Desde hace tiempo, en Catalunya, en España y en otros países, los medios muestran odio hacia el jabalí. En el contexto de los brotes de peste porcina africana en el parque de Collserola, este odio se ha intensificado aún más. En los últimos meses se han normalizado titulares como: “Hay que matar jabalíes sin complejos”; “Matar jabalíes es la única solución”; “La Generalitat cierra el parque natural de Collserola hasta que elimine sus más de 500 jabalíes”. Como dicen los medios, ya se han gastado 40 millones de euros en cazas de animales y se tratará de seguir eliminándolos.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, anunció: “En Catalunya, hay demasiados jabalíes, hay que matarlos desacomplejadamente porque hoy es un problema para la salud animal”. El razonamiento de responder con el asesinato sistemático de todos los individuos sanos a un problema de “salud animal” resulta un tanto paradójico. ¿Matar a un animal por su salud? ¿A qué se refieren con “salud animal”? Pese a que la enfermedad no se puede transmitir a personas, como bien se enunció desde el principio de los brotes, el exterminio de la población de jabalíes silvestres en Collserola se sigue repitiendo como máxima.

¿Qué hay detrás de tanta matanza? Vemos que el plan de exterminio no tiene por objetivo proteger a la población de un riesgo sanitario, como parece, sino defender los intereses de la industria cárnica. 

No es una amenaza sanitaria, es una amenaza a la industria cárnica

PORCAT, la asociación catalana de productores de cerdo, sostiene abiertamente que siempre ha insistido en el control de la población de jabalís y lo reafirma en su página: “para evitar el contagio y propagación de enfermedades como la peste porcina africana (PPA) entre jabalíes y de estos a las cabañas de cerdos domésticos”. Vemos que Catalunya encabeza la exportación de carne de cerdo en España, concentrando más del 50 % del total nacional. Según un informe de la UE, ha crecido el número de granjas porcinas intensivas (con al menos 2000 cerdos de más de 30 kilos). España, con el mayor número de granjas de este tipo, con diferencia, se ha convertido en líder de explotación porcina industrial en Europa, siendo a la vez, el principal exportador del mundo de cerdo europeo con 2,44 millones de toneladas vendidas en 2022, según datos de la FAO.

La industria porcina de producción masiva se caracteriza por un incumplimiento sistemático de la normativa de la UE sobre bienestar animal, y por producir inconmensurables daños de carácter ambiental, social y ético, que llevan años documentándose. Y es que las granjas intensivas encabezan la lista de sectores causantes de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de agua y recursos naturales. Estas granjas requieren de enormes extensiones de cultivos para alimentar a los animales explotados, lo que convierte la expansión de la agricultura y la ganadería en la primera causa a nivel mundial de pérdida de hábitat y biodiversidad. Sus impactos incluyen contaminación de aguas superficiales y subterráneas por purines y emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, deterioran la calidad de vida de las poblaciones locales, además de favorecer la despoblación rural.

¿No sabemos convivir con las demás especies?

Desde el Cuaternario, la extinción de la megafauna en los distintos continentes —es decir, de aquellas especies de más de 40-45 kilos— ha coincidido con la expansión del ser humano. También fue la persecución y la caza las que llevaron a la desaparición del lobo ibérico en amplias zonas de la península ibérica, cuando éste tenía un importante papel ecológico en la regulación de las poblaciones de otros mamíferos, como el jabalí.

El jabalí es hoy una de las pocas especies de megafauna que han persistido en Europa hasta la actualidad. Ocupa un nicho en el ecosistema, lo que significa que tiene un papel funcional específico dentro del hábitat multiespécie en el que vive. Numerosos estudios científicos destacan su papel fundamental como ingeniero del bosque. Escarbando, airean la tierra y favorecen la germinación de plantas; actúan como barrera forestal, desbrozando el sotobosque; son dispersores de semillas, por sus recorridos de largas distancias; además de ocupar un nicho trófico como omnívoro generalista, controlando poblaciones de pequeños mamíferos, raíces e insectos. Se le considera también “limpiador” por consumir carroña. Este hecho fascinante, que imaginamos debería tener implicaciones decisivas en la toma de decisiones, no parece importar de ninguna manera. La masacre tampoco parece responder al principio de precaución, al que la ciencia lleva tiempo apelando ante la fragilidad de la crisis ecológica y la enorme complejidad de los sistemas vivos, lo que hace que las intervenciones antrópicas puedan acarrear consecuencias imprevisibles.

El círculo vicioso macabro: ante la muerte, se responde con más muerte

En Catalunya la población de cerdos de granja y la población humana van a la par: sobre los 8 millones. Estos animales están, por lo tanto, en la base del sistema capitalista y antropocéntrico en el que vivimos, que prioriza exclusivamente los intereses humanos, mientras que los otros animales, los no humanos, solo adquieren valor por el beneficio que confieren. Sin ver la luz, y con una existencia que olvidamos, el valor de la vida de los cerdos domésticos se ve reducido a unos minutos de ingestión. De la misma forma, el valor de la vida de un jabalí silvestre ya está en negativo: el dinero público se destina a premiar su muerte. “Millones de euros públicos para premiar a los cazadores que matan jabalíes”, anuncia un reciente titular.

La matanza de jabalíes en Collserola nos recuerda al concepto de necropolítica de Achille Mbembe, donde el poder de decidir quién vive y quién muere queda subordinado a intereses económicos. No sólo la normalización de la matanza sistemática en la industria ganadera, en la que los animales ya nacen con una muerte planificada, sino también el exhibicionismo y sensacionalismo alrededor del exterminio de los jabalíes ponen los beneficios económicos por delante de la vida. Esta injusticia evidencia cómo, pese a estar en un contexto de crisis ecológica, las razones ecológicas, y ya ni hablar de las éticas, siguen siendo relegadas a un plano muy secundario. 

El ampliamente reconocido contexto de crisis socio-ecológica en el que nos encontramos exige un cambio en el orden de estas prioridades, además de en los hábitos que las mantienen. Las cuestiones ecológicas y éticas deben ocupar una posición prioritaria. Igualmente, las medidas que se están llevando a cabo normalizan decisiones que son completamente antidemocráticas. ¿Quién tiene voz para decidir sobre la vida de los jabalíes? ¿Quién tiene voz para decidir sobre los “recursos naturales”? Parece que sólo la industria cárnica, protegida por complejos dispositivos institucionales, con quienes trabaja de forma coordinada.

El exterminio de jabalíes que se está llevando a cabo en Collserola no tiene fundamento científico ni, evidentemente, ético. La pregunta es: ¿qué tan avanzada es la inteligencia humana como para responder a situaciones complejas mediante matanza? Es ridículo pensar que siglos de evolución en el conocimiento den como solución la normalización y justificación de una masacre. Cuestionar y movilizarse frente a medidas que se consideran injustas es un derecho legítimo de la ciudadanía. Conseguir un cambio de paradigma basado en el respeto y la convivencia garantizando transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la naturaleza es fundamental.

Un hombre de 72 años ha fallecido este domingo en un accidente con arma de fuego ocurrido durante una cacería en el término municipal de Herguijuela (Cáceres), según ha informado la Guardia Civil, el Centro de Emergencias 112

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10 de la mañana y los servicios sanitarios han atendido al varón en el lugar, si bien ha fallecido posteriormente, activándose el protocolo judicial correspondiente para proceder al levantamiento del cadáver.

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres investigan las causas del suceso. 

El consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, no va a dar los datos de los lobos abatidos este año en la región. La negativa a ofrecer los números de los animales que se han abatido desde que el lobo quedase, el 20 de marzo de este año, fuera del listado español de especies protegidas (LESPRE), la repitió en varias ocasiones el consejero.

“No le voy a contestar”, dijo durante la comisión de Medio Rural y Política Agraria celebrada este miércoles, y durante la que el PP, Foro Asturias y Vox fueron muy críticos con la negativa del consejero a dar los datos. Líndez no desveló cuántos lobos se han sacrificado hasta ahora en Asturias.

Cacerías autorizadas

Lo que sí se sabe es el que el Gobierno de Asturias ha aprobado un plan de control que permite la extracción de hasta 53 ejemplares hasta marzo de 2026, con cupos por zonas y que según Marcos Líndez, “responde a criterios técnicos”. También desgranó el consejero otra cifra, y es que hay 174 cacerías autorizadas hasta el 31 de diciembre. “Nuestras acciones se sustentan en un marco legal sólido”, apuntó Marcos Líndez.

