El Juzgado de lo Penal número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cerca de ocho años de prisión al empresario  y abogado Evaristo González Reyes por el caso Corredor. El fallo condena a González a seis años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo del a condena y a una multa del triple y medio de la cuota defraudada, con responsabilidad  penal subsidiaria de un mes de privación de libertad por cada 50.000 euros impagados, por un delito de fraude a la Seguridad Social entre 2006 y 2010. También ha sido condenado a un año, once meses y quince días de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ser el autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad documental.

El Juzgado ha condenado además a penas de prisión de entre cuatro y diez meses por falsedad a otros seis de los procesados en esta pieza: Hercilio José Padrón, Yolanda María Geara, Fabián Echeverry, Mayra Alejandra Echeverry, Josefa Pilar Geara y María Lourdes González. En cambio, han sido absueltas de todos los cargos estas ocho personas: Francisco Óscar González, Alberto Isidro Santano, Eudes Emiliano Leandro Silva, Cosme Quintero, Israel Barreto, Juan Carlos Martín, Juan Carlos Alonso y Ricardo Félix González. A todos los condenados, la sentencia les concede el beneficio de una atenuante de dilaciones indebidas. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicitó un total de 44 años de cárcel para Evaristo González por encabezar una organización criminal dedicada a defraudar a las arcas públicas. El escrito de acusación consideró que el principal acusado de esta causa era el responsable de 10 delitos contra la Seguridad Social y dos de falsedad en documento mercantil y oficial (uno de ellos en concurso con un delito de estafa). El letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social pedía 30 años para el empresario. 

Durante la investigación del caso Corredor, se desveló la existencia de una red de 38 empresas que, según la Policía Judicial, supera el desfalco de 4,5 millones de euros. Entre ellas, el pub Kapitel del Cuadrilátero de La Laguna, donde la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, aunque una de ellas cobraba la prestación de desempleo. 

Este caso salpicó en una pieza separada, la número 22, al expresidente del Gobierno de Canarias y entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Justo antes de las elecciones autonómicas de 2015 quedó archivada la causa al anularse unas conversaciones telefónicas que le comprometían captadas por la Policía. En estas escuchas, en las que los cuerpos de seguridad investigaban la trama de presuntos favores a empresarios de la noche lagunera, se descubrió que el entonces alcalde y la concejala de Bienestar Social  (también vicececonsejera de Medio Ambiente en la pasada legislatura), Blanca Pérez, maquinaban cómo gestionar los fondos públicos para ganar votantes en Las Chumberas y cómo manipular las ayudas a otorgar a determinados vecinos influyentes. Un defecto formal en la instrucción permitió que las grabaciones quedaran anuladas. 

Evaristo González también ingresó en prisión acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su exsocio Carlos Machín en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna. El juez también ordenó la privación de libertad de otros dos acusados como autores materiales y dos cómplices. 

El soporte de una tarjeta SIM hallada entre los efectos de Carlos Machín la noche en la que fue asesinado, el 17 de abril de 2018, fue la pista inicial sobre la que se articuló la minuciosa investigación policial que finalizó el 31 de mayo de 2019 con el ingreso en prisión preventiva de los presuntos autores del asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

El levantamiento de la orden de secreto sobre las actuaciones el pasado miércoles evidencia que el descubrimiento de un teléfono “de seguridad” mediante el cual y de forma “casi exclusiva” el empresario Pedro Carlos Machín Quintero se comunicaba con su exsocio Evaristo González Reyes. Esta fue la primera pieza de una compleja investigación que acabó el pasado 31 de mayo con el ingreso en prisión preventiva de cuatro personas: el empresario lagunero Evaristo González Reyes como presunto autor intelectual del crimen, Ernesto Inocencio O.H. como supuesto autor material de los 11 disparos, Julio David G.O. como conductor del coche que llevó al sicario al lugar del crimen y Dámaso Agustín R.R. y José Manuel M.B. como colaboradores en la acción criminal (encubridores).

La Policía Nacional averiguó que la tarjeta SIM había sido adquirida a nombre de J.D.S.H., “relacionado directamente con Evaristo González Reyes, al ser hijo de un colaborador habitual de éste” detenido en 2012 en el marco de la operación Corredor. La investigación concluye que este móvil antiguo, sin conexión a Internet, es el “único punto oscuro” concreto y real en la vida de la víctima. 

Según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los autores del presunto asesinato de Machín, dos varones, permanecían esperando en las inmediaciones de la zona hasta que la víctima accedió al coche, momento en el que uno de ellos se le acercó efectuando varios disparos --hasta un total de once, de los que seis impactaron en la víctima-- que acabaron con su vida.

Inmediatamente, el hombre que disparó accedió a un vehículo, donde esperaba el otro hombre, dándose a la fuga, y el coche apareció calcinado a escasos dos kilómetros del lugar de los hechos.

Entre los efectos de la víctima, la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial encontró dos teléfonos móviles --que se confirmó que era notorio que el fallecido usaba habitualmente-- y el soporte plástico de una tarjeta SIM de otro teléfono.

En las primeras pesquisas en el entorno de la víctima, nadie manifestó tener conocimiento de que utilizara un tercer teléfono, lo que llevó a la Policía a pensar, exponen los autos, en “un teléfono de seguridad o utilizado para contactos que pretendía ocultar”.

El dato cobró mayor relevancia para los investigadores cuando, en las horas posteriores al crimen, la viuda del empresario entregó a la policía un teléfono móvil con la SIM cuyo soporte plástico había sido hallado con el cadáver, que la mujer había “encontrado en un cajón en el domicilio familiar”.

UN TELÉFONO MÓVIL ARCAICO

La Policía Nacional averiguó que la tarjeta fue adquirida a nombre de J.D.S.H., “relacionado directamente con Evaristo González Reyes, al ser hijo de un colaborador habitual de éste” detenido en 2012 en el marco de la operación Corredor.

