El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas han acordado este jueves trasladar la mejora en la financiación autonómica a las competencias transferidas y delegadas a los cabildos, que además han pedido incluir el primer tramo del 50% de los fondos del IGTE al bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Este es uno de los asuntos que se abordó en una reunión extraordinaria de la Federación Canaria de Islas (Fecai) con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la que también asistieron los consejeros autonómicos de Hacienda, Rosa Dávila; y de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán.

El presidente de turno de la Fecai, Anselmo Pestana, afirmó tras el encuentro que la reunión ha sido “más positiva” de lo que habían planteado los cabildos, que expusieron al Gobierno sus demandas en relación con los presupuestos de 2018 y la primera de ellas era la de trasladar la mejora de la financiación autonómica a la dotación de las competencias transferidas y delegadas por la Comunidad Autónoma.

Al respecto, Pestana dijo que hay plena disposición por parte del Gobierno y ahora se trata de hacer los cálculos y cerrar las cantidades y porcentajes de incremento.

El presidente canario, Fernando Clavijo, opinó que las demandas de la Fecai son razonables porque se beneficiará notablemente la gestión y sobre todo la elaboración de los presupuestos de los cabildos, por lo que el Gobierno “va a colaborar y facilitar que éstos y los ayuntamientos tengan certeza a la hora de incorporar recursos”.

Al respecto, detalló que también se ha acordado que los cabildos podrán consignar en sus presupuestos la liquidación que anticipó el Estado en 2016, pero que se ingresa en las cuentas de las corporaciones locales tres años más tarde, y que se trata por tanto “de ingresos que sabemos que van a venir”.

También indicó Clavijo que el haber sacado el REF de la financiación autonómica ha mejorado notablemente la dotación y esto tiene que repercutir en las transferencias a los cabildos

Anselmo Pestana, que es el presidente del Cabildo de La Palma, señaló asimismo en su intervención que también se va a estudiar una propuesta de las corporaciones locales para que el primer 50 por ciento de la compensación del IGTE se consolide en el bloque de financiación, lo que supondría un cambio en los porcentajes de participación asignados a cabildos y ayuntamientos.

De esta manera, prosiguió Pestana, la distribución de estos recursos no dependería de una cuestión de decisión política en cada presupuesto, sino que habría un cambio de normativa que consolidaría una forma de reparto en el archipiélago.

Sobre este asunto Fernando Clavijo coincidió en que esta demanda implica un cambio de normativa que el Gobierno estudiará si es jurídicamente viable.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, dijo que ha habido una postura unánime de las corporaciones insulares para exigir una mayor financiación y hay predisposición por parte del Gobierno para hacerlo posible, por lo que la Fecai está satisfecha.

No obstante, señaló que también hay que trabajar con el conjunto del Estado para frenar “esta deriva de recortes” y de limitación a las administraciones para hacer uso de sus recursos.

Como ejemplo dijo Antonio Morales que el Cabildo grancanario tiene casi 400 millones de euros en las cuentas de los bancos sin que pueda utilizarlos porque no lo permite el techo de gasto.

“Este es el siguiente paso que habría que abordar pero ya no corresponde a los cabildos, sino a los grupos políticos para que en el Parlamento se legisle contra esta política de austeridad que genera una enorme pobreza al no poder aplicar inversión pública, que al fin y al cabo genera empleo y obra pública”, aseveró Morales. 

La idea que tiene Artenara para emplear el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) no ha sentado bien en parte de los vecinos implicados en diferentes aspectos del desarrollo social, económico y cultural del pueblo.  El proyecto, una plaza de unos 1.000 metros cuadrados sobre el actual parque Manuel Díaz Cruz y varios aparcamientos en batería sobre el mismo, no atrae a los más críticos del municipio, que entienden que generará un fuerte impacto en el casco.

“No se necesita una nueva plaza en el caso de más de 1.000 metros cuadrados que sacrifica la zona recreativa ya consolidada del Parque Manuel Díaz Cruz  y que supone la construcción de una mole de hormigón que degrada el entorno del casco, desnaturalizándolo”, sostienen estos vecinos.

Así mismo, opinan estos artenarenses que en cuanto a los aparcamientos que se plantean construir, estos son en estos momentos innecesarios ya que estiman que no existen problemas ahora ni en el futuro con el Centro de Interpretación del Risco Caído. Además, inciden en que lo que se debería hacer respecto a los aparcamientos es “organizar, ordenar y regular” las plazas existentes contiguas al casco mediante la creación de aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR), carga y descarga y otras por tiempo limitado, que favorezcan la llegada al pueblo de quienes más dificultades tienen y prioricen su uso por parte de los propios vecinos, empresarios y de quienes vienen con la intención de visitar el patrimonio del propio casco y los negocios frente a aquellos que aparcan para hacer actividades al aire libre.

Por tanto, desde su percepción, estos fondos deberían de destinarse para realizar un crecimiento y una ordenación equilibrada “que no degrade el atractivo natural y paisajístico” del municipio. Aparte, recalcan que el Ayuntamiento debería apostar por una ordenación integral del área comprendida entre la Atalaya y el casco, por lo que reiteran que esta plaza no tiene sentido sin acometer las obras de ajardinamiento del parque que contribuyan a su mejora y su conservación. “Pretendemos con ello conseguir una mejora estética del parque y los jardines que dan acceso al pueblo. Se trata de conseguir un espacio ordenado y cuidado para el disfrute de nuestra población y sus visitantes y que contribuya a potenciar el ecoturismo, el turismo activo y de naturaleza”.

Por su parte, el alcalde, Roberto García, apunta que el proyecto todavía está en fase de adjudicación de la redacción del proyecto y que la construcción de la plaza sobre el parque traería beneficios a un parque que, en sus palabras, “no lo visita nadie”. “Lo que se nos ha ocurrido es hacer una plaza intermedia entre el casco del pueblo, la plaza de San Matías, y ese parque, una plaza que servirá de nexo de unión entre la plaza del pueblo y el parque. Es una aliciente para que la gente entre a ese parque, además se hará accesible para personas con movilidad reducida”.

García añade que esta plaza no será diáfana, sino que tendrá pequeños patios donde la arboleda del parque ascenderá a la explanada que tendrá por encima, por lo que no se talará ninguno de los ejemplares. Otro de los beneficios que le ve el primer edil a esta construcción es que debajo de la plazoleta se quedará un área recreativa cubierta que se podrá usar durante todo el año y en el futuro se podrían construir locales sociales destinados a diferentes asociaciones que se creen en el municipio.

Sobre los aparcamientos, el alcalde defiende que su construcción consiste simplemente en “volar tres metros sobre el parque” para hacer cerca de 30 plazas frente al futuro Centro de Interpretación de Risco Caído y unas diez en la zona frente al antiguo albergue que espera que para este año esté abierto como un hotel de una o dos estrellas. “Los aparcamientos que ahora mismo están en línea se transformaría en batería y le damos servicios a ese futuro centro que tendrá una afluencia importante de visitantes”, afirma.

Por otro lado, el político socialista hace hincapié en que el proyecto incluye otras mejoras en Artenara como el soterrado de los contenedores de residuos, la construcción de dos surtidores para coches eléctricos y la mejora de los accesos para el futuro hotel de La Cilla. El alcalde también avanza que cerca del Monumento a Los Piqueros, en la parte baja de La Cilla, plantea revitalizar las zonas en desuso para crear un área recreativa al aire libre que supla la que se queda cubierta.

Todas estas actuaciones tendrán un presupuesto de 495.000 euros a invertirse en dos años (2017 y 2018), siendo la mitad de los fondos del Gobierno de Canarias y la otra mitad del Ayuntamiento. Una inversión ante la que los vecinos son escépticos por los precedentes que existen en el municipio, siendo muchas de ellas infrautilizadas bien porque están sin terminar o porque las obras no se realizaron correctamente. De este modo, citan como ejemplos el Albergue de las Cuevas, la pensión municipal, el Centro de Artesanía, las Oficinas y el Archivo municipal en el camino a la Cuevita, las antiguas Escuelas Unitarias, el techado de la Alameda o el Observatorio Astronómico de Acusa.