Dice el consejero que “las actuaciones son selectivas y puntuales” y que “serán llevadas a cabo por agentes de las guarderías del medio rural”. En previsión, y según los cálculos del Gobierno, de que estos controles sobre la especie sean “insuficientes”, se ha dado luz verde a que los cazadores puedan también sacrificar lobos. “Se prevé su colaboración”, explicó el consejero.

Los datos en 2026

Marcelino Marcos explicó que los datos de los ejemplares abatidos se darán a conocer una vez termine el plan anual aprobado, en marzo de 2026. El consejero defendió el Plan de Gestión del Lobo como una medida de control necesaria en Asturias y que es garante de la convivencia del cánido con las explotaciones ganaderas.

Luis Venta Cueli (PP) criticó la falta de información por parte del consejero y puso en tela de juicio las actuaciones llevadas a cabo por el Principado en el medio rural.

“Miente”, dice el PP

Según el PP, falta una política real que tenga en cuenta las necesidades del campo asturiano y falta rigor en los controles de los lobos y también transparencia. Cueli también afeó a Marcos Líndez su negativa a dar los datos de las batidas llevadas a cabo. “Creo que ha mentido en la mayoría de las cuestiones”, aseguró el diputado popular en respuesta a la intervención inicial de Marcos Líndez.

El consejero quiso salir al paso asegurando que cuando se concluya el plan se conocerán la cifras de los animales abatidos y defendió la gestión del Gobierno, asegurando que “el lobo ocupa el 83 por ciento del territorio nacional. La especie no está en riesgo”, remató.

De neno, e tamén durante a adolescencia, sabía case sempre o nome e apelidos dos rapaces que me insultaban. Nunca foron xente anónima. Se non os coñecía, non tardaba en identificalos para poder baixar a mirada ao seu paso, camiñar máis amodo ou máis rápido, esquivar o balonazo. Algunha vez, denuncieinos diante do profesorado. Na casa nunca. Dábame vergonza. En ocasións eran eles mesmos —os adultos— os que oían o insulto ou escoitaban a palmada seca sobre a miña caluga estreita. Ás veces facían algo por impedir que se repetise; outras, non.

A impunidade daqueles compañeiros de instituto fíxome entender que o mundo era un lugar inxusto e violento. Durante algún tempo —pouco— crin que o era só para min, máis tarde souben que a violencia agroma en todas as partes, mesmo nas casas e nas vidas daqueles que me insultaban. Non é nunca gratuíta a agresividade, tampouco para quen a exerce. Non hai paz para os malvados. É dicir, non hai paz?

O medo é un idioma universal, anterior á fala. É tamén unha temperatura: a do impacto da ameaza sobre o corpo, sexa física ou verbal. A suor fría, as meixelas quentes, o tremor. O medo sobrevóanos como un anxo ou un morcego, e o problema é que o seu voo se pode adestrar. É por iso que a desconfianza, o escarnio, a violencia institucional e a comunitaria caen sempre do mesmo lado.

En Torre Pacheco, como en tantos outros lugares do mundo —agora mesmo e durante séculos—, o que importa non é o que outros decidan facer, senón a nosa resposta colectiva ante a cacería. Pero abonda con rexeitala a través das redes sociais? É suficiente con difundir os rostros dos implicados? Onde están os corpos que freen esa onda de agresividade? O disturbio ten que ser algo máis ca unha imaxe.

Encantaríame facer neste artigo unha análise demorada sobre o sino dos tempos, sobre as formas que a violencia ten de manifestarse periodicamente, sobre a súa capacidade para se transformar, cambiar de lugar, viaxar ida e volta no tempo e a través do océano, ocultarse aquí e alá baixo distintas formas e reaparecer sempre con contundencia. Pero o certo é que non sabería como. Non teño nin as lecturas, nin a audacia doutros opinadores. O único que podo ofrecer desta vez é a experiencia do meu propio medo, un barullo escuro, unha peluxe que se remexe dentro —todo o encollida que pode— e vive na boca do estómago como se esa fose tamén a porta do Hades.

O que quero dicir, é que cando vexo os rostros do odio en Torre Pacheco podo revivir o asubío da ameaza no oído e a incerteza sobre o propio corpo. Podo recoñecer eses rostros. Non son xente anónima, non é alguén que nacese onte vido do nada. Camiñan cada día ao noso carón.

Aquel que é perseguido, nunca encaixa na hexemonía do tempo e o lugar da persecución, porque o acento non é o acento correcto, o ton de pel o adecuado, a clase a idónea, o xénero o dominante, a historia a do vencedor. E iso distáncianos. Sentimos por un segundo que por moito que nos espante, non seremos nós empurrados fóra. Ou aínda non. Como moito, sentímonos un instante vixiados, sospeitosos de formar parte da diferenza.

O que está a acontecer non é un episodio illado. A violencia nunca o é, por moito que o pareza. Detrás do estoupido sempre hai algo máis. Sempre hai quen observa con pracer o voo do medo e sostén o outro estremo da súa correa. Isto non é só racismo, vai máis alá.

En Torre Pacheco escríbese estes días o relato do poder sobre quen pode habitar un lugar, con que lexitimidade, que lei imparcial rexe e nos protexe. Mentres, dende a casa, dende a vertixe e a seguridade que produce a pantalla dun teléfono móbil, sentimos ese barullo no boca do estómago. Quizais sexa tempo de cuspilo. Poñer o corpo e contestar cun fío partido de voz que sabemos quen son os que foron sementar o medo e coñecemos a estrutura mesma que sostén o seu odio. Dicir: aquí non. Ou, lembrando á Perséfone de Yannis Ritsos á saída do inferno: “que débiles son os fortes! —sempre temen que non os temamos todo o que deberiamos”.

La Justicia condena a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para la actividad cinegética al cazador que mató a una osa durante una cacería de jabalí en la Montaña Palentina en noviembre de 2020. El condenado deberá pagar 17.505,95 euros a la Junta de Castilla y León en concepto de responsabilidad civil según informa la Fundación Oso Pardo a través de un comunicado.

El juez acepta las peticiones de cárcel que formularon Fiscalía y Fundación Oso Pardo y la mitad de la indemnización reclamada por la Fiscalía y Fundación Oso Pardo porque el juez considera que la cacería debió haberse suspendido cuando se tuvo conocimiento de la presencia de la osa con el osezno en esa zona.

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha condenado al cazador como autor material de un delito contra la fauna por provocar la muerte de una osa que estaba acompañada de un osezno. El cazador “ocupaba el mejor puesto de todos, que él eligió y en la zona más alta y con mejor visión” y disparó al ejemplar con su rifle desde unos 40 metros de distancia.

En su momento, el cazador aseguró que fue un disparo “accidental”, pero el juez considera probado que el acusado “dispuso” de “tiempo suficiente” para apreciar el tipo de animal al que disparó. “Conocía suficientemente la especie de oso pardo, dado el lugar en el que se encontraban y la frecuencia en la zona de sus avistamientos, como para detectar que se trataba de un ejemplar de la misma, dadas sus características singulares”, destaca la sentencia.

La Audiencia Provincial de Palencia confirmaba a principios de febrero el archivo de la causa contra dos responsables medioambientales de la Junta de Castilla y León investigados como presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión. Según Ecologistas en Acción, personado en el caso, todas las pruebas y testigos coincidían en que la cacería no debió celebrarse en ese lugar y que los directores del Parque Natural y de la Reserva de Caza de Fuentes Carrionas disponían de información suficiente sobre la presencia de la osa y su cría.

La Fundación Oso Pardo destaca la importancia de las diligencias de investigación de la delegación del Seprona asignada a Barruelo de Santullán. La organización conservacionista reclama en un comunicado que este “terrible” suceso debe suponer “cambios de calado en la actividad cinegética” en zonas oseras e informa a los medios que volverá a enviar a la Junta de Castilla y León sus propuestas de mejora en este ámbito.

Desde el uno de enero, los lobos escandinavos están huyendo de los rifles. Los cazadores suecos tienen permiso para matar 75 ejemplares de una población de unos 400 en lo que es la mayor cacería de lobos de los tiempos modernos en Europa.

Es un capítulo más de la disputa en torno a la protección del lobo como especie amenazada –y su papel crucial en los ecosistemas– que no cesa. Si en España ha causado una rebelión de cuatro comunidades autónomas contra el Gobierno, esta partida de caza en el país escandinavo, que durará un mes, responde a la decisión del parlamento sueco de reducir la población de lobos a la mitad.

En esa pelea, hace apenas un mes, en diciembre pasado, la Convención de Berna de Conservación de la Vida Silvestre tuvo que votar una moción presentada por Suiza para rebajar el estatus protegido de la especie.

