El Ayuntamiento de La Laguna ha informado de que este lunes han comenzado los trabajos de cerramiento y tapiado de diez bloques y las medidas de seguridad en otros 17 de la urbanización de Las Chumberas, adjudicados a la empresa Ecocivil por 105.000 euros y un plazo de seis meses.

En un comunicado el Ayuntamiento precisa que este lunes ha comenzado el tapiado del bloque 33, que se ejecutará entre hoy y mañana, el miércoles y jueves será el turno del bloque 12 y el viernes está previsto comenzar con el bloque 42, que sería definitivamente tapiado el lunes de la próxima semana.

Además, la empresa Ecocivil comenzó la semana pasada a ejecutar las medidas de seguridad ordenadas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna en los bloques con aluminosis de Las Chumberas.

Tras unos días para organizarse sobre el terreno, se decidió realizar algunos apuntalamientos en los 17 bloques (6, 7, del 9 al 11, 13, 14, del 30 al 32, del 34 al 37, del 39 al 41) en los que está previsto actuar.

Los trabajos de tapiado se irán acometiendo en las próximas semanas a medida que se vayan desalojando los bloques, algunos de los cuales presentan cierta complejidad, y paralelamente se trabajará en las obras de seguridad de los otros 17 bloques, que van desde arreglar humedades hasta realizar apuntalamientos.

A finales del mes de junio se conoció la necesidad de desalojar estos diez bloques en función de los informes técnicos, tras las inspecciones oculares realizadas en marzo y abril y también en virtud de lo dispuesto en el informe que Muvisa solicitó a Intemac, empresa especializada en esta materia.

Dichas inspecciones pusieron de manifiesto que el grado de deterioro de esos bloques había ido avanzando, lo que afectaba a su estabilidad estructural, por lo que los técnicos propusieron el desalojo, con el posterior tapiado, y la realización de medidas cautelares en otros.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha prometido cumplir con los compromisos que hay pendientes con Canarias y ser un presidente “sensible” con las islas si el próximo 10 de noviembre logra ganar las elecciones y obtener la mayoría absoluta.

En un mitin celebrado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Pedro Sánchez afirmó que el Gobierno socialista de España “está con Canarias”, tal y como hizo el pasado verano con los incendios de Gran Canaria, con la firma del convenio de Las Chumberas o la puesta en marcha del anillo insular de Tenerife.

“Estaremos en todas y cada una de las crisis que haya por delante y lo vamos a hacer juntos”, afirmó Sánchez, quien añadió que por eso es “tan importante” que haya un Gobierno “sensible, que no confronte y que se alíe con los canarios”. “Ese es el compromiso que hacemos en este acto”, recalcó.

La “herencia envenenada de CC”

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que el proyecto de ley de presupuestos presentado por el Ejecutivo responde a las “necesidades” de Canarias y a la necesidad de enmendar la “herencia envenenada” que dejó Coalición Canaria en anteriores legislaturas.

Torres ha defendido que en los nuevos presupuestos se suben las prestaciones de inserción y aumenta 20 millones de euros la dotación para la vivienda, así como 37,5 millones la formación para el empleo.

Y ha insistido en las subidas en educación y sanidad públicas (hasta 125 y 133 millones, respectivamente), entre otras medidas, así como en una nueva partida de 15 millones de euros en actuaciones para paliar el impacto del cambio climático, asunto para el que se destinaron “cero euros en el mandato anterior”, ha apostillado.

Estas actuaciones, ha insistido Torres, han sido diseñadas con vistas a responder a las necesidades de la mayoría social del archipiélago y, en su opinión, serán aplicadas de distinta forma que el anterior partido en el Ejecutivo regional, que ha pretendido “utilizar a la Justicia” para acabar con el rival político.

Coalición Canaria denunció a Torres en la última campaña electoral por un presunto delito de malversación de caudales públicos, causa que ya ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre este asunto, el presidente canario ha dicho este sábado que “cuando se tienen evidencias de una irregularidad, se traslada a los órganos adecuados, no se hacen ruedas de prensa ni se colocan detrás de organizaciones políticas”.

Torres ha asegurado que tuvo el apoyo de la militancia y de los dirigentes socialistas, por lo que, a su juicio, ante esta denuncia ha quedado patente la “unión” del PSOE canario.

Torres ha dicho a la militancia socialista que la “carrera de fondo” iniciada en junio de 2019 con la moción de censura al entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, finaliza con los comicios del próximo 10 de noviembre.

“Hemos sufrido avatares diversos desde entonces, nos han puesto zancadillas y hemos intentado pactar con esos que dicen que son de izquierdas. Están esperando millones de españoles para abrazarnos por la renovación social de este país, y para ello hay que sacar fuerzas de flaqueza”, ha concluido.

El Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna han firmado este martes la prórroga de cuatro años del convenio que autoriza la ejecución de las obras de las viviendas afectadas por aluminosis en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife), y que afecta a diez edificios y cerca de 3.000 vecinos.

Tras la firma, que ha tenido lugar en el Ministerio de Fomento en Madrid y a la que han asistido las cuatro administraciones, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que tras las negociaciones entre las cuatro administraciones y la Abogacía del Estado se ha encontrado una solución a un convenio “que no permitía prórrogas”, y que terminó su plazo el pasado 31 de diciembre de 2018 sin llegar a comenzar las obras de rehabilitación.

Así, con este nuevo acuerdo, Torres ha confirmado que se resuelve “un problema de envergadura” que tiene un coste total de 25 millones de euros, de los cuales, Fomento ha aportado el 50%, es decir, 12,5 millones de euros; el Gobierno canario ha invertido 8,8 millones de euros, y la cantidad restante, 3,7 millones de euros, aportada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna.

“Unas obras de demolición, reposición y construcción de cerca de 200 viviendas que van a dar esperanza a más de medio millar de personas”, ha destacado Torres para después agradecer el trabajo del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, por “buscar una salida jurídica y no sencilla” a este proyecto que tenía 25 millones de euros preservados. “Que no se pierda ni un sólo euro de la inversión que se ha realizado”, ha puntualizado.

Reubicar a los vecinos

Según ha calculado el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, las obras de demolición comenzarán “en enero de 2020” después de que “todos los vecinos estén reubicados” en otras viviendas donde residirán los próximos cuatro años, los que dura el proyecto.

“En los próximos días trabajaremos en la expropiación de las viviendas, porque todavía hay vecinos que siguen viviendo en la zona y hay que acordar con ellos esa expropiación y ya a partir de que estén todos reubicados empezaremos lo antes posible con la demolición”, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Desde su punto de vista, este proyecto de obra marca un “antes y un después” para el barrio de Las Chumberas y da “fuerzas” para trabajar “conjuntamente” entre las cuatro administraciones por un problema urbano que es “una petición a voces de los vecinos” de la zona que vienen reclamándola desde hace “doce años”.