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha indicado que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) no está asegurado después de que el Gobierno de CC haya reconocido que el futuro de los fondos del extinto Impuesto por el Tráfico de Empresas (IGTE) es una “incógnita”.

Román Rodríguez, en un comunicado, ha asegurado que el acuerdo de condonación del pago del IGTE con el Gobierno del PP está vinculado a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico, cuyas negociaciones serán “muy complejas para los intereses” de las islas.

No obstante, el presidente de NC ha ratificado el apoyo de NC al Gobierno de Canarias en un asunto de “vital importancia” para el archipiélago.

Asimismo, ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por las declaraciones del viceconsejero de Hacienda, Luis Padilla, quien dijo que el futuro de los fondos del IGTE, los 160 millones de euros nutren el Fdcan, es una “incógnita”.

Román Rodríguez, que llevará este problema al pleno de la próxima semana, ha destacado que NC, “desde el minuto uno” del anuncio del acuerdo para la condonación del pago del IGTE suscrito en la Comisión Mixta de Transferencias de Transferencias Canarias-Estado del 16 de noviembre de 2015, avisó que el acta de la comisión dice estos fondos están vinculados al nuevo sistema de financiación autonómico.

Nueva Canarias, según su presidente, “seguirá apoyando” al Ejecutivo canario en este “complejo” proceso porque las islas se juegan el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y porque responde a los intereses generales de Canarias.

Pero “estar del lado” del Ejecutivo para la nueva financiación autonómica, ha continuado, “no quita que sigamos denunciando otras decisiones erróneas” de Clavijo, como la rebaja indiscriminada del impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, con la que las arcas canarias dejan de ingresar más de 77 millones de euros en 2017.

Esta medida, en opinión de Rodríguez, “pueden pasar factura” ya que este tributo forma parte de la cesta de impuestos que nutren la financiación autonómica.

Según se establecía en el correspondiente orden del día, los señores presidentes de los cabildos insulares estaban convocados para debatir sobre el coste de los servicios transferidos desde la Administración autonómica. Sin embargo, desatendiendo las llamadas al orden de la señora presidenta del Parlamento, hacían uso de su turno de palabra para reclamar que los recursos del Fdcan se repartieran según los criterios inicialmente propuestos por el Gobierno de Canarias y no por los establecidos la semana pasada mediante una enmienda parlamentaria. Se ponía así en tela de juicio la facultad del Parlamento para legislar sobre el asunto, dando a entender que en materia de cabildos el Parlamento no puede legislar libremente.

Por más que la señora presidenta del Parlamento invitaba a los señores presidentes de los cabildos a respetar, en el uso de sus turnos de palabra, el orden del día establecido, estos no lo hacían. Varios diputados hicieron uso de la palabra para afear la conducta de los señores presidentes de los cabildos, señalando que no podían ignorar que la soberanía popular de los canarios reside en el Parlamento y, como consecuencia, los diputados pueden y deben legislar con total libertad, dentro, lógicamente, del respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

Tradicionalmente, en Canarias, la institución de los cabildos insulares ha sido muy valorada por el pueblo canario. Ello propició, en los tiempos del nacimiento de la Autonomía, que se fuera muy cuidadoso con no herir ni menoscabar el papel de estas instituciones, hasta tal punto que, en aquella época, incluso hoy, hay personas que lo defienden. Entonces, se llegó a proponer que no existieran ni Parlamento ni Gobierno de Canarias, sino una confederación de los siete cabildos insulares que desempeñaría las funciones del Gobierno de Canarias.

Hoy en día, aquel exquisito trato de los asuntos que puedan afectar a los cabildos insulares ha degenerado en un excesivo cuidado, incluso miedo, de la clase política a alterar el marco institucional, competencial, presupuestario y financiero de esas instituciones.

Una de las mayores expresiones del aludido miedo de la clase política en este asunto es el modo en el que se trata el reparto de los fondos del llamado Fdcan. Como es sabido, este Fdcan está financiado con los recursos adicionales que ha obtenido el Gobierno de Canarias por la decisión de la Administración del Estado de renunciar a la compensación del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE).

Para comprender mejor este asunto, debe hacerse un poco de historia. A raíz de la aprobación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), se extingue el IGTE (cuya recaudación estaba atribuida al Estado) y entra en vigor, entre otros impuestos, el IGIC (de cuyo rendimiento no se beneficia el Estado). Como consecuencia, el Gobierno de la nación exige que se le compense por el importe anual de recaudación del IGTE que deja de ingresar en Canarias. Esta compensación se materializa, desde aquellos años, mediante un descuento en los pagos que la Administración del Estado realiza, periódicamente, en concepto de transferencia por la participación de las comunidades autónomas en la recaudación estatal de los tributos no cedidos.

Esos descuentos fueron soportados, durante todos estos años y en exclusiva, por las arcas de la Comunidad Autónoma. Nunca se repercutió este descuento en la distribución de la recaudación de los recursos del REF entre los cabildos insulares.

Esto quiere decir que, cuando la compensación del IGTE era una carga económica para Canarias, los cabildos insulares no le otorgaban la consideración de recursos del REF (el fuero lo denomina algún presidente de Cabildo), pero ahora que ya no hay que compensar al Estado y se obtienen unos recursos adicionales (se estiman en unos 160 millones de euros anuales) defienden enérgicamente que esos fondos deben repartirse con los criterios del REF, esto es, el 58% para las corporaciones locales canarias (cabildos y ayuntamientos) y el 42% para la Administración autonómica.

Ya está bien de tanta generosidad con los cabildos. Siendo estas instituciones de mucho arraigo e importancia para los canarios, no es menos cierto que los servicios básicos para la ciudadanía (sanidad, educación, dependencia, administración de justicia...) son prestados y costeados por el Gobierno de Canarias.

La financiación de estos servicios públicos es claramente insuficiente y, por lo tanto, la totalidad de los recursos adicionales derivados de la extinción de la compensación por el IGTE debería asignársele a la Administración autonómica.

Francisco Socorro Alemán

Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Financieros y Tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

La portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, María de Haro, en un comunicado, señala que “ante el lío de PSOE y CC con el IGTE (Impuesto General de Tráfico de Empresa), el PP ha vuelto a aportar cordura y una solución razonada”. En la nota remitida por el PP se apunta que De Haro “se ha mostrado firme ante los últimos acontecimientos relacionados con el reparto de los fondos provenientes del extinto IGTE” y que han generado un “enfrentamiento de todos contra todos por las asignaciones económicas que supone”.

María de Haro ha indicado que “una nefasta gestión política del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convertido lo que debería ser una excelente noticia (que el Gobierno de Mariano Rajoy condone la cuantía correspondiente al IGTE y que esos 160 millones puedan invertirse en las islas), en un lío monumental enfrentado a todas las administraciones y buscando pleitos insularistas que ya deben estar superados”. Además, ha añadido que “con todo esta falta de criterio y liderazgo político se está perdiendo una oportunidad histórica para La Palma ya que estamos en diciembre y Clavijo sigue con el dinero en el cajón sin que éste se hay invertido en Canarias y en La Palma”.

Los populares en el Cabildo palmero han recordado que “ya en octubre de 2015 planteaban en la institución insular a través del portavoz adjunto, Carlos Cabrera, que había que ser cuidadoso con este reparto ya que se trataba de fondos REF, lo que suponía que un 42% son de titularidad del Gobierno de Canarias y un 58% corresponden a los cabildo y ayuntamientos, luego la propuesta de reparto conforme a la triple paridad podría suponer consecuencias negativas importantes en el conjunto ya que al no existir un consenso entre todas las administraciones podría verse impugnada sin unas garantías jurídicas sólidas que lo avalaran”.

