La gran chimenea de salida de humos de la antigua central térmica de la Sevillana de Puertollano (Ciudad Real), situada en la carretera de Mestanza, ha sido demolida a las 16.00 horas de este jueves tras la detonación de una carga de explosivos en su base.

La voladura controlada ha sido realizada por la empresa Erri Berri, y la caída de la estructura ha durado segundos. El operativo en la fase crítica apenas ha durado unos 20 minutos, tiempo durante el cual se ha cortado de la carretera y establecido un perímetro de seguridad de 300 metros.

La demolición de esta infraestructura supone otro importante hito en el desmantelamiento de estas históricas instalaciones energéticas de la ciudad industrial.

La chimenea, de 120 metros de altura y estructura cilíndrica de hormigón, es el último icono visual de la vieja térmica de carbón. Extrabajadores de la empresa han recogido firmas y reivindicado la conservación de este elemento como “icono” del patrimonio industrial, algo parecido a lo que sucediera con su desaparecida compañera, la voluminosa torre de refrigeración. Será, pues, el último gran vestigio superviviente tras 54 años de existencia, toda vez que ya han sido demolidos prácticamente todos los edificios y estructuras.

La central térmica de Puertollano fue construida y puesta en marcha por la empresa Sevillana de Electricidad en 1972. En 1994 pasó a manos de Endesa, que en 2002 la vendió al grupo italiano ENEL y, a su vez, a la multinacional alemana EON seis años después, cuando la central tenía una plantilla de 72 trabajadores.

Finalmente, esta central de 220 megavatios de potencia dejó de funcionar en octubre de 2013, un año antes de que la mayoría de los activos de EON en España pasaran a denominarse Viesgo Generación tras su venta a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 y Wren House Infrastructure.

Tras su pertenencia a Viesgo, las instalaciones fueron adquiridas por Repsol, que recientemente suspendió el proyecto de planta de generación de hidrógeno verde proyectada conjuntamente con RIC Energy en esta antigua térmica por la “inviabilidad técnica y económica” del proyecto.

En 2013 comenzaron los trabajos de retirada de las distintas unidades. El desmantelamiento culminó en una primera fase el 27 de noviembre del 2015 con la voladura de la torre de refrigeración. En 2018 Repsol compró a través del fondo australiano Macquarie Super Core Infrastructure los activos no regulados de Viesgo relacionados con la generación de electricidad de bajas emisiones y su comercializadora de gas y electricidad. En 2020 Repsol Generación Eléctrica SL demolió la zona norte-centro de la central.

La voladura de la gran chimenea de salida de humos de la antigua central térmica de la Sevillana de Puertollano (Ciudad Real), situada en la carretera de Mestanza, prevista para la tarde del 3 de marzo, ha sido aplazada hasta este jueves, 5 de marzo, debido a las previsiones de dirección e intensidad del viento.

A lo largo de esa jornada se procederá al corte de la carretera, aunque la fecha del derribo aún está condicionada hasta 48 horas antes debido a la inestabilidad de la climatología, según han informado a Europa Press fuentes de Repsol.

Una estructural industrial más que desaparece

La demolición de esta infraestructura, que correrá a cargo de la empresa Erri Berri, supone otro importante hito en el desmantelamiento de estas históricas instalaciones energéticas de la ciudad industrial.

La chimenea, de 120 metros de altura y estructura cilíndrica de hormigón, es el último icono visual de la vieja térmica de carbón tras 53 años de existencia, toda vez que ya han sido demolidos prácticamente todos los edificios y estructuras.

La central térmica de Puertollano fue construida y puesta en marcha por la empresa Sevillana de Electricidad en 1972. En 1994 pasó a manos de Endesa, que en 2002 la vendió al grupo italiano ENEL y, a su vez, a la multinacional alemana EON seis años después, cuando la central tenía una plantilla de 72 trabajadores.

Esta central de 220 megavatios de potencia dejó de funcionar en octubre de 2013, un año antes de que la mayoría de los activos de EON en España pasaran a denominarse Viesgo Generación tras su venta a los fondos Macquarie European Infrastructure Fund 4 y Wren House Infrastructure.

Repsol suspendió la planta de hidrógeno verde que proyectaba

Tras su pertenencia a Viesgo, las instalaciones fueron adquiridas por Repsol, que recientemente suspendió el proyecto de planta de generación de hidrógeno verde proyectada conjuntamente con RIC Energy en esta antigua térmica por la “inviabilidad técnica y económica” del proyecto.

En 2013 comenzaron los trabajos de retirada de las distintas unidades. El desmantelamiento culminó en una primera fase el 27 de noviembre del 2015 con la voladura de la torre de refrigeración.

En 2018 Repsol compró a través del fondo australiano Macquarie Super Core Infrastructure los activos no regulados de Viesgo relacionados con la generación de electricidad de bajas emisiones y su comercializadora de gas y electricidad. En 2020 Repsol Generación Eléctrica SL demolió la zona norte-centro de la central.

El Ministerio de Industria y Turismo ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 100 millones de euros para financiar proyectos que reduzcan las emisiones de gases contaminantes y mejoren la eficiencia de las fábricas. Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca acelerar la descarbonización del tejido industrial español, un objetivo en el que Asturias parte con ventaja por su fuerte tradición manufacturera.

Las subvenciones, gestionadas por la entidad pública Sepides, podrán solicitarse entre el 1 y el 18 de diciembre. Los proyectos seleccionados deberán demostrar su capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las técnicas actuales del sector y, además, incorporar mejoras medioambientales en sus procesos productivos.

Criterios de viabilidad

La convocatoria se resolverá por concurrencia competitiva y tendrá en cuenta criterios como la viabilidad técnica y económica de las propuestas, el impacto ambiental y la contribución al desarrollo sostenible.

Desde el inicio de este programa, el Gobierno ha destinado más de 580 millones de euros en ayudas a 65 empresas en todo el país. En la primera convocatoria de este tipo, la línea 4 de descarbonización industrial adjudicó 83,7 millones de euros a compañías como Hydnum Puertollano, Biotérmica Villanueva, Alier o Fertiberia Castilla y León.

Motor econónimo clave

El Ministerio subraya que estas ayudas buscan consolidar un modelo productivo más competitivo y sostenible, en línea con los objetivos climáticos europeos y con el compromiso de avanzar hacia una industria más verde y resiliente. En regiones como Asturias, donde la actividad industrial sigue siendo un motor económico clave, la medida se percibe como una oportunidad para modernizar procesos y abrir nuevas vías de inversión.

En el mundo hay bajo tierra o en el fondo del océano más de 600 bombas fósiles preparadas para estallar en forma de millones de toneladas de gases causantes de la crisis climática. Son megaproyectos en marcha para la extracción de petróleo, carbón y gas cuya explotación supone cada uno la emisión de más de una gigatonelada de CO2 (mil millones de toneladas).

El mapa de estas “bombas de carbono” lo ha dibujado un consorcio de organizaciones no gubernamentales que ya había realizado este ejercicio en 2022 cuando detectó 425 de estos proyectos. Ahora se han añadido 176 más. A eso se le suma que, en los últimos cuatro años, se han abierto 2.300 nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles en el mundo (sin importar su escala).

Todo eso hace que, al quemar el petróleo, el gas y el carbón de estos yacimientos, se vaya a inyectar a la atmósfera 11 veces más carbono que el que podría permitirse frenar el calentamiento global del planeta en 1,5ºC extras al final del siglo. Es decir, cumplir el Acuerdo de París de 2015.

La industria de los combustibles fósiles y sus financiadores están convirtiendo en humo el Acuerdo de París. Sus intereses económicos siguen prevaleciendo sobre un colapso climático irreversible

Lou Welgryn — Director de Data for Good

El director de Data for Good –una de las organizaciones implicadas en este proyecto–, Lou Welgryn, considera que estos datos muestran que “la industria de los combustibles fósiles y sus financiadores están convirtiendo en humo el Acuerdo de París. Sus intereses económicos siguen prevaleciendo sobre un colapso climático irreversible”.

Mapamundi de las ‘bombas’ de carbono

Países con más de 10 megaproyectos de combustibles fosiles

(entre paréntesis el número de ‘bombas’ detectadas en 2023).

¿Qué son?

Yacimientos de carbón, petróleo y gas cuya extracción supone la emisión de más de un gigatonelada de gases de efecto invernadero

Rusia

52 (41)

Canadá: 14 (12)

China

256 (156)

EE.UU.

28 (28)

Indonesia: 13 (*)

India: 25 (18)

Brasil: 11 (*)

Arabia Saudí: 25 (23)

Australia: 27 (23)

Irán: 20 (24)

Qatar: 14 (13)

Irak: 13 (10)

*no estaba en este grupo anteriormente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CARBONBOMBS.ORG

Mapamundi de las bombas de carbono

Países con más de 10 megaproyectos de combustibles fosiles

(entre paréntesis el número de ‘bombas’ detectadas en 2023).

¿Qué son?

Yacimientos de carbón, petróleo y gas cuya extracción supone la emisión de más de un gigatonelada de gases de efecto invernadero

Canadá: 14 (12)

Rusia: 52 (41)

China

256 (156)

EE.UU.

28 (28)

Indonesia: 13 (*)

Australia: 27 (23)

Brasil: 11 (*)

India: 25 (18)

Arabia Saudí: 25 (23)

Irán: 20 (24)

Qatar: 14 (13)

Irak: 13 (10)

*no estaba en este grupo anteriormente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CARBONBOMBS.ORG

De los 601 proyectos detectados, 498 son acaparados por una docena de países con más de 10 bombas cada uno. China tiene 256 de estos planes, seguida de Rusia con 52 y EEUU con 28. El resto del grupo está compuesto por Arabia Saudí, Australia, Canadá, India, Irak, Irán, Qatar, Brasil e Indonesia (estos dos últimos se han incorporado recientemente).

Cuando se realizó por primera vez una lista detallada de bombas de carbono, los autores ya calcularon que los grandes yacimientos eran responsables del 45% de la producción mundial y que había más de 100 nuevos planes que, unos años después, han visto cómo iban tomando forma.

Y si se pretende sacar los fósiles del subsuelo o del fondo marino es para venderlos y que se usen porque proyectos de esta dimensión “necesitan años de planificación, autorizaciones y financiación de miles de millones así que, hasta que recuperan esa inversión inicial, suele pasar una década”, detalla este trabajo sobre yacimientos de grandes dimensiones.

Las 'bombas' de carbono son la prueba de fuego del compromiso de la comunidad internacional. Sin embargo, las compañías, los bancos y los estados ricos todavía ponen miles de millones para perforar y extraer combustibles fósiles

Kjell Kühne — Director de la iniciativa Leave it in the Ground

El autor de ese paper y director de la iniciativa Leave it in the Ground [déjalo bajo tierra], Kjell Kühne, explica ahora que “los combustibles fósiles deben ser abandonados y las bombas de carbono son la prueba de fuego del compromiso de la comunidad internacional para avanzar en esa dirección. Sin embargo, las compañías, los bancos y los estados ricos todavía ponen miles de millones para perforar y extraerlos”.

Las compañías que lideran estos planes, según el análisis de este consorcio, son TotalEnergies, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Eni, BP, y Shell. De estas dos últimas, BP ya anunció este año que preveía abandonar sus planes para reducir la producción de petróleo y Shell ha debilitado sus compromisos para recortar las emisiones de gases aduciendo “la seguridad energética y la rentabilidad”. Las seis petroleras más importantes de Canadá hicieron desaparecer sus compromisos para alcanzar las cero emisiones netas.

Y respecto a la financiación, el consorcio ha detectado que “los 65 mayores bancos del mundo han continuado apoyando la extracción de combustibles fósiles con 1,6 billones de dólares destinados a las compañías involucradas en estas bombas desde 2021”.

Las tornas han cambiado

2021 es un año relevante porque fue la primera vez que pudo incorporarse el término “combustibles fósiles” en una decisión de la Cumbre del Clima de la ONU. Y no fue hasta dos años después que se pidió oficialmente “transicionar lejos” del petróleo, el carbón y el gas como acción para atajar el cambio climático. Esto a pesar de que la quema de combustibles fósiles es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También en 2021, la Organización Internacional de la Energía, publicó su Hoja de Ruta hacia las emisiones cero en la que analizaba que no podía invertirse ya en nuevos proyectos de petróleo, gas o carbón si se quería cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5ºC al final del siglo. La actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, afirmaba en ese 2021: “Casi nadie entiende ya que se invierta dinero en financiar este gran problema que tenemos”.