“Es un día muy importante y es por tanto un día de felicidad total y absoluta”, ha añadido.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha destacado que las cuatro administraciones “han aunado fuerzas” para conseguir una solución a un problema grave en La Laguna para que “de verdad” se pueda recuperar el barrio de Las Chumberas y que “de verdad el dinero público” de las distintas administraciones “se invierte en aquello para lo que se firmó este convenio”.

“A la cuarta va la vencida. Después de tres convenios, y de no haberse movido ni un sólo bloque en Las Chumberas, nos hemos puesto de acuerdo para que, afortunadamente, se pueda recuperar el dinero que se daba por perdido porque no se había hecho obra alguna en la zona”, ha indicado.

La firma llega cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado viernes, un real decreto por el que se conceden cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar y justificar el plan de reposición de viviendas sociales y la reurbanización de los edificios afectados por aluminosis que beneficia, según los datos del gobierno canario, a más de 500 familias que habitan en el barrio.

Once años llevan esperando los vecinos y vecinas del barrio de Las Chumberas, en el municipio tinerfeño de La Laguna, por una solución a sus viviendas. Se trata de inmuebles que tuvieron que ser poco a poco apuntalados porque muchos de ellos estaban afectados por aluminosis (alteración del hormigón que lleva a su pérdida de resistencia). El actual gobierno municipal ha empezado a desatascar el conflicto, enquistado desde que en 2008 se detectaron los problemas, y espera que a principios de octubre se desalojen totalmente diez de los bloques para después poder licitar y que una empresa realice los tapiados.

Los diez bloques que se encajan en la primera parte de la reposición, en total 160 viviendas, están prácticamente desalojados. No obstante, aún quedan personas viviendo en los edificios. En su mayoría no son propietarios y, por tanto, no tienen derecho a ser realojados, sino que se trata de inquilinos que pagan alquileres asequibles y no pueden permitirse uno más elevado. Por ello, desde Servicios Sociales del consistorio lagunero se ha valorado caso a caso estos meses para dar una solución a cada familia.

La Sociedad Municipal de Viviendas de La Laguna (Muvisa) utilizará fondos de la cuenta de Las Chumberas, unas partidas que proceden de un convenio suscrito para realizar estos desalojos y los posteriores tapiados. Este dinero solo puede ser empleado, de momento, para cuestiones de seguridad (apuntalados, desalojos, tapiados…), como es el caso. El siguiente paso será que el Gobierno estatal apruebe que el dinero del convenio pueda ser empleado para las demoliciones, algo que puede ratificar aunque se encuentre en funciones. La previsión es que el próximo año, al fin, se inicien estas demoliciones.

Informes desfavorables y la sombra del caso Corredor

El conflicto de Las Chumberas se remonta al año 2008. Hay vecinos que dejaron de vivir en esos bloques después de que el ayuntamiento les asegurara que las obras empezarían inmediatamente. En 2011 se suscribió un convenio en el que el Ministerio de Fomento participa con el 50% de la financiación de las actuaciones, la Comunidad Autónoma de Canarias con el 35%, el Cabildo Insular de Tenerife con el 10% y el Ayuntamiento de La Laguna con el 5%.

La reposición se ha ido dilatando. En 2018 se declaró desierto el concurso, al que solo se presentó una empresa y cuya propuesta económica ofertada era al alza; es decir, superior al precio máximo de licitación establecido en los pliegos del procedimiento. De hecho, estaba por encima de los 17 millones, cuando el precio máximo de licitación eran unos 15. Sin embargo, unos días después, el Ayuntamiento volvía a licitar ahora por 17,7 millones, la primera fase del proyecto de reurbanización de Las Chumberas. Posteriormente, se produjo un problema con la adjudicación ya que no se disponía del acta de ocupación.

A finales de 2018, el exalcalde de La Laguna José Alberto Díaz acudía a Madrid a exigir al Ministerio de Fomento que suscribiera el nuevo convenio para estos edificios. La oposición pedía explicaciones al gobierno de CC, que pecó de falta de transparencia en todo el proceso. El bloque progresista, que hoy gobierna en el Consistorio, llegó a reprobar al exalcalde y a tomar el control de Muvisa y de las cuentas de Las Chumberas con el fin de descubrir qué estaba ocurriendo con el dinero.

El interventor del Cabildo de Tenerife se pronunció en numerosas ocasiones en contra de abonar a La Laguna su parte del convenio hasta que no justificara el dinero recibido hasta ahora. Esos informes también evidenciaban que no se había realizado una valoración socioeconómica de las familias para determinar si podían ser beneficiarias de inversiones públicas en vivienda.

Así mismo, la sombra del caso Corredor también ha recaído sobre Las Chumberas. Según otro informe de intervención del Cabildo de Tenerife, La Laguna llevó a cabo actuaciones contempladas en el convenio de Las Chumberas antes de que se firmarse el acuerdo de financiación en 2011 con el Estado, una fecha que coincide con las actuaciones que se destaparon en la pieza 22 de este caso. Se refiere a que en 2010 se tramitó el realojo de vecinos afectados por aluminosis en sus casas, pero las escuchas de la Policía reflejaron cómo la entonces concejala de Bienestar Social, Blanca Pérez advertía al entonces alcalde Fernando Clavijo de que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por la forma de tramitar las subvenciones. Sin embargo, esta pieza del caso se terminó archivando en 2016, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas desde el 21 de septiembre de 2010 en adelante por un defecto formal en la instrucción.

El largo recorrido de los vecinos de Las Chumberas no finalizará hasta que se lleve a cabo todo el proyecto previsto en la zona. Es decir, no solo lo que a la primera fase se refiere, también queda pendiente la fase b, es decir, la construcción de 80 viviendas nuevas y sus correspondientes locales comerciales y la reurbanización, así como las medidas de seguridad que se requieran para la totalidad de Las Chumberas.

La sociedad municipal de viviendas y servicios (Muvisa) de La Laguna se reunió la semana pasada de forma individualizada con cerca de un centenar de vecinos para avanzar en el proceso de desalojo de los diez bloques que forman parte de la primera fase de la actuación.

Según una nota de Muvisa, entre las 10.00 de la mañana y las 22.00 horas se atendió uno a uno a todos los inquilinos y propietarios que se fueron acercando al Centro Ciudadano para consultar sus dudas sobre las fechas y las condiciones que debían cumplir para proceder al desalojo definitivo de los bloques 1 a 5, el 8 y los bloques 15, 16, 33 y 42.

Los vecinos y vecinas de Las Chumberas han venido recibiendo las órdenes de desalojo desde finales del mes de junio, pero según ha informado Muvisa, aún faltan algunos por notificar, que serán comunicados vía Boletín Oficial dada la imposibilidad de contactar con ellos.

Muvisa explicó a los asistentes que deberían estar fuera de las viviendas antes de mediados del mes de octubre para poder cortar el suministro del agua y proceder al tapiado de los mismos. El consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, atendió personalmente a los propietarios e inquilinos, para los que se trabaja conjuntamente con el área de Bienestar Social de cara a su realojo, dado que algunos tenían alquileres antiguos de bajo coste y no están en condiciones de afrontar uno nuevo.