“Ya hace más de un año propusimos, sin renunciar a la mejor financiación para nuestra Isla, buscar otras fórmulas donde se compensara la doble insularidad y se aplicaran criterios de cohesión territorial fundamentales en un archipiélago como el nuestro y por más que insistimos nadie nos hizo caso”, ha manifestado Carlos Cabrera.

Desde el grupo Popular explican que “con la distribución que ha hecho Coalición Canaria de manera unilateral y sin acuerdo, La Palma está en torno a los 16 millones de euros, por debajo de lo que le correspondería aplicando criterios de triple paridad en el reparto de los 160 millones y ya han anunciado varias administraciones que lo llevarán a los tribunales”.

Ante esto, se apunta en la nota, “los populares han seguido profundizando en la propuesta del PP en el Cabildo palmero y en el día de ayer( (por el miércoles) en una reunión presidida por el presidente autonómico del PP, Asier Antona, con los alcaldes de su formación en el Archipiélago han planteado una solución que pasa porque el reparto de la totalidad del porcentaje de los fondos atribuido al Gobierno de Canarias que establece la ley 9/2001 se realice atendiendo a la doble insularidad y a la cohesión territorial y que el resto perteneciente a otras instituciones públicas se haga conforme al reparto de participación de cada isla en los recursos del REF”.

“Con este nuevo reparto se recoge nuestra singularidad insular, se aporta una mayor seguridad jurídica, se busca claramente el consenso entre todos y nos estamos manejando en unas cuantías que superan los 13 millones de euros, siempre y cuando se reparta la totalidad del importe inicial y no se disminuya por compromisos del propio Gobierno de Canarias. Estará en sus manos que la isla de La Palma no recibe un aportación económica menor”, ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PP ha subrayado que “una vez más se ha puesto de manifiesto que lo que mal empieza muy mal acaba y en este caso ha vuelto a indicar la postura clara de su partido por priorizar las inversiones en las personas y también buscar la mejor fórmula para todos. Es impensable que el propio Gobierno limite la finalidad de estos fondos dejando fuera inversiones tan importancia para la Isla como el traslado del Hospital de Los Dolores o el centro comarcal de Los Llanos de Aridane por un simple capricho político”.

María de Haro ha manifestado que “ante el lío de PSOE y CC con el IGTE el PP ha vuelto a aportar cordura y una solución razonada y que beneficia a todos los palmeros sin perjudicar a otros”.

La decisión de Mogán, Firgas y San Mateo de desvincularse del paraguas del Cabildo de Gran Canaria para presentar los proyectos que proponían financiar con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) ha resultado beneficiosa para los tres municipios. Según el documento aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de noviembre, recibirán casi 13 millones de euros en tres años, algo que contrasta con lo adjudicado al conjunto de la Isla si se tiene en cuenta el criterio poblacional, puesto que dispondrán del 10% del presupuesto concedido para los 21 municipios en total.

Gran Canaria cuenta con 847.830 habitantes. De esa cantidad, Mogán, Firgas y San Mateo suman 37.376 habitantes (el 4'4% de la población). Los tres contarán exactamente con 12.788.881 euros del Gobierno de Canarias en tres años, mientras que los 18 municipios restantes recibirán la cantidad de 112.818.235 millones de euros en los próximos cuatro años. A la Isla se le ha adjudicado al completo 125.607.117 euros.

Si se calcula cuánto dinero le llegará a cada habitante teniendo en cuenta las partidas acordadas y estos datos, cada ciudadano de estos tres municipios recibirá 342 euros, frente a los 148 que le llegará a cada habitante de Gran Canaria en su conjunto. 

Además, si se calcula lo que le correspondería del total recibido por Gran Canaria (125.607.117) a ese 4'4% que supone su población, le tocarían 5.024.284 millones de euros. 

Mogán es con diferencia el municipio más beneficiado del reparto, ya que se le ha concedido más dinero del que había solicitado. El consistorio sureño había pedido casi 950.000 euros para 2017 y 1.113.000 para 2018. Sin embargo, se le han concedido cinco millones de euros exactos. Unas partidas que según el documento aprobado por el consejo de Gobierno será destinada a infraestructuras. 

Firgas obtendrá casi la totalidad de lo que había pedido, unos 25.000 euros menos. En total recibe 654.189 euros. Mientras, San Mateo de los casi 8 millones que reclamaba obtendrá 7.134.691 euros. Ambos municipios también destinarán lo aportado por el Ejecutivo regional a infraestructuras. 

Los 18 municipios restantes de la Isla pedían partidas no sólo para infraestructuras, también para el área de conocimiento. De los poco más de 233 millones que solicitaron en conjunto finalmente se le adjudicarán casi 113. 

La polémica triple paridad

El Cabildo de la Isla ha sido muy crítico con este reparto, cuyo criterio fijado ha sido el de la triple paridad, beneficiando a las islas no capitalinas y así lo expresaron en el último pleno. De hecho, Clavijo 'regaló' cinco millones a La Palma y lo mismo a El Hierro gracias a este criterio. Ambas corporaciones solicitaron partidas para financiar proyectos muy por debajo de los niveles que al final resolvió el Consejo de Gobierno.

El Cabildo de Gran Canaria no ha sido el único en oponerse, los presidentes de Tenerife, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote desafiaron este lunes al Parlamento por el reparto del Fdcan. 

Cabe recordar además que el día en el que el Ejecutivo aprobó el reparto los diputados socialistas abandonaron la reunión del Consejo por considerar que se había impuesto un reparto “puro y duro” ajeno al desarrollo de las Islas. 

El destino de estos fondos ha tensado aún más las relaciones entre los socios de Gobierno en Canarias (PSOE Y CC), especialmente después de que los socialistas presentaran una enmienda a la totalidad del reparto del Fdcan. La consejera de Hacienda Rosa Dávila (CC) advertía este lunes de que en 2017 no se contará con estos fondos si sus aliados siguen apoyando las enmiendas de la oposición. 

Después de esta acción del PSOE canario y de las declaraciones de Dávila se reunía el comité nacional de Coalición Canaria y concluía con otra amenaza a los socialistas: dan hasta el 21 de diciembre para reconducir la situación y que no sigan adelante con la enmienda presentada que junto a la de NC, Podemos y PP dejarían sin efecto el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias. 

El Consejo de Ministros acordó este viernes suprimir de manera definitiva las compensaciones que Canarias debía abonar cada año al Estado por la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), lo que permite a la comunidad isleña disponer de unos 160 millones de euros más cada ejercicio en su presupuesto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, recordó que el proceso de desaparición del IGTE comenzó en 1991 y defendió que, transcurridos ya 25 años, es adecuado cerrar ese capítulo.

El Gobierno canario pactó con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la pasada legislatura el fin de las últimas compensaciones que todavía abonaba por ese tributo (parte ya se habían condonado con anterioridad), pero ese acuerdo no se pudo llevar al Consejo de Ministros durante la etapa en la que este estaba en funciones.

La decisión que ahora se toma despeja el camino a los planes del Gobierno canario para destinar esos 160 millones de euros anuales a otros fines, en este caso, al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que ha programado a diez años vista con propuestas de los cabildos, los ayuntamientos y la propia comunidad autónoma.

El IGTE desapareció en 1991, en virtud de una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que lo sustituyó por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el equivalente al IVA, aunque con tipos mucho más bajos.

En ese momento, el Gobierno canario se comprometió a compensar al Estado por la minoración que iban a sufrir sus ingresos al desaparecer ese tributo y aceptó que cada año se detrajera una cantidad por ese concepto de su participación en los ingresos de la Hacienda nacional.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes suprimir definitivamente las compensaciones que Canarias debía abonar cada año al Estado por la desaparición del impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE), lo que permite a la comunidad disponer de unos 160 millones de euros más cada ejercicio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado que el proceso de desaparición del IGTE comenzó en 1991 y ha defendido que, transcurridos ya 25 años, es adecuado cerrar ese capítulo.

