Una ONG internacional denuncia que Cantabria “vulnera” la Ley de Infancia con las licencias de caza gratuitas para menores

La fundación internacional Franz Weber ha denunciado la postura del Gobierno de Cantabria sobre regalar las licencias de caza a los menores de 14 años en adelante, y lo ha hecho amparándose en dos leyes: por una parte, la Ley del Menor de 1996; y, por otro, la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Así, y cargando directamente contra el Ejecutivo autonómico por exponer a los menores “a riesgos mortales”, esta organización ha explicado que, según diversos estudios, existe una vinculación entre la exposición a la violencia durante la niñez y adolescencia y el desarrollo de problemas de salud mental: “La participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas”, aseveran.

Además, indican que la propia Ley del Menor establece que es “un deber” de todo niño y adolescente “respetar a los animales”, algo que, para ellos, difiere de la estrategia del Gobierno cántabro. “Pretenden promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza”, declaran desde la fundación.

De igual forma, mencionan también a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, que se prevé que se apruebe durante este año, por establecer entre sus objetivos “que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado” algo que para los ecologistas no se sostiene con el fomento de la actividad cinegética.

Cabe recordar que esta norma fue aprobada por el Gobierno autonómico hace unos tres meses aproximadamente, aunque ya existen otros territorios donde se lleva a cabo. Castilla La Mancha y Andalucía son dos de la comunidades que también cuentan con esta rebaja total en la licencia de caza mientras otras como Madrid, por ejemplo, aplican descuentos de hasta el 70% en el precio. Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, el regionalista Guillermo Blanco, declaró en su momento a este periódico que el motivo “principal” que había llevado al Consejo Regional de la Caza a tomar esta determinación era, además de atender “una vieja reivindicación”, la seguridad jurídica que se les proporcionaría a aquellos que pretendían llevar a sus hijos o nietos como acompañantes a las cacerías.

Sin embargo, y debido a esta contradicción que se da entre la normativa estatal y la autonómica, la fundación naturalista ha avanzado que pedirá a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Gobierno central que “tutele” los derechos del menor en este ámbito, “o que se pronuncie sobre si esta actividad está en consonancia con los valores que pretende preservar para este sector social”.

Asimismo, desde Franz Weber también han apelado al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, desde donde se ha indicado “la preocupación por la exposición de los menores de edad a actividades en las que hubiese cualquier forma de violencia y en las que se utilizaran armas de fuego por parte de menores de 18 años”. Estas cuestiones también han sido criticadas por otras asociaciones ecologistas como DEAN, la Federación de Defensa Animal de Cantabria, desde donde consideran que este Gobierno apoya “totalmente” la caza: “Se está incitando a los jóvenes a que participen en actividades que pongan en peligro su integridad física”, señala Victoria Cedrún, la portavoz de DEAN.

Según los datos del Portal de Transparencia del Gobierno de España y sin contar con Euskadi ni Catalunya por tener datos aparte, desde el año 2007 ha habido 63 muertos y 483 heridos en accidentes de caza. Cabe destacar que, de los fallecidos, 21 eran menores de edad.