Los problemas suscitados con los tiempos de ejecución de todo el proyecto también fueron objeto de debate. “Explicamos abiertamente a los vecinos que tal y como está planteado el proceso de expropiación se prolongaría con toda seguridad más de un año. Y hasta que no culminara no se podría hacer nada. También es verdad que estamos buscando caminos alternativos que acorten los tiempos, pero no es sencillo”, señaló Viciana.

Paralelamente, la empresa especializada Intemac ha procedido a ejecutar los trabajos de inspección ordenados en otros 17 bloques (6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 30 a 32, 34 a 37, 39 a 41) para determinar el estado en que se encuentran y ver qué tipo de medidas necesitan, dejando algunas catas abiertas para su revisión por los técnicos de Urbanismo.

Y por su parte, los trabajadores del Area Social de Muvisa están realizando el trabajo de campo recabando datos, escrituras, y autorizaciones para acceder al Registro, Catastro, Padrón, etc. de cara a completar los expedientes de unos bloques que forman parte de la segunda fase de la actuación.

Integrantes de la sociedad municipal de viviendas y servicios Muvisa, de La Laguna, se reunirán la próxima semana de forma individualizada con los propietarios e inquilinos de los 10 bloques de Las Chumberas que deben desalojar sus viviendas por orden de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Muvisa será la encargada de gestionar los desalojos y los realojos de quienes tienen derecho a él, así como de buscar una solución para quienes siendo inquilinos no se encuentran en esa situación pero deben abandonar igualmente las viviendas.

Los empleados del área Social de Muvisa llevan años haciendo trabajo de campo en Las Chumberas y dado que las situaciones particulares son muy diversas se ha decidido que es mejor tener encuentros individualizados antes que celebrar una reunión conjunta con todos los afectados.

Así, personal de Muvisa estará presente en el Centro Ciudadano del lunes 5 al miércoles 7 de agosto, desde las 10.00 hasta las 13.00 y desde las 18.00 a las 20.00 para reunirse con todos los propietarios e inquilinos que acudan a las citas. El lunes día 5 están convocados los bloques 1, 2 y 3; el martes día 6, los bloques 4, 5 y 8. Y el miércoles día 7, los bloques 15, 16, 33 y 42.

Muvisa se reunió el 25 de julio con los propietarios e inquilinos de los otros 17 bloques (6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,  30 a 32, 34 a 37, 39 a 41) para anunciar y explicar el procedimiento por el que la empresa Intemac realizará inspecciones a partir del 5 de agosto, para determinar el estado en que se encuentran y ver qué tipo de medidas necesitan.

Paralelamente, los trabajadores del área Social de Muvisa irán realizando el trabajo de campo recabando datos, escrituras y autorizaciones para acceder al Registro, Catastro, Padrón, etcétera, de cara a completar los expedientes de unos bloques que forman parte de la segunda fase de la actuación.

El nuevo consejero delegado de Muvisa, Juan Ignacio Viciana, expuso durante la reunión del pasado día 25 a los vecinos que tratarán de tener reuniones más operativas, con asuntos muy concretos: “Es decir, preferimos venir muchas veces seguidas a venir una vez cada mucho tiempo y volvernos locos hablando de miles de cosas. Es algo que vamos a tener que aprender juntos, ustedes y nosotros, porque pensamos que así tendremos reuniones más productivas y eficientes”, señaló.

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa) se ha reunido de urgencia en la tarde de este jueves para desbloquear el pago de los alquileres a las personas realojadas. El presidente del Consejo de Administración y concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, explica que “se ha producido un pequeño retraso en el pago de los alquileres de los pisos de las personas de Las Chumberas que han sido realojadas en los últimos años, debido a que la renuncia del consejero delegado, Javier Abreu, que es el que tenía poderes para la firma, ha hecho que no se firmaran las órdenes de pago de esos alquileres dirigidas a la entidad bancaria (La Caixa)”.

Santiago Pérez añade que conocieron este miércoles (3 de julio) y que desde que se tuvo conocimiento se convocó de urgencia al Consejo de Administración de Muvisa “con un único punto en el Orden del Día: adoptar el acuerdo ordenando esos pagos”.

La Caixa lo va a tramitar “y el asunto va a quedar resuelto en 24 horas” desde que se conoció. Pérez pide disculpas “por el retraso y por la preocupación que puede haber producido entre los vecinos y vecinas”; una preocupación “por cierto, que como en todos los asuntos que tienen que ver con Las Chumberas está siendo alimentada y exagerada por quienes han sido responsables durante todos estos años del caos monumental que ha sido la gestión de este problema”.

La última –añadió Pérez-- fue “engañar a todo el mundo con el anuncio de que habían adjudicado las obras, como si las obras pudieran empezar de inmediato. Esas obras se adjudicaron condicionadas a la tramitación del procedimiento expropiatorio, que es lo que permitirá a la administración tomar posesión de esos edificios e iniciar la demolición”.

No haber desvelado esto a los vecinos, añade Pérez, “simplemente es una tomadura de pelo más de todos aquellos que irresponsablemente han cambiado la gestión de los asuntos públicos por la publicidad y propaganda durante demasiados años ya”, finalizó diciendo el responsable de Ordenación del Terriorio.

El Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna, gobernado en minoría por CC, ha hecho un gran esfuerzo en este periodo de precampaña electoral (las elecciones locales son el 26 de mayo próximo) por borrar cualquier similitud entre el caso destapado con fuerza estas semanas sobre la situación de las viviendas sociales de El Cardonal (150 bloques) y las del polígono de Las Chumberas.

Pese a esa voluntad política, lo cierto, que ahora resulta desvelado, es que las evidencias aportadas por técnicos de ese mismo Consistorio local apuntan a que el problema es idéntico o demasiado parecido en ambos casos: la aluminosis del cemento.

En una asamblea de vecinos este martes en Las Chumberas, convocada por el alcalde José Alberto Díaz, según adelantó Diario de Avisos en su edición de este miércoles, una técnico encargada de las revisiones de los edificios de Las Chumeras aseguró que “en las semanas pasadas hemos inspeccionado 27 de los 29 bloques que están en inspección continua porque tienen cemento aluminoso y continuaremos hasta los 42”, recogió ese mismo periódico. La identificación del problema como “cemento aluminoso” es la misma que eligió el alcalde para referirse al origen de los males en los bloques de El Cardonal: “Cemento aluminoso”.

El Consistorio lagunero ha querido diferenciar la aluminosis, el problema estructural de los 133 bloques de Las Chumberas, del cemento aluminoso de El Cardonal, pero, según las explicaciones ofrecidas por la técnico municipal, es la misma cosa. Se entiende por aluminosis “la alteración de algunos hormigones en los que se ha empleado cemento aluminoso, lo que implica su degradación y pérdida de resistencia”.