La investigación llega a la conclusión de que este móvil es el “único punto oscuro” en la vida de la víctima, habida cuenta de que se trata de un celular antiguo, sin conexión a internet ni a aplicaciones informáticas o móviles, “del tipo de los empleados como número de seguridad en operaciones ilícitas”.

Ante esta pista, la Brigada de Homicidios estableció como “prioritario” el estudio de la vida útil de este teléfono y otros con la misma titularidad.

En esta línea de investigación, las pesquisas permiten averiguar que la persona a cuyo nombre constaba la adquisición de la tarjeta SIM, J.D.S.H., tenía a su nombre otros teléfonos y se encontraba “relacionado indirectamente con Evaristo González Reyes, al tratarse del hijo de un colaborador habitual de éste”.

La policía certifica que uno de los teléfonos adquiridos por este individuo había verificado su última conexión el 17 de abril de 2018, el día anterior a la muerte de Machín.

Otra de las líneas contratadas a nombre de J.D.S.H. se había desactivado a las 19.31 horas del día en el que fue asesinado Machín.

“TITO TACORONTE”

Los investigadores pudieron comprobar que uno de estos teléfonos secretos, con número finalizado en 604, constaba a nombre de una persona domiciliada en una dirección que se correspondía con la de la residencia de Evaristo González, y además advirtieron de que el número estaba en la agenda de la víctima como 'Tito Tacoronte', sobrenombre con el que se conoce a Evaristo González.

Igualmente, se certificó que la primera llamada que recibió el teléfono acabado en 604 fue realizada desde el teléfono particular del abogado y empresario, ahora en prisión preventiva.

Los agentes constatan, asimismo, que otro de los teléfonos adquiridos por J.D.S.H., el acabado en 806, figuraba a nombre de una identidad falsa, y confirman “plenamente” que el usuario habitual de este teléfono es Evaristo González.

En una llamada entrante a este número el 6 de agosto de 2018, el comunicante deja el siguiente mensaje: “buenas tardes Evaristo, soy Gabriel, cuando puedas llámame”.

Además, se lee en el auto de prisión del abogado: “entre los contactos de este terminal se incluyen otros relacionados directamente con Evaristo, como es su hermano Ángel y su socio el abogado José Santiago M.M.”.

Asimismo, se constata que es con este número con el que el fallecido Carlos Machín mantiene la inmensa mayoría de las comunicaciones, “un total de 798 de 1.188 registros que suma la vida útil del terminal”.

El círculo se estrecha aún más cuando del estudio de los contactos mantenidos por González Reyes a través del 806 se identifican diversas llamadas al teléfono acabado en 115, “utilizado, según bases de datos policiales, por Ernesto Inocencio O.H.”, quien fue detenido como presunto autor material del asesinato de Machín.

SÓLO SE APAGÓ EL DÍA DEL CRIMEN

Tras una minuciosa y compleja investigación, la Policía concluye que el número acabado en 604 fue el que usó el presunto asesino en los meses previos al crimen.

Así, expone que se activó en noviembre de 2017 y que “en toda la vida útil que se dispone del teléfono nunca ha transcurrido un solo día en que no hubiera registro alguno o que se detectara el terminal apagado; esto ocurre por primera vez el día del asesinato, a las 19.45 horas, permaneciendo apagado durante más de tres días”.

El análisis de los contactos telefónicos en los terminales utilizados por Ernesto Inocencio O. identifica a diversas personas supuestamente relacionadas con el crimen, entre ellas a Julio David G.O., el supuesto conductor del coche en el que se llegó a la escena del crimen, José Manuel M.B. o Dámaso R.R., presuntos colaboradores.

La noche en la que fue asesinado Machín y poco después de que el vehículo robado empezara a arder, el terminal de Julio David G.O. --el supuesto conductor del coche-- efectuó “ocho intentos de llamada inmediatos o consecutivos” al número de José Manuel M.B., la persona que supuestamente colaboró en la fuga-.

Agrega el auto, de más de 80 folios, que el 8 de mayo de 2018, menos de un mes después del crimen, “desde el terminal de seguridad de Ernesto se registraban contactos director con teléfonos móvil y fijos utilizados por Evaristo González en su domicilio y despacho; esto relacionaba de nuevo directamente al sospechoso del asesinato material de la víctima con el supuesto autor intelectual”.

Con todo, la Policía llega a la conclusión de que Evaristo González, “por razones que por el momento se desconocen” habría iniciado los movimientos dirigidos a la “eliminación” de Carlos Machín, para lo cual habría recurrido a un tercero identificado como Ernesto Inocencio O.H. con el que ya mantenía contactos con anterioridad.

Para ello habría dispuesto de dos teléfonos con los que comunicar de forma exclusiva entre ambos (249 y 604) que Evaristo habría conseguido a nombre del mismo titular que el empleado por la víctima, hecho este reconocido por él mismo en declaración.

Ambos números fueron abandonados en su uso el mismo día 17-04-18 en que tiene lugar la muerte.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna aprecia indicios suficientes de criminalidad en cuanto a que el abogado Evaristo González encargó el asesinato del empresario Carlos Machín en abril de 2018, lo que podría acarrearle una pena de 25 años de prisión.

Así lo indica la titular del citado órgano judicial, Ana Serrano-Jover, en los autos de prisión que dictó el pasado 31 de mayo contra Evaristo González y sus cuatro supuestos cómplices, que ha facilitado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado en el que indica que se ha levantado el secreto de sumario en este procedimiento.

En el auto se precisa que se investiga a Evaristo González por un delito de asesinato ya que, indiciariamente, habría sido la persona que encargó a E. I. O. H. el asesinato de Pedro Carlos Machín Quintero, mientras que el identificado como O. fue la persona que le disparó y J. D. G. O. la otra persona que se desplazó a la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna para cometer el asesinato.

