La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

“Naturaleza viva”. Con estas palabras describe la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la finca pública 'Dehesa de Castilseras', ubicada entre los términos municipales de Almadén, Almadenejos y Alamillo, al suroeste de la provincia de Ciudad Real. El holding estatal tiene el 100% de las participaciones de esta finca a través de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA). Es esta última quien realiza la explotación de las 9.000 hectáreas de la finca estatal, destinadas fundamentalmente a la ganadería ovina y vacuna, al aprovechamiento cinegético mediante la realización de monterías (caza colectiva), la gestión forestal y el ecoturismo.

Pero lo que pasó en uno de sus cuatro cotos de caza el pasado 25 de enero tiene poco que ver con esa premisa de naturaleza en estado puro. Una montería, organizada, según ha podido saber este medio, por la empresa 'Cinegética Lomas de Teresa', se saldó con la matanza de cerca de mil ciervos, venados y gamos. Se trata de una cifra aproximada que han estimado fuentes locales testigos de los hechos consultadas por este medio. Ni la Guardia Civil ni la empresa pública saben con certeza cuántos animales se abatieron.

La cuestión pasó desapercibida en un principio, pero el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, dio la voz de alarma cuando hizo públicas algunas fotografías de lo que considera una “masacre total”.

El asunto llegó a manos del Seprona y la Guardia Civil inició una operación para investigar los hechos, constatando que se había abatido un 48% más de los ejemplares autorizados para la montería.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron al sospecharse de un posible incumplimiento de los cupos de extracción autorizados para dicha montería. Este exceso supuso “una alteración significativa” del plan de ordenación cinegética de la zona y un “impacto directo sobre la gestión sostenible de las especies”. Aparte del exceso de capturas, la patrulla interviniente del Seprona detectó otras presuntas infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de la montería y el tratamiento de las piezas.

Asimismo, se detectaron irregularidades relativas a la gestión de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH). Es decir, sobre la recogida de los animales muertos que no se destinaron a la alimentación. Las citadas fuentes locales apuntan que, de esa montería de enero, se dejaron unos 300 ejemplares sin recoger durante varios días.

Por otra parte, fuentes de la investigación han precisado a este medio que todavía se están incoando las actuaciones para determinar el alcance de las responsabilidades, aunque han precisado que es el órgano sustantivo medioambiental del Gobierno regional quien debe determinar las sanciones.

Posibles sanciones y suspensión de la actividad cinegética

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en coordinación con el Seprona en la investigación de los hechos “para llegar al fondo del asunto”. Desde este departamento precisan que cuando dispongan de toda la información se tomarán las medidas oportunas, entre ellas, la posible suspensión de la actividad cinegética y sanciones económicas al gestor de la montería, en este caso, la empresa arrendataria. El inicio del procedimiento administrativo está a expensas de otras responsabilidades que la investigación podría determinar.

Precisamente, la Guardia Civil ha cursado las correspondientes denuncias por infracciones graves al vulnerarse la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y la normativa vigente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Con carácter general, en Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético contraviene la Ley regional de Caza. Superar en casi un 50% el límite de capturas permitido puede conllevar expedientes sancionadores por infracciones graves o muy graves. Esta posibilidad contempla multas de entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación para obtenerla por un periodo de entre uno y diez años, la anulación del acotado o zona colectiva de caza en los casos más extremos de infracciones muy graves, e indemnizaciones por daños y perjuicios, que obligan a pagar por cada animal abatido fuera de plan según el baremo de valoración de especies de la comunidad.

El SEPRONA ha solicitado además la realización de un estudio técnico de la población de las especies en la finca: quiere saber si la “presión cinegética” ejercida se adecua a la realidad biológica del terreno o “si ha comprometido la viabilidad de la fauna local”.

Pero, ¿quién está detrás de esta montería y qué pasó? La finca 'Dehesa de Castilseras' tiene externalizada la concesión de la explotación cinegética de sus cuatro cotos de caza desde 2021 y durante un periodo de diez años. Actualmente, según el Portal de Contratación, el pliego de condiciones técnicas y el resultado de la licitación, la empresa encargada es 'Cinegética Lomas de Teresa, S.L.' (anteriormente denominada 'Cinegética Castilseras').

Esta empresa, activa en el Registro Mercantil y con sede en Almadén, tiene como objeto social, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la organización de cacerías en todas sus modalidades: compraventa de animales y comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.

Funciona mediante un contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético licitado por MAYASA desde 2021. Actualmente, ese contrato está vigente. Fue la empresa encargada de la montería. El administrador único de Cinegética Lomas de Teresa es Sebastián Gutiérrez Gañán, pero al cierre de esta información, este medio no ha podido ponerse en contacto ni con la empresa ni con su administrador para recoger los detalles de los hechos o las causas por las que se sobrepasó el cupo autorizado.

Sí se ha pronunciado MAYASA, como “principal perjudicada” de estos hechos. Fuentes de la empresa han indicado a este medio su “profundo descontento” con la compañía que organizó esa caza colectiva, a la que consideran “responsable absoluta”. Esta empresa de la SEPI afirma que está colaborando con el SEPRONA en todo lo necesario y que conoció los hechos con posterioridad debido a su “exposición pública”, ya que, una vez arrendado el aprovechamiento cinegético, la responsabilidad es de la empresa encargada.

Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética

MAYASA

“Es una situación muy desagradable para nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así y es enorme el perjuicio que nos ha causado, a nivel cinegético y a nivel de naturaleza, cuando la dehesa es un lugar maravilloso, y más cuando nosotros ni lo hemos promovido, ni hemos mirado para otro lado. Todo lo contrario. Somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades, más aún cuando están tan claras, porque la montería estaba arrendada y la empresa debía cumplir con los planes de ordenación cinegética”, lamentan.

Efectivamente, este tipo de monterías no solo requieren de la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que también deben ajustarse al contrato firmado con la finca donde se desarrollan. Y en ese contrato, según ha constatado este medio, existe una “declaración responsable” en la que la empresa que las gestiona, en este caso 'Cinegética Lomas de Teresa S.L.', se compromete a cumplir la normativa vigente y con los cupos autorizados, a poner todos los medios necesarios para la recogida de las capturas y, si se comercializa la carne para consumo humano, a tramitarlo con la autoridad sanitaria.

Para rizar más el rizo, la empresa gestora de la montería también puede, a su vez, subcontratar. Y según ese contrato, es la responsable de “todas las acciones, deficiencias o negligencias” de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y actuaciones realizadas“, así como del cumplimiento de las obligaciones legales. De hecho, añade que nada de lo contenido en este documento ”se entenderá que establece un vínculo o relación entre MAYASA y los subcontratistas“.

Cada vez que se organiza una montería se firma ese contrato y esa declaración, como también fue en este caso. Es decir, la empresa arrendataria asumió con ello la responsabilidad. Y al no cumplir con los requisitos establecidos, es previsible que MAYASA rescinda el contrato con ella e incluso llegue a la vía jurídica si así lo considera. El contrato aduce, entre las causas de incumplimiento, el “exceso respecto de los cupos de captura” en cada temporada.

Sobre las posibles sanciones se ha pronunciado también el Ministerio para la Transición Ecológica para recordar que la competencia es de la comunidad autónoma, cuyo gobierno aprueba los planes de ordenación cinegética, los cupos de capturas, las autorizaciones de monterías y el régimen sancionador. Este Ministerio solo intervendría si hubiera afección a especies protegidas, espacios de la Red Natura 2000 o normativa estatal de biodiversidad, un extremo que por el momento no se ha confirmado.

De cualquier forma, el alcalde de Almadenejos, el que dio la voz de alarma en redes sociales y puso al Seprona sobre la pista de lo que considera una “masacre, una matanza total”, señala que ya no “soporta” la situación. Según afirma, y pese a que MAYASA no le consta, esta montería no es la primera que se realiza por encima de los cupos establecidos.

El alcalde de esta pequeña localidad de unos 400 habitantes afirma que estas prácticas de “cazar por encima de lo permitido” son habituales en la finca pero que en esta ocasión “se les ha ido de las manos”, no solo por el número de animales abatidos, sino también porque han dejado “muchos cadáveres sin recoger” tanto en los caminos de la zona como en las naves de su propiedad. “Todos ahí amontonados”, lamenta.

Precisamente, el contrato y “declaración responsable” de 'Cinegética Lomas de Teresa' con MAYASA también incluye que la primera debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, con los remolques y medios necesarios. Pero el hecho de que se superara tan ampliamente el cupo autorizado provocó que muchos de ellos se acumularan en el muladar (un espacio vallado para depositar los cadáveres) y que terminaran por no ser aptos para consumo humano, sino únicamente para aves necrófagas como el buitre. Actualmente están todos retirados.

Ahí matan todo lo que entra

Alberto Redondo — Alcalde de Almadenejos

“No se puede gestionar todo tan mal. Es un daño inmenso a la fauna y a la naturaleza, y todo ello en una finca que gestiona el Gobierno. Está bien que el SEPRONA ya lo esté investigando, pero ha sido un poco tarde. Y además deberían investigar otras monterías anteriores, porque en diciembre supimos de otra donde también mataron una cantidad enorme de venados y ciervos. Pero esto último ha sido una masacre. Es que ahí matan todo lo que entra”, destaca el alcalde.

De hecho, Alberto Redondo pone el acento en que, en esas monterías, ni la empresa encargada ni la finca supervisan “lo que se mata”. Aduce que no respetan si son hembras preñadas o gabatos (crías de ciervo) que no llegan al año de vida. “Es que no entiendo que se pueda hacer algo así”, insiste.

Pese a que la responsabilidad apunta a la empresa gestora de la montería, el alcalde de Almadenejos se muestra muy crítico con esta finca de MAYASA. “Está muy mal gestionada. Que una finca con 9.000 hectáreas, con unas 8.000 ovejas y 700 vacas, tenga tres o cuatro millones de euros en pérdidas da mucho que pensar. Es difícil saber por qué se permite algo así”. Apunta además que en muchas ocasiones agrupan a todas las ovejas juntas en los establos en vez de repartirlas por todas las hectáreas, dejando vacías otras muchas instalaciones porque “solo las quieren para la caza”.

El alcalde relata por su parte que en la finca llegó a ejecutarse un regadío de maizal y una fábrica de pienso “que era el mejor que había por estos contornos”; y cuando más se producía “se lo cargaron todo”. Añade que ahora los propietarios quieren sembrar olivo y pistacho en unas pocas hectáreas y “seguro que también las acaban abandonando”. “Siempre trabajan a pérdidas. ¿Por qué?”.

El Plan Estrátegico de la empresa pública

La empresa pública, tras la publicación inicial de este reportaje, ha negado todas estas acusaciones. Asegura que es “rentable y viable”. De hecho, el pasado mes de noviembre aprobó su Plan Estratégico, cuyo objetivo es lograr la “rentabilidad y sostenibilidad financiera” a través de los negocios agropecuarios y turísticos, promoviendo el potencial de la 'Dehesa de Castilseras' y del parque minero de Almadén, “un patrimonio histórico nacional asociado a la histórica actividad minera reconocido a nivel nacional e internacional por su valor cultural”.

Esta propuesta estratégica lleva aparejada una inversión de 12,7 millones de euros hasta 2032, destinados a la optimización y diversificación de los negocios, permitiendo así que MAYASA siga siendo “un importante foco de generación de empleo y riqueza para la comarca”. También se estima un crecimiento y evolución de la cifra de negocio, alcanzando los ocho millones de euros al final del marco temporal. La empresa considera que el sector cinegético es importante, pero no es el núcleo de actividad principal de la Dehesa.

Pero, aparte, la indignación de este alcalde le lleva a pedir al Gobierno que permita a cada uno de los tres términos municipales en los que se ubica la finca pública explotar esos terrenos. “Esto es una zona muy empobrecida y podríamos dar más vida a nuestro medio rural si a cada pueblo le dieran la zona de la finca de su término municipal, para que lo gestionáramos desde los ayuntamientos. Ahora seguramente van a cerrar el coto donde se hizo esa montería, pero van a poder seguir cazando, cuando lo que tendrían que hacer es cerrarlo todo y que se repueble”, concluye.

