La reforma del delito de malversación no beneficia a los procesados en el ‘caso Acuamed’, en el que se investiga una supuesta trama corrupción en la adjudicación de contratos de esta empresa pública. Así lo considera la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido no modificar su escrito sobre el procesamiento presentado en esta causa. “La nueva regulación del delito de malversación de patrimonio público (...) no incide en el caso de autos”, sostiene la fiscal Inmaculada Violán. 

En su escrito, de siete páginas, la fiscal explica que las conductas que se atribuyen a los investigados podrían constituir actos de apropiación o distracción de patrimonio público hacia beneficios directos de carácter privado de terceros que constituyen “la conducta más grave del delito de malversación”. Y alega, en este sentido, que tras la reforma que el Gobierno pactó con ERC la “modalidad agravada de apropiación de caudales públicos sigue castigada con la misma pena de prisión (cuatro a ocho años), pudiendo rebasar en abstracto, la pena de 9 años de prisión”. 

El pasado 29 de diciembre, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que investiga esta trama pidió a la Fiscalía que revisara este caso para ver si los imputados se podían ver beneficiados de alguna manera por la “nueva regulación” del artículo 432.

Antes de la reforma, este tipo legal castigaba con penas de dos a seis años de cárcel a los funcionarios que hicieran una administración desleal del patrimonio público o que se apropiaron de él de manera indebida. La nueva redacción impone esa misma pena para los funcionarios que “con ánimo de lucro” se apropien de patrimonio público o consientan que lo hagan terceros. En los casos más graves, la pena de cárcel puede alcanzar los 12 años y la de inhabilitación veinte. 

En un decreto de obligado cumplimiento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, estableció como principio general que los fiscales no apoyarán la revisión de penas impuestas por el antiguo artículo 432 cuando los hechos puedan encajar en el nuevo precepto. El argumento era que la nueva redacción impone penas similares de prisión e inhabilitación. 

En este caso concreto, el juez preguntó a las partes si los imputados se podían ver beneficiados de alguna manera y si los delitos que se les atribuyen no llegaran a los nueve años de prisión, que es el mínimo necesario para tramitar una causa como sumario en lugar de como procedimiento abreviado. 

En su escrito, la fiscal detalla que hay elementos suficientes como para apreciar no sólo “conexión delictiva” en la actuación de los investigados, si no también “continuidad delictiva” por lo que, en abstracto, se puede elevar la pena de prisión por encima de los nueve años. En consecuencia, reitera la solicitud de formación de sumario y pide al juez que dicte un auto declarando procesados a los 42 investigados y que les llame a declarar.

Gracia Ballesteros, ingeniera de caminos, exgerente territorial de Acuamed y una de las tres personas que se atrevieron a denunciar el millonario fraude en esta empresa estatal de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional, ofreció el pasado jueves su testimonio en un seminario internacional sobre Integridad Corporativa, Buena Gobernanza y Transparencia organizado en la sede en Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por esta entidad en colaboración con Transparencia Internacional.

En su intervención, Ballesteros pidió más protección para los “descerebrados” que, como ella, denuncian casos de corrupción como este, pese al elevado coste personal que muchas veces supone. En su caso, le costó un despido que ha anulado recientemente el Tribunal Supremo. Este es un extracto de su charla, accesible en Youtube, en la que afirmó que volvería a denunciar los hechos “mil veces”.

La “cutrez” de la corrupción

“En 2016, en enero, la Audiencia Nacional intervino la empresa en la que trabajo. Hubo trece detenidos y en los meses siguientes aparecieron una serie de noticias que muestran algo común en todos los casos de corrupción, la parte, si me permitís, más cutre; muchos casos han salido en prensa” [por ejemplo, el trasplante de pelo del cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, con los sobornos presuntamente recibidos de FCC y Acciona]. “A mí me llegaron a decir: Oye, el dinero no es de nadie, a ti qué más te da...”.

“Un año mirando a la pared”

“Estaba en un puesto en el que tenían que obligatoriamente pasar por mis manos, firmar, ciertas cuestiones de los contratos públicos porque era mi responsabilidad”. “El director general me propuso firmar documentos que a mi entender eran absolutamente irregulares y favorecían de forma injustificada a ciertos contratistas. Por tanto, me negué”.

“Primero las presiones son corteses. Cuando te sigues negando, dejan de ser corteses y pasan a ser violentas, en forma de amenaza, de que van a destrozar tu carrera profesional, como por cierto terminaron haciendo. Cuando tu posición absolutamente recalcitrante sigue siendo no firmar aquello y no aceptar esas cuestiones irregulares...en ese momento me apartaron de toda responsabilidad. Me dejaron mirando a la pared durante casi un año. Otras personas, desgraciadamente, sí accedieron”.

A quién acudir

“En mi empresa no había canal de denuncias, no había ni siquiera comisión de auditoría”. “Es una sociedad mercantil estatal, por lo tanto, dinero 100% público. Y acudí a la persona a la que Patrimonio [el Ministerio de Hacienda] había puesto allí para controlar el gasto. Esta persona, como poco, miró para otro lado. Y, como mucho, pues ya se verá, porque está imputado”.

“Acudí también a otras personas que me decían: ‘Mira, no me lo cuentes y mejor déjalo estar, que será mejor para ti’. Lo decían de buena fe”.

“Decidí acudir al consejo de administración. Envíe ocho cartas: cuatro al secretario de Estado de Medio Ambiente [en ese momento, Federico Ramos, que luego dimitió y llegó a estar imputado en el caso], que era el presidente del consejo, y otras cuatro a la directora general del Agua del mismo ministerio [Liana Ardiles, cesada en junio pasado], que era la vicepresidenta”.

“Fui enviando las cartas y como no me iban contestando, en una de ellas les comuniqué que había presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción contándoles lo mismo que les estaba contando a ellos. Esta sí que me la contestaron. Me respondieron con una carta de despido”.

“El despido lo ha declarado nulo el Tribunal Supremo. Para llegar ahí hay que pasar por primera instancia, tribunal superior de justicia… conforme yo iba ganando –afortunadamente– cada paso judicial, la empresa iba recurriendo, lógicamente con dinero público. Yo no. Acometí mi defensa con mis propios ahorros”.

Denuncias anónimas

“Es imprescindible permitir las denuncias anónimas. Cuando en mi empresa se enteraron de que había presentado una denuncia en la Fiscalía, recibí por parte de compañeros no menos de cinco escritos para que los presentara también. Escritos que la Fiscalía ha tomado en consideración, de cuestiones que yo no conocía, y ellos sí, pero no se atrevían a hacerlo. Después no han tenido ningún inconveniente en acudir a la instancia judicial a testificar. Lo que no querían era exponerse, lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta lo que habían visto en mí”.

Un “éxito” con un alto coste

“Estoy contando una historia de éxito. Denuncié hechos irregulares y la justicia ha actuado. Está ahora en fase de instrucción, ya se verá. Desde el punto de vista laboral, he ganado todo lo que se podía ganar, me han tenido que readmitir en la empresa. Y sin embargo, en este proceso, desde que comencé, han pasado cinco años en los cuales he sufrido presiones, coacciones, amenazas, acoso, me han despedido, han destrozado mi reputación profesional...”.

“El despido fue por hacer actos muy graves en el ejercicio de mi profesión y aunque luego la sentencia ha determinado que todo aquello era falso, durante ese tiempo… la reputación se tarda toda una vida en construirla y un momento en destrozarla”.

“Con el coste personal, familiar, psicológico, económico que eso supone, realmente creo que ha sido un castigo demasiado duro para el pecado de simplemente intentar hacer mi trabajo. Como empleado público lo único que yo pretendía era cumplir lo que dice la Constitución, velar por el interés general de la forma más eficiente”.

