Las víctimas de violencia sexual no siempre denuncian a sus agresores de forma inmediata. Algunas tardan años en acudir al juzgado para contar lo que sucedió. Ahora ha sido el Tribunal Constitucional el que ha establecido que ese retraso no puede ser un beneficio penal para un delincuente sexual a la hora de calcular su condena.

Los magistrados, según ha sabido elDiario.es, han anulado la rebaja de la pena de cárcel impuesta a un exdecano en la Universidad de Sevilla que abusó sexualmente de varias profesoras de su departamento. Su condena, critica el Constitucional, pasó de casi ocho años de prisión a menos de tres, entre otras cosas, por las dilaciones indebidas del proceso, incluyendo en esa cuenta de forma irregular el tiempo que sus víctimas tardaron en llevarle ante la Justicia.

Se trata del caso de Santiago Romero, exdecano en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Según declararon probado los tribunales, entre 2006 y 2009 abusó sexualmente de varias profesoras de su departamento: tocamientos, frases de contenido sexual, besos y lametones no deseados, incluso en presencia de terceras personas.

Sus víctimas le denunciaron en los primeros días del año 2011. Una denuncia que llegó a provocar, incluso, un reconocimiento de la Universidad de Sevilla a la “valentía” de las mujeres que se habían alzado contra su superior. Pero en los tribunales andaluces los jueces hicieron la interpretación contraria: ese retraso en denunciar facilitó que su condena fuera rebajada de forma considerable.

En primera instancia un juzgado de lo penal de Sevilla le impuso siete años y nueve meses de presidio por tres delitos de abuso sexual y otro más de lesiones. La Audiencia Provincial de Sevilla, años después, rebajó significativamente la condena: le retiró la condena por las lesiones (un año de cárcel) y aminoró las de los abusos sexuales por los retrasos del proceso, una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. De caso ocho años de prisión a dos años y ocho meses, algo menos de la mitad.

Las sentencias del caso, examinadas por este periódico, revelan que el último abuso documentado contra estas profesoras ocurrió a finales de 2009 y la denuncia se presentó en enero de 2011. Romero fue citado a declarar en mayo de ese año y la primera sentencia del caso, en un juzgado de lo penal de Sevilla, no llegó hasta diciembre de 2016. La Audiencia de Sevilla, además, no dictó su propia resolución hasta diciembre de 2019.

“La denuncia fue interpuesta dos años después aproximadamente de la comisión del último hecho imputado al recurrente y constan paralizaciones relevantes en la tramitación de esta causa no provocadas por la actuación del acusado”, razonó la Audiencia de Sevilla. Las víctimas fueron quienes llevaron el caso hasta el Constitucional, alegando que decisiones como ésta “hacen recaer la responsabilidad de los retrasos en las víctimas”. Reclamaban la aplicación de la perspectiva de género a este caso para matizar esa rebaja de la condena del exdecano que había abusado de ellas aprovechando su puesto de trabajo.

El Constitucional, con tres votos concurrentes, entiende que esta decisión de la Audiencia de Sevilla lesionó los derechos de la víctima “al responsabilizar a las víctimas del retraso en la tramitación de la causa”. Algo que es “irrazonable y carece de base legal”, dice la sala segunda. “Quien resulte perjudicado por un delito tiene el derecho a denunciarlo en cualquier momento, con el único límite de la prescripción”, que no se dio en este caso.

Las dilaciones indebidas, añade, “son aquellas que se producen durante la tramitación del proceso y que pueden atribuirse a la actividad de los órganos judiciales”, pero “nunca a la conducta particular que las personas perjudicadas por el delito hayan desarrollado antes de que la causa penal se haya iniciado siquiera”.

“Son víctimas del propio sistema”

Que las víctimas de violencia sexual no siempre denuncian los abusos y agresiones que padecen es algo aceptado por todos aquellos que se dedican a estudiar esta rama de la delincuencia. Desde el miedo a denunciar a un superior o un familiar hasta la vergüenza o la doble victimización que padecen por hacerlo, las personas que sufren este tipo de violencia, si denuncian, pueden tardar años en hacerlo.

Estos retrasos, según lleva años diciendo el Tribunal Supremo en sus sentencias, no puede ser tenido en cuenta en su contra. Lo dijo, por ejemplo, hace un lustro en el caso de una mujer víctima de violencia de género que tardó varios días en denunciar a su agresor: “No se les puede volver en su contra cuando tardan en denunciar”.

Las víctimas de violencia de género, dijo el Supremo en ese momento, tardan en denunciar “porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos casos, hasta culpables, cuando son víctimas, no culpables”. Víctimas también, añadió el Supremo, “del propio sistema en quien, en muchas ocasiones, no confían si no tienen la seguridad de que denunciar va a ser algo positivo para ellas y no algo negativo”.

El Constitucional, en el caso de la Universidad de Sevilla, explica que los jueces de Sevilla no tuvieron en cuenta el “contexto” de los abusos: “Una relación laboral en que el agresor era Decano de la facultad y catedrático del departamento al que estaban adscritas las tres víctimas; y éstas eran mujeres jóvenes, que acababan de emprender su carrera profesional, contaban con contratos de trabajo no permanentes y tanto su renovación como su promoción en la carrera académica dependían de la voluntad del agresor”, recuerda el tribunal de garantáis.

Eso, dicen los magistrados de la sala segunda, demuestra que “las dificultades intrínsecas para denunciar hechos de naturaleza sexual se incrementaban notablemente”, a pesar de lo cual las víctimas lo denunciaron “reiteradamente” y acudieron a la Justicia “ante la inactividad” de sus superiores en la Universidad de Sevilla.

Tres integrantes de esta sala segunda del Constitucional han anunciado votos particulares concurrentes, de acuerdo con el fallo al menos en parte. María Luisa Balaguer reprocha a sus compañeros que no hayan aplicado la perspectiva de género también a la hora de analizar el delito de lesiones por el que fue absuelto, decisión que no se revoca. César Tolosa y Enrique Arnaldo, por su parte, “discrepan de la argumentación de la sentencia” pero también apuestan por estimar el recurso de la víctima.

Aquel lunes 9 de enero de 2017, dos profesoras y una becaria de la Universidad de Sevilla respiraron. El decano de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) entre 1997 y 2009, Santiago Romero, había sido condenado por los abusos sexuales cometidos sobre ellas. Había forzado su silencio amenazando sus carreras pero la sentencia, que está recurrida por el catedrático, supuso algo de luz a años y años de temores.

La soledad de las víctimas durante el juicio (solo dos de las 42 personas que formaban el departamento les mostraron su apoyo, según lamentaron en esta entrevista) y su futuro claramente diezmado se vieron algo paliados por aquel fallo judicial de hace ahora un año que, también, sirvió para sensibilizar al conjunto de la sociedad de que no se pueden tolerar comportamientos abusivos en el seno de la Universidad. Pero la Universidad, más allá de suspender provisionalmente de funciones al condenado a raíz de la sentencia, no ha hecho mucho más al respecto, al menos en ese caso concreto.

Ni investigación interna ni sanciones administrativas ni petición expresa de disculpas de esos “miembros del personal docente y PAS de la Facultad” a los que aludía la sentencia como consentidores en cierto modo de las situaciones condenadas. Tanto la abogada Amparo Díaz, que representa a una de las víctimas, que sigue en tratamiento psicológico, como el delegado en prevención de riesgos laborales de la US, Jesús Castillo, se han mostrado a eldiario.es Andalucía muy críticos con la inacción de la Hispalense respecto a la “camarilla” o “red de acoso” que, por acción o por omisión, a su juicio, permitieron que la situación de abuso se alargara durante años sobre las profesoras hasta que la condena se hizo púbica a través de los medios de comunicación.