Al margen de los afectados, uno de los pocos colectivos sociales que se han hecho eco de esta polémica ha sido la Plataforma NAC (No A la Caza), que ha calificado de “aberración” una montería que “solo pone de manifiesto la crueldad del sector cinegético”. “Los fines recreativos, especulativos y comerciales que sustentan la actividad cinegética, influyen negativamente en la conservación de las especies acelerando procesos de desequilibrio poblacional, degradación ecológica y extinción”, denuncia Juana Elisabet García, portavoz de la plataforma. 

Según apunta, la ciencia ha demostrado que la caza no regula los ecosistemas sino que los “desestabiliza”, puesto que los “verdaderos gestores naturales” son los 'superdepredadores' como el lobo ibérico, el águila imperial o el lince que controlan las poblaciones en función del territorio y los recursos disponibles. 

“La mayoría de las comunidades autónomas no realizan todo el esfuerzo necesario para el adecuado cumplimiento de la legislación europea. La caza no es un deporte, solo conlleva el sufrimiento de muchos animales. Y no vamos a parar hasta conseguir que se prohíba cualquier actividad cinegética que cause maltrato, explotación o muerte de un ser vivo, promoviendo la protección de los animales y sus derechos y la conservación de la fauna silvestre y la naturaleza”.

Una dehesa histórica

La SEPI recoge en un documento la historia de la 'Dehesa de Castilseras' y cómo está unida a las minas de Almadén, todavía símbolo de esta comarca de Ciudad Real. En el siglo XIV, estas minas formaban parte la Encomienda de Castilseras perteneciente a la Orden de Calatrava, creada a mediados del siglo XII, que no las explotaba por sí misma, sino que, ya por entonces, las arrendaba.

Fueron los Reyes Católicos los que manifestaron al último maestre su intención de que la citada Orden se incorporara a la Corona de España. Por bula papal de 1523, el papa Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y dos años después comenzaría un largo periodo durante el cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a los banqueros alemanes Fugger, quienes habían ayudado a Carlos I a ser elegido emperador.

Pero en 1778, el superintendente de las minas, Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la Dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas. El rey solicitó al papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En 1780 Soler tomó posesión de Castilseras.

A principios del siglo XX, Castilseras se dividía en pequeñas parcelas, conocidas como ‘suertes’. Su concesión a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era, aproximadamente, de 0,8 hectáreas.

Destaca este documento que Castilseras posee terrenos adehesados muy aptos para la ganadería, lo que unido a la climatología ha hecho que esta zona sea desde la antigüedad territorio de invernada de los rebaños trashumantes castellanos del norte. Entre la gran variedad de fauna destaca el águila real, el águila perdicera, el buitre negro, el buitre leonado, la nutria y el jabalí, junto con ciervos, gamos, cigüeñas negras, perdices y tórtolas.

La gestión diaria de Castilseras la realizan 22 trabajadores entre mayorales, pastores, agricultores, tractoristas y guardas.

Parece non moi xusto, ou mesmo non moi axustado aos tempos, falar de organización empresarial, das empresas públicas, sociedades estatais como Correos ou tan sequer de melloras na vida dos/as cidadáns grazas ao papel desempeñado polo Estado español. Alongadas as accións ilexitímas do Estado de Israel e as dos EUA, de modo e maneira que pasan polo ceo de media Europa todo tipo de mercadorías de guerra, e nós aquí, observando como nos vai ou nos podería ir en tempos de paz máis ou menos normais. Mais o inmediato non xustifica que perdamos de vista as melloras en servizos públicos que se poderían acometer. Mesmo somos da crenza que esa é a directriz do Goberno español ao se negar de feito a entregar á industria armamentística ianqui o 5% do gasto equivalente a esa porcentaxe do PIB, e seguir coa senda de utilizar unha gran parte dese gasto en melloras sociais directamente destinadas á vida diaria e económica dos cidadáns.

Dúas novas incitáronnos a botar unha ollada a Correos: unha, a desaparición en Dinamarca do servizo postal estatal de reparto de correspondencia a domicilio. Pasounos como con outras accións dos gobernos dos países nórdicos. Será o inicio de accións semellantes a imitar ou é que no afán dun aforro no límite convertéronse en irresponsábeis? En Dinamarca non podes escreber cartas porque non tes servizo de Correos público que as distribúa. Aquí existe nominalmente pero, por mor da absoluta ineficacia na distribución, acabarase convertendo en inútil totalmente pensar que despois de escreber e enviar vai chegar -en tempo normal na vida- ao seu destino. Así, por exemplo, as cartas e efectos postais do mesmo tipo seguen unha curiosa ruta -non ecoloxicamente sostíbel- que fai que as cartas, antes de chegaren ao seu destino, coñezan moito mundo.

Unha carta de Lugo cidade para Lugo cidade (extensíbel a calquera urbe galega) non se clasifica na cidade e simplesmente se entrega. Primeiro colle camiño ao centro de Correos en Lavacolla (Centro de Tratamento Automatizado, CTA) e logo, alí, visto que non foi suficiente viaxe, son enviadas a Valladolid, a un centro semellante pero mellor dotado -ao parecer- para clasificar e, logo, coa viaxe á contra, distribuír nos respectivos destinos. Así se explica que aqueles que precisan comunicar dun día para outro na propria cidade, sabendo que ese servizo pode demorar 4, 5 ou 10 días, se vexan obrigados a utilizar sevizos postais de compañías privadas co consabido sobrecusto que iso significa. É este modelo de clasificación e final reparto un aviso para que se entenda que Correos non vale como servizo postal de sempre? É por seguir o modelo danés que previamente e con planificación empresarial á mantenta se vai avisando de que non vale como servizo para eses mesteres? Ou é unha maneira basta de incitar ao abandono da relación epistolar tanto entre cidadáns como entre empresas e institucións públicas? Non se pode dicer que hai mal servizo e se envían poucas cartas ou será que hai moi poucas cartas a enviar porque o servizo está en desaparición?.

Non obstante, Correos existe. Mesmo podemos dicer que existe cunha realidade nova. Ou novísima. Nas oficinas de Correos das cidades hai de todo. Ía dicer que menos comida, mais non é certo, porque hai caramelos. Podes atopar das máis diversas mercadorías que pensabas que che venderían nunha oficina postal: bonecos, abanos de vivas cores (non sei se imitando o arco da vella ou a enseña lgtbi), botellas para levar auga nas viaxes, contos de coloríns para nenos, rifas da ONCE, tarxetas de crédito, balizas para autos, seguros dunha compañía privada… Ante tal escaparate, a miña primeira pregunta foi saber se nas xanelas de atención ao público ao cargo de funcionarios de Correos era posíbel adquirir tal diversidade de bens e servizos. A resposta é: si.

Agora, a segunda pregunta. Entraba no exame das oposicións este tema de vendedor de mercachifres? A resposta é: non. Sen previo aviso nen modificación algunha na organización do traballo aparareceron mercadorías para ser traficadas ao mesmo tempo e coa mesma dedicación que os efectos postais. Mais aínda hai segunda parte. No caso dos seguros, compañía AXA, os/as carteiras rurais deben dedicarse a oferecer seguros directamente nos domicilios facendo de axentes gratuítos para a compañía, co que esta acción significa: un abuso por parte da aseguradora da lexitimidade e confianza de que gozan as/os carteiras no rural. Ás veces é o único contacto co exterior que chega ás vivendas en núcleos illados ou en hábitats moi dispersos. Iso si, despois da recollida de todos os dados de interese para unha aseguradora que realizan os empregados de Correos, e se dan asinado unha póliza, reciben unha comisión. Este mecanismo de eficacia empresarial fantástica é desfrutado por unha só empresa cuxa chegada ao convenio con Correos é cuestionada por sindicatos (non dos hexemónicos no Estado) e no Congreso dos Deputados polo BNG. O mesmo cuestionamento de funcionamento dáse nos contratos de patinetes (no mercado de Correos) e o das balizas, por falta de transparencia.

Agora ben, dados os pasos noutras seccións de Correos, non se pode aseverar que estexa en desaparación senón que emprendeu un camiño dunha privatización propria desta época. É sabido o auxe e crecemento positivo do comercio en liña. Consecuencia foi o crecemento moi positivo da distribución de paquetaría. Correos comprou no 2001 Cronopost. Logo converteuno en Correos Exprés que funciona no Grupo Correos mais como empresa privada. A súa vez, os servizos dividíronse en dous: os que son urxentes, para o privado, e os de máis de 48 horas (menos rendíbel) para a parte pública. Claro que a parte urxente, rápida e eficaz para os clientes funciona cunhas eivas laborais semellantes ás da precariedade das empresas privadas: horarios impensábeis, salarios cativos e mesmo falsos autónomos (até na posesión dos vehículos de Correos exprés faise como nas empresas privadas de distribución de paquetaría: os vehículos son responsabilidade dos traballadores). Diciamos privatización do século XXI, mais a mesma constante dos inspiradores liberais/ortodoxos na economía pública: o Estado coa parte menos rendíbel, e onde hai negocio, para as empresas privadas. Socializando perdas e privatizando beneficios.

El Comité de Empresa de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. La Rioja Cuida, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario, ha denunciado “graves incumplimientos” laborales por parte de la Dirección y un “deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de toda la plantilla”.

Según han denunciado , “se incumple de forma reiterada el convenio colectivo del personal de La Rioja Cuida”, además de que, según aseguran, “se retrasa injustificadamente el desarrollo de varios artículos y se interpretan de manera restrictiva otros”. También alertan de que “más de un año y medio después de la firma del convenio, la empresa no ha constituido ni la Comisión Paritaria ni el Comité de Seguridad y Salud”

Así mismo, el Comité de Empresa ha resaltado que “existe un bloqueo en los procesos de movilidad y promoción interna, así como en la negociación de las bases del proceso ordinario de desarrollo profesional”. Por otro lado, “la bolsa de contratación temporal carece de la publicidad y la transparencia que exige la normativa de contratación pública”, señalan.

En lo que respecta a la organización y gestión, han detectado problemas con algunos calendarios: “unos no cuentan con acuerdo previo y otros se modifican tras haber sido aprobados. Los viajes de larga distancia se realizan en ocasiones con un único técnico, con el riesgo que esto conlleva”. Además, el Comité de Empresa ha apuntado a “irregularidades en la concesión y retribución de ciertos permisos”.

“Un servicio recientemente integrado se realiza sin organización previa y sin personal asignado suficiente, lo que genera sobrecarga y desajustes en la plantilla”, resumen los representanes de los trabajadores, que alertan que nos ha llevado a presentar numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ha incrementado la judicialización de los conflictos laborales. Consideramos que esto es consecuencia directa de la falta de diálogo real y de soluciones por parte de la Dirección.

Denuncian que, en ocasiones, se “dificulta ”su labor como representantes sindicales. “Hemos recibido ”advertencias“ del director técnico con expresiones como: ”tus derechos se podrían ver mermados por facilitar las horas sindicales a las delegadas. Además, la empresa se niega a cumplir una sentencia favorable a una delegada que denunció una modificación sustancial injusta de sus condiciones de trabajo“, según han relatado.

Por todo ello, instan a la Dirección de La Rioja Cuida a retomar de manera inmediata y efectiva el diálogo social, a cumplir los acuerdos firmados y a garantizar los derechos laborales de toda la plantilla.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.

Una jueza ha imputado al consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, y a otros dos altos directivos de la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por acoso laboral a la responsable de investigar irregularidades y denuncias internas y que fue despedida en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Míriam de Rosa acuerda abrir una causa y ordena una primera batería de declaraciones. El 4 de febrero se interrogará a los primeros cuatro testigos, entre ellos la querellante, que fue responsable de cumplimiento normativo de TMB. Este tipo de cargo interno en las empresas se encarga de evitar malas prácticas y la normativa establece que deben gozar de cierto grado de autonomía e interlocución con los órganos directivos.