El regreso

“Mi empresa me ha tenido que readmitir porque ha habido una sentencia firme del Supremo. No quería readmitirme, ha estado pleiteando para no hacerlo. Se ha activado en la empresa, es cierto, un canal de denuncia, pero no lo usa nadie. Solo yo. Hay un código ético que se incumple reiteradamente”.

“Estar en un sitio donde no quieren que estés no es lo mejor. Pero ahora me da la posibilidad, que no tuve antes, porque no existía, de utilizar intensamente el canal de denuncias”.

Soplones mal vistos

“Para los alertadores son muy habituales las querellas por revelación de secretos. Tenemos, por supuesto, que seguir defendiéndonos continuamente, pagando más abogados y demás. Así es muy difícil decirle a alguien que alerte. En cambio, yo lo digo abiertamente: hay que alertar, hay que denunciar, no conformarse, no hay que mirar a otro lado. Pero realmente es difícil, porque dices: ¿qué me va a pasar luego?”

“Hay alertadores que no pueden continuar. Les ponen una querella y no tienen dinero para pagar abogado y procurador. Hay costes psicológicos muy importantes. Cualquiera de vosotros, que tenéis una vida normal, de golpe amenazan a vuestras familias, perdéis el trabajo, vuestra reputación profesional, no tenéis dinero… psicológicamente eso tiene un impacto muy grande. Esa asistencia financiera, legal, psicológica, es importante”.

“La figura del alertador aún no está suficientemente reconocida. Todos tenemos en la cabeza la típica figura del chivato, del soplón. De pequeños, se podía ser muchas cosas en el cole, pero desde luego ser el chivato era lo peor. Desgraciadamente eso no ha cambiado. Eso lo hemos trasladado al mundo de los adultos. Incluso el cine y la literatura nos llevan a que cuando hay un chivato queremos que le pasen cosas malas. Y si al final de la peli le matan, sentimos una cierta satisfacción. Eso sigue ocurriendo. Los alertadores somos vistos como traidores, como chivatos, como gente a la que nos deben pasar cosas malas”.

“Creo que hay una asignatura pendiente en el cambio cultural dentro de las empresas. Que se puedan utilizar los canales de denuncia y que esa persona que se atreve a denunciar o alertar sea premiado o reconocido”.

Los imputados en Acuamed afrontan condenas de hasta 25 años de cárcel por delitos de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa que afloraron a raíz de las denuncias de Ballesteros y sus dos compañeros.

Luis Segura lucha por volver al Ejército tras denunciar la corrupción de sus mandos. Ana Garrido está arruinada después de perder su trabajo tras advertir de unas irregularidades que dieron origen al caso Gürtel. A Azahara Peralta la echaron de Acuamed cuando se negó a firmar unos sobrecostes. Los tres han pedido este miércoles que se proteja a quienes denuncien casos de corrupción del “acoso brutal” que sufren para que más gente se anime así a seguir sus pasos.

Los tres forman parte de Plataforma x la Honestidad, un colectivo que agrupa y defiende a quienes han sufrido las consecuencias de denunciar casos de corrupción. Este jueves se han reunido en Madrid para dar cuenta de los pasos que están dando en este sentido, y entre los que está impulsar una ley que les garantice su anonimato, les dé asistencia jurídica, apoyo psicológico y que se proteja su empleo.

El portavoz de la plataforma, Pedro Arancón, ha asegurado que “el acoso que sufren estas personas es brutal”, y ha confiado en que el Congreso dé luz verde a la legislación que están impulsando. Comparecerá en la cámara baja durante la subcomisión que estudia ese proyecto, tras haberse reunido con todos los partidos, salvo el PP, que se negó a recibirles.

Luis Segura, exteniente del Ejército, pelea por volver a las Fuerzas Armadas. El Tribunal Supremo confirmó hace una semanas su expulsión definitiva, después de que hubiese denunciado corrupción entre los mandos, haber pasado una temporada detenido y tras una huelga de hambre. El tribunal entendió que algunas de sus palabras en medios de comunicación excedían la libertad de expresión. Ahora quiere llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque aunque ha recurrido al Constitucional, no confía en que este tribunal le conceda el amparo.

“Perdemos nuestro trabajo, sufrimos amenazas”

“Todos los relatos de los denunciantes de corrupción siguen un patrón, todos perdemos nuestro trabajo, todos sufrimos amenazas”. Segura ha lamentado también que tras denunciar un casos de corrupción quedas “estigmatizado”, y el denunciante se convierte “en una persona temida” con enormes dificultades para encontrar trabajo.

“Al final nos encontramos completamente solos, es muy triste que una persona tenga que vivir de la caridad por haber denunciado corrupción”, ha lamentado Segura, que ha pedido “un esfuerzo de concienciación” para desterrar la idea de que con sus acciones se han buscado las consecuencias que sufren.

Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuando advirtió ciertas irregularidades en la gestión. Hace diez años las denunció, perdió su trabajo, su casa y se ha visto obligada a vender sus objetos personales para subsistir.

“Ellos te intentan comprar, entrar en la rueda es mucho más fácil”, ha dicho Garrido, que ha recordado la campaña difamaciones que sufrió tras su denuncia: “que yo era de Gürtel, que me había llevado mi parte o que era la amante del alcalde”.

“A quien quiera denunciar corrupción, le diría que denunciase, pero no lo hiciese como lo hice yo, si se puede denunciar, pero de otra manera, preservando su anonimato” ha asegurado. Por eso, considera indispensable que se apruebe una ley que les proteja, aunque no se ha mostrado muy optimista al respecto.

Azahara Peralta era directora de Obra en Acuamed. Se negó a aprobar el pago de un sobrecoste a la empresa FCC que ella pensó que no existían y sufrió un despido disciplinario. “Estoy intentando salir para adelante. Estoy medio reconciliada con la Justicia porque la Audiencia Nacional decidió que este caso tiene relevancia, y ahora ya no es como cuando lo contaba antes, justo después de que me despidieran”, ha relatado.

“Lo que te viene después de denunciar es tan jodido, que no podría animar a nadie a hacerlo. Necesitamos que se proteja al denunciante”, ha concluido.

Un informe secreto del Ministerio de Agricultura duplica el agujero en las cuentas de Acuamed. El informe, encargado por la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluye que hubo irregularidades en una decena de obras adjudicadas por Acuamed que no estaban incluidas en el sumario judicial, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es través del buzón seguro Fíltrala –que comparte con Diagonal, La Marea y Mongolia–.

“No vamos a seguir pidiéndole a [Miguel] Arias Cañete [comisario de Acción por el Clima y Energía] que dimita porque para eso hace falta un mínimo nivel de dignidad y ha demostrado no tenerla, por eso hemos escrito a Jean-Claude Juncker [presidente de la Comisión] solicitándole que le destituya”, explica la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que ha reclamado por carta a Junker el cese de Cañete tras la publicación del informe de Agricultura que duplica el agujero de Acuamed.

“Se suman demasiados escándalos”, argumenta Albiol: “Acuamed, Taula, los Papeles de Panamá y el conflicto de intereses por las empresas petroleras en el estrecho de Gibraltar y Canarias. Ahora, justo el día antes del debate sobre el Estado de la Unión, Juncker, vuelve a tener un problema con su comisario, Juncker ha defendido en todo momento a Cañete, pero debería entender de una vez que el pueblo europeo está por encima de la reputación de su Comisión y debe destituirlo ya”.