El Gobierno canario pactó con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la pasada legislatura el fin de las últimas compensaciones que todavía abonaba por ese tributo (parte ya se habían condonado con anterioridad), pero ese acuerdo no se pudo llevar al Consejo de Ministros durante la etapa en la que este estaba en funciones.

La decisión tomada este viernes despeja definitivamente el camino a los planes del Gobierno canario para destinar esos 160 millones de euros anuales a otros fines, en este caso, al Fondo de Desarrollo de Canarias que ha articulado a diez años vista con propuestas de los cabildos, los ayuntamientos y la propia comunidad autónoma.

El IGTE desapareció en 1991, en virtud de una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que lo sustituyó por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC, el equivalente al IVA en el Archipiélago, aunque con tipos mucho más bajos).

En ese momento, el Gobierno canario se comprometió a compensar al Estado por la minoración que iban a sufrir sus ingresos al desaparecer ese tributo, aceptando que cada año se detrajera una cantidad por ese concepto de su participación en los ingresos de la Hacienda nacional.

La consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, ha anunciado este jueves tras participar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, en un real decreto ley, la supresión definitiva de la compensación por el extinto IGTE.

Según ha informado Dávila en un comunicado, el ministro Cristóbal Montoro se ha comprometido a aprobar esta medida en la ley que modificará los objetivos de estabilidad para 2017, y que se aprobará este viernes durante el Consejo de Ministros.

A juicio de la consejera, quien también ha informado de que el CPFF ha elevado el techo de gasto de Canarias al 2,1% del PIB, lo que permitirá al Gobierno regional, aumentar la dotación presupuestaria para el próximo año, la nueva norma “servirá para despejar las dudas expuestas a lo largo de estos meses por parte de algunos agentes sociales y económicos sobre el carácter definitivo de esta medida, al tratarse de una decisión adoptada por un gobierno en funciones”.

El real decreto ley también incluirá los nuevos objetivos de déficit para 2016 y 2017 y la ampliación de la regla de gasto para el próximo año.

Los nuevos objetivos se han establecido en el 0,7 y el 0,6% del PIB, respectivamente, y la tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto de 2017 se amplía del 1,8 y al 2,1% en 2017.

Según la consejera, esta flexibilización de tres décimas, en combinación con el nuevo objetivo de estabilidad, permitirá a Canarias destinar esa nueva ampliación del déficit a gastos no financieros y “hacer unos presupuestos más expansivos que lo previsto inicialmente”, por lo que “Canarias ha votado a favor”.

“El mayor objetivo de déficit en 2017 y la nueva regla de gasto permitirán a Canarias crecer al ritmo al que lo hace su economía gracias a que es una comunidad autónoma cumplidora, mientras que otras regiones deberán aprovechar este mayor margen para endeudarse”, ha aseverado Rosa Dávila.

Esta capacidad de gasto adicional “se incorporaría a través de una ley de crédito extraordinario”, ha avanzado.

“Hasta ahora, la limitación del 1,8 % de techo de gasto, condicionado por el Gobierno central, ha impedido que se pudieran hacer unas cuentas más expansivas”.

Dávila también ha informado de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que los trabajos para la reforma del sistema financiación autonómica comenzarán el próximo mes de enero, con la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.

El Cabildo y los ayuntamientos de Gran Canaria han acordado este martes tomar diversas medidas para expresar su rechazo al reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) decidido por el Gobierno de Canarias, por considerar que margina a la isla.

Así, se estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra de la decisión acordada y se pedirá al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (CC), que acuda al Cabildo de Gran Canaria a explicarla ante la corporación insular y los ayuntamientos, ya que en una visita anterior aseguró que se tendrían en cuenta las propuestas que se hicieran, según ha acordado la Asamblea de Alcaldes reunida hoy.

A la Asamblea de Alcaldes no han asistido los ayuntamientos de Mogán, San Mateo y Firgas, que acudieron en solitario al reparto de fondos de la Fdcan.

Igualmente, se convocará a los diputados grancanarios en el Parlamento canario el próximo día 5 a una reunión con todos los alcaldes en el Cabildo con el fin de buscar la unidad en la defensa de la isla.

Asimismo, el próximo día 9 se celebrarán plenos extraordinarios tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en todos los municipios, a la misma hora y con el rechazo al reparto del Fdcan como único punto.

Por otra parte, una comisión estudiará otras medidas posibles, como asambleas ciudadanas o manifestaciones en contra de la decisión del Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), considera que el reparto sobre el Fdcan alcanzado tiene por objetivo “comprar la voluntad de Casimiro Curbelo (presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la ASG) para garantizar la estabilidad de Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias” en caso de que se rompa el actual pacto entre CC y el PSOE.

Por ello, ha criticado que utilice “dinero público para afianzar su estatus en el Gobierno”.

Morales confía en que se pueda “tumbar la propuesta” de reparto si PP, PSOE y Nueva Canarias votan en su contra y ha pedido a todos los partidos que se mantengan unidos en defensa de los intereses de Gran Canaria por encima de cuestiones partidistas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha acusado además a Clavijo de haberse dejado “llevar por la soberbia, y encaprichado, esté poniendo en juego las instituciones”.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha criticado que Clavijo haya trasladado al reparto de recursos “el problema del sistema electoral canario que genera injusticia” al aplicar el criterio de triple paridad y ha lamentado que lo haga precisamente el presidente del Ejecutivo.

A su juicio, el reparto acordado “rompe la equidad” y no pueden permanecer “callados”, pues podría extenderse a cualquier otra distribución de fondos.

El comisionado insular de la Fecam y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (NC), ha lamentado el tiempo y los esfuerzos perdidos, pues el reparto acordado es el mismo que el Gobierno de Canarias propuso hace un año.

Asimismo, ha asegurado que a Gran Canaria le corresponden 125 millones de euros frente a los 183 millones que habría obtenido de haberse consensuado el reparto, mientras que el Cabildo de la Gomera obtiene 32,5 millones de euros cuando iba a lograr 12,1 millones

Hernández ha recordado que Clavijo aseguró que se trataba de buscar un nuevo modelo de desarrollo, más allá del reparto concreto de fondos para cada isla, algo que, a su entender, no ha cumplido.

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (NC), considera que el Gobierno de Canarias “ha jugado a dividir Canarias y a Gran Canaria” y ha premiado a los municipios que se salieron de la unidad insular.

Este lunes, en la sesión del Consejo de Gobierno, lo que más cabreó a los consejeros socialistas en el Ejecutivo canario, cuatro personas, fue el empeño de Coalición Canaria (CC), con defensa firme del presidente Fernando Clavijo, de sacar adelante, sí o sí, la decisión sobre el reparto de los fondos perdonados por el Estado y procedentes del IGTE (el programa Fdcan, en teoría para aplicar en un decenio 2016-2025) para el bienio 2016-2017, lo que se hizo, según versión de los socialistas, sin tiempo suficiente para un análisis pormenorizado de los proyectos que se iban a autorizar, algo que “parece que no interesaba”, pues incluso se pidió dejarlo sobre la mesa debido a que aún había tiempo para adoptar esa decisión antes del 8 de diciembre próximo, la fecha tope. Tal solicitud del socio de Gobierno no fue aceptada, como ya es público y notorio.

Esa situación cabreó mucho, según indicaron fuentes socialistas, pero el estupor alcanzó su máximo grado cuando se confirmó que la línea de inversiones número 2, la que incluye el apoyo a la infraestructura (donde están las carreteras y la que se lleva nada más y nada menos que el 75% de los recursos disponibles por año), se había repartido siguiendo el criterio antes descartado por el Ejecutivo autonómico de la triple paridad (el implantado en las elecciones autonómicas); esto es, el 22,5% de esos recursos para Tenerife y lo mismo para Gran Canaria, y los otros dos 22,5% para las islas menores de cada provincia, por un lado La Palma, La Gomera y El Hierro, y por el otro, Fuerteventura y Lanzarote, en estos casos en proporciones ajustadas a los diputados que se eligen en esas circunscripciones insulares al Parlamento de Canarias.