La magistrada ha citado a Flores y a los otros dos investigados (la directora de recursos humanos y el director jurídico), para comparecer como investigados el 10 de febrero. Desde TMB han negado “rotundamente” que se acosara a la exjefa, han defendido la inocencia de sus directivos y han tildado de “totalmente falso” el relato de la denunciante en su querella.

Como encargada de las investigaciones internas y la denuncia de irregularidades que le reportaban los trabajadores, la denunciante abrió un expediente por un presunto caso de acoso laboral a una trabajadora, que implicaba a la directora de recursos humanos.

Este expediente fue el detonante, según la exjefa de compliance, de su despido, ya que insistió en investigarlo en contra de lo que le pedían sus superiores. En cambio, las fuentes de TMB desmienten el nexo entre el expediente y el cese, que atribuyen a una denuncia por acoso contra la denunciante. Es más, recuerdan que fue la empresa quien llevó las pesquisas investigadas por la exjefa a la Fiscalía, que archivó el caso. Esta será la primera clave del caso que la magistrada deberá resolver.

El salto a la vía penal agrava la crisis que vive TMB: elDiario.es ha desvelado en las últimas semanas que la compañía se enfrenta a una multa millonaria por tener al descubierto durante años datos confidenciales de su plantilla y que la empresa ha reservado 650.000 euros en detectives para espiar a sus trabajadores.

La responsable despedida es una profesional con casi dos décadas de experiencia en la empresa. Empezó a trabajar en TMB en 2006, y en 2018 fue nombrada al frente del área de protección de datos y buen gobierno de la compañía pública, que tiene una plantilla de 9.000 trabajadores. La querellante ha participado en varias conferencias especializadas en cumplimiento normativo (compliance) en instituciones como el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

La exdirectiva obtuvo la protección como alertadora de corrupción de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), pese a lo cual fue despedida de TMB en octubre de 2024. La razón fue otro caso de acoso laboral, pero en este caso ella fue la denunciada por un trabajador ante la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público archivó el caso.

La versión de la exjefa es que esa denuncia es falsa y que solo sirvió a la empresa para sortear la protección como alertadora y proceder a su cese cautelar y posterior despido disciplinario.

Esta será otra de las claves del caso: la magistrada deberá determinar si el despido de la ahora querellante (que también ha sido recurrido en la jurisdicción laboral) se basó, como sostiene la exjefa de compliance, en una “construcción mendaz” y una “falsa imputación” contra ella que culminó una estrategia de “presión” de los directivos para evitar su obligación de controlar internamente a los responsables de TMB.

En su informe de septiembre de 2025, la Oficina Antifraude dictaminó que su despido era una posible represalia por su trabajo como encargada del cumplimiento normativo. La querellante responsabiliza a la cúpula de TMB de los intentos para desactivar su trabajo, además de coaccionarla y desprestigiarla internamente, y de varios intentos de injerencias en la autonomía que la ley otorga a los responsables de compliance.

El punto de inflexión, mantienen la OAC y la denunciante, fue el impulso de un expediente por la denuncia interna por acoso de una trabajadora.

En abril de 2024, la denunciante envió un correo electrónico a la jefa de recursos humanos para solicitar que dejara de “interferir” en las pesquisas. Al constatar “falta de apoyo” de la directiva, la exjefa de compliance acudió al máximo responsable, el consejero delegado de TMB, Xavier Flores. La denunciante relata una reunión con Flores en mayo de 2024 en la que según su versión, lejos de encontrar apoyo, su superior le “recriminó” su actuación e “intentó influir” para que modificara el sentido del borrador que estaba preparando, en el que exponía que existían indicios de “conductas irregulares” de los denunciados.

La reunión, según la versión de la denunciante, terminó con Flores “arrojando el documento de malas maneras” sobre su mesa.

El encuentro fue el detonante para que la responsable de compliance pidiera protección a la Oficina Antifraude, que se la otorgó el mismo mayo de 2024. La petición de amparo, según la denunciante, no fue bien recibida por Flores, quien en una conversación (grabada por la exjefa) le recriminó la solicitud, le pidió “calmarse” y le manifestó que en su anterior reunión le había trasladado que tenían que ser “conscientes” de lo que escribiría en su informe final.

Un mes después, en mayo de 2024, la denunciante fue cesada como encarga del órgano de cumplimiento interno de TMB y su sustituto fue el director jurídico. Las “injerencias” en el expediente de acoso a una trabajadora continuaron, expone la denunciante, ya que el nuevo responsable solicitó la contratación de dos despachos de abogados externos respecto a su actuación, además de ordenarle “modificar” un informe técnico sobre los fondos Next Generation.

Durante los siguientes meses hasta su suspensión cautelar en septiembre y su despido en octubre de 2024, la denunciante mantiene que fue excluida de los comités de dirección y se incrementó la “falta de respaldo y refuerzo institucional”. El informe de la OAC respalda su versión al destacar que TMB creó un “protocolo precipitado” para la gestión de incidentes de acoso laboral que no respetó las garantías de la denunciante al iniciarse por fuera de los canales establecidos y externalizar varios informes clave.

Además, una vez despedida, durante dos meses información confidencial de la denunciante fue accesible para la totalidad de la plantilla debido a una brecha de seguridad en TMB, a pesar de su petición para el bloqueo de sus datos personales. Entre los documentos expuestos se encontraban correos electrónicos y comunicaciones personales.

En suma, para la denunciante la dirección de TMB la sometió a una “inmerecida presión en su entorno laboral”, que le impidió realizar su trabajo y le ha comportado daños psicológicos, económicos y reputacionales.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha precisado el anuncio realizado esta semana por el presidente regional, Emiliano García-Page, apuntando que la entidad pública Agencia del Agua de la región se integrará en el organigrama de su departamento, de forma que la propia consejera será quien dirija y controle toda la política de agua de la comunidad autónoma.

Esto conllevará un “cambio de estructura” en la propia Consejería de cara a crear una Dirección General ad hoc que va a acompañar técnicamente “todas las necesidades” de cara al cuarto ciclo de planificación.

Lo que dijo Page esta semana que es que la agencia se fusionaría con otro organismo público, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Ahora, la consejera concreta que esta última se verá reforzada con esa fusión “para que tenga más capacidad todavía en materia de gestión y de implementación de esas infraestructuras hidráulicas que necesitamos.

Cómo se regulaba el organismo que se suprimirá

La Agencia del Agua que se suprimirá se regula actualmente en la Ley autonómica de Aguas de 2022 como organismo autónomo y hasta ahora, según esta normativa, era el único interlocutor, en coordinación con otros organismos con competencias en materia de recursos hídricos, en materia de agua en Castilla-La Mancha para defender sus intereses hídricos ante todas las administraciones.

Entre los objetivos de este organismo, que ahora dependerá de Desarrollo Sostenible, está todo lo que se refiere a las infraestructuras, tanto de abastecimiento como de saneamiento, relativo a la construcción, mantenimiento y gestión de estas infraestructuras.

La Agencia del Agua de Castilla-Mancha también se ha encargado hasta ahora de la gestión y recaudación en periodo voluntario del polémico canon del agua.

El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado este martes su intención de suprimir la Agencia del Agua, una empresa pública de la comunidad autónoma. La decisión se ha tomado hoy mismo y según ha dicho se va a materializar “en breve”.

Emiliano García-Page lo ha anunciado durante la entrega de Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

A renglón seguido ha aclarado que “no es que vaya a faltar”, sino que se fusionará con otro organismo público, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. La intención, según ha dicho, es “ganar en eficacia para no tener que reproducir nuevos esquemas. Es un ejercicio importante de intentar optimizar, de estar siempre optimizando el gasto público”.

TMB, la empresa pública que gestiona el metro y los autobuses de Barcelona, firmó un contrato el pasado agosto con una empresa de detectives para espiar a sus empleados durante el próximo año, prorrogable a cuatro más. 

El acuerdo marco alcanzado con la empresa AD Intelligence Solutions prevé un gasto de hasta 652.000 euros en el seguimiento y elaboración de informes sobre empleados y la asistencia en posibles procesos judiciales que se deriven de estas labores de espionaje.

El contrato se firmó en un contexto de “creciente tensión” entre la empresa y los trabajadores, alertan fuentes sindicales, si bien desde TMB descartan este extremo y señalan que este no ha sido el motivo para el encargo.

“Se trata de evitar conductas fraudulentas que puedan perjudicar la relación laboral en la empresa”, señala una fuente oficial de TMB. “Y, en consecuencia, al servicio de transporte público que presta”.

Desde la compañía apuntan a conductas como el “absentismo grave y fraudulento”, aunque también señalan posibles conductas delictivas. Citan el ejemplo de un trabajador que en 2018 colaboró con una red que falsificó 450.000 billetes del metro de la capital catalana.

A razón de 1.500 euros por cada informe elaborado y 195 euros por la asistencia judicial que pueda prestar a TMB, AD Intelligence Solutions se encargará de “recaudar y analizar información” sobre los empleados de esta empresa pública. 

La empresa de detectives destinará a un responsable de equipo y a un investigador con al menos tres años de experiencia a estas labores, para las que prevé el uso de programas de análisis de datos, sistemas de vigilancia y aplicaciones que les permitan agilizar su tarea.

En el informe justificativo para la contratación, TMB lo define como una “medida preventiva o de control” para verificar que no existan conductas que “transgredan la buena fe contractual” por parte de los empleados. “Responde a la necesidad de garantizar que se mantenga la integridad y el cumplimiento de las normas laborales dentro de la organización”, añade el texto. 

El documento considera que este tipo de investigaciones “ayudan” a la empresa a tomar “decisiones informadas” respecto a la gestión de los recursos humanos así como a proteger “su reputación y activos”. Otra de las justificaciones que esgrime el documento es que, al recurrir a una empresa externa, se garantiza que las investigaciones se llevarán a cabo “sin conflictos de intereses internos”.

No es la primera vez que TMB recurre a investigadores privados para vigilar a sus empleados, admiten desde la compañía. En el pasado, sin embargo, eran los abogados contratados por la empresa quienes encargaban estos servicios o bien se hacían encargos puntuales a empresas de detectives. El acuerdo marco firmado recientemente responde a la necesidad de adecuar la prestación del servicio a la ley de contratos del sector público, señalan.

La decisión ha enfadado a algunos de los sindicatos de la compañía. Desde CGT sostienen que una medida de este tipo debería haberse tomado desde el Departamento de Seguridad y no desde el Área de Organización y Personas. 

“Esto supone una extralimitación competencial que vulnera la Ley de Seguridad Privada”, apuntan desde el sindicato. “Ya que el departamento que ha encargado los servicios no tiene atribuida legalmente la dirección de investigaciones privadas”.

Añaden que el uso de detectives, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, solo puede utilizarse cuando existen “indicios razonables y previos de fraude”. Consideran que la medida, “lejos de solucionar el problema” podría derivar en “incumplimientos legales” para la empresa y los directivos que han impulsado la decisión.

Es la empresa pública más grande de España. Tiene 53.000 empleados, 2.400 oficinas que vertebran todo el territorio y no para de perder dinero. Por delante, el reto de adaptarse a una población que, hace tiempo, apenas envía y recibe correspondencia. Correos ha comenzado una transformación con la que quiere volver a ser sostenible y prestar nuevos servicios que permitan su supervivencia. “La sociedad se transforma y los operadores postales o lo hacen o mueren. Otros han ido más rápido porque tomaron una decisión a ese respecto. Aquí se ha tomado ahora”, reconoce el director de estrategia de la compañía, José Miguel Moreno.

Ángeles entró en la empresa pública hace más de dos décadas y, desde 2008, recorre las calles del centro de Madrid con su carro. Desde Embajadores hasta la Plaza Mayor, pasando por Lavapiés, ha visto los cambios en las costumbres postales de los vecinos, pero también en la vida del barrio. “Antiguamente, a primeros de mes llevábamos todas las misivas, el agua, la electricidad o la carta del banco. Ahora llegan cada vez menos, porque van todas por email, aunque la gente mayor todavía las espera: ”¡No me ha llegado el recibido de la luz!“”, explica.