Albiol también ha escrito a la Oficina Antifraude de la Comisión Europea: “Nos hemos dirigido a la OLAF para enviarles las nuevas informaciones sobre la gestión de Acuamed y hemos solicitado que respete el principio de transparencia y nos explique el estado de las investigaciones sobre el presunto mal uso de fondos públicos europeos”.

El Ministerio de Agricultura ha encontrado otros 17,7 millones de euros en gastos irregulares en obras de la empresa pública Acuamed financiadas con fondos europeos. Un informe interno, encargado por la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluye que hubo irregularidades en una decena de obras adjudicadas por Acuamed que no estaban incluidas en el sumario judicial, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es través del buzón seguro Fíltrala -que comparte con Diagonal, La Marea y Mongolia-.

Tres meses después de que estallase el caso que motivó las detenciones de varios altos cargos del Ministerio de Agricultura, el pasado enero, el departamento que dirige Isabel García Tejerina puso en marcha un plan de acción “para proteger los fondos europeos otorgados a Acuamed”.

La investigación interna identificó 17,7 millones de euros de sobrecostes sin justificar con un modificado del proyecto y materiales que no coincidían con la certificación original. Según aclaran fuentes del Ministerio, esto no “significa que sea ilegal” pero sí supone que ha habido irregularidades.

Las nuevas cifras duplicarían el supuesto fraude cometido en la empresa publica Acuamed. Según el mismo informe, las desviaciones en los proyectos que ya habían sido incluidos en el sumario suponen 18,3 millones de euros, a los que se sumarían los nuevos 17,7 millones identificados en el estudio interno.

Entre los implicados en la investigación judicial del caso Acuamed estaban el director general de la empresa pública Acuamed, Arcadio Mateo, un estrecho colaborador de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, otros altos cargos del Ministerio y directivos de las empresas beneficiadas por la trama.

Fuentes del Ministerio consultadas por eldiario.es aseguran que el Gobierno se dio “prisa” en realizar esta auditoría con el objetivo de no perder los fondos europeos asignados a esos proyectos.

Perder ocho millones en el material de una tubería

Entre los importes “dudosos” desvelados por el informe destaca una tubería del proyecto de Embalse de la Llosa del Cavall en la comarca de Solsonés. La auditoría concluye que la empresa adjudicataria colocó una tubería de acero frente a la de fundición dúctil que estaba certificada en el proyecto, que era ocho millones de euros más cara.

Los 13 proyectos analizando suman más de 380 millones de euros en gastos certificados por Acuamed. Las conclusiones del informe determinaron que hasta un 6,2% de esos proyectos estaban contaminados por gastos irregulares. Sin embargo, esos importes se refieren a la muestra analizada por el Plan de Acción de Agricultura. Solo suponen 13 de los 35 proyectos de Acuamed no incluidos en el sumario judicial.

El informe propone la “descertificación” de los importes afectados en los proyectos analizados para redistribuir los fondos europeos en otros departamentos del Gobierno. “El Ministerio de Hacienda puede reasignar estas ayudas y utilizarlas en otros proyectos europeos”, afirman fuentes de Agricultura.

Según el informe ministerial, el análisis de las obras de Acuamed se planificó cuando la Comisión Europea alertó del “elevado riesgo que la investigación podría tener sobre los citados proyectos y también sobre otros” gestionados por la empresa pública y pidió un “control exhaustivo” de los fondos.

Fuentes del Ministerio de Agricultura han asegurado a eldiario.es que este estudio ya está en manos de la Audiencia Nacional y aclaran que estas ayudas europeas “no se han perdido” ya que se podrán destinar a otros proyectos. “Ya sabíamos que la UE nos iba a pedir explicaciones y por eso hicimos antes el Plan porque sino hubiéramos perdido esos fondos europeos”, declaran esas mismas fuentes.

El Plan de Acción para verificar los trabajos de Acuamed, realizado por ingenieros del Magrama en colaboración con Tragsa y el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP), analizó una muestra de 13 proyectos no incluidos, hasta el momento, en el sumario judicial. En total, se realizaron más de 2.000 comprobaciones en campo (inspecciones subacuáticas, catas, etc.) y otras 800 comprobaciones de partidas.

¿Qué es el Caso Acuamed?

El caso Acuamed es una investigación de la Audiencia Nacional a la empresa pública Acuamed por una presunta adjudicación fraudulenta de obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción indagan una supuesta falsificación de las certificaciones y facturas de los proyectos para inflar su coste final.

Según la investigación, distintos altos cargos del Ministerio de Agricultura recibieron prebendas a cambio de adjudicaciones a estas empresas, lideradas por la constructora FCC. Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, fue arrestado como presunto cabecilla de la trama.

Además, la investigación también apunta al ex subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, colaborador cercano de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tal y como publicó eldiario.es. Tras esta información, Ramos de Armas presentó su dimisión “para defender su honorabilidad” tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed.

El Ministerio Fiscal ha encontrado indicios de "mecanismos fraudulentos de contratación y adjudicación de las citadas obras de emergencia para canalizar agua" llevados a cabo por la directora general del Agua, Liana Ardiles

El caso Acuamed sigue salpicando a la Región de Murcia. Informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apuntan a que varios cargos técnicos fueron apartados por no cumplir las “órdenes” que desde la empresa de aguas se emitían. También se investiga la posibilidad de que desde la administración pública se amañara la adjudicación de las obras en beneficio de determinadas constructoras.

Las investigaciones señalan a la actual directora general del Agua, Liana Ardiles, de quien se sospecha que habría prometido a Nicolás Stteegmann, propietario de la entonces Altec, ahora Altyum, adjudicar las obras de emergencia. Liana Ardiles es también vocal de Acuamed y responsable de gran parte de las decisiones de la entidad. Acuamed transfirió 490.981 euros a una contrata sin obra terminada el pasado 30 de diciembre de Acuamed a Altyum Proyectos y Obras S.A., y que está relacionada con el proyecto de las canalizaciones de Cerro Colorado.

La Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 proyectos de Acuamed, la empresa pública del Ministerio de Agricultura que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos. Uno de esos proyectos es el de Cerro Colorado, del que las sospechas gotean constantemente.

El Ministerio Fiscal señala también que de las intervenciones en lo relativo al contrato Cerro Colorado se extrae la conclusión que el objetivo principal es lograr que Nicolás Steegmann sea beneficiado en este contrato y en la adjudicación de la obra de emergencia“.

PSOE Y Podemos piden explicaciones

La parlamentaria regional de Podemos María Giménez asegura que las explicaciones que debe dar el gobierno regional son necesarias “no ya por la investigación judicial abierta, sino por el riesgo que corre la financiación europea como ya han avanzado desde Bruselas. Hace varias semanas la Comisión Europea anunció el bloqueo de todos los pagos de subvenciones con fondos europeos a proyectos gestionados por Acuamed”.

Giménez ha reiterado que Podemos Región de Murcia ya solicitó a Martínez Cachá, consejera del ramo, que aclarase las implicaciones de este caso que liga “agua con corrupción. Hizo caso omiso. Tiró balones fuera. Ahora nos volvemos a encontrar con el hermetismo y el silencio de un partido que, de momento, no es capaz de aclarar el fraude de varios millones de euros a costa del erario público para beneficiar a sus amigas empresas constructoras”.

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Navarro ha exigido la comparecencia inmediata del Alcalde de Lorca, Francisco Jódar para aclarar de manera urgente “si medió o tuvo constancia en algún momento de esta trama corrupta de Acuamed”, de la que siguen apareciendo datos que aseveran en las presuntas adjudicaciones amañadas a costa de las arcas públicas para aumentar el beneficio de algunas constructoras.