Por lo tanto, el diagnóstico se apunta a que es el mismo para ambas zonas y las inquietudes de los vecinos de El Cardonal manifestadas en la reunión celebrada el 20 de marzo pasado con presencia del alcalde quedan confirmadas cada vez más.

En aquella asamblea, la técnico del Ayuntamiento resaltó que se habían apuntalado 31 de los 46 bloques de El Cardonal que poseen cámaras sanitarias debido a los grandes riesgos de desprendimiento. 

El Parlamento canario convalidó este miércoles el Decreto Ley referido a la reposición de las viviendas de Las Chumberas por el cual se cambia la ley de vivienda, de forma que el ejecutivo canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna podrán proseguir dicho plan de reposición con o sin el Estado. El proyecto de ley fue aprobado con los votos a favor del grupo Nacionalista, PP y Grupo Mixto, mientras que hubo una abstención, y los votos en contra del PSOE, Podemos y Nueva Canarias al entender que este cambio no es para solucionar el problema de los vecinos afectados y sí para evitar problemas al presidente canario, Fernando Clavijo, al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y a su partido, CC.

Noemí Santana (Podemos), Gustavo Matos (PSOE) y Román Rodríguez (Nueva Canarias) coinciden en que con este decreto ley se quiere evitar dar cuenta de la gestión respecto a las viviendas de Las Chumberas, algo que negó la diputada del grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato. Para la reposición de dichas viviendas, el Ayuntamiento de La Laguna destinó 25 millones de euros, pero de esa cantidad solo se han justificado 3,8 millones, lo cual ha llevado a los vecinos y oposición en el Ayuntamiento a cuestionar qué hizo el Consistorio dirigido por José Alberto Díaz con ese dinero.

Dinero “sin control y sin justificación”

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, argumentó que el rechazo de la formación morada al Decreto-Ley se debe a que el mismo “solo tiene la finalidad de eludir el cumplimiento de la legislación vigente en materia de subvenciones y hacer ver que el problema se ha resuelto”.

A juicio de Santana, “el problema es que el dinero público no se destinó a la finalidad para la cual estaba prevista. Quizás esa inyección de dinero público para Las Chumberas se utilizó por el Ayuntamiento de La Laguna para otros fines, a la vista de la deuda millonaria que tanto Ana Oramas como Fernando Clavijo dejaron en ese consistorio”, afirmó.

Por ese motivo, añadió, “a la vista del peligro que corre en manos del presidente Clavijo el dinero público, resulta de extraordinaria y urgente necesidad que salga del Gobierno y de las instituciones públicas lo antes posible”.

“Pregunten a los vecinos qué se ha hecho en Las Chumberas estos 8 años. O mejor, pregunten al presidente Clavijo qué ha hecho con los más de 20 millones que no se han utilizado para reponer las viviendas de Las Chumberas y que entraron en el Ayuntamiento de La Laguna”, espetó desde la tribuna de oradores.

Noemí Santana manifestó que solo se han justificado 2,2 millones de euros, mientras que el resto del dinero se utilizó para tener en el Ayuntamiento dinero en efectivo “sin control y sin justificación”, y criticó que ahora se intente evitar tener que justificar qué se hizo con él.

La líder de la formación morada ha considerado inexplicable que el Gobierno de Clavijo “pretenda prorrogar una financiación que se dio en su día para que los vecinos de Las Chumberas pudieran vivir en condiciones dignas y sin peligro”, puesto que “aquí no hay nada que prorrogar”, ya que la financiación se aportó y ninguna administración implicada en los convenios se opone a financiar esta actuación de reposición de Las Chumberas.

¿Dónde está el dinero?

El portavoz de Nueva Canarias Román Rodríguez aseguró que con este decreto ley se quieren resolver problemas de Coalición Canaria (CC) y del presidente canario, Fernando Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna, a quienes acusó de mala gestión. Rodríguez dijo que, en el caso de Las Chumberas, en diez años “no se ha hecho nada” y ahora, con esta modificación de la ley de Vivienda, se pretende evitar dar cuentas del destino de más de 22 de los 25 millones de euros del convenio de rehabilitación.

“¿Dónde están los 22 millones que faltan?”, insistió en preguntar Román Rodríguez, quien recordó que el convenio finalizó el pasado año y que el objetivo de este decreto ley es excluir al Gobierno central porque este, afirmó, reclamará el dinero “mande la Liga Comunista Revolucionaria o el PP”.

El portavoz de Nueva Canarias, recordó que hay cinco informes del Cabildo de Tenerife en los que se dice que el dinero “o se justifica o se devuelve”. Y denunció que el departamento de Intervención de la Comunidad Autónoma no ha dicho nada, algo que supone se debe a que quien era alcalde de La Laguna es en la actualidad el presidente del Gobierno canario.

Tomadura de pelo

El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos dijo que es mentira que se cambie la ley para beneficio de los ciudadanos, ya que, afirmó, lo que se pretende es modificar de manera indirecta la ley de subvenciones y sin justificar lo que han hecho con el dinero de Las Chumberas.

Gustavo Matos recriminó que se esté tomando el pelo a los vecinos porque el dinero lo han tenido desde el principio y mostró su sorpresa por la posición del PP sobre este tema en el Parlamento canario, cuando en el Ayuntamiento de La Laguna tiene otra distinta.

A favor del decreto

El diputado del grupo Popular José Estalella expresó su apoyo porque opinó que se justifica el decreto ley en beneficio de los ciudadanos y reconoció que la gestión no ha sido ejemplar, por lo que apoyó la aprobación “con muchas reservas”.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato dijo que las tres administraciones canarias han buscado la solución a un problema y añadió que desde el gobierno central se ha insistido en que haya un acuerdo, para también referirse al informe favorable del Consejo Consultivo. Socorro Beato subrayó que se han firmado tres convenios porque, afirmó, no hay dudas de dónde está el dinero, y negó que se intente evitar dar cuentas de la gestión para también señalar que lo que quiere la oposición es echar a Fernando Clavijo.

El vicepresidente de la empresa pública lagunera Muvisa y candidato de Unidas Se Puede a la alcaldía en ese mismo municipio, Rubens Ascanio (además en la actualidad el principal líder de la oposición en el Ayuntamiento), subrayó este lunes que la documentación que están analizando en esa sociedad mercantil municipal, antes controlada por el Gobierno de CC, “permite afirmar que los fondos públicos recibidos para la reposición y reurbanización de las viviendas sociales de Las Chumberas se han usado para otros fines”.

El concejal lagunero aseguró en una nota de prensa de su partido político remitida a los medios que de los 14,8 millones de euros recibidos para la reposición de Las Chumberas se han justificado, según la auditoría adelantada, solo 3,8 millones y constan en caja a mes de enero de este año 8,7 millones. “Si partimos de que no todo el dinero que aparece en la cuenta de Muvisa viene de ese proyecto, se puede afirmar que al menos hay 2,2 millones que deberían estar y no están, fondos que suponemos que se han usado para otros fines”, manifestó Ascanio.