El resultado fue, y ello condujo al desplante o portazo socialista, que CC, Clavijo y seis de los siete cabildos (la mayoría de la Fecai), con la excepción del grancanario, se habían salido con la suya. Al final, a base de vueltas y más vueltas, se consiguió colar el reparto que con más ahínco había defendido CC, sobre todo tras la propuesta inicial de uso de esa misma fórmula que planteó el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso. Tenerife, hay que recordarlo, es la isla, de las dos más pobladas de Canarias, donde los problemas de tráfico son más agudos, de manera especial en la autopista del norte, la TF-5, que por las mañanas se ha convertido en un auténtico infierno.

Tras tan largo recorrido; tras tanta negociación entre CC y PSOE para que la fórmula fuera el interés de los proyectos y una puntuación objetiva de los planes que concurrían; tras tanto ir para delante y para detrás…, al final resultó que en infraestructura, y no solo para 2016, sino también para 2017, se hizo lo que CC primero pensó y el lunes consiguió, aunque no para el 100% de los 160 millones de euros anuales, pero sí para el 75% de esa cantidad, el dinero público que está en la línea 2, que este sí se adjudica en el bienio señalado siguiendo la fórmula de la triple paridad, mejor o peor enmascarada.

Como balance de lo sucedido queda una brecha más profunda entre las dos fuerzas políticas en el Gobierno de Canarias y un pírrico triunfo parcial del PSOE en la línea 3, donde logra implantar su concepto de gestión para los fondos destinados en el mismo programa (el Fdcan) al empleo. Estos, pese a la fortísima presión de algunos cabildos, ya no se transferirán a esas corporaciones para que ellas repartan, lo que tampoco querían los agentes sociales y los municipios, sino que se partirá de una gestión centralizada en el Servicio Canario de Empleo.

De ahí llegarán a los cabildos, pero previa firma de convenios de colaboración y con el conocimiento adelantado de lo que se va a hacer con ellos.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Ignacio Lavandera, ha acusado este martes a Coalición Canaria (CC) de crear un problema “innecesariamente” al aprobar en el Consejo de Gobierno un reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en el que “prima la compra de voluntades”.

Lavandera criticó que Coalición Canaria impuso el lunes un reparto en un asunto que aseguró que no estaba en el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno y que, además, añadió, la finalidad era cambiar o al menos intentar cambiar el modelo productivo y no el uso que decidió CC.

Entre los socios en el Gobierno de Canarias hay un conflicto y “no lo voy a ocultar”, pero las soluciones “nunca son fáciles”, declaró. En los pasillos del Parlamento de Canarias el portavoz socialista señaló que cuando hay falta de confianza como ahora en algunos momentos el continuar con el pacto es algo que se “trabaja día a día”, de forma que “unas veces se va para adelante y otras para atrás”. Cuando no se tiene mayoría absoluta hay que adaptarse, reconoció.

Según el portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, lo aprobado por el Consejo de Gobierno es un “mero” reparto territorial que no responde al espíritu del Fondo de Desarrollo de Canarias y con el que, afirmó, no están contentas las universidades ni la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ni el Cabildo de Gran Canaria.

Además, los representantes sindicales y empresariales se han abstenido, dijo José Ignacio Lavandera, quien señaló que su partido intentará que la situación se revierta, y recordó que para el reparto no había prisa porque el plazo para su aprobación termina el 9 de diciembre.

Para revertir la situación el PSOE ha pedido una reunión de la mesa de seguimiento del pacto con CC con la intención de dialogar, agregó el portavoz socialista.

Ruano no lo entiende

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, afirmó no entender la ausencia del PSOE de la votación del reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias en el Consejo de Gobierno y pidió separar los asuntos del Ejecutivo regional de los problemas que se producen en el pacto en el ámbito municipal.

Así lo puso este martes de manifiesto durante unas declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento de Canarias.

“No entendemos la posición del PSOE de ausentarse. Aún cuando se puedan tener discrepancias, no la entendemos, y esperamos que pronto se corrijan”. “Creemos que las cosas en el Gobierno, de forma global, van bien, no así en los municipios”, dijo.

Aquí, expuso que, por lo tanto, es el Ejecutivo regional el que debe resolver el problema, al tiempo que añadió que cuando se produzca la revisión del decreto se podrán modificar algunos criterios.

Cuestionado sobre que el PSOE haya pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto, Ruano señaló que lo ha leído pero que aún no tiene constancia de esta solicitud.

“Hay que separar dos cosas. El Fdcan es un asunto del Gobierno de Canarias y debe ser el Ejecutivo el que debe resolver los asuntos que se producen en un ámbito; y, por otra parte, el tema de lo acontecido en el ámbito municipal, donde tenemos el incumplimiento de CC en Arico y Puerto de La Cruz”, aseveró.

Ruano comentó que es “muy notorio” que los temas municipales están creando malas consecuencias en las confianzas entre CC y PSOE. “Y yo, personalmente, -dijo- voy a volver a plantear que revisemos el escenario municipal porque es un escenario que produce inconvenientes de confianza y graves problemas de estructura orgánica de los partidos”.

Hidalgo comparte el “golpe en la mesa”

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que este martes participa en la asamblea de regidores de la isla que acordará medidas contra el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), comparte el “golpe en la mesa” que dio el PSOE en el Consejo de Gobierno ante este acuerdo.

Tras firmar con Cruz Roja Española un convenio de colaboración para promover y fomentar la educación en valores a los escolares que visitan las instalaciones de esta ONG en el Puerto de La Luz, para lo que el Consistorio ha concedido una ayuda de 10.000 euros, Hidalgo ha dicho a Efe que la distribución de fondos acordada por el Gobierno regional que preside Fernando Clavijo, sin el respaldo de sus cuatro consejeros socialistas, es “escandalosa”.

“Sin conocer los detalles específicos sobre la ciudad, ya que sólo he visto los datos gruesos de la isla de Gran Canaria, si esos son los datos de reparto, me parece un escándalo. Al final se ha trasladado el criterio de la triple paridad a unos fondos que tenían por objeto el desarrollo de Canarias”, ha aseverado.

Hidalgo ha considerado “inconcebible” que quien ha sido hasta hace poco alcalde de La Laguna, el hoy presidente regional, Fernando Clavijo, “pueda explicar de forma coherente a los laguneros que cada uno de ellos mide cinco, seis, siete u ocho veces menos que cualquier otro ciudadano de las Islas, que es lo que se ha hecho”.

Preguntado por las consecuencias que este acuerdo pueda tener en el pacto de gobierno del que participan los socialistas, Hidalgo ha estimado que el hecho de que el PSOE no lo haya respaldado supone “un golpe importante en la mesa del Gobierno” que él “entiende y comprende”.

Por su parte, el presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo,  afirma que si bien desde el “minuto uno” de la legislatura se habla de la ruptura del pacto entre Coalición Canaria (CC) y PSC-PSOE, eso no se producirá “ni queriendo ellos”.

Casimiro Curbelo ha declarado en los pasillos del Parlamento de Canarias que alguna fuerza política debería de hacer menos el “ridículo” y trabajar por los ciudadanos, para agregar que si hay discrepancias entre nacionalistas y socialistas deben resolverse en los órganos correspondientes.

El actual pacto de gobierno lo han diseñado CC y PSOE y “seguramente si no fueran tan niños pequeños sería el mejor pacto para Canarias”, consideró Casimiro Curbelo, para quien la situación no puede continuar como en la actualidad y por ello pidió a nacionalistas y socialistas que reflexionen de forma “serena y seria”.

Un grupo de presión de intereses

El portavoz del grupo Nueva Canarias (NC) en el Parlamento canario, Román Rodríguez, lamenta que no hay un Gobierno de Canarias sino un “grupo de presión de intereses creados, inmaduro, irresponsable”.