Antonio Navarro recuerda que ya en 2013, el Grupo Municipal alertó de que Acuamed, siendo ministro Arias Cañete, contrató la tubería que se estaba instalando en el campo lorquino a una empresa de Victoria llamada Tubular Group S.A., pese que “en Lorca hay una empresa que hacía los mismos tubos, con el sobrecoste añadido de un transporte desde Vitoria aquí que podría alcanzar los 200.000€”.

A esas evidencias que destaca el edil socialista en las que “es evidente cómo presuntamente amañaron la compra de los tubos”, se añaden “la artimañas que montaron para encarecer las obras disfrazando los sobrecostes a la hora de realizar las liquidaciones de estas obras”.

El Comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha vuelto a tratar de desvincularse de la trama corrupta de Acuamed y de los negocios de su esposa, que apareció en los Papeles de Panamá y que se habría beneficiado de la amnistía fiscal de Montoro cuando Cañete era ministro de Agricultura. “Me casé en el 78 en régimen de separación de bienes. Nunca he intervenido en los negocios de mi mujer”, ha dicho Cañete tras la inauguración del curso de periodismo económico '¿Qué hemos aprendido de la crisis?', organizado por la APIE con la colaboración de la UIMP y BBVA.

Los grupos parlamentarios de izquierda de la Eurocámara como la Izquierda Unitaria Europea y el Grupo de la Europa de la Libertad habían pedido que el comisario compareciera en la cámara para dar explicaciones tanto por los Papeles de Panamá como por el caso Acuamed. Una propuesta que prosperó a medias, porque finalmente el exministro de agricultura no tendrá que comparecer frente al total del pleno sino en la comisión de asuntos jurídicos.

“Yo soy plenamente respetuoso con el Parlamento Europeo. Soy de los comisarios que comparecen con más frecuencia. Si quieren que comparezca en la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo haré”, ha dicho. “Donde me llamen iré y daré todas las explicaciones necesarias”, ha añadido después de reiterar su respeto a las instituciones europeas, como ya dijera cuando se conoció su próxima aparición.

Todavía no hay fecha para la comparecencia de Cañete, pero en cualquier caso todo indica que será en julio después de las elecciones del 26J. “Cuando uno comparece son los parlemantearios los que preguntan y el comisario el que responde”, ha dicho Cañete al ser preguntado sobre lo que dirá en su intervención.

El caso Acuamed

Respecto a la trama corrupta de Acuamed, en la que dos altos cargos del ministerio señalaban al actual comisario como el responsable del nombramiento del cabecilla de la trama en la empresa pública Acuamed, Cañete ha negado estar implicado en el caso. “A mi siendo ministro nadie me trasladó que hubiera ninguna irregularidad, la denuncia no llegó a mis manos, nunca tuve conocimiento de ninguna irregulariad administrativa o penal. Si la hubiera tenido, la hubiera corregido”, ha dicho Cañete.

“Nunca he dado indicación de favorecer a nadie”, ha apuntado. En este sentido, ha señalado que él durante su etapa en el ministerio acudió a los servicios jurídicos a la hora de tomar decisiones. “Se trata de actuar con prudencia”, ha sentenciado.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública Acuamed ante las sospechas de que pudo producirse un fraude, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Un equipo de este departamento se desplazó el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el juez encargado de investigar la trama de concesión ilegal de contratos de obra hidraúlica, Eloy Velasco. Su intención, recabar “más información sobre las presuntas irregularidades cometidas” por la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, con objeto de “iniciar su propia investigación”. El magistrado ha sugerido al departamento europeo que se persone en la causa como acusación, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, han concretado las mismas fuentes.

Los proyectos afectados recibieron inyecciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2007 a 2013 procedentes de los programas operativos de “cohesión”, de tipo nacional, y otro destinado a la Comunidad Valenciana. También, créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Se trata en concreto de la descontaminación del pantano Flix; las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel; la asistencia técnica de esta última obra; el sistema de dotación de agua de Cerro Colorado (Murcia) y la mejora del drenaje de la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia).

También investigan la financiación de la presa antiavenidas del río Serpis (Valencia); la garantía de los regadíos de la desaladora de Torrevieja; las tuberías de abastecimiento de Benicassim (Castellón); el nuevo colector oeste de la Albufera; el refuerzo del sistema de abastecimiento de la desaladora de Sagunto; conducciones en la desaladora de Oropesa; las mejoras en la desaladora de Moncofar; la obra de reutilización de aguas residuales de Albufera sur; la obra de reutilización de aguas residuales de Sueca y el tratamiento de aguas residuales de Planta de Pinedo.

Más del 80%

EL magistrado Eloy Velasco se puso en contacto con la OLAF el pasado mes de marzo para recabar información sobre la cofinanciación. En su respuesta remitida a la Audiencia Nacional e incorporada al sumario del procedimiento, la oficina antifraude detalla que los proyectos cofinanciados con fondos FEDER reciben ayudas por un 80% de las cantidades declaradas a la Comisión Europea cuando se trata de “programas operativos”.

En los casos en los que el proyecto está cofinanciado por los FEDER y, además, recibe financiación por un préstamo del BEI, la parte del banco es un porcentaje de alrededor del 42% del importe del proyecto. “No obstante, existe un límite consistente en que la financiación obtenida por los Fondos Estructurales, más la recibida del BEI no puede superar el 90 por ciento del importe total del proyecto”, especifica la OLAF en su informe.

Según describe, el beneficiario del proyecto debe abonar la cantidad correspondiente a la ejecución de actividades. El organismo intermediario designado -en este caso la Direccción General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana- verifica la solicitud de reembolso y, una vez revisada, la Comisión Europea emite una transferencia por ese importe.

Marina Albiol: “Que actúe sin contemplaciones”

La portavoz de la formación en el Europarlamento, Marina Albiol, espera que “lleguen hasta el fondo del asunto y que actúe en consecuencia si, tal y como apuntan los testigos, se demuestra que el comisario Cañete está involucrado por su gestión durante su etapa como ministro de Rajoy”. Reclama que la OLAF “actúe en consecuencia y sin contemplaciones” si se demuestra que el exministro de Agricultura y comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, “tiene algún tipo de responsabilidad en el caso” y espera que tanto el organismo antifraude como el Gobierno español “sean transparentes” y le proporcionen toda la información remitida por el Estado.

Marina Albiol ha insistido en que al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “se le acaban las opciones” con Cañete ya que “la OLAF está investigando y las acusaciones contra él son cada día más potentes”. “No sabemos a qué está esperando para dar el paso y apartarlo hasta que se aclare todo”, como le lleva exigiendo desde el mes de enero.

La semana pasada, el portavoz comunitario de Política Regional, Jakub Adamowicz, indicó que la OLAF ha abierto “un caso de coordinación” para compartir información con las autoridades españolas, pero “no lleva a cabo actividades de investigación como tal” sobre el fraude de Acuamed. La empresa pública se ha beneficiado tradicionalmente de fondos europeos, en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y los fondos de cohesión, a fin de realizar obras públicas en el sector del agua en la cuenca mediterránea.

La exgerente de Acuamed para Catalunya y la Comunitat Valenciana Gracia Ballesteros relata al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cómo esta empresa pública, acusada de un fraude millonario, adjudicaba contratos y pagaba incluso por obras que no existían, como los dos millones de euros por una escollera en la Rambla Gallinera.

En la grabación de su declaración como testigo ante Velasco, a la que ha tenido acceso Efe, Ballesteros describe las amenazas recibidas a funcionarios de Acuamed para que adjudicaran obras a determinados contratistas “amigos” y para que dieran el visto bueno a algunas valoraciones de ofertas de empresas.