Dos años después, el mismo organismo revisó su informe y reafirmó que no había “espacio” para nuevas actividades relacionadas con los combustibles fósiles. El mensaje era que, para conseguir aplacar el calentamiento global que provoca la quema de estos combustibles, había que dejar de buscar nuevos yacimientos y de financiar la extracción de petróleo, carbón o gas con nuevos proyectos.

Claramente, las tornas han ido cambiando. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con su “perfora baby perfora”, la estrategia de Putin en Rusia, y el discurso de otros países como el presidente del último anfitrión de la Cumbre del Clima, el azerí Ilham Aliyev quien habla de los combustibles fósiles como de “regalo de Dios”, han resquebrajado el esfuerzo anticambio climático.

El nuevo ambiente quedó claro cuando el director ejecutivo de la OIE, el turco Fatih Birol, dijo este año que quería “ser muy claro: hará falta nueva inversión sobre todo para compensar los yacimientos actuales que están agotándose. Hace falta inversión para la producción. Punto final”.

Es decir, el director ejecutivo contradijo abierta y directamente las directrices marcadas por su propia institución desde 2021 –y refrendadas en 2023–.

La situación es que, a pesar de que se marcan récords de producción eléctrica a base de energías renovables, los países productores de petróleo, carbón y gas tienen pensado sacar mucho más, no menos, en los próximos años.

Mientras, el CO2, el principal gas detrás de la crisis del clima, no para de crecer y ha llegado a niveles de concentración en la atmósfera nunca vistos.

El mundo acordó en 2023 “transicionar lejos de los combustibles fósiles” para atajar la crisis climática. Sin embargo, los principales productores mundiales de petróleo, gas y carbón planean extraer más combustibles, no menos: una cantidad total –de aquí a 2030– que es más del doble de lo que la humanidad puede permitirse para limitar a 1,5ºC el calentamiento global de la Tierra a finales de siglo, según el análisis del Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD).

De los 20 mayores productores, solo Noruega y Reino Unido prevén reducir su extracción de gas y petróleo, concluyen ambos organismos tras revisar junto a Climate Analytics los planes gubernamentales. El resto, sin importar el bloque geopolítico, apuesta por crecer. EEUU, Rusia, Canadá, India, China, Arabia Saudí o Qatar –entre otros–. Incluso dos de los últimos países encargados de la Cumbre del Clima de la ONU (las COP), Brasil, y Emiratos Árabes Unidos, tienen previsto aumentar su producción de gas y petróleo durante, al menos, cinco años más.

“La expansión de los planes fósiles de los últimos dos años es alarmante”, cuenta uno de los autores de la investigación, Olivier Bois von Kursk. “Algunos gobiernos están apostando en contra de la transición hacia una energía limpia y para evitar los peores impactos del cambio climático deberían comprometerse con cortar esos combustibles”, remata.

La expansión de los planes fósiles de los últimos dos años es alarmante. Algunos gobiernos están apostando en contra de la transición hacia una energía limpia

Olivier Bois von Kursk — Coautor del estudio del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible

La cuestión es que si extraes del subsuelo petróleo, gas o carbón es para usarlo. Y usarlo implica añadir más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Lo demuestra el análisis de los científicos del Carbon Budget Project que han explicado cómo las emisiones de CO2 en su conjunto provenientes de la quema de petróleo, carbón y gas, en lugar de declinar, crecieron y tocaron su récord histórico en 2024.

Si todos los combustibles fósiles emitieron en 2024 más que un año antes, ahora este análisis muestra que también va a producirse más de cada uno de ellos: niveles más altos de carbón hasta 2035, más gas hasta 2050 y mayor producción de petróleo hasta 2050. “Estos planes socavan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y el objetivo de que la demanda de combustibles fósiles tocara techo antes de 2030”.

Uno de los encargados del Carbon Budget Project, Pierre Friedlingstein, decía a finales de 2024: “No hay señal de que se esté alcanzando el pico en el uso de combustibles fósiles”. Y a la luz de lo revelado ahora por este trabajo, ese pico puede estar todavía lejos, a pesar de que las energías limpias hayan alcanzado un récord al suministrar alrededor del 40% de la electricidad mundial.

Es frustrante ver cómo se desperdicia dinero público e intolerable pensar en los costes humanos y ambientales de esta expansión fósil

Neil Grant — experto de Climate Analytics

El acuerdo alcanzado en Doha en 2023 también decía que el alejamiento de los combustibles fósiles debía hacerse de manera “acelerada” durante esta “década crítica”. Justo en los años en los que los productores prevén poner más carbón, petróleo y gas en circulación –y sus emisiones de CO2 en la atmósfera–.

La crisis climática deriva de las emisiones intensivas de CO2 que se acumula en la atmósfera. Es la capa de esos gases la que retiene la radiación solar y provoca la subida de la temperatura global del planeta. Ese recalentamiento está detrás de la alteración clima que está causando olas de calor más habituales y severas, sequías agudas y también episodios de precipitación más violenta o los incendios forestales Por eso el objetivo del Acuerdo de París es limitar ese calentamiento de la Tierra preferiblemente a 1,5ºC y, en todo caso, a 2ºC como mucho.

“El espejo en el que el mundo se ve reflejado”

El trabajo de ambos institutos explica claramente que “para poder cumplir con el límite de 1,5ºC del calentamiento global, la producción y demanda globales de carbón, petróleo y gas deben declinar rápida y sustancialmente de aquí a mitad de siglo. Sin embargo, los aumentos estimados en estos planes llevarán a una sobreproducción del 500%, el 31% y el 92% respectivamente para el carbón, el petróleo y el gas”. Y también se quedan muy por encima de lo permisible incluso si se admite un límite de calor extra del planeta menos ambicioso de 2ºC.

El experto climático de Climate Analytics, Neil Grant, confiesa que “es frustrante ver cómo se desperdicia dinero público e intolerable pensar en los costes humanos y ambientales de esta expansión fósil”.

Lo que sigue es una píldora de la situación creada por los gigantes fósiles o, como lo llama la ex secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Christiana Figueres, “el espejo en el que el mundo se ve reflejado”.

EEUU y Rusia comparten objetivo: más combustibles fósiles

EEUU es el mayor productor mundial de petróleo y gas. Su Agencia de la Energía tiene previsto que se incremente la extracción de crudo hasta 2029 antes iniciar un descenso gradual. Respecto al gas, el plan es apretar el acelerador un 13% entre 2025 y 2032. Todo esto –subraya esta investigación– “sin tener el cuenta los anuncios y decretos del Gobierno diseñados para estimular aún más la producción”.

En ese sentido, la administración de Donald Trump ya ha “alentado la extracción de petróleo y gas en terrenos federales, expandir las perforaciones fósiles en Alaska” además de que el Congreso eliminara una tasa impuesta a los productores de petróleo y gas que superaran ciertos límites de emisiones de metano.

Mientras tanto, Rusia –que no se ha sentido concernida históricamente por el objetivo de producir menos combustibles fósiles– trabaja con una proyección que incrementa un 20% la extracción de carbón, un 5% la de petróleo y un 25% la de gas.

China: a la espera de sus nuevos objetivos

Aunque el país asiático tiene aprobada una ley desde 2024 para promover las energías renovables y la neutralidad de carbono y cuenta con un plan para atajar las emisiones de metano, sigue siendo “por mucho” el mayor productor y consumidor de carbón. Su nivel de producción de todos los fósiles está “en máximos históricos”. China está redactando su nuevo plan a 15 años en el que debe establecer sus objetivos energéticos.

India y Arabía Saudí: carbón y gas sin complejos

India ha dejado claro en las últimas cumbres climáticas que no está dispuesta a renunciar al uso de carbón para seguir creciendo. Incluso llevó la conferencia de Glasgow 2021 al borde del fracaso –y el llanto de su presidente– para salvar su postura sobre el uso del mineral.

Así que el tercer productor de carbón del mundo planea consumir un 46% más en 2030 y extraer este combustible fósil para satisfacer su propia demanda (calcula que utilará un 97% de carbón indio).

Arabia Saudí ni siquiera ha remitido a la ONU su plan climático para contribuir al objetivo del Acuerdo de París al que está suscrito. Se tata del mayor exportador de gas y el segundo productor de petróleo. La empresa estatal Aramco trabaja con un objetivo de aumentar su capacidad de producción de gas del 60% para 2030.

La posibilidad de que una comunidad humana viva en el interior de los túneles de lava volcánica de la luna será investigada en una de las galerías del pozo Santiago, en la localidad de Aller, como parte de los proyectos de descarbonización de las minas de Asturias, ha informado este miércoles el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez.

El proyecto contempla la recreación de las condiciones de habitabilidad de los túneles existentes bajo la superficie lunar en una de las galerías del pozo hullero, en un ensayo que se vincula a iniciativas de la NASA que buscan habitar el satélite de la Tierra como plataforma de lanzamiento de futuros viajes interplanetarios.

“Parece de ciencia ficción, pero no lo es; se trata de un proyecto a largo plazo impulsado por el Gobierno regional que puede colocar a Asturias a la vanguardia de la investigación aeroespacial”, ha afirmado el consejero durante el acto de celebración del Día de Hunosa en la 68 Feria Internacional de Muestras.

Sánchez ha defendido la reutilización de las minas de Hunosa que están afectadas por el proceso de descarbonización para el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables como la biomasa, la geotermia y las instalaciones solares.

El proyecto para recrear un túnel volcánico lunar en el Pozo Santiago es uno de los “más ilusionantes” del programa de políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno asturiano, ha destacado.

Diversificación e innovación

El consejero ha destacado la necesidad de “aprovechar en proyectos de innovación” los espacios de las cuencas mineras, que cuentan con miles de kilómetros de galerías bajo tierra, como una oportunidad de desarrollo económico y tecnológico.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que también intervino en el acto, ha valorado el esfuerzo de la sociedad estatal Hunosa en el proceso de descarbonización y ha abogado por una “transición energética justa que no deje a nadie atrás”.

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ha valorado la transformación de la Central Térmica de La Pereda en un centro de producción de energía eléctrica con biomasa, como una obra “trascendental que cierra una etapa” en el abandono definitivo del carbón.

Fernández ha ratificado la apuesta de la compañía por el hidrógeno verde, en el que “se ha avanzado” a través e un consorcio formado por Hunosa, Alsa, Hyrem, la universidad de Oviedo, Duro Felguera y el instituto polaco GIG-PIB, para el desarrollo de una planta de producción en Langreo.

Además, ha reivindicado el uso geotérmico del agua acumulada en el interior de las galerías y de los saltos hidráulicos, considerados como un elemento clave en la producción de hidrógeno verde.

Fernández ha dicho que “el proceso de descarbonización ofrece a Hunosa más oportunidades que nunca” y en ese sentido ha mencionado la planta de energía solar proyectada en la antigua escombrera de Pumardongo, en el concejo de Mieres.

Carlita se mueve con destreza por las entrañas de la tierra; Keka es más de las estrellas. Las facciones de una se recortan en una melena oscura, suavizadas por una sonrisa a la vez alegre y melancólica, que oculta más de lo que muestra. La belleza de la otra es hegemónica y geográficamente inasible: esbelta, el pelo rubio, la piel clara; un cuerpo dentro de los cánones para una mujer que busca los márgenes. Carlita y Keka son dos reinas de la Patagonia a las que une la historia de una película pero, sobre todo, un rincón estepario del fin del mundo.

Río Turbio es una ciudad dibujada en el mapa por la codicia, por el afán extractivista que impulsaba al ejército argentino, a finales del siglo XIX, a aniquilar indígenas en la llamada Conquista del Desierto. Un país en desarrollo que buscaba expandir sus fronteras y sacar partido de esas tierras que anexionaba. En 1887, dos años después de que se completara aquella campaña de exterminio, se descubrió carbón en la cuenca de un río, y junto a ella nació un poblado en los confines de lo posible: con una temperatura media anual de apenas 5,4 °C (que en invierno se puede acercar incluso a los 20 bajo cero) y donde mandan el viento pertinaz, el barro y, desde entonces, la mina.