El también presidente de NC ha señalado que la distribución del Fdcan se ha hecho de forma “infame, clientelar y creo que incluso ilegal”.

Román Rodríguez ha insistido en que es “lamentable” que se haya hecho un reparto de los escasos recursos de los que se disponen, de forma que ha dado para “aceras, bordillos y farolas, y además en función no de las necesidades sino de las adhesiones, de la compra de voluntades”.

El PP, lejos de formar Gobierno

El Partido Popular (PP) está ahora igual de lejos que al principio de legislatura de formar parte del Gobierno de Canarias, ha asegurado este martes el diputado del grupo parlamentario Popular Miguel Jorge.

Al ser cuestionado en los pasillos del Parlamento de Canarias acerca de la posibilidad de acercarse a formar parte del Gobierno regional debido a las discrepancias que hay entre los socios en el ejecutivo, CC y PSOE, Miguel Jorge replicó que “para nada” está cerca su partido de esa situación.

Miguel Jorge cree que si después de “todas las cosas que CC ha hecho al PSOE desde el inicio del mandato” el pacto continúa, lo que ocurrirá será que pacto se mantenga para el resto de la legislatura.

Para Jorge, lo “triste” de la decisión del PSOE de abandonar la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias cuando se aprobó el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) es que hay 160 millones de euros metidos en un cajón sin dedicarlos a fomentar empleo, ha dicho hoy el diputado del PP Miguel Jorge.

El diputado criticó que ese dinero sigue en un cajón sin que se adjudiquen obras, y añadió que ha sido un “desastre” la gestión que ha hecho el Gobierno de Canarias con esos fondos desde que llegase a un acuerdo con el ejecutivo español para destinar a ese fondo del dinero del Impuesto del Tráfico de Empresas (ITE).

Asimismo, pidió que se recuerden todas las polémicas que se han producido entre Coalición Canaria (CC) y PSC-PSOE desde que se produjo el acuerdo entre los gobiernos central y regional, y las “peleas continuas” entre los socios en el Ejecutivo canario.

Lo del lunes fue la “gota que colmó el vaso”, en palabras del diputado del grupo Popular, quien consideró lamentable que se acabase a la “greña” en el Consejo de Gobierno.

Miguel Jorge espera que la situación se resuelva cuanto antes y en beneficio de los ciudadanos, porque, insistió, es mucho dinero con el que se pueden hacer muchas iniciativas para crear empleo

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha lamentado este martes el “estrepitoso fracaso” cosechado por Antonio Morales en la negociación sobre el reparto de los fondos extra del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE) cedidos por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma.

Según el portavoz del Grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber, “el Cabildo de Gran Canaria ha sido el gran derrotado en la distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), lo que pone de manifiesto la escasa capacidad negociadora de Morales cuando se trata de defender el interés general de los grancanarios”, informó el PP en un comunicado.

“Una vez más, Gran Canaria ha sido adelantada por el resto de Cabildos y se ha quedado aislada en un asunto de enorme trascendencia para el futuro de la isla”, apuntó el portavoz popular.

Para Felipe Afonso El Jaber, “esto es lo que suele ocurrir cuando el presidente de la Corporación insular está más pendiente de izar banderitas que de defender las causas que sí afectan directamente al desarrollo de Gran Canaria”, subrayó.

El Grupo Popular también ha criticado la actuación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “que después de casi un año dándoles vueltas a los criterios de reparto de los fondos del ITE lo único que ha conseguido es convertir lo que era una gran noticia para el archipiélago en un lío monumental”.

El PSOE en Canarias pedirá la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto que mantiene con CC tras aprobar el Consejo de Gobierno el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) con la ausencia de los cuatro consejeros socialistas, que abandonaron la sala en el momento de adoptar esa decisión por discrepancias en la adjudicación de los proyectos. 

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, en declaraciones a Efe, ha señalado que la propuesta aprobada este lunes es un reparto económico “puro y duro”, en el que no se ha tenido en cuenta la filosofía por la que se creó ese fondo, que era favorecer el desarrollo de Canarias.

Afonso ha señalado que el abandono de los cuatro consejeros socialistas se ha debido a que no están de acuerdo con la adjudicación de los proyectos y a que se trata de un reparto económico con base territorial y sin ningún análisis de la repercusión de los proyectos en la economía del Archipiélago.

Ha agregado que ya los representantes del PSOE habían manifestado su discrepancia sobre la adjudicación de los proyectos que se verán beneficiados por los 160 millones del fondo y ha advertido que esta oposición también la han expresado las universidades públicas de Canarias y la Federación Canaria de Municipios.

El consejero ha indicado que durante un año se ha hecho un esfuerzo por determinar los criterios y proyectos susceptibles de ser beneficiados por este fondo y se ha sacrificado su uso para otros fines, como podían ser los servicios públicos.

Ha añadido que en la propuesta que se ha llevado este lunes al Consejo de Gobierno no se acredita la importancia de los proyectos e incluso se rechaza algunos presentados por el Gobierno, como el plan transinsular de carreteras consensuado con las corporaciones, y se aprueban otros presentados por los cabildos y cuya finalidad, citó como un ejemplo, es adecentar aceras.

Ha aclarado que las acciones presentadas por el Gobierno y no incluidas en el Fdcan corresponden a todos los ámbitos y ha criticado que incluso en una de las líneas del fondo se alegue el criterio de la triple paridad, cuando esta no era la filosofía del Fondo de Desarrollo de Canarias.

Los únicos que comparten esta propuesta son los cabildos [menos Gran Canaria] porque salen beneficiados con el reparto, ha dicho Afonso, quien ha subrayado que los cuatro consejeros socialistas se han ausentado porque entienden que este plan debe defender los intereses de los ciudadanos.

Además ha recordado que había de plazo hasta el 9 de diciembre para corregir la propuesta, pero los miembros de Coalición Canaria han querido aprobarla ya.

Afonso ha señalado que debe ser la mesa de seguimiento del pacto la que analice esta situación y ha precisado que así se lo han solicitado a la gestora del PSOE en Canarias, que se ha constituido este lunes.

El consejero no ha querido pronunciarse sobre si después de lo ocurrido y los incumplimientos de CC en Puerto de la Cruz y Arico dan por roto el acuerdo de gobernabilidad en Canarias suscrito entre CC y PSOE tras las elecciones de 2015.

Ha afirmado que se siente “decepcionado” con la propuesta presentada este lunes sobre el Fdcan porque, ha dicho, se ha trabajado “intensamente” y al final se ha llevado un mero reparto económico.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha rechazado este lunes que el Gobierno canario excluya a las corporaciones locales de la gestión de las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que se invertirán en políticas activas de empleo.

Así lo ha manifestado a los periodistas el presidente de turno de la Fecai, Casimio Curbelo, quien, además de considerar que esta decisión obedece a motivos políticos, ya que las corporaciones locales siempre han participado en el desarrollo de este tipo de programas, ha subrayado que, de esta forma, se pierde la oportunidad de sumar los fondos municipales e insulares destinados a este fin con los que se distribuirán en el marco del Fdcan.

Curbelo ha mostrado la discrepancia de la Fecai respecto de la postura que ha mantenido este lunes el Gobierno canario en la reunión del comité de selección del Fdcan, donde “ha excluido a los cabildos y las corporaciones locales” al defender su exclusividad en materia de políticas activas de empleo.

El también diputado por Agrupación Socialista Gomera ha explicado que la Fecai defendía que las corporaciones insulares y locales pudieran conveniar con el Ejecutivo regional las políticas activas de empleo que se desarrollaran con partidas del Fdcan y ha dicho que la negativa de la comunidad autónoma implicará que a esas líneas les “falte la aportación de los recursos” de esas instituciones, que suponen el 50 % en Gran Canaria y Tenerife, el 20% en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma y el 10 % en El Hierro y La Gomera.

Por su parte, el representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, ha criticado que el criterio que regirá definitivamente el reparto del 75 % de las partidas del Fdcan, las relativas a inversiones, vaya a ser el de la “triple paridad”, algo que ha negado el presidente de la Fecai, quien, además de estimar que ese debate ya está superado, ha precisado que la distribución de ese dinero obedecerá a criterios eminentemente demográficos, como ocurre con el reparto de los recursos del REF.

En cualquier caso, Casimiro Curbelo ha opinado que “no hay por qué sonrojarse” si estos fondos se distribuyen conforme a la llamada triple paridad, dado el déficit que tienen las islas pequeñas respecto a las grandes.

No obstante, el vicepresidente segundo de la Fecam, Óscar Hernández, quien ha mostrado su acuerdo con que las políticas de empleo se residencien en exclusiva en el Gobierno regional, ha estimado que la solución global que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Gobierno respecto al Fdcan “no refleja el espíritu del decreto” por el que fue creado.

“Estamos hablando de unos recursos que iban destinados a un modelo distinto de desarrollo que permitiera dinamizar la economía y al final se va a limitar a un reparto exclusivo de recursos a los cabildos relacionado con la triple paridad, en el caso de las inversiones, que representan el 75% de los fondos”, ha aseverado.

Sin embargo, el presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, ha manifestado la gran satisfacción que tienen las organizaciones empresariales con la consecución, por parte del Ejecutivo regional, de un fondo especial para el desarrollo de las islas.

“Que estos 160 millones de euros lleguen durante 10 años consecutivos a la economía de las Islas es un logro importante del Gobierno de Canarias y creo que con un amplio consenso se ha llegado a un acuerdo razonable sobre los tres ejes”, ha referido.

Manrique de Lara ha admitido que a la CCE le hubiera gustado que la distribución de los fondos del Fdcan se rigiera por criterios más económicos que territoriales, si bien ha asegurado que “al final, no distan mucho los importes tomando una u otra opción”.

El presidente accidental de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso, ha pedido este viernes que los consejos insulares, donde están representados el Servicio Canario de Empleo, los ayuntamientos, cabildos y agentes sociales, sean los que sigan y controlen los programas relacionados con las políticas activas de empleo propuestos por los cabildos.

Carlos Alonso se ha reunido este viernes con el director general de Coordinación y Apoyo Técnico de la Vicepresidencia, Antonio Olivera, y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para determinar si son los cabildos quienes gestionarán los fondos para empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El presidente del Cabildo de Tenerife ha defendido, según ha comentado posteriormente a los periodistas, que sean los consejos insulares de empleo los que evalúen, controlen y realicen un seguimiento de las políticas activas de empleo, que representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

No obstante, ha precisado, la intención de la Fecai es que sean los cabildos, en coordinación con los ayuntamientos, los que ejecuten las políticas de empleo para que así haya una mejor coordinación entre administraciones.

Por el contrario, el Servicio Canario de Empleo prefiere que estas políticas de empleo se sustenten en convenios específicos con cada uno de los cabildos, lo que, a juicio de Alonso, esto supondría entorpecer y dificultar la gestión de los fondos.

Para el presidente, la vía “más ágil” es que la firma de un convenio general entre Gobierno canario y cada uno de los cabildos incluya una cláusula específica para que los consejos insulares se encarguen del seguimiento y control de las acciones de empleo.

Es decir, la Fecai propone un convenio general por cada isla en vez de, como sugiere el Gobierno, convenios específicos por cada proyecto sobre políticas activas de empleo que presenten las corporaciones insulares.

Asimismo, reclama que el Ejecutivo articule fondos adicionales del Fdcan para financiar los proyectos que ha presentado y que también tiene que ver con el empleo.

Alonso se ha mostrado convencido de que, al tratarse de “una cuestión política”, el próximo el comité de selección del Fdcan llegue a un acuerdo y seleccione los programas y proyectos presentados.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

El Gobierno de Canarias se reunirá este viernes con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y una representación de universidades, sindicatos y empresarios para acabar de cerrar que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con el empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y no la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la competencia.

Esta reunión tendrá lugar cuatro días después de que el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, reconociera que existen “problemas técnicos” a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas, si bien garantizó que las políticas de empleo representarán el 20% del Fdcan, igual que i+d+i el 5% e infraestructuras el 75%.

El presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, avanzó hoy, después de la reunión de la federación celebrada para tratar, en otros asuntos, el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y los recursos de Fdcan, que el encuentro de mañana tiene como objetivo llegar a una propuesta que pueda ser asumida por todos.

La Fecai ha acordado que Gobierno y cabildos firmen un convenio para llevar a cabo las distintas actuaciones correspondientes a las políticas activas de empleo en todas las islas, ha informado Curbelo, quien cree que esta idea “coincide en buena parte” con la propuesta del Ejecutivo que se definirá mañana.

Los cabildos tienen experiencia en la promoción económica y en la dinamización de las islas, ha destacado el presidente de la Fecai, quien ha defendido que los cabildos canarios sean órganos ejecutores de las políticas activas de empleo.

Ha recordado, asimismo, que los cabildos son cooperadores desde el punto de financiación en las políticas activas de empleo, pues cada uno de ellos aportan recursos en función de su dimensión económica, Gran Canaria y Tenerife el 50%; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma el 20%; y La Gomera y El Hierro el 10%.

Según Curbelo, los problemas técnicos a la hora de que sean los cabildos los que presenten los programas relacionados con políticas activas de empleo, quedarían “indudablemente” resueltos con la firma de un convenio con el Gobierno.

“El Gobierno tendrá que resolverlo de esa manera, yo creo que es una manera sensata de colaboración para poder llevar a cabo políticas activas de empleo en las islas”, ha manifestado.

El presidente del Cabildo de La Gomera no podrá asistir mañana al encuentro que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife pero será el de Tenerife, Carlos Alonso, el que vaya a exponer la decisión de la Fecai, ha comentado Curbelo, quien está completamente seguro de que el Ejecutivo flexibilizará su posición y habrá acuerdo para que así el próximo lunes el comité de selección del Fdcan seleccione los programas y proyectos presentados.

Según ha detallado Curbelo, El Hierro recibirá un total de 6,1 millones del Fdcan, La Gomera 8,4 millones, Lanzarote 18 millones, Fuerteventura 15 millones, Gran Canaria 41 millones, Tenerife 44 millones y La Palma 17.

Estas cuantías se han repartido en base a diferentes criterios; en el caso de i+d+i, que supone el 5% del total del Fdcan, se ha dado teniendo en cuenta la inversión media de la Comunidad Autónoma entre 2011 y 2017 en cada una de las islas.

Respecto al área de infraestructuras, que representa el 75% del total, se ha distribuido teniendo en cuenta la triple paridad; mientras que para el 20% dirigido a las políticas activas de empleo se ha utilizado el criterio del número de parados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año.

El Fondo de Desarrollo de Canarias, creado por el Ejecutivo autonómico a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado por el extinto Impuesto General de Tráfico a Empresas (IGTE), está destinado a promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo y a la cohesión económica, social y territorial del archipiélago.

Para esta primera convocatoria se ha recibido solicitud de financiación para un total de 51 proyectos y 7 programas, que suman una cuantía definitiva de algo más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

Los recursos existentes en el Fdcan para ese periodo ascienden a 1.600 millones de euros.

Será el Consejo de Gobierno quien aprobará las propuestas definitivas, así como los porcentajes de financiación de las mismas que correrán a cargo del Fondo de Desarrollo de Canarias, y que se materializarán a través de los convenios que se suscribirán entre los beneficiarios y la Consejería de Hacienda.

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Patricia Hernández, ha presentado al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) proyectos para generar empleo por un valor de 48 millones para este año y el próximo.

Hernández explica que “para el año 2016 se ha propuesto una partida de 16 millones de los cuales seis van para la promoción del empleo autónomo y 10 para cubrir las aportaciones municipales del Plan de Empleo Social de este año”.

En relación a 2017, se trata de ejecutar 32 millones que se reparten en dos bloques de proyectos: uno de 7 millones que gestionará el Servicio Canario de Empleo (SCE), de carácter regional, y que contempla la subvención para la promoción del empleo autónomo; un proyecto de empleo autónomo en el sector primario diseñado junto con la COAG (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias) y el plan para personas de alta cualificación con las universidades.

Y un segundo bloque proyecto de 25 millones dividido en dos proyectos, diez millones extra para el Plan de Empleo Social del año que viene, que se aplica a colectivos de desempleados de larga duración y de difícil inserción, y otro de 15 millones que ejecutarán cabildos y ayuntamientos a través de los Mercados Locales de Trabajo (MLT).

“Este último concepto es nuevo -explica Hernández- hemos elaborado estos proyectos con arreglo a este análisis de los mercados de trabajo en cada isla. Y lo hemos hecho de forma conjunta con los ayuntamientos, que son quienes nos dicen qué empleos se necesitan en su zona. Por tanto, estamos haciendo políticas activas de empleo que sí funcionan y que llevan a un empleo al que participa en ellas”.

Según el estudio previo realizado existen en Canarias un total de 12 Mercados Locales de Trabajo que se definen del siguiente modo: Lanzarote, Fuerteventura Norte, Fuerteventura Sur, Gran Canaria Norte, Gran Canaria Sur, La Gomera, El Hierro, Tenerife Sur, Tenerife Noroeste, Tenerife Norte, La Palma Este y La Palma Oeste.

“Aunque el problema del mercado laboral es común a toda Canarias -añade- lo cierto es que cada municipio es particular. Esto requiere de análisis pegados al terreno que permite identificar necesidades y problemáticas específicas, para actuar con flexibilidad”.

El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), financiado con los fondos del extinto IGTE, ha recibido solicitudes de financiación para un total de 51 proyectos y siete programas que suman una cuantía de más de 2.013 millones de euros a invertir en el periodo comprendido entre 2016 y 2025.

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha dado este sábado a conocer los proyectos presentados a la convocatoria del FDCAN, creado a partir de los fondos derivados de la suspensión de la compensación al Estado del IGTE y cuyo objetivo es promover la ejecución de inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo.

José Miguel Barragán ha explicado en rueda de prensa que el grueso de las iniciativas presentadas tiene que ver con la mejora de infraestructuras y equipamientos, a lo que se dedica el 70% del presupuesto y en segundo lugar al impulso de políticas activas de empleo, a las que se destina el 20%.

La tercera línea estratégica, y a la que se destina el 10%, es a inversión en conocimiento en I+D+I, ha agregado el viceconsejero, quien ha detallado que ayuntamientos, cabildos, consejerías y fundaciones son algunas de las entidades que han presentado propuestas.

Ha destacado que los cabildos aportarán recursos propios en todos sus proyectos, el de La Gomera y El Hierro aportarán el 10% del global; el de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura el 20%; y el de Tenerife y Gran Canaria el 50%, tal y como fija el decreto.

Los cabildos de El Hierro, Gran Canaria y La Palma han presentado sus programas por un ciclo de cuatro años; el de Fuerteventura por cinco; y los programas de Lanzarote, La Gomera y Tenerife están programados para diez años.

Asimismo, el viceconsejero ha avanzado que los ayuntamientos y las universidades han presentado proyectos por valor de 72 millones de euros, mientras que los cabildos han propuesto programas por 1.769 millones de euros.

El Gobierno puede comprometer las cifras que se acuerden en los ciclos temporales que propongan los cabildos, que tendrán que ir justificando las inversiones año por año, ha añadido Barragán, quien no ha podido decir cuántos empleos se crearán en las islas derivados del Fondo de Desarrollo de Canarias.

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias ha informado de que la fecha límite para conocer la resolución de los proyectos seleccionados que contarán con asignación de los recursos del FDCAN, hasta 1.600 millones de euros en el periodo 2016 y 2025, será el próximo 24 de noviembre.

Asimismo, ha indicado que tanto los programas como los proyectos presentados por cabildos, ayuntamientos, universidades y el propio Gobierno de Canarias serán examinados por el Comité de Admisión, que velará porque se cumplan los requisitos y no se solapen competencias entre administraciones.

Este comité deberá elaborar un informe de admisibilidad sobre las iniciativas, que remitirá con posterioridad al Comité de Selección, encargado de informar y realizar la propuestas de los programas y los proyectos seleccionados y que estará en funcionamiento a partir de noviembre.

Finalmente, las propuestas se elevarán al Consejo de Gobierno, quien previsiblemente aprobará las propuestas definitivas el próximo 24 de noviembre, ha asegurado Barragán, quien ha comentado que a partir de ese momento, la Consejería de Hacienda firmará los convenios acordados con los beneficiarios.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias ha presentado un total de 19 proyectos por valor de 100,6 millones de euros para su financiación con cargo a los fondos del IGTE durante los próximos cuatro años.

Las infraestructuras propuestas para ser incluidas en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en la convocatoria 2016-2017, que se financia con el IGTE, están previstas en el convenio de carretas con el Estado y en el eje transinsular de infraestructuras de transporte, actualmente en fase de revisión, según indica la Consejería en un comunicado.

La inversión media anual de estas obras sería de 25,15 millones de euros, a los que se añadirán 45 millones más de fondos propios de la Consejería procedentes del convenio de carreteras con el Estado.

La Consejería señala que pretende un equilibrio presupuestario insular sin comprometer la eficiencia del sistema de transporte y la igualdad de oportunidades.

“Dicho equilibrio se establece a nivel insular, siendo flexible la variación de inversiones en los diferentes proyectos dentro de cada isla, en caso de que, por razones sobrevenidas, no pudieran acometerse en los términos descritos en cada proyecto”, aclara Obras Públicas.

Para obras en Gran Canaria se piden 30,2 millones de euros, lo mismo que para Tenerife, mientras que para Fuerteventura irían 14,7 millones, para La Palma 6,3, para Lanzarote 6, para La Gomera 1,9 y para El Hierro 1,6 millones.

Las actuaciones, indica el comunicado, se llevarán a cabo de manera inmediata y fomentarán el desarrollo económico y social de Canarias con respeto al medio ambiente.

En Gran Canaria se financiará las obras GC-2 Agaete-El Risco (27,8 millones) y pasarelas peatonales en GC-3 (1,3 millones).

En Tenerife se destinarán 14 millones de euros a TF-1 Chafiras-Oroteanda; 14,1 millones a Túnel de Erjos y 500.000 a TF-1 San Isidro-Adeje.

En El Hierro habrá 1,6 millones de euros para GM-1, acceso de San Sebastián de La Gomera, 120.000 para Vallehermoso-Arure y 230.000 para Arure-Alajeró.

En Lanzarote se piden 6 millones de euros para el acondicionamiento de LZ-1 y en La Palma 4,8 millones para la LP-1, mientras que en Fuerteventura habrá 175.000 euros para Puerto del Rosario-Caldereta, 2,1 millones para Caldereta-Corralejo y 360.000 para Aeropuerto-Pozo Negro.

En cuanto a transportes, la Consejería solicita un millón de euros para el Intercambiador Santa Cruz de Tenerife y otro millón para el Intercambiador Tamaraceite.

En puertos hay previsto destinar 12 millones de euros al de Corralejo, 1,5 millones al de Tazacorte y 192.000 a Laboratorio NFU.

Para futuras convocatorias del Fdcan, la Consejería incluirá la variante Bañaderos de Arucas-Pagador; la circunvalación del área metropolitana de Tenerife/Variante TF-5: Padre Anchieta-Los Rodeos; la LP-1 Norte Llano Negro-Puntagorda; Yaiza-Arrecife; LP-2 La Cumbre-Los Llanos; y Guatiza-Órzola.