Obviamente Evaristo González negó tal hecho y afirmó que el fallecido era gran amigo suyo, pero de las gestiones practicadas por la policía se deduce tal implicación, se añade el auto.

Pedro Carlos Machín Quintero fue asesinado el 17 de abril en 2018 alrededor de las 22.15 en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas mientras se encontraba en el interior de su vehículo y tras salir de las clases de inglés a las que acudía de forma periódica.

Los autores, al parecer según testigos, fueron dos hombres que permanecían esperando en las inmediaciones de la zona hasta que la víctima accedió al coche, momento en el que uno de ellos se acercó hasta el mismo efectuando varios disparos (hasta un total de once, de los que seis impactaron en la víctima) que acabaron con su vida.

Inmediatamente accedieron a un vehículo, donde esperaba el otro hombre, y se dieron a la fuga.

Dicho vehículo apareció calcinado a escasos dos kilómetros del lugar de los hechos y posteriormente se comprobó que había sido sustraído dos días antes de un aparcamiento en la avenida de Los Majuelos, lo que fue denunciado el día anterior al asesinato de Machín.

El investigado afirmó que con E. habría coincidido un par de veces en su despacho como cliente y que a J. D. G. O. apenas lo conocía.

Sin embargo, se ha comprobado que contactaron varias veces, así como que se reunieron fuera del despacho mientras que con el resto de personas implicadas parece cierto que Evaristo González no tuvo contactos, pues se encargó el identificado como O. de hacer todas las gestiones.

Con estos indicios la jueza dictó la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza de Evaristo González.

En su momento el empresario Carlos Machín quedó fuera de la investigación del llamado caso Corredor, durante la instrucción de ese procedimiento sobre supuestas irregularidades y delitos en relación con locales de ocio nocturno de La Laguna, cuyo principal inculpado es Evaristo González.

Carlos Machín estaba citado a declarar como testigo en el juicio que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife tenía previsto celebrar en relación con una de las piezas separadas del caso, relativa a un fraude a la Seguridad Social.

Machín fue citado a declarar como investigado en la instrucción de esa pieza y se acogió a su derecho a guardar silencio y al final del procedimiento, dejó de estar imputado y ni siquiera se le citó a declarar como testigo en el juicio.

El empresario herreño había regentado negocios de ocio nocturno en La Laguna durante un tiempo pero desde hacía dos años se había retirado del sector, indicó en su momento a EFE su letrado, Santiago Martínez.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a tres años de prisión al abogado y empresario Evaristo González por dos delitos de estafa y uno de presentación de testigos falsos en un juicio.

Evaristo González se encuentra actualmente en prisión preventiva como supuesto autor intelectual del asesinato del empresario Carlos Machín cuando salía de la Escuela de Idiomas en abril de 2018 en La Laguna, por el que también fueron detenidas otras siete personas. 

Los tres delitos por los que se le condena en este auto fueron investigados a raíz de las escuchas telefónicas a las que se sometió al empresario lagunero en relación con el caso Corredor, relacionado con una investigación de locales de ocio en La Laguna.

Según la sentencia conocida este martes, González es condenado a un año por la presentación de un testigo falso, nueve meses por una estafa y un año y tres meses por otra.

Una de las estafas surgió cuando trató de aprovechar la inscripción registral a favor de un cliente suyo de una finca de más de 4.000 metros cuadrados como garantía hipotecaria para obtener un préstamo de un millón de euros y constituir una hipoteca que fue tasada a instancias suya en más de cuatro millones de euros. La estafa fue destapada por la propiedad real de la finca. 

El otro delito similar por el que se le condena a prisión está relacionada con el incendio de un establecimiento de ocio de su propiedad y la estafa a la compañía asegurada. 

También alude la sentencia a otra estafa en relación con la devolución de un billete de avión para lo que se utilizó un documento falso de un ingreso hospitalario.

En cuanto a la condena por testimonio falso se refiere a la presencia de un testigo falso, que también es condenado a un año de prisión, en un juicio de faltas.

Las ocho personas detenidas en relación con el asesinato en abril de 2018 del empresario herreño Carlos Machín prestarán declaración este viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna (Tenerife), informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Las detenciones se realizaron el pasado miércoles y entre los detenidos se encuentra el abogado y empresario Evaristo González como presunto autor intelectual del asesinato del empresario herreño.

Los ocho detenidos se encuentran en los calabozos de La Laguna a la espera de que la titular del juzgado les tome declaración, indica el TSJC.

El pasado miércoles se realizaron además varios registros domiciliarios y en el despacho profesional de Evaristo González, quien en su momento se enfrentó a una petición de cárcel de 16 años por su presunta implicación en el llamado caso Corredor, relacionado con supuestas irregularidades y delitos en locales de ocio nocturno en La Laguna.

La víctima del asesinato, Carlos Machín, quedó fuera de la investigación del mismo caso durante la instrucción y estaba citado a declarar como testigo en el juicio que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife tenía previsto celebrar en relación con una de las piezas separadas del caso, relativa a un fraude a la Seguridad Social.

Anteriormente Machín había sido citado a declarar como investigado en la instrucción de esa pieza y se acogió a su derecho a guardar silencio. Al final del procedimiento, dejó de estar imputado y ni siquiera se le citó a declarar como testigo en el juicio.

El empresario herreño había regentado negocios de ocio nocturno en La Laguna durante un tiempo, pero desde hacía dos años se había retirado del sector, indicó en su momento su letrado, Santiago Martínez.

Machín, de 51 años, fue asesinado a tiros el 18 de abril del año pasado por la noche cuando se subía a su coche en un aparcamiento cercano a la Escuela de Idiomas de La Laguna, donde estudiaba.