Fue el caso, según revela la exgerente territorial, de un contrato para la obra Rambla Gallinera, entre las provincias de Alicante y Valencia, que incluía el pago de dos millones de euros por la construcción de una escollera que, como vio con sus propios ojos, no existía.

“No había que ser muy listo para detectar que aquello era falso”, le dice Ballesteros al juez a quien cuenta otras irregularidades en Acuamed con contratistas y las presiones que sufrió tanto por parte del exdirector de Acuamed Arcadio Mateo -principal acusado en la trama de corrupción- como del empresario Nicolás Steegmann, que le llegó a decir que “iba a destrozar su carrera profesional”.

Una amenaza que Steegmann hizo en una cafetería de Madrid, donde trata de convencerla de que cambiara su informe negativo hacia su empresa Altyum para la adjudicación de un concurso.

Ballesteros asegura que le dijo a Steegmann que no hablaba con ningún contratista cuando estaba valorando obras, momento en el que le enseñó documentación interna de Acuamed. “¿Cómo era posible que él tuviera esa hoja, la valoración interna de las ofertas de los contratistas?”, explica al juez a quien revela que el empresario no tuvo reparos en confesarle que se la había proporcionado Mateo.

“Dijo que iba a destrozar mi carrera”

“Ya me puse muy seria con él, le dije que no podíamos hablar de eso. Pasó a amenazarme, a decirme que conocía a mucha gente, a la directora general, al ministro, y que iba a destrozar mi carrera”.

Finalmente, Ballesteros fue despedida. Según revela a Velasco en diferentes conversaciones con Arcadio Mateo éste le conminaba a firmar contratos con empresas “amigas” a las que “tenía que tratar bien”.

“¿Pero qué tajada saca Arcadio de darle a una empresa privada?”, le pregunta Velasco a la testigo que, si bien desconoce el objetivo, reconoce que “en alguna ocasión sí que justificaba sus actuaciones diciendo que se lo decían desde el ministerio”.

Tras poner de manifiesto que tras once años en Acuamed Ballesteros es despedida y que el exdirector solo llevaba desde 2012, el magistrado quiere saber si el nombramiento de Mateo es “por dedo político”.

Acuamed transfirió 490.981 euros a una contrata sin obra terminada, como apunta El Mundo en su edición digital. La transferencia presuntamente ilegal del medio millón de euros se produjo el pasado 30 de diciembre de Acuamed a Altyum Proyectos y Obras S.A., relacionada con uno de los proyectos que están siendo investigados por el magistrado de la Audiencia Nacional, el de las canalizaciones de Cerro Colorado, en Lorca.

Lo ha denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga hasta el momento sobornos por siete contratos otorgados por la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, uno de los testigos del caso, según fuentes personadas en la causa. En casa del presunto líder del entramado, el director gerente de Acuamed, Arcadio Mateo, los agentes hallaron escondidos 120.000 euros en billetes de 500.

Velasco duda de los motivos por los que el exdirector de Acuamed Arcadio Mateo favorecía “escandalosamente” intereses privados y pregunta para saber si lo hacía para financiar a un partido político o para llenarse los bolsillos.

El juez ha repasado los contratos por los que se le investiga, la desaladora de Bajo Almanzora, la descontaminación del pantano de Flix, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia, la desaladora Marina de Torrevieja, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia y la presa de Antiavenidas del río Serpis.

“Usted se lleva prácticamente el conjunto de los delitos”, aseguró el juez, que imputa al excargo público delitos de falsificación en documento público, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho y concertación para variar el precio de las licitaciones.

El Ministerio de Fomento premió a uno de los cuatro directivos de Acuamed que en 2014 hicieron la vista gorda ante las supuestas irregularidades en la empresa pública de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional. La recompensa, un cargo en la cúpula del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del departamento de Ana Pastor.

El directivo en cuestión es el funcionario público Javier Moya Lámbarri, exvicesecretario y ex director de la Asesoría Jurídica de Acuamed y actual director de la Asesoría Jurídica de Adif. Moya aterrizó en Adif en julio de 2014, tras descartar sólo dos meses antes que la denuncia de un alto cargo de Acuamed sobre incrementos de costes injustificados para la constructora FCC y la ingeniería Abengoa pudiera tener consecuencias legales para la empresa de aguas.

El autor de ese documento, que permitió a la Fiscalía Anticorrupción destapar la millonaria 'trama de las desaladoras' que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, fue el ex director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente. A principios de 2014, Valiente dio la voz de alarma y avisó a hasta cuatro directivos de la sociedad estatal (entre ellos, su entonces director Jurídico) sobre las supuestas irregularidades con su denuncia. Ninguno le hizo caso y fue despedido en abril de 2014.

El 31 de marzo de 2014, seis días después de denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, Valiente envió un notario a Acuamed para asegurarse de que su denuncia llegaba al seno de la sociedad estatal. El notario fue atendido por el director Financiero de Acuamed, Carlos Aníbarro, y el propio Javier Moya. Ambos examinaron la carta y la documentación adjunta (100 páginas) y “declinaron hacerse cargo de la cédula de notificación”, según el relato del denunciante. Fuentes cercanas a Moya señalan que esos documentos no iban dirigidos a él y por eso se negó a dar acuse de recibo. La destinataria era la superior de Moya, Isabel Bonelli, secretaria del consejo de Acuamed.

Sin “consecuencias jurídicas”

Dos días después, el consejo de administración de Acuamed decidió por unanimidad prescindir de Valiente “por pérdida total de la confianza por parte de la empresa”, sin siquiera estudiar su denuncia. Moya, según las actas de ese consejo, validó los motivos esgrimidos por el entonces director general de Acuamed y cabecilla de la trama corrupta, Arcadio Mateo, para despedir a Valiente por considerar que no era precisa “una motivación distinta” a la que había planteado. Según fuentes cercanas a Moya, su informe se limitó a analizar las consecuencias jurídicas del despido (como el alcance de la indemnización que le correspondía, que “sería pequeña al llevar únicamente un año en la empresa”), pero no entró “en el fondo” de esa decisión.

Un mes después, en la reunión del consejo de Acuamed del 8 de mayo de 2014, Moya determinó que “no se habían apreciado consecuencias jurídicas de relevancia” en la documentación aportada por el ya ex director de Ingeniería de Acuamed. Fuentes próximas a Moya señalan no obstante que en aquel momento este no apreció indicios delictivos porque faltaban elementos para valorarlos, como cierta documentación técnica, pero que su informe sí dio pie a que el consejo instara a analizar la documentación recibida.

Cuando llegó el resultado de esa investigación, Moya ya no estaba en Acuamed. Aunque su cese formal en esta empresa de aguas se produjo el 31 de agosto de 2014, se incorporó a Adif en julio de ese año, según fuentes del administrador ferroviario. Moya es el número dos de la directora general de Recursos Humanos y Secretaria General, Alicia Portas. Portas, persona de confianza de Ana Pastor (hasta entonces, era su jefa de gabinete), recaló en septiembre de 2014 en Adif para cubrir la vacante dejada por la marcha de Rosa Sanz Cerezo, abogada del Estado que en junio de 2014 fichó por el bufete del abogado de la Infanta Elena, Miguel Roca Junyent. Por esas fechas, Anticorrupción ya había solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende Acuamed, información sobre la empresa pública de aguas. El ministerio concluyó que no había ninguna irregularidad.

Al estar justo por debajo de Alicia Portas en la estructura directiva de Adif, el nombre de Moya no aparece en el organigrama de la empresa estatal, pero sí en las sociedades que el gestor tiene constituidas junto a Renfe, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para explotar líneas de alta velocidad en ciudades como Alicante, Murcia, Valladolid, Almería y Valencia. En todas ellas ejerce como vicesecretario.