El concejal de Unidas Se Puede entiende que “de los casi 15 millones de euros que se han entregado a Muvisa para la reposición de Las Chumberas apenas se ha ejecutado el 26%, el 15% si miramos el monto total de las cantidades aportadas” (unos 25 millones de euros).

Rubens Ascanio cree que “La Laguna se enfrenta a un problema muy serio, más aún cuando los informes de la Intervención del Cabildo y de la Abogacía del Estado indican que esas cantidades no se podían destinar a otro fin”, recuerda el hoy vicepresidente de la firma pública Muvisa.

Desde la confluencia lagunera se advierte de que “las cantidades que se han asignado para esta obra parece que han sido usadas como un fondo económico de financiación de otros proyectos” y además se entiende que “los vecinos y vecinas de Las Chumberas han sido usados como una entidad bancaria: han prestado, sin saberlo, varios millones de euros destinados a su obra para otros fines”. Esto es, afirma Unidas Se Puede, un “mal uso de recursos públicos y una irresponsabilidad, ya que no se ha atendido al problema de seguridad que se vive en la zona como prioridad”.

Ascanio indicó que “espera que la auditoría oficial, acordada en la última sesión plenaria, confirme esa información y además permita conocer el resultado de las cantidades que se han dejado en las cuentas del Ayuntamiento”. “Me parece una absoluta desvergüenza que la responsable de Urbanismo siga en la línea de quitar importancia a la justificación que nos están exigiendo desde otras administraciones públicas y que, por el incumplimiento de Coalición Canaria, podría obligar a devolver casi 25 millones de euros”, finalizó Ascanio.

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz (de CC), anunció en la tarde-noche de este miércoles el inicio de la fase dos en los bloques de viviendas sociales del barrio de El Cardonal, a la que se destinará un gasto de 1,2 millones de euros provenientes del Gobierno de Canarias (transferidos desde diciembre al Ayuntamiento), más 300.000 euros que inyectará el propio Ayuntamiento. 

El servicio técnico que saldrá a licitación pública consistirá en analizar el estado de los 133 bloques que tiene ese barrio para comprobar si están o no afectados por aluminosis o por otro tipo de problema estructural. Se trata de detectar el mal que pueda afectar a esos edificios para luego curarlo.

Los vecinos de El Cardonal abarrotaron el salón de actos del Centro Ciudadano Pérez Soto, donde pudieron escuchar el relato del alcalde y posteriormente plantear dudas y preguntas sobre el proceso que se va a llevar a cabo en esa zona de La Laguna.

El alcalde subrayó en más de una ocasión que esa situación no tiene nada que ver con la que sufre Las Chumberas, en cuya actuación de rehabilitación la oposición ha tomado el mando al hacerse con el control de la empresa pública Muvisa. “No hay que alarmarse de lo que algunos periódicos sacan en portada [en alusión a Diario de Avisos], porque todo son difamaciones”, afirmó Jose Alberto Díaz.

La técnico del Ayuntamiento presente en la cita recordó que en la primera fase se apuntalaron 31 de los 46 bloques que poseen cámaras sanitarias, ya que había un serio riesgo de desprendimiento. Sin embargo, muchos de los vecinos se quejaron de la pasividad del Ayuntamiento o de la empresa que enviaba el propio Consistorio para realizar las obras en los bloques, ya que han supuesto verdaderas molestias en algunos casos.

En el turno de los vecinos, destacó la intervención de Carmelo Benítez, residente en el barrio y candidato en los próximos comicios municipales por ARAB Europeos por Canarias, partido de reciente creación.

Benítez subrayó los desperfectos que sufre su bloque y la sensibilidad al tacto de muchas de las paredes, tanto de la fachada como de los interiores. Ante eso, el alcalde se comprometió a estudiar esa y todas las solicitudes del resto de vecinos, con el objetivo de intentar subsanarlas.

El grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna ha pedido este lunes al alcalde del municipio, José Alberto Díaz (CC), que “convoque un pleno extraordinario y urgente para abordar el estado de las viviendas de El Cardonal y Princesa Yballa”.

La portavoz municipal de Ciudadanos en el consistorio lagunero, Teresa Berástegui, ha rechazado que “la responsable del área de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, Candelaria Díaz (CC), lleve años ignorando los informes existentes que alarman sobre la situación de las viviendas”.

“Es deplorable que los nacionalistas pasen por alto un tema de seguridad que afecta a decenas de familias del municipio”, ha indicado la portavoz de Ciudadanos.

Al respecto, ha añadido que “no se entiende como el gobierno local (CC) no se preocupa por trabajar para garantizar la seguridad de los vecinos afectados”, pese a que “sean muchas las familias que siguen viviendo en edificios con aluminosis en Las Chumberas, El Cardonal y Princesa Yballa”.

Según Berástegui, “mientras los nacionalistas siguen sin dar ninguna explicación sobre el serio problema de vivienda presente en el municipio lagunero, los vecinos que residen en los edificios afectados de El Cardonal y Princesa Yballa se encuentran con el acceso a sus viviendas cerradas”.

Por ello y porque “la seguridad debería ser una prioridad”, Ciudadanos ha exigido al alcalde de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que “convoque con urgencia un pleno extraordinario”, para explicar a los vecinos “cómo está la situación de estos edificios y por qué no se han llevado a cabo desde la institución local todas las medidas necesarias para asegurar la integridad de los vecinos afectados”.

“Ya va siendo hora de que los nacionalistas dejen de lado tanto acto de campaña y tanta foto, y empiecen a trabajar en este asunto de vital importancia, en el que tendrán todo el apoyo de Ciudadanos”, ha concluido la portavoz municipal de Ciudadanos.

Coalición Canaria (CC) ha impedido esta noche de martes que la nueva dirección de la empresa municipal Muvisa se reúna con los vecinos de Las Chumberas en el centro ciudadano de ese barrio lagunero, donde el actual consejero delegado de la citada sociedad pública había convocado a los vecinos del polígono de viviendas sociales para informar de las últimas gestiones relacionadas con el plan de reposición y reurbanización de esos bloques afectados por aluminosis.

Al final, como parecía probable, la reunión no pudo ser donde se había convocado y la culpa parece que es achacable a CC, al Ayuntamiento de La Laguna, donde esta fuerza política gobierna en minoría y es alcalde José Alberto Díaz.

Así lo dejaron claro los integrantes del renovado consejo de administración de Muvisa que acudieron a ese barrio para entablar el contacto con los vecinos, el ya citado Javier Abreu (concejal expulsado del PSOE y ahora en el grupo de los no adscritos) y Rubens Ascanio, este de Unidos Podemos, aparte de dos concejalas más de esta formación política.