El empresario Evaristo González Reyes, cuyas actividades tienen como epicentro al municipio tinerfeño de La Laguna, nunca pasa inadvertido. Este viernes, durante la celebración de la tercera sesión del juicio por la pieza principal del caso Corredor, decidió adornar su ya de por sí llamativa imagen con una bufanda roja que resaltaba aún más su presencia entre el resto de letrados, según informa Mirametv.com

Sentado en la bancada de los abogados, a pesar de ser el principal acusado de una presunta trama dedicada a perpetrar supuestas estafas, escuchó con atención el anuncio de la Fiscalía, que reafirmó en sus conclusiones la pena que solicita para el dueño de numerosos locales de ocio de la ciudad de Aguere: 16 años de cárcel.

La Fiscalía, que también ratificó su escrito de acusación contra los otros siete encartados, considerados testaferros en la presunta red criminal tejida por González Reyes, describió al empresario lagunero como una persona “cuya dinámica era siempre la misma: obtener un beneficio ilícito a costa de lo que fuera”.

A lo largo de las cuatro horas que duró la sesión, celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, la representante del Ministerio Público aprovechó para apuntalar los indicios que han llevado al banquillo a la supuesta trama. La declaración de los agentes de la Policía Judicial que investigaron los hechos, en una instrucción que comenzó en 2010, ayudó este viernes a clarificar algunos aspectos que sustentan la causa.

Aunque el caso Corredor saltó a la primera plana con la detención en 2012 de González Reyes, que pasó varios meses en prisión provisional, y del resto de acusados; el momento álgido de la instrucción, que dirigió en su fase más decisiva el juez César Romero Pamparacuatro, se vivió con la imputación del entonces alcalde de La Laguna, hoy presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo.

La pieza separada que afectaba al líder de Coalición Canaria terminó archivada tras anularse gran parte de las intervenciones telefónicas. El procedimiento quedó entonces sustentado en solo cinco meses de pinchazos, tiempo más que suficiente para sostener la acusación de la causa principal y de otro procedimiento, pendiente de juicio, por un presunto fraude a la Seguridad Social.

La posición de la fiscal, que ha llegado sola a la primera vista oral del caso Corredor, tras la retirada de la acusación particular después del archivo de la pieza que afectaba a Clavijo, contrasta con el otro lado de la sala, donde se aprietan los abogados de los procesados.

Junto a González Reyes, que se representa a sí mismo por medio de su extensión jurídica y una de las personas de su máxima confianza, el abogado Santiago Martínez, se sientan el resto de representantes legales. Todos ellos pidieron la libre absolución de los encartados y, bajo una estrategia centralizada en el letrado del cabecilla de la presunta trama, intentaron desacreditar el trabajo policial y las intervenciones telefónicas en las que se basan gran parte de los indicios.

Delante de todos ellos, el tribunal encargado de enjuiciar la causa: la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Si hay un magistrado que se caracteriza por ser un martillo con las partes, ese es el presidente de la sala, Francisco Javier Mulero. Los tres responsables de juzgar el caso Corredor fueron recusados sin éxito por Evaristo González Reyes, que acabó sancionado por mala fe. El resultado es que hoy no se permitió ninguna de las numerosas preguntas “impertinentes” que realizó el abogado Santiago Martínez, aunque la fiscal también se llevó algún rapapolvo por no concretar algunas de sus intervenciones.

El momento más tenso de la tercera sesión del juicio se vivió con la declaración del instructor jefe de la Brigada de la Policía Judicial que llevó a cabo la investigación. Fue claro en su discurso, como transparentes eran las conversaciones telefónicas entre los acusados. “Daban muchos datos, nombres y fechas; no tenían ni idea de que estaban siendo intervenidos y dejaban indicios claros de las estafas”, exclamó el agente a preguntas del Ministerio Público.

Actuación policial

El abogado de González Reyes, cuando lograba superar las constantes reprimendas del tribunal, buscó lanzar barro sobre las actuaciones de la Policía. Para ello insistió en recalcar lo que considera vicios durante la instrucción de los agentes: no pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del Cuadrilátero lagunero, en referencia a una de las presuntas estafas, vinculada a un supuesto incendio provocado en la discoteca BB+ para engañar a una aseguradora; mostraron pruebas supuestamente precintadas a testigos sin estar presente la secretaria judicial o, aunque la pregunta no fue permitida por el presidente de la sala, permitieron que el principal acusado se fumara un puro en el registro de una de sus propiedades.

Aunque el instructor jefe llegó a reconocer que “las investigaciones nunca son perfectas”, se mostró tajante a la hora de ratificar el trabajo policial. “Todo lo que escuchábamos en las conversaciones telefónicas lo íbamos corroborando documentalmente”, explicó a preguntas de la fiscal.

En la que fue la declaración más larga de la jornada, relató que la presunta trama de Evaristo González pivotaba sobre “lo que en el argot llamamos testaferros y hombres de paja”, en clara alusión a los demás componentes del banquillo de los acusados. El resto de agentes que desfilaron este viernes ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se manifestaron en la misma línea.

A Evaristo González Reyes se le acusa por varios delitos de estafa, de intento de estafa y de presentación de testigos falsos. Los hechos parten de los pinchazos que llenaron los oídos de los agentes de la Polícia Judicial entre los meses de abril y septiembre de 2010. El resto de intervenciones telefónicas, hasta enero del año siguiente, fueron anuladas tras no aparecer el auto judicial que tenía que haberlas autorizado.

Testaferros y hombres de paja

En el punto de mira del tribunal se encuentra la bautizada como estafa de Intermobil. Los hechos se resumen así: el cabecilla de la presunta trama inscribió los 4.800 metros cuadrados de la parcela que hoy ocupa una marca comercial de venta de muebles a nombre de un cliente suyo, al que solo le correspondía un local de 75 metros cuadrados.