Sin pensión hasta que se resuelva el expediente

La Hispalense niega la mayor: “No es cierto que de la sentencia de Santiago Romero quepa deducir que hay otras personas que puedan tener responsabilidad en el asunto, ni, por tanto, que la US tenga que realizar ningún tipo de actuación contra alguien distinto al condenado; en cualquier caso la sentencia solo ha condenado a Santiago Romero, único al que se declara responsable”, explican fuentes oficiales de la Universidad de Sevilla.

La denuncia de las tres mujeres, y su posterior sentencia, destapó una realidad oculta en la US, un “ejemplo lastimoso” en palabras del rector. Antes de ello, el catedrático había publicado cinco trabajos sobre igualdad de género en Educación Física. La suspensión le está suponiendo una considerable rebaja de su sueldo y no poder acercarse por la institución. Romero Granados pidió su jubilación para poder percibir ya la pensión pero la Universidad se la ha denegado hasta que no resuelva el expediente disciplinario que se le abrió. “Toda su camarilla sigue en la Universidad, todos y cada uno de ellos. El tribunal no los condenó pero la Universidad no ha hecho nada respecto a ellos. ¿Por qué ante algo tan grave no se ha hecho nada con esas personas?”, lamenta la abogada Amparo Díaz.

Según apuntó recientemente a este periódico Rosa Casado, directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, la sentencia abrió un proceso de debate, reflexión y mejora de los procedimientos para la prevención y respuestas ante conductas que atenten contra la dignidad de las personas en la Universidad, contando con la implicación tanto de la comunidad universitaria como de personas ajenas a la propia universidad, expertas en acoso, en todas sus modalidades. De hecho, la Hispalense ha creado este curso una red de profesores referentes contra la violencia de género y el acoso sexual. Pero respecto al caso concreto, nada se ha hecho según las fuentes consultadas y según confirma la propia Universidad.

“¿Por qué la Universidad no ha hecho nada?”

“¿Por qué la Universidad no ha hecho nada con todas las personas que el juez consideró que habían participado de alguna manera y que podrían tener responsabilidad administrativa? No se ha abierto ni una sola investigación, más allá de la suspensión de Santiago Romero. Hay mucha gente que participó o que no dijo ni mu. Para que se pueda dar una situación de acoso, que es algo sostenido en el tiempo, tiene que haber un grupo complaciente y tolerante con el acoso. Es un fracaso de la institución y es un problema que estamos viendo con las grandes instituciones que están siendo condenadas por acoso, donde se señala falta de diligencia o personas responsables de no hacer nada o de apoyar el acoso, y las instituciones no hacen nada”, explica Amparo Díaz.

Según lamenta la letrada, premio Meridiana 2015 a iniciativas contra la violencia de género, “la Universidad anunció que iba a mirarlo todo y estoy segura que no lo ha hecho porque me hubiera enterado. La sentencia mencionaba a un montón de gente, empezando por el jefe de departamento. Hubo varias personas a quienes les dijeron lo que estaba pasando. La Universidad ha hecho cosas de sensibilización y eso está muy bien, pero nada sensibiliza más que abrir un expediente sancionador a quien haya podido permitir una situación de abusos. Hay mucha gente consentidora que por no tener problemas no dice nada. Es una de las características del acoso”.

Por su parte, Jesús Castillo, también delegado sindical del SAT, denuncia que “la Universidad no ha hecho absolutamente nada” respeto a la “red de acoso de la que se hizo eco el juez” más allá de aquella “tardía” suspensión del condenado y de la división en dos secciones del departamento de Educación afectado, resaltando que una empresa externa corroboró en todo caso el “insoportable clima laboral” que allí se respiraba pese a la medida adoptada por la Universidad.

Redistribución de despachos

La Hispalense explica a ese respecto que se conformaron dos grupos, uno de los cuales, en torno a la víctima, con ocho profesores, lo que no permitió la creación administrativa de dos departamentos. Una vez consensuado con ambos grupos el reparto proporcional de la docencia, se aprobó la adscripción temporal (dos años) de esos ocho profesores y de la docencia correspondiente a ellos, como sección departamental independiente, a otro departamento de la Facultad, con el fin de trabajar intensamente en los próximos dos años en la contratación de profesorado que permita la creación de otro departamento de Educación Física en el seno de la facultad.

Asimismo, según añade la Universidad, se ha llevado a cabo en los dos últimos meses una redistribución de despachos de tal forma que los ocho integrantes de esa sección tienen total independencia física de los integrantes del departamento de Educación Física y Deporte, y poseen un apoyo administrativo propio para las tareas diarias de gestión.

Castillo comenta en todo caso que no se puede asegurar que “gente que ha colaborado o formado parte de esa red pueda hacer lo mismo en un futuro cuando se dé un caso parecido”, por lo que lamenta que la Universidad no haya hecho “nada” acerca de eso pese a que el caso “provocó que el acoso y los abusos se empezaran a tomar en serio en la Universidad” y la Universidad “ se esté preocupando en general” de prevenir este tipo de situaciones.

Efectivamente, aumentaron las solicitudes de ayuda, quejas y denuncias en ese sentido, según apuntó recientemente Rosa Casado. La trascendencia pública de aquellos hechos y la experiencia de los servicios implicados en la aplicación práctica de los instrumentos pusieron de manifiesto “la necesidad de reflexión y su evaluación para mejorar la eficacia en la respuesta de la Universidad en la prevención, intervención y protección de las personas que pudieran estar siendo víctimas de un trato indigno, así como el avance hacia una universidad más igualitaria y saludable”, según añadió.

De hecho, el pasado 30 de noviembre se realizó la I Jornada de Reflexión sobre el Acoso en la Universidad, donde se debatieron todos los aspectos de un protocolo de acoso y salieron unas conclusiones a través de las cuales se está intentando llegar al borrador final del protocolo de acoso revisado y que siga el proceso para su aprobación“, informa la directora de la Unidad de Igualdad, quien añade que a finales de enero se realizará la primera unidad de formación para la citada red de referentes en la Hispalense.

Los argumentos de la Universidad

Preguntada por este medio sobre los datos de situación actual de Santiago Romero, la Universidad explica que el 10 de enero de 2017 se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento disciplinario acordada en su día contra Romero, con lo que se reabrió el procedimiento disciplinario pese a que “la sentencia no había decretado ninguna medida de la que se derivara que no pudiera seguir ejerciendo su actividad académica”. “Ha sido decisión de la Universidad que se suspendiera a Santiago Romero del ejercicio de su actividad académica”, destaca la US.

Además, recuerda que el 7 de junio de 2017 se suspendió el procedimiento disciplinario contra el catedrático por haberse admitido la apelación de la sentencia, manteniendo la medida de suspensión provisional de funciones, que se había acordado también el 10 de enero de 2017, sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso del profesor, quien mantiene interpuestos sendos recursos contencioso-administrativos tanto contra la suspensión de funciones como por la suspensión del procedimiento disciplinario.

Asimismo, el 27 de julio de 2017 se desestimó la solicitud de jubilación voluntaria de Santiago Romero, informa la US, siendo también recurrida por el catedrático en la jurisdicción contenciosa y sin que tampoco haya pronunciamiento judicial hasta la fecha de hoy.

Muchos testigos, sin conocimiento de los hechos

La representación legal del catedrático recurrió la sentencia diciendo que había fallos en la grabación enviada del juzgado y la Audiencia se las ha pedido al juzgado de instrucción. El abogado defensor en concreto solicitó la nulidad de las actuaciones “al no haber podido disponer de la totalidad” de las copias de las grabaciones “por falta de algunas de ellas y por deficiencia de algunas de las entregadas”, a cuyo efecto y para cuya comprobación devolvió al Juzgado las copias que le fueron entregadas, “debiendo hacérsenos entrega de nuevas copias correctas y completas con nuevo emplazamiento para formalizar” el recurso, según dijo en un escrito enviado. Al margen de esa cuestión procesal, consideró que las acusaciones de abusos sexuales de las tres profesoras “no merecen en absoluto la más mínima fiabilidad, y mucho menos la total que les ha reconocido incomprensiblemente la sentencia”.