Hoy Río Turbio es una ciudad de 11.670 habitantes encajonada entre la mítica ruta 40 y la frontera con Chile, con la mina de carbón más grande del país, que produce de media unas 6.000 toneladas al mes. Pero es también el escenario de una pequeña gran revolución. La de Carla Antonella Rodríguez, que consiguió convertirse en la primera trabajadora dentro de los túneles de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, un lugar que los privilegios masculinos revestidos de superstición habían negado sistemáticamente a las mujeres. Y lo hizo hackeando el sistema desde la lógica misma del binarismo: usando su DNI con nombre de varón como puerta de entrada para, una vez allí, reivindicar su trabajo y su condición femenina. Es lo que cuenta la película Miss Carbón –con guion de Erica Halvorsen y protagonizada por Lux Pascal– que se estrena en las salas de cine este jueves.

“Me soñé minera”

La palabra mina nació en el lunfardo argentino para hablar de una prostituta –un cuerpo al que explotar–, aunque se haya convertido ya en sinónimo coloquial de mujer. Y en esta historia una mujer estalla la mina precisamente para escapar del sino de la explotación –del propio cuerpo o del trabajo en empleos precarios– que persigue a las personas trans. Porque sucede que las minas estaban vetadas en los túneles de Río Turbio. No podían entrar salvo el 4 de diciembre, día en el que la virgen patrocinaba una visita segura, sin temor a que las ínclitas provocaran un derrumbe.

“Yo me negaba a ir. Me parecía muy injusto que fuera solo ese día. La fiesta, además, incluía un concurso de belleza para elegir a la Reina del Carbón. Ahora entiendo que a los hombres les servía tener en exclusiva la principal fuente de trabajo y el dinero; y que las mujeres se limitaran a ser sus esposas o sus prostitutas”, reflexiona Erica, a quien todos conocen como Keka, que dejó el pueblo con 17 recién cumplidos para estudiar en Buenos Aires y hoy es una reconocida guionista y directora, responsable de contenidos de Netflix en el Cono Sur.

Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión

“Cuando me fui me di cuenta de que venía de un mundo muy extraordinario. Y también entendí que la ficción me había salvado la vida. En un pueblo donde no había cine, ni disquerías, ni librerías, ni bibliotecas, la televisión era mi ventanita no solo al mundo, sino a mis propios sueños. Porque yo siempre supe que quería contar historias”, explica durante una charla en Madrid, adonde ambas han llegado para el estreno de la película.

Si el futuro de Keka estaba afuera, el de Carlita se abría paso dentro. “La mina siempre me fascinó. Desde que tenía cinco años, me escapaba de casa para ver a los hombres entrar en el túnel. Creo que de alguna manera esa oscuridad era para mí la promesa de un lugar seguro. Un lugar en el que no me vieran y no pudieran hacerme daño”, rememora Carla. Se nota que le duele pensar en esa niña, en esa adolescente que sufrió “demasiado”. “Era una criatura indefensa, ingenua, no necesitaba tanto maltrato, tanta agresión. Recuerdo perfectamente a los que se reían de mí por la calle. A los que me decían: 'nunca vas a ser una mujer'. Todo eso fue muy duro. Pero lo peor fue la exclusión familiar”, reconoce desviando la mirada.

Ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia

El ambiente en un pueblo puede ser opresivo, pero mucho más si está en un rincón perdido y en condiciones difíciles. Carlita y Keka lo saben porque son NYC (nacidas y criadas en la cuenca carbonífera). “La Patagonia te curte, te golpea”, dicen casi al unísono. “La gente vive muy hacia adentro, es más distante, de pocas palabras”, describe Keka.

Pero de alguna manera ese entorno hostil te entrena en los desafíos. “Si la nieve te tapa la puerta de casa, no cancelás la vida; abrís la puerta y con una pala te hacés el camino”, ejemplifica Keka. “Estamos muy acostumbradas a lidiar con lo desfavorable”, concede Carlita. “Por eso, como tengamos un poco de viento a favor, no nos para nadie”, exclaman entre risas.

La revolución y las tetas

Carlita entró a trabajar a la mina habiendo hecho ya su transición, y eso le valió muchas veces gestos de desprecio y burla. Pero el golpe definitivo llegó junto con el DNI con su nombre, cuando en 2012 Argentina aprobó la ley de identidad de género. La empresa le quitó su trabajo. Como ya era 'oficialmente' mujer, la mandaron con las otras a las oficinas. “Tenés que contar que el cambio de documento lo hiciste por un compromiso colectivo, porque sabías que ibas a sentar un precedente. Para vos era mucho más fácil y cómodo seguir como estabas. Por eso no fue solo un trámite, fue un gesto político”, señala Keka a su compañera.

Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe

En las oficinas Carla conoció también el desprecio de esas otras que no la veían como una de ellas. Pero no quería un trabajo administrativo. Quería volver a los túneles. “A ese trabajo y ese sueldo”, apunta Keka. “Creo que ella tenía muy claro su deseo de progreso, su ambición personal. Y está bien decir que las mujeres podemos desear dinero, porque es la llave de la libertad y de la independencia”.

“Hoy hay diez chicas que están trabajando en la mina y eso me llena de orgullo”, señala Carla. “Espero que mi historia sirva para que otra generación de chicas trans piensen que es posible, que podemos cambiar las cosas”, se entusiasma. Ahora ronda por su cabeza la idea de salir de Río Turbio para seguir dando la batalla: “Queda tanto por hacer”, defiende.

“¡Yo quiero ver a Carlita como senadora!”, apunta Keka. Ella sonríe. “¿Por qué no? Ningún señor hetero y conservador se va a ocupar de defendernos”. Lo dice en un momento difícil para las personas trans en Argentina –son unas 200.000, según el último censo– una situación de “alerta constante” frente a un Gobierno de Javier Milei que tiene como bandera el recorte de derechos. “Tenemos que humanizar este mundo que viene en retroceso constante. La revolución es que la vida de los demás también nos importe”, sentencia Carla.

El reencuentro

Keka volvió a Río Turbio en 2019 y su hermana le presentó a Carlita. Ese encuentro se convirtió en una crónica que publicó en la Revista Anfibia y fue el germen de la película que se acaba de estrenar. Parte del rodaje de Miss Carbón se realizó en España, pero tanto para la guionista como para la directora, Agustina Macri, era importante hacerlo también allí y con la participación de su gente.

Revisando su propia historia dentro de la ficción, se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender

“Mi ciudad es un lugar mejor hoy gracias a que hicimos esta película. Pero no lo digo por vanidad ni lo digo por mí, sino por la transformación que supuso echar luz sobre esta historia”, señala, categórica, Keka Halvorsen. “Ese mismo pueblo que despreciaba, rechazaba y agredía a Carlita, hoy la admira genuinamente. El rodaje terminó con todo ese pueblo aplaudiéndola”, cuenta mientras las lágrimas empiezan a rodar detrás de sus grandes gafas.

“Revisando su propia historia dentro de la ficción, pusieron a Carlita en otro lugar y se permitieron abrazar algo que rechazaban por ignorancia. No es que esas personas fueran malas y ahora son buenas. Es que se dieron la oportunidad de abrir la cabeza y entender”, apunta todavía emocionada.

Carlita, otra vez, sonríe. “Están todos muy contentos esperando que esta película se estrene –en Argentina esto será en septiembre– Quieren que se vea su pueblo, su trabajo, su mina”, dice consciente de ese reencuentro con los suyos, de un momento nuevo en el que no necesita buscar la oscuridad de los túneles o de la noche para sentirse segura, sino que puede brillar con luz propia ante los demás.

Ser un cuerpo disidente en esa ciudad pequeña al final de la Tierra le marcó unos lindes sofocantes a la existencia de Carlita, pero no a sus anhelos. “Me soñé minera antes que mujer”, asegura. No sabemos qué fue antes, pero sí que consiguió arrancar, a fuerza de pico y pala, tanto un sueño como el otro a las paredes del túnel.

Como el Gran Hermano que todo lo vigila, la inmensa chimenea de la central térmica de As Pontes —356 metros de altura, la más alta de Europa cuando se levantó, en 1974— se ve desde todos los puntos del pueblo. La omnipresente estructura, que ha iniciado por segunda vez su camino para ser declarada Bien de Interés Cultural, se alza como recordatorio del carácter industrial del municipio de mayor extensión de la provincia de A Coruña. No está en el escudo de la localidad, como sí sucede con otra central histórica —la de Meirama, en Cerceda, a poco más de 80 kilómetros de allí— pero sí en el ADN de unos vecinos que aseguran que hasta un proyecto tan discutido como la macrocelulosa de Altri hubiese encontrado allí muchas menos reticencias, además de poder venderse como descarbonizador al aparecer como alternativa a la que, hasta su cierre, era la instalación más contaminante de España y la novena del continente. Hoy, sin humo sobre las torres que le dieron el apodo de la Springfield gallega, As Pontes encara su transición con incertidumbre y cierta sensación de derrota.

“Esta transición está cargada de buenas intenciones, pero de justa no tiene nada”. Quien habla así desde el otro lado del teléfono es Valentín González Formoso. El alcalde socialista de As Pontes es también el presidente de la Deputación de A Coruña y una agenda endiablada de inauguraciones y actos varios le impide coincidir con elDiario.es en el Ayuntamiento, presidido por una pancarta que pide salvar el patrimonio industrial. A la concelleira responsable, Ana Pena, sin embargo, es la industria del futuro la que más le preocupa. “Hay una serie de nuevos proyectos que se implantaron en el pueblo en los últimos años, pero su llegada no tiene nada que ver con las herramientas que se pusieron a disposición de los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas”.

Pena, como González Formoso, es muy crítica con esas medidas, que divide entre las que son “claramente insuficientes” y las que “no cubren las necesidades reales”. Entre las primeras, hay una que ya ha acabado en los juzgados. Se trata de 111 millones de euros de Fondos europeos de Transición Justa que el Estado ha transferido a la Xunta, derivados de la situación que están viviendo los 19 municipios afectados por los cierres de las centrales de As Pontes y Cerceda. “Ni un solo euro ha venido para aquí. Ni uno”.

El concello ha recurrido la decisión del Gobierno gallego de “provincializar” esa cantidad. “Emprendimos acciones legales para que se paralicen las ayudas porque entendemos que es un agravio. Cualquier puede entender que una financiación que llega para un objetivo concreto no puede repercutir en ciudades ni municipios que no se están viendo afectados ni puede servir para impulsar proyectos que no tienen nada que ver con su fin”. Pena esgrime convenios con la Ciudad de las TIC de A Coruña o con la Confederación de Empresarios. “Es como si Europa manda mil millones para reactivar Valencia tras la DANA y el Gobierno los reparte por toda España”, ruge por teléfono Formoso.

Después están las ayudas que no permiten solucionar los problemas reales, como la creación de suelo industrial. Hoy, As Pontes no tiene ni un solo metro libre. El de los polígonos está “agotado” y, más allá del que ocuparán los proyectos estratégicos que ocuparán la superficie que libere Endesa, dotarse de más resulta muy costoso debido a la complicada orografía del concello. Sin embargo, no hay ninguna ayuda de los fondos de transición que pueda destinarse a eso. “Es un poco ilógico”, concluye la concejala.

Los que no volverán

Encontrar facilidades para ese proceso les ayudaría a evitar críticas como las del secretario local de la CIG, Hixinio Adega: “Valentín lleva 18 años como alcalde y no creó un metro de suelo industrial”. La central nacionalista, la mayoritaria en Galicia, convocó a finales de 2023 una huelga general en el municipio que contó con el apoyo del pleno municipal —BNG y PP votaron a favor mientras el PSOE se abstuvo— y todavía este enero salió a la calle para reclamar un plan industrial con empleo y futuro.

“Creo que mucha gente se da por derrotada. Y aunque en principio hubo un germen de revolución para tratar de atraer algo para As Pontes, desde la administración y la prensa, con los anuncios que se hicieron, fueron calmando la situación. La gente, en general, ve el futuro bastante negro”, cuenta mientras remueve el café en una terraza del centro urbano.

Ese café está a un paso de la empresa de Montse Gastelu, la presidenta de la asociación de comerciantes y hosteleros Cohempo, que agrupa a unos 140 negocios, “el 90% del total”. Todos ellos vienen notando cómo la economía local “se retrajo” desde el mismo momento en que se anunció el cierre de la central, una noticia que, según Pena, “nos pilló a contrapié”. Endesa venía de invertir unos 300 millones de euros en adaptar sus instalaciones a las exigencias de Bruselas para prolongar su actividad más allá de 2020. Pero no llegó a hacerlo ni tres años. En octubre de 2023 quemaba sus últimas reservas de carbón.