Con un poder de su cliente, realizó gestiones para obtener un crédito hipotecario de más de dos millones, para lo que utilizó como garantía la nave de Intermobil, “a sabiendas de que nunca iba a devolver el importe de ese préstamo”, según el relato de la Fiscalía. Entre lo documentación encontrada por la Policía en los registros de las propiedades de González Reyes figura un supuesto contrato ficticio de arrendamiento, que habría sido usado para dar más credibilidad a la operación, entre el cliente y la empresa por 12.000 euros mensuales.

Otra de las presuntas estafas está relacionada con la compra de un Volkswagen Touareg, de los que nunca se abonaron 46.183 euros de los casi 52.000 euros que costaba el vehículo. Todo ello gracias a una operación de ingeniera patrimonial que describe la fiscal en su acusación. Un representante de los vendedores reclamó este viernes el pago de la cantidad adeudada como responsabilidad patrimonial de los acusados.

El reembolso de un billete de avión en la agencia de viajes de El Corte Inglés, mediante un parte hospitalario de un médico que estaba de vacaciones, y que este viernes no recordó casi nada durante su declaración como testigo; el presunto engaño a una aseguradora para cobrar la indemnización por un incendio provocado en la discoteca BB+, según una conversación telefónica en la que González Reyes afirma que “este sí me salió bien”; la compra fraudulenta de piezas de marfil a una pareja, valoradas en más de 20.000 euros; o el supuesto uso de testigos falsos en una causa judicial para ayudar a una amiga son el resto de hechos que conforman los miles de folios que se acumulan sobre la mesa de los tres magistrados de la Sección Quinta.

La fiscal repasó una por una todas las actuaciones que considera delictivas. “Hay pruebas suficientes para condenar a González Reyes”, destacó a lo largo de la hora casi exacta que duró su intervención final. El turno de las defensas fue más breve, sobre todo porque quedó en el aire por falta de tiempo la exposición del abogado Santiago Martínez, que se reanudará en la última sesión del juicio, fijada para el próximo 22 de abril.

Los letrados de los llamados testaferros también aprovecharon sus conclusiones para cuestionar las intervenciones telefónicas y los registros realizados. Cuando bajaron al fondo de los hechos, lo hicieron para insistir en el papel secundario y la debilidad de las pruebas contra sus representados. La Fiscalía no quiere dejar libre de responsabilidad a los que considera “los hombres de paja de los que se valía” Evaristo González Reyes. La última palabra la tendrá el tribunal que preside Francisco Javier Mulero, que antes de dejar la pieza principal del caso Corredor vista para sentencia tendrá que escuchar al abogado del considerado cabecilla de todo, aunque. eso ya será después de la Semana Santa.

Evaristo González Reyes esquiva una vez más a la justicia, aunque sea de forma provisional y por unos meses. El que ha sido conocido como el amo de la noche en la ciudad universitaria de La Laguna, el hombre que pudo acabar con la carrera política de Fernando Clavijo o quizá quien lo salvó de un juicio, ha recusado por falta de confianza en su imparcialidad al tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que debe juzgarlo por cuatro supuestos delitos de estafa, otro de intento de estafa y otro de presentación de testigos falsos.

Estos casos de estafa son lo que quedan, en esencia, del que fue llamado caso Corredor, después de que se anulara parte de las escuchas telefónicas por desaparición del auto judicial que las autorizaba, lo que libró de sospecha al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Este lunes, el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, presidido por el magistrado Francisco Javier Mulero Flores, recibió a las nueve de la mañana un escrito de incidencia de recusación frente a los tres magistrados del tribunal, firmado por el representante legal de González Reyes en esta causa, José Santiago Martínez.

Ahora deberá ser otra sección de la Audiencia Provincial la que delibere la recusación y fundamente si el tribunal recusado es apto o no para enjuiciar al abogado y empresario González Reyes. Estaban previstos seis días de juicio, hasta el 13 de junio, pero, debido a esta maniobra, fuentes judiciales no creen que se resuelva la incidencia y haya nuevo juicio antes de final de año.

No es la primera recusación de González Reyes. Durante la instrucción de esta causa, dirigida por el magistrado César Romero Pamparacuatro cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, el acusado logró apartarlo en 2015 de la investigación judicial con el principal alegato de la tardanza en la instrucción.

El pasado 7 de mayo, los abogados de la defensa plantearon al tribunal recusado tres causas de nulidad. La principal de ellas fue que no existía auto judicial que justificase las escuchas de las que se derivaron las pruebas para sentar a González Reyes y otras ocho personas en el banquillo. Dos de ellas son abogados que trabajan en su despacho, Tomás Lorenzo y Juan Martín Delgado.

A Evaristo González Reyes, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisión, se le acusa de haber intentado hacerse con un crédito de dos millones de euros con el aval de una finca de varias hectáreas que puso a nombre de un cliente al que solo le correspondían 75 metros cuadrados.

También de haberse hecho con un parte médico falsificado para que una agencia de viajes le reintegrara el dinero que había pagado por unos billetes, aunque fueron utilizados. Además, de haber comprado un todoterreno de alta gama cuya titularidad cambió de empresa antes de que el acreedor pudiera anotar la reserva de dominio.

Asimismo, se le acusa de haber sido autor del incendio que sufrió uno de sus locales, el BB+, en la zona de copas de San Cristóbal de La Laguna, un siniestro que pudo ser provocado y por el que la aseguradora le abonó unos 126.165,94 euros. Otro supuesto delito sería el de haberse apropiado de una colección de antigüedades que fueron encontradas en su vivienda durante un registro policial.

César Romero Pamparacuatro, hasta hace unas semanas instructor del caso Corredor, ha declarado este martes en calidad de imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo ha hecho después de que la sala de lo Civil y Penal admitiera a trámite la querella presentada por uno de los principales imputados, el empresario de ocio nocturno Evaristo González Reyes. A su salida, Pamparacuatro prefirió no hacer declaraciones aunque su abogado, Juan Gil, pronunció que “no hay causa de delito, ni retardo ni malicioso” y que esto es lo que ha defendido el juez en su intervención.