El fallo judicial explicaba que Romero Granados transmitía que “aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas”. “Del mismo modo, y contando para ello con la cooperación de otros miembros del personal docente y PAS de la Facultad, el acusado señalaba a las personas que consideraba que no se comportaban conforme a lo que él entendía correcto de manera que quedaban, desde el punto de vista docente, aisladas del resto de las personas próximas al acusado”, recogió el fallo.

Además, reflejaba la sentencia que “una buena parte de las testificales se considera que no ofrecen una información especialmente relevante y lo que hacen es realizar una descripción del buen comportamiento del acusado con respecto a otras personas o al buen nombre del mismo al exponer que nunca han tenido conocimiento de que nadie haya atribuido al Sr. Romero Granados conductas como las que resultan objeto de esta causa”, refieriéndose “en términos más que elogiosos del acusado” y que “describen el funcionamiento del departamento de un modo cuasi idílico”. Pero “justamente son los que reconocen los problemas quienes resultan creíbles mientras no lo son aquellos que los niegan”, concluyó el fallo.

El Jugado de lo Penal número 2 de Sevilla ha emitido un nuevo auto en el caso de Santiago Romero, de 67 años y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla entre 1997 y 2009, condenado el pasado enero a casi siete años de cárcel  por tres delitos continuados de abuso sexual. En la nueva decisión judicial, el jueza prohíbe a Romero acercarse a menos de 300 metros de sus tres víctimas ni contactar con ellas por medio directo o indirecto.

A petición de las acusaciones particulares, el juzgado amplía la condena en este sentido, según adelanta Público, después de que la Universidad ya adoptara la decisión de prohibir el acceso al profesor, ratificada ahora por vía judicial. La orden de alejamiento dictada por el juez tiene un periodo de vigencia de cinco años. La sentencia condenatoria detallaba cómo el catedrático amenazaba con perjudicar las carreras docentes de las tres profesoras si no seguían sus mandatos, algo que le servía para forzar su silencio.

“Todas las perjudicadas coinciden en que el acusado no perdía ocasión de poner de manifiesto la importancia de estar a buenas con él (para lo cual realizaba exigencias que no solicitudes, que ya se han expresado y que superaban con mucho lo razonable y previsible por la situación de cada una de las perjudicadas) y las posibles consecuencias de no hacerlo, consecuencias que no se limitaban (lo cual es ya de por sí suficientemente importante) a su concreta situación en la Universidad de Sevilla sino incluso en otros centros educativos de la geografía española”, relataba el fallo condenatorio.

El juez insistió en enero en que “por eso se considera lógico que las víctimas, intentando mantener vivas sus expectativas profesionales, hicieran  de tripas corazón  e intentasen mantener hacia el acusado, al menos en público, una postura respetuosa, como el resto de profesores, sin perjuicio de que en lo que a su relación personal concreta intentaran evitar las situaciones de riesgo”.

“No puede obviarse la situación de superioridad a la que se viene haciendo referencia en relación a personas cuya mayor ilusión es la de desarrollar su carrera académica en la Universidad de Sevilla hecho este que, incuestionablemente, hace que las perjudicadas soporten sin denunciar situaciones que posiblemente en cualquier otro ámbito de sus vidas no hubieran aguantado ni un solo instante”, dijo la sentencia.

Santiago Romero Granados mostró cierto interés por los asuntos de género e igualdad en su carrera académica. Así lo muestra la relación de trabajos firmados por el catedrático de la Universidad de Sevilla que acaba de ser condenado a casi siete años de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales y uno de lesiones, que aparecen en el Sistema de Información sobre Investigación en la Universidad de Sevilla y en el en ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

'Gender Equity in Physical Education: the Use of Information' (traducido, “la igualdad de género en Educación Física: el uso de información”) es el nombre de un estudio publicado en 2012 para la publicación 'Sex Roles: A Journal of Research'. Uno de los cinco trabajos sobre género e igualdad relacionados con la educación física que firmó, con otros autores, Santiago Romero,

El estudio firmado por Romero Granados aparece en ORCID, un sistema de identificación accesible de colaboradores en investigación y publicaciones académicas. En este caso se trata del “estudio del comportamiento de los profesores españoles y su manera de transmitir estereotipos de género en las clases de educación física de Secundaria”.

Romero, según datos del sistema SISIUS (Sistema de Información sobre Investigación en la Universidad de Sevilla), también firmó una publicación de 2014 sobre 'Características de la práctica deportiva en función del género'; una publicación acerca de la 'Discriminación en la Educación Física y Deporte' para la web de Desarrollo de los Contenidos de Educación Física en Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación; o el artículo sobre la 'Influencia del patrocinio y ,los medios de comunicación en la discriminación del deporte de élite femenino', firmado en solitario en la revista Tandem; así como otro similiar al mencionado en inglés 'Gender equity in Physical Education: the use of language', publicado en MOTRIZ, una publicación especializada sobre Educación Física.

También en el SISIUS aparece recogido el hecho de que la mayoría de los proyectos de investigación de los que fue responsable el catedrático tenían como eje la educación en valores en la Educación Física.

Las materias sobre las que que versa la trayectoria académica de Santiago Romero son diversas, destacando las publicaciones sobre educación física, deporte y nuevas tecnologías, el deporte en el ámbito escolar, los aspectos curriculares de la educación física y actuaciones prácticas, tendencias deportivas o formación deportiva, así como publicaciones específicas sobre pádel, fútbol, gimnasia rítmica o voleibol (fue seleccionador nacional y andaluz del eqiupo femenino), entre otros.

Presenta 19 tesis dirigidas y co-dirigidas (algunas de ellas también versaban sobre cuestiones de discriminación de género y deporte). De hecho, la última tesis dirigida en 2015 también trataba sobre los estereotipos de género: 'El atletismo y los estereotipos de género en el alumnado de ciencias de la actividad física y el deporte'. 26 libros publicados, diez participaciones en libros, 22 capítulos en libros, 70 publicaciones en revistas y aproximadamente un centenar de aportaciones a congresos completan el currículum del catedrático condenado por abusos.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Universidad de Sevilla, Juan de Pablos Pons, ha negado que se le haya dado cobertura al catedrático Santiago Romero Granados, recién condenado a siete años de prisión por abusos sexuales a tres profesoras, mientras se miraba para otro lado en el caso de las víctimas, como entiende que han apuntado los sindicatos en estas declaraciones a eldiario.es/andalucia.

“Como responsable del Centro me he preocupado desde el primer momento de que las medidas establecidas por el Servicio de Riesgos Laborales de la US, en relación a este caso, se cumplieran, de manera que nunca pudieran coincidir en la facultad las profesoras denunciantes con el denunciado”, señala. 

Igualmente, sostiene que “durante el periodo transcurrido a la espera de juicio, que se extiende hasta seis años”, se ha entrevistado con la profesora que se ha mantenido impartiendo docencia, interesándose por su situación en el centro, “ya que las otras dos han estado de baja”, y en otros momentos ha tenido “un intercambio de correos electrónicos con ella”. En esta línea, el decano subraya que también se ha interesado, “a través del Servicio de Riesgos Laborales por la situación de las tres profesoras a lo largo de este tiempo”.

Por lo tanto, concluye que “el miembro de CCOO Rafael García no dice la verdad” porque da a entender que el decano se ha desentendido del tema. “En todo caso, reconozco que se han cometido errores, ya que se podía haber actuado con más sensibilidad desde la institución, tal como ha expresado el rector [Miguel Ángel Castro en rueda de prensa este miércoles]. Pero esto dista mucho de la realidad que se describe de que se ha dado cobertura y protección al condenado. No es cierto”, termina Juan de Pablos Pons.