El servicio postal supone la mayor parte de los ingresos de Correos. Según los datos del Plan Estratégico 2024-2028, al inicio del mismo rondaban el 66%, frente al 24% de la paquetería y el 10% de la diversificación. Y es a estos dos hacia donde tiene previsto bascular una parte del peso, hasta el 35% y el 16%, respectivamente, para el final de la estrategia. “Dada la caída de los envíos y los ingresos, es muy difícil que la postal sea rentable y la paquetería tiene una competencia brutal”, explica Moreno. Si hace unos años el mapa lo copaban las grandes paqueteras como FedEx, UPS o DHL, el mercado lo abarrotan ahora otras minoristas o las redes de distribución de cadenas como Amazon, Alibaba o AliExpress o incluso Cabify.

“Te saludas por la calle con el de Seur, el de DHL... Son compañeros que están trabajando en la calle como tú, aunque la gente prefiere que lo llevemos nosotros”, bromea Ángeles, que ha pasado de llevar “dos cajas del pueblo que mandaba algún familiar” a contar con un carro más amplio y buzones en ruta para cargar los paquetes que toca repartir a lo largo de la jornada.

Con los nuevos usos sociales, la empresa trabaja ahora sobre cuatro vectores de cambios: la digitalización; la disrupción global en las cadenas de suministros, afectadas por los flujos comerciales de materias primas, los aranceles o el impacto de la pandemia; la sostenibilidad; y la aglomeración urbana. Estas alteraciones y sus impactos en el sector postal tradicional, incapaz hasta ahora de adaptarse a ellos y seguir siendo rentable, han dejado en la empresa pública española, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pérdidas millonarias.

Solo en el último ejercicio, Correos registró pérdidas superiores a los 400 millones de euros. Es la cuenta más sangrante, porque incluye una partida destinada a un plan de rejuvenecimiento. Sin esta, el resultado ordinario fue de unos 90 millones en negativo. Como muestra el siguiente gráfico, en la última década registró unas pérdidas acumuladas desde 2012 de más de 1.000 millones de euros.

“Correos lleva en pérdidas muchos años”, admite Moreno, en el cargo desde febrero de 2024, que plantea una disyuntiva a la que tuvo que hacer frente la compañía: “¿Creemos que se puede privatizar o que la red de Correos es esencial para el país y la mantenemos como empresa pública, la transformamos y la adaptamos a esos nuevos tiempos? Nosotros creemos que es estratégico y que tiene que existir la red”.

A finales de julio de 2024, Correos presentó su Plan Estratégico hasta 2028. El acuerdo marco, pactado entre la empresa, la SEPI y los sindicatos UGT y CCOO buscaba “reforzar la misión de servicio público” ante la “urgencia por revertir la situación financiera” de la compañía. Este verano, el pleno del Congreso aprobó la modificación de la Ley Postal, que alarga la prestación de Servicio Postal Universal (SPU) hasta 2030 y, además, incorpora la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, “con el fin de aprovechar su vasta presencia territorial y su capacidad de llevar servicios esenciales a todos los rincones de España”.

El plan busca “reposicionar la red” para “ser útiles a la hora de dar servicios públicos de manera creciente y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mientras somos más competitivos en el ámbito privado”, explica el director de Estrategia de la compañía, que señala dos focos de diversificación de ingresos. Desde el eje privado, Correos busca ser un referente en servicios financieros, a través de su tarjeta prepago desde la que se puede acceder a efectivo, realizar transferencias, domiciliar pagos o recibir ingresos, como la pensión, mientras resuelve un problema creciente en las zonas despobladas que sufren exclusión financiera y se quedan sin cajeros. Además, ha comenzado a comercializar seguros de la compañía Axa y servicios de telecomunicación de Movistar.

En el plano público, Correos aspira a convertirse en la ventanilla única de la Administración General del Estado. Ya puede expedir documento de la administración, gestionar el pago de tributos y multas, determinadas ayudas, como el bono cultural joven. De hecho, tras la catástrofe de la DANA en València, la compañía habilitó tanto sus oficinas como a sus carteros y carteras para apoyar en la solicitud de ayudas a las personas afectadas. “Ese es el nuevo planteamiento, cambiar el sector postal de manera radical”, indica Moreno, para que esa red de centros y personal pueda operar de forma coordinada en situaciones de emergencia, pero también acortar la brecha digital, ayudar a las personas menos digitalizadas con sus gestiones y trámites y ser el brazo de la administración donde nadie más llega.

“Se le daba por muerto”

“Ante la caída del servicio postal, en otros operadores a nivel mundial se toman medidas para ralentizar esa tendencia mientras se buscan fórmulas alternativas para solapar la caída. Esa es la idea que hemos conseguido que anide en el Gobierno y la empresa: que la paquetería sea un elemento clave, pero no el mantra, porque hay una competencia feroz; buscar nichos de valor añadido; y el SIEG, que consiste en que pueda utilizar su red para llevar al último punto y atender a todos los ciudadanos”, desarrolla el secretario del Sector Postal de UGT, José Manuel Sayagués, que celebra el cambio de rumbo de la compañía tras años en los que “a Correos se le daba por muerto”.

Para la catedrática de derecho mercantil de la Universidad Jaume I de Castelló y experta en sector postal María Victoria Petit, las nuevas competencias SIEG son una opción interesante que, bien gestionadas, “van a mantener viable la compañía”. Porque tanto la prolongación del Servicio Postal Universal como estos servicios de interés económico general supondrán una inyección de dinero público. Estas partidas, no obstante, deben emplearse para estos servicios y nada más. “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando constantemente la rentabilidad de la empresa, financiada por el Estado, ante el peligro de que se estén dando ayudas públicas encubiertas, que están prohibidas”, aclara. Por ejemplo, la compañía puede recibir ayudas para hacer llegar un paquete donde ninguna empresa quiere llegar, pero no para competir con una gran paquetera en el mercado libre.

Para los sindicatos, la etapa de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al frente de la compañía se produjo “un clima tremendo de crispación”, con una “desertificación de profesionales que supieran lo que tenían entre manos”, considera Sayegués, para quien la entrada de Pedro Saura, a finales de 2024, fue “una decisión forzada por la situación, pero inteligente”: “Lo primero que hizo fue darnos la razón, decir que la situación era terriblemente mala y que había que abordar un plan de rescate, en el que nos pusimos a trabajar”.

Fruto de ese trabajo, UGT y CCOO anunciaron en agosto el acuerdo para un nuevo desarrollo del Acuerdo Marco, que contempla un plan de prejubilaciones, que puede alcanzar a entre 7.000 y 10.000 empleados, dotado con 490 millones hasta 2028, y un plan de entradas y nuevas bolsas de trabajado para personal eventual, además de una regulación de la bolsa de horas, bajo criterios de voluntariedad, compensación y control sindical, y la implantación progresiva de la jornada de 35 horas semanales sin pérdida salarial.

Es muy importante lo público, valorar el servicio que damos. Nadie más que nosotros va a llegar cada día al último rincón de España

A falta de definir las condiciones de ese plan de salidas incentivadas y voluntarias, Aurelio es uno de los trabajadores con papeletas para cumplir con los requisitos. Tiene 62 años y el que viene cumplirá cuarenta en la empresa, los últimos 34 como cartero rural de Medinaceli, un pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes en la provincia de Soria, y los municipios de Salinas, Arbujuelo, Layna y Judes, donde “el que más tiene 40 vecinos y los demás entre 10 y 15”, explica. “Me sigue encantando mi trabajo, así que no quisiera entrar (en las prejubilaciones). Por mí, aguantaría mucho más, sobre todo por el contacto con la gente y porque no hay ningún día igual”, admite.

Aurelio también ha vivido la transformación de estos pueblos, cómo los jóvenes emigraban, la industria decaía y los vecinos envejecen. “Por eso es muy importante lo público, valorar el servicio que damos. Nadie más que nosotros va a llegar cada día al último rincón de España”, defiende. De hecho, a él —“y al del pan”— es al único que muchos de sus vecinos ven a diario. Así, se ha fraguado también una relación de complicidad. “Te piden ayuda si no entienden algo, que les leas la carta y se la expliques. Es una relación muy estrecha”, indica.

El impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos, lo que representa aproximadamente el 2,2% del PIB y el 1,4% del empleo total de la economía. Lo revela el 'Estudio del impacto económico de los puertos de interés general sobre el conjunto de la economía española', cuyos datos ha recordado este miércoles la jefa del departamento de Gobierno Corporativo de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Laura Molano, durante la jornada 'El puerto: motor económico de Baleares', una iniciativa impulsada por el organismo portuario y organizada por elDiario.es. “Si hiciéramos un ranking, seríamos los cuartos en facturación, con cerca de 112 millones de euros y 45 millones en inversiones durante 2024, una cantidad que ascenderá a unos 65 millones en 2025”, ha subrayado Molano.

Cómo el puerto contribuye a la generación de empleo directo e indirecto y cuál es su capacidad para atraer talento y diversificar la economía balear son los asuntos que han centrado la segunda mesa redonda de la jornada, que, bajo el título 'Ocupación y creación de valor: el puerto como generador de empleo', ha contado con la intervención, además de la representante de la APB, del responsable territorial del Sector del Mar de CCOO en Balears, Nacho Espada; el presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), Jordi Mora, y la responsable de SOIB Empreses y la Oficina Sectorial de Hoteleria, Turisme i Divisió Nàutica, Magdalena Pastor. La moderación ha ido a cargo de Angy Galvín, directora de elDiario.es en Balears.

Molano ha señalado que el año pasado la APB firmó 206 contratos. “No sé si conocéis cómo es contratar con la administración pública, pero es tremendamente farragoso. 206 contratos es un contrato por cada día laboral, y eso no es fácil de conseguir con un importe de, más o menos, 35 millones de euros”, ha comentado, especificando que el 75% de esos contratos fueron rubricados con pymes y el 35%, con empresas de mayor tamaño en Balears. En lo que va de 2025, el organismo ha suscrito 190 contratos con un importe de 36 millones de euros. “Yo me sumo a un colectivo de 400 orgullosos trabajadores de la Autoritat Portuària”, ha añadido, precisando que estos empleados se suman a los más de 17.500 vinculados en las islas a sectores que trabajan con las navieras, charters, náuticos, consignatarios, empresas de transporte terrestre. “Es un colectivo muy grande y son muchas familias las que viven de este sector”, ha dicho.

La responsable de Gobierno Corporativo de la APB ha destacado las inversiones del ente en proyectos que conectan las infraestructuras portuarias con la ciudad, como el reciente lanzamiento del Bus Náutico, además de otras iniciativas ambientales y portuarias para acercar el organismo “de una forma tangible a los ciudadanos, a la comunidad portuaria, para generar networking y generar estos momentos de debate y de transferencia de conocimiento”. También ha aludido a los proyectos relativos a las infraestructuras, como la reforma del Passeig Marítim de Palma, además de otros dirigidos a reducir la contaminación acústica del agua y del aire y a gestionar correctamente los residuos.

“Para nosotros, el crecimiento económico es importantísimo, pero la novedad llegará el día en que la Autoritat Portuària, además de ser gestora de infraestructuras, visibilice cómo vivimos, cómo convivimos y cómo trabajamos en las ciudades portuarias. Merece la pena hacer un paréntesis y entender que éstas tienen sus características. Al final, una instalación portuaria tiene que convivir en usos y en funcionalidad con los usos urbanos”, ha ahondado.

Por su parte, Mora ha destacado que desde las pequeñas empresas náuticas reclaman desde hace tiempo “muchísima capacitación y muchísima formación”, con una apuesta por la Formación Profesional, que, en su opinión, “socialmente aún no está suficientemente valorada”. “Tenemos que hacer un cambio de chip”, ha advertido. El presidente de PIMEM ha incidido en que en el sector náutico “faltan muchos perfiles técnicos”. “Tenemos uno de los mayores índices de fracaso escolar de España y Europa. Habría que hacer una apuesta muy clara en la formación profesional en el sector náutico. Ahí tenemos una oportunidad de crecimiento, de formar talento, de fidelizar trabajadores”, ha recalcado.