Para la concelleira de Industria, esa precipitación no es excusa porque “otras centrales sí iban a cerrar”. “Las iniciativas, para el conjunto de las zonas afectadas, se ponen en marcha tarde”. “Lo normal sería construir antes de destruir; esa sí sería una transición justa”, apunta Adega. “Aquí lo que se hizo fue destruir y no construir nada antes”.

“Mucha gente que trabajaba en la central ahora está desplazada en Córdoba, en los Pirineos... y, claro, no hacen gasto aquí”, cuenta Gastelu. Uno de ellos, el que era presidente del comité de empresa, amigo de Hixinio y reubicado en la frontera con Francia tras tres décadas en la central. “Esa gente ya no va a volver a As Pontes”, lamenta el sindicalista.

La deuda de Endesa

El Instituto para la Transición Justa estima que el cierre de la central “impactó” sobre el empleo de 527 trabajadores, entre directos y auxiliares, y sobre la actividad de 14 municipios “que ya habían sufrido cierres mineros previos”. De esos empleados, 197 pertenecían a la propia planta y otros 330 —incluidos los puestos de 70-75 transportistas de carbón— a sus contratas.

La CIG casi duplica el número de empleos directos, que eleva a 950, a los que suma 1.800 indirectos en toda el área de influencia. Adega enumera concellos, algunos próximos y otros no tanto: “Somozas, Muras, Vilalba, Xermade, A Capela, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira...”. Hoy, As Pontes tiene registrados 295 parados sobre una población que no llega a los 10.000 habitantes. El gran éxodo no se produjo tras el cierre de la central, sino años antes, con el de la mina a cielo abierto, hoy cubierta por un inmenso lago artificial, el mayor de Europa, de 18 kilómetros de perímetro y profundidades que superan los 200 metros. Cuando finalizó la extracción de lignito, el número de censados rondaba los 15.000, cinco veces más que las apenas tres mil personas que poblaban aquel municipio agrícola y ganadero antes de la apertura de la explotación, en los primeros años 70.

La mina y la central térmica llegaron a dar empleo a 4.000 personas con unos sueldos —y unas prejubilaciones— que eran la envidia de la comarca. “Endesa fue una lotería para muchas familias”, confirma Gastelu. “Aportó cosas muy buenas pero entendemos que, en este momento, no contribuye lo que debería”, asegura Pena. “Durante muchos años fuimos el punto de mayor generación eléctrica del país, esto supuso ingresos millonarios para la empresa y, lógicamente, tuvo contraprestaciones positivas con los trabajadores y la localidad, pero entendemos que Endesa tiene una deuda con As Pontes que no está saldando de forma suficiente”. Más rotundo, Adega sintetiza: “Endesa expolió y después se puso de perfil”.

Desde la compañía eléctrica evitan responder a estas acusaciones. Fuentes de Endesa desglosan para elDiario.es las cuatro líneas del plan de acompañamiento que presentaron ya a finales de 2019, cuando se anunció el cierre y cuatro años antes de que se hiciese efectivo. La primera línea pasa por el propio desmantelamiento de la central, que ha completado poco más del 10%, y prevé dar empleo a unas 120 personas de media anual hasta 2029. “Ahora mismo hay unas 40 o 50”, replica Adega.

A esto se suma la apuesta por el viento como forma de generación de energía. Endesa desarrolla en Galicia 650 MW eólicos —490 en el entorno de As Pontes— con una inversión que ronda los 800 millones de euros. “Lamentablemente estas inversiones se encuentran comprometidas por la judicialización que afecta a todo el sector en la comunidad”, explican desde la compañía, que no espera resolver las “trabas judiciales” antes del primer semestre de 2028.

Como tercera línea aparece la captación de nuevos proyectos industriales para el suelo que se liberará, este sí, con el desmantelamiento de la central. Endesa espera que Ence empiece a levantar su biofábrica de papel tisú en el segundo semestre de este año. Sobre un montante total de 355 millones de euros, esta primera fase supondrá una inversión inicial de 125 millones y generará 120 puestos de trabajo directos. El proyecto acaba de quedar fuera de las ayudas del PERTE de descarbonización que también excluyó a la polémica macrocelulosa de Altri.

Por último, casi un centenar de desempleados han participado ya en la formación de la eléctrica para trabajar en el desmantelamiento. No se les garantiza, pero sí se les da “prioridad” a los incluidos en la bolsa de transición justa: los que trabajaban en empresas contratistas de la central y viven en los concellos declarados como afectados por la transición energética.

Todo mientras mantiene la térmica de ciclo combinado, con 890 MW de potencia instalada —la de carbón, la mayor de España con este combustible, tenía 1.469 MW— y que, según la compañía, juega “un papel trascendental para dar estabilidad y fiabilidad a la red con la penetración cada vez más grande de las renovables en el mix energético nacional”. No es necesario ni siquiera mencionar el gran apagón del pasado 28 de abril.

Sentury, la gran decepción

A falta de confirmación oficial, el último gran chasco en el municipio pontés ha llegado, precisamente, por uno de esos proyectos que Endesa había captado y al que estaba dispuesta a facilitarle instalaciones e, incluso, energía de sus parques eólicos previstos. En 2022 eléctrica anunció que la empresa china Sentury Tire estudiaba implantarse en las instalaciones de la antigua central para producir desde allí 12 millones de neumáticos al año. La inversión prevista superaba los 400 millones de euros y las previsiones de creación de empleo en 750 puestos de trabajo. Hoy, Sentury ha abierto unas nuevas instalaciones en Marruecos y parece haber aparcado definitivamente su aventura gallega.

“El pueblo con Endesa está un poco... bueno, creen que no revirtió aquí lo que tenía que devolver”. Gastelu se suma así al sentir general. “Se comprometió a traer algo y ese algo era el proyecto de Sentury”. Responsables de la empresa llegaron a visitar la zona y reunirse con los agentes económicos, pero desde su apuesta por el país norteafricano, no han vuelto a saber nada. “Que se instalaron en Marruecos con dos líneas en producción y están ampliando otras dos”, añade Adega. “Nos dicen que oficialmente no hay nada, pero eso es lo que dicen las noticias. Sea o no cierto, a la gente le hace pensar”, zanja la presidenta de Cohempo.

Para acabar con esa sensación de “desánimo general”, Gastelu reclama algo “palpable”. “Lo que queremos todos es que algo se materialice. Tenemos mucha ilusión con proyectos como el de ENCE”. Pero esa certeza física parece, escuchando a la concelleir, parece que esa certeza física todavía tardará. “¿Algo palpable? No. Hay varios proyectos que ya están declarados, con la tramitación prácticamente finalizada y que nos trasladan que van a iniciar su asentamiento en breve. Pero mira el tiempo que llevamos ya con la central cerrada...”.

“Tenían que venir un par de empresas que empleasen a 300 o 400 personas, solo para mantenernos, no para mejorar, que sería lo ideal”, demanda el sindicalista. Mientras llegan, le gustaría ver cómo abren otras, más pequeñas, “de 15 o 20 empleados, pero que le den impulso y vida a As Pontes”. Hacia ahí apuntan los 86 millones de euros en ayudas europeas que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha destinado a la comarca. Esperan llegar a movilizar más de 342 millones y crear 110 nuevos empleos. “Muchos proyectos pequeños serían tan buenos como un proyecto grande, porque así no dependes solo de una cosa que puede cerrar, como nos pasó con la central”, reflexiona Gastelu con realismo: “Evidentemente, nunca va a ser como cuando se implantó Endesa, eso nunca va a volver a pasar”.

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La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, ha anunciado este martes su dimisión del cargo, que ocupaba desde el pasado 13 de febrero, para no “ser un estorbo” en la investigación sobre el accidente minero de Cerredo del pasado 31 de marzo que costó la vida a cinco trabajadores y dejó a otros cuatro heridos graves.

Díaz ha señalado en una comparecencia en el Parlamento asturiano, al final de la misma, que este lunes presentó su dimisión al presidente de Asturias, Adrián Barbón, tras haber reiterado en la misma que hay indicios de actividad minera ilegal en la explotación de Cerrero que operaba la empresa Blue Solving.

La ya exconsejera accedió al puesto el pasado mes de febrero, en el que ha durado dos meses, tras haber sido directora general de Minas del Principado de Asturias desde junio del año 2017. Sustituyó a la actual presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñi, de un perfil más ambientalista que la hasta ahora consejera, que es ingeniera de minas de formación y profesión.

La de hoy era la segunda comparecencia de Díaz en el parlamento asturiano. La primera, el pasado viernes, tuvo lugar en la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Comercio celebrada en la Junta General del Principado, en la que la todavía consejera reconocía la detección de dos huecos de considerables dimensiones en la tercera planta de la mina de Cerredo, donde se produjo el accidente, “que podrían ser compatibles con una actividad de extracción de carbón”, para lo que la empresa Blue Solving carecía de licencia.

Lejos de calmar a los grupos de la oposición, la primera comparecencia de Berlamina Díaz, que fue tensa y bronca, encendió aún más los ánimos por lo “farragoso” de algunas de sus respuestas que, según afeaban los diputados y diputadas, les hacía perder tiempo sin conseguir aclarar nada. Solo el Grupo Parlamentario Socialista salió en defensa de su compañera pues, ni siquiera Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en el Principado, desechó la oportunidad para concluir que la comparecencia de la consejera no había servido de nada.

Tras un fin de semana no exento de declaraciones, de una y otra parte, la relación entre los socios de gobierno se tensaba cada vez más por la forma en que debía gestionarse el accidente de Cerredo y la asunción de responsabilidades políticas. Un fin de semana que desembocó en un lunes fatídico para la consejera, quien acabó comprobando lo que era una secreto a voces, y es que a falta de 24 horas para su segunda comparecencia en la Junta General, en este caso, ante el plenario, el PP y el Grupo Mixto (Foro Asturias y Covadonga Tomé) pedían una comisión de investigación que, según su reglamento, el parlamento asturiano tenía que asumir. Izquierda Unida guardaba silencio y se remitía a las declaraciones efectuadas el domingo por su coordinador, y consejero, Ovidio Zapico.

La comparecencia de Belarmina Díaz comenzaba, pues, pasadas las diez y media de la mañana de este martes, ante un hemiciclo en el que algunos grupos de la oposición señalaban el escaño vacío del presidente del Principado, Adrián Barbón. Si bien algunos barruntaban esperanzados el posible desenlace, los primeros veinte minutos de Díaz disiparon tales esperanzas, pues la consejera poco o nada se salió del guion de la intervención que tuvo el viernes.

Tampoco se salieron el resto de grupos de la oposición, solo un Xabel Vegas apelaba a la necesidad de asumir responsabilidades políticas y rendir cuentas, asegurando que tal causa era “ineludible”. Sin embargo, a renglón seguido espetaba, sin nombrarla, que no consentirían que la comisión de investigación, sobre la que Izquierda Unida- Convocatoria por Asturies seguía sin pronunciarse, se convirtiese en un “instrumento frívolo impulsado para lesionar al gobierno” y añadía que “desde Convocatoria no consentiremos circos mediáticos a costa del dolor de las familias”.

Llegaba el turno de cierre de la consejera que, cuando parecía que se disponía a responder a lo que desde el hemiciclo se había vertido sobre su persona durante dos horas, comunicaba que ayer lunes le presentó su “dimisión irrevocable” al presidente del Principado, agradeciendo la confianza depositada en ella al nombrarla consejera el pasado mes de febrero, hace apenas dos meses, cargo que asumió porque “quería trabajar por y para Asturias”.

La ya exconsejera de Transición Ecológica abandonó el hemiciclo, no sin antes reivindicar que, desde el accidente en la mina de Cerredo, su único objetivo fue “investigación, verdad y justicia”, frente al de la oposición que solo buscó “un ataque personal y permanente contra ella” que dijo no merecer. También recibió el abrazo del presidente, Adrián Barbón, quien se incorporó a la sesión momentos antes de que Díaz finalizase su última intervención.