“El plan pone en peligro la población de lobos en Suecia”, según el análisis de un grupo de científicos publicado en Science, que califica la acción como “sacrificio drástico”. Al fin y al cabo, supone eliminar alrededor del 18% de esas manadas de una tacada y el 50% como objetivo final.

La endogamia: como si fueran lobos hermanos

El plan sueco contradice el consenso científico que considera que la población de lobos escandinavos en Suecia está en situación delicada por su “aislamiento genético persistente”.

Entre las causas del problema se coloca “la caza –legal e ilegal– que ha impedido su expansión y el influjo de la variación genética”. Es decir, que individuos diferentes refresquen la especie. Que no se crucen con frecuencia parientes lobunos cercanos que generan endogamia.

Si la población de lobos ibéricos se menguó durante el siglo XX hasta casi desaparecer, la de los escandinavos sí se extinguió por la presión humana hacia 1960 y solo existe desde su reinstauración en los años 80 del siglo pasado. Tres lobos reiniciaron la especie, de ahí sus problemas genéticos.

Esto hace que esa población tenga un estado muy delicado: padece esa endogamia detectada a un nivel similar al que produce la descendencia entre hermanos directos. Esto se se traduce en defectos anatómicos muy frecuentes o desórdenes reproductivos en los machos.

A pesar de esto, el Ejecutivo sueco ha respaldado la cacería para cumplir el objetivo de población establecido por el Parlamento aduciendo que ahora hay más conflicto y menos aceptación de la especie.

Así que los cazadores pueden rastrear los bosques helados de Suecia desde la medianoche hasta el atardecer para abatir esos 75 lobos. Uno de los organizadores de estas partidas –también cazador– ha declarado en la prensa sueca: “La caza es absolutamente necesaria para frenar el crecimiento de los lobos. La manada es la más grande que hemos tenido en tiempo modernos”. Son argumentos similares a los esgrimidos por los contrarios a la prohibición de caza general en España.

Todo esto contradice un amplio consenso científico que indica que, lejos de reducirse, la población de lobos escandinavos necesita aumentar y fluir entre los países nórdicos como Noruega y Finlandia para paliar la endogamia que amenaza la especie.

La polémica en España

El conflicto –con los ganaderos– es el argumento utilizado también en España para que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria se hayan opuesto a la calificación del lobo ibérico como especie protegida en todo el territorio llevada a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica.

También en el caso español, esa oposición contradice el dictamen científico que avala la inclusión del Canis lupus en el listado de protección.

Estas comunidades autónomas llevaron la protección a los tribunales. Sin embargo, para poder acceder a los fondos que lleva aparejados, era necesario que esos gobiernos la pusieran en marcha esta nueva estrategia de gestión (con la prohibición de caza incluida).

La presión para poder cazar lobos en Europa es una acción constante. La proposición de Suiza para degradar su nivel de salvaguarda en la Convención de Berna –a pesar de nacer casi denegada– sirvió para que el Europarlamento votara una moción a este respecto.

Ganó el respaldo a la posición suiza (que no es miembro de la Unión Europea), lo que suponía contradecir la postura que la UE iba a defender en la Convención. Finalmente, la propuesta solo obtuvo el respaldo de Suiza, Turquía, Azerbayán y Georgia.

Sin embargo, todas esas maniobras sirvieron para que el lobby cazador en España cargara de nuevo contra la protección del lobo. La Fundación Artemisán aprovechó el movimiento para “pedir al Gobierno que escuche al Parlamento Europeo y rectifique”.  

La Fundación internacional Franz Weber (FFW) ha recogido hasta este jueves más de 77.000 firmas en la plataforma Change.org reclamando el fin de la caza para los menores. Así, esta organización animalista se ha amparado en las estadísticas de la Guardia Civil para demostrar que “al menos” 21 menores de edad sufrieron lesiones o fallecieron en España durante las batidas entre 2007 y 2020, lo que evidencia el “peligro” de la exposición de los más jóvenes en la práctica cinegética.

Precisamente, y a pesar de que un niño de cualquier edad puede acudir como espectador a una cacería y de que la caza juvenil está permitida en todo el Estado, elDiario.es contó en febrero de este mismo año que algunas comunidades como Cantabria, Castilla La Mancha, Andalucía o Madrid habían decidido, además, ofrecer la gratuidad total o mayoritaria del permiso de caza a los menores que tengan más de 14 años. Una apuesta firme de algunos gobiernos autonómicos por mantener el relevo generacional en una práctica en plena decadencia, tal y como lo corroboran los datos que emitió el Ministerio de Transición Ecológica en 2019 y que contemplan los registros desde 2005, donde se apunta a que en 14 años el porcentaje de personas que cazan ha bajado alrededor de un 30%.

Ahora, casi diez meses después de que FFW criticase a Cantabria por unirse a la lista de comunidades en las que hay gratuidad en las licencias de los menores, la fundación ha hecho aún más firme su propuesta reprobando, directamente, que los menores tengan permitido acudir a las cacerías, y lo han hecho a través de esta petición en Change.org que pretende alcanzar las 150.000 firmas.

Además, también han exigido la prohibición amparándose en dos leyes: por una parte, la Ley del Menor de 1996; y, por otro, la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. De esta forma, han cargado directamente contra la normativa actual por exponer a los menores “a riesgos mortales”, y han explicado que, según diversos estudios, existe una vinculación entre la exposición a la violencia durante la niñez y adolescencia y el desarrollo de problemas de salud mental: “La participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas”, han aseverado.

Asimismo, han indicado que la propia Ley del Menor establece que es “un deber” de todo niño y adolescente “respetar a los animales”, algo que, para ellos, difiere de la estrategia de los gobiernos que ponen facilidades para cazar. “Pretenden promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza”, han declarado desde la fundación.

De igual forma, han mencionado también a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE por establecer entre sus objetivos “que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado” algo que para los ecologistas no se sostiene con el fomento de la actividad cinegética.

Sobre ello, los naturalistas consideran que el supuesto “relevo generacional” no debería ir “por encima de la integridad de los chavales”: “Defendemos cambios normativos urgentes para impedir que un solo menor resulte lesionado como consecuencia del interés de padres, hermanos o abuelos”, han aseverado antes de asegurar que es una “irresponsabilidad” permitir que personas que no tienen capacidad de votar o conducir porten armas de fuego. “Las balas 'rebotadas', las distracciones o los accidentes son habituales, con el consiguiente riesgo de muerte”, han añadido.

Cabe recordar que la normativa española permite a los niños de cualquier edad ser espectadores en las cacerías a pesar de que no es hasta que cumplen 14 años cuando pueden participar activamente en las mismas, así como obtener una autorización especial para disparar armas de gran calibre. De igual forma, tal y como indica el Reglamento de Armas, en vigor desde hace casi 30 años, el permiso para portar un arma no llega hasta los 16 años: “El Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por el uso de armas de fuego en menores de 18 años, y si ahí se sitúa la mayoría de edad para otras cosas no entiendo por qué aquí no”, aseveró hace unos meses la representante de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (DEAN), Victoria Cedrún en una entrevista con este periódico.

No obstante, más allá del relevo generacional, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, el regionalista Guillermo Blanco, insistió en su momento en que el motivo “principal” que había llevado al Consejo Regional de la Caza a tomar la determinación de dar la licencia gratis a los mayores de 14 años, era atender a “una vieja reivindicación” como es la seguridad jurídica que se les proporciona a aquellos que pretenden llevar a sus hijos o nietos como acompañantes a las cacerías. Y es que Blanco recordaba que si los menores no están inscritos y, por tanto, no tienen licencia, Seprona puede denunciar a los adultos que le acompañan. Sobre ello, Cedrún alegó que “la seguridad jurídica no implica seguridad en su integridad física”, por lo que esta medida “solo es una manera de legalizar una situación que ya existe”. “Lo único para lo que sirve es para que el seguro les cubra en caso de que ocurra algo, así que me da la sensación de que lo que quieren es escudarse en que si un menor tiene un accidente o lo provoca, ya no tengan que pagar ellos sino el seguro”, sentenció la animalista.

Sin embargo, más allá de que las licencias sean gratuitas o no, desde Franz Weber insisten en que los poderes públicos tienen la “corresponsabilidad”, junto con las familias, de desarrollar “medidas para proteger a las personas menores de edad, y de crear un entorno saludable, que les garantice valores éticos y educativos adecuados en cada una de sus etapas”. Por ello, consideran que dejar que estos puedan cazar o participar en la actividad “es una aberración desde todo punto de vista”.