Además, el letrado reafirmó que durante la declaración “se ha dado cumplida respuesta a todo lo que contenía la querella y se ha acreditado que no hay ningún ilícito de ningún tipo”.

La jornada se esperaba con gran expectación por parte de los medios de comunicación, ya que se trata de un caso que también afecta al candidato a la Presidencia de Canarias por CC y alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Pamparacuatro se personó en el Tribunal una hora antes del tiempo previsto para su declaración, a las nueve de la mañana. Durante la espera por el testimonio del juez, que se prolongó en más de cuatro horas, se vivieron momentos de tensión entre los periodistas y el personal de seguridad.

Pamparacuatro fue interrogado como sospechoso de retardo malicioso en la administración de Justicia (por haber tardado dos años en alzar el secreto de sumario por imposibilidad de digitalizar la documentación de la causa), infidelidad en la custodia de documentos (dos autos esenciales no se encuentran en el sumario y se sospecha que al menos uno pudo ser robado), y falsedad de documento público, como se expone en la querella de González Reyes.

El empresario lagunero, que también se personó en la mañana de este martes en el TSJC, aseguró a los medios de comunicación que había ratificado su demanda contra el juez y que espera que esta “tenga recorrido”.

Por esta querella, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirmó el pasado mes de marzo la abstención del juez del caso, que fue sustituido por la juez titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, Ana Serrano Jover. 

El denunciante del caso Corredor, Carlos Calderón, personado en la causa como acusación particular, ha pedido al juzgado de Instrucción número 1, que investiga la posible trama de corrupción en el Ayuntamiento de La Laguna, que testifique la arquitecto Alejandra Medina, ya que está localizada y es esencial en las pesquisas sobre las posibles relaciones entre Fernando Clavijo, candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, y el empresario del ocio nocturno y el juego Evaristo González Reyes.

La testigo se encontraba en paradero desconocido y de hecho no compareció el 8 de enero, cuando fue llamada a declarar, y dos semanas después se ordenó judicialmente su localización.

Carlos Calderón ha aportado al juzgado la localización de Alejandra Medina, en la actualidad fuera de España. Esta testigo, que ha pedido protección, es esencial para ratificar parte de la denuncia que interpuso Calderón ante la Fiscalía contra la Corrupción de Santa Cruz de Tenerife, ya que afirma haber sido testigo de una reunión que se mantuvo en una vivienda del centro de San Cristóbal de La Laguna entre Fernando Clavijo, que entonces era concejal de Seguridad Ciudadana, Evaristo González Reyes y el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro.

Según indicó a este periódico el abogado de Calderón, Manuel Estévez, “se cumplen los requisitos de la Ley 19/94 de Protección de Testigos para que se apliquen a Alejandra Medina las medidas de esa protección, puesto que sus miedos no son medios vagos, sino que son miedos fundados. Está totalmente localizada y dispuesta a declarar y aportar datos”.

De acuerdo con la documentación que consta en autos, Medina asistió en 2005 a la vivienda personal de un técnico de Urbanismo de La Laguna acompañando a otra arquitecta llamada Olga (que no ha sido localizada), porque esta tenía necesidad de la firma de unos papeles. Y allí presenció la reunión entre Clavijo, Evaristo González Reyes y Roberto Remiro, y en la habría quedado de manifiesto la intención de dañar al Sketch, pub de la zona de ocio del Cuadrilátero, en La Laguna, y por el que González Reyes sentía interés.

En un momento dado, González Reyes habría increpado a Clavijo y Remiro porque “el problema” del Sketch no se había “resuelto”, a lo que Remiro habría respondido que había que “tener cuidado, porque uno de ellos es periodista”, en referencia al entonces pareja sentimental del denunciante Carlos Calderón, el periodista Isaac Tacoronte.

“Meter mierda”

Según indicó Calderón a la Fiscalía, y Alejandra Medina confirmó a la Policía, González Reyes respondió que “le metería mierda y luego llamaría a los GEOS”, lo que los agentes de la Judicial interpretan en su atestado 21.324/10 como una evidencia de que “Evaristo González estaría dispuesto a cualquier cosa para desalojar al denunciante del pub Sketch, pues es evidente que con la expresión meter mierda se refiere a introducir droga en el local, tendente a su aprehensión y sanción administrativa, lo que conlleva el cierre y cese de actividades, incluso la retirada de licencia”.

De la misma forma lo interpretó Alejandra Medina, quien al escuchar la palabra Sketch y que “el otro es periodista” supo que se referían al local que regentaba Calderón, al que conocía por una relación profesional previa. De tal forma que Alejandra habría puesto sobre aviso a Calderón quien, en efecto, sufrió una redada en su local poco después sin que la Policía Local y la Nacional encontraran droga alguna, según el denunciante, por haber extremado las precauciones para que no ocurriera.

Y es que además, Alejandra se habría visto amedrentaba por el tono imperativo de González Reyes, y porque al comentarle a su compañera Olga que se había hecho mención del pub de un amigo, Olga lo habría puesto en conocimiento de los reunidos, y tras ello, la arquitecta se habría visto perjudicada profesionalmente.

El caso Corredor, que hasta el 15 de marzo instruía el magistrado Cesar Romero Pamparacuatro, se mantiene en el juzgado del que es titular, el número 1 de La Laguna, aunque la instrucción deberá proseguir en manos de otro u otra juez. Por turno, correspondería a la titular del juzgado de Instrucción 4, aunque en un momento anterior del procedimiento, esta juez pidió abstenerse por tener vínculos familiares relacionados con la causa.