Adif es el mayor ente de gasto de España y maneja un presupuesto 20 veces mayor que el de Acuamed. Para este año, tiene prevista una inversión de 4067 millones, frente a los 206 millones presupuestados para la empresa de aguas. El juez Velasco envió a la cárcel el mes pasado a, entre otros, el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo y a otros cuatro altos cargos de la empresa, pero Moya no está imputado. El fraude ya apunta al actual comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Como Santamaría y su ex número tres

El perfil profesional de Moya todavía está disponible en la web de Aquamed. En él, se dice que era “responsable del departamento encargado del asesoramiento jurídico de la Sociedad”. Nacido el 26 de mayo de 1975, desde noviembre de 2005 pertenece al cuerpo de abogados del Estado, la élite de funcionarios de la que forman parte la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y su exnúmero 3, el dimitido Federico Ramos, ex secretario de Estado de Agricultura y expresidente de Acuamed.

Licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, Moya “comenzó su carrera en el sector privado como abogado en Uría&Menéndez, continuando en Lupicinio Eversheds, hasta incorporarse como adjunto al Director de la Asesoría Jurídica de Unión Fenosa Internacional, S.A.”, se lee en esa reseña, que añade que “en 2004 ingresó por oposición en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en calidad de Letrado-Inspector (actualmente en excedencia). Posteriormente desempeñó el cargo de Subdirector Letrado de la Asesoría Jurídica de la Corporación Radio Televisión Española, S.M.E., S.A. y Letrado-Especialista”.

El presidente de Adif es el alicantino Gonzalo Ferre Moltó, ex directivo de Abertis y la constructora Sacyr nombrado por Fomento al frente del administrador ferroviario en enero de 2013 en sustitución de Enrique Verdeguer, exconsejero de Economía, Industria y Comercio de la Generalidad Valenciana, que dimitió como presidente de Adif por “motivos personales” cuando no llevaba ni un año en el cargo.

Primera prueba documental que vincula a Miguel Arias Cañete con el escándalo de Acuamed, según cuenta la SER. El actual comisario europeo de Acción Climática y Energía aparece en un correo enviado por la vicepresidenta de la empresa pública al director general de la sociedada. El motivo del email es la reunión que iba a mantener el exministro de Agricultura con FCC a cuenta de la desaladora de Almanzora, en el centro de la trama de las comisiones a cambio de adjudicaciones para esta y otras constructoras.

En el escrito, enviado por Liana Ardiles a Arcadio Mateo, la primera solicitaba al segundo un informe sobre la situación de la instalación almeriense por la reunión que iba a mantener Cañete con FCC. Para ello le pedía una nota “entre hoy y mañana”. Mateo tardó solo tres minutos en responder con un “por supuesto”. La fecha del email es el 18 de febrero de 2014. La desaladora había quedado inutilizada en el verano de 2012 por unas riadas, a lo que contribuyó su construcción en una zona inundable.

Este encuentro entre Cañete y FCC corresponde a la etapa en la que la constructora exigía una indemnización de 40 millones por la desaladora.

La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.

Un testigo del caso Acuamed ha señalado al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según informa Cuatro, el testigo relató ante el instructor que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, le trasladó, en presencia de otros altos empleados, que las órdenes para favorecer a FCC en un proyecto procedían directamente del entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente.

La reunión se produjo el 24 de marzo de 2014 y en ella se discutieron los problemas con el proyecto de Bajo Almanzora. Las riadas de septiembre de 2012 provocaron la inundación de la instalación, que quedó inservible. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, llegó a un acuerdo con las constructoras para que sea la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

El 60% que debían abonar las empresas privadas sería recuperado por ellas a través de “compensaciones”, según la expresión utilizada por el juez Velasco en su auto de la noche del miércoles. Una de esas “compensaciones” sería la adjudicación de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, otro de los proyectos investigados en la Audiencia Nacional, y del que se encargó FCC. Ante la negativa de los empleados al amaño, Mateo habría indicado que las órdens venían de la cúpula del Ministerio, directmaente de Arias Cañete, según la versión del testigo.

En la obra de Flix se aplicaría el modus operandi que define a la trama desarticulada: elevar el coste de la obra sin justificación alguna, lo que los investigadores denominan “fijar modificados ficticios irreales”. FCC obtendría por ello un total de 40 millones de euros. Hasta aquí, uno de los seis casos investigados, de no ser porque esas “compensaciones” fueron, “al parecer, pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix”, escribe el juez Velasco.

Pero el abono por parte de Acuamed de una reparación que correspondía a las empresas privada quedó frustrado por la oposición de algunos funcionarios, que se negaron a colaborar en un proceso plagado de irregularidades. FCC sigue enrocada y la desaladora de Bajo Almanzora, clave para la provincia, sigue sin funcionar a día de hoy. La constructora de Carlos Slim y Esther Koplowitz pide 10 millones de euros en lugar de los 2 que le corresponderían.

Como reconoció este martes el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, el Gobierno conocía la denuncia de Francisco Manuel Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed represaliado por Arcadio Mateo al negarse a participar en la trama de corrupción. Valiente lo denunció ante el Ministerio, pero éste no apreció irregularidades en los hechos que presentó. Con las mismas pruebas, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Tras meses de investigación, el juez Velasco envió este miércoles a prisión a los 13 detenidos en la Operación Frontino, 5 de ellos sin posibilidad de eludir la cárcel con el pago de una fianza.

La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas, ha presentado su dimisión este viernes “a petición propia” tras haberse visto relacionado con el caso Acuamed, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Fuentes próximas a Ramos de Armas han indicado además que ha tomado esta decisión “para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad” en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente.

Varios exempleados de la empresa pública Acuamed afirmaron ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Ramos participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una “compensación indebida” de 40 millones de euros a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Ramos de Armas fue secretario de Estado de Medio Ambiente hasta junio de 2015, cuando fue reclamado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para ir a Moncloa. Como secretario de Estado de Medio Ambiente ejercía también de presidente del Consejo de Administración de Acuamed.

Según la investigación, a mediadios de 2014 se produjo una de las seis adjudicaciones que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En ella, y con la intervención de Ramos de Armas, se habría acordado un desvío de 40 millones de euros para FCC a través de “compensaciones”, esto es, con nuevas adjudicaciones a la constructora.

Con Ramos de Armas al frente del Consejo de Administración fue nombrado Arcadio Mateo director general. Mateo es uno de los cinco detenidos para los que Velasco ha dictado prisión incondicional. En total, hay 35 personas en condición de investigadas. Ramos de Armas todavía no se encuentra entre ellos.

El Gobierno de Emiliano García-Page estudiará si “ha habido algún tipo de contratación” entre el Gobierno de María Dolores de Cospedal y el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, según lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando.

El presidente del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, había pedido previamente al Gobierno regional que “compruebe” si Arcadio Mateo ha trabajado con el anterior Ejecutivo de Cospedal en la “cocina de las cuentas” y desde la Junta, el portavoz dice que se estudiará “si ha habido algún tipo de contratación con la Administración regional por parte de este grupo de empresas y de personas y esclarecer también si ha habido algún tipo de casos similares a los que ha habido”, ha indicado Hernando. Por último, ha comentado que “lo que está claro es que en el tema del agua lo que más hay que depurar quizá no sea incluso el agua”.

Cuando se conoció la detención de Arcadio Mateo, el Gobierno regional apuntaba una supuesta relación entre Cospedal y el director de Acuamed ya que una de sus empresas había realizado encuestas electorales para el PP de Castilla-La Mancha.