El responsable patronal ha apuntado, de acuerdo a los datos recabados por la Asociación para el Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA), a la carencia de mano de obra formada y especializada, lo que “no permite en muchas ocasiones explotar todo el potencial que tienen muchas pymes”. Durante su intervención, Mora ha anunciado, además, que en marzo Palma acogerá el Marítim Battery Forum, una iniciativa dirigida a promover tecnologías de almacenamiento de energía nuevas y eficientes en la industria marítima.

Por otro lado, ha destacado cómo, en los útimos años, el puerto de Palma ha hecho un esfuerzo “importantísimo para abrirse a la ciudadanía”. “Llegar a las pymes es un poco más complejo, y lo digo desde la realidad de las mismas”, ha apostillado, haciendo hincapié en la necesidad de que se emprendan acciones como la jornada de este miércoles, visitas y circuitos terrestres o marítimos para generar proximidad entre las pequeñas y mediadas empresas y el puerto, y realizarlas de forma conjunta con la Autoritat Portuària y la Administración. “Hay veces que hay que insistir, no hay que desanimarse. Y, si un evento no sale bien, hay que intentar volver a hacer otro”, ha dicho.

Apuesta por la formación y el talento

Mientras tanto, Espada ha aludido a las diferencias entre el empleo integrado en la función pública portuaria y el de las empresas privadas del sector. “Obviamente, la logística portuaria es transversal y abarca a todo tipo de profesionales, especialistas y modelos de contratación, que son los que permite la normativa laboral”, ha explicado el representante sindical, quien ha señalado que, tras la reforma laboral, se ha abierto “un abanico de posibilidades que van desde los contratos indefinidos, los fijos discontinuo, los trabajadores temporales necesarios para la productividad y, obviamente, según la rama logística de la que se encarguen, los perfiles más profesionales, con formación universitaria, los conductores de transporte terrestre y quienes no tienen una formación profesional específica, pero sí los conocimientos para poder trabajar en el entorno lógistico y portuario”.

“¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo a lo que vemos en nuestras comisiones y estudios, así como por parte del Ministerio de Trabajo y de las propias empresas de contratación, el empleo en las instalaciones portuarias y en la logística es estable y creciente”, ha indicado.

La responsable de SOIB Empreses ha apuntado, por su parte, a la “falta de conocimiento” por parte de la ciudadanía en general acerca de qué oportunidades les puede ofrecer el sector. Pastor, quien ha dicho que su oficina sectorial gestiona las políticas activas y valora cuáles son las necesidades del territorio “para ofrecer talento y poder cubrir todas las demandas laborales”, ha destacado el impacto del sector náutico, principalmente en los últimos diez años: “Anteriormente, el conocimiento que tenía la ciudadanía era que los que trabajaban en los puertos eran profesionales de otros países y que no había oportunidades laborales para los locales. Es en ello en lo que estamos trabajando para que nuestros jóvenes e incluso personas no tan jóvenes que en estos momentos se están cualificando conozcan y se acerquen un poco al sector náutico”.

Pastor ha incidido en que Balears es la única comunidad autónoma en España y la única región de Europa en la que la administración trabaja a nivel sectorial en materia de hostelería, turismo y náutica. “En un momento determinado, vimos que era una oportunidad poder visibilizar este ámbito en conexión con los clúster y las empresas del sector náutico”, ha añadido la responsable de SOIB Empreses, quien, en esta línea, ha subrayado la importancia de “caminar conjuntamente, analizar cuáles son las necesidades e intentar darles respuesta”. Y todo ello a través de dos bloques como son la formación y el talento.

“La formación es básica porque nos encontramos, sobre todo en este sector, con gente que estaría muy interesada en trabajar. Después de esa formación, lo que intentamos es que todos ellos puedan quedarse luego a trabajar en una empresa”, ha señalado. En este sentido, ha precisado que el 90% de los jóvenes que pasan a través de esa formación trabajan directamente en las empresas locales.

Unidas por Extremadura ha registrado este viernes en la Asamblea regional una propuesta para instar al Gobierno central a que elabore un estudio enfocado a la creación de una empresa pública de energía y a industrializar las zonas donde se produce la energía. “Extremadura se lo merece y es una deuda de este país con la región”, ha incidido la portavoz del grupo parlamentario, Irene de Miguel.

A su juicio, unas de las lecciones del apagón eléctrico sufrido el 28 de abril es que el sistema eléctrico no puede depender de “empresas que han sido demasiado avariciosas y que han querido hacer dinero a costa de la seguridad de la ciudadanía”. Por ello ha reclamado que sea una empresa pública de energía la que haga las labores de producción y distribución, “como tienen otros países de nuestro entorno”. “Somos una excepción en Europa al no tener esa herramienta”, ha insistido.

De Miguel ha manifestado la intención de que las empresas electrointensivas se acerquen a donde se produce la energía. A su juicio, es incomprensible que Extremadura sea “un lugar rico en energía y que toda la industrialización esté en otros territorios mas lejanos”, con un ejercicio de distribución que se traduce en la pérdida en eficiencia energética, ha lamentado.

Además, la formación también ha planteado que las centrales hidroeléctricas cuyas licencias estén caducadas pasen a ser gestionadas de forma pública. En este sentido, ha incidido en que las grandes empresas llevan más de 75 años con licitaciones respecto a presas hidráulicas, de las que algunas de ellas ya han caducado y “podrían pasar a manos públicas”, como es el caso de la que está situada en la Peña del Águila. Además, ha acusado al PSOE y al PP de “no haber movido un dedo” para poder revertir el beneficio de estas empresas en los extremeños.

Uso del agua

Por otra parte, de Miguel ha recordado que, durante el último pleno del 8 de mayo, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías interpeló sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia hídrica. En su opinión, los proyectos mineros, de centros de datos y de hidrógeno verde proyectados en la región requieren un “enorme” consumo de este recurso y suponen “un cambio radical en el uso del agua”.

Ante ello la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, respondió que las concesiones de agua para los usos industriales no son competencia de la Junta, sino de las confederaciones hidrográficas de las cuencas correspondientes.

Además, Morán defendió la política hídrica que está desarrollando el Ejecutivo regional, que busca “el cuidado del medio ambiente” y está comprometida con que “los ciudadanos tengan agua de calidad”.

“Durante el apagón, lo que salvó al país fue la producción hidráulica, por lo que no puede estar en manos de grande empresas que tienen otros intereses diferentes al bien común”, ha concluido, por su parte, de Miguel. 

Las cuentas no salen en la empresa pública de Valdezcaray. Las condiciones meteorológicas que deja el cambio climático están dificultando mucho la práctica del esquí, lo que se suma a que se trata de una actividad muy estacional que no puede desarrollarse durante todo el año. Y los datos lo confirman: las cuentas del ejercicio 2023 confirman unas pérdidas de 1,2 millones de euros.

En el ejercicio 2023, que incluye parte de la temporada 2022/23 y de la temporada 2023/24, la empresa pública perdió 1.216.920,58 euros. Incluso sin tener en cuenta las amortizaciones, que alcanzaron los 649.439,77 euros, los gastos corrientes de la empresa pública superaron a los ingresos, con un EDITDA (beneficio bruto) negativo en 567.480,81 euros. Como señala una auditoría externa, publicada en la web de la entidad, los resultados negativos son recurrentes y, de hecho, en 2022 fueron superiores y las pérdidas del ejercicio alcanzaron los 1.889.946,26 euros.

Si extendemos la mirada hasta 2018, el último año del que se han publicado las cuentas en la parte de transparencia de la web de Valdezcaray, las pérdidas no bajan del medio millón de euros. En 2018 las cuentas arrojaron un resultado negativo en 446.326 euros, que en 2019 subió hasta los 534.084 euros. A partir de entonces, cada año las pérdidas han superado el millón de euros, 1.690.860,97 euros en 2020 y 1.239.185,78 euros en 2021 (años ligados a la pandemia de covid). En total, las pérdidas de Valdezcaray en seis ejercicios superan los 7 millones de euros.

La auditoría, encargada por el Gobierno de La Rioja para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, confirma que la “la Sociedad presenta de forma recurrente unos resultados negativos significativos, incluso a nivel de explotación, circunstancia que podría suponer un riesgo para la capacidad de continuar con la actividad”. Además, analiza los riesgos en función “de la titularidad pública autonómica de la sociedad y de la riqueza que genera para su comarca”, lo que permite a la sociedad “tener acceso a la financiación mediante continuas aportaciones de capital realizadas por el Gobierno de La Rioja, necesarias para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad”, según explica este informe.

La auditoría determina como los riesgos de la sociedad que la actividad se caracteriza por la estacionalidad del servicio prestado (estación de esquí), que supone los meses entre diciembre y abril y el resto del año está cerrada al público, mientras requiere de mantenimiento y reparación. También subraya la dependencia de las precipitaciones de nieve y señala que el ejercicio 2023 se ha caracterizado por la falta de precipitaciones y de temperaturas idóneas para la fabricación de nieve artificial, con lo que también cuenta. El informe tiene en cuenta además que “el gasto de mantenimiento y amortización una partida relevante en su cuenta de resultados”. 

El objetivo de esta auditoría se centra en que las cuentas expresen la imagen fiel de la situación financiera, como así lo confirma para el ejercicio 2023. No obstante, esta imagen fiel de la situación de Valdezcaray demuestra que la empresa de titularidad pública autonómica dedicada a una estación acumula pérdidas que superaron el millón en 2023.

Más días de apertura, pero menos visitantes

Ese año, como recoge la memoria abreviada, la estación de esquí no pudo arrancar el año hasta el 15 de enero por la falta de nieve, si bien luego pudo alcanzar los 59 días de apertura y los 86.827 visitantes. Un dato significativo ya que es un dato muy superior a los 48.700 de la temporada 2024/2025 a lo largo de los 82 días que ha estado abierta. También en esta memoria se incluye que el número de trabajadores de Valdezcaray en 2023 fueron 28, lo que supone 14 menos que los 42 del año anterior.

Como destaca la auditoría, esta empresa pública necesita ampliaciones de crédito para mantenerse, además de diversos préstamos a la comunidad autónoma que ha recibido en los últimos años. La memoria del ejercicio repasa que desde 2020 a 2023, se han realizado tres ampliaciones de crédito, todas entre el medio millón y el millón de euros. Cifras muy lejanas a los seis millones que anunció el presidente Gonzalo Capellán en septiembre de 2024 y que se aprobaron el pasado mes de marzo, y que demuestran la apuesta del Gobierno de La Rioja por la instalación, a pesar de las malas perspectivas que plantean la crisis climática y las cuentas de la empresa que la gestiona.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha apelado a la implantación “más tarde que pronto” de una empresa pública que haga su parte porque, “no tiene explicación razonable el incremento de precio de la vivienda nueva en la región”.

De la Rosa ha participado en un encuentro con estudiantes de 2º curso de Periodismo organizado por el profesor y periodista Juan Carlos Santos, junto al presidente de la patronal CECAM, Ángel Nicolás, para hablar del ejercicio del diálogo social en Castilla-La Mancha y la función de sus respectivas organizaciones.

El secretario general de CCOO ha repasado los temas de actualidad defendiendo las propuestas del sindicato en materias como el empleo de calidad, la seguridad en el trabajo, la lucha contra las brechas de género o la mayor participación de las personas trabajadoras en la organización del trabajo en sus empresas, entre otros asuntos, también la vivienda, “el primer problema social para CCOO”.

“En este problema hace falta decisión política”, ha dicho el secretario general regional del sindicato, indicando que “más tarde que pronto debería haber una empresa pública que haga su parte; no tiene explicación razonable el incremento de precio de la vivienda nueva en la región”.

“Hay que plantearse que ante todo la vivienda sea un derecho, no un mero negocio”, ha expresado De la Rosa. En esta materia la organización ha lanzado recientemente una serie de propuestas y medidas a las diferentes administraciones.

Así, su líder ha desgranado los postulados de CCOO en temas como la productividad, el impacto positivo de las reformas del empleo en los datos de Castilla-La Mancha, o la reclamación de una fiscalidad justa que garantice los mejores servicios públicos: “Hay un discurso envenenado de que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de las personas, que es falso”.

El secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha aludido también a la reducción de la jornada máxima legal de trabajo, pendiente aún por aplicar, pero irrenunciable para el sindicato, que de hecho el próximo 4 de marzo se movilizará en Barcelona de nuevo por este motivo.

“Trabajar 40 horas a la semana da poco margen para conciliar el trabajo con la vida, algo no hacemos bien”, ha defendido, subrayando las miles de horas extraordinarias que se trabajan pero no se pagan ni se compensan ni se cotizan.

La Ley Reguladora del Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria y su sector público establece que los altos cargos de empresas públicas se seleccionen “mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público”, con el propósito de que no sean nombrados 'a dedo' por los dirigentes políticos del gobierno de turno.

No obstante, y pese a la citada normativa, personas de confianza, militantes y afines a los partidos de un color y de otro siguen copando los puestos de dirección de las entidades públicas. Ocurrió durante la pasada legislatura, cuando al frente del Ejecutivo autonómico estaban PRC y PSOE, y está sucediendo en la actual, con el Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga, que desde la oposición hizo bandera de este tema y criticó duramente el bipartito por estas prácticas.

Y es que con anterioridad a la ley, los responsables de las empresas públicas que se nombraban eran cargos de confianza designados por “criterios de profesionalidad y experiencia”, y eso era precisamente lo que pretendía evitar la Ley Reguladora de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional, que fue aprobada en 2018 por unanimidad de los diputados que conformaban entonces la Cámara autonómica (PP, PRC, PSOE, Ciudadanos y Podemos).

Pero lo cierto es que no ha tenido ese efecto esperado y visto lo visto fue un brindis al sol, ya que los mismos cargos de confianza o personas afines a los partidos son quienes superan los 'concursos de méritos' que convoca el Gobierno. Y ejemplos de ello no son pocos en legislatura y media desde que entró en vigor la normativa.

De hecho, el anterior Gobierno, el que lideraba Miguel Ángel Revilla, fue el primero que tuvo que hacer frente a este nuevo escenario e inicialmente le sobrevolaron dudas de cómo aplicar la ley para nombrar a una serie de altos cargos que ya estaban designados de manera extraoficial. Fue el caso de Antonio Bocanegra y Bernardo Colsa por parte del PRC en Sican y Cantur, respectivamente, o de Jorge Gutiérrez en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) por parte del PSOE, por ejemplo.

Bocanegra es un histórico del PRC y en ese momento era concejal en el Ayuntamiento de Laredo, y Colsa es otro de los hombres fuertes del partido y forma parte de la actual Ejecutiva. Jorge Gutiérrez, por su parte, es diputado en el Parlamento autonómico y forma parte del núcleo duro del actual secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga. Asimismo, a mitad de esa pasada legislatura, Rafael Pérez Tezanos, diputado por el PRC durante 16 años y concejal en Los Corrales de Buelna durante tres legislaturas, fue nombrado consejero delegado de Sodercan.

Son algunos de los casos que llevaron entonces al PP a criticar con dureza “el dedazo” en los nombramientos de las direcciones de las empresas públicas. “Se ha consumado la crónica ya anunciada de que esos cargos se iban a seleccionar a la carta”, dijo entonces Isabel Urrutia, actual consejera de Presidencia y entonces diputada del grupo popular en la oposición.

Papeles cambiados

Sin embargo, y pese a las citadas críticas, con el PP al frente del Ejecutivo la situación no ha cambiado, y fueron los regionalistas desde la oposición quienes cuestionaron los procesos de selección cuando se llevaron a cabo poco después de que echara andar el Ejecutivo de Buruaga.

Así, los papeles se invirtieron y fue el portavoz parlamentario del PRC quien acusó de “oscurantismo y prisas” al PP en los nombramientos, al tiempo que tachó de “escándalo” que no se exigiera una titulación superior para acceder a los puestos directivos.

Y es que es especialmente llamativo que Urrutia, quien entonces no comulgaba con “el dedazo”, posteriormente ostente en la actualidad la cartera de Presidencia y el PP aplique esta legislatura el mismo 'modus operandi' en la convocatoria de unos puestos que han terminado recayendo en personas afines al partido.

Cargos políticos

Pese a la obligación de que estos altos cargos de empresas públicas se seleccionen mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de “igualdad, mérito y capacidad”, recaen habitualmente en personas que han ocupado puestos políticos, como el exalcalde de Ribamontán al Monte, José Luis Blanco Fomperosa, que también formó parte de la lista electoral de Buruaga -puesto 20-, y es actualmente el director de la Ciudad del Transporte de Santander, CITRASA, una empresa pública dependiente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media.

Por su parte, Pedro Nalda, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Santander, está al frente del PCTCAN -el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria- dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Eduardo Arasti. Nalda sustituyó en el cargo a Raúl Huerta, que fue concejal del PRC en el Ayuntamiento de Santander.

Y recientemente el PP ha nombrado directora territorial de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRCD) a Elena Palacio, exdirectora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno que dimitió hace cuatro meses y cuya renuncia estuvo marcada por los dos meses de ausencia a su puesto de trabajo, según denunciaron los trabajadores y la oposición.

Su nombramiento como alto cargo de la citada entidad pública se produjo tras “un proceso selectivo” que se inicio el 30 de diciembre, tal y como recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Y es que Elena Palacio concurrió como número cuatro en la candidatura del PP cántabro al Congreso en las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Se trata este del último caso relacionado con los 'concursos de méritos' que recaen en en militantes o afines al partido, pero ha habido más últimamente. Y es que Gustavo González Monterrubio, concejal del PP en Cabezón de la Sal en dos etapas (1999-2007 y 2011-2015), dimitió hace poco más de un mes de su cargo como director de la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte un año después de su nombramiento y pese a no ostentar ninguna formación específica para el puesto.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Me gustaría empezar el boletín con buenas noticias, pero el desastre de gestión por parte de la Generalitat valenciana de la catástrofe de la DANA y la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU han enfangado este mes de noviembre. 

La actuación del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha sido errática, pésima, llena de lagunas y evidencia su confusa percepción de cómo deben funcionar los servicios públicos. Primero eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias, cedió la política de Emergencias a Vox para luego quedársela. El día de la alerta de la DANA eligió a un experto en “festejos taurinos” como director general de Interior. Estuvo cinco horas dedicado a sus labores, borró el tuit en el que afirmaba que el temporal disminuiría de intensidad a las 18.00 horas, se mandaron los mensajes por parte de la Generalitat horas después de los avisos de alerta roja, luego se encierra con su 'politburó' que tuvo paralizado el centro de emergencias durante ocho horas y seis días después de la DANA recurre a su única alto cargo con experiencia en catástrofes. No tiene otra idea que culpar a la UME y a la Confederación Hidrográfica del retraso de la ayuda y las dos instituciones le desmienten, tanto la UME como la Confederación. Su jefe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le desautoriza pidiendo al Gobierno que asuma la gestión de la DANA y los barones del partido también lo dejan solo en su decisión de mantenerse al mando en València. Seguramente nos olvidamos de alguna otra pifia, pero es difícil empeorar esta nefasta actuación.

En fin, puedo entender que ahora no es el momento de dimitir cuando todavía hay tanto que hacer por las víctimas mortales y con los daños de los hogares y empresas de los valencianos, pero la posición de Mazón es insostenible.

Sin embargo, es curioso que durante muchos días la pregunta que más se repetía en la prensa de derechas era: '¿Dónde está el Estado?'. Y resulta curioso porque eran los mismos periódicos que achacaban al Gobierno de Pedro Sánchez un exceso de autoridad, una invasión de competencias y un ataque contra la libertad individual cuando promulgó las medidas para luchar contra la pandemia de COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno central? ¿Seguir los preceptos legales y constitucionales y esperar a que la comunidad autónoma le pida ayuda? ¿Actuar sin que se lo pidan desde la Administración autonómica y promulgar la emergencia nacional? Nada les hubiera valido porque el argumento sobrevenido era salvar al dirigente Mazón, una misión imposible por la actuación del presidente de la Generalitat valenciana.

El Gobierno tendría que haber sido más proactivo en su actuación en Valencia y otras zonas inundadas. Los ciudadanos que necesitan las ayudas de las Administraciones, que necesitan servicios públicos, no entienden de problemas competenciales ni de límites administrativos, solo quieren que sus impuestos respondan de la mejor manera posible a solucionar sus problemas. Primera lección de esta crisis, son los impuestos los que nos salvarán del desastre a través de la financiación de buenos servicios públicos.

Afortunadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se puso en marcha con lo que ya ha dado muestras de que actúa eficientemente. Al igual que durante la pandemia o con la crisis de inflación, el Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas y ayudas de 10.600 millones de euros “dirigidas a los afectados por la DANA” como “primera respuesta” con la intención de beneficiar “a 30.000 negocios y a miles de familias”. 

Se trata de ayudas directas para reconstruir viviendas, cambiar electrodomésticos o para aliviar el daño recibido por autónomos y empresas. Uno de los objetivos es que estas prestaciones (recogidas en un Real decreto-Ley) se activen “con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible”. Aquí te explicamos cómo solicitar, desde cuándo se pueden pedir, en qué consisten y los plazos de las ayudas para los afectados por la DANA.

Son ayudas razonables, que tendrían que haberse puesto sobre la mesa antes, pero que ya están aprobadas y no tienen nada que ver con el descontrol presupuestario que planteaba Mazón, que llegó a solicitar 31.000 millones para la crisis de la DANA cuando su Administración solo se había comprometido a conceder 250 millones.  

Además, el Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad pública dependiente del Ministerio de Economía encargada de hacer frente a los daños ocasionados por fenómenos naturales para aquellas personas que tuvieran contratada una póliza, ha comenzado este miércoles a abonar las primeras indemnizaciones a aquellas familias que hayan perdido su vehículo. El Consorcio ha recibido más de 70.000 solicitudes, 44.000 de ellas sobre automóviles, de las que se están tramitando ya en torno al 40%. El coste de las indemnizaciones ascenderá a los 3.500 millones de euros. Hay que tener paciencia y tratar de mantener los objetos dañados y realizar fotos y videos de todo para aportar al expediente de los seguros, estos son algunos de los consejos que dan otros afectados por otras catástrofes naturales para tratar con seguros y ayudas.

En la medida de lo posible hay que acelerar las ayudas públicas para los afectados de la DANA. ¿Dónde está el Estado? Donde no ha llegado la Generalitat de Carlos Mazón.

Entrepreneur

La democracia como sistema tiene sus fallos pero en Estados Unidos es una organización política absolutamente corrompida. Solo hay que ver que el dinero y sus intereses mueven realmente los resortes de las campañas electorales. Solo hay que ver cómo Elon Musk ha dedicado millones de su fortuna y la red social X (antes Twitter) para favorecer la victoria de Donald Trump. “No creo que esta carrera hubiera estado siquiera pareja si no hubiera sido por lo que Elon Musk está haciendo con Twitter, mostrándole a la gente lo que está pasando”, dijo el hijo de Trump. “Es un personaje, es un tipo especial, es un supergenio”, comentó Donald Trump. A cambio de su apoyo mediático y financiero Trump le prometió a Musk que obtendría lo que quiera de su Administración. Ahora el magnate le ha prometido un puesto en el Gobierno. Aquí te explicamos qué significa para el mundo la alianza de Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca.

El dato

10.427 millones de euros

es lo que han ganado las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) en los nueve primeros meses de 2024. Este beneficio supera las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Con estas ganancias y los “beneficios caídos del cielo”, señalados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el PSOE negoció con el PNV y Junts eliminar el impuesto especial sobre estas compañías, cuyo carácter permanente se pactó en el acuerdo del Gobierno de coalición.  

Es curioso que eliminen este impuesto especial cuando las energéticas ganan más que nunca, pero también cuando se trata de compañías que recibieron subvenciones millonarias por parte del Estado español: en 2023 se le concedió más de 500 millones de dinero público cuando se trata de empresas energéticas con capital de Estados extranjeros. Es aún más curioso cuando España es un país sin eléctrica pública desde que se privatizó Endesa. Una eléctrica pública en nuestro país tendría todo el sentido para ayudar a que los precios energéticos no se desmadren. De hecho, el gobierno llegó a plantear la posibilidad de que una empresa pública gestionase las presas hidroeléctricas cuando caducasen sus concesiones. Por lo que sea, el Ejecutivo acabó desistiendo.