Finalizada la sesión plenaria en el parlamento asturiano, el presidente del Principado agradeció a Díaz el paso dado, una decisión “libre y voluntaria”, apuntó Adrián Barbón a través de un vídeo de youtube. Aprovechó el jefe del Ejecutivo asturiano para cargar contra la derecha y extrema derecha, a quienes acusa de haber utilizado el dolor de las familias para erosionar al gobierno. En este sentido, y tras reconocer y agradecer el trabajo de Belarmina Díaz, remarcó que “no todos los políticos somos iguales ni hacemos lo mismo”, para a continuación parafrasear al expresidente Adolfo Suárez, en el momento en que comunicó su dimisión.

Barbón anunció, asimismo, que la próxima semana tendrá lugar el nombramiento del nuevo consejero o consejera de Transición Ecológica de Asturias.

Reacciones a la dimisión de la consejera

Para el socio de gobierno del PSOE, la dimisión de Belarmina Díaz permite avanzar en la investigación y la regeneración, al haberse asumido las responsabilidades políticas por los sucedido. Así lo ha manifestado Ovidio Zapico, coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Memoria Democrática.

Desde Foro Asturias, su diputado Adrián Pumares asegura que la dimisión de la consejera llega tarde, no disipa las dudas sobre el accidente en la mina de Cerredo, y que Díaz se ha ido de una manera “poco elegante”, tras haberse negado a dimitir el pasado viernes.

El accidente mortal en la mina de Cerredo ha llegado este viernes al parlamento asturiano, donde la consejera de Transición Ecológica, ha comparecido por primera vez. Lo ha hecho a petición propia en la que ha sido una comisión tensa, donde la mayor parte de los grupos parlamentarios manifestaron sus quejas por la falta de concreción en las respuestas ofrecidas por Belarmina Díaz, considerando sus “evasivas”, difíciles de entender.

Once días después del accidente que se llevó por delante la vida de cinco mineros en Cerredo, y dejó heridos graves a otros cuatro, ya dados de alta, las primeras investigaciones comienzan a arrojar datos, como los relatados este jueves en el parlamento asturiano por la responsable de Industria del Gobierno asturiano, admitiendo que han sido localizados dos huecos de importantes dimensiones, que serían compatibles con la extracción de carbón, en la tecera planta de la mina, donde se produjo el accidente.

Son dos huecos avistados por los inspectores que, según la estimación visual inicial realizada desde la galería, pues tal y como ha reconocido la consejera aún no es seguro adentrarse en ellos por la presencia de grisú, tienen unas dimensiones que rondan los 18,2 metros 24,6 metros, respectivamente, de largo y entre 25 y 30 metros de alto, con una anchura de unos 0,8 metros.

Estos son los datos que ha facilitado este viernes, en sede parlamentaria, la consejera Berlamina Díaz, que hasta ahora se negó desde el Gobierno asturiano, y que vienen a confirmar lo que era una secreto a voces en la zona, por los entornos familiares de los fallecidos y heridos. “Algunos de los trabajadores llevaban dos años contratados para extraer carbón, algo que con total naturalidad se sabía en Cerredo”, relatan a elDiario.es Asturias. Dos huecos cuyas dimensiones evidenciarían, de confirmarse la actividad, según apunta la consejera, que “los mineros trabajaban en el peor de los chamizos”.

Díaz, quien fuera directora general de Energía y Minería del Principado entre los años 2017 y 2025, hasta que fue nombrada titular de la Consejería de Transición Ecológica, reiteró que si se confirma la actividad extractiva que evidencian esos dos huecos detectados, Blue Solving, empresa que gestionaba la mina, tendrá que asumir la responsabilidad de las ilegalidades cometidas “con consecuencias letales”, pues la mina carecía de licencia para extraer carbón, remarcó la consejera.

Durante una comparecencia por momentos bronca y siempre tensa, en la que ninguno de los dos grupos que sostienen al Gobierno del Principado (PSOE e IU Convocatoria por Asturies) utilizaron su turno de pregunta, Belarmina Díaz reconoció haberse reunido hasta en dos ocasiones con facultativos de Blue Solving, en ningún caso con ninguno de sus administradores, y se amparó en una presunta prevaricación para explicar el motivo por el que se otorgó permisos al hijo o a la mujer de un empresario con procesos judiciales pendientes y desconociendo, además, quién estaba verdaderamente detrás de ese entramado empresarial.

La consejera asturiana remarcó en cada una de sus intervenciones que Blue Solving solamente tenía permiso para la retirada de material de la mina de Cerredo que, presuntamente, se encontraba ya sin actividad y en un proceso de desmantelación, si bien durante su comparecencia también reconoció que ni siquiera estaba operativa la licencia de investigación que supuestamente tenía la empresa, tal y como explicó ella misma días después del accidente.

Donde tampoco quiso meterse Belarmina Díaz, para enfado de la oposición, fue ofrecer explicaciones sobre el correo electrónico enviado por un vecino de la zona de Cerredo que, en septiembre de 2023, alertaba sobre actividades sospechosas para una explotación minera que supuestamente estaba desmantelada. El correo de este vecino, en el que además aportaba fotos y vídeos, fue recibido por el Servicio de Atención del Principado y redirigido a otro email de la Dirección General de Energía y Minería donde, tras un proceso de migración de cuentas, tal y como explicó Díaz, nadie lo abrió hasta una semana después del accidente.“Reconozco que no es comprensible que no se abriese ese correo”, aseguró Díaz, sin abundar más.

Según manifestó tras el accidente, la última inspección realizada en la mina, en la que no se encontró nada “anormal”, dicho por la consejera y la propia delegada del Gobierno, Adriana Lastra, fue el pasado mes de septiembre, lo que llevaría a pensar que los huecos localizados ahora se tuvieron que hacer en el tiempo transcurrido entre esa última inspección y el mes de marzo, cuando sucedió la mortal explosión. Por este motivo, desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé se preguntaba si el accidente se hubiese podido evitar si esa actividad se hubiese detectado a tiempo.

De una comparecencia “vergonzosa e intolerable” hablaba el diputado de Foro, Adrián Pumares, mientras que desde el PP hablaban del comportamiento de la consejera con “evasivas imposibles de entender” e Izquierda Unida, cuya diputada, Delia Campomanes sí utilizó el turno de cierre, reconocía que la comparecencia no había cumplido con su cometido pues “aún falta investigación”.

Berlarmina Díaz, por su parte, concluyó asegurando que comparecerá todas las veces que sean necesarias y garantizando que “seguiré trabajando para que toda la verdad salga a la luz”.

El lunes 14 de abril volverá a reunirse la comisión especial creada en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera y dedicada exprofeso a investigar el accidente de la mina de Cerredo.

¡Buenos días! 

¿Cómo llevas la semana? Nosotros seguimos inmersos en el caos que supone seguir las decisiones erráticas de Donald Trump. Cada día en la redacción de elDiario.es vivimos los cambios de dirección constante del presidente de Estados Unidos con su política arancelaria.

Este miércoles, alrededor de las ocho de la tarde, Trump ha anunciado una nueva marcha atrás con una pausa de 90 días en su guerra comercial con la mayoría de países. Esta tregua, que no ha terminado de explicar claramente, no afecta a China, a la que ha incrementado hasta el 125% los aranceles como respuesta al movimiento chino de imponer tasas del 84% a los productos de Estados Unidos. 

¿Dónde nos lleva este continuo clima de confusión? Nadie lo sabe, menos aún en los Estados Unidos, pero ya hay anuncios serios de que esta incertidumbre y el golpe al comercio internacional puede llevar a la economía del planeta al desastre. Ni siquiera los millonarios que respaldaron a Trump tienen claro que la política económica del líder conservador sirva de algo a sus intereses. La élite empresarial estadounidense, con múltiples inversiones en los mercados de su país, se revuelve contra Trump. En esta fiesta del desconcierto hasta Elon Musk, uno de los principales valedores de Trump, se ha enfrentado a Peter Navarro, el ideólogo de los aranceles que se inventó a un economista para respaldar sus incongruentes tesis económicas.

Seguramente Trump ha sucumbido a las presiones internas de millonarios y empresarios que veían cómo el valor de sus acciones se iba despeñando día a día. Probablemente esta política de aranceles solo haga que Estados Unidos quede excluida del comercio internacional. ¿Qué van a hacer si la Unión Europea, China y el resto de los países amplían sus relaciones comerciales y dejan fuera a EEUU? De momento, amenazan a países como España solo por tratar de abrir mercados con China. 

Nadie se cree los argumentos de los asesores económicos de Trump para justificar los aranceles: una amalgama de teorías donde confluye el victimismo con el argumento idílico que la potencia norteamericana provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad y la paz o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda por lo que sus trabajadores no deberían pagar tantos impuestos para reducir el déficit. Realmente estamos ante el burdo postulado neoliberal de buscar pésimas fórmulas económicas que permitan rebajar impuestos a los de siempre.

El discurso trumpista, como no podía ser de otra manera, solo cala en Europa en las mentes necias de la ultraderecha. En España, el Gobierno ha defendido que los aranceles de Trump “ni son recíprocos, ni están justificados económicamente”. La Unión Europea ya ha respondido con la aprobación del primer paquete de 1.600 productos de EEUU que tendrán una tasa del 25% por un valor de 21.000 millones de euros en contestación al golpe de Trump al sector del acero y el aluminio. Aquí tienes el listado de productos made in usa afectados por los aranceles europeos.

Trump asegura que los países le están “besando el culo” para negociar los aranceles. No es creíble, su pausa arancelaria explica más bien lo contrario. La UE está adoptando una postura prudente en busca de un acuerdo que no perjudique a ninguna de las partes, antes de entrar en una guerra comercial que puede llevar al mundo a una recesión económica, pero es necesario seguir apretando. Más aún.

No se le puede dar ni un respiro a Trump. Nos jugamos mucho. Una crisis económica está en ciernes. Incluso en nuestro país, que ahora es la locomotora de Europa, el Banco de España ya ha avisado de que recortará la previsión de crecimiento por los aranceles. Ya hay compañías españolas, en sectores tan importantes como el vino, el aceite o el calzado, que están avisando de que “se han paralizado pedidos y proyectos” y ven en peligro contratos por los aranceles. Por eso es necesario el plan del Gobierno para ayudar a las empresas y los trabajadores de nuestro país.

Hay que seguir golpeando a Trump donde más le duele: ampliando y abriendo nuevos mercados, que ya hemos visto que molesta, y aumentando la lista de productos norteamericanos a los que se les aplican aranceles. Trump no entiende otro lenguaje, solo se puede responder con mano dura. No se puede ceder con los tiranos. 

El gráfico

Otro fin de semana con miles de personas en toda España que se lanzan a la calle para protestar por los precios de la vivienda. El pasado sábado se vivieron más de 40 manifestaciones en ciudades de nuestro país para exigir que bajen los alquileres y que la vivienda deje de ser un negocio. Nada parece parar el problema de los precios de los pisos, las Administraciones públicas no terminan de encontrar la solución. Hay ya un millón y medio de hogares ahogados por el alquiler. No es una cuestión generacional, afecta a un amplio espectro de la sociedad: familias con hijos, personas solteras, jóvenes y mayores, aunque este problema se ceba con los más débiles y los más desprotegidos. Aquí tienes un vídeo sobre tres generaciones afectadas por la crisis de la vivienda: una joven que no puede independizarse, un trabajador de mediana edad que ha tenido que volver a casa de sus padres y una mujer de 87 años bajo amenaza de desahucio.  

El dato

35%

de los accidentes mortales de trabajo durante el año pasado en el que las empresas no habían cumplido con su obligación de evaluar los riesgos laborales a los que se enfrentaba la persona en ese puesto, según ha explicado el sindicato CCOO a partir de datos del Ministerio de Trabajo. Están siendo unas semanas complicadas por los numerosos accidentes mortales en el tajo, con cinco muertos y cuatro heridos graves en la explosión de una mina en Asturias. El año pasado aumentaron las muertes laborales, con 796 personas fallecidas en accidentes de trabajo, 75 más que el año anterior. Una lacra que hay que frenar ya. En este enlace te explicamos que las empresas no habían evaluado los riesgos laborales en más de un tercio de las muertes laborales de 2024.

Otro aspecto de los accidentes laborales es cómo sigue la vida el día después. Cuando a las personas se les para el tiempo porque ellos o sus familiares tuvieron un accidente en el tajo que les dejó sin vida o con secuelas para siempre. Todavía es una historia invisible pero común para muchas familias en España. Hay que tener en cuenta que en nuestro país cada día mueren dos personas en el trabajo. Para ayudar, recuperarse y colaborar para salir adelante, un grupo de víctimas se ha unido en un taller de duelo, organizado por la asociación AVAELA, donde están empezando a sanar el trauma. Aquí te contamos cómo las víctimas y sus familiares afrontan el duelo en grupo tras un accidente laboral.  