El vínculo de un colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría con en el supuesto fraude de Acuamed que adelantó este jueves eldiario.es quedó recogido en un email que él mismo envió al ahora detenido director general de la empresa pública. Como cuenta la Cadena SER, Federico Ramos de Armas escribió un correo a Arcadio Mateo en el que le pedía llevar al Consejo de Administración de Acuamed un pago de 9,5 millones a “la contratista”, en este caso FCC, en concepto de “liquidación pendiente de la obra”.

El email fue enviado por Ramos de Armas en junio de 2013, cuando presidía el Consejo de Acuamed en su condición de secretario de Estado de Medio Ambiente, cargo que ocupó hasta junio de 2015. En su escrito, el actual subsecretario de Presidencia aseguraba que a FCC le debían “bastante dinero por otras obras”. Por ello pedía solucionar ese pago de 9,5 millones para ir “avanzando con esta gente”. Una “compensación indebida”, como dice el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en su auto, al que había que sumar otros 20 millones.

Según fuentes de la investigación, ese pago correspondía a la desaladora de Almanzora (Almería), de la que FCC y Abengoa habían recibido un sobrecoste millonario, y que quedó inservible tras una inundación en 2012. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed llegó a un acuerdo con las constructoras para que fuese la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

Las denuncias de estas prácticas que hizo el exdirector de Ingeniería de Acuamed Francisco Valiente eran conocidas por el Gobierno. Su negativa a participar en la trama le costó ser represaliado por el director general de la empresa, ahora en prisión, y el ministerio de Medio Ambiente aseguró que no había irregularidades en los contratos de Acuamed y las constructoras tras las pruebas que presentó Valiente. Una documentación en la que sí hallaron anomalías la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco, que inició la Operación Frontino tras meses de investigación.

Antes de destaparse el escándalo de Acuamed, y a pesar de las denuncias ante la Fiscalía, el Consejo de Ministros premió a FCC en dos Presupuestos Generales del Estado seguidos. En una de esas partidas para la constructora estaba recogido ese pago por Almanzora que aparece en el correo de Ramos de Armas a Arcadio Mateo, y que finalmente no se llevó a cabo por las denuncias ante el ministerio público. Algo que se compensó en los PGE de 2015 y 2016, con 36 millones para FCC en los primeros y entre 8 y 14 millones en los segundos.

En todos estos acuerdos participó Federico Ramos de Armas. Algo que han confirmado varios testigos, al situarle en la presunta reunión con FCC en la que se pactó esa “compensación indebida” consignada en los presupuestos de 2015.

En el fraude de las desaladoras de Acuamed hay un imputado que destaca por encima de los demás: Arcadio Mateo, el director general de la compañía. Y es que, como indica el juez Eloy Velasco en su auto, Mateo ha “urdido en connivencia (...) un conjunto de actuaciones dolosas para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades”. Todas con el correspondiente “beneficio injusto en regalos en especie” que llegaba a través de constructoras como FCC y Acciona, implicadas en la trama. Una de estas dádivas eran los implantes de pelo. Injertos de los que se benefició el propio Mateo, como ha confirmado la Cadena SER y se puede ver en fotografías o vídeos más recientes en los que aparece. 

También en este ejemplo publicado en Twitter se puede apreciar la evolución del responsable de la empresa pública. La primera imagen corresponde a la de su perfil oficial en la web de la empresa pública. La segunda fue publicada por el portal iAgua. Entre ambas se nota el paso del tiempo para Mateo, pero en este caso para bien gracias a su nuevo pelo.

El fraude de Acuamed por el que varias constructoras pagaron comisiones a directivos de la empresa pública a cambio de contratos de desaladoras ya cuenta con una decena de imputados, de los cuales ocho han entrado ya en prisión. La Guardia Civil halló en la casa de Arcadio Mateo 100.000 euros en efectivo durante un registro dentro de la 'operación Frontino' sobre el fraude de Acuamed.

La trama de corrupción en la empresa pública de aguas ha desbordado los muros de Acuamed para alcanzar al mismo Palacio de La Moncloa. Allí desempeña su cargo Federico Ramos de Armas, actualmente subsecretario de Presidencia y hasta junio pasado secretario de Estado de Medio Ambiente. Según fuentes de la investigación consultadas por eldiario.es, Ramos de Armas integra el “muy alto nivel” del Ministerio al que se refiere el juez Eloy Velasco cuando habla de las irregularidades acordadas para favorecer a las grandes constructoras FCC y Abengoa en dos grandes obras, con el consiguiente saqueo de las arcas públicas.

La presidencia del Consejo de Administración de Acuamed corresponde al secretario de Estado de Medio Ambiente. Durante la época de Ramos de Armas se desarrolló una de las seis obras que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, la desaladora de Bajo Almanzora, de la que FCC y Abengoa obtuvieron un sobrecoste millonario.

Las riadas de septiembre de 2012 provocaron la inundación de la instalación, que quedó inservible. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, llegó a un acuerdo con las constructoras para que sea la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

El plan no acababa ahí. El 60% que debían abonar las empresas privadas sería recuperado por ellas a través de “compensaciones”, según la expresión utilizada por el juez Velasco en su auto de la noche del miércoles. Una de esas “compensaciones” sería la adjudicación de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, otro de los proyectos investigados en la Audiencia Nacional, y del que se encargó FCC.

En la obra de Flix se aplicaría el modus operandi que define a la trama desarticulada: elevar el coste de la obra sin justificación alguna, lo que los investigadores denominan “fijar modificados ficticios irreales”. FCC obtendría por ello un total de 40 millones de euros. Hasta aquí, uno de los seis casos investigados, de no ser porque esas “compensaciones” fueron, “al parecer, pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix”, escribe el juez Velasco.

Pero el abono por parte de Acuamed de una reparación que correspondía a las empresas privada quedó frustrado por la oposición de algunos funcionarios, que se negaron a colaborar en un proceso plagado de irregularidades. FCC sigue enrocada y la desaladora de Bajo Almanzora, clave para la provincia, sigue sin funcionar a día de hoy. La constructora de Carlos Slim y Esther Koplowitz pide 10 millones de euros en lugar de los 2 que le corresponderían.

Como reconoció este martes el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, el Gobierno conocía la denuncia de Francisco Manuel Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed represaliado por Arcadio Mateo al negarse a participar en la trama de corrupción. Valiente lo denunció ante el Ministerio, pero éste no apreció irregularidades en los hechos que presentó. Con las mismas pruebas, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Tras meses de investigación, el juez Velasco envió este miércoles a prisión a los 13 detenidos en la Operación Frontino, 5 de ellos sin posibilidad de eludir la cárcel con el pago de una fianza.

La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.

El presidente de FCC Construcción paga la fianza

La cifra total del perjuicio a las arcas públicas con la descontaminación del pantano de Flix es de 40 millones de euros “para compensar a FCC, siguiendo instrucciones desde la superioridad”, concluye el juez. Entre los detenidos figuran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el directivo Santiago Farre Dot. Ambos quedaron libres bajo fianza en la noche del miércoles al abonar 20.000 y 50.000 euros, respectivamente, en concepto exigido por el juez para evitar la cárcel.