Proyectos de tesis paralizados, directores de beca entre la espada y la pared, salud castigada, abandono, interinidad permanente, exiliarse a otra universidad,... “Lo único que queremos nosotras es poder trabajar, ganarnos el sueldo dignamente sin que nadie atente contra nuestra libertad ni dignidad como personas”. Lo decía, con 28 años, la becaria de investigación de la Universidad de Sevilla, una de las tres víctimas que hace seis años denunció los abusos sexuales por los que ahora ha sido condenado el catedrático Santiago Romero Granados.

Quizás sólo ellas y su entorno más cercano sepan hasta dónde sus carreras y sus vidas se vieron truncadas en mayor o menor medida a causa de los abusos sufridos pero tanto sus relatos como el contenido de la sentencia dan pistas de cómo su destino giró por la actitud del catedrático ahora condenado. El propio juez resume en el fallo que las consecuencias laborales de todo el proceso, en uno de los casos ha sido tener que marcharse de Sevilla a Granada y seguir, diez años después de su ingreso en la docencia, en su condición de interinidad, aparte de una serie de consecuencias en su estado de salud de cierta entidad; en otro caso, el hecho de verse forzada a leer su tesis en otra universidad con el retraso en la obtención del Grado de Doctor y el sufrir incluso actualmente limitaciones en su acceso y permanencia en la Facultad (motivadas por la evitación de la posibilidad de coincidir con el ahora condenado); y en el tercer caso el hecho de haber abandonado incluso el mundo de la docencia.

De las tres víctimas, el caso quizás más grave, por las consecuencias en la salud y en lo laboral, es el de L., “la persona con el mejor expediente académico de su promoción y con un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia, ha terminado abandonando la misma por completo e incluso se ha marchado del país”, según recoge la propia sentencia.

Ella accedió por concurso a una plaza de profesora ayudante del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Sevilla en octubre de 2006. Según narraba ella misma cuando en febrero 2011 trascendieron las denuncias (rescatadas ahora por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en concreto por la Sección Sindical del PDI de la Universidad de Sevilla), decidió aceptar dicha plaza renunciando a su contrato de profesora en una escuela de magisterio donde comenzó a ejercer su labor docente en abril de 2004. Entonces, estaba finalizando su tesis doctoral, leída en septiembre de 2007 en la Universidad de Granada.

Amén de las situaciones de acoso recogidas como hechos probados en la sentencia, recordaba esta profesora que Romero le aconsejaba e insistía que debía seguir sus recomendaciones ya que su plaza era un favor personal y podía perderla… Debía incluirlo como investigador principal en las publicaciones derivadas de su trabajo como investigadora en un centro ajeno a la universidad, le encargaba comunicaciones a su nombre, le señalaba lo que debía votar en las reuniones de Consejo de Departamento, etc. Al no ceder ante sus consejos, empezó a tener lugar una situación tan hostil que la llevó a enfermar. Su estado de salud comenzó a sufrir a mediados de noviembre de 2006 hasta julio de 2008 en que decidió, por recomendación médica, ir a trabajar a una universidad de México durante un año.

Entre el hospital y la Universidad

Los dos primeros años los pasó entre el hospital y la Universidad, dándole los médicos bajas laborales por los síntomas que presentaba y solicitando altas voluntarias para desarrollar su labor profesional. Le dijeron que con su testimonio solo no era suficiente, que no prosperaría una denuncia contra él y tendría aún más repercusiones negativas para ella. Esto ocurrió en junio de 2010, y desde entonces entró en un estado de ansiedad que fue aumentando y se agravó al comienzo del curso 2010/2011 ante nuevas situaciones provocadas en el Departamento y en octubre el médico le dio la baja laboral por un cuadro depresivo-ansioso.

Dice la sentencia que, como consecuencia de los episodios de abuso sexual sufridos, L. “vino sufriendo diversos problemas de salud comenzando por malestar, pesadillas,

sudoraciones nocturnas y un cuadro de fiebre vespertina. Tras una baja de corta

duración su estado con el desarrollo de los hechos fue empeorando apareciendo otros síntomas como pérdida de peso o vómitos causando nuevamente baja por enfermedad teniendo que someterse a numerosas pruebas médicas incluso para descartar enfermedades de origen infeccioso llegando a ser tratada de una posible tuberculosis. Del mismo modo sufre un trastorno adaptativo ansioso depresivo grave para el que necesita de terapia psicológica de larga duración“.

En el caso de R., accedió a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla como profesora en octubre de 2005, procedente de la Universidad de Granada. Comentarios sobre su falta de rendimiento tras ganar la plaza de profesora asociada le provocaron ansiedad y dolores musculares, según el relato hecho público en 2011 cuando trascendió la denuncia y donde expus los episodios ahora condenados.

“Ante mi cada vez más evidente negativa a ceder a sus coacciones y amenazas y a su deseo de aparecer en las publicaciones científicas fruto de mi esfuerzo, he venido sufriendo un acoso laboral innegable”. Al margen de ello, fue derivada a un centro de salud mental del SAS en abril de 2010, donde fue diagnosticada de trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos reactivos a conflictos laborales y cuya evolución no fue favorable hasta marzo de 2011.

La imposibilidad de desarollo profesional

“Otra de las consecuencias, menos prioritaria pero igualmente grave, es la situación de imposibilidad de desarollo profesional al estar de baja laboral y no poder disfrutar del derecho de trabajar en un espacio libre de acoso, debido a que la Universidad de Sevilla defiende firmemente la presunción de inocencia del denunciado pero desoye y ningunea la presunción de víctimas de las denunciantes”, relataba esta docente en 2011.

Por su parte, E. se incorporó en octubre de 2008 como profesora sustituta con contrato excepcional en la Facultad de Ciencias de la Educación para posteriormente obtener la citada beca de investigación. Romero “desde mi llegada al centro como profesora abusó de su supuesto poder y posición, jugando con mi inestabilidad laboral y mi ilusión profesional y vocacional, la de ser educadora”, decía en 2011 como “otra víctima más” a colación de la denuncia que trascendió.

El “silencio” ante la situación vivida por esta investigadora se convirtió en “enojo” e “inquietud” en el catedrático cuando se le concedió la beca PIF antes de que expirase su contratación temporal en septiembre de 2010. Romero no firmó el positivo informe del director del proyecto. En su relato explica la situación y concluía que “mis dos compañeras y yo estamos padeciendo algo que no sólo ha afectado al desarrollo de nuestra profesión sino también a nuestra salud a y a nuestras vidas. A mi me hubiera gustado ahorrarme este sufrimiento (la depresión, la ansiedad, el tratamiento, las pesadillas, la fiebre, los interrogatorios, el agotamiento, el sufrimiento de mis familiares) no tener que haber pasado nunca por esto, pero ahora lo que veo es que solo dando a conocer estos hechos puedo evitar ese daño a otras personas”.

“Y vencimos”. Así reza el mensaje de bienvenida en el whastapp de una de las tres víctimas del catedrático Santiago Romero, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Ella y sus dos compañeras han vencido a Romero, que acaba de ser condenado, en primera instancia, a siete años de cárcel y una indemnización de 110.000 euros. Ha elegido, para esta entrevista, el nombre de Ana, abrumada, como sus otras dos compañeras, por el eco que ha tenido esta sentencia histórica por tres delitos continuados de abuso sexual.

¿Temía que no se fallara a su favor?

Cabía esa posibilidad y siempre hemos tenido ese miedo, tanto durante los cinco años que ha durado el juicio, como durante los últimos meses de espera de la sentencia. En mi caso, mientras el tiempo pasaba, más miedo tenía. Cuando ha llegado la sentencia condenatoria, me he quedado contenta, porque lo que quería era que el juez nos diera la razón y lo condenara. Cuando he visto que era una condena tan contundente, me he quedado muy, muy, muy contenta.