Letras que son un Tesoro

 “El siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia. El siglo XXI será el siglo del socialismo ecológico, democrático y participativo”. Así empieza el último libro publicado en España por el economista francés Thomas Piketty, con el título de Hacia un socialismo ecológico (Editorial Deusto), un compendio de sus artículos publicados en Le Monde entre 2020 y 2024. Nos gustaría que la propuesta de Piketty se convirtiera en realidad, pero desde luego este siglo no está siguiendo el mejor camino para cualquier demócrata. Piketty propone seguir con la desmercantilización de sectores que se puso en marcha en el pasado siglo, ampliar el proceso de progresividad fiscal sobre en un nuevo ciclo de socialización de la riqueza y la redefinición de estrategias sociales y coaliciones políticas para seguir en el siglo XXI con la revolución socialdemócrata. Merece la pena leer este libro desde la esperanza.  

Entrepreneur

Sentencias judiciales que sacan a la luz actuaciones oscuras del pasado. Fueron todas buenas palabras sobre la gestión del ya fallecido Víctor Grifols i Lucas como cofundador y expresidente de la multinacional de los hemoderivados. Una derrota judicial de la familia Grifols frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Audiencia Nacional ha revelado que Grifols i Lucas mantuvo una participación en la compañía mediante la fórmula de evasión fiscal conocida como ‘sándwich holandés’: instrumentales de Países Bajos controladas desde territorios de baja tributación que permiten destinar dividendos allí sin pagar apenas impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo el fundador de Grifols utilizó el ‘sandwich holandés’ con acciones en la farmacéutica mediante una empresa en las Antillas para pagar menos impuestos.

Siguiendo con decisiones judiciales alrededor de los defraudadores fiscales, la Audiencia Nacional ha confirmado una reclamación de Hacienda de más de 111 millones de euros a la empresa de fabricación de bebidas alcohólicas de origen italiano Vittone 1482 SL, una habitual en las primeras posiciones de varios listados anuales de morosos de la AEAT.  La sentencia subraya los “innumerables incumplimientos” y el “elevadísimo riesgo fiscal” del almacén en Girona de la compañía. Aquí te explicamos que los tribunales confirman una reclamación de 111 millones en impuestos a uno de los mayores morosos de Hacienda. 

Bien Público

Pasos decisivos y justos para avanzar en la transición ecológica. Las zonas afectadas por los cierres de las antiguas centrales eléctricas de carbón suman compromisos de inversión de 6.185 millones de euros. El objetivo es mantener el empleo y dinamizar la economía e industria de las zonas afectadas por el cierre de 15 centrales en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Con este plan de inversiones se prevé la creación de 2.276 puestos de trabajo, frente a los 1.557 empleos que se vieron afectados por el cierre de las centrales. Esta es la vía para que las políticas de transición ecológica triunfen, sin que los trabajadores tengan que ser los que paguen por el proceso de tener una economía más limpia y sostenible. En esta información de Antonio M. Vélez tienes más datos sobre el compromiso de inversión de 6.185 millones en  las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón.  

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Primer veredicto: había gas grisú ocho días después en el interior de la mina de Cerredo en la que el pasado 31 de marzo se produjo una fuerte explosión que causó la muerte de cinco trabajadores leoneses y dejó heridos de gravedad a otros cuatro. Esta es la primera y categórica conclusión de la primera inspección técnica realizada este martes.

Así lo ha confirmado este miércoles la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, un día después de que técnicos y especialistas en accidentes mineros visitasen el interior de la explotación para tratar de recabar datos que ayuden a determinar las causas de la explosión en esta mina situada en el concejo de Degaña, en el extremo suroccidental asturiano, en el límite con la provincia de León.

“Ayer había grisú y se tardó en entrar porque había grisú, eso sí os lo puedo adelantar. A partir de ahí, hay que esperar a analizar todos los datos”, ha dicho la consejera tras mantener una reunión con una representación institucional de varios concejos mineros. 

estas declaraciones se producen después de que varios trabajadores de la mina donde se produjo el grave siniestro manifestaran a su entorno familiar y sindical haber sentido síntomas leves de una posible intoxicación de gas días antes del fatal accidente por una explosión de grisú en la tercera planta de la explotación, donde se produjo el accidente.

De este modo, se confirma que la principal hipótesis de la fuerte explosión es la presencia de una bolsa de gas grisú y las pesquisas buscan dilucidar si la actividad de la empresa Blue Solving se ajustaba a las licencias concedidas -de investigación y de retirada de materiales pero no de extracción de carbón- y si, además, cumplía con todas las medidas de seguridad.

El grisú es un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones durante las labores de extracción sin previo aviso, al carecer de olor, aunque existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación siempre que funcionen correctamente.

Belarmina Díaz anunció además que comparecerá este viernes 11 de abril en comisión de la Junta General para informar sobre detalles oficiales del accidente minero moral. Así lo ha acordado este miércoles la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, Industria y Comercio, que ha decidido también cambiar el orden del día de la sesión fijada para el viernes, han informado fuentes parlamentarias.

La consejera ya había anunciado la semana pasada su intención de comparecer voluntariamente en el parlamento autonómico para informar de la gestión relacionada con la mina y de la investigación abierta en torno a la empresa, Blue Solving, tras el accidente.

Al margen de su comparecencia ante el parlamento, la consejera también acordó la semana pasada la constitución de una comisión especial de investigación en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera, mientras que la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias va a iniciar una inspección general en el servicio de Minas.

Especialistas en explosiones y técnicos de minas inspeccionarán mañana, martes, el interior de la mina de Cerredo, en la que el pasado lunes cinco trabajadores murieron y otros cuatro resultaron heridos de gravedad a causa de una explosión.

En esta inspección participarán la Policía Judicial de la Guardia Civil, junto a la unidad especializada en incendios y explosiones con base en A Coruña, la Brigada de Salvamento Minero y técnicos de minas, ha detallado este lunes la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha resaltado que el Estado ha puesto “todos los recursos necesarios” para la investigación del siniestro.

“Queremos saber qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y quiénes son los responsables, y no descansaremos hasta que se depuren todas las responsabilidades”, ha remarcado Lastra en su intervención en la apertura del 14º Congreso de CCOO de Asturias, que se celebra en Gijón.

La explosión se produjo el pasado lunes 31 de marzo por la presencia de una bolsa de gas grisú, según la principal hipótesis que se maneja en la investigación, que trata ahora de dilucidar si la actividad de la empresa concesionaria en el interior de la mina, Blue Solving, situada en el concejo asturiano de Degaña, en el extremo suroccidental de Asturias, se ajustaba a las licencias concedidas.

La empresa Blue Solving tiene desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel uno de la mina de Cerredo usos minerales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel tercero de la explotación, en el que tuvo lugar la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para explotarla para sacar carbón. El empresario que impulsó la mina de Cerredo en 2009, el magnate Victorino Alonso, denunció semanas antes del accidente que se extraía carbón de forma irregular y ha llevado esas denuncias a la Fiscalía tras el suceso mortal.

Tras el accidente la mina fue clausurada temporalmente mientras se desarrolla la investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil, en una investigación que ha asumido el Juzgado de Cangas de Narcea.

Paralelamente el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha una comisión de investigación específica, dentro del marco de la Comisión Regional de Seguridad Minera, y además ha anunciado que abre un expediente “urgente” para analizar el funcionamiento de su Servicio de Minas ante las dudas sobre los avisos de actividad en esta mina.

La imagen del minero español nos lleva a otro tiempo: lo asociamos con una etapa más oscura y más precaria de nuestra historia, sin apenas derechos laborales, sin conciencia ambiental, en la que el objetivo económico siempre estaba descaradamente por encima de la vida de los trabajadores, que con pocos medios y poca protección, se metían bajo tierra para encontrar algo valioso del que otros, no ellos, sacarían mucho dinero. Nos impacta porque las minas nos suenan al pasado. Pero en las últimas semanas, las minas en España han dejado de ser el pasado: un proyecto de la Unión Europea plantea reabrir 47 minas, y España será el país en el que más minas se abrirán. 

Esto se da en un momento en el que cinco mineros han muerto en Asturias, mientras estaban explorando una mina que hasta ahora se daba por muerta. ¿Qué nos garantiza que si España vuelve a la mina, nadie más morirá así en el Siglo XXI? Lo abordamos con el director de elDiario.es en Castilla y León Antonio Vega y a Alba Leiva, de El Orden Mundial, le preguntamos por qué para la Unión Europea la minería se ha vuelto importante.

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Adrián Barbón, presidente del Gobierno del Principado de Asturias, ha asegurado este sábado que la investigación iniciada sobre el accidente minero que costó la vida a cinco personas y dejó cuatro heridos graves ocurrido en Cerredo, concejo de Degaña, irá hasta el final y se asumirán todas las responsabilidades.

En una publicación en Facebook Barbón ha recordado sus origenes personales mineros, procede de Laviana, y se ha comprometido en “llegar hasta el final y depurar las responsabilidades”. Para ello, señala, habrá que “Averiguar lo sucedido y que nadie, empezando por la empresa Blue Solving, puedan rehuir el asumir su responsabilidad”. “Es mi promesa y la pienso cumplir”, ha enfatizado.

El líder socialista asturiano ha repasado las decisiones adoptadas sobre el suceso: la personación del Gobierno de Asturias como acusación en la investigación judicia; la creación de una comisión de investigación específica; y las comparecencias urgentes en la Junta General del Principado, el parlamento asturiano, de él mismo y de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Belarmina Díaz.

Pero además ha introducido una novedad, y es que ha ordenado a la Inspección de Servicios del Principado, el organismo que investiga el buen funcionamiento de la administración que la “activación, con carácter urgente, de una inspección de servicios que afecta al Servicio de Minas del Principado”. Barbón ha explicado que esta investigación “Lo chequea de arriba a abajo. Y esos informes, que se hacen con total independencia, son concluyentes: detectan el mínimo error, una negligencia -por pequeña que sea- y fija actuaciones a realizar para corregir el servicio, decisiones a tomar y responsabilidades que asumir”.

Barbón sale así al paso de las críticas políticas que empiezan a apuntar a Belarmina Díaz, que hasta que asumió el cargo de consejera en febrero del 2025 en el último cambio de gobierno, era la directora general de Minas del Principado de Asturias. Foro pidió ya este viernes su dimisión reclamando explicaciones sobre las inspecciones a la mina de Cerredo, con Vox pidiendo una comisión de investigación en el parlamento asturiano.

El presidente asturiano ha rechazado el uso político de la tragedia, “Lo que que los hombres y las mujeres de la mina quieren son respuestas y que se haga justicia”. Para alguien como yo, primer Presidente del Principado de Asturias que es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y sobrino de mineros, que se haga justicia, ser implacable y llegar hasta el final no son declaraciones, son compromisos de sangre. Y los voy y los vamos a cumplir“, ha señalado.

Las dudas sobre las inspecciones en la mina de Cerredo

Mientras avanza la investigación judicial y administrativa sobre los hechos ocurridos en Cerredo y que costaron cinco vidas y cuatro heridos graves, las dudas sobre la actividad real que allí ocurría y los avisos que tenía la Administración asturiana suben cada día. El empresario que impulsó la mina, el magnate Victorino Alonso que cumple cárcel en tercer grado por sus desmanes mineros, denunció el pasado 12 de marzo que allí había actividad ilegal, tal y como contó elDiario.es. La consejera Belarmina Díaz ha admitido que la conocían y que se le dio “curso administrativo normal”, sin especificar qué significaba eso.

La Nueva España adelantó hace unos días que un vecino había denunciado actividad minera ilegal de forma reiterada al Principado de Asturias, aportando videos e imágenes, sin que hasta ahora se activara una investigación. El Gobierno de Asturias ha señalado que se han producido ocho inspecciones a la mina, la última el pasado mes de septiembre, sin que se haya encontrado indicios de actividad no autorizada.

La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving, SL, administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa SL, administrada por su progenitora. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.

Blue Solving disponía de dos licencias en Cerredo, una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón. Ambas caducaban este 11 de abril.