Un hombre ha muerto este jueves en la localidad sevillana de Estepa tras recibir un disparo en una cacería que se estaba llevando a cabo en una finca de este municipio. El fallecido, procedente de Ronda (Málaga), habría sido alcanzado por un disparo fortuito efectuado accidentalmente por otro cazador al sufrir una caída.

Tal y como ha informado Emergencias 112 Andalucía, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 requirieron unos minutos más tarde del mediodía la presencia de la Guardia Civil tras tener conocimiento del suceso. Fuentes municipales han señalado que el acompañante del fallecido, también de Ronda, habría sufrido una caída al resbalar y accidentalmente habría efectuado un disparo con su arma, alcanzando a su compañero en el cráneo. Tanto la Policía como el 061 confirmaron al 112 el fallecimiento del cazador en una cacería que se desarrollaba en el entorno de la Sierra de Marmolejo, en Estepa.

Trucar una cacería es una práctica muy arraigada en España: se crían y sueltan animales en masa para que sea fácil matarlos sin demasiado esfuerzo ni puntería. Si, además, la especie que se cría y suelta es invasora, se redobla el daño que se causa a esa misma naturaleza que tanto dicen amar ciertos cazadores. Esa cría y suelta ilegal es justo contra la que apunta la operación Guatlla, un trabajo de dos años tras los que la Guardia Civil ha detenido a 58 personas.

Agentes del Seprona han llevado a cabo actuaciones en varias empresas productoras de codorniz, intermediarios y cotos de caza, realizando más de 114 inspecciones durante las que tomaron más de 300 muestras biológicas con el fin de certificar a través del ADN que se trataba de la especie invasora. Cerca del 90% de las muestras fueron positivas, dando como resultado que se trataban de especímenes de codorniz japonesa o híbridos de la misma, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante la operación, desarrollada durante dos años, se ha conseguido demostrar la comercialización por parte de diversas empresas de ejemplares pertenecientes a la especie codorniz japonesa (Coturnix japonica).

Si bien su cría y comercialización está permitida para la venta destinada al consumo humano, se ha descubierto que estas empresas disponían de una línea paralela de producción cuyo destino era la suelta y liberación en cotos de caza y cotos de caza intensivos durante las actividades cinegéticas, actividad prohibida al tratarse de una especie exótica invasora.

Codornices de bajo vuelo

Sólo durante el periodo transcurrido entre enero de 2019 y septiembre de 2021, se ha podido acreditar que habrían sido comercializados más de 560.000 especímenes de codorniz criadas en las empresas investigadas, cuyo destino final sería la suelta y liberación en el medio natural con fines cinegéticos.

La especie autóctona de la codorniz común (Coturnix coturnix) es muy apreciada para la actividad cinegética. Sin embargo la codorniz japonesa, especie comercializada y distribuida por estas empresas en todo el territorio nacional, resulta ser hasta 10 veces más productiva y con características morfológicas muy parecidas, si bien se comportan de forma muy distinta en el medio, siendo estas más pesadas y con menos movilidad y, por tanto, más fáciles de cazar.

Ingeniería genética y ADN

Las principales empresas productoras de codornices tenían un verdadero departamento de I + D en el que favorecían la hibridación de especies para que no fueran detectadas por los compradores, lo que podría suponer además un fraude a los consumidores quienes creían que adquirían la codorniz nacional.

Las actividades de liberación y suelta con fines cinegéticos, para las que las empresas productoras vendían las aves, suponen que una parte de los especímenes de codorniz japonesa sobrevivan y, por sus condiciones, se adapten al medio natural. La codorniz japonesa (Coturnix japonica) compite de forma directa con la codorniz común (Coturnix coturnix), especie autóctona que se encuentra distribuida de forma natural, y en serio declive, en todo el territorio nacional español.

El resultado de la suelta e introducción sin control de la codorniz japonesa es, que se ha podido observar la hibridación natural entre la codorniz japonesa y la codorniz común, lo que podría llevar a la desaparición de la especie autóctona.

Esta introducción al medio natural provoca un impacto ecológico, con la consiguiente pérdida de patrimonio genético, así como la competencia que se genera con la especie nativa a la que desplaza del medio natural.

Competencia entre especies

Es la primera operación en la que se investiga desde el ámbito penal una actividad relacionada con la liberación de especies exóticas invasoras en la que se produce esta competencia entre especies, actividad que además ha venido desarrollándose de manera deliberada y prolongada en el tiempo durante los últimos años.

Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado. Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción nº1 de Lleida y nº 2 de Cervera (Lleida).

Los agentes han contado con la colaboración de la Fiscalía Provincial de Lleida y el Laboratorio Nacional de Veterinaria dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el análisis de las muestras genéticas, así como con el asesoramiento y apoyo de inspectores de la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico.

Cada año, decenas de miles de perros que han sido empleados para la caza son abandonados cuando llega febrero, el mes que determina el fin de la temporada en muchas comunidades autónomas. Millones de otros animales, como perdices, rebecos o conejos, mueren por los disparos y las trampas. Esta realidad no ha cambiado ni en tiempos de pandemia, pues los cazadores han visto que tenían carta verde para saltarse el confinamientos en muchos lugares y han seguido matando sin sanción alguna. Esta es una de las denuncias que desde la Plataforma NAC (No A la Caza) añaden este año a su convocatoria anual, que reclama el fin de la caza y el uso de perros en esta actividad. Más de una treintena de ciudades volverán a salir a la calle el próximo domingo.

Son ya diez años –desde 2011– los que se vienen celebrando estas manifestaciones en el mes de febrero, gracias a esta Plataforma que aúna a más de 200 asociaciones animalistas y ecologistas, protectoras y partidos políticos. “Habría que prohibir la caza en todos los espacios naturales protegidos y en toda la Red Natura 2000 como zonas especiales de Conservación de la Biodiversidad, es inconcebible no solo que se esté permitiendo la actividad cinegética en ellas, sino también la suelta y repoblación con animales de granja, que desplazan a la fauna autóctona, crean híbridos y extienden enfermedades”, comenta el portavoz de Plataforma NAC, David Zurdo.

Los perros y otros animales, las víctimas cinegéticas

Las cifras reales de las consecuencias de esta actividad son difíciles de conseguir, pero las aproximadas son impactantes. El estudio más completo sigue siendo el de la Fundación Affinity, que evidencia que, al menos en 2019, las protectoras rescataron a 183.000 perros, siendo el 70% de ellos perros procedentes de la caza, es decir, unos 128.000 perros, de los que se calcula que al menos 50.000 eran galgos. Las razones para su descarte son muchas: por no ser “válidos”, por ser lentos, por tratarse de cachorros indeseados, por no tener las cualidades requeridas, por ser viejos o, simplemente, por no ‘servir’ para cazar. “En muchos casos el trato que se les da es igual al que darías a una herramienta de trabajo cuando deja de funcionar, cuando se ha gastado: ya no sirven y se deshacen de ellos”, comenta Zurdo.

Desde Plataforma NAC también destacan que la forma de deshacerse de los perros es además especialmente cruel: “Lo podemos ver todos los días en las redes sociales: perros tirados a barrancos, metidos en sacos, tirados a ríos, ahorcados, apaleados, tiroteados y abandonados herido”. Los galgos, en particular, no solamente corren el riesgo de ser explotados en la caza, sino también en las carreras, lo que hace que puedan ser ‘descartados’ por más razones.

¿Y qué pasa entre cacería y cacería o entre competición y competición? “Pasan sus días en zulos, ya que el robo de galgos está muy extendido, incluso entre los mismos galgueros, y los cheniles para los perros de categoría se convierten en pequeños búnkeres con ventanas minúsculas, muros de hormigón y puertas de acero. Otros viven en cuevas o en recintos hechos con palets y uralita”, explican desde NAC. “La vida del galgo es corta y cruel”. El entrenamiento diario –atados a coches, extenuados, con heridas– y la explotación para tener crías con las que comerciar son realidades que se conocen abiertamente, e incluso desde Europa se ha pedido acabar con ellas.

Leyes de tenencia responsable que no se aplican

Otra de las denuncias que se hacen desde las protectoras y las organizaciones animalistas y ecologistas es la impunidad que existe para los cazadores respecto a la tenencia responsable de animales. Mientras que todo propietario de perros debe tenerlos con chip de identificación, llevarlos atados excepto en las zonas y horarios establecidos, y pasar por una serie de revisiones y vacunas veterinarias, no parece que haya gran presión legal para que esto suceda con los perros empleados en la caza. El estudio de la Fundación Affinity recoge que el 72% de los perros rescatados no tenía chip, dato que corroboran las protectoras especializadas en galgos como, por ejemplo, la fundación sevillana Benjamin Mehnert.