¿Van a recurrir la sentencia?

Sí, hay varios motivos para hacerlo y ya estamos preparando el recurso. Esto se alargará un tiempo más, pero esta sentencia ya es una victoria para nosotras.

¿Entiende la sociedad la gravedad del delito cometido y de las lesiones que han sufrido?

Creo que hasta que no sufres una situación de este tipo no eres consciente de lo que es el acoso, ni de las repercusiones psicológicas e incluso físicas durante el tiempo que estás expuesta a ese ambiente tóxico. Hemos sufrido un doble proceso de victimización, cuando la Universidad no nos ha atendido. No son sólo daños psicológicos, sino somatizaciones de enfermedades: nervios, desconfianza, angustia, ansiedad, tristeza... te sientes defraudada por muchas personas, te sientes sola, te sientes juzgada públicamente por el entorno próximo y la sociedad.

¿Siente que no han recibido todo el apoyo que necesitaban?

No recibimos ningún apoyo por parte de la universidad. Recibimos apoyo por parte de profesores y profesoras que han estado cuidando de nuestros intereses. Durante  la primera etapa de este proceso tan largo, cuando el rector era Joaquín Luque, ese señor ni siquiera nos atendió, a pesar de que se lo solicitamos en varias ocasiones. Tampoco emprendió ningún tipo de acción para protegernos. Estuvimos de baja los primeros meses y la solución que nos dieron fue darnos licencias de estudio, es decir, sacarnos a nosotras de la universidad, en vez de sacar al denunciado. Cualquiera que trabaje en la universidad sabe que eso no es una solución simétrica.

Cuando dice solución simétrica, entiendo que ha escuchado las palabras del rector.

Sí...

¿Y qué le parecen?

Pienso que necesita tiempo para replantearse la situación y llevar a cabo acciones que sean positivas para nosotras y que de alguna manera reparen el daño que se nos ha hecho.

¿Diría que desde que el rector Luque no os atendió hasta la rueda de prensa del rector Castro, pasando por el impulso al protocolo del rector Arellano, ha habido una evolución en la universidad a la hora de afrontar el acoso?

Hemos sobrevivido a tres rectores. El primero no nos prestó ninguna atención. El segundo fue el único que ha hecho algo por nosotras, ya que facilitó y puso en nuestra mano todo lo que se le ocurrió y estuvo capacitado para hacer y gracias a eso, hemos recibido alguna atención en seis años. Al rector Castro no lo conozco. 

¿Cree que el término simetría es justo?

No, para nada, no parece para nada simétrico el trato que hemos tenido en relación al que ha tenido el delincuente. No, no, no... El catedrático ha estado todo el tiempo trabajando, ha estado todo el tiempo en su centro, ha dirigido tesis, ha dirigido proyectos de investigación, ha seguido con su vida académica normal, a excepción de que sólo tenía a su disposición el centro el 50% del tiempo de apertura, porque el otro 50% lo tenía yo. Su despacho lo ha mantenido donde lo tenía habitualmente y se ha movido como ha querido y cuando ha querido.

¿Y ustedes?

Nosotras, no. Nosotras hemos estado fuera, hemos estado sin contrato en el caso de una, la otra ha estado con daños psicológicos que le han impedido volver al centro, mientras que yo he estado disfrutando de un centro al 50%, como si la que hubiera delinquido hubiera sido yo. No tenía el despacho en el mismo sitio que mis compañeros, porque no me quería acercar a la zona del departamento, por miedo a encontrármelo a él o a los profesores que los apoyan. Mis redes sociales están completamente rotas en la facultad. Vivo en unas condiciones que no son normales y que, desde luego, no son simétricas.

¿Considera que se le ha protegido más a él que a ustedes?

La condición de funcionario ha hecho que su situación fuera mucho más privilegiada que la nuestra. 

Recogidas de firmas de apoyo al condenado en la Facultad de Ciencias de la Educación, acusaciones, por parte de los sindicatos, de falta de apoyo a las víctimas... ¿Les ha apoyado su propia facultad?

El decano de la Facultad de Educación no se ha puesto en contacto conmigo ni con mis compañeras en ningún momento. En ningún momento. Ni el decano, ni ningún miembro del equipo decanal, ni el director de mi departamento se han puesto en contacto conmigo ni con mis compañeras.

¿Qué ha terminado siendo peor: el acoso del condenado o la aquiescencia con la que contaba en el entorno?

El amparo del resto. Eso te lo digo a título personal. Sin ese amparo de los arribistas que ha tenido siempre alrededor, él no habría tenido valor de hacer todo lo que ha hecho. Una persona sola no puede hacer eso sin un apoyo en el que sustentarse. Él no firmaba nada, él ordenaba firmar. Él no acusaba, ordenaba acusar. El hecho de que estas personas hayan trabajado para él ha sido mucho peor, ya que han ido al juicio a defenderlo.

Es sorprendente que, de diez profesores que acudieron al juicio, ocho testificaran a su favor...

Es lo más doloroso... que de 42 personas que somos en el departamento, sólo dos han venido a apoyarnos a nosotras en el juicio.

No llega al 5%...

Es bastante poco.

Más allá de motivos espurios o el arribismo: ¿Nos falta educación para denunciar el acoso?

Es una falta de educación en valores, como ocurre en el resto de la sociedad. El departamento es un microlaboratorio social y lo que se ve es la falta completa de valores: es increíble que estén condenando lo ocurrido las mismas personas que han ido al juicio a defenderlo. Es una incoherencia que no me entra en la cabeza.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha iniciado este miércoles el proceso de revocación de la Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo concedida a Santiago Romero en junio de 2010, según han indicado a eldiario.es Andalucía fuentes del CSD, apenas un día después de conocerse la sentencia que condena a siete años de cárcel al también catedrático y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla por tres delitos continuados de abusos sexuales sobre tres profesoras.

La condecoración le llegó a Romero Granados apenas unos días después de encargarse de la dirección de Departamento de Ciencias de la Educación Física y El Deporte y coordinar un grupo de investigación llamado 'Educación Física, Salud y Deporte'. A nivel deportivo, Santiago Romero fue seleccionador nacional y andaluz de voleibol femenino, habiendo participado en Campeonatos del Mundo y Europa de esa modalidad deportiva y otros torneos de reconocido prestigio internacional, como la Spring Cup (Inglaterra), según se informó en aquel momento.

Como entrenador de clubes ha dirigido a numerosos, entre los que se encuentran Calasancio, Club Pineda, Academia Preuniversitaria, Compañía de María y Universidad de Sevilla, y entre sus resultados más destacados están el Campeonato de España de División de Honor de voley femenino, la Copa de S.M. La Reina y la participación en la Recopa Europa, todo ello con el Academia Preuniversitaria.

En el mediodía de este miércoles precisamente se lanzaba en la plataforma change.org una petición en este sentido pidiendo al presidente del CSD, el recién elegido José Ramón Lete, la retirada de la distinción deportiva.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha hecho “autocrítica” tras la sentencia contra el catedrático Santiago Romero por abusos sexuales pero ha defendido que “la primera medida” de la institución ha sido la de suspenderle de toda actividad académica, el mismo día que trascendió el fallo condenatorio, una vez que se ha reabierto el expediente disciplinario que fue bloqueado durante el proceso judicial.

“Nadie puede paliar el daño sufrido por nuestras compañeras. Hemos dado un ejemplo lastimoso”, ha dicho. Castro ha defendido que “los elementos objetivos” con lo que cuenta “parecen expresar” que la Universidad ha dispensado un tratamiento simétrico hacia denunciado y denunciantes durante estos seis años, desde la denuncia (enero 2011) hasta la condena (enero 2017).