Los sindicatos CCOO y SOMA-UGT han coindicido este viernes, tras mantener sendas reuniones y por separado, con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, en que se investigue hasta el fondo en el accidente minero que costó la vida a cinco personas el pasado lunes y dejó otras cuatro heridas de gravedad.

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha avanzado este viernes que su sindicato, al igual que anunció ayer el Gobierno del Principado, se personará como acusación particular en la causa por el accidente en las instalaciones que llevaba la empresa Blue Solving.

Tras mantener una reunión con la consejera, Alperi ha apostado por “trabajar con rigor” en el seno de la comisión especial de investigación acordada este jueves por la Comisión Regional de Seguridad Minera.

El dirigente sindical ha pedido que se pongan a disposición de dicha comisión todos los informes y la documentación que disponga la consejería en torno a los permisos y los trabajos que se han desarrollado en esta mina del suroccidente asturiano. Alperi también ha subrayado que si de todos los informes que hay que analizar se derivan “responsabilidades concretas” tendrán que “depurarse”.

Preguntado por el hecho de que hubieran pasado seis meses desde la última inspección, Alperi ha precisado que las inspecciones se realizan de acuerdo a “un criterio técnico” y por tanto es el experto en minería el que sabe “cuándo tiene que inspeccionar y cuándo no”.

A este respecto, ha expresado su confianza en el trabajo que hacen los actuarios de minas que hay en Asturias, y que, según ha dicho, son “los mejores del país”.

CCOO pide “cautela” pero depurar cualquier “responsabilidad”

El sindicato CCOO ha defendido este viernes mantener “cautela” tras el accidente en la mina de Cerredo, en el que el pasado lunes murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, si bien ha subrayado que si se detectan irregularidades se deberán “dirimir responsabilidades a quien competa”.

Así lo ha dicho este viernes el responsable Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO, Javier Vázquez, antes de mantener una reunión con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, para analizar la situación tras el accidente.

“Cautela, tampoco vamos a criminalizar”, ha dicho en respuesta a preguntas de los periodistas antes de explicar que el sindicato aún no ha determinado si se personará como acusación particular en la causa abierta, como sí lo hará el Gobierno del Principado y UGT.

El dirigente sindicato ha explicado que la organización sindical se personará “si hubiese irregularidades en concesiones” o “en cualquier tipo de permisos”

Curso a la denuncia de Victorino Alonso

La Dirección General de Energía, Minería y Reactivacion dio el “curso administrativo normal” a la denuncia de la empresa minera Promining sobre actividades irregulares en la mina de Cerredo, según la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que ha incidido en que el Principado está centrado en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente que elunes costó la vida a cinco trabajadores.

Tras el encuentro con los sindicatos CCOO y SOMA-UGT la consejera ha indicado que durante el mes de marzo se recibieron en la Dirección General dos “escritos de empresas privadas contra empresas privadas” en los que se indicaban “cuestiones muy variadas” y entre los que figuraba la denuncia por supuestas actividades irregulares en la mina de Cerredo.

“Son unos escritos presentados por empresas privadas contra otras empresas privadas. Les repito, mi prioridad ahora mismo, nuestra prioridad ahora mismo, es aclarar las circunstancias del accidente, la investigación, eso es lo prioritario”, ha subrayado Díaz.

La consejera también ha indicado que todavía no está confirmado que la explosión la haya causado una fuga de gas grisú ni que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal de la mina.

“Necesitamos confirmar muchos datos todavía, es una explosión grande, eso es lo que se sabe con certeza”, ha recalcado Díaz, que ha aclarado que solo se ha realizado una entrada en la mina tras el accidente, efectuada por la Brigada de Salvamento Minero con inspectores, y que la Consejería está a la espera de que la próxima semana se amplíe la recogida de pruebas con la llegada de una unidad especial desde A Coruña

La sociedad Promining (Proyectos Mineros e Ingeniería SA) vinculada al condenado empresario minero Victorino Alonso, que cumple condena de prisión por sus desmanes ambientales en la provincia de León, denunció el pasado 12 de marzo ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Asturias los planes del grupo empresarial responsable de la mina de Cerredo de su pretensión de reabrir la mina donde se ha producido el accidente mortal que ha costado cinco vidas, y otra más en el concejo de Ibias.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Promining consideraba que “la orden de cierre que pesa sobre esas concesiones mineras, es igualmente irrevocable”. Victorino Alonso fue el promotor de la mina de Cerredo en el año 2007 con sus sociedades Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, que perdieron la concesión en su proceso de quiebra en el año 2014.

Promining realizó un escrito similar de oposición a la reapertura de otra mina solicitada por el mismo grupo empresarial, de origen leonés, en la localidad de Sosas de Laciana, en la provincia de León. Se trata de una vieja mina también que explotaba Coto Minero Cantábrico y que Victorino Alonso consideraba que no se podía reabrir sin devolver las ayudas europeas. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que será “escrupulosa” con la autorización de esta reapertura minera.

El magnate minero criticó en su escrito que “No existe en el yacimiento de Cerredo ningún carbón de altas prestaciones. El yacimiento está más que reconocido por los muchos años de explotación y la calidad de sus carbones también. En el año 2008 se realizó por parte del IRMC un análisis exhaustivo de todos los yacimientos que estaban en explotación, entre ellos el de Cerredo. Las capas de carbón no son coquizables (en los términos que la UE define estos carbones como mineral estratégico) y mucho menos se pueden 'grafitar' ”.

Para ellos lo que la empresa Blue Solving vendió como proyecto de innovación “Se trata de un burdo engaño tendente a justificar la reapertura de la mina”. Además acusaba a Blue Solving de que “tampoco se está realizando un proceso distinto de tratamiento de carbón al que se vino haciendo toda la vida, solamente es una coartada para reabrir un lavadero que está vinculado a una orden irrevocable de cierre”.

Promining denunciaba que el “permiso de investigación” con que contaba Blue Solving no avalaba ninguna extracción minera, ya que necesitaría la concesión minera y que, aún así, “estaría sujeta bien a una obligación de cierre irrevocable o alternativamente a la devolución de las Ayudas Percibidas tanto para el cierre y restauración de la mina, como para la explotación que en los últimos años llevó a cabo en este yacimiento la Compañía Minera Asturleonesa, S.A. (CMAL)”. Por el cierre de esta unidad productiva las ayudas habrían ascendido a 6.988.931,00 euros solamente para ese año, por lo que tuvo que presentar el aludido Plan de Cierre sobre las concesiones que ahora pretende “investigar” Blue Solving, S.L.

Además de la denuncia hace dos semanas Promining ha remitido esta semana tras el accidente, informa EFE, un escrito similar a la Fiscalía de Asturias señalando que lejos de hacerse labores de investigación se sacaba carbón para calefacciones y usos industriales.

La mina de Cerredo fue transmitida en el año 2014 a la sociedad Compañía Minera Asturleonesa, del empresario ya fallecido Rodolfo Cachero, que la puso en los planes de cierre aunque éstos no se llevaron a cabo ante la quiebra de la compañía en el 2018 y el fin de la actividad masiva del carbón en España.

La denuncia de Promining sobre la actividad autorizada en Cerredo se suma a las realizadas por un vecino también ante el Gobierno de Asturias y que adelantó La Nueva España, que señaló que se estaba produciendo actividad minera sin licencia. Según el mismo periódico, esta denuncia fue trasladada, vía mail, a la entonces Dirección de Energía, Minería y Reactivación, al frente de la cual estaba entonces la actual consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Belarmina Díaz.

Entramado empresarial

La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving, SL, administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa SL, administrada por su progenitora. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.

Estos empresarios pertenecen a una saga empresarial leonesa vinculada a la distribución de carbones y gasóleos y Jesús Manuel Rodríguez tiene pendiente desde hace 16 años un juicio por un presunto caso de narcotráfico en el que se localizaron casi 400 kilos de cocaína en el puerto de El Musel de Gijón en una importación de carbón vegetal a través de una de sus sociedades.

Blue Solving disponía de dos licencias en Cerredo, una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón. Ambas caducaban este 11 de abril.

El Gobierno de Asturias niega “irregularidades”

La consejera de Industria, Berlamina Díaz, ha negado este jueves que Blue Solving, la empresa que explotaba la mina de Cerredo en la que el pasado lunes se produjo una explosión que se cobró la vida de cinco personas, tuviera ninguna actividad “anormal” detectada. La consejera asturiana remarcó que esa mina fue inspeccionada hasta en ocho ocasiones en los dos últimos años, la última, el pasado mes de septiembre, y ni nunca se detectó nada raro ninguna actividad anormal ni tampoco extracción de mineral.

El Gobierno de Asturias ha acordado la constitución de una comisión de investigación especial sobre el accidente de Cerredo, que empezará sus trabajos a finales de abril, y ha señalado que “pondrá todos los medios para aclarar las circunstancias del accidente, a través de una investigación profunda y seria”.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio ha anunciado que comparecerá a petición propia en la Junta General del Principado de Asturias para explicar todo lo sucedido alrededor del accidente mortal de Cerredo, que también le había exigido la oposición. El juzgado de instrucción de Cangas de Narcea se ha hecho cargo de la investigación judicial.

Este viernes la consejera ha explicado que la Dirección General de Energía, Minería y Reactivacion dio el “curso administrativo normal” a la denuncia de Promining sobre actividades irregulares en la mina de Cerredo, que ha incidido en que el Principado está centrado en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente que elunes costó la vida a cinco trabajadores.

Tras el encuentro mantenido con los sindicatos este viernes, la consejera ha indicado que durante el mes de marzo se recibieron en la Dirección General dos “escritos de empresas privadas contra empresas privadas” en los que se indicaban “cuestiones muy variadas” y entre los que figuraba la denuncia por supuestas actividades irregulares en la mina de Cerredo.

“Son unos escritos presentados por empresas privadas contra otras empresas privadas. Les repito, mi prioridad ahora mismo, nuestra prioridad ahora mismo, es aclarar las circunstancias del accidente, la investigación, eso es lo prioritario”, ha subrayado Díaz.

La investigación sobre el accidente ocurrido en la mina de Cerredo en Asturias, en el concejo de Degaña, y que ha costado la vida a cinco mineros leoneses, tendrá que determinar la auténtica naturaleza de las actividades que llevaba a cabo en la explotación la sociedad Blue Solving, del empresario leonés Adrián Rodríguez. Tanto la mina interior de Cerredo como su cielo abierto dejaron de tener actividad extractiva con la quiebra en el 2018 de la Compañía Minera Astur Leonesa, que la explotó desde el 2014 en que se hizo con la concesión que creó Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte en el 2009.

Blue Solving disponía de dos licencias, una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón.

El periódico asturiano La Nueva España adelantaba este miércoles la denuncia realizada por un vecino de Degaña (Asturias), el pasado 16 de septiembre de 2023, al Servicio de Atención Ciudadana del Principado (SAC), sobre posibles trabajos irregulares de extracción de carbón en el interior de la mina. Según el mismo periódico, esta denuncia fue trasladada, vía mail, a la entonces Dirección de Energía, Minería y Reactivación, al frente de la cual estaba entonces la actual consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Belarmina Díaz.

El denunciante informaba acerca de una nueva explotación en la mina de Cerredo, aportando fotos y vídeos, y alertando de la ausencia de las pertinentes medidas de seguridad. Concretamente, se refería a una nueva bocamina en la zona conocida como “piso 3º”, donde el lunes se produjo el accidente. La respuesta que recibió el denunciante, por parte del Servicio de Atención del Principado, es que su correo había sido enviado al Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros “para su conocimiento”. Este vecino envió nuevamente un correo al SAC el pasado martes, es decir, al día siguiente del accidente mortal registrado en la mina, preguntando si el Gobierno regional no era consciente de los peligros.

Al margen de la actividad que se estuviera desarrollando en el interior de la mina, la principal hipótesis es que el siniestro se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso, al carecer de olor, aunque sí existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, pedía este martes respetar el duelo de las familias y acompañarlas en el entierro de sus fallecidos, pero aseguraba también que la investigación para esclarecer las causas que provocaron el accidente en Cerredo, que se llevó por delante la vida de cinco mineros y mantiene estado grave a otros cuatro, ya está en marcha. Aunque las primeras investigaciones apuntan a una fuga de grisú, el líder asturiano aseguró que la empresa será chequeada de arriba a abajo para comprobar que su actividad se ajustaba a los permisos que la sociedad Blue Solving disponía desde el verano pasado, porque “queremos saber lo sucedido y exigimos el máximo rigor en los análisis para conocer la verdad”, remarcaba Adrián Barbón.