Cada vez que habla sube el pan

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva

Las patronales CEOE y Cepyme 

Era una crónica anunciada pero ha habido que esperar a la reunión del comité de la patronal para confirmarla. Finalmente, tanto CEOE como Cepyme dieron su 'no' “por unanimidad” a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había mostrado su rechazo a la última oferta del Gobierno, que planteó ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de hostelería o comercio. Se abre un nuevo periodo. El descuelgue de las patronales va a tener un coste, como advirtió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Trabajo no ha aclarado si retirará las ayudas planteadas, pero apuntó que la “geometría” del acuerdo es otra ya que solo están en la mesa el Gobierno, CCOO y UGT. Las prioridades de los sindicatos son la reducción de la jornada laboral, reforzar el registro horario para que sea efectivo y garantizar el derecho a la desconexión digital. Aquí tienes más información sobre el rechazo de la patronal a la reducción de la jornada laboral, que deja vía libre a un pacto entre el Gobierno y los sindicatos.

No ha sido la única desbandada empresarial de la semana. Las aseguradoras privadas no han presentado ofertas para el concierto de Muface para 2025 y 2026. Ahora se espera que el Gobierno plantee una nueva licitación para garantizar la cobertura sanitaria y social de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. También tiene en su mano la posibilidad de prorrogar el contrato existente, lo que sería muy perjudicial para las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV. El Ejecutivo ya había aprobado a principios de octubre un aumento de la prima del 17%: 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, pero para estas compañías la salud es solo un negocio. En este enlace te explicamos cómo está la situación de Muface con las aseguradoras tras su desbandada en la cobertura sanitaria de los funcionarios.  

Hay extrañas conexiones en el universo neoliberal. Quizás no sean tan raras. Qué podría conectar a la Fundación Civismo, think tank que financian ultrarricos como Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y cuyo presidente, Julio Pomés, ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con el nazi Goebbels, con el ex juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, conocido por su cercanía al PP, un es magistrado que se negó a imputar a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, tras los intentos de la ex secretaria general del PP de sabotear los casos de corrupción del PP, pero se empeñó en encausar sin éxito a varios políticos de Podemos o trató de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura de Sánchez. Pues eso, la ideología. En una reunión de Civismo en la sede de Torreal, la sociedad del multimillonario Juan Abelló, se decidió concederle un premio al polémico ex juez para “honrar a la Justicia como pilar fundamental de nuestra democracia” y por su “destacada carrera”. Aquí tienes más información sobre el premio que le han dado a García Castellón el  lobby de ultrarricos que fichó a Lasquetty.

El gráfico

Mientras, la situación económica en el país se mantiene sólida. Afortunadamente el empleo se sigue manteniendo fuerte pese a la atonía del resto de los grandes países europeos. La creación de puestos de trabajo en España se intensificó en octubre con un alza del número de trabajadores de 134.307 personas, el registro más alto de la serie histórica, salvo 2021, con el rebote económico postpandemia. Estamos hablando de 21.332.513 personas trabajando afiliadas de media a la Seguridad Social, el registro más elevado para un octubre. En los últimos 12 meses, el ritmo de creación de empleo acelera al 2,5%. En el último año se crearon más de medio millón de puestos de trabajo: 514.856. Aquí puedes leer más datos del resistente mercado laboral.

Bien público

“Los arrendadores entrevistados afirman haber recibido un gran número de llamadas de agencias inmobiliarias a las pocas horas de publicar su anuncio en el portal”, según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona sobre el Impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda prohíbe a las agencias cargar los honorarios a los inquilinos lo que ha hecho que las agencias se lancen a tratar de gestionar las operaciones de venta o puesta en alquiler por parte de los propietarios. Esta presión se traduce en numerosas llamadas al día con la intención de convencer a los propietarios. Cuando ocurre aparece un nuevo intermediario que encarece las operaciones. Tres de cada 4 pisos que se alquilan en Barcelona están gestionados por agencias y en Madrid los contratos entre particulares han caído 15 puntos en cinco años. “La profesionalización del mercado ha empeorado las relaciones entre caseros e inquilinos”, según el estudio. Más información en este reportaje de David Noriega que explica cómo funciona la presión de las inmobiliarias para acaparar las viviendas en alquiler: “Si lo rechazas, te tratan como si fueras tonto”.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

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Mercedes-Benz es la mayor empresa vasca y también la que más fondos europeos MRR ha percibido en Euskadi con cerca de 100 millones de euros. Del total de 99,45 percibidos, la mayor parte (más de 98 millones) llegaron en concepto de política industrial repartidos entre los años 2022 y 2023, mientras que los 850.000 euros restantes se le abonaron en 2022 para el despliegue y la integración de energías renovables. Estos datos se desprenden de la respuesta a una solicitud de información documentada dirigida al Gobierno vasco por Álvaro Gotxi, parlamentario del PP, en la que se detallan las cien empresas o entidades más beneficiadas por los fondos europeos Next Generation EU.

Las cien empresas más beneficiadas acumulan 1.006,05 millones de euros en fondos europeos recibidos. A Mercedes-Benz la sigue, en segundo puesto, la UPV/EHU, con 53,71 millones, mientras que el podio lo completa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con 48,32. Se da la circunstancia de que en el noveno puesto, con más de 24 millones de euros, se cuela Automóviles Oviedo, una sociedad anónima domiciliada, como su nombre indica, en la capital asturiana.

Hay empresas que figuran en la lista en más de una ocasión. Construcciones Amenabar, por ejemplo, está en el séptimo puesto con 28,47 millones de euros, pero participa también de algunas UTE, como una con Exbasa adjudicataria de otros 20 millones de euros y otra con Exbasa y Cycasa con 17,6 millones. En el buscador que se despliega a continuación, las diferentes empresas que conforman una UTE se separan con guiones.

Una auditoría de los riesgos psicosociales en Mercasa, realizada a requerimiento de la Inspección de Trabajo tras el suicidio de un directivo que investiga por vía penal un juzgado de Madrid, detectó riesgo “muy elevado” para más de la mitad de la plantilla de esta empresa pública en aspectos como la carga de trabajo. 

El estudio, al que ha tenido acceso elDiario.es, lo elaboró la firma de prevención Cualtis y está fechado el 28 de diciembre de 2020. Nueve meses después del suicidio en el baño de su domicilio, en la madrugada del 2 de marzo de ese año, de Jorge S. C.

Jorge era jefe de Planificación en el departamento Financiero de Mercasa y consejero de varias filiales. Se quitó la vida tras años de acoso y jornadas de trabajo extenuantes a diario y en fines de semana. Ahora una jueza de Madrid investiga presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente en una causa impulsada por la Fiscalía y por su viuda, que ha rechazado hacer declaraciones.

El informe de Cualtis se realizó por exigencia de la Autoridad laboral, que en marzo de 2021 acabaría sancionando a Mercasa por la falta de medidas para paliar los riesgos psicosociales, la falta de control horario de los trabajadores y por no evaluar el puesto de trabajo de ese directivo fallecido, según un informe policial remitido al juzgado el pasado enero.

El estudio de evaluación de riesgos no menciona ese trágico suceso, que internamente fue comunicado a la plantilla de Mercasa como un infarto y por el que por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas, un alto directivo de Mercasa, Agustín García-Cabo, máximo responsable del área en la que trabajaba Jorge. 

Esa evaluación de riesgos de finales de 2020 reflejó que un 5% de los empleados de Mercasa reportaban situaciones de “violencia psicológica” en el trabajo. Según un 12,5%, “raras veces” había “violencia física”. En el área del fallecido el porcentaje era del 15,4%. 

Casi la mitad de la plantilla no conocía un protocolo de actuación frente al acoso laboral que estaba vigente cuando murió Jorge. Este nunca denunció el acoso que sufría por parte de otra investigada en ese proceso penal, su jefa directa, la entonces directora Financiera, Marta Olalquiaga, a la que el informe policial remitido al juzgado atribuye un continuo “hostigamiento” a sus subordinados. Olalquiaga fue despedida diez días después del suicidio de Jorge tras negarse a firmar las cuentas de una filial.

Con los empleados teletrabajando por la pandemia, el informe de riesgos se elaboró en los últimos días del primer año de la crisis sanitaria, cuando la red pública de mercados mayoristas española logró suplir de mercancía a las grandes cadenas de distribución sin interrupciones en el suministro, a diferencia de otros países europeos.

El estudio calificó de “favorable” la situación de los indicadores psicosociales de Mercasa salvo en tres áreas: “se denota una situación mejorable” en “los factores de Carga de Trabajo, Participación/Supervisión e Interés por el Trabajador/Compensación”.

Respecto a la carga de trabajo, un 62,5% de la plantilla estaba en riesgo “muy elevado” (52,5%) o “elevado” (10%). La percepción de riesgo alto, “generalizada en todos los perfiles”, era más acentuada en las áreas Comercial y Centros (con un 90,9% en riesgo “muy elevado” o “elevado”) y en la Dirección de Planificación y Estrategia (76,9%), donde trabajó Jorge hasta su suicidio.

Cualtis, responsable del servicio de Prevención de riesgos en Mercasa en esos años, evaluó la carga de trabajo a partir de la presión de tiempos, el esfuerzo de atención requerido o la cantidad y dificultad de tareas, el trabajo en sábados, domingos y festivos, el tiempo de descanso semanal y la compatibilidad con la vida social.

Para evaluar cuantitativamente el riesgo utilizó un cuestionario psicosocial. Para el análisis cualitativo, un grupo de trabajo específico con representantes de los trabajadores y la tercera investigada en este procedimiento penal, la entonces responsable de Recursos Humanos, Maite Valls. 

El informe detectó riesgo “muy elevado” en el 67,5% de la plantilla y “elevado” en el 15% en lo relativo a la participación del empleado en aspectos como contratación de personal, cambios en la dirección o en los sistemas productivos y supervisión sobre sus tareas.

En el apartado de “Interés por el Trabajador/Compensación, en general un 57,5% de los trabajadores exponen estar en una situación de Riesgo Elevado o muy Elevado”. “Al menos un 75%” dice que “no hay información” sobre sus posibilidades de promoción o su situación en la empresa. O, de existir, es “insuficiente”. Esto “se acentúa con la percepción de los trabajadores de inestabilidad laboral por el hecho del Proceso Penal abierto en la Audiencia Nacional”. 

La encuesta incluyó varias preguntas sobre la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) por supuesta corrupción de Mercasa en Angola que derivó en el despido de la cúpula directiva en 2017. Ese proceso penal, aún pendiente de juicio, convirtió a Jorge en uno de los enlaces para remitir la información financiera que solicitaba la Guardia Civil.

Un 58% de los encuestados reconoció que el procedimiento estaba afectando a su vida personal y/o profesional y estaban preocupados por su impacto en la empresa y su estabilidad laboral. A un 5% les estaba provocando ataques de ansiedad o problemas para conciliar el sueño.

“Situaciones de Violencia”

Un 5% expuso “que con frecuencia existen situaciones de Violencia Psicológica en el Trabajo”: “amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales…”. Estas situaciones ocurrían “constantemente” para el 7,7% de los encuestados del área de la que colgaba el departamento de Jorge.

Y “con frecuencia” en idéntico porcentaje en ese área y en la de Presidencia, Auditoría y Secretaría General; y en un 25% de los casos en la Dirección de Desarrollo de Negocio. En todos los departamentos se daban “raras veces” en porcentajes del 30,8% al 54,5%.

En situaciones de conflicto entre trabajadores, un 5% señalaba que la empresa “deja que sean los implicados quienes solucionen el tema”. Situaciones de violencia física fueron reportadas “raras veces” en tres departamentos: Comercial y de Centros (18,2%), Planificación y Estrategia (15,4%) y Dirección de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales (11,1%).

Solo el 34% de los trabajadores conocía que la empresa tenía un procedimiento formal de actuación para prevenir los casos de acoso laboral. El 48% lo desconocía.