En una multitudinaria rueda de prensa en el Rectorado de la Hispalense, se ha disculpado “ante las víctimas y ante la sociedad” y ha mostrado su “máxima condena y repulsa y condena” ante la situación vivida por las profesoras, lamentando los hechos y mostrando su “solidaridad” con las víctimas, ofreciéndoles “todos los apoyos que puedan necesitar” por parte de la institución académica “para que continúen con su actividad docente e investigadora”. “Toda la Universidad se empobrece cuando uno de los nuestros” ha actuado de esa manera. “Algo no se ha hecho bien”.

“La Justicia en ningún momento puso ninguna medida cautelar”

Castro ha hecho un relato de los hechos relacionados con este caso, haciendo hincapié en que fue la Universidad la primera en poner la denuncia en conocimiento de la Justicia el 18 de enero de 2011. Antes, el 3 de noviembre de 2010, se había abierto un proceso de información reservada al respecto. “Es la Universidad de Sevilla la que denuncia”, ha insistido el rector. Fue entonces, cuando el juzgado empezó la investigación, cuando se paralizó el expediente abierto “porque así lo dice la norma”. “Han pasado seis años desde entonces, un tiempo demasiado largo que deseo lamentar. Llevábamos esprando largo tiempo”, ha remarcado, advirtiendo que “la Justicia en ningún momento puso ninguna medida cautelar”.

En cualquier caso, el rector ha dicho que se puso “toda la maquinaria” de prevención para facilitar a las denunciantes el “alejamiento” para el curso siguiente (2011-2012), ofreciéndoles “apoyo psicológico” y proponiendo estancias académicas en diversos puntos geográficos. Castro ha insistido en la “lastimosa lentitud judicial” y, viendo entonces que “el horizonte no era corto”, la Universidad dispuso planes preventivos que son revisados anualmente y diviendo el departamento en dos, entre otras cuestiones. En esa línea ha recordado la aprobación en 2013 del Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, el plan de igualdad y actividades formativas de prevención. Ha apuntado sobre el protocolo que, desde entonces, la Hispalense lo ha activado en cuatro ocasiones (dos casos de presuntos abusos y otros dos de presunto acoso).

“Seguramente pudimos hacerlo mejor”

El expediente reabierto sobre Romero Granados, que pese a la suspensión de todas las funciones académicas sigue percibiendo mientras tanto el 75% de las retribuciones básicas, concluirá “con la máxima diligencia”. “Seguramente pudimos hacerlo mejor”, ha dicho, pero, acerca de tomar algún tipo de medida cautelar con el proceso judicial abierto, “los jueces no lo hicieron en seis años; ellos son los expertos en leyes”.

Sobre el tratamiento de la Universidad hacia denunciado y denunciantes durante estos seis años de proceso judicial, el rector ha dicho que “tuvieron las mismas posibilidades”. “Ellas nunca han perdido la condición de docentes” aunque, teniendo en cuenta “la carga de subjetividad de cómo se sienten, la sensación debe ser horrorosamente desigual”. El rector ha asegurado que quiere recibirlas y no ha sabido concretar por qué su predecesor no las atendió. “No sé si las recibió o no”, ha dicho, pero ha insistido en que se adoptaron decisiones para que no tuvieran contacto físico con el denunciado.

Castro no ha entrado en detalles legales de la sentencia (“yo no soy jurista”) y ha dicho que los servicios jurídicos estudiarán si se recurrirá la responsabilidad subsidiaria a la que se ha sido condenada la Universidad. “No pienso en eso ahora mismo”, ha respondido, aludiendo a que su orden de prioridades está siendo la suspensión del catedrático, las explicaciones ante la opinión pública, la atención a las víctimas y hacer “un análisis de todos los extremos contenidos en la sentencia” de cara a una posible asunción de responsabilidades entre profesores o personas que pudieron haber silenciado los hechos, aludiendo a una “investigación interna”.

“No diría que hay un antes y un después” con la sentencia ya que actualmente “hay más posibilidades de denuncia y más sensibilización”. Acerca de otras consecuencias del fallo, el rector espera que los previsibles recursos judiciales “no afecte” a su decisión de reabrir el expediente disciplinario y la suspensión del catedrático.

Un catedrático de la Universidad de Sevilla ha sido condenado por abusar sexualmente de dos profesoras y una becaria de su departamento. Para la mayoría de la gente era un buen hombre, un buen profesor, un buen compañero, un buen decano, un buen vecino… es decir, un hombre revestido de normalidad para poder seguir siendo un buen hombre y llevar a cabo todo lo que los hombres buenos hacen hasta ser descubiertos, y pasar, entonces, a ser “hombres malos”, como afirma el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Salas; o sea, se convierten en “hombres malos por imperativo legal”.

Todo ello, por supuesto, sin que el machismo tenga nada que ver en la motivación de sus conductas ni en la invisibilidad que se genera alrededor de unos hechos que se caracterizan por su prolongación en el tiempo, ante la mirada ciega de las personas que hay alrededor que, curiosamente, nunca ven nada. ¿Por qué resulta invisible abusar de una profesora o alumna en un despacho, y no lo es vender droga en esa misma habitación?

Lo que indica la sentencia que condena al catedrático por abusos sexuales y lesiones es que la violencia se mantuvo durante años, y lo que dicen los testimonios es que los hechos no se limitaron a estas tres profesoras que denunciaron. Sin embargo, el equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de aquellos años, en lugar de investigar los hechos que pusieron en su conocimiento y de proteger a sus profesoras, prefirió dar credibilidad al profesor buen hombre y dejó que continuara en las mismas aulas y despachos donde llevaba a cabo el acoso y los abusos, pues ya se sabe que las mujeres “no son buenas” y que tienen la lengua fácil a la hora de denunciar a los hombres, bien sean sus parejas o sus profesores.

Lo terrible es que no hablamos de casos aislados. Uno de los trabajos más reconocidos, “An examination of sexual violence against college women” (Gross et al, 2006) recoge que el 22% de las mujeres que pasan por la universidad sufren acoso sexual en algún momento de su vida universitaria, y el estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) (2014), indica que el 55% de las mujeres de la UE ha sufrido acoso sexual, porcentaje que en España es del 50%. Este informe muestra también que las mujeres con estudios universitarios sufren más acoso, concretamente un 69% en la UE y un 62% de las españolas, situación que refleja que el paso por la universidad se traduce en acoso sexual para muchas estudiantes.

Sin embargo, a pesar de la dimensión del problema, de la prolongación en el tiempo, de la repetición de cada una de las conductas de acoso, y de las importantes consecuencias que tiene para las mujeres que lo sufren, el número de denuncias es mínimo, hasta el punto que la Memoria de la FGE de 2016 recoge que en 2015 sólo se denunciaron 72 casos de acoso sexual.

La universidad también es machista y violenta

La universidad no es diferente al resto de la sociedad de la que forma parte, y si la sociedad es machista y violenta contra las mujeres, la universidad es machista y violenta contra las mujeres. Pero la universidad sí cuenta con una serie de circunstancias alrededor de muchas de las relaciones que se establecen dentro de ella que agravan la situación, especialmente la jerarquización y dependencia profesional y académica, circunstancias que unidas a la normalidad con la que se establecen esas relaciones, facilitan la vulnerabilidad y actúan como factores de riesgo para que el acoso se produzca.

Hoy muchas alumnas de nuestras universidades están siendo acosadas como parte de la violencia de género que existe en la sociedad, y lo están siendo por hombres buenos, por reconocidos profesores, por grandes científicos, al amparo del silencio y la invisibilidad de las personas que hay a su alrededor, y que prefieren pensar mal de una mujer y bien de un hombre antes que enfrentarse a la realidad.