“Todos hemos visto imágenes de manadas de perros hostigando a ciervos o jabalíes, incluso en zonas urbanas, animales sueltos, sin control, alejados de sus dueños que están enseñados a morder y sujetar, y que dudamos sepan diferenciar un animal cinegético de un animal doméstico o de granja. La caza con perros es un peligro para toda persona o animal que esté en el campo”, denuncian desde la Plataforma, señalando también los accidentes de tráfico que provocan.

Impunidad de la caza durante la Covid-19

Preguntados por la situación de la caza en un contexto en el que tanto los desplazamientos como las actividades al aire libre han sido radicalmente limitadas, la respuestas de los distintos gobiernos ha sido sorprendentes. Mientras sigue prohibido en comunidades como Castilla y León dar un paseo, hacer ejercicio en el campo o desplazarse a ver a familiares a zonas rurales, los cazadores pueden seguir cazando. Bajo el disfraz de 'actividad esencial' se permitió seguir con esta práctica, realizar monterías o batidas e incluso pasar de una comunidad a otra (como en el caso de Madrid a Castilla-La Mancha).

“Su actividad no es esencial, solo tratan de esconder la necesidad de seguir manteniendo sus negocios”, comenta Zurdo, quien explica que “las granjas cinegéticas tienen que vender sus animales a los cotos, y los cotos necesitan hacer monterías para cobrar por cada pieza muerta. La rueda del negocio de matar animales no ha parado en la pandemia”. Un negocio económico ejercido no solamente por la clase privilegiada que practica esta actividad, sino también por todos aquellos vinculados al sector cinegético: las empresas armamentísticas, los grandes terratenientes, los dueños de cotos de caza, etc. ¿Qué dinero producen los ciclistas cuando van por el campo? ¿Qué dinero dan los corredores, los senderistas, los que pasean a los perros, la micología? Parece que tu libertad depende del dinero que generes“, afirma el portavoz de NAC.

Concentraciones y manifestación virtual

Con todos estos argumentos, la plataforma vuelve a convocar las manifestaciones en contra de la caza, aunque sin olvidar que seguimos viviendo en pandemia. De hecho, desde NAC señalan que eran casi 40 las manifestaciones que se habían confirmado hasta el mes pasado pero se han visto reducidas a una veintena por las nuevas medidas de restricción y la prudencia de los convocantes. Por ello, animan a toda aquella persona o colectivo que quiera unirse que busque su localidad en el mapa –en todas las comunidades españolas y en dos ciudades europeas: Parma en Italia y Perpiñán en Francia– o que se una a la manifestación online. En la ciudad de Madrid se producirán tres lecturas: al inicio de la manifestación, la activista de NAC Marta González leerá en la Puerta del Sol un poema de la escritora Carmen Ibarlucea; ante el Congreso de los Diputados, leerán un texto Rafael Doctor y Ruth Toledano, fundadores de la plataforma de arte y animalismo Capital Animal; y al final de la manifestación la activista Virginia Luengo leerá el Manifiesto de NAC a las puertas del Ayuntamiento.

La Plataforma NAC ha pedido que, dadas las restricciones provocadas por la Covid–19, este año se suban a las redes sociales fotos de perros rescatados de la caza, con las etiquetas #NoALaCaza7F #ElNegocioDeLaMuerte y #StopGalgueros.

Más información y mapa de ciudades

(Las fotos que acompañan este artículo han sido realizadas por la artista y fotógrafa Ruth Montiel Arias para su proyecto 'Bestiae' sobre la caza)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido cambiar de ubicación la cacería de aves acuáticas que la Consejería de Desarrollo Sostenible había autorizado en la Finda El Palomar de la localidad albaceteña de Povedilla. La Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) denunció esta convocatoria por tratarse de una zona con especies de avifauna en peligro de extinción como el porrón pardo. Esta misma organización ha confirmado hoy que el Ejecutivo ha decidido cambiarla a otra zona: 

SAO explicó que los agentes medioambientales realizaron una revisión de las aves que existen en la laguna de la finca, ya que el año pasado se pudo observar un ejemplar de porrón pardo, “catalogado en peligro de extinción , suspendiéndose una de las tiradas”. En la revisión realizada el martes de esta semana se avistaron siente ejemplares de esta especie. “Aún así la Consejería se ha autorizado la cacería”, lamenta la organización ornitológica.

Tras denunciar también esta organización que pese a todo la cacería se había autorizado debido a “las presiones del lobby cinegético”, alertaba también de que la alta densidad de perdigones de plomo en los sedimentos de muchas zonas húmedas puede provocar episodios de intoxicación por plumbismo, explica. Finalmente, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha cambiado la actividad a otra zona.

Según la SAO, el porrón pardo se puede considerar casi extinguido en nuestro territorio, por lo que su conservación en España depende de la situación en otros países, donde hay poblaciones mayores que, sin embargo, se encuentran también en declive como consecuencia, sobre todo, de la pérdida de hábitat. En estos momentos, es la anátida más escasa de la fauna en nuestro país.

Que los campeonatos de caza de zorros (con perros) son un negocio para unos pocos está muy claro en Galicia. Solo hay que comprobar las cuotas de inscripción de estas supuestas competiciones para ver que la supuesta gestión del medio natural y de la fauna, que tanto dice defender el lobby procaza, pasan a un segundo plano por una comida y, si ganas, un saco de pienso.

Si a ello le sumamos el apoyo, tanto administrativo como económico, de la Xunta tenemos un buen pelotazo monetario, directamente dirigido a la cuenta corriente de la respectiva Federación, que es agraciada cada año con convenios nominativos que le sirven en bandeja la Secretaría Xeral para o Deporte y la Consellería de Medio Ambiente. Porque pocas actividades son tan versátiles: impedir incendios, practicar deporte, controlar la fauna, vigilar enfermedades, que los perros hagan ejercicio…

Eso sí, de la ciencia podemos olvidarnos. Estas pseudocompeticiones tienen su principal base en un documento elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela en el que intervino un directivo de la propia Federación Galega de Caza, ahora “vicepresidente de área cinegética”, y en donde la metodología para censar a los raposos era, literalmente, el número de mamíferos que vieran los cazadores en sus batidas. Y resulta cuestionable no solo por lo cutre del método, sino porque disparan no pocas veces a todo lo que se mueve. Si su base científica tiene tan poca credibilidad, en un país civilizado no se permitiría hacer una macrobatida en una zona determinada, y mucho menos llamarla “campeonato”.

Atendiendo a datos oficiales, solo en Galicia fueron tiroteados 75.779 zorros en el periodo 2011-2017 y se organizó una media de 12 campeonatos por temporada, no todos considerados como competición oficial porque no aparecen en el propio calendario del lobby escopetero, lo que demuestra que el negocio se está repartiendo entre sociedades de caza.

Es cierto que las competiciones para masacrar zorros suponen un porcentaje muy bajo en relación al número total de animales muertos, pero si despiertan oposición social es por el simbolismo y los intentos de hacer un lavado de imagen de la caza como si fuera una práctica deportiva saludable. Solo así se entiende la inclusión de entidades colaboradoras como la Fundación Deporte Galego, dependiente de la propia Secretaría Xeral para o Deporte, o que en cada cartel los escopeteros coloquen la campaña 'Galicia Saludable', una forma obscena de vincular deporte y muerte.

En la última década han muerto, al menos, diecisiete personas como parte de prácticas de caza, entre ellas un menor de edad, pero esto no supuso ninguna autocrítica de la Xunta a la hora de elaborar en 2013 una Ley de Caza que reduce zonas de seguridad (de 200 a 100 metros), permite disparar en caminos no asfaltados o intenta obstaculizar las protestas contra estos campeonatos de crueldad. Es decir, el legislador intenta aplicar una norma para cazadores al 98% de la población gallega, cuando ni posee licencia ni permiso para disparar a animales silvestres.

Desde diferentes organizaciones se han planteado retoques de la Ley de Caza. Primero, para prohibir el uso de perros, un elemento que los cazadores utilizan para provocar peleas que son grabadas y difundidas en grupos de aplicaciones de mensajería instantánea o espacios privados en redes sociales. Son vídeos que se contestan con risas, sufrimiento animal que se convierte en un dantesco espectáculo donde se evidencia que ni conservan ni respetan nada que no sean ellos mismos.