Pamparacuatro pidió voluntariamente abstenerse de todo conocimiento del caso Corredor una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias admitió a trámite la querella interpuesta en su contra por Evaristo González Reyes, imputado en el mismo por más de ocho posibles delitos, entre ellos Contra la Seguridad Social y el Derecho de los Trabajadores.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la admisión a trámite de la querella interpuesta por el empresario de la noche lagunera Evaristo González contra el juez instructor del denominado caso Corredor, César Romero Pamparacuatro, por un supuesto delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

González, uno de los imputados en la causa que también investiga al alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento público, acusa al juez de perjudicarle por mantener secreta la causa durante dos años debido a que su juzgado no disponía de un escáner para poder digitalizar el sumario y realizar de esta forma las notificaciones a las partes.

En el escrito remitido a la Sala de lo Penal del TSJC, Del Río considera que existen indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del juez y solicita la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

En el auto de imputación a Fernando Clavijo, Evaristo González y otras once personas, dictado el 1 de noviembre, Pamparacuatro se quejó de que la falta de medios en la Administración de Justicia y, más en concreto, la decisión del Gobierno de no dotar de un escáner permanente al juzgado para digitalizar el sumario, había retrasado una instrucción que finalizó en mayo de 2012.

La decisión del juez de incluir esta queja en el auto de imputación de Clavijo motivó el malestar de la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, que remitió el documento dictado por Pamparacuatro al Consejo General del Poder Judicial, que ha amonestado al magistrado y le ha recordado que las reclamaciones por falta de medios no se tramitan a través de autos judiciales, aunque no le ha abierto expediente disciplinario.

El empresario de la noche Evaristo González Reyes, uno de los principales investigados en el caso Corredor, junto con el alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo, se acogió a su derecho a no declarar y este martes no respondió a ninguna de las preguntas que pretendían formularle el juez, la Fiscalía o los abogados personados en la causa por delitos relacionados con la corrupción. 

Por no responder, no respondió ni a su abogado, Santiago Martínez, convencido de que el caso Corredor será sobreseído y archivado por nulidad de todas las actuaciones, al desaparecer el auto judicial por el que se autorizó llevar a cabo escuchas telefónicas entre una veintena de sospechosos, que derivaron en la detención en 2012 de varias personas, entre ellas, el empresario. 

De esta forma, lo que iba a ser una larga mañana de declaraciones, se resumió en más o menos, media hora. Según fuentes judiciales, Evaristo González manifestó que estaba convencido de que no había causa y de que llegado el momento en que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife resuelva los recursos presentados, entre otros, por él mismo, se dará carpetazo al asunto. 

González Reyes está imputado por el juez de Instrucción número 1 de La Laguna, Cesar Romero Pamparacuatro, en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ya que pese a ser un particular, habría ofertado dinero para evitar los cierres de varios de sus locales de la noche lagunera, o habría influenciado para evitar expedientes sancionadores por incumplir los horarios de cierre, lo que ha supuesto las imputaciones por los mismo delitos del alcalde Clavijo. 

A su vez, es el principal imputado en dos piezas separadas que han surgido durante la instrucción de este caso, y sobre las que tampoco quiso pronunciarse en la sede judicial, ambas por delitos relacionados con la Administración Pública. 

Una de esas piezas es por posibles delitos en el patrimonio y en el orden socioeconómico, por falsedad documental y contra la Administración de Justicia, según recoge Pamparacuatro en su auto del 11 de noviembre pasado. La segunda pieza de la que Evaristo González es protagonista se apoya en un informe de la Policía Nacional de 9 de noviembre de 2011, en el que se detalla un posible fraude de más de 250.000 euros a la Seguridad Social en la contratación fraudulenta de trabajadores para sus establecimientos de ocio.

Una guerra “particular” 

Mientras González Reyes se apoya en la inexistencia del auto inicial para llevar a cabo las escuchas telefónicas y tumbar todo el proceso, el juez ha abierto una pieza paralela por la desaparición del mismo de la que el empresario es, precisamente, el primer sospechoso, según apunta la fiscal anticorrupción en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que se basa en escuchas telefónicas en las que González se habría referido a la destrucción del documento. 

Preguntado por este punto, el sospechoso manifestó el pasado jueves a la prensa que “no se puede robar lo que nunca ha existido”, y añadió que “nunca va a haber juicio oral por este caso”. Asimismo calificó como “un desastre” toda la investigación.

El empresario lagunero tiene en su “guerra” contra Pamparacuatro otro de los ejes de su defensa. Le quiso recusar sin éxito después de que fuera detenido en 2012 por fraude y estafa. No logró la recusación, pero sí que el magistrado fuese apartado de la causa desde el 12 de agosto de 2012 hasta febrero de 2013.

El caso se enreda con nuevos hechos que investigar

Lo que parece cada día más claro es que el caso Corredor puede ir para largo. Al margen de lo que se tarde en resolver los recursos de apelación que lleguen a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también debe pronunciarse sobre la querella que ha interpuesto en contra del magistrado Romero Pamparacuatro el mismo Evaristo González, quien le acusa de “retraso malicioso en la Administración de Justicia”, después de que el propio magistrado diese cuenta de que la instrucción estuvo técnicamente paralizada, durante casi dos años, por falta de un escáner para digitalizar los miles de folios que la integran.

Carlos Álvarez, abogado que representa en la causa al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, quien habría sido beneficiado por subvenciones que le correspondían, opina que el caso Corredor podría complicarse “hasta enredarse como un caso Gürtel, de años y años. Lo que es cierto es que está cada día más complicado, con nuevas piezas que investigar”.

Se refiere a la investigación sobre las declaraciones que llevó a cabo el testigo y uno de los denunciantes, Isaac Tacoronte, quien acusó a la Policía Judicial de haberse hecho con su firma y haberse inventado un acta testifical a su nombre, y la nueva investigación sobre el supuesto secuestro que habría sufrido el otro denunciante, Carlos Calderón, quien habría identificado a esos secuestradores, uno de ellos una persona vinculada al ámbito de Evaristo González.