Tras esta evaluación de riesgos, la Inspección de Trabajo sancionó a Mercasa por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. La empresa pública recurrió sin éxito la multa frente a la Dirección General de Trabajo. En marzo de 2023, contrató al bufete Ramón y Cajal para recurrir ante la jurisdicción Social.

A preguntas de elDiario.es, Mercasa no comenta, entre otras cuestiones, qué medidas ha implantado en los últimos años para intentar mejorar el clima laboral o cuántos trabajadores están en la actualidad de baja por ansiedad. Se limita a subrayar “su respeto a los procedimientos judiciales abiertos” y que “está muy comprometida con la creación de entornos de trabajo seguros y saludables”.

“En los últimos años, se han intensificado las medidas para implantar políticas internas de flexibilidad horaria y desconexión digital. Además, cuenta con programas de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud en el que participan representantes de las personas trabajadoras. Este enfoque permite evaluar y reforzar continuamente las acciones de prevención y de mejora”, dice Mercasa.

En su declaración como imputado el pasado 26 de septiembre, García-Cabo dejó claro que ni entonces ni ahora ha tenido “ninguna” responsabilidad en el área de Recursos Humanos: “Depende de Secretaría General”, cuyo máximo responsable en 2020 era al abogado del Estado Jesús Moreno, director general de lo Contencioso en el Ministerio de Justicia desde 2023.

El alto directivo de Mercasa defendió que en los últimos años “ha habido una evolución positiva en cuanto a la satisfacción de las personas en el trabajo”. Negó que la carga de trabajo sea excesiva o que fuera habitual trabajar fuera de horas cuando Jorge se suicidó; afirmó que en aquel momento el teletrabajo no existía y que “jamás” se incitó a llevarse tarea fuera de la oficina. Y sostuvo que antes del suicidio se ordenó compensar las horas extra con tiempo libre.

García-Cabo, único investigado que ha declarado hasta ahora, explicó ante la jueza que, pese a la evaluación de 2020, un informe de Grant Thornton evaluó que en el área Financiera “las cargas eran las adecuadas” y que es “una cuestión de organizarse” porque ese departamento exige un trabajo “ordenado” sujeto a un calendario muy específico. Defendió que la persona que Jorge tenía a su cargo asumió luego sus funciones “sin ningún problema”.

Otra encuesta de riesgos psicosociales realizada en noviembre de 2023 volvió a detectar “una situación desfavorable” en lo relativo a la carga de trabajo en Mercasa, con riesgo “elevado” o “muy elevado” para el 56,6% de los trabajadores.

En este caso, las preguntas no eran comparables a las de 2020. Se interrogó por “la posible identificación de situaciones potenciales de acoso” y el 37,7% de la plantilla dijo que existían conflictos interpersonales “con frecuencia” o “constantemente”. Un 13,2% sufría violencia psicológica “con frecuencia”. Un 9,4% la padecía “constantemente”, según el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ya en 2016, cuatro años antes del suicidio de Jorge y sin que la Guardia Civil hubiera irrumpido en las oficinas de Mercasa, otro análisis similar detectó alto riesgo en prácticamente todos los departamentos en lo relativo a los mecanismos de participación y supervisión y en lo referente al interés por el trabajador y compensación. Las tres sentencias judiciales que han reconocido que el suicidio de Jorge fue un accidente de trabajo recogen que la empresa no tomó medidas para corregir esta situación.

Mercasa reorganizó hace unos días su organigrama, donde permanece como director Económico-Financiero García-Cabo. El área de Recursos Humanos depende ahora de Maite Castillo, uno de los fichajes del presidente de Mercasa desde 2018 hasta el pasado abril, José Ramón Sempere.

Fisioterapeuta de formación (luego se reorientó a la Comunicación y la gestión), Castillo se incorporó al grupo semanas después del suicidio de Jorge desde el grupo de sanidad privada Vithas en Alicante como directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa. Ahora es la nueva directora de Desarrollo Corporativo y Personas.

El Ayuntamiento de Málaga y la sociedad municipal Promálaga han asegurado que han defendido los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado “todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma” en el procedimiento judicial contra un ex alto cargo de dicha sociedad por supuestamente pedir dinero a cambio de contratos y presunta falsedad de facturas. Así lo han asegurado desde el Consistorio en un comunicado en el que han subrayado que el proceso judicial “se inició a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente de Promálaga, Francisco Salas”.

Además, han recordado que “el despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, se produjo en septiembre de 2019, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos”.

Al respecto, han señalado que “no es hasta entonces cuando la empresa puede solicitar personarse como acusación particular y, en consecuencia, obtiene información sobre las actuaciones en curso”. Por último, han dicho que están a la espera de que se celebre el juicio en julio de 2025.

Explicaciones al alcalde

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “que informe a la ciudadanía sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga”, después de que la Fiscalía haya acusado a su exdirector económico y financiero, “arropado por el PP”, por supuestamente quedarse con “dinero de contratos públicos firmados por la entidad con empresas privadas para la procuración de servicios”.

Pérez ha reaccionado de esta manera a la supuesta “trama de mordidas” en el seno de la empresa municipal, por el que este ex alto cargo “puesto a dedo por De la Torre” ha sido acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho y falsedad documental, ya que para el cobro de estas mordidas de dinero público “se confeccionaron supuestamente facturas falsas”, ha señalado en un comunicado.

Ha recordado que “el PP en el Ayuntamiento nunca nos ha dado un solo papel” sobre la información demandada en el seno del Consejo de Administración. “Se trata de una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión”, ha agregado sobre este caso y la acusación de la Fiscalía, adelantada por 'eldiario.es'.

“En este momento no sabemos en qué punto se encuentra la investigación del caso, pero pedimos a De la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le dio indemnización con cerca de 180.000 euros”, ha señalado.

En el momento en que se inició la investigación, “tras la denuncia de un empresario que no cedió al chantaje, la entidad Promálaga manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros”, han señalado desde el PSOE.

Con Málaga pide una comisión de investigación

La concejala portavoz de Con Málaga, confluencia de IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha pedido “la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre todos los contratos realizados por la sociedad municipal Promálaga, tras la petición de la Fiscalía de hasta tres años y diez meses de prisión para su exdirector financiero en el conocido como 'caso mordidas'”.

Al mismo tiempo ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, “la asunción de responsabilidades y explicaciones hasta que se depuren todas las implicaciones políticas existentes en el caso”.

En un comunicado, Morillas recuerda que el caso investiga la supuesta “extorsión y petición de cantidades económicas a empresarios a cambio de adjudicación de contratos”. “La gravedad de los hechos requiere que el alcalde dé explicaciones y que se tomen medidas”, ha insistido.

Al respecto, ha instado a solicitar al Tribunal de Cuentas “que efectué una auditoría extraordinaria de todos los contratos adjudicados por Promálaga y se pongan en marcha medidas para dotar de garantías transparencia a la gestión económica de Promálaga y del resto de las sociedades municipales”. Morillas ha señalado que “la sombra de la corrupción vuelve a acechar al equipo de gobierno encabezado por Francisco de la Torre”.

“El 'caso mordidas', por el que la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel al exdirector financiero de Promálaga no es un suceso aislado. No hay que hacer grandes ejercicios de memoria para rememorar otros escándalos e irregularidades administrativas, como las acontecidas en Smassa, que son muy recientes y están todavía pendientes de esclarecerse y que, al igual que en el Caso Mordidas, supusieron la destitución del alto cargo implicado cuando el asunto ya había estallado y salido a la luz pública”, ha dicho.

El PSOE de La Rioja ha revelado que La Rioja 360, la empresa pública dedicada a la promoción turística de la comunidad autónoma, rescindió el 20 de junio el contrato con una autónoma, extrabajadora de la empresa dirigida por Virginia Borges hasta su nombramiento como directora general de Turismo, solo tres días después de que el PSOE denunciara las irregularidades. “A pesar de la insistencia del Gobierno en defender la legalidad de esta contratación, no deja de ser curioso que se rescinda el contrato de forma fulminante, sin ni siquiera esperar a que acabe el mes”, ha subrayado el diputado Miguel González de Legarra.

Este diputado denunció en junio en rueda de prensa que “la directora de Turismo contrató la gestión e implantación de proyectos turísticos con una falsa trabajadora autónoma y, además, que estaba fraccionando los contratos realizados con esa trabajadora con el único objetivo de burlar la Ley de Contratos del Sector Público”.

De este manera, Legarra ha explicado que este trabajadora ha cobrado 27.325 euros más IVA de La Rioja 360, recogidos en once facturas entre los ejercicios de 2023 y 2024, todas ellas numeradas de forma correlativa, con el mismo importe y el mismo asunto. “Además, esta trabajadora tenía su puesto de trabajo en las mismas instalaciones y en el mismo horario que los trabajadores de La Rioja 360, por lo que parece claro que el Gobierno de La Rioja era el único cliente”.

Desde el Gobierno de La Rioja responden que “el contrato de esa persona no se rescinde, sino que termina con absoluta normalidad en junio tal y como estaba previsto”. Explican que “el servicio que motivó el primer contrato en 2023 no se ha retomado y el que motivo el segundo contrato para el primer semestre de 2024 no necesita continuidad. La contratación se realizó por 6 meses para, en el marco de la urgencia de la gestión de los fondos europeos y sus plazos, apoyar la coordinación entre el equipo técnico de la 360 y la gestión administrativa de La Dirección General de Turismo que pasó de gestionar 5 millones a gestionar más de 50 millones de euros”. 

También han alertado del mal clima laboral de La Rioja 360, con parte de la plantilla de baja desde junio por depresión y ansiedad. Lo que para el PSOE “refleja un comportamiento premeditado para sustituir a los empleados por una amiga a la que quería compensar tras el cierre de la empresa. Es un claro ejemplo de nepotismo”. Desde el Gobierno de La Rioja han apuntado que actualmente hay 6 personas de baja en el área dedicada a la gestión y promoción turística de La Rioja, cinco de las 19 personas trabajadoras de La Rioja 360 y una de la Dirección General de Turismo.

El diputado del PSOE ha afirmado que en el Pleno del Parlamento del pasado 27 de junio, el consejero de Turismo “despachó este asunto con absoluto desprecio y acusándome de filibusterismo por utilizar una interpelación para hablar de este asunto cuando ya habíamos presentado una serie de preguntas por escrito de las que afirmó, textualmente, que tendríamos respuesta y bien cumplida, por cierto”. Las preguntas a las que se refería el consejero en aquél Pleno “son una serie de 26 preguntas en las que solicitábamos información detallada sobre los proyectos y actividades desarrollados por esta trabajadora, sobre las metodologías de trabajo implantadas por esta persona en la empresa La Rioja 360 o sobre los proyectos concretos que ha gestionado”.

Tras 72 días de espera, la respuesta ha sido que “en contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que fueron contestadas de forma oral en sesión plenaria el pasado jueves 27 de junio”. En relación a las cuantías, la respuesta ha sido que “es público y notorio que dicha información es accesible mediante la Plataforma de contratación de la Comunidad Autónoma”.

González de Legarra ha registrado una queja por cada pregunta no respondida y haasegurado que el consejero de Turismo “oculta la información que está obligado a facilitar, con lo que está amparando y protegiendo esta ilegalidad cometida por un alto cargo de su consejería”. El diputado Socialista ha señalado que “la rescisión fulminante del contrato con esta trabajadora, después de nuestra denuncia, demuestra claramente la ilegalidad de su contratación, y la ocultación consciente de la información solicitada solo puede ser el síntoma de que los conceptos que se reflejan en las facturas abonadas durante once meses a esta falsa trabajadora autónoma son falsos”.

Miguel González de Legarra ha explicado que el Gobierno de La Rioja sigue en este caso “el mismo patrón de respuesta que ha utilizado con el escándalo de los sobresueldos de los directivos del SERIS, reconociendo expresamente que nuestras denuncias son ciertas, pero sin poner remedio alguno”. Por eso, desde el Grupo Socialista “vamos a continuar demandando la información a la que, como diputados y como ciudadanos, tenemos derecho”.