En total, el dinero público que se había acordado desviar asciende a 54,2 millones de euros entre los seis proyectos investigados, aunque el juez Velasco no detalla si han llegado en su totalidad a la caja de las empresas adjudicatarias. Los investigadores cifran, por ahora, en más de 20 millones el dinero desviado desde Acuamed.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas (42), es abogado del Estado y llegó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en 2011, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio. Cuando éste dejó la cartera para ser cabeza de lista a las europeas de 2014, Ramos de Armas continuó en el puesto a las órdenes de Isabel García Tejerina. Fue reclamado por la vicepresidenta del Gobierno cuando Jaime Pérez Renovales decidió abandonar la Subsecretaría de Presidencia.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión comunicada sin fianza al director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; la directora de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, María Gabriela Mañueco Pfeiffer (ambos destituidos el martes); otros dos empleados, Francisco Javier Goméz Pastor y Pablo Martín Mira; y al presidente de la empresa Altec, Nicolás Steegmann López.

En el auto, Velasco acuerda la prisión eludible con fianza de 12.000 euros para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno Maestre y el director de proyectos de Altec, José Ramón González Fernández; de 20.000 euros para el delegado de Acuamed en Alicante, Javier Delgado López; el ingeniero David José Blanca Montero; el ingeniero Miguel Roset Ramos y el directivo de FCC Santiago Farre Dot; y de 50.000 euros a Justo Vicente Pelegrini, director de Acciona Infraestructuras, y Miguel Jurado Fernández, presidente de FCC Construcción. Todos ellos han abonado esta misma tarde las cantidades y ya se encuentran en libertad.

El auto explica que al menos desde mediados de 2014 el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, ha urdido junto con otras personas “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de ”presiones“) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos”.

Todo ello, dice el juez, con “el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros –implante de pelos o viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”.

Las irregularidades se vislumbran, asegura Velasco, en al menos seis contratos públicos: desaladora de bajo Almanzora en Almería; descontaminación física del pantano de Flix; presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; cerro colorado de Murcia y presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.

“Riesgo fundado de huida”

Velasco dicta prisión para Mateo y los cuatro investigados porque aprecia “un riesgo fundado de huida”, debido a la grave pena a la que se enfrentan y a que los cinco tienen “una íntima relación” con una organización. Su deseo de escapar podría estar relacionado con “razones personales”, dice el juez, “o bien por indicaciones o directrices que traten de obstruir la actuación judicial”.

El instructor asegura que Arcadio Mateo castigaba a aquellos subordinados que no se plegaban a las irregularidades con el cambio de puesto o incluso con la destitución. Este es el caso de Francisco Valiente, el antecesor de Gabriela Mañueco en la dirección de Ingeniería de Acuamed, quien denunció la trama, primero ante el Ministerio de Agricultura, que no apreció irregularidades, y después ante la Fiscalía Anticorrupción, origen de la causa que ahora instruye Velasco.

Mateo y sus compinches actuaban “siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada, aun conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos que, sin embargo, por supuesto tenían que defender (alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie)”, señala Velasco en su auto.

“Paulatinamente fue colocando en los removidos a personas de su confianza que sí lo hacían, siendo su brazo derecho en esa gestión irregular la que nombró como directora de ingenieraia y construcción a Gabriela Mañueco Pfeiffer”, añade el juez.

Mañueco, junto al gerente de contratación, Javier Gómez Pastor, y a Pablo Martín Mira, ascendido a gerente territorial del Júcar, actuaron “plegándose sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares por miedo a sufrir las consecuencias de despido que habían visto en otros compañeros, aunque también en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas (alquileres de coches de lujo, hoteles, colocación de familiares en las empresas beneficiadas...)”, escribe el juez tras más de nueve horas de interrogatorios.

El juez les atribuye integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influcencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa.

En el otro lado de la trama, los empresarios. Estos actuaban, “en un afán más que de perjudicar los intereses públicos, de hinchar los beneficios de sus empresas, ampliando ante ellos su prestigio profesional en función de sus resultados y dando prebendas a los funcionarnios conniventes”. Todos ellos son presuntamente “cooperadores necesarios” de los delitos del primer grupo.

El sistema de desaladoras instalado en la España seca cuya construcción investiga la Guardia Civil produjo el año pasado 130 Hm de los 403 de capacidad que poseen las plantas explotadas por la empresa Acuamed, según los datos de la sociedad. Y 2015 fue el mejor curso de la red, doblando el volumen declarado en 2011. La red de infraestructuras ha conllevado la inversión de unos 1.700 millones de fondos públicos.

La Audiencia Nacional sospecha que el fraude en Acuamed, a cuyo director general se le han encontrado 100.000 euros en metálico en su domicilio, se produjo en los sobrecostes a la hora de construir las infraestructuras. Una red de 12 plantas que, a pleno rendimiento, no llegaría al 10% de la demanda conjunta total de las cuencas del Júcar y el Segura a las que sirven (más de 5.000 Hm). Las desaladoras tienen que funcionar como apoyo para la presión que ejercen la agricultura, sobre todo, y las poblaciones de Almería, Murcia o la Comunidad Valenciana. Pero a los consumidores no les gusta recurrir al agua desalada.

Los datos evidencian que el arco mediterráneo español tiene carencia de agua. La propia empresa estatal registrada ha explicado al desarrollar sus proyectos que “la alta concentración de población en la costa y la agricultura intensiva” multiplican la demanda. Especialmente los regantes.

La agricultura se lleva más del 80% de los litros utilizados en las cuencas del Júcar y el Segura (el ámbito territorial de Acuamed). Entre ambas, las hectáreas de regadío consumen más de 4.000 Hm al año, según las memorias de las dos confederaciones hidrográficas. Pero para satisfacer esa sed, se pide agua barata. El precio que se cobra de media por el metro cúbico de agua desalada es de 50 céntimos. El precio medio que se aplica al agua que llega con los trasvases está en 14 céntimos. Los agricultores consideran a las desaladoras “prohibitivas”.

En realidad, los precios del agua no reflejan todo su coste. Por ejemplo, el caudal que llega desde pantanos y a través de tuberías no incluye lo que supone haber inundado un valle para crear el embalse ni la factura medioambiental de las infraestructuras.

Con todo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se ha colocado en la línea de agua a bajo precio y anunció en octubre de 2015 que subvencionaría la producción desalada hasta dejarla en un “precio reducido de 30 céntimos el hectómetro cúbico”. La infrautilización de las plantas ahora bajo sospecha ya supuso en 2012 una queja formal por parte de la Comisión Europea. Los fondos europeos Feder han financiado con decenas de millones de euros muchos de estos proyectos. La Dirección General de Política Regional de la CE ha contestado a eldiario.es que “ha pedido explicaciones” sobre el presunto fraude en Acuamed para evaluar si cabe “pedir la devolución” del dinero.

Sistema de concesionarias

La docena de plantas que gestiona Acuamed se han construido con diferentes modelos a la hora de contratar empresas para levantarlas o dar el servicio. Las adjudicaciones de contratos son justo el paso en el que se han detectado las irregularidades ahora investigadas. El diputado de Podemos y profesor de economía del agua, Pedro Arrojo, aseguraba a eldiario.es tras saltar el escándalo que “las desviaciones en los presupuestos de estas infraestructuras son la norma. Se escapan al control”.

Las desaladoras más antiguas de Acuamed, las de Málaga y Marbella, las gestionan sendas empresas públicas. Pero la mayoría de los proyectos funcionan con una concesión por diversos años a una unión de empresas (normalmente a la que también se encargó la obra). Los plazos varían y las contratistas también. Así, la de Águilas (Murcia), con una inversión de 238 millones, tiene una concesión de 15 años a la UTE Ferrovial-Sacyr-Cadagua-Sadyt que opera la desalinización. Igualmente, la de Torrevieja (300 millones) se adjudicó a Typsa por 15 años. La de Valdelentisco a Cadagua por un periodo de 4 años. En Baja Almanzora, Almería, el contrato de concesión se firmó por tres lustros con la alianza de FCC-Befesa y Aqualia.