El uso de perros, además, ha sido objeto de estudios verdaderamente científicos en donde se advierte la posible transmisión de enfermedades de los canes a otros animales domésticos, pero también a los silvestres, además de causar heridas y muertes de otros seres vivos “no cinegéticos”. De estos casos sabemos bien en Galicia, donde se han documentado jaurías de perros destrozando a un pobre gato en el municipio de Carballo, mientras los cazadores no hacían nada, ni siquiera sacar la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para sus matanzas.

Y en segundo lugar, para acabar con acciones como el uso de plomo, un metal altamente contaminante que todavía se emplea en la munición y que supone miles de muertes, aunque el perdigón esté en el campo. Las aves los ingieren de manera accidental y fallecen de una forma terrible por envenenamiento. Así que los campeonatos de caza de zorros y sus cientos de batidas cada año son responsables, además, de la muerte de otros animales, igualmente indefensos.

La batalla comenzó hace una década con las primeras convocatorias de protesta. Ahora estamos un poco más cerca de erradicar estos campeonatos de muerte gracias a una mayor conciencia social pero también un creciente apoyo político.

Más de 10 perros y un venado cayendo por un barranco mientras los primeros intentan cazar al segundo en Herreruela (Cáceres). Es lo que se ve en un vídeo difundido el sábado que ya tiene más de 1,2 millones de reproducciones en Twitter, donde fue publicado por el presidente de una asociación en defensa de los lobos. La escena que se saldó con un perro muerto por aplastamiento, después de que el venado le cayera encima, otro can con una pata rota y el resto sin daños considerables, según aseguran a eldiario.es fuentes de la Federación Extremeña de Caza.

Como ha podido confirmar este medio, los hechos ocurrieron el sábado por la mañana. Un grupo numeroso de perros estaba intentando cazar al venado, que se refugió cerca del barranco. En la refriega, dos de ellos cayeron por el precipicio. Posteriormente, llegó el dueño de los perros, al que se define como “rehalero” en el mundo cinegético, para intentar separar a los canes del otro animal. Esto desencadenó la caída en pocos segundos de varios perros más y del objetivo de la cacería. Todos ellos fueron atendidos por veterinarios sobre el terreno y trasladados a clínicas, según aseguran las federaciones de caza, un extremo que este medio no ha podido confirmar.

La escena fue grabada por otro cazador que estaba al otro lado del terreno, y al que se puede escuchar en el vídeo. Este hombre decidió compartir el contenido en un grupo de WhatsApp de amigos suyos que también cazan. Según las fuentes consultadas, alguien de ahí compartió el vídeo con otra u otras personas. Y desde allí llegó a otros grupos especializados, como uno que la revista Jara y Sedal dedica a las monterías.

Una viralidad de la que el propio autor del vídeo se siente responsable por haberlo compartido. Incluso se arrepiente de haberlo grabado. “Siento enormemente el daño irreparable que he causado a esta, nuestra afición, que amo. Jamás pensé que algo así tuviera semejante trascendencia”, dice este cazador en un mensaje enviado por WhatsApp al que ha tenido acceso este diario. Una difusión de la que se arrepiente “sobre todo cuando puede llegar a manos de gente tan ignorarme (sic) que no saben de lo que hablan, solo les lleva el partidismo interesado que les hace ganar votos usando lo que sea y a quien sea”, añade.

Denuncias de maltrato animal

El encargado de compartirlo en Twitter fue Luis Miguel Domínguez, presidente de la asociación Lobo Marley, para “que la gente viera lo que puede pasar en una montería”, asegura a eldiario.es.

La difusión del vídeo ha provocado numerosas reacciones de repulsa. Entre quienes han condenado lo ocurrido son líderes políticos como Pablo Iglesias o Juan López de Uralde y actores como Dani Rovira.

“La legislación actual en materia de caza no está a la altura, y es evidente que en este caso hay maltrato animal. Y eso esperamos que se impute”, dice Domínguez, cuya asociación está centrada en la defensa del lobo ibérico. Un animal al que se le imputan numerosos ataques a piezas de ganado. Algo que él desmiente, asegurando que muchas de estas situaciones son provocadas “por perros abandonados por las monterías”. Una denuncia desestimada desde las federaciones de caza, que lo tachan de “absoluta barbaridad”.

Luis Miguel Domínguez insta a investigar al Seprona “en qué condiciones se hizo esa cacería, porque los cazadores ya están defendiendo que es un simple accidente. Pero claro, el accidente no lo sufren ellos sino lo los perros, que acaban malheridos o abandonados”, dice el presidente de Lobo Marley.

El Partido Animalista PACMA ya ha anunciado que este lunes interpondrá una denuncia para que las autoridades investiguen si hubo maltrato animal en lo ocurrido en el vídeo. Un suceso que aseguran es “solo la punta del iceberg” de la caza, donde también han documentado otros casos de “violencia innecesaria” en las monterías.

Desde el Seprona aseguran a eldiario.es que no han recibido denuncias al respecto, y que tampoco se ha decidido por ahora actuar de oficio ante lo visto en la grabación.

Los cazadores: “Se ha descontextualizado”

Estas organizaciones han lamentado lo ocurrido, a la vez que han criticado que el vídeo esté sirviendo al “lobby animalista” para pedir “la prohibición de la cacería”. En un comunicado, la federación nacional mostró su respaldo al rehalero afectado y lamentó que “ninguna organización animalista, simpatizantes ni medios de comunicación afines” se hiciera eco “con tanta intensidad” de otros sucesos en los que han fallecido o han resultado heridos cazadores, como ocurrió en Castellón.

La federación extremeña es una de las adheridas al lamento del mundo de la caza por lo ocurrido. Pero también se ha quejado de que el vídeo se haya difundido y haya llegado a mucha gente y a los medios, como hizo en un post de Facebook. Algo que José Luis Gallardo justifica en que “se descontextualiza un accidente de caza, que es difícil de entender por gente del mundo urbanita, ajenos al mundo rural, y que no saben que el campo te expone a muchas situaciones de peligro”.

eldiario.es ha intentado contactar tanto con el rehalero como con el autor de la grabación, sin que haya sido posible antes del cierre de este artículo. Desde la Junta de Extremadura han instado a este medio a dirigir sus preguntas al Seprona.

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Podemos “no tocará” su código ético con la magistrada Victoria Rosell para permitir que vuelva a encabezar su lista electoral al Congreso por Las Palmas, pese a considerar que sufre “una cacería política” en la que se han utilizado medios del Estado para alejarla de la política.

Así lo ha confirmado este viernes a Efe la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, quien ha reiterado que, como ha asegurado la propia Rosell en los últimos días, la juez no se presentará a los próximos comicios del 26 de junio si antes no se archiva el procedimiento penal abierto contra ella a raíz de una querella del exministro José Manuel Soria.

Pita ha augurado que ese procedimiento, en el que se acusa a Rosell de haber retrasado una causa penal guiada, presuntamente, por intereses personales, “terminará en archivo” y se ha preguntado por qué eso no se ha producido ya, dada la “cochambre, la vergüenza y la alarma social” que ha suscitado.

“Llevo más de 30 años en Justicia y no he visto nada igual”, ha afirmado la dirigente de Podemos (funcionaria de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria), quien ha denunciado que una “instrumentalización del Estado” tan preocupante como ésta no haya tenido “una respuesta inmediata”.

A su juicio, en “cualquier país con una democracia consolidada” se hubiera apartado, de forma cautelar, al juez Salvador Alba, el magistrado que sustituyó a Victoria Rosell en su Juzgado y que elevó al Tribunal Supremo el informe que sirvió de base para aceptar la querella de Soria.

La secretaria general de Podemos se refiere a las diligencias penales que otra juez ha propuesto abrir contra Alba por delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, a partir de una grabación que sugiere que el magistrado orientó la declaración del empresario al que Rosell investigaba por supuesto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

Sobre la candidatura de Rosell, Meri Pita ha recalcado que para Podemos “lo importante es el proyecto, no las personas”, si bien ha subrayado que “el valor y la entidad” de la magistrada es “innegable”, como demuestra “el miedo que se ha desatado por que pudiera llegar a asumir responsabilidades” en el próximo gobierno que se conforme en España.

Pita ha manifestado que, dado que ella misma fue la más votada en las elecciones primarias convocadas por Podemos con motivo del 20D, “si tiene que encabezar” la nueva plancha electoral al Congreso por la provincia de Las Palmas, que lideró Rosell en los últimos comicios, “la encabezará”.