También la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la consejera de Transición Ecológica, Berlamina Díaz, apuntaban a que una inspección rutinaria realizada en el mes de septiembre permitió confirmar que “todo estaba en regla” y que los trabajos que se estaban realizando en mina Cerredo se correspondían con las licencias de que disponían, cuya vigencia finalizaba el 11 de abril.

elDiario.es Asturias se ha puesto en contacto con la Consejería de Transición Ecológica para preguntar por esta información y sus posibles implicaciones para el Ejecutivo asturiano, pero no ha recibido respuesta. Este jueves por la mañana está convocada la Comisión Regional de Seguridad Minera, presidida por la consejera Belarmina Díaz, de la que se espera salga un comunicado al respecto.

Mientras, el Juzgado de Cangas del Narcea ha abierto diligencias de investigación por el siniestro, el trámite habitual cuando se produce un accidente laboral, que se inicia con el levantamiento de los cadáveres y, una vez que se incorporen al procedimiento las pruebas y las muestras recogidas, el atestado policial, los informes periciales y los distintos testimonios, se dirimirá si existen responsabilidades penales, según ha corroborado a elDiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Por el momento, las familias acaban de enterrar a sus muertos en un abarrotado Villablino, roto por el dolor y la rabia, donde estuvo instalada la capilla ardiente y donde se celebraron los funerales de cuatro de los cinco mineros fallecidos. El primero de ellos fue enterrado este martes en Torre del Bierzo.

Fuentes del entorno minero, al igual que el propio presidente Adrián Barbón pedían prudencia en tanto en cuanto no se hubiese enterrado a los fallecidos. “Primero hay que enterrar a los muertos y luego depurar responsabilidades”, remarcaban. Ahora ya ha llegado el momento de saber la verdad.

Un accidente mortal en el año 2022

En el año 2022 en la mina de Cerredo tuvo lugar otro accidente mortal, ya estando teóricamente fuera de explotación de carbón. En él perdió la vida un ciudadano uruguayo y otro resultó herido de gravedad mientras realizaban maniobras con una maquinaria en mal estado en el exterior de la explotación minera. La empresa que realizaba entonces actividad en las instalaciones, no extractiva, era Combustibles Asturiana y Leonesa SL, administrada por la progenitora del administrador de Blue Solving. El último siniestro mortal en el interior de la mina de Cerredo tuvo lugar en el año 2015, cuando un minero leonés falleció tras quedar atrapado en un derrabe de carbón.

El año pasado Combustibles Asturiana y Leonesa SL notificó a la administración el cambio de titularidad de la concesión del Grupo Cerredo, con el que se habían hecho tras los concursos de la Compañía Minera Astur Leonesa del empresario Rodolfo Cachero y de Coto Minero Cantábrico del magnate minero Victorino Alonso. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.

Estos empresarios pertenecen a una saga empresarial leonesa vinculada a la distribución de carbones y gasóleos y Jesús Manuel Rodríguez tiene pendiente desde hace 16 años un juicio por un presunto caso de narcotráfico en el que se localizaron casi 400 kilos de cocaína en el puerto de El Musel de Gijón en una importación de carbón vegetal a través de una de sus sociedades.

Este lunes 31 de marzo ha tenido lugar uno los más graves accidentes mineros de España, al confirmarse que una explosión ocurrida en una mina ubicada en Cerredo (municipio de Degaña), en Asturias, se saldó con cinco trabajadores muertos, algunos de ellos tras quedar atrapados, y cuatro heridos graves.

Todos los trabajadores muertos son de la vecina provincia de León, cuatro de diferentes pueblos de la comarca de Laciana y otro de Torre del Bierzo, todos ellos núcleos de honda tradición minera. A media tarde se confirmaron las identidades de todos ellos: los fallecidos fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y sus edades oscilan entre los 32 y los 54 años. Varios de ellos eran “mineros muy experimentados”, señalan fuentes de personas allegadas familiar y profesionalmente.

El accidente ha sumido en la tristeza las cuencas mineras de Asturias y León, que ven como pese a ser minúscula la minería del carbón, tienen que llorar de nuevo a los fallecidos en el tajo. La tragedia ha provocado todo tipo de reacciones institucionales, desde los Gobiernos de España y Portugal, a las autonomías del Principado de Asturias y Castilla y León, decretándose distintas jornadas de luto oficial –tres en Villablino, el municipio de Laciana más afectado– y actos de silenciosa protesta convocados para este martes. En ambas autonomías habrá luto oficial en dos jornadas.

El accidente y el grisú

Según el primer aviso oficial al 112 de Asturias, el siniestro tuvo lugar a las 9.32 de la mañana de la última jornada del mes de marzo. La única versión oficial por ahora indica que se habría originado por una deflagración en una máquina en el interior de la mina, que a su vez habría prendido una bolsa de gas grisú, presente en las minas de hulla. Es la hipótesis que barajan tanto la Brigada de Salvamento Minero como la Policía Judicial. El último gran accidente minero en España, ocurrido hace doce años en el Pozo Emilio del Valle de León, el grisú también estuvo detrás de la tragedia que se llevó seis vidas.

El cómputo final de personas heridas en Cerredo, junto a otros dos empleados que resultaron ilesos, ascendió a cuatro trabajadores. Dos de ellos, en estado grave, fueron trasladados en primera instancia al centro de salud de Laciana para posteriormente ser remitidos uno al Hospital de León y otro al Hospital El Bierzo de Ponferrada, en helicóptero y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente.

Otro herido, de 36 años, vecino de Degaña, más fue trasladado al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Sufría un fuerte traumatismo en la cabeza y para practicarle más pruebas se le remitió después al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En este centro de Oviedo ingresó otro herido más, con carácter grave por un politraumatismo.

Grupo Cerredo, una invención del 'rey del carbón'

El llamado 'Coto Minero Cerredo' o 'Grupo Cerredo', surgió en el año 2009 de la fusión de derechos de las empresas Coto Minero Cantábrico y Unión Minera del Norte, ambas del magnate Victorino Alonso, y contemplaba la continuidad de la explotación de interior más allá del 2018 según la documentación en poder de elDiario.es. De hecho consideraban que las reservas por extraer ascendían a 30.000.000 de toneladas de carbón, sacando anualmente unas 575.000 toneladas entre las dos empresas y estimando que si el precio del carbón internacional rondaba los 115 euros por tonelada máximo serían rentables. Hoy ese precio se sitúa en torno a los 500 euros.

Victorino Alonso, conocido como el 'rey del carbón' cumple pena de prisión, ahora en tercer grado, por sus condenas por graves atentados ambientales con sus minas en la provincia de León. El empresario minero, insolvente pese a su supuesto patrimonio millonario, sigue abonado a la polémica, bien por intentar apropiarse de terrenos de vecinos en la comarca de El Bierzo o bien por bloquear salida de carbón de sus almacenes comprados por otras empresas en la liquidación de las suyas.

Este grupo minero tiene su antecedente en la histórica empresa minera asturiana Hullas del Coto Cortés, que se hizo con los derechos mineros de la zona en la segunda década del S. XX. Esta empresa estuvo controlada por la familia Barrié de la Maza y su banco, el Pastor, hasta que se la vendieron a Victorino Alonso en el año 2005 por algo más de 20 millones de euros. Alonso fusionó entonces la Minero Siderúrgica de Ponferrada, la principal empresa minera del país, con Hullas del Coto Cortés para crear otro gigante, Coto Minero Cantábrico.

Pero la trayectoria de Coto Minero Cantábrico no fue demasiada tras las crisis del carbón abierta por los recortes al carbón efectuados bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y ya con el acuerdo de cierre de explotaciones no rentables sin ayudas. En el año 2014 Coto Minero Cantábrico se declara en quiebra y sus activos acaban en manos de la Compañía Minera Astur Leonesa, de otro polémico empresario, Rodolfo Cachero. Fallecido en 2024, estuvo en la cárcel tras una fuga posterior a su condena a 30 meses de prisión por varios delitos fiscales cometidos con otra empresa minera. La Compañía Minera Astur Leonesa acabó subastando sus activos en el año 2018 tras su quiebra y no ser capaz de poner en orden y rentabilidad los activos que se quedó de Coto Minero Cantábrico, que recuperó parte de ellos por los impagos previos.

Una mina moderna

Aunque la explotación de carbón en la zona de Cerredo se remonta a un siglo atrás cuando se funda Hullas del Coto Cortés, la actual mina de interior se abrió a la explotación en el año 2009 tras una inversión de 40 millones de euros de las sociedades del llamado grupo Alonso, las empresas vinculadas al condenado magnate minero. Por tanto, la mina donde ha ocurrido el accidente es de “última generación”, una de las más modernas de España.

En noviembre de 2009 se inauguró el Plano Inclinado de la nueva mina de Cerredo, tras unas obras que se iniciaron en 2007, con un gigantesco túnel de 60 metros de sección para la entrada de maquinaria pesada para la extracción del carbón en 3.500 metros de longitud. Una gigantesca obra de ingeniería de la que incluso presumió en un video la empresa Ferpi, otra empresa vinculada a Victorino Alonso.

¿Se puede extraer carbón de Cerredo?

La práctica totalidad de las minas de carbón del país acabaron cerrando en el año 2018 dentro del proceso de reordenación del sector minero pactado por el Gobierno de España y la Unión Europea, que en el año 2010 había establecido que “La política de la Unión de fomento de las fuentes de energía renovables y de una economía sostenible y segura de baja producción de carbono no justifican el apoyo indefinido a las minas de carbón no competitivas”. Esto supuso la aprobación de un plan de cierre con cuantiosas ayudas públicas, pero no impidiendo la continuidad de la actividad minera de carbón más allá de 2018, solamente que tendría que ser sin ayudas públicas o devolver las que hubiera recibido una explotación que quisiera seguir. El sector minero privado optó por un cierre masivo por unas u otras circunstancias, pero la empresa dueña de Cerredo dejó fuera de su plan de cierre esta explotación de interior.

Es decir, por tanto, en principio la explotación de carbón en el interior de Cerredo estaría permitida sin tener que devolver ayudas públicas, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones pertinentes, que en este caso no constan. Según la consejería de Industria de Asturias la empresa Blue Solving tenía desde el pasado verano una autorización de extracción para investigación de carbón con el objetivo de buscar el mejor mineral para usos industriales o para 'grafitar', es decir, estudiar su uso en la generación de materiales como grafito o grafeno.

Otra cosa distinta es el cielo abierto de Cerredo, anexo a la mina de interior, y cuya explotación ya no es posible sin devolver las millonarias ayudas que recibió. El Gobierno ha tenido que invertir mientras tanto varias decenas de millones de euros en su restauración junto a otros cielos abiertos en Asturias.

La empresa actual

La sociedad que gestionaba actividad actualmente en la mina de interior de Cerredo es Blue Solving SL, domiciliada en la propia explotación de Degaña. Está administrada por el empresario leonés Adrián Rodríguez Rodríguez, con vinculaciones familiares y profesionales con el sector y el grupo de empresas que explotan minería de carbón no térmica en Asturias, que han solicitado reabrir otra en la provincia de León con bastante controversia.

El progenitor de Adrián Rodríguez es un conocido empresario del carbón y del gasóleo de León, Jesús Manuel Rodríguez Morán, de una saga con negocios en el sector. Aparece como administrador de Carbones de la Vega, que mantiene una explotación de minería de carbón en Ibias, en la conocida como Mina Miura basada en una vieja explotación minera de Coto Minero Cantábrico adquirida en la quiebra de la compañía. Su nombre apareció vinculado en el año 2009 en un caso de narcotráfico por tratar de introducir hasta 400 kilos de cocaína en un cargamento de carbón vegetal importado en el puerto asturiano de El Musel.

Blue Solving, una sociedad creada en el año 2022, ha sido receptora de una ayuda del Instituto para la Transición Justa encargado de la reindustrialización de las zonas mineras por un proyecto del año 2023. En total suponían 927.668,72 de ayudas para una inversión de 3,8 millones de euros para la “Instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción”.

elDiario.es ha intentado contactar con Blue Solving y el ingeniero responsable de la mina para conocer su versión de lo ocurrido, sin haber logrado obtener respuesta hasta el momento de publicación de esta información.