Casi segura la nulidad de las escuchas de septiembre a octubre de 2010

En esta maraña de actas de infracción falsas, en las que se habría perjudicado a algunos locales del ocio y no a otros; actas de infracción con abuso de autoridad, posibles tratos de favores y falsedades documentales, hay delitos e imputados que podrían ser sobreseído si el juez da por nulas las escuchas telefónicas entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2010, carentes de autorización judicial.

Según las fuentes consultadas, todos los abogados personados en la causa se han mostrado a favor de la nulidad y, a falta de que la Fiscalía se pronuncie, todo apunta a que quedarán como no habidas.

Eso significaría el archivo de delito por fraude de subvenciones, lo que eliminaría las imputaciones que pesan, entre otros, sobre las concejales de La Laguna Blanca Pérez y María José Castañeda, además de Ricardo González Martín, quien se habría beneficiado de esas subvenciones.

Las fuentes consultadas auguran que los siguientes pasos que dará el juez será resolver sobre este motivo de nulidad y los posibles sobreseimientos para luego dictar nuevas providencias por las que citará a declarar a más testigos y a quienes Carlos Calderón acusa de su secuestro.

Evaristo González, empresario y abogado imputado que se defiende a sí mismo y a otros tres imputados en la Operación Corredor, que afecta al alcalde de La Laguna y candidato de CC al Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que, “tal y como está el procedimiento, es muy difícil que se celebre el juicio”.

Uno de los imputados de la causa ha manifestado que las irregularidades en el procedimiento van a “llevar a la nulidad” del caso, por lo que está “clarísimo” que se “desimputará” a todos los afectados.

Evaristo González ha asegurado que no es sospechoso de “sustraer o extraviar” el auto que autorizaba las escuchas telefónicas, ya que “no se puede sustraer o extraviar algo que nunca ha existido”.

Ha añadido que “lo que se llama auto” es un “simple borrador” que estuvo en el sistema informático y que nunca se sacó y se incorporó al procedimiento, por lo que nunca ha existido y no se puede reconstruir“.

El imputado se ha mostrado convencido de que la causa se anulará y de que no habrá juicio: “Si no se anula esto, que baje Dios del cielo y lo vea”.

Evaristo González ha comentado que en esta causa le “acusan de todo, menos de la muerte de Manolete”, sobre lo que ha detallado que le atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa o falsedad de documentos.

“Una serie de delitos que ni he hecho ni volveré a hacer”, ha concluido.

La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al juzgado de Instrucción número 1 de San Cristóbal de La Laguna que se deduzca testimonio contra el abogado y empresario del ocio nocturno Evaristo González por la desaparición del auto judicial que autorizaba las escuchas telefónicas en el caso Corredor. Se abre por tanto una nueva vía de investigación paralela a la causa principal en la que está encartado el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo.

Según ha podido saber Canarias Ahora de fuentes judiciales, el magistrado ha aceptado la solicitud de la fiscal María Farnés Martínez, por lo que la deducción de testimonio será enviada al Decanato de los juzgado de La Laguna para su reparto hacia algún juzgado de este partido judicial.

Evaristo González, sospechoso asimismo de ser cabecilla de una red para estafar a la Seguridad Social, génesis del caso Corredor, podría ser también el principal sospechoso de la desaparición del auto judicial, lo que deduce el Ministerio Fiscal de una de las conversaciones que se le intervinieron, en las que habría asegurado que el documento judicial ya había sido robado y destruido.

Una cadena de fallos 

No hay constancia de cuándo pudo desaparecer la documentación judicial que autorizaba las escuchas telefónicas y si resultaba sencillo o no sustraerla, ya que cuando comenzó la instrucción, en 2010, el juzgado de Instrucción número 1 se encontraba en unas dependencias alquiladas con muy deficientes medidas de seguridad, con vigilancia solamente hasta las cinco de la tarde y con acceso directo desde la calle al despacho de la jueza que por entonces dirigía las pesquisas.

Se enreda de esta forma, aún más, la fase final de la investigación sobre posibles tratos de favor entre el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y varios empresarios del ocio lagunero. La Fiscalía trata de echar por tierra con esta nueva pieza abierta contra Evaristo González las intenciones de los abogados defensores de los imputados de lograr la nulidad de toda la investigación judicial, ya que al no “existir” auto judicial que ordenase las escuchas, no habría caso.

Para rizar el rizo, el magistrado Pamparacuatro ha emplazado a todas las partes para que se pronuncien sobre la nulidad del procedimiento, o de solo una parte del mismo, al conocerse este miércoles que la entonces magistrada del juzgado no se pronunció expresamente en  auto judicial para prorrogar las escuchas entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre de 2010, por lo que las escuchas posteriores podrían ser declaradas nulas, o sólo las referentes a ese plazo de 30 días.

Día clave de declaración de testigos 

Y mientras las partes tienen que pronunciarse sobre esa nulidad en cinco días de plazo, en pocas horas, este mismo jueves, comienza la toma de declaraciones a los denunciantes del caso Corredor, que también llegan marcadas por la polémica por las posibles contradicciones entre unos y otros.

Uno de los denunciantes es Carlos Calderón, regente en 2005 del local de ocio Sketch, que acudió con su entonces pareja sentimental, Isaac Tacoronte, a una reunión con Clavijo y a la que también asistió el primer teniente de alcalde, Javier Abreu, por la que se habría negociado la nulidad de sanciones por cierre del local después de lo estipulado.

Esa reunión fue grabada, y llevó a la denuncia sobre las supuestas irregularidades. Sin embargo, y tras ser interrogado por la Policía Judicial, Tacoronte aseguró no tener conocimiento alguno de esa reunión ni dijo saber que había sido grabada.

La tercera testigo que declarará este jueves es una funcionaria del Ayuntamiento que habría asistido a esa reunión y que pidió protección judicial por miedo a represalias. En ella estaría la clave del caso Corredor. El viernes tocará el turno al alcalde de La Laguna.