No obstante, ha añadido que el partido perfila aún esa lista electoral, a la que han de incorporarse tanto miembros de IUC como otros “referentes de la lucha social”, que representan la filosofía de las confluencias integradas en Podemos y a quienes se hará hueco en esa plancha, cuya conformación se conocerá el lunes (último día hábil para registrar las candidaturas).

En Sudáfrica, cerca de 6.000 leones son criados en cautividad para ser asesinados en falsas cacerías, según el Gobierno del país. Los cazadores llegan a pagar hasta 50.000 euros por llevarse a casa la cabeza del rey de la sabana. Sin embargo, EEUU, primer cazador mundial de leones, quiere terminar con esta práctica y este viernes entran en vigor una serie de medidas que dificultarán la importación de trofeos de caza de estos felinos.

Las nuevas normas, que fueron anunciadas el pasado mes de diciembre por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU (SPVS), se han tomado “en respuesta a la drástica disminución de las poblaciones de leones” durante los últimos años.

El primer paso ha sido catalogar a los leones africanos como especies amenazadas o en peligro de extinción, con lo que pasarían a estar protegidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción de EEUU. Además, se ha añadido una nueva disposición que impedirá las importaciones de leones, excepto en los casos en que se pueda demostrar que la importación mejorará la supervivencia de la especie.

Según el SPVS, “la caza deportiva puede proporcionar un beneficio si es bien administrada”, pero aseguran que su objetivo es asegurarse de que “las importaciones de trofeos de EEUU provienen de países con un programa de control científicamente sólido”. Esto, en la práctica, limitará mucho este tipo de importaciones, pues la mayoría de los estudios indican que muy pocos programas de caza deportiva proporcionan algún beneficio para la especie.

Lances enlatados

Diversas ONG han aplaudido la acción llevada a cabo por EEUU y aseguran que que la nueva regulación desalentará a los cazadores del país norteamericano, los más numerosos y letales del mundo. “Es muy probable que estas medidas tengan un impacto significativo en la industria de la caza deportiva y, en particular, en la llamada caza enlatada que tiene lugar en Sudáfrica”, asegura a eldiario.es Richard Thomas, portavoz de TRAFFIC, la mayor organización mundial dedicada al estudio del tráfico de animales y plantas silvestres.

Según estudios realizados por varias instituciones internacionales, más de la mitad de los leones cazados en Sudáfrica han sido asesinados en lo que se conoce como cacerías enlatadas. Para esta peculiar farsa, rechazada incluso por muchos cazadores, los leones criados en cautividad son colocados en un recinto cerrado y de fácil acceso, de forma que el cazador solo tiene que esperar a que los criadores atraigan a su presa para apretar el gatillo.

España, líder europeo

Los cazadores estadounidenses son directamente responsables de la matanza de al menos 5.647 leones en los últimos diez años, según datos recopilados por la Humane Society International (HSI). Según un informe de esta ONG, casi nueve de cada diez cazadores de leones en Sudáfrica provienen de EEUU y de los 719 leones cuyas cabezas fueron enviadas a EEUU como trofeo en 2014, 620 fueron importadas de Sudáfrica y 370 fueron asesinados en cacerías enlatadas.

Aunque en el listado publicado por HSI España se sitúa en tercer lugar con 17 leones cazados en 2014, por detrás de Polonia con 20, nuestro país es el líder europeo en leones abatidos durante los últimos años. Así lo indican diversos informes, como el publicado el pasado mes de julio por la organización TRAFFIC o el estudio realizado por la ONG Lion Aid. Según estos informes, el precio medio que se paga por una cacería enlatada de un león ronda los 35.000 euros, aunque se pueden llegar a pagar más de 50.000.

El legado de Cecil

Las medidas adoptadas por EEUU, sobre las que la administración lleva trabajando los últimos 4 años, se han desarrollado tras la ola de indignación internacional que se vivió después la muerte del león Cecil, asesinado por un dentista estadounidense. Según Thomas, “estas nuevas regulaciones se están introduciendo, en parte, debido a la preocupación internacional por la situación de los leones, que ha resurgido tras la muerte de Cecil en Zimbabwe”.

El cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha asegurado que ha recibido quejas de parte de “numerosos ”cicloturistas, turistas y senderistas por el corte de dos caminos de uso público, debido a monterías organizadas en los términos municipales de Las Majadas (Cuenca) y Belvís de la Jara (Toledo). El cuerpo ha señalado que, tras investigar los hechos, tramitarán los correspondientes oficios de denuncia.

El cuerpo ha señalado que estos hechos evidencian “el poco respeto” que hay de “algunos” por los caminos de uso público. De este modo, señalan que el camino en Cuenca es parte del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y también de un Sendero de Gran Recorrido. Esto, explican, implica que está protegido por la legislación medioambiental europea. Los agentes han señalado que efectivamente hubo vulneración de la normativa, por lo que se tramitaría un oficio de denuncia.

En el caso de Toledo,  una valla impedía el acceso a otro camino público “de 9 a 17 horas” por otra cacería el pasado día 9 de enero, en el muncipio de Belvís de la Jara. El cuerpo asegura haber recibido numerosas quejas de particulares dirigidas a los Agentes Medioambientales, que aseguran, actuarán de la misma manera que en el hecho ocurrido en el camino de Las Majadas.

El parque nacional de Monfragüe continúa permitiendo las partidas de caza a cambio de que no se haga publicidad. Esta salvedad trata de cumplir con la ley que prohíbe la caza comercial en estos espacios protegidos: las monterías que aprovechen sus terrenos no pueden publicitarse ni, en teoría, disparar a ciervos macho, según el Programa de Accion Selectiva 2015 que ha podido revisar eldiario.es. Aún así, ambas condiciones ya se han incumplido.

A pesar de que el programa de este año especifica que no pueden darse cacerías comerciales, los cazadores tienen la posibilidad de comprar puestos desde donde abatir animales. El documento de la dirección del parque admite la posibilidad de realizar monterías para paliar la “superpoblación” (que llama acciones de control) a cambio de que “en ningún caso” se haga “publicidad visual, escrita o de cualquier otro tipo”. Para el día 31 de octubre, está anunciada una cacería a 200 euros cada puesto “dentro del parque nacional de Monfragüe”. No es la única que se prepara.

El documento fechado el 8 de octubre recoge que “en el interior del parque no se podrá disparar sobre machos de ciervo por considerarlo actividad comercial”. El mismo anuncio que vende los diparaderos por 200 euros redacta: “Se caza venado, jabalí y cierva”. De hecho, una montería en la que no se pueda apuntar a animales con cornamentas no tiene mucho sentido en la lógica cinegética.

Además de jornadas directamente desarrolladas en el interior del hábitat legalmente protegido, se dan otras cacerías organizadas en fincas que se solapan con las lindes del parque y que publicitan sus batidas. Por ejemplo, para el 16 de noviembre está planeada otra en Maluéñez de Arriba (en unas fincas denominadas Las Llanas y La Sierra). La partida describe el cazadero de la siguiente manera: “Finca en abierto por la parte del parque que cuenta con una buena cantidad de venados y jabalíes”. Allí prevén disparar a 75 y 10 venados respectivamente.

¿Cómo puede ser esto? Antonio Gentil, de la asociación ecologista Adenex, explica a eldiario.es que “los animales se refugian muchas veces dentro del parque y bajan luego a alimentarse a las zonas más abiertas –donde incluso son cebados–. Allí es donde se les dispara”. Este trasiego de los animales viene también descrito en el reglamento de la dirección de Monfragüe.

El hecho de que se las denomine oficialmente “acciones” no oculta que se trata de monterías. De hecho, el reglamento especifica el número de jaurías de perros que pueden utilizarse para movilizar los rebaños de ciervos hacia los puestos de disparo: “Cuatro rehalas por cada 100 hectáreas”. Estos equipos de perros son utilizados en la caza mayor, la montería a la española, para batir el terreno y conducir las presas a la línea de tiradores. Es una de las mayores preocupaciones medioambientales denunciadas por los ecologistas debido a la gran erosión que producen y al riesgo de que “ejemplares extraviados se asilvestren dentro del parque nacional”.

El documento, como en otras temporadas, no autoriza cacerías o monterías sino que las llama “acciones de control”. La asociación Ecologistas de Extremadura asegura que el fin de semana del 10 y 11 de octubre se celebraron sendas monterías “con suelta de perros y puestos de disparo dentro del Parque Nacional de Monfragüe, previo pago, por supuesto”. Uno de sus portavoces, Pablo Ramos, insiste en que la “superpoblación de ciervos es una excusa para seguir consintiendo la caza comercial”.