Esa delegación del órgano ejecutivo de Muvisa, al no poder mantener la reunión con los vecinos en el centro ciudadano, cerrado a cal y canto, optó por buscar acomodo en la pequeña biblioteca de Las Chumberas, de donde también tuvieron que salir tras ser recriminada esa presencia por algunos residentes.

Tras hallarse sin lugar cerrado y bajo techo para iniciar la cita informativa, el consejero delegado y portavoz de Muvisa en esta convocatoria, Javier Abreu, optó por coger una silla y dirigirse a la intemperie a los allí presentes.

En este corrillo fue donde se produjo la trifulca, principalmente entre el portavoz vecinal de Las Chumberas vinculado a CC, Ricardo González, y Javier Abreu, un toma y daca en el que se recriminó al consejero delegado de Muvisa que fuera a Las Chumberas a “hacer un mitin”.

La cita de este martes por la noche en el citado barrio lagunero estaba convocada para facilitar información a los vecinos sobre las acciones más recientes (por ejemplo, para conocer el estado de la realización de informes técnicos sobre la seguridad de algunas viviendas) desarrolladas por el nuevo consejo de administración de la citada empresa municipal.

Tras la junta general más reciente de Muvisa (formada por los integrantes del pleno del Ayuntamiento), se decidió modificar ese consejo y luego el renovado nombró a Santiago Pérez como presidente, en sustitución del actual alcalde. También hizo lo propio con Javier Abreu, este como consejero delegado, entre otros cargos. En todos los nuevos puestos no hay salarios ni dietas a cambio de las funciones que realizan.

El cambio del consejo de administración de Muvisa salió adelante con los apoyos en un pleno de dos concejales del PSOE, del grupo de no adscritos (2), de Unidos Se Puede (6), de Ciudadanos (2) y de Por Tenerife-Nueva Canarias (3). Votaron en contra CC (7), PP (4) y el concejal del grupo de no adscritos Zebenzuí González.

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Román Rodríguez, ha preguntado este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, “donde está” el dinero que falta de la reposición y reurbanización de Las Chumberas, en el municipio de La Laguna.

En la sesión de control, ha comentado que, tras ocho años de un convenio valorado en 25,2 millones (de 2011), “solo” se han justificado 3,8 millones y hay 1,5 millones que “hay que aclarar”, según la comisión de seguimiento del Estado, que pide “certificación o devolución”.

Según dijo Rodríguez, el dinero es “finalista” y solo puede utilizarse para lo que marca el convenio. En este sentido, ha resaltado que en ocho años la empresa pública Muvisa, controlada por CC, ha pasado de 11 trabajadores a 160. “Espero que el dinero que falta esté en algún lugar”, ha comentado.

Clavijo ha ironizado ante la Cámara diciendo que la oposición está más pendiente de fiscalizar su gestión como alcalde de La Laguna que como presidente, y negó que el aumento de personal en Muvisa esté relacionado con el proyecto de Las Chumberas: lo está con diversas encomiendas de gestión.

Ha comentado que el problema se inició cuando el Estado “deja que caduque el convenio”, que además es “complejo”, porque ninguna reposición en España ha tardado menos de 12 años.

Por ello, el Gobierno regional ha aprobado un decreto-ley para poder realizar un “convenio puente” y que las administraciones canarias puedan intervenir en el proyecto si finalmente el Estado queda fuera de este.

“Mire para sus socios de Madrid, no para el Gobierno de Canarias ni el Ayuntamiento”, ha agregado el presidente Fernando Clavijo.

El nuevo consejo de administración de la empresa pública municipal Muvisa, una sociedad anónima adscrita al Ayuntamiento de La Laguna, se reunirá este lunes por la mañana para renovar los cargos en la sociedad que en la actualidad gestiona el polémico plan de reposición y reurbanización del barrio de Las Chumberas (con 25 millones de euros en su primera fase y con convenio activado desde 2011), un polígono de viviendas sociales afectadas por aluminosis que lleva ocho años esperando por soluciones definitivas.

Después de que la junta general celebrada el viernes pasado, integrada por los 27 concejales del pleno lagunero, diera por cerrada la etapa de control de esa empresa pública por parte de CC, en la actualidad con un gobierno en minoría (tras desarmarse el PSOE poco a poco, este abandonar el pacto local y luego dejar sus actas de concejalas las dos únicas personas entonces dentro del grupo socialista -Mónica Martín y María José Castañeda, dos de los cinco ediles iniciales-), el nuevo consejo de administración procederá, algo para lo que está convocado este lunes y tiene competencias, a elegir al nuevo presidente de esa sociedad mercantil pública, en sustitución del actual alcalde, José Alberto Díaz.

Además, se prevé que también se proceda de la misma manera con el consejero delegado y a su vez con otros cargos cuyo nombramiento dependen del consejo de administración. En principio pueden estar afectados el actual director gerente, Carlos A. Díaz Martín, y el asesor técnico Silvestre Suárez, ambos personas vinculadas a CC, entre otros relevos o destituciones.

En la actualidad, el consejo de administración de Muvisa está formado por tres concejales de Unidos Se Puede, dos de Por Tenerife-Nueva Canarias, uno de Ciudadanos y los dos no adscritos, antes del PSOE, que apoyaron la renovación del consejo de esta empresa en la junta del viernes pasado, Javier Abreu y Yeray Rodríguez.

'Golpe' al control de CC en la firma que lleva Las Chumberas 

En la reunión de la junta general de Muvisa de ese día (tras suspenderse la convocatoria del día anterior por la ausencia de CC, entre otros partidos), formada por los 27 concejales de La Laguna, se acordó dejar fuera del consejo de administración a representantes de CC y PP, lo que pudo ser aprobado gracias a los votos a favor de ese cambio de la oposición, con 15 síes, por los 12 noes de CC (siete), PP (cuatro) y el concejal no adscrito (1), antes del PSOE, Zebenzuí González.

Este concejal ahora está en la cuerda del partido nacionalista que lidera José Alberto Díaz, candidato a ser reelegido por CC como alcalde en los comicios de mayo próximo y uno de los dos imputados en el caso Grúas, junto al concejal Antonio Pérez-Godiño.

Queda pendiente la decisión de la Justicia sobre el exalcalde Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias, que en breve también podría engrosar ese grupo de investigados.

Algunas tareas de la empresa municipal Muvisa

La empresa Muvisa gestiona, según ha informado el propio Ayuntamiento de La Laguna, una serie de encomiendas locales, como la citada reposición de Las Chumberas, el programa La Laguna Haciendo Barrios o el Aguere Tradición, además de ser la encargada de la Unidad de Atención a la Mujer, en lo que concierne a los pisos de mujeres, madres con sus hijos y hombres solos que tengan dificultades.

Ciudadanos (Cs) ha dado de plazo hasta las 9.00 este viernes para que Coalición Canaria (CC) entregue toda la documentación que justifique los 25 millones de euros de las viviendas de Las Chumberas, o de lo contrario apoyará que se cambie el consejo de administración de Muvisa.