La universidad, como vemos, no es distinta al resto de la sociedad pero sí puede marcar diferencias a la hora de abordar el problema existente, tanto en la prevención de este tipo de conductas dentro del propio contexto universitario, como en la incorporación de conocimiento y conciencia crítica en quienes en un futuro no muy lejano tendrán que enfrentarse como profesionales a los resultados de estas conductas y a su erradicación. No tiene sentido que, por ejemplo, en Medicina y en Psicología se enseñe al alumnado a tratar las consecuencias del acoso sobre la salud, y que no se esté trabajando al mismo tiempo para evitar que sufran acoso y para que incorporen la Igualdad a sus valores para luego aplicar el conocimiento. Por eso resulta trascendente contar con instrumentos para conseguir incorporar la Igualdad a la universidad.

La “ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres” (2007) creo las Unidades de Igualdad en todas las universidades españolas para promocionar la Igualdad y para actuar contra las manifestaciones de la desigualdad, entre ellas la violencia de género. Todas las universidades cuentan con un protocolo de actuación frente al acoso para responder ante las denuncias, pero no es suficiente.

Abordar la realidad del acoso requiere algo más que un procedimiento de respuesta ante los casos denunciados, pues, por un lado, las denuncias sólo representan el 1-2% del total de casos, y por otro, porque la correcta solución de estos casos no tiene apenas impacto sobre las causas que los originan, lo cual lleva a que las agresiones sigan produciéndose desde la impunidad que supone que el 98-99% de los casos no se denuncien, y que de los denunciados no todos terminen en sanción.

La respuesta integral ante el acoso exige trabajar la prevención, la detección, la atención y protección, además de la respuesta ante las denuncias, y exige hacerlo sin dudar de la palabra de las mujeres y sí cuestionar la normalidad impuesta que se traduce en impunidad para los agresores, que ya no sólo recurren al peso de su palabra como hombres, sino que, además, tiran de reconocimiento y de prestigio para demostrar lo “buenos” que son.

El abuso se produce porque hay acoso previo, y el acoso se lleva a cabo como parte del machismo que también llega hasta las aulas. Erradicar el machismo es la forma de prevenir la violencia de género y de convivir en paz con Igualdad.

Una década ha pasado, desde que lo sufrieron por primera vez, para que tres profesoras de la Universidad de Sevilla (US) hayan conseguido que el catedrático Santiago Romero Granados sea condenado por abusos sexuales a siete años de prisión. Este caso, que ha puesto al descubierto una realidad oculta en la US, que este martes ha decidido la suspensión del docente, ha sido el de la lucha de David contra Goliat: tres mujeres a las que pocos creyeron contra un profesional de reconocido prestigio y rodeado de amigos y hasta familiares en la institución.

En este sentido, la primera denuncia contra él no se presentó hasta 2011, pese que los abusos sexuales que ha considerado probados el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla se produjeron entre 2006 y 2010. Sin embargo, las propias víctimas han reconocido que se sentían incapaces de hacerlo por miedo y por las secuelas que sufrían. De hecho, sólo una de ellas está trabajando en el mismo sitio actualmente. La situación de dominación por parte del condenado, que a todos los efectos era su jefe, había dejado sin capacidad de reacción a tres mujeres sobradamente preparadas, una de las cuales había sido incluso la persona con el mejor expediente académico de su promoción.

Pero cuando todo empezó, según recoge la sentencia, eran una profesora con la plaza recién ganada; otra, con categoría de ayudante; y la tercera, sustituta con contrato excepcional. Y se enfrentaban a quien se convirtió en el primer catedrático de Educación Física del país, a quien entre 1997 y 2009 fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, además de miembro del claustro y el consejo de gobierno de la US, y al que incluso vieron cómo en 2010 el Consejo Superior de Deportes le imponía la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Era el reconocimiento a una trayectoria profesional en la que además de en la docencia ha destacado como entrenador y seleccionador nacional y regional de voleibol en su modalidad femenina.

Pocos las respaldaron: sólo dos profesores, que ya habían dejado la US, secundaron el relato de las víctimas, mientras que 10 respaldaron al catedrático. Todo ello en un caso que no llegó a los tribunales hasta 2011, después de que en 2010 las víctimas fueran al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que les ofreció apoyo jurídico y psicológico y las animó a dirigirse a los servicios del rectorado. La US le abrió al catedrático un expediente disciplinario, pero lo cerró porque decidió elevar el caso a los juzgados por su “gravedad”, y sin que en un primer momento tomara medidas cautelares como pedían las víctimas.

La entonces consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reclamó que el rector, que era Joaquín Luque, tuviera en cuenta la petición de las mujeres, recordándole en un escrito que la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género obliga a las administraciones públicas a “tratar y prevenir” las conductas objeto de denuncia para que “exista un entorno laboral libre de acoso sexual o por razón de sexo” y “sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive”. Tras ello, se adoptaron algunas medidas cautelares que permitieron evitar que las víctimas tuvieran que encontrarse con el denunciado en las instalaciones donde seguía dando clases y en sus puestos de responsabilidad sin problemas.

Lo cierto es que para la US era un escándalo de tal magnitud que muchos miraron para otro lado, pero la presión siguió creciendo, con la convocatoria de dos protestas del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) incluida. Finalmente Santiago Romero Granados fue obligado a dimitir de todos su cargos como responsable de su departamento y miembro de la junta de facultad, el claustro y el consejo de gobierno de la US, aunque siguió dando clases.

Sin que los tribunales se hubieran pronunciado todavía, la situación había originado tanta polémica que en 2012, cuando Antonio Ramírez de Arellano, ahora consejero de Economía y Conocimiento, tomó posesión como rector decidió trabajar en el tema. Por ello, en 2013 se aprobó el Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, siendo de las pocas universidades públicas del país que cuenta con uno.

Hasta dónde podía llegar la US

Este protocolo, que fue aprobado casi dos años después de que Santiago Romero Granados fuera denunciado, no recoge expresamente las palabras ni suspensión ni expulsión en su redacción. Sí prevé que “para garantizar la protección” de los afectados “por conductas que pudieran ser constitutivas” de este tipo de acoso, “se podrán proponer con carácter preventivo y debidamente motivadas cuantas medidas cautelares se estimen adecuadas dirigidas a la seguridad de las víctimas así como su revisión, con el fin de evitarles mayores perjuicios”.

Entre estas medidas cautelares que cita, incluye la movilidad de los implicados tanto de centro como de grupo o turno de trabajo, “y tendrá la preferencia de elección la presunta víctima”. Eso sí se aplicó en el caso de las denunciantes, y hasta el departamento que compartían con el denunciado se dividió en dos para que no coincidieran.

No ha sido hasta este martes, seis años después de la denuncia y cuando se ha conocido la condena, que la US ha decidido la suspensión, que no expulsión, del docente, que ya no podrá dar clases ni pisar siquiera las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde la institución insisten en que han actuado como corresponde y cuando todavía la sentencia ni siquiera es firme. El propio rector, Miguel Ángel Castro, que este martes tenía reunión del claustro, ha aprovechado para leer un comunicado ante el mismo tras la “alarma” generada y anunciaba la reapertura del expediente disciplinario que horas después concluía con esta decisión.

En todo este tiempo, la carrera y la salud de las víctimas se ha visto afectada por un caso que ha permanecido abierto con hasta tres rectores en la US. La propia sentencia reconoce la “dilación indebida” en la instrucción, que se suma como “atenuante” para el condenado.

El Jugado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a casi siete años de cárcel por tres delitos continuados de abuso sexual a Santiago Romero, de 67 años y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla entre 1997 y 2009. La sentencia condenatoria detalla cómo el catedrático amenazaba con perjudicar las carreras docentes de las tres profesoras si no seguían sus mandatos, algo que le servía para forzar su silencio.

“Todas las perjudicadas coinciden en que el acusado no perdía ocasión de poner de manifiesto la importancia de estar a buenas con él (para lo cual realizaba exigencias que no solicitudes, que ya se han expresado y que superaban con mucho lo razonable y previsible por la situación de cada una de las perjudicadas) y las posibles consecuencias de no hacerlo, consecuencias que no se limitaban (lo cual es ya de por sí suficientemente importante) a su concreta situación en la Universidad de Sevilla sino incluso en otros centros educativos de la geografía española”, relata el fallo.

