seguimiento y evaluación. Entre ellos destaca la creación de una comisión integrada por representantes del Tercer Sector que permitirá evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos, incorporar nuevas aportaciones y garantizar la mejora continua de las actuaciones. Asimismo, se implantará un sistema de indicadores que facilitará la adaptación de las medidas a las necesidades emergentes del sistema educativo.

El Gobierno regional ha subrayado que esta nueva hoja de ruta se apoya en una trayectoria consolidada en materia de inclusión educativa, sustentada en el modelo de orientación implantado desde 2005 y reforzada en los últimos años mediante la creación de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, la Convivencia y la Inclusión Educativa, la aprobación de los decretos de Orientación e Inclusión, el desarrollo de programas como PROA+, los planes de Igualdad o la Estrategia de Bienestar Socioemocional, así como el fortalecimiento de una plantilla que supera actualmente los 4.000 profesionales especializados.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha agradecido la colaboración y el compromiso de las entidades sociales que han participado activamente en la elaboración de la estrategia, entre ellas CERMI Castilla-La Mancha, Plena Inclusión, EAPN, POI y otras organizaciones y administraciones públicas, cuya aportación ha resultado fundamental para construir una herramienta de consenso orientada a garantizar una educación inclusiva para todos y todas.

Fundación Moeve ha celebrado en Canarias su Semana del Voluntariado con una programación de actividades desarrollada en distintos centros de trabajo de Moeve en Tenerife y Gran Canaria, centrada en la sensibilización ambiental, la inclusión social y la protección del entorno, según ha explicado la institución.

En el marco del mes en el que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, la iniciativa, de carácter anual, ha reunido en esta ocasión a 50 profesionales de la compañía en torno a cinco acciones, que se han desarrollado en colaboración con las entidades sociales Salud Mental Atelsam, Envera y Afanes Canarias, así como con la participación del CEIP Punta del Hidalgo.

Esta iniciativa ha permitido compartir experiencias y momentos de convivencia entre los voluntarios de Moeve y las personas usuarias de las entidades participantes, contribuyendo al mismo tiempo a visibilizar su realidad, reconocer su labor y reforzar el apoyo que reciben por parte de la sociedad.

En Tenerife, los voluntarios participaron en la creación de terrarios de plantas suculentas realizados en macetas fabricadas a partir de botellas recicladas, guiados por personas usuarias de Salud Mental Atelsam. Una actividad pensada para promover el reciclaje y acercar la naturaleza a los espacios cotidianos, así como para aproximarse, a través de testimonios en primera persona, a la realidad y la labor que desarrolla esta ONG.

Otra de las actividades consistió en una visita inclusiva al Palmetum de Santa Cruz junto a un grupo de niños y niñas con discapacidad de Afanes Canarias y alumnado del CEIP Punta Hidalgo, en una jornada de acercamiento a la naturaleza y la protección del entorno, en la que los voluntarios de Moeve les acompañaron durante el recorrido, compartiendo con ellos tiempo y momentos enriquecedores en este singular jardín botánico.

En Gran Canaria, los profesionales de Moeve participaron en un taller de elaboración de kokedamas junto a un grupo de personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de Envera en la isla. Además de aprender esta técnica de cultivo, que sustituye la plantación en maceta por una bola de musgo y sustrato, pudieron conocer de primera mano la labor que desarrolla Envera y compartir con sus beneficiarios una experiencia de convivencia y aprendizaje mutuo.

Para Belén Machado, responsable de Fundación Moeve en Canarias, “la Semana del Voluntariado es un reflejo del compromiso real de las personas que forman parte de Moeve con la sociedad y de nuestra convicción de que la sostenibilidad solo es posible cuando se apuesta por ella de manera colectiva. 

Las actividades escogidas han permitido acercar a nuestros voluntarios a las entidades sociales y conocer su realidad diaria, además de concienciarse de la importancia del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de alcanzar una sociedad más inclusiva“.

La Semana del Voluntariado constituye una de las principales iniciativas de Fundación Moeve para promover la implicación social del equipo humano de Moeve, impulsando valores como la cooperación y el respeto por el entorno natural. Una iniciativa que se suma al conjunto de actividades de voluntariado que la Fundación impulsa a lo largo del año para fomentar la participación de las personas que forman parte de Moeve en proyectos con impacto social y ambiental.

La jornada reunió a participantes procedentes de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que disfrutaron de una mañana de deporte, convivencia y envejecimiento activo en un entorno seguro, inclusivo y adaptado a sus necesidades.

El torneo nació con el objetivo de fomentar la práctica de actividad física saludable entre las personas mayores, promover la socialización entre participantes de diferentes municipios y reforzar valores como el respeto, el compañerismo y el juego limpio a través del deporte.

Para el desarrollo de la competición, la instalación se dividió en varios terrenos de juego de Fútbol Caminando, una modalidad adaptada que permite disfrutar del fútbol de forma segura, eliminando las carreras y el contacto físico, favoreciendo así la participación de todas las personas.

Tras la disputa de la fase de grupos y las eliminatorias, los participantes compartieron una jornada marcada por el buen ambiente y la convivencia, que concluyó con la entrega de medallas y un encuentro final junto al equipo Fundación UD Las Palmas AlGolpito.

Además de la actividad deportiva, los asistentes contaron durante toda la mañana con avituallamiento, recursos sanitarios y espacios destinados al encuentro y la interacción entre los diferentes grupos participantes.

Con la celebración de esta primera edición, la Fundación Canaria UD Las Palmas continúa consolidando el proyecto AlGolpito como una herramienta para fomentar hábitos de vida saludables, la participación social y el bienestar de las personas mayores a través del deporte. 

Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno de Canarias.