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, ha pedido en un comunicado al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que “no mire para otro lado y cumpla con la transparencia, sobre todo cuando se trata de dinero público con un fin social”.

“CC se ha preocupado por implantar la sombra de la sospecha durante el presente mandato”, pero “ya es hora de que deje de pesar sobre la corporación local y sobre la ciudadanía lagunera”, ha afirmado la edil de Cs.

Asimismo, ha asegurado que la razón por la que los vecinos afectados de Las Chumberas siguen en el mismo punto desde hace más de diez años tiene que ver “con la inacción de los nacionalistas”, así como “su empeño en seguir aplicando en el municipio sus viejas y desgastadas políticas, sello indiscutible de Coalición Canaria”.

“Es inadmisible que los vecinos de La Laguna tengan que sufrir las consecuencias de la pésima gestión que han llevado a cabo los nacionalistas en el municipio, a quienes parece importarle poco el futuro de los laguneros”, ha concluido Berástegui. 

El alcalde de La Laguna, José Alberto Día­z (de CC y con gobierno en minoría), ha impedido este jueves la celebración de la junta general de Muvisa, convocada por él mismo para no incumplir un plazo, con el fin de evitar justificar los 25 millones que ha recibido el Ayuntamiento de varias administraciones para las obras de reposición y reurbanización de las viviendas de Las Chumberas, un barrio afectado por la aluminosis.

Así­ lo han comunicado en una nota de prensa los concejales de los grupos Unidos Se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y los no adscritos Yeray Rodrí­guez y Javier Abreu (expulsados del PSOE). El alcalde no acudió a la junta general, y tampoco lo hicieron los miembros del Gobierno local (todos ahora de CC), así­ como los integrantes de los grupos Popular, Mixto y Socialista. La junta general de Muvisa, una sociedad anónima pública y municipal, está formada por todos los integrantes del pleno del Ayuntamiento (27 concejales).

“Lo que ha sucedido hoy [jueves 21 de febrero] es la última cacicada de CC”, indicó el portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, en rueda de prensa, que además dijo que “lo ocurrido es tremendamente grave, ya que es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo. Además, esto lo hace sin dar ningún tipo de explicación y mandando a la secretaria del Ayuntamiento a hacer lo que él no se atrevió a realizar”.

Como consecuencia de la ausencia del alcalde, que es el presidente del consejo de administración de Muvisa, la sesión tuvo que ser pospuesta 24 horas, con lo que lo más seguro es que se realice este viernes, un día en el que además hay pleno del Ayuntamiento.

Ascanio relató que “vino la secretaria en representación del alcalde, en un papelón tremendamente duro, y también estaba Antonio Pérez Godiño ordenando el desalojo del concejal no adscrito Zebenzuí­ González, que parece que no fue informado de la situación”. El concejal de Unidos Se Puede indicó que “CC está intentando comprar o sobornar a otros partidos para lograr este viernes [la nueva cita de la junta general], a las nueve de la mañana, lo que no ha podido conseguir hoy”. De ahí­ que Ascanio considere que, según lo que ocurra justo antes de la celebración del pleno, “se verá clarito qué partidos están con los vecinos y vecinas de Las Chumberas y qué partidos están salvándole la campaña electoral a CC”.

Según ha podido saber Tenerife Ahora, es probable que este viernes el alcalde decida hacer primero el pleno y luego la reunión de la junta general de Muvisa, de manera que se produzca antes el cese oficial de las ya dos exconcejalas del PSOE y, por consiguiente, en la cita de la junta estén dos integrantes menos, lo que puede contribuir a que el alcalde tenga más fácil salvar algunos puntos críticos: como la modificación del consejo de administración y la votación del nuevo presidente de Muvisa; esto es, que el mando de la empresa pase a la oposición actual (todo se decide por mayoría simple).

Para el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, el comportamiento de José Alberto Dí­az viene siendo “delictivo” en esta materia desde el pleno anterior, cuando impidió a los miembros de la junta general de Muvisa -los concejales de la Corporación lagunera- el ejercicio de sus derechos societarios, que se iban a ejercer cambiando el consejo de administración y destituyendo a sus actuales miembros, incluido el alcalde, de manera que se pudiera averiguar qué es lo que pasa en las cuentas de Muvisa y cuál ha sido el destino de los 25 millones de euros. “Hoy iba a ocurrir lo mismo: la junta general estaba convocada para informar de esas partidas e í­bamos a formular de nuevo la propuesta de cambio del consejo de administración”, señaló Pérez. Asimismo consta en el orden del día de la reunión a la que no fue el alcalde nacionalista José Alberto Díaz para ganar tiempo en busca de apoyos políticos.

Del mismo modo, Santiago Pérez advirtió de que “CC está intentando balbucear por las esquinas que un cambio en el consejo de administración significarí­a un retraso, pero esto es falso”. Pérez explicó que en la comisión de seguimiento que se celebró el 15 de febrero en Madrid se acordó que la única forma de resolver el grave problema de Las Chumberas será mediante un nuevo convenio y que para que este se pueda firmar el Ayuntamiento y Muvisa -beneficiarios de esas aportaciones- deben liquidar y justificar a qué han dedicado los 25 millones ya recibidos (casi todo desde 2011). Hasta la fecha solo han presentado ante el Gobierno de Canarias certificaciones por valor de 3.800.000 euros“.

“La situación es graví­sima; tan grave que el alcalde está teniendo que comportarse delictivamente para impedir que los ciudadanos y ciudadanas laguneras sepan la verdad”, opinó Pérez, al tiempo que aseguró que en la reunión de Madrid citada el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el propio alcalde, José Alberto Dí­az, “intentaron hasta el último momento evitar dar cuenta de lo que han hecho con esos 25 millones de euros”. La mitad ha sido dinero aportado por el Estado. 

El presidente del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife y vicepresidente de esta Administración, Aurelio Abreu; la directora insular de Vivienda, Marta Arocha, y el consejero de Política Territorial Miguel Ángel Pérez, todos del PSOE, han mostrado este viernes su satisfacción ante el anuncio del Ministerio de Fomento (también del PSOE) de garantizar la reposición y reurbanización del barrio de Las Chumberas en La Laguna a través de un real decreto, sobre todo después de que la vía de introducir una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (las dos opciones puestas sobre la mesa) no fuera posible debido a la devolución de las cuentas al Ejecutivo central, lo que ha propiciado la convocatoria de elecciones para el 28 de abril próximo.

Con esa norma estatal, se permitirá la continuidad de las actuaciones de “la forma más segura, rápida y fiable para los vecinos afectados”, asegura el PSOE en el Cabildo en una nota, lo que quiere decir que se articulará la solución definida por Vivienda en la Corporación insular (la propuesta defendida por Marta Arocha); esto es, la posible firma de un nuevo convenio a cuatro años con opción de prórroga de dos años.