El juez insiste en que “por eso se considera lógico que las víctimas, intentando mantener vivas sus expectativas profesionales, hicieran de tripas corazón e intentasen mantener hacia el acusado, al menos en público, una postura respetuosa, como el resto de profesores, sin perjuicio de que en lo que a su relación personal concreta intentaran evitar las situaciones de riesgo”.

“No puede obviarse la situación de superioridad a la que se viene haciendo referencia en relación a personas cuya mayor ilusión es la de desarrollar su carrera académica en la Universidad de Sevilla hecho este que, incuestionablemente, hace que las perjudicadas soporten sin denunciar situaciones que posiblemente en cualquier otro ámbito de sus vidas no hubieran aguantado ni un solo instante”, prosigue la sentencia.

Los abusos sexuales tuvieron consecuencias en las carreras profesionales de las víctimas. Una de ellas tenía “un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia” pero “ha terminado abandonando la misma por completo e incluso se ha marchado del país”, asegura el fallo. Otra estuvo de baja de forma prolongada a causa de problemas físicos y psicológicos derivados de los abusos de los que no se ha recuperado por completo.

El catedrático dejaba claro “que él era quien mandaba”

La sentencia considera “plenamente creíble” el relato de las profesoras y apunta que el hecho de que Romero fuera el primer catedrático de Educación Física de España “no puede ser un dato irrelevante”. Entre los hechos probados la sentencia dice que, “al menos desde el año 2006, y en relación siquiera a las denunciantes, el acusado vino realizando ostentación de su poder académico desde un primer momento, dejando claro a las mismas que él era quien mandaba en el Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación”.

Las tres dependían del catedrático. Una de ellas accedió por concurso a una plaza de profesora ayudante del Departamento de Educación Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en el mes de noviembre de 2006, otra accedió a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla como profesora en el año 2005 y la tercera se incorporó como profesora sustituta con contrato excepcional en la misma Facultad que las anteriores para posteriormente obtener una beca de investigación en el plan propio de la Universidad de Sevilla.

También insistía Romero en que “fuese o no el director del departamento y formase o no parte de las comisiones, era él quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación, contratación... de modo que habían de seguirse sus indicaciones tales como la de nombrarle director de las tesis doctorales, hacer constar su participación en las publicaciones que cada profesora realizara o participar en las votaciones internas del Consejo de Departamento o de las diferentes comisiones conforme a sus deseos, criterios u opiniones, viniendo a transmitir que aquellos que no accedían a sus pretensiones podían tener problemas para mantener sus plazas”.

“Del mismo modo, y contando para ello con la cooperación de otros miembros del personal docente y PAS de la Facultad, el acusado señalaba a las personas que consideraba que no se comportaban conforme a lo que él entendía correcto de manera que quedaban desde el punto de vista docente, aisladas del resto de las personas próximas al acusado”, recoge el fallo.

“Cuando la violación de la norma se realiza por aquel responsable de protegerla o siquiera de velar por los mecanismos a su alcance para que se respete, la conducta reviste una mayor gravedad. Del mismo modo, se considera que procede un reproche superior al mínimo legal en atención a la conducta posterior a los hechos por cuanto el acusado, lejos de sentir alguna clase de arrepentimiento, remordimiento o desazón por la conducta mantenida, cuando de algún modo asume que las denunciantes ni van a aceptar sus requerimientos sexuales ni se someten a sus dictados en el ámbito docente, opta por emplear la descalificación e incluso la represalia como mecanismo para intentar quitarse de en medio a las mismas, lo que incluso parcialmente consigue (a este respecto el hecho de que las Sras. xxx y xxx hayan tenido que leer sus tesis doctorales fuera del ámbito de la Universidad de Sevilla o que el hecho ya repetido del abandono del mundo docente por xxx”.

Las 'niñas de Santiago'

La prueba fundamental de los hechos, indica el fallo, viene dada por el testimonio de las propias víctimas, “suficiente por si solo para enervar el principio de presunción de inocencia”.

Una de las víctimas aseguró en el juicio –celebrado los días 16, 17, 18 y 28 de marzo y 4 de abril de 2016– que Romero siempre estaba tocando y agarrando, y que desde que ella era alumna se hablaba de las 'niñas de Santiago'.

Esta denominación fue utilizada también por otra profesora del departamento que acudió como testigo pero el ahora condenado tachó de falso que él manifestase “que los profesores de educación física fuesen personas más liberales y más modernas, que se conociera a las profesoras de su departamento como las 'niñas de Santiago', que a quienes le pusieran reparos al modo de saludar que tenía las llamase ”tontas“, ”antisociales“ o ”mojigatas“, así como haber dicho que pudiera realizar actos ilegales y arreglarlas posteriormente”.

La testigo dijo que Romero empleaba un lenguaje que califica como denigrante diciendo de las mujeres cosas tales como que tenían unas “buenas tetas” o un “buen culo”. Las víctimas relataron varios episodios, recogidos íntegramente en la sentencia, donde se aprecia el carácter “libidinoso” de los mismo, como considera probado el fallo.

Señala también el juez que “una buena parte de las testificales se considera que no ofrecen una información especialmente relevante en cuanto a lo que hacen es realizar una descripción del buen comportamiento del acusado con respecto a otras personas o al buen nombre del mismo al exponer que nunca han tenido conocimiento de que nadie haya atribuido al Sr. Romero Granados conductas como las que resultan objeto de esta causa”, refieriéndose “en términos más que elogiosos del acusado” y que “describen el funcionamiento del departamento de un modo cuasi idílico”. Pero “justamente son los que reconocen los problemas quienes resultan creíbles mientras no lo son aquellos que los niegan”.

La denuncia para el enjuiciamiento del caso se interpuso en enero de 2011. La Fiscalía pidió tres años de prisión por cada uno de los delitos continuados de abuso sexual, mientras que las acusaciones pidieron siete años, por un lado, y cuatro años y medio por parte de las otras dos. La defensa del acusado solicitó su libre absolución y, subsidiariamente, la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, que finalmente ha sido considerada como ordinaria. También pidió la condena de las partes acusadoras al pago de las costas “por la manifiesta temeridad y mala fe de las mismas”.

La Universidad de Sevilla (US) ha decidido este martes suspender de toda actividad académica al catedrático Santiago Romero Granados con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación donde ejerce, tras haber sido condenado a siete años de prisión por abusos sexuales a tres profesoras.

Una vez que la US ha recibido en el transcurso de la mañana de este martes la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 y tras estudiarla, ha reabierto el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, “paralizado como consecuencia de la instrucción” en los juzgados, según han explicado desde la institución.

La US, que ha recordado que fue la que presentó dicha denuncia en los tribunales, no ha tomado esta decisión hasta seis años después de conocer los hechos y cuando el profesor ha sido condenado. La reapertura del procedimiento sancionador se acompaña tanto de “la suspensión cautelar de toda actividad universitaria como de la prohibición de entrar en el edificio”, según reza la resolución.

Durante la mañana, la US había elevado una reclamación para que el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla le remitiera con “urgencia” la sentencia con el fin de tomar las medidas, dado que el docente continuaba trabajando en la institución. En este sentido, desde la US mostraban su “estupor” tras conocer la noticia por la prensa. La institución exigía que le fuera notificado el fallo “con inmediatez” dada “la alarma social que ha provocado tras ser difundida por los medios de comunicación antes de que la US, aun siendo parte implicada, la haya recibido”.

Cabe recordar que el juzgado, que le impone también una indemnización de más de 100.000 euros a las víctimas, ha declarado responsable civil subsidiaria a la US porque los hechos tuvieron lugar en sus instalaciones.