Desequilibrio ecológico tras décadas de caza mayor

Porque el exceso de la cabaña de ciervos y jabalíes parece un hecho. Gentil coincide con el director del parque nacional, Ángel Rodríguez, en que existe una “superpoblación motivada también por la mala gestión general de los terrenos colindantes”. Es decir, las prácticas de los cotos de caza que se superponen desde la zona periférica de Monfragüe.

La superpoblación es consecuencia de la selección artificial que décadas de caza mayor han moldeado en la zona. “El declive de las piezas, de los trofeos, ha sido tremendo”, analiza Gentil. Mientras el lobo, el depredador natural de los ciervos y los jabalíes, pudo actuar, las cabañas iban mejorando. “Cazaban los ejemplares más débiles, viejos o con defectos”, analiza el naturalista.

Sin manadas, “la escopeta lo que busca son los mejores ejemplares: los machos con grandes cornamentas, los que ya han formado un harén. Esos son los que se han estado matando. De manera que los machos que se reproducen son los peores ejemplares. Ahora, la media de lo que ya se caza aquí son varetos” [machos de menos de un año con una punta en sus cuernas].

El desequilibrio ecológico que se ha producido de esta manera tiene consecuencias. Los ciervos presionan demasiado a la vegetación autóctona. Compiten, y vencen, con los corzos, mucho más débiles. Además transmiten la tuberculosis bovina.

Los jabalíes depredan a especies menores como los conejos y las perdices (presas del lince ibérico que se quiere reintroducir en Extremadura). Esto último, molestando también a los cotos de caza menor, se ha solventado soltando ejemplares criados en granjas para las épocas de veda.

“A la luz de los resultados, años y años de estos planes de control no han solventado el problema de la superpoblación”, concluye Gentil. Para su organización, “el problema no está en los números sino en la metodología”. Según Gentil, “organizan auténticos tiroteos. Primero disparan a los jóvenes. Después, al acudir las hembras, son las siguientes en caer. Y terminan con los machos”.

Si hay que eliminar ejemplares “puede hacerse selectivamente, con un fusil a distancia. Un guarda entrenado puede abatir 200 o 300 en una jornada”, aseguran. Sin embargo, con la dinámica actual “los cotos ni siquiera cubren los cupos, el negocio está en vender los puestos, montar la jornada de montería, la fiesta que conlleva...”

Organizar cacerías en los parques nacionales de España está prohibido por la ley. Mucho más si son partidas comerciales en las que se cobra por cada puesto de tiro. En las que la carne de las piezas luego se vende. La ley que creó el parque de Monfragüe, incluso proscribe la caza con “fines deportivos”. El plan para eliminar población de ciervo y jabalí esta temporada ha incorporado por primera vez expresamente estas limitaciones –vigentes en realidad desde que se declaró parque nacional en 2007–.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, considera que la detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, “explota en la cara” de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, por “avalar” al ahora detenido.

“Este escándalo de corrupción le ha saltado en las narices a la vicepresidenta”, ha denunciado Hernando, que ha reclamado que Castellano sea cesado de inmediato y sustituido por otro delegado del Gobierno que no sea, eso sí, del PP de la Comunidad Valenciana ni de Murcia.

Hernando ha exhibido dos respuestas por escrito del Gobierno al PSOE, la última con fecha 6 de mayo y recibida en el Congreso el pasado martes, en las que destacaba que los contratos ahora bajo sospecha se habían concedido por medio de un procedimiento legal.

En esa respuesta por escrito facilitada por el PSOE, el Ejecutivo aseguraba que el propio Castellano ya había afirmado en un comunicado que era “rotundamente falso” que hubiera recibido cantidad alguna de la empresa Avialsa, ni directa ni indirectamente.

El Gobierno añadía que todas esas adjudicaciones por las que preguntaba el PSOE se habían realizado “mediante concursos públicos, a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos”.

Ante este nuevo caso de presunta corrupción, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de Soraya Sáenz de Santamaría y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que rindan cuentas de las “prácticas corruptas que ha tenido el PP durante tantos años”.

“En las últimas 48 horas estamos viendo a un PP en desbandada, pero sobre todo acorralado por corrupción. Hoy es un día negro para el PP”, ha subrayado Hernando, que ha recordado también la sentencia que inhabilita al alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva, o la apertura de juicio oral por la caja B en el PP.

Serafín Castellano ha sido detenido hoy junto a otras ocho personas en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación.

El actual delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, recibió diversos obsequios durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana de parte de la empresa Avialsa a la que presuntamente benefició de manera fraudulenta con la adjudicación de contratos públicos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, entre esos regalos figura un rifle de caza, así como los costes de cacerías a las que Castellano asistía invitado por esta empresa dedicada a la extinción de incendios y a tratamientos agrícolas cuyo responsable es el empresario Vicente Huertas.

La mujer del Delegado del Gobierno también fue receptora de regalos, según los investigadores de la Policía que ponen como ejemplo la compra de joyas entre otros agasajos. El diario 'El Mundo' desveló en su momento el regalo del rifle valorado en 1.861 euros, según ratificó ante la Fiscalía Anticorrupción el propio gerente de la empresa, la misma persona que presentó la denuncia que ha desencadenado la operación policial en la que ha sido detenido el Delegado del Gobierno tras 15 años en la primera línea de la política valenciana.

Además han sido detenidas otras ocho personas que, según fuentes de la investigación, son personas que guardan relación con la empresa investigada. Uno de ellos se encuentra ya en prisión por otros hechos. La investigación corre a cargo de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ha movilizado a varios agentes desde Madrid hasta Valencia para coordinar los trabajos.

“Trabajo de chinos”

Los investigadores describen como “un trabajo de chinos” la investigación realizada en la que han trabajado desde hace meses dos Grupos de la UDEF, es decir, entre 15 y 20 funcionarios. Las pesquisas se aceleraron considerablemente hace aproximadamente dos meses, según estas fuentes de la investigación.

En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

El secretario general de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado este viernes que la detención del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafin Castellano, evidencia que el PP tenía la corrupción como forma de gobierno y ha destacado que desalojarles de la Generalitat es una cuestión de emergencia democrática porque “la corrupción del PP ha sido un fuego incontrolado que ha dejado en las instituciones en las que han gobernadoun paisaje desolador”.

Montiel ha destacado que los valencianos “han reaccionado, han echado con sus votos a los corruptos de las instituciones y les han castigado por usarlas en beneficio propio”. El PP, ha indicado, demuestra día tras día que ha sido “una  trama mafiosa sin más objetivo que el enriquecimiento de sus dirigentes y de sus amigos que no necesitaban presentarse a las elecciones” y que tenían la corrupción como forma de gobierno.

El PP se está “resquebrajando”

La detención de Castellano, ha explicado Montiel, simboliza que el PP se está resquebrajando, “porque ha perdido el único pegamento que los mantenía unidos, el poder y los beneficios de la corrupción” y ha lamentado que“más que un partido, era una trama mafiosa sin más objetivo que el enriquecimiento de sus dirigentes y de sus amigos, que no necesitaban presentarse a las elecciones”.

Montiel ha insistido en que “es la corrupción y la puesta en manos privadas de las instituciones lo que ha permitido que las élites se desentiendan de la ciudadanía. Queremos recuperar lo que nos han quitado”. Asimismo, ha subrayado la necesidad de que se adopten medidas para erradicar la corrupción, mostrando tolerancia cero frente a esta lacra, y en aras de fomentar la trasparencia que Podemos ha planteado.

También ha mencionado que los casos Gürtel, Imelsa, Brugal, Cooperación, Nóos, Fitur, Terra Mítica, Canal 9 o Ivex  revelan un sistema corrupción generalizada que ha saqueado las arcas de las instituciones mientras muchos valencianos perdían sus empleos, veían como se deterioraba la educación, la sanidad y los servicios sociales, eran desahuciados de sus viviendas o perdían sus ahorros engañados por los bancos.

Todas las instituciones “manchadas por las corrupción”

La operación está relacionada con su actuación al frente de la Conselleria de Gobernación. No obstante, ha recordado que Castellano ostenta actualmente la representación del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, de forma que el PP ha conseguido que todas las instituciones valencianas estén manchadas por la corrupción.

Así, ha mencionado la existencia de más de 100 dirigentes del PP, altos cargos y exresponsables en ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones y consellerias que están imputados acusados de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida o delito electoral.

Montiel ha insistido que los dirigentes del PP han demostrado tener una voracidad desmedida en el expolio de las instituciones “y en todos los ámbitos, en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en la cooperación internacional, en la televisión pública, en las infraestructuras, en la gestión de residuos, en la gestión de incendios forestales…”.