La renovación anual, año a año (como se hizo hasta el 31 de diciembre pasado), que proponía Coalición Canaria (CC), al mando del Cabildo de Tenerife, solo de una parte (hay un pacto CC-PSOE); del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna, ha resultado definitivamente vencida.

Sobre la decisión conocida este viernes en Madrid, Aurelio Abreu afirmó que, tras la última comisión de seguimiento del proyecto celebrada, “el Ministerio ha garantizado su propuesta y tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de La Laguna han aceptado” esa vía para salir del frenazo actual.

Abreu recordó que esta ha sido la última comisión sobre el proyecto de reposición y reurbanización de Las Chumberas y ahora será el Ayuntamiento de La Laguna el que “tiene que aclarar las justificaciones acordadas y las certificaciones de las obras que ha realizado hasta el momento”: cómo ha gastado los 25 millones de euros que ya ha recibido y ha gestionado la empresa pública Muvisa.

El presidente del grupo Socialista y consejero de Vivienda en el Cabildo insular mostró su alegría “por los vecinos de Las Chumberas, que llevan años esperando por una solución”, y señaló que esta decisión demuestra que hay “un gobierno serio que regulará todos los procedimientos para que todas las familias tengan sus casas. Este además estará vigilante sobre los procedimientos para las expropiaciones y la disponibilidad de suelo que a día de hoy el Ayuntamiento no ha hecho”.

Abreu además destacó el “rigor y la seriedad” del Gobierno socialista de Pedro Sánchez sobre este proyecto en los últimos momentos de la legislatura, antes de la convocatoria de elecciones generales, asunto que este viernes se anunció y por ello habrá comicios a las Cortes el 28 de abril próximo.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de La Laguna, a fecha de hoy, “debe cumplir fielmente” con el compromiso adquirido tanto en esta comisión de seguimiento como en el acuerdo aprobado en diciembre pasado en Muvisa sobre la adjudicación de las obras condicionadas a las expropiaciones y disponibilidad de suelo. “Ya no hay excusa para que mañana mismo puedan empezar con las demoliciones”, recalca Abreu.

El Ministerio de Fomento hizo pública este viernes, tras la celebración de la comisión de seguimiento, la decisión de aprobar ese real decreto para así garantizar la reposición y reurbanización de Las Chumberas, con un contenido que será acordado por la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento. 

El Ministerio ha contribuido ya con más de 12,63 millones de euros al proyecto (las acciones previstas en la primera fase, con ocho años ya sin mover una piedra), de los 25,24 millones de euros totales que ha recibido el Ayuntamiento de La Laguna (su empresa pública Muvisa), lo que supone el 50% de la financiación pública.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes en el Parlamento de Canarias que las administraciones públicas del archipiélago (Gobierno regional, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna) “no van a dejar tirados” a los vecinos del barrio de Las Chumberas afectados por la aluminosis.

Así lo aseguró Clavijo, según informó la agencia Europa Press, durante la sesión de control en la Cámara regional, tras ser cuestionado por el grupo Podemos sobre el proceso de validación de certificaciones en relación con los 25 millones de euros recibidos desde el año 2011 (el 50% del Estado) por el conjunto de administraciones públicas para la reposición de las viviendas dañadas en Las Chumberas.

El presidente de Canarias aseguró que ese proceso de validación de certificaciones “va adecuadamente a pesar de las dificultades” que se han encontrado y afirmó que, desde que en el año 2008 se detectara la aluminosis, se ha trabajado para resolver esa situación.

En esta línea, indicó que desde el año 2011 hasta ahora “se ha hecho mucho”, y señaló que se han repuesto viviendas y se ha trabajado con el Gobierno central para que llegaran los recursos.

Sin embargo, la presidenta del grupo Podemos, Noemí Santana, ha reprochado al presidente canario su forma de gestión tanto en su actual cargo como en el de alcalde de La Laguna y afirmó que el “ejemplo perfecto de la forma de gestionar de Coalición Canaria (CC) y del presidente Fernando Clavijo son los casos Grúas y Las Chumberas”.

Santana añadió que en el caso Grúas “estaría imputado si no hubiera tenido el privilegio de ser aforado”, mientras que en el de Las Chumberas le espetó que “debe certificar dónde está el dinero que el Estado otorgó para sacar adelante el convenio” porque, dijo, “nadie sabe dónde está el dinero”.

Finalmente, apuntó que mientras tanto los edificios “están que se caen desde hace ya muchísimos años, afectando a 560 familias”.

El Ministerio de Fomento ha apostado este martes, en el seno de la comisión de seguimiento sobre el convenio de Las Chumberas (cita celebrada en Madrid), por impulsar la reposición y reurbanización de Las Chumberas en La Laguna a través de un nuevo convenio que agilice y ofrezca soluciones a la situación de las familias que esperan por las nuevas viviendas sociales.

Para conseguirlo, el Ministerio (que ha aportado el 50% de los 25 millones de euros que ya ha recibido el Ayuntamiento y aún este no ha justificado) propone dos opciones que muestran la “voluntad” del Gobierno central de encontrar una solución lo más rápida posible a las familias afectadas en ese barrio de La Laguna, siempre en consonancia con la línea ya planteada por parte del grupo socialista en el Cabildo insular; esto es, por la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (cargo del PSOE en el pacto con CC).

Esta fórmula consiste en la firma de un nuevo convenio plurianual de cuatro años, con la posibilidad de prórroga en dos, una vía ya adelantada por Tenerife Ahora que al menos rechazaba, hasta este lunes, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de CC, y con él los representantes del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna, todos controlados por ese mismo partido.

El Ministerio de Fomento entiende que la solución pasa por un convenio a través de dos alternativas: una, la que introduce el nuevo convenio, vía enmienda, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que sería la más rápida, y la segunda, a través de un acuerdo transaccional entre todas las administraciones públicas implicadas.

En esta segunda propuesta, la parte que corresponde al Ministerio de Fomento se aprobaría en el Consejo de Ministros, y en el caso de la parte que afecta a las administraciones canarias se buscaría el órgano correspondiente donde aprobar el convenio.

Además, en esta propuesta del Ministerio de Fomento analizada en la comisión de seguimiento, se facilita al Ayuntamiento de La Laguna que, ante la ausencia de convenio, pueda afrontar los gastos de este mes de enero relativos a los realojos de las familias y las medidas de seguridad. Respecto a la forma de afrontar los próximos gastos por parte del Ayuntamiento, ello se establecerá en la comisión de seguimiento que tendrá lugar en febrero próximo.

Tanto Aurelio Abreu como Marta Arocha han destacado la “voluntad” del Ministerio por encontrar la solución más rápida para las familias afectadas, “que pasa por un nuevo convenio” en vez de la prórroga del actual perseguida por CC. Esta opción cuenta “con informes contundentes por parte de los abogados del Estado, en la línea de la propuesta que hemos defendido desde el grupo socialista